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Revista mexicana de sociología

versión On-line ISSN 2594-0651versión impresa ISSN 0188-2503

Rev. Mex. Sociol vol.68 no.4 México oct./dic. 2006

 

Artículos

 

Las organizaciones sociales campesinas e indígenas frente a los partidos políticos y el Estado, México 1938-2006

 

Peasant and Indigenous Social Organizations vis-à-vis Parties and the State, Mexico 1938-2006

 

Hubert C. de Grammont*,*** y Horacio Mackinlay**,***

 

* Hubert C. de Grammont es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Temas de especialización: la nueva estructura ocupacional en el campo, movimientos sociales y democracia en el campo. Dirección: Circuito Mario de la Cueva, s/n, Ciudad Universitaria, México D. F., C. P. 04510. Tel.: 56 22 74 00, ext. 277; Correo electrónico: hubert@servidor.unam.mx.

** Horacio Mackinlay es investigador en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Iztapalapa. Temas de especialización: movimiento campesino y sistema corporativo en el sector rural mexicano, nueva agricultura de contrato en la rama del tabaco. Dirección: San Rafael Atlixco 186, col. Vicentina, C. P. 09340, Delegación Iztapalapa. Tel. 58044791; Correo electrónico: hmack@prodigy.net.mx.  

 

Recibido: 9 de febrero de 2006.
Aceptado: 18 de septiembre de 2006
.

 

Resumen

En este trabajo analizamos las relaciones que establecen las organizaciones campesinas e indígenas con los partidos políticos y el Estado. Definimos tres tipos de relaciones: la de supeditación de las organizaciones sociales a los partidos políticos, que corresponde al añejo corporativismo; la de autonomía relativa, que corresponde a la democracia electoral, y la de rechazo de las organizaciones sociales hacia los partidos políticos, que corresponde a la democracia directa. Concluimos que estas tres visiones no son conciliables entre sí y que la matriz política de la sociedad mexicana que se está construyendo dependerá de la relación de fuerza que se establecerá entre ellas.

Palabras clave: matriz de sociedad, corporativismo, transición democrática, democracia, organizaciones sociales, partidos políticos.

 

Abstract

This study analyzes the relations established by peasant and indigenous organizations with political parties and the state. It defines three types of relations: the subjection ofsocial organizations to political parties, corresponding to old-style corporatism, that of relative autonomy corresponding to electoral democracy and that of social organizations that reject political parties, corresponding to direct democracy. The authors conclude that the three visions are not compatible with each other and that the political matrix of Mexican society will depend on the relations of force established between them.

Key words: matrix of society, corporatism, democratic transition, democracy, social organizations, political parties.

 

INTRODUCCIÓN

En este trabajo analizamos las relaciones que establecen las organizaciones campesinas e indígenas con los partidos políticos y el Estado. Estas relaciones giran primordialmente en torno a la representación y el control de los procesos de participación de las bases sociales y la negociación de sus demandas en los distintos niveles de gobierno. Serán distintas según nos encontremos en el corporativismo societal (con procesos de negociación que fluyen tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba) o en el corporativismo estatal (con procesos de dominación de arriba hacia abajo), así como en una democracia electoral (o democracia procedimental, limitada al respeto de las reglas electorales y a la igualdad frente a la ley) o sustantiva (también llamada democracia social, que persigue la igualdad social y económica). Para representar estas relaciones complejas retomamos la idea de matriz sociopolítica, o matriz de constitución de la sociedad, planteada por Manuel Antonio Garretón (1995 y 2001), que pone en juego los diferentes tipos de relaciones sociopolíticas que se combinan en una sociedad dada.

Destacamos el predominio de tres tipos de relaciones, o tres matrices, que se verificaron en las diferentes etapas de la vida política mexicana y coexisten en el actual sistema democrático. En el primer tipo de matriz la organización social se subordina al partido político y centra su estrategia de acción en la esfera política. Establece una relación que pasa por canales institucionales forzosos y delimitados, en la que los procesos de participación, representación y negociación de sus intereses están controlados por el partido político (Schmitter, 1974). En los países de partidos únicos, o prácticamente únicos como fue el caso de México, la relación de subordinación que prevaleció entre las organizaciones sociales y el Estado desembocó en un corporativismo estatal, en el que era difícil diferenciar los límites entre la organización social, la administración pública y el partido en el poder. Estamos ahí en presencia de una "matriz política" en la que la sociedad está sujeta al control del Estado.

En el segundo tipo de matriz las organizaciones sociales mantienen su autonomía frente a los partidos políticos, pero establecen estrechas relaciones con los mismos porque plantean que sólo con el apoyo de la política, como espacio de socialización de los problemas, se pueden cambiar las reglas y las instituciones que rigen la sociedad. Aquí, si bien las bases participan en el ámbito de la organización social, la representación y la negociación son compartidas por el liderazgo de las organizaciones y del partido político, ocasionalmente con varios partidos.

La participación en la competencia electoral es el vínculo que une a las organizaciones sociales con los partidos políticos. Llamamos a estas organizaciones de "matriz social y política" porque su desempeño oscila entre la sociedad y los partidos políticos y, por lo tanto, aspiran a tener presencia a nivel nacional.

En el interior de esta matriz encontramos un mayor número de variaciones ya que, dependiendo de las estrategias de las organizaciones sociales y de los partidos, existen numerosas posibilidades de relación entre ambas instituciones. Por un lado, ciertas posturas defienden la idea del "partido instrumento", donde el partido político debe estar al servicio de las demandas populares. Esta posición puede llevar a la creación de partidos "sectorializados" ("partido obrero-campesino" o incluso "partido campesino"). A la inversa, otros dirigentes se acercan a la idea del corporativismo tradicional, donde la organización se sujeta a los intereses electorales del partido. Entre ambos polos se ubica la postura que plantea la necesidad de respaldo mutuo y de coordinación de acciones sobre la base de la autonomía de cada parte. Esta posición intermedia acepta entonces la existencia de una inevitable y permanente tensión, podemos decir tensión necesaria, entre las organizaciones sociales y los partidos políticos, debido a que ambas instituciones tienen objetivos, dinámicas de acción y reglas de funcionamiento distintos. La tensión que resulta de esta situación puede llevar a conflictos abiertos que se resuelven con acuerdos pactados en torno a programas políticos o alianzas coyunturales.

En el tercer tipo de matriz las organizaciones sociales rechazan toda relación con los partidos políticos porque plantean que éstos, en su lucha por el poder, no hacen más que reproducir las estructuras de dominación existentes y, por lo tanto, se ven impedidos de modificarlas. En este caso la estrategia no consiste en influir en la toma de decisiones gubernamentales ni en intentar llegar al poder, sino en crear un antipoder que busca transformar el mundo desde la sociedad organizada, a través del ejercicio de nuevas formas organizativas y de prácticas sociales cotidianas. Se trata de crear espacios sociales en donde no existe el poder, o sea, de disolver el poder mismo (Holloway, 2002). La sociedad debe transformarse a sí misma prescindiendo de los partidos políticos y provocando así su desaparición. Aquí, los procesos de participación, representación y negociación quedan en manos de la organización social gracias al ejercicio de la democracia directa, por cuyo conducto se persigue una democracia social. A estas organizaciones las llamamos de "matriz social" porque autolimitan su ámbito de acción a la sociedad y por lo tanto privilegian el espacio local.

Las organizaciones de "matriz política" y de "matriz social y política" son, normalmente, más visibles que las de "matriz social" debido a su participación vinculada con los partidos políticos y a su presencia en el espacio nacional. Por otra parte, aun cuando las organizaciones sociales se ubican predominantemente en uno u otro tipo de matriz, según las coyunturas algunas de ellas pueden cambiar su relación con los partidos y por lo tanto responder a otra matriz diferente. Esta permeabilidad es mayor en el caso de las que pertenecen a la matriz "social y política", precisamente por ubicarse entre las dos posiciones extremas. Entonces, es importante reconocer que todo intento de clasificación debe tomar en cuenta cada contexto histórico y puede tener algún grado de arbitrariedad.

En nuestro análisis privilegiamos a los grandes actores, con influencia regional o nacional, organizados en estructuras formales, con capacidad de generar acciones colectivas —incluso movimientos sociales— para alcanzar la resolución de sus demandas. Sin embargo, existen numerosas organizaciones locales que no tienen vínculos con las grandes organizaciones, cuya presencia no deja de ser un elemento a considerar para entender la complejidad de las dinámicas entre la sociedad y el sistema político, pero que no podemos tomar en cuenta en el marco del presente trabajo. Algunas de ellas pueden, también, ser detonadoras de auténticos movimientos sociales.

Dividimos nuestro análisis en tres periodos: la etapa del régimen corporativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 19381988; el periodo de las reformas neoliberales y la transición democrática que va de 1988 a 2000, y a partir de la existencia de un sistema político democrático con alternancia partidaria en el poder (año 2000 en adelante). El primer periodo corresponde a la base histórica de la que se parte, mientras que los dos segundos se enmarcan en el contexto de los cambios institucionales provocados por las reformas estructurales neoliberales y la fase final del proceso de transición de un sistema político autoritario corporativo a un sistema democrático electoral.

