Transformaciones: sociedad y Estado en América Latina

 

La transformación política de México y los gremios cañeros del PRI*

 

Political Transformation in Mexico and the PRI's Sugar Cane Workers' Unions

 

Peter Singelmann**

 

** Dirigir correspondencia al Department of Sociology, University of Missouri Kansas City, Kansas City M064110. E-mail: singelmann@umkc.edu; tel. 816 235 2523; fax: 816 235 1117.

 

Recibido en enero de 2002
Aceptado en junio de 2002

 

Resumen

Este trabajo examina la ruptura del pacto político posrevolucionario, sus implicaciones para el nuevo papel asignado a los gremios cañeros y los obstáculos que enfrenta esta transformación. Las confrontaciones y alianzas políticas representan factores clave para determinar la dirección final de la transformación estructural, con datos que sugieren que el nuevo régimen utiliza con facilidad algunas de las viejas prácticas políticas para institucionalizar el nuevo paradigma económico.

Palabras clave: gremios cañeros, PRI, corporativismo, democratización, reforma neoliberal, usos y costumbres políticos.

 

Abstract

This article examines the dissolution of the post-revolutionary political pact, its implications for the new role assigned to the sugar-cane plantation workers' unions and the obstacles facing this transformation. Political confrontations and alliances constitute key factors in determining the final direction of the structural transformation, with data that suggest that the new regime is adept at using old political practices to institutionalize the new economic paradigm.

Key words: sugar-cane plantation workers, PRI, corporativism, democratization, neoliberal reform, political customs.

 

La historia de los gremios cañeros mexicanos ha estado marcada por los distintos patrones corporativistas y populistas que surgieron en la esfera política posrevolucionaria (Córdova, 1972, 1974; Meyer, 1977; Reyna, 1977; Brachet-Márquez, 1996). Estos gremios han encabezado grandes movilizaciones sociales tanto al margen como en el interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de sus antecesores, pero dentro de los límites de un sistema político marcado por instituciones corporativistas, prácticas clientelares y amplias posibilidades de armonización de intereses entre cargo público y beneficios personales para sus dirigentes. Con la institucionalización del régimen a partir de los años treinta, los gremios cañeros tenían que tomar en cuenta su compleja alianza con el partido dominante y el gobierno en términos de alineación o de confrontación. optaron por lo general por la primera alternativa, con la que obtuvieron conquistas o garantías sociales, a cambio de lealtad y acomodo político al nuevo régimen.

El esquema corporativista ha enfrentado desafíos globales con el ascenso del paradigma neoliberal junto con la caída de regímenes autoritarios hacia fines del siglo XX y ha estimulado nuevos debates sobre las relaciones entre procesos de liberalización económica y política. Por un lado, ciertos autores han sugerido estrechas relaciones en las que los cambios del paradigma económico promueven o requieren cambios "correspondientes" a la esfera política hacia la apertura democrática, hacia una nueva conciencia de ciudadanía y hacia la disolución de prácticas clientelares o corruptas (Savas, 1987; Butler, 1987; Schneider, 1988-1989). También, en el caso de México, varios autores han analizado la reciente deslegitimización del régimen posrevolucionario como consecuencia de su incapacidad para seguir asegurando una inversión pública y ciertos gastos de índole política tradicional (por ejemplo, empresas estatales con costos excesivos, subsidios empresariales y sociales, o corrupción; véanse Blum, 1997; Lawson, 2000); la ruptura concomitante del "pacto de dominación" (Brachet-Márquez, 1996: 24) que ha abierto nuevos espacios para partidos de oposición (Cornelius, 1996; Domínguez y McCann, 1996) y, por último, la derrota del PRI en las elecciones del año 2000 (Klesner y Lawson, 2001).

Otros autores han destacado las posibilidades más problemáticas de una democratización política en este "sentido amplio", subrayando la naturaleza compleja de las relaciones entre cambios económicos, reformas institucionales y prácticas políticas (O'Donnell, 1999; Przeworski, 1999). En el caso de México varios autores destacaron, antes del rompimiento político del año 2000, desarrollos paralelos de liberalización económica y nuevos patrones de corporativismo y de clientelismo (Carton de Grammont, 1995; 1996; Cornelius, 1999; Middlebrook, 1995; Teichman, 1995, cap.7; Klesner, 1994; MacKinlay, 1996; Fox, 1994; Lawson, 2000, y Schedler, 2000). En su conjunto, estos argumentos tienen dos implicaciones distintas. Por un lado, sugieren la necesidad de enfoques "descentrados" (Rubin, 1997) o "subnacionales" (Cornelius, 1999) en los que se analiza la variedad de respuestas regionales y sectoriales a cambios sociales de un carácter más general. Por otro, requieren de la distinción analítica entre cambios formales/institucionales y prácticas en los usos y costumbres políticos, por parte de los agentes sociales que actúan dentro del sector público o en relación con dicho sector.