 

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES BAJO EL CORPORATIVISMO DEL PRI ENTRE 1938 Y 1988

El longevo corporativismo mexicano pudo subsistir tantos años gracias a su eficacia para subordinar a las clases populares, sustentado en un Estado interventor en lo económico, en lo político y en lo social, con una ideología dominante —el llamado "nacionalismo revolucionario"—, que daba cohesión al sistema político por encima de los inherentes conflictos de clase. Un Estado benefactor que tenía la capacidad de proclamarse el representante del interés general de la nación porque posibilitaba cierto progreso y bienestar social para las clases subalternas, permitía adecuados niveles de acumulación para las empresas privadas y aseguraba la tan sonada "paz social" del país, en un contexto latinoamericano sacudido por una gran inestabilidad social y política.

En un principio, las organizaciones obreras, campesinas y las representativas de las clases medias y populares, rurales y urbanas, sellaron una alianza con el Estado mexicano cimentada en determinados acuerdos trascendentales —o "compromisos históricos", para ponerlo en términos gramscianos—, en torno a las principales reivindicaciones históricas de sus representados. Estos compromisos habían quedado plasmados en la Constitución de 1917, al término de la Revolución mexicana, pero hubo que esperar hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) para que encontraran cabal resolución y para que el Estado adquiriera un carácter auténticamente hegemónico (Raby, 1972).

En el medio rural las demandas de los pequeños productores, tanto ejidatarios como propietarios privados, giraron alrededor del reparto agrario y del fomento a la pequeña y mediana producción familiar. En el ámbito urbano, el consenso en torno al régimen emanado de la Revolución se alcanzó gracias a una legislación laboral y a un régimen de seguridad social, al impulso a la educación y la salud pública, y a la vivienda popular, además del aumento de los niveles de ingresos del conjunto de las clases populares urbanas. Estos procesos, con diferentes ritmos y pautas, ocurrieron entre las décadas de los treinta y los sesenta.

En contrapartida, las organizaciones populares vinculadas al partido oficial perdieron con el paso de los años su autonomía y se transformaron en correas de transmisión de las directivas gubernamentales vertidas a través del PRI, conformado por sus "sectores" obrero, campesino y popular (Garrido, 1984).1 Estas organizaciones eran agrupaciones nacionales, sólo en algunos casos regionales, con un aparato organizativo fuertemente centralizado que permitía controlar la representación popular pero también negociar con el Estado la resolución de sus demandas. Uno de los recursos más hábilmente empleados por el régimen del PRI fue la cooptación de los dirigentes opositores o el reconocimiento de la legitimidad social de los mismos cuando éstos asumían posiciones políticamente "manejables". Cuando no era así, se recurría al uso de la violencia en contra de las organizaciones disidentes o de sus dirigentes.

Sin embargo, si bien la represión fue uno de los mecanismos empleados para el sostenimiento del régimen y para limitar su posible apertura hacia un sistema político democrático, nunca fue su factor definitorio. Sí lo fue la compleja red de relaciones clientelares mediante la cual el gobierno ejercía facultades administrativas no escritas para distribuir parte de los recursos públicos a través de las organizaciones afiliadas al partido oficial. De ahí que se utilizara el concepto de partido de Estado, según el cual no era fácil distinguir los límites de las atribuciones de las organizaciones sociales, la administración pública y el partido oficial, y donde este último era financiado con recursos públicos (Garrido, 1984). El patrimonialismo y la corrupción se generalizaron, pero fueron socialmente aceptados mientras existían ciertos niveles de bienestar para la clase media y las clases populares (Mackinlay y Otero, 2004).

Simultáneamente, resultaba fundamental mantener la fachada de un sistema de gobierno democrático, con elecciones periódicas fuertemente controladas, la renovación puntual de los mandatos presidenciales y una apariencia de sistema parlamentario pluripartidista, donde se toleraba la existencia de ciertos partidos de oposición que no tenían mayor peso político. El hecho de permitir cierto juego político, con un aceptable nivel de libertad de expresión y de libertades políticas para las clases medias, le servía a los gobiernos priístas para aminorar las críticas domésticas e internacionales. De ahí que siempre existieran partidos de oposición, organizaciones populares y movilizaciones ciudadanas que reclamaran un sistema político más abierto, participativo y auténticamente democrático.

En síntesis, representación social, negociación, clientelismo, control político autoritario, una fachada de democracia electoral y represión fueron elementos inherentes del corporativismo mexicano. La combinación específica de estos factores varió considerablemente a lo largo de los gobiernos en turno. La conjunción de los elementos arriba mencionados generaba, si no un consenso activo en torno a los gobiernos del PRI, por lo menos un consenso pasivo, una aceptación del estado de cosas entre la mayoría de la población mexicana.2 Por eso se puede afirmar que el régimen político mexicano fue autoritario pero no totalitario.3

Las organizaciones campesinas en el periodo 1938-1988

La organización campesina del sector social más importante a lo largo de este periodo fue la oficialista Confederación Nacional Campesina (CNC), de 1938, creada por el Estado durante el cardenismo. Constituida fundamentalmente por ejidatarios, esta central mantuvo un virtual monopolio organizativo de los campesinos mexicanos durante sus primeros 30 años de existencia, al representar el principal conducto para acceder a la tierra y a los recursos de fomento.4

Desde los años cuarenta empezaron a surgir otras organizaciones que le disputaron a la CNC ciertos espacios regionales y que impidieron que se desarrollara como central única: la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) de 1949; la Central Campesina Independiente (CCI) de 1963, y el Consejo Agrarista Mexicano (CAM) de 1970. Si bien estas organizaciones nacieron, por lo menos en los dos primeros casos, sobre la base de movilizaciones sociales de considerable magnitud e intentaron inicialmente organizarse al margen del sistema corporativo, fueron finalmente cooptadas por el gobierno y terminaron por afiliarse al partido oficial (C. de Grammont, 1989). Así pasaron a conformar, junto con la CNC, el núcleo de las organizaciones oficialistas más fieles al partido gubernamental. Durante la década de los setenta y de los ochenta otras organizaciones se afiliaron al PRI para formar parte de su "sector campesino", como Antorcha Campesina (AC) de 1975 y la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano) de 1985, o se aliaron con él para beneficiarse de los apoyos gubernamentales, como el Movimiento Nacional de los 400 Pueblos (MN400P).

A mediados de los años sesenta se empezaron a manifestar los primeros síntomas de la crisis de producción de granos básicos, como resultado de las políticas públicas puestas en marcha por los gobiernos poscardenistas (Shwedel, 1992; Moguel, Fritscher y Azpeita, 1990). En esa década también se generó un importante desempleo rural motivado tanto por la crisis de ciertos productos comerciales de exportación (algodón, café), como por el término de los convenios de braceros con Estados Unidos que habían permitido hasta ese entonces la migración legal de millones de trabajadores agrícolas y el agotamiento del reparto agrario. Todo ello produjo una oleada de movilizaciones agrarias e invasiones de tierras en muchos estados del país. Las centrales oficiales encontraron cada vez mayores dificultades para ejercer su función de control político y contener las manifestaciones de descontento de los campesinos (Bartra, 1985).

El auge de la lucha por la tierra y el impulso a las organizaciones de productores propiciaron durante los años setenta y ochenta un proceso organizativo independiente del sistema corporativo. Un conjunto de organizaciones agraristas regionales, basadas en la ideología de izquierda de la época, y cuyo común denominador era su tajante rechazo al "PRI-gobierno", buscó un tipo de organización que le permitiese mantener su autonomía frente al gobierno y a la vez apoyarse y coordinarse entre sí. En el año de 1979 estas organizaciones optaron por organizarse en forma de "red" y conformaron la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la cual se definió como un frente de organizaciones "independientes" para destacar su voluntad de no entrar en componendas con el régimen corporativo. Asimismo, sostuvieron una posición agrarista radical que les significó una represión constante, con numerosos muertos y encarcelados, a raíz de lo cual la Coordinadora se debilitó a partir de mediados de los años ochenta y varias de sus organizaciones se reagruparían posteriormente en diversos frentes (Flores, Paré y Sarmiento, 1988; Robles y Moguel, 1990).

En aras de aumentar la producción agrícola, los gobiernos de Luis Echeverría (1970-1976) y de José López Portillo (1976-1982) incrementaron la inversión pública agropecuaria. Esto determinó la creación de nuevas figuras asociativas receptoras de los créditos, subsidios, obras de infraestructura y diversos programas gubernamentales. Las centrales campesinas tuvieron que transitar de un ámbito de desempeño predominantemente agrarista, es decir, enfocado en el acceso a la tierra, a uno sustentado en el desarrollo económico de sus unidades productivas.

La mayoría de las empresas campesinas que se crearon fueron cenecistas, pero con el paso de los años muchas de ellas pugnaron por su autonomía de gestión frente al gobierno. De ahí surgió otro conjunto de organizaciones regionales que luchaba por la autogestión de las empresas económicas del sector social y que se agrupó en 1985, también en forma de red, en la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA). Estas organizaciones se definieron como "autónomas" para marcar que, a diferencia de las organizaciones independientes, no rehuían trabajar con el gobierno e incluso con el PRI, a condición de que esto no les impidiese crear organismos y empresas del sector social representativos de las bases campesinas (Fox y Gordillo, 1991). Durante la segunda mitad de los años ochenta centraron su acción en los precios de garantía por lo cual se convirtieron en el eje aglutinador de numerosas organizaciones, tanto oficiales como independientes y autónomas (UNORCA, 1989).5

El considerable crecimiento, durante las década de los setenta y ochenta, de las organizaciones campesinas que se mantenían fuera de las relaciones corporativas y reivindicaban el ejercicio de la democracia, se debe al agotamiento del corporativismo como modelo de representación social por su marcado autoritarismo, la corrupción generalizada y la excesiva concentración del poder de decisión en las cúpulas. La disfunción entre las viejas organizaciones corporativas y el naciente Estado neoliberal, determinó que el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) fortaleciera su relación con la UNORCA y optara por escuchar a nuevos interlocutores, como lo fue el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el órgano de las grandes asociaciones agroindustriales creado en 1982. Sin embargo, si bien es cierto que las organizaciones autónomas adquirieron una relevancia considerable hacia fines de los años ochenta, la CNC, gracias a su estrecha relación política con el PRI, que le daba mayor capacidad de acceder a los programas y fondos gubernamentales, y a un real arraigo entre muchos grupos campesinos que obtuvieron por su conducto tierras y ciertos beneficios sociales, logró preservar un importante influencia y control político sobre la población rural (Mackinlay, 1996).

Las organizaciones indígenas en el periodo 1938-1988

La reforma agraria mexicana se ocupó mucho más de los ejidatarios, en su mayoría campesinos mestizos, que de los indígenas. El 80% de las acciones agrarias del gobierno en el periodo considerado se relacionó con el fraccionamiento de latifundios cuyos excedentes, que sobrepasaban los topes permitidos, fueron entregados bajo la forma de propiedad ejidal. Tan sólo 20% tuvo que ver con acciones restitutorias o confirmatorias de derechos ancestrales de posesión, entregadas bajo la forma de propiedad comunal a la población indígena (Mackinlay, 1996). Esto contribuyó, una vez más, a la fragmentación de sus territorios y de su identidad étnica. Esta orientación de la reforma agraria se debe a la política indigenista asimilacionista del Estado, encaminada a integrar a los grupos étnicos a la cultura nacional mestiza. Para solucionar sus problemas las agrupaciones indígenas debían recurrir a las centrales campesinas, por lo que se integraron a éstas (López Bárcenas, 2004).

Es hasta la década de los setenta que surgieron organizaciones indígenas regionales, impulsadas por el propio gobierno federal o por organizaciones no gubernamentales. Enarbolaron demandas agrarias, productivas, culturales (educación bilingüe y bicultural, protección de sus derechos culturales y formas de organización tradicionales, promoción de su participación política en los ejidos y municipios), laborales (condiciones de vida y trabajo justas para los jornaleros agrícolas migrantes) o políticas y de derechos humanos (fin de la represión) en muchos estados de la república (Mejía y Sarmiento, 1987).

Adelantándose a su organización independiente, el gobierno de Luis Echeverría creó el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas pero, a principios de los años ochenta, varias de sus organizaciones junto con otras independientes crearon la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), cercana a la CNPA por ser la organización campesina que más incorporó la cuestión indígena en sus planteamientos y apoyó importantes luchas agrarias de organizaciones indígenas (Harvey, 2000). Pero no sería hasta fines de los años ochenta, con el surgimiento del Frente Independiente de Pueblos Indios (FIPI), en 1988, que el movimiento indígena empezaría a tomar una identidad propia, con la elaboración del primer planteamiento de autonomía regional inspirado en el modelo nicaragüense que impulsara el Frente Sandinista de Liberación Nacional (Ruiz, 1994).

 

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES ENTRE LAS REFORMAS NEOLIBERALES Y LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA (1988-2000)

Durante este periodo se transforma profundamente la relación entre las organizaciones sociales, el sistema político y el Estado, debido al desarrollo de tres procesos vinculados entre sí. El primero, cuyo momento toral corresponde al sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), tiene que ver con los cambios en la estructura económica motivados por las reformas neoliberales llevadas a cabo en el contexto de la globalización de la economía mundial. El segundo, que se desarrolla esencialmente en el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), afecta el sistema político y se relaciona con la transición democrática que culmina en el año 2000. La combinación de ambos procesos propicia el surgimiento, a partir de la segunda mitad de los años noventa, de nuevos actores sociales que se desempeñan en un contexto económico y político sustancialmente diferente al existente en el periodo anterior.

El "cambio estructural" y sus impactos en las organizaciones campesinas

Como es bien sabido el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, asumió el poder en medio de serias dudas acerca de la legalidad de su victoria en las elecciones de 1988. En búsqueda de alianzas para legitimarse y poder negociar con los campesinos las reformas que proyectaba, impulsó la creación del Congreso Agrario Permanente (CAP) en 1989. La particularidad del CAP es que por primera vez un gobierno del PRI incorporó entre sus interlocutores formales a organizaciones no priístas, como las organizaciones autónomas y algunas de la corriente independiente, varias de ellas asociadas incluso con partidos de oposición, por lo cual ciertos autores consideran que se trató de una experiencia neocorporativa (Bartra, 1991; Rojas, 1998).

La creación de este frente fue posible gracias a la estrecha relación que Salinas estableció con organizaciones campesinas desde años atrás, cuando se desempeñaba como funcionario, en particular con dirigentes de la UNORCA. Después de participar en su campaña electoral, estos dirigentes lograron controlar la dirección de la CNC con la pretensión tanto de restructurarla bajo el modelo de las organizaciones autónomas, como de obtener importantes puestos en la Secretaría de Agricultura para dirigir las políticas de fomento hacia los pequeños productores. En este nuevo contexto sumamente favorable, tuvieron la capacidad de aglutinar a buena parte de las organizaciones no oficialistas en torno al nuevo proyecto, de ahí que el CAP agrupara a la mayoría de las organizaciones campesinas nacionales del país.6

Esta nueva alianza se basó en la promesa de brindar a las organizaciones económicas del sector social un papel protagónico en el proceso de desarrollo nacional, otorgándoles prioridad en la privatización de las empresas paraestatales, a condición de que fuesen capaces de administrarlas eficientemente. En la práctica las empresas paraestatales que fueron cedidas al sector social fueron las menos valiosas, mientras que las que permanecieron en manos de la iniciativa privada fueron las más estratégicas y redituables (De la Fuente y Mackinlay, 1994). Además, las organizaciones demostraron su incapacidad para administrar las empresas que les fueron entregadas, tal como ocurrió en el caso paradigmático de la Comercializadora Agropecuaria de Occidente (Comagro) (De la Fuente, 2004). Lo más que se logró fue obtener durante un par de años recursos financieros para pequeños proyectos productivos, a través de los llamados "convenios de concertación". Aunque el gobierno se sirvió de la dirigencia de la UNORCA para armar este frente, no dejó de privilegiar a la CNC, central que recibió la mayor parte de los apoyos gubernamentales (Mackinlay, 1996).

Al demostrar su incapacidad empresarial se desgastó la posibilidad de su alianza con el gobierno y se crearon las condiciones para que éste promoviera, a partir de fines del año 1991, las modificaciones legales en materia agraria más importantes desde la promulgación de la Constitución de 1917, con las reformas al artículo 27 constitucional (6 de enero de 1992) y al conjunto de la legislación referida al sector rural (19921993), que pusieron fin al reparto agrario, privatizaron la propiedad social agraria e incorporaron la tierra y los recursos naturales —forestales, hidráulicos, mineros, pesqueros— a una lógica mercantil (Mackinlay y De la Fuente, 1996). En forma complementaria, con objeto de garantizar los títulos de propiedad para facilitar las inversiones en el campo, el gobierno lanzó un ambicioso programa de titulación de la propiedad social de la tierra (ejidos y comunidades): el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede).

Dichas reformas cancelaron buena parte de la función reguladora del Estado y le quitaron uno de sus principales medios de intervención política en el campo. Así, diversos mecanismos de control político que se ejercían por conducto de las organizaciones corporativizadas —algunos de los cuales atentaban francamente contra las libertades individuales—, perdieron importancia o desaparecieron, en la medida en que las instancias colectivas de los ejidos dejaron de tener buena parte de sus antiguas atribuciones (Mackinlay, 1996 y 2004).

Después de haber sufrido un importante desgaste, primero por su incapacidad de administrar sus empresas agropecuarias y luego a raíz de estos cambios legales de la legislación agraria, el CAP se incorporó a principios de 1994 a las negociaciones del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con los Estados Unidos y Canadá (TLCAN), con una influencia totalmente secundaria en este proceso, al igual que las asociaciones de los pequeños y medianos empresarios del campo,7 mientras que el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el órgano de las agroindustrias, controló la representación del sector rural (De la Fuente y Mackinlay, 1994; Moguel, Botey y Hernández, 1992; C. de Grammont, 1995a; Pérez Espejo, 1997).

Casi todos los analistas concuerdan en que la producción campesina y la pequeña producción familiar fueron las grandes perdedoras de este tratado. No se excluyó a ningún producto, ni siquiera a aquellos que revisten una gran importancia histórica como el maíz y el frijol, del proceso de desgravación arancelaria gradual por 10 años para la gran mayoría de los productos, con un máximo de 15 años para los productos más "sensibles" (maíz, frijol, leche en polvo y caña de azúcar). A pesar de los numerosos análisis que advertían que lo negociado podía resultar perjudicial para la gran mayoría de los productores nacionales, fue aprobado sin oposición significativa gracias al renovado control corporativo del salinismo. Como consecuencia de los reveses sufridos con las reformas a la tenencia de la tierra, y con su incapacidad de sustraer el maíz y el frijol del TLCAN, durante la segunda mitad del sexenio las organizaciones del CAP —tanto las oficiales como las no priístas— se sumieron en una profunda crisis de representatividad que provocó diversos procesos de fragmentación.