En la actualidad, los estudios que abordan estos asuntos en México se enfocan generalmente hacia temas de democratización institucional, ciudadanía, derechos humanos o "nuevos movimientos sociales" en contra del corporativismo del régimen posrevolucionario. En el presente trabajo se analizan las confrontaciones paralelas en el interior del Partido Revolucionario Institucional y de sus gremios sectoriales. Específicamente, se examinan los desafíos recientes que enfrentan los dos gremios cañeros del PRI bajo los nuevos parámetros institucionales y económicos. La primera sección ofrece un resumen del contexto histórico posrevolucionario en el que los gremios cañeros se movilizaron y la ruptura de las condiciones que condujeron a su pacto político con el gobierno. La siguiente sección examina el impacto de la transformación económica a escala nacional sobre el nuevo papel asignado a los gremios cañeros, así como los obstáculos que enfrenta esta transformación bajo la severa crisis de la industria azucarera. En la última parte se analiza el impacto del cambio en los parámetros políticos para los gremios cañeros durante la última década del siglo pasado, el cual llegó a un punto crítico cuando el PRI perdió su hegemonía en términos formales en el año 2000, con un enfoque en las confrontaciones sobre las formas de organización y sobre el poder dentro de los gremios.

 

I. EL RÉGIMEN POSREVOLUCIONARIO Y LOS GREMIOS CAÑEROS

A partir de su formación en los años cuarenta, los gremios regionales y nacionales de los cañeros se movieron bajo la dinámica de movilizaciones, divisiones y fusiones que se hallaban motivadas por una compleja serie de demandas sociales, diferencias ideológicas, disputas sobre estrategia, y por conflictos entre dirigentes gremiales en torno al poder y los privilegios bajo los parámetros corporativistas del régimen posrevolucionario. Para los seguidores de los dirigentes cañeros, el acomodo a esta dinámica política se basaba en un reconocimiento de amplias oportunidades de progreso en lo social y, en algunos casos, de beneficio personal mediante puestos públicos o "amistades políticas". Por la misma razón, esta lealtad era inherentemente precaria. Estaba directamente ligada al flujo de beneficios sociales que los dirigentes podían entregar o prometer con credibilidad popular, y cambiaba sin dificultad cuando los dirigentes perdían su influencia y eran sustituidos por otros que ofrecían mejores opciones a los productores (Flores Lúa, 1987; Iguartúa y Mestries, 1987; Paré, 1987a; Paré y Morett, 1987; Bartra, 1993; Ronfeldt, 1973; Carton de Grammont, 1979; Bonilla Macharro,1975).

A partir de 1944, los decretos presidenciales empezaron a regular las relaciones entre los ingenios azucareros y los productores de caña, cuya gran mayoría se había formado con la distribución de las tierras de las haciendas azucareras a campesinos de las comunidades ejidales que emergieron bajo la reforma agraria. En una revisión del Decreto Cañero en 1975, se postuló únicamente el reconocimiento de dos gremios cañeros afiliados a los sectores ejidales y populares del PRI. Mientras que los cañeros con propiedad de tierra ya estaban integrados en un solo gremio desde la fundación de la Unión Nacional de Cañeros (UNC) en 1973, dentro del sector popular del PRI el decreto forzó la consolidación de los múltiples gremios nacionales y regionales de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA), que empezó a operar en 1977 (Paré, 1987b; Paré y Morett, 1987; Bartra, Paz Paredes y Aurrecoechea, 1993; Espinosa y Aurrecoechea, 1993). Esta consolidación cambió la distribución del poder, pero no la dinámica de las movilizaciones cañeras o los motivos para la afiliación con el PRI y sus gremios.