El presidente Ernesto Zedillo, enfrentado a la devaluación de diciembre de 1994, fue todavía más estricto en el manejo del gasto público debido a la crisis financiera que marcó la mayor parte de su gobierno, canalizando menos recursos al campo que su antecesor. La orientación económica neoliberal prosiguió, excepto en lo que se refiere a la manutención de una paridad cambiaria fija, ya que el gobierno de Zedillo optó por dejar flotar el peso en función de las fluctuaciones del mercado. Esta administración no solamente cumplió puntualmente con los acuerdos arancelarios pactados en el TLCAN sino que, para combatir la inflación, fue más allá al permitir que se superaran las cuotas de importación acordadas para ciertos granos como el maíz, el frijol y la soya.

La apertura comercial y demás políticas neoliberales no sólo afectaron a los pequeños productores campesinos, sino que perjudicaron a numerosos empresarios agrícolas que habían prosperado en el contexto de un mercado protegido, y habían sido los principales beneficiados de los fondos de fomento y subsidios gubernamentales canalizados al campo por los gobiernos poscardenistas. Después de romper con la añeja alianza campesinos-Estado, uno de los puntales del corporativismo, se fracturó también la antigua alianza del Estado con los pequeños y medianos empresarios de tipo familiar, que habían sido un importante baluarte del régimen priísta, porque empezaron a encontrar serias dificultades para mantenerse en el mercado o cayeron en cartera vencida (C. de Grammont, 2001a). A mediados de los años noventa el gobierno redefinió sus alianzas con el conjunto de los productores rurales, privilegiando a los grandes empresarios relacionados con la exportación y con las empresas agroindustriales transnacionales, como las importadoras de granos y oleaginosas.

Una vez redefinidas sus alianzas, el Estado pudo disociar las políticas de fomento a la producción y la política social de combate en contra de la pobreza, estableciendo políticas "focalizadas" para cada sujeto social. Se estableció una distinción entre los productores con potencial productivo, merecedores de las políticas de fomento diseñadas con criterios empresariales, y los productores sin potencial, catalogados como pobres, receptores de los apoyos asistencialistas (C. de Grammont, 2001b). Por otra parte, los subsidios indirectos generalizados como los precios de garantía para los granos y las oleaginosas, considerados distorsionantes del comercio, fueron paulatinamente retirados con la entrada en vigor del TLCAN, para ser sustituidos por un sistema de subsidio directo, pagado en efectivo en función de la superficie sembrada para la producción de granos y oleaginosas, llamado Procampo. Las organizaciones campesinas tuvieron un papel importante en la inscripción de sus agremiados en el padrón de productores, pero una vez concluido éste, su intervención dejó de ser necesaria y se limitó a la gestión de los pocos programas de fomento que quedaron, además de que dichos programas empezaron a ser cada vez más compartidos con las organizaciones representativas de los pequeños y medianos productores de tipo empresarial y las grandes corporaciones.8

Sin embargo, para la negociación de los programas de fomento como Alianza para el Campo, las organizaciones campesinas se enfrentaron a la descentralización de los recursos fiscales emprendida durante el gobierno del presidente Zedillo. Esta descentralización, entonces llamada "nuevo federalismo", marcó el inicio de una relación más favorable para los gobiernos estatales, históricamente muy restringidos en sus facultades debido a la excesiva centralización en el gobierno federal. Al introducir nuevas prácticas sociales la descentralización planteó nuevos problemas. Acostumbradas a negociar con el gobierno central, muchas organizaciones fueron marginadas de los programas de fomento por las administraciones locales, siendo éstos canalizados, en muchos casos, en forma arbitraria hacia los aliados políticos de los gobernadores en turno.

Finalmente, tampoco las organizaciones campesinas fueron tomadas en cuenta para la puesta en marcha de los programas de combate a la pobreza. Los diseñadores de estos programas prescindieron de su intermediación, considerando que eran "corporativos", para operar a través de una relación directa con los grupos e individuos involucrados (Hernández Navarro, 1994; Mackinlay y De la Fuente, 1994; Pineda, 2002).

En este contexto, durante el gobierno de Ernesto Zedillo el CAP perdió relevancia, a pesar de que trató de recuperar fuerza con la creación de un nivel de dirección intermedio en los estados y con la integración de nuevas organizaciones.9 Este organismo cupular subsistió gracias a que el Estado mantuvo el financiamiento de sus aparatos burocráticos y de algunos de sus proyectos productivos. Si consideramos que las dos funciones básicas del corporativismo son la representación de intereses y el control político, podemos concluir que la primera de las funciones quedó sumamente limitada, y que el CAP subsistió en la medida en que cumplía con la segunda.

El surgimiento de nuevos actores y la transformación del juego político durante la fase final de la transición democrática

En este periodo aparece una nueva generación de organizaciones campesinas y de productores empresariales familiares que, a diferencia de sus antecesoras que nacieron en el contexto del Estado benefactor, emergen a causa de la privatización y de la crisis motivada por el modelo neoliberal. Éste es el caso, entre otras, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), de 1989, que se creó a consecuencia del derrumbe de los precios internacionales del café y del desmantelamiento de la empresa paraestatal Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), encargada de la promoción del cultivo y de la regulación del mercado; de la Coordinadora Estatal de Productores Cafetaleros de Oaxaca (CEPCO), de 1990, una de las pioneras en la promoción y comercialización de café orgánico producido por pequeños productores indígenas; del Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC), de 1993, integrado por pequeños agricultores familiares afectados por el desmantelamiento del sistema de precios de garantía; de El Barzón, del mismo año, creado para defender a los agricultores endeudados con la banca. Estas organizaciones, y otras más en regiones y ramas productivas específicas, quedaron fuera del ámbito de control gubernamental ejercido a través del CAP.

Las movilizaciones de los productores opuestos al modelo neoliberal se iniciaron a partir de mediados del año 1993 con el surgimiento de El Barzón, que se dio a la tarea de defender a los productores, tanto del sector social como privado, con problemas de cartera vencida cuando se hicieron sentir los primeros síntomas de la crisis de rentabilidad motivada por las reformas salinistas. El Barzón es la organización que primero y mejor representó la ruptura con la tradición corporativista de buscar la solución de sus problemas exclusivamente con el Ejecutivo, para concentrar su acción en el Congreso de la Unión con propuestas legislativas encaminadas a resolver la cartera vencida, así como en la Suprema Corte de Justicia con demandas legales en contra de la privatización de la banca y de la capitalización de los intereses moratorios, sin dejar de llevar a cabo intensas movilizaciones callejeras. El Barzón supo entender las nuevas posibilidades abiertas por la transición democrática y durante el resto de la década se convirtió en el protagonista más importante de las luchas de los productores rurales (C. de Grammont, 2001a).

En esos mismos años se creó un nuevo tipo de organizaciones que se encuentran a medio camino entre las organizaciones campesinas y las organizaciones no gubernamentales, porque subsisten gracias a financiamientos externos provenientes de las fundaciones nacionales e internacionales, pero tienen también bases sociales conformadas por empresas campesinas. Éstas son la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), de 1992, que fomenta el ahorro y el crédito popular; la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras Campesinas (ANEC), de 1995, dedicada a la comercialización de granos y oleaginosas; la Unión Nacional de Organizaciones de Forestería Comunal (UNOFOC), de 1993, y la Red Mexicana de Organismos Campesinos Forestales (Red Mocaf), de 1994, las dos últimas integradas por productores forestales. Las podemos conceptualizar como "coordinadoras de empresas campesinas".

Estas "coordinadoras", junto con la CNOC y la entonces debilitada UNORCA empezaron, a partir de 1997, a desplegar una activa campaña mediática denunciando en diversos foros las políticas neoliberales y la precaria situación en la que habían caído los pequeños productores. En octubre de 1999, aprovechando la discusión del presupuesto para el año 2000 y la cercanía de la campaña electoral para la elección presidencial que se verificaría el siguiente mes de julio, propusieron a la Cámara de Diputados un proyecto de presupuesto para el campo alternativo al gubernamental.

Así, diversos grupos de productores activaron sus protestas con la apertura de un nuevo frente de lucha en la esfera parlamentaria por medio del cabildeo, manifestaciones frente a la Cámara de Diputados y frente a las dependencias gubernamentales a las que presionaban para resolver sus demandas (AMUCSS et al., 1998 y 1999). Este ciclo de lucha culminó con una movilización de considerable magnitud el 10 de abril, aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, en el Distrito Federal y varias ciudades del interior de la república. Al calor de esta iniciativa El Barzón, la UCD, la Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros y otras organizaciones de diversas ramas productivas, formaron ese mismo año el efímero Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano (FNDCM). Es notorio que el CAP no apoyó la propuesta del presupuesto alternativo (Mackinlay, 2004).

El desarrollo de un juego político-partidista cada vez más plural y con mayor peso efectivo, abrió la posibilidad para que los diversos actores sociales pudieran entablar un nuevo tipo de relaciones con los partidos políticos, con el propósito de influir en el proceso de toma de decisión política en todos sus niveles, desde los municipios y los congresos estatales, hasta las cámaras federales de diputados y senadores. De ahí que varias de las organizaciones campesinas no afiliadas al PRI empezaran a transitar de un posicionamiento basado fundamentalmente en la esfera de la organización económica o la lucha social, a otro que buscaba combinar esta lucha con el ejercicio de la política partidaria activa. Sus dirigentes empezaron a negociar puestos y espacios en los partidos y a participar en la lucha electoral, contendiendo en diversos puestos de elección popular tanto a nivel municipal y estatal como federal.

Si bien las organizaciones campesinas no oficialistas empezaron a defender el principio de su autonomía ya no sólo frente al Estado sino frente a los partidos políticos, y el de la libertad individual de sus afiliados de adscribirse y votar por el partido de su preferencia, en la práctica se definieron a favor de algún partido en particular. En la medida en que el Partido Acción Nacional apoyó las reformas estructurales, el PRD fue el partido que más se benefició de la adhesión de dirigentes campesinos durante este periodo sexenal.10 Así, la mayoría de los cuadros campesinos de la UNORCA, al abandonar su relación con el gobierno se volcaron hacia el PRD, aunque algunos optaron por el Partido del Trabajo (PT); los de la CNPA se vincularon sobre todo con el PT y otros con el PRD; el liderazgo de El Barzón, que al inicio tenía militantes en el centroderechista Partido Acción Nacional (PAN) y en el PRI, a raíz de su confrontación con el gobierno de Zedillo se definió marcadamente por el PRD, al igual que la UCD vinculada desde su nacimiento con ese partido (C. de Grammont, 2001a; Mackinlay, 2004; Ramírez Cuevas, 2003: 6-7).

En el campo del oficialismo, si bien durante el sexenio salinista se verificaron algunas rupturas con el PRI a consecuencia de las reformas legislativas y de la aprobación del TLCAN, como fueron el retiro del MN400P y de una fracción de la Alcano, cuyo dirigente se alió con el PRD, durante el sexenio zedillista, a pesar de las políticas anticampesinas, las organizaciones oficiales mantuvieron su filiación con el partido gubernamental. Sin embargo, el naciente juego democrático a la larga hizo mella en la famosa disciplina partidaria priísta. Esto se pudo notar con la controvertida propuesta de Ley de Desarrollo Rural (LDR) impulsada por la Comisión Agropecuaria de la Cámara, integrada por diputados del PRI, del PRD y del PT. El punto central de la propuesta, ampliamente consensuada entre las organizaciones de productores, obligaba al gobierno a tomar su opinión para definir las políticas públicas hacia el campo. Aprobada en la Cámara de Diputados por una inusual coalición de diputados del PRD y del PAN en abril de 2000, cuando este último partido todavía estaba en la oposición, fue bloqueada por el Senado dominado por el PRI durante el resto de la administración de Zedillo. En diciembre del año 2000, cuando aún no se cumplia siquiera un mes de la nueva administración encabezada por Vicente Fox, una coalición todavía más inusitada del ahora opositor PRI y del PRD aprobó dicha ley en el Senado. Por primera vez en la historia moderna del país, el presidente ejerció su derecho a vetar una iniciativa parlamentaria y negoció una nueva ley, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), con un mecanismo de consulta más descentralizado hacia las entidades federativas a la vez que más controlado por los gobiernos locales.

El movimiento indígena y el surgimiento del EZLN durante los años noventa

La instalación, a mediados de los años ochenta, de la comisión preparatoria de las celebraciones del Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos, que se cumpliría en el año de 1992, no solamente permitió una nueva reflexión sobre la cuestión india sino que facilitó la paulatina construcción de identidades indígenas y propulsó su proceso organizativo. En México, como en la mayoría de los países de América Latina, ni la Constitución ni el aparato jurídico vigente reconocían la existencia de los pueblos originarios y, por tanto, los desconocían como interlocutores del Estado. Durante varios años se realizaron numerosos foros, movilizaciones, marchas, manifestaciones y se plantearon nuevas demandas. Las conmemoraciones se transformaron en protestas en contra del olvido del pasado así como de la discriminación de los actuales pueblos indígenas. Entonces, el gobierno de Salinas de Gortari promovió inmediatamente una reforma al artículo 4 de la Constitución, que reconoció a los pueblos indígenas como parte integrante de la nación mexicana. Sin embargo, el reconocimiento del multiculturalismo nacional no tuvo efectos concretos en la medida en que no se elaboró ninguna ley reglamentaria para su aplicación (Pérez Ruiz, 2000).

Una vez concluidas las jornadas del Quinto Centenario, la movilización social decayó hasta que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hizo su aparición en Chiapas el primero de enero de 1994. Este movimiento social, que de inmediato se pronunció en contra del neoliberalismo, por el reconocimiento de los pueblos indios y por la mejoría de sus condiciones económicas y sociales, nació como una guerrilla que pretendía derrocar al gobierno a través de la lucha armada. Pronto se transformó en lo que podríamos llamar un "movimiento social armado" porque, en el contexto de la Ley de amnistía que se aprobó para pacificar el estado de Chiapas, sus bases sociales empezaron a organizarse pero su fracción militar conservó su organización clandestina.

El EZLN revitalizó el movimiento indígena nacional. Las numerosas reuniones que se organizaron para discutir las bases programáticas del nuevo movimiento indígena, sus estrategias de lucha, las formas de solidaridad para defender a los zapatistas chiapanecos frente a la ofensiva del gobierno después de romperse el pacto de San Andrés, sentaron las bases del nuevo movimiento autonomista indígena. Sin embargo, pronto surgió una discrepancia en torno a la concepción de la autonomía que provocó una escisión en el movimiento entre la Asamblea Nacional Plural por la Autonomía (ANIPA), de 1995, y el Congreso Nacional Indígena (CNI), de 1996. La ANIPA reivindica ciertos derechos autonómicos a nivel regional, mientras que el CNI, más radical, retoma el concepto de autonomía y autogestión del EZLN aplicado a nivel comunitario y municipal (López Bárcenas, 2004). A su vez, en términos organizativos la ANIPA asume una modalidad más centralizada, mientras que el CNI funciona como un espacio de discusión y coordinación de las luchas de los pueblos indios al estilo de la CNPA y de la UNORCA de los años ochenta. Es decir, un frente o una red "alejada de una organización política o social jerarquizada" (López Bárcenas, 2004: 45).

En 1996, después de una larga negociación, el EZLN y una representación del gobierno de Zedillo firmaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar que preveían, entre otras cosas, cumplir con el principal planteamiento programático de los insurrectos: otorgar la autonomía a los pueblos indígenas. Estos acuerdos fueron plasmados en la Ley de Cultura y Derechos Indígenas por la Comisión para la Concordia y la Pacificación (Cocopa),11 pero el gobierno no ratificó la propuesta de ley, por lo cual no fue presentada a la Cámara de Diputados.

En un principio el EZLN se mostró dispuesto a participar en la arena electoral como una actividad complementaria a su lucha, por lo que decidió apoyar al candidato del PRD a la gubernatura del estado en 1994. Sin embargo, desde el siguiente año se definió en contra del sistema electoral partidario y decidió no participar en las elecciones que se celebraron en los territorios que controlaba y en las regiones donde tenía influencia política (Viqueira y Sonnleitner, 2000). Su propuesta alternativa consistió en promover la construcción de la autonomía a través de instancias de autogobierno comunitario y municipal, fuera del marco de los partidos políticos, y autogestivas, regidas por diversas formas de democracia directa. En reacción a la corrupción de muchas autoridades municipales, los zapatistas empezaron a formar durante el sexenio de Zedillo municipios autónomos de facto, no reconocidos constitucionalmente, en varias de sus zonas de influencia, lo cual propició que en otras partes del país también se formara este tipo de autoridades duales, electas en forma directa por determinados grupos de la población que se ostentan como los verdaderos representantes populares.12

Las organizaciones sociales que siempre vieron con desconfianza la participación político-partidaria-electoral, encontraron en la consolidación del EZLN un fundamento político-ideológico que les permitió legitimar su desempeño al margen del sistema electoral. Sin embargo, no todas las organizaciones indígenas concuerdan con estas ideas ya que muchas de ellas siguieron participando en los procesos electorales en sus distintos niveles (Viqueira y Sonnleitner, 2000). Tal es el caso, por supuesto, de organizaciones indígenas cercanas al partido gubernamental, que durante el gobierno de Zedillo sirvieron de dique de contención al zapatismo, pero también de organizaciones que actuaron en los niveles locales o de la ANIPA que, con base en un proyecto de autonomía más aceptable para el gobierno que el del CNI y del EZLN, se integraron a la administración del presidente Fox.

 

LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS E INDÍGENAS FRENTE A LA DEMOCRACIA (2000-2006)

La derrota del PRI en las elecciones presidenciales del año 2000 y el ascenso al poder del panista Vicente Fox, marca el inicio de un nuevo periodo en la historia política de México, no sólo porque se inaugura la alternancia en el Poder Ejecutivo después de más de 70 años de sistema de partido de Estado sino, y principalmente, porque el nuevo contexto parlamentario pluripartidista repercute en una clara disminución del otrora cuasi absoluto poder presidencial. Sin dejar de ser un régimen presidencialista, estamos desde entonces en presencia de un presidencialismo "acotado", donde el presidente pierde poder formal y numerosas atribuciones no escritas de las que gozaba anteriormente (Merino, 2003).13

La acotación del poder de la presidencia de la república se reflejó en forma inmediata en el ya mencionado vaivén de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de principios del sexenio y, posteriormente, con repercusiones mucho más importantes, en las dificultades que Vicente Fox experimentó durante su mandato para legislar en torno a las reformas estructurales como la reforma fiscal, basada en la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las medicinas y los alimentos, la privatización de la energía eléctrica y la reforma laboral.

Aprovechando el nuevo contexto democrático, el EZLN tomó la iniciativa y organizó una marcha, en marzo 2001, a la ciudad de México para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y la aprobación de la Ley de Cultura y Derechos Indígenas, bloqueada por el Ejecutivo desde 1996. El EZLN salió de Chiapas en una caravana de autobuses, realizando numerosas etapas que fueron objeto de importantes movilizaciones populares, manifestaciones de simpatía con la causa zapatista y reuniones con cuantiosas organizaciones campesinas, indígenas y populares-urbanas, y el foco de atención del país se centró en la problemática indígena. Uno de los puntos culminantes de la "marcha de la dignidad indígena" fue la realización del tercer congreso del CNI en Nurío, Michoacán, con la participación de cerca de 3 400 delegados en representación de 41 de las 56 etnias del país (EZLN, 2001).

Una vez que la caravana llegó a la ciudad de México, el Congreso de la Unión no tuvo más alternativa que recibir a la cúpula del EZLN para escuchar sus demandas. Poco después de los históricos discursos de los líderes indígenas encapuchados, en sesión plenaria y conjunta con los diputados y senadores, el contingente zapatista regresó a Chiapas. La mayoría de los diputados votó en favor de la "ley Cocopa", pero ésta fue transformada significativamente en la Cámara de Senadores, bajo la iniciativa del PAN y con el apoyo del PRI y del PRD. La ley aprobada, si bien reconoce algunas de las demandas indígenas, restringe considerablemente las atribuciones del estatuto autónomo. Fue rechazada por el EZLN, el CNI, el propio comité ejecutivo nacional del PRD y la izquierda en general, dejando nuevamente en una situación de impasse la cuestión zapatista.

No es sino hasta la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en octubre de 2005 y La otra campaña a partir de enero 2006, que el EZLN volvería a tomar la iniciativa para conformar a nivel nacional una corriente de organizaciones sociales fuera del ámbito de los partidos políticos.

En cuanto al movimiento campesino, basándose en las promesas de campaña que había hecho el presidente Fox de barrer con el corporativismo, el nuevo secretario de Agricultura retiró el apoyo financiero que se brindaba al CAP, con lo cual pretendía alejar todavía más a las organizaciones campesinas de la negociación con el Estado, mientras que el gobierno panista ratificó como sus principales interlocutores a los sectores de los productores más dinámicos y a organizaciones de clara definición agro-empresarial, como la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural (FMDR), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), y otros organismos regionales, desplazando también a un lugar de menor importancia a las asociaciones de productores representativas de los empresarios familiares.

En el caso de las organizaciones campesinas, ya no se trataba de restarles importancia y de relegarlas a un segundo plano, como en el sexenio anterior, sino de romper con ellas por considerarlas contraproducentes para la buena administración y aplicación de las políticas públicas.

Esta nueva política terminó por orillar al CAP, cuyas organizaciones priístas estaban ahora en la oposición, a recurrir por primera vez desde su creación a la movilización callejera. En agosto de 2001 convocó a sus bases a protestar en contra de la política gubernamental, empecinada en proseguir con la política de importaciones fuera de cupo. Para apaciguar el movimiento, la Secretaría de Agricultura optó por continuar con la misma política del PRI otorgándoles recursos financieros para su uso discrecional, pero sin modificar en nada su política económica. También aceptó formalmente al CAP como interlocutor válido para representar a los productores.

Pero reconsiderar la relación con el CAP no frenó la intensa movilización social que se venía gestando por fuera de este organismo desde el año 2000 y que se había materializado en cada vez más frecuentes tomas de oficinas gubernamentales, cierres de caminos y carreteras, mítines frente a las aduanas en las zonas fronterizas del norte. Para ese entonces, la nueva generación de organizaciones que no formaban parte del CAP había adquirido mayor representatividad y capacidad de convocatoria. La cerrazón gubernamental en aceptar los reclamos de los productores rurales afectados por la apertura comercial; la crisis económica de grupos de pequeños, medianos y grandes agricultores, coincidiendo con una nueva caída del precio del café, y las perspectivas de la total apertura comercial para la mayoría de los productos agropecuarios prevista en el TLCAN para el 1° de enero de 2004, se enlazaron para desembocar en la creación de un nuevo frente de organizaciones, el más importante desde las luchas por la independencia y la autonomía de los años setenta y ochenta.

El 2 de noviembre de 2002, doce organizaciones —AMUCSS, ANEC, CIOAC, CEPCO, CODUC, CNOC, CNPA, FDC, FNDCM, Red Mocaf, UNOFOC y UNORCA— publicaron un manifiesto en la prensa con el encabezado de "¡El campo no aguanta más!", que tuvo una importante resonancia.14 Un mes después, el 2 de diciembre, estas organizaciones anunciaron un plan de movilizaciones al que se adhirieron El Barzón y la UNTA, cuyo éxito motivó la convocatoria a una marcha campesina el 31 de enero de 2003 en la ciudad de México. Por su lado, la CNC intentó una negociación bilateral con el gobierno, presentándose como ejemplo de moderación y sensatez para recomponer su papel de aliada del Estado, pero frente a la imposibilidad de parar la movilización se incorporó a última hora junto con el CAP (Bartra, 2003). Como resultado inmediato de la marcha, se obtuvo por parte de la Cámara de Diputados un aumento considerable del presupuesto asignado al sector rural. Es importante notar que este movimiento, que poco después pasaría a denominarse el Movimiento El Campo No Aguanta Más (MECNAM), no obtuvo el apoyo del EZLN ni del CNI a pesar de haberlo solicitado y de haber incorporado, en un inicio, las reivindicaciones del movimiento indígena dentro de sus peticiones.

Las intensas movilizaciones tanto en la capital como en las principales ciudades del interior y la difusión en la prensa nacional de noticias, reportajes y entrevistas, realzaron momentáneamente la imagen de la sociedad rural frente a la sociedad urbana, que pocas noticias tenía de la problemática campesina, de manera similar a como había sucedido con la marcha del EZLN respecto de la cuestión indígena. El gobierno se vio obligado a escuchar las reivindicaciones provenientes del campo.

Para disminuir la presión, durante el mes de febrero la Secretaría de Agricultura organizó las mesas de Diálogo por una política de Estado y un acuerdo nacional para el campo.15 El proceso culminó el 28 de abril con la firma del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC). Entre otras cuestiones se pactó, en un texto por lo demás confuso e impreciso, la realización de una "evaluación integral de los impactos" del TLCAN, con objeto de justificar una posible puesta en marcha de mecanismos de defensa para prevenir la competencia desleal (dumping) y una eventual revisión del capítulo agropecuario del tratado; la promulgación de una Ley Federal de Planeación Agropecuaria que, con base en una "planeación, programación y presupuestación multianual", reconociera el "principio de la paridad urbano-rural", promoviera la "soberanía y seguridad alimentaria", el "derecho a la alimentación" y estableciera "un sistema de ingresos objetivo para los productos considerados como básicos y estratégicos por la LDRS" y un sistema de "inversiones estructurales, productivas y sociales para regiones atrasadas"; una reforma estructural de las instituciones y programas públicos relacionados con el sector rural; modificar las reglas de operación de los programas gubernamentales para hacerlos más accesibles a los campesinos y así revertir la tendencia a que éstos se centren en los grupos empresariales más privilegiados, y aumentar el presupuesto destinado al sector (Sagarpa, 2003).

Aunque todas las organizaciones destacaron las limitaciones de lo pactado, algunas de ellas firmaron el acuerdo con el gobierno y otras no. Partiendo de la consideración de que se había alcanzado lo máximo que se podía lograr, por parte del MECNAM firmaron la CNPA, CIOAC, CNOC, Red Mocaf, ANEC, AMUCSS, CEPCO Y CODUC, y también las tres organizaciones que se sumaron al movimiento: El Barzón, la CNC y el CAP. No lo signaron organizaciones que participaron muy activamente como UNORCA, FDC Y UNOFOC. Aunque todas acordaron que la postura frente a la firma no debía afectar la unidad del movimiento, dicha unidad se vio mermada apenas seis meses después, ya que en octubre la CNC y el CAP aceptaron que se disolviera la Comisión de Seguimiento del ANC, donde tenían más representación las organizaciones rurales, para transferirse la supervisión al Consejo Nacional para el Desarrollo Rural Sustentable, derivado de la LDRS, donde el poder de decisión de la Secretaría de Agricultura es mayor (Cuadernos Agrarios, 2003).

A raíz del surgimiento del MECNAM, la UNORCA se salió del CAP y se registraron diversas escisiones en varias organizaciones. Las pugnas entre las agrupaciones que participaron en el ANC se reflejaron en la conformación de dos bloques principales: uno formado por el CAP bajo el liderazgo de la CNC y el otro por el MECNAM. A pesar de ciertas divisiones en su seno, el grueso del MECNAM buscaba el cumplimiento de los acuerdos que permitían modificar en forma importante la política agrícola y el modelo de desarrollo, mientras que el bloque CAP-CNC procuraba la solución de determinadas demandas particulares y el aumento de ciertos apoyos y subsidios, a cambio de recobrar su papel de interlocutor como representante de los pequeños productores.

El gobierno apostó efectivamente por el reforzamiento de este último bloque tanto por su cercanía programática como por su capacidad de representación y negociación. En efecto, si bien la derrota del partido de Estado en las elecciones presidenciales de 2000 y el paso del PRI a la oposición generaron importantes readecuaciones en todos los niveles de la estructura partidaria, que determinaron luchas intestinas por el control de las organizaciones de base, alineamientos divergentes en torno a las figuras políticas que empezaron a disputarse el poder en el interior del partido y también notables desprendimientos de su membresía campesina tanto hacia el PRD como hacia el PAN y otros pequeños partidos, la CNC logró conservar fuerza en muchos estados gracias tanto a la eficacia de su aparato como a su capacidad de gestión y arraigo popular.16

Si bien está claro que el gobierno pretendía frenar cualquier cambio de tipo estructural a los que apuntaba el ANC, ante la inconformidad de las organizaciones por la falta de apoyos económicos argumentaba, con razón, que no era posible aplicar el presupuesto mientras no existieran reglas claras de operación para garantizar su correcta aplicación y romper con las viejas prácticas patrimonialistas del uso discrecional de los fondos públicos por parte de los dirigentes de las organizaciones sociales.17

Después de meses de desgaste el MECNAM se disolvió, pero varios de sus dirigentes aprovecharon las elecciones federales de 2003 para renovar parte de la Cámara de Diputados, con objeto de postular a una diputación y apoyar las demandas campesinas desde el legislativo.

 

CONCLUSIONES

A lo largo del periodo estudiado podemos distinguir tres oleadas en el surgimiento de organizaciones sociales en el campo mexicano, cada una con sus peculiaridades definidas por las contradicciones y conflictos vigentes en su momento. La primera oleada corresponde al predominio del corporativismo, que logró absorber a la mayoría de las nuevas organizaciones y aniquilar a las que no aceptaban la existencia del monopolio partidario del PRI. La segunda se dio con la crisis de representación del corporativismo, pero todavía en el marco del Estado de bienestar, con el fortalecimiento de las organizaciones independientes y autónomas. La tercera se manifestó bajo el impulso de la globalización y la transición democrática, con dos procesos divergentes: organizaciones que optan por vincularse con los partidos políticos para impulsar sus demandas y otras que buscan crear una nueva sociedad sobre la base de la autonomía, la autogestión y la creación de redes sociales.

Durante la década de los noventa las facultades del Ejecutivo para negociar las demandas sociales se redujeron considerablemente, tanto porque el Estado dejó de ser el centro rector de la economía como porque la transición democrática permitió revalorar a los poderes Legislativo y Judicial así como a los diferentes niveles del gobierno —federal, estatal y municipal— gracias a las políticas de descentralización. El paso del corporativismo estatal priísta a la democracia electoral trajo consigo nuevos arreglos institucionales que los actores sociales aún no asimilan del todo.

Como efecto de la globalización asistimos en el campo mexicano, al igual que en los demás sectores de la economía o en cualquier otro país, a una novedosa diversificación social y a la pérdida de centralidad de los grandes actores sociales tradicionales. Las organizaciones sociales tienden a pensar su acción social en términos de un sujeto social indígena o campesino tradicional y se adaptan con dificultad a los cambios de la economía y la sociedad. Si bien es legítimo que luchen por recomponer el tejido social-comunitario fuertemente dañado por las políticas neoliberales, también es cierto que no han asimilado los cambios vividos por las unidades de producción que son, más que nunca, unidades familiares plurifuncionales en donde el trabajo asalariado migrante representa una actividad fundamental, al punto de que la mayoría de ellos está experimentando un verdadero proceso de transición como clase social (De Janvry, Gordillo y Sadoulet, 1997; Yúnez-Naude y Taylor, 2001). El reto al que se enfrentan es asumir posiciones más dinámicas con respecto a la asalarización de una proporción cada vez más importante tanto de la población campesina como indígena.18

Estos procesos se reflejan en el estancamiento de las organizaciones oficialistas, autónomas e independientes después de concluidas las reformas constitucionales de 1992, que fracasaron en su alianza con el gobierno para promover los intereses de los pequeños productores.19 Se puede afirmar que las repercusiones de las políticas neoliberales fueron devastadoras para las organizaciones campesinas surgidas en la época del Estado benefactor, cuyos espacios de poder se redujeron enormemente durante la década de los noventa. Si bien albergaron ciertas esperanzas de insertarse favorablemente en el "cambio estructural" a través de sus organizaciones económicas, el proceso histórico que se verificó terminó por apartarlas, para entronizar a las grandes empresas y corporaciones agroindustriales como actores sociales centrales, resultado que no estaba necesariamente previsto en un inicio ni era necesariamente inevitable. Perdieron el papel y el reconocimiento del que gozaban en el antiguo modelo de desarrollo y toda influencia en la definición de las políticas públicas.

Es importante destacar que a diferencia de otros países con un sistema político democrático, donde las organizaciones de los agricultores tuvieron la capacidad de organizarse para influir en las negociaciones de los acuerdos comerciales encaminados a liberalizar la economía, empezando por Canadá y Estados Unidos, en México el sistema corporativo fue capaz de controlarlas hasta lograr la puesta en marcha del TLCAN. Hubo que esperar nueve años, la ruina de segmentos importantes de productores y la profundización de la transición democrática para que ello sucediera. A su vez, considerando el fraccionamiento de las organizaciones sociales representativas de los campesinos y de los empresarios familiares, predominantemente volcadas al mercado interno, así como las prácticas corruptas y patrimonialistas de muchas de ellas, el gobierno de Fox intentó removerlas del panorama político. Sin embargo, ante la reacción que se generó con el surgimiento del MECNAM, tuvo que restablecer ciertos canales de negociación con ellas.

La enorme división que prevalece entre las organizaciones sociales y sus numerosas escisiones, se explican en gran medida por las pugnas de poder entre los dirigentes por captar los subsidios y recursos de fomento. Estas pugnas se traducen en disputas entre las organizaciones y en el interior de las mismas por el control de las bases, que siguen siendo a menudo tratadas por sus dirigentes como meras clientelas y no como verdaderos representados. Sin duda, muchas organizaciones son simples cotos de poder que justifican el patrimonialismo y la corrupción; no han respondido a cabalidad a la exigencia de rendición de cuentas indispensable en un sistema democrático y participativo. Esta tendencia es mucho más clara entre las organizaciones campesinas que entre las indígenas, porque estas últimas, muy en particular el EZLN, rechazan la colaboración con las instituciones gubernamentales.

En cuanto a la nueva relación entre las organizaciones sociales y la esfera política que había comenzado a delinearse durante los años noventa, la transición democrática tuvo el doble efecto de consolidar tanto la tendencia de vincular a las organizaciones con los partidos políticos como la vertiente del ejercicio de la democracia directa desde las organizaciones locales. Retomando la idea de la matriz de constitución de la sociedad planteada en la introducción, aunque a veces es difícil hacer clasificaciones exactas, es posible ubicar a las organizaciones vistas en las tres matrices propuestas. La matriz política —que solamente considera la posibilidad de lograr la transformación social a través de los partidos políticos, particularmente aquellos que monopolizan el poder— la debemos reservar solamente a las organizaciones afiliadas al PRI, es decir, CNC, CAM, CCI, UGOCM, Alcano y CONSUCC. Entre las organizaciones de "matriz social y política" —para las cuales la construcción de la democracia se hace tanto desde abajo (desde las organizaciones sociales) como desde arriba (desde los partidos políticos)—, tenemos a aquellas cuyos dirigentes son cercanos sobre todo al PRD y al PT, pero también a otras opciones políticas nuevas e incluso al PAN (UNORCA, El Barzón, CNPA, CIOAC, UCD, CCC, UGOCEP, CODUC, UNTA, ANEC, ANIPA, Red Mocaf). Hay que considerar a otras agrupaciones que, sin estar sus dirigentes identificados con determinados partidos, también optaron por la construcción de instituciones dentro del sistema parlamentario para promover sus proyectos sociales (CNOC). En las organizaciones de "matriz social" —que están en contra del sistema democrático electoral por considerar que reproduce las estructuras de dominación existentes y que invoca la construcción de la democracia social únicamente desde abajo— ubicamos al EZLN, al CNI y a numerosas organizaciones regionales.

Respecto del corporativismo, éste mantiene un fuerte anclaje en la sociedad. Aun así, las organizaciones de "matriz política" que habían prosperado en el sistema de partido de Estado tendrán que transitar hacia la forma de "matriz social y política" para adaptarse a la nueva situación de competencia pluripartidista. Las organizaciones de "matriz social y política" se encuentran ante serios dilemas: el patrimonialismo, el clientelismo, la corrupción y el oportunismo político-electoral por la posibilidad de captar parte del financiamiento público, desvirtuando las luchas de las bases, en favor de los intereses personales de los dirigentes o particulares de los partidos. La prensa nacional así como diferentes autores han llamado la atención sobre la generalización de prácticas corporativas de viejo cuño en todos los partidos políticos (Olvera, 2003: 52).

Por su lado, las organizaciones de "matriz social" encuentran en el oportunismo político y la corrupción de los partidos fuertes razones para fortalecer su posición antipartidaria, aunque no parecen valorar que su existencia misma es factible también porque existe la democracia electoral. Su principal escollo es caer en posiciones comunitaristas y aislacionistas que excluyan de la vida social y política local a la población que no comparte sus puntos de vista.

A lo largo de los diez últimos años se han evidenciado no sólo diferencias sino que se ha abierto una importante brecha entre las organizaciones de la "matriz social y política" y aquellas afines a la "matriz social". La diferencia ideológica entre ambas, que se plasma en posiciones programáticas encontradas, no parece ser una simple desavenencia entre organizaciones "hermanas" sino una ruptura política propia de la llamada democracia neoliberal, que puede crear nuevos campos políticos difícilmente reconciliables.

 

BIBLIOGRAFÍA

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Notas

***Los autores agradecen las atinadas observaciones que les hicieron Juan de La Fuente, Bruno Lutz y Juan Carlos Pérez Castañeda.

1 En el trabajo se hará referencia en ocasiones al PRI como el "partido oficial" y, en otros contextos, se hablará de "priísta". Asimismo, cuando hablemos de organizaciones "oficiales" u "oficialistas" nos referiremos a aquéllas que están afiliadas al PRI.

2 En términos de Raymond Boudon y Francois Bourricaud (2000): consenso autoritario o consenso de concertación.

3 Retomando la diferencia establecida por Linz (1970), el totalitarismo niega la posibilidad de todo disenso, por lo cual se asimila a regímenes militares, mientras que el autoritarismo tolera cierta oposición mientras le sea funcional, o sea que permite absorber los conflictos inherentes a la sociedad en cuestión.

4 La CNC contabilizaba a sus afiliados en función del total de los campesinos beneficiados por la reforma agraria, y de esa manera simbolizaba su identidad con el Estado mexicano. Además, en sus estatutos se establecía la afiliación forzosa, por lo cual todos sus miembros estaban afiliados al PRI (Mackinlay, 1996).

5 Cabe mencionar a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) de 1975, una escisión de la Central Campesina Independiente, cercana al Partido Comunista Mexicano, que fue la única organización que se planteó la necesidad de la sindicalización de los jornaleros agrícolas, y luego fue pionera en la formación de uniones de crédito y aseguramiento de empresas campesinas. Inicialmente se definió como una organización "independiente", pero con el fortalecimiento de sus empresas campesinas optó, a principios de los años noventa, por seguir los pasos de la UNORCA y actuar en el marco definido por la "autonomía". Otras organizaciones regionales de distintos orígenes políticos también se acercaron a los planteamientos programáticos de la UNORCA, como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) de 1978, la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP) de 1986, la Central Campesina Cardenista (CCC) de 1988 y la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Populares (CODUP) de 1986 (Encinas et al., 1995).

6 El CAP se conformó con la CNC y sus satélites del ámbito oficialista (CCI, CAM, UGOCM, MN400P,) y las siguientes organizaciones autónomas e "independientes": UNORCA, CIOAC, CODUC, UGOCP, CCC, Alcano, UNTA. Estas organizaciones son consideradas por los analistas y periodistas como organizaciones "nacionales", aunque en realidad solamente la CNC, la UNORCA y la CIOAC tienen presencia en un considerable número de estados del país. Las demás tienen un alcance nacional más limitado y una membresía menos importante, pero de todas formas se las considera como nacionales, ya que por alguno u otro motivo lograron ubicarse en un espacio nacional de negociación como es el CAP y, además, se interesan por este ámbito, ya que sus planteamientos rebasan la problemática local o regional de sus afiliados.

7 Entre las organizaciones empresariales que decayeron en importancia se puede mencionar a la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP), la Confederación Nacional de Productores de Hortalizas (CNPH), que finalmente terminó por desaparecer, y la otrora poderosa Confederación Nacional Ganadera (CNG) (González, 1994; C. de Grammont, 1995a; Mackinlay, 2004).

8 Los otros dos programas que manejan fondos significativos son Apoyos para la comercialización, dirigido a los grandes productores que participan con significativos volúmenes en la comercialización de granos y oleaginosas, y Alianza para el campo, que representa un esquema de apoyo a la mecanización e inversión en infraestructura, con aportaciones de los gobiernos federal y estatales y de los propios productores, no formalmente pero en los hechos restringido a los productores con mayor potencial productivo (Fritscher, 2001).

9 En el sexenio salinista se registró el retiro del MN400 Pueblos del CAP, debido a su oposición a las reformas, y en el transcurso del año 1994 el ingreso del Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos (CONSUCC), producto de una escisión dentro de la CCI. En esta ocasión también ingresó al CAP la Unión Campesina Democrática (UCD), organización formada por contingentes campesinos de diversas organizaciones oficiales e independientes, que en 1991 se unieron a los esfuerzos para formar el Partido de la Revolución Democrática (PRD) promovido por Cuauhtémoc Cárdenas. De las organizaciones nacionales hasta ahora mencionadas en el trabajo sólo la CNPA, con una representatividad muy debilitada, se mantuvo formalmente fuera del CAP aunque participó como invitada sin voto en sus deliberaciones.

10 Además de las ya mencionadas organizaciones, empezaron a participar en la vida política del PRD dirigentes de la CCC, la CODUC y de la UNTA. En dirección contraria, la CIOAC, que había tenido gran cercanía con el PRD, se empezó a distanciar de este último hacia fines de la década y a acercarse a otras opciones, como la asociación política nacional México Posible.

11 La Cocopa fue una comisión parlamentaria compuesta por diputados de los principales partidos.

12 En palabras de uno de los defensores más conocidos del proyecto neozapatista, se trata de la búsqueda de un "autogobierno de la sociedad civil 'empoderada' con una democracia participativa, que sabe hacerse representar y sabe controlar a sus representantes [...] con el objetivo de avanzar hacia la construcción y organización de redes de pueblos autónomos y de otras fuerzas en lucha por un mundo donde tienda a prevalecer la democracia, la justicia y la libertad" (González Casanova, 2003: 3).

13 Esto se debe no sólo a la alternancia en el Ejecutivo sino a que el electorado definió, en las mismas elecciones, un empate entre las tres grandes fuerzas políticas en el Poder Legislativo (PAN, PRI y PRD), que impide que alguna de ellas se imponga sin aliarse con otra. Esta situación fue ratificada en las elecciones intermedias del año 2003 para renovar parte de la Cámara de Diputados.

14 Sus principales demandas fueron: una moratoria al apartado agropecuario del TLCAN para iniciar un proceso de renegociación del mismo; la asignación presupuestal de 1.5% con respecto al PIB para el desarrollo productivo y 1.5% para el desarrollo social y ambiental del sector rural en 2003; una política de inocuidad y calidad agroalimentaria para regular la importación y distribución de alimentos dañinos, transgénicos, contaminados y de desecho; la aprobación de programas de corto y mediano plazo para reactivar la producción agrícola, junto con una reforma financiera rural, y el reconocimiento a los derechos y cultura de los pueblos indios (La Jornada, 2 de noviembre de 2002).

15 En estas mesas se presentaron más de 2 000 ponencias de organizaciones rurales de diversa índole, funcionarios públicos, académicos e individuos interesados.

16 La CNC empezó a romper sus antiguas reglas al permitir, por primera vez en su historia, la reelección de su dirigente nacional, cuyo mandato estatutario solamente duraba tres años. La modificación de los estatutos provocó la salida de un pequeño grupo de militantes inconformes. En su nueva declaración de principios y estatutos, modificados en 2001, ratifica su pertenencia al PRI aunque declara ser autónoma "en todo lo que tiene que ver con los intereses específicos del campesinado" (CNC, 2001: 13). Empezó a criticar la política gubernamental y el TLCAN, que había apoyado incondicionalmente durante los gobiernos de Salinas de Gortari y de Zedillo. En su relación con el nuevo gobierno, la CNC empezó a actuar en forma independiente cuando le convenía y cuando no como parte del CAP.

17 Adicionalmente, los nuevos espacios de participación abiertos con el ANC y la LDRS posibilitaron negociaciones locales que propiciaron nuevos conflictos entre las organizaciones sociales y las autoridades por la distribución del presupuesto.

18 Como son el problema de los altos intereses que se cobran por el envío de remesas; el combate al tráfico de migrantes indocumentados tanto en la frontera norte como la frontera sur; las deplorables condiciones de contratación, trabajo y salario en los campos agrícolas del país y en Estados Unidos, con particular énfasis en la problemática del trabajo femenil e infantil; la aplicación de la Ley del seguro social de 1997, que extiende el régimen de seguridad social (servicios médicos, seguros por vejez, cesantía, muerte y jubilación) a los asalariados agrícolas pero que a la fecha no se aplica.

19 Algo similar sucedió con el movimiento obrero, en sus vertientes oficialista e independiente, que ha perdido en los últimos veinte años capacidad de negociación de sus demandas. También el movimiento urbano popular, fortalecido después de los sismos que destruyeron parte de la ciudad de México en el año de 1985, perdió vitalidad en el transcurso de los años noventa, a tal grado que dejó de ser un movimiento unificado para ser integrado por grupos aislados, algunos sumamente radicales, pero sin la capacidad de ofrecer una alternativa al modelo neoliberal implantado.

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