Hasta los años ochenta, la fuerza y la legitimidad popular de los gremios cañeros estaban estrechamente ligadas a la capacidad del gobierno para cumplir con su parte del compromiso posrevolucionario y conceder una amplia gama de beneficios sociales y de subsidios económicos. El auge del corporativismo estatal se manifestó en los decretos cañeros de 1970 y 1975, y continuó con la revisión del Decreto en 1991.¹ Estos decretos definieron y modificaron la intervención estatal en el financiamiento del cultivo y de la industrialización de la caña, los precios del azúcar, las cuotas de importación o exportación, pero también reforzaron la posición privilegiada de dos gremios cañeros afiliados con la CNC y la CNPP/CNPR (Bartra, Paz Paredes y Aurrecoechea, 1993; Singelmann, 1990; 1993).

En este contexto, la gran mayoría de los cañeros asumió perspectivas campesinistas que daban prioridad a un enfoque productivo centrado en garantías, riesgos e inversiones personales mínimas y a la responsabilidad de los ingenios tanto por el éxito como por el fracaso en el cultivo de la tierra (Núñez, 1995; Singelmann, Quesada y Tapia, 1982; Singelmann, 1998; sobre las posibilidades de cambios véase Otero,1998; 1999: 107-112). Las mismas condiciones también promovieron políticas gubernamentales, buscando reconciliar la necesidad de rendimientos industriales adecuados con demandas populares de azúcar barata como parte de la canasta reconocida de alimentos básicos. La incapacidad del gobierno de establecer esta reconciliación resultó en que más de 75% de los ingenios llegó a estar en manos del Estado entre 1970 y 1982, debido a su endeudamiento con el banco estatal Financiera Nacional Azucarera, S.A. (Finasa), que había asumido el monopolio del financiamiento del cultivo y de la industrialización. El endeudamiento de los ingenios fue resultado de las políticas gubernamentales que favorecían el consumo popular y el uso industrial de los productos azucareros en las industrias secundarias (por ejemplo: productores de refrescos, bebidas alcohólicas y pan dulce). Pero la administración estatal de los ingenios y de casi todos los procesos productivos, financieros y comerciales de la agroindustria en esa época, no eliminó las raíces de la crisis industrial ni sus repercusiones en el descenso de la inversión privada. También aumentaron los costos de la producción con la introducción de factores políticos en el manejo de la misma, los cuales incluían aumentos dramáticos del sobreempleo, la corrupción y de administradores cuya preocupación era más de naturaleza política que empresarial (Del Villar, 1976; Singelmann, 1981: 67-79; Espinosa y Aurrecoechea, 1993: 309-313).

A partir de 1982, los costos económicos de este compromiso político habían llegado a un punto crítico y sin posibilidades de recuperación, fuera de las condiciones estipuladas por el Fondo Monetario Internacional para restructurar la deuda internacional de México. En la rama azucarera, estos cambios incluyeron la privatización de los ingenios paraestatales y cooperativas a partir de 1988, la redefinición de las relaciones entre cañeros e industriales bajo una revisión del Decreto Cañero en 1991, y la liberalización del mercado azucarero nacional mediante la disolución de las intervenciones estatales tradicionales (Chollett, 1995; Singelmann, 1981; García Chávez, 1997; Espinosa, 1999; Mestries, 2000). Mediante esta reforma, se intentaba remplazar la prioridad tradicional de la "rentabilidad política" (Castellanos, 2000) con la productividad económica según los principios neoliberales, con consecuencias directas para los gremios cañeros. De ahí que en la última década del siglo XX, estos gremios tuvieron que redefinir sus funciones para incluir su injerencia en la producción, en el financiamiento del cultivo y en la comercialización del azúcar cuando la industria entró en una nueva crisis a fines de esa década.

Mientras que los cambios en los parámetros económicos redujeron la capacidad de los gremios cañeros para suministrar los beneficios sociales de la manera acostumbrada, le derrota del PRI en la elección presidencial del año 2000 rompió la segunda base de sus privilegios, es decir, el monopolio de su partido sobre el acceso a decisiones y concesiones gubernamentales como base de la adhesión de sus miembros. Con la fuerte disminución de los recursos económicos tradicionales y, después, con la erosión de los motivos tradicionales en los que se sustentaba la lealtad política de las bases, el PRI entró en un periodo de crisis. Hoy sus dirigentes gremiales se enfrentan con desafíos paralelos de adaptación o de marginación. Dichos dirigentes tienen que convencer a sus afiliados de su capacidad para tomar nuevas responsabilidades como administradores del cultivo, como actores efectivos bajo la nueva constelación política y como líderes que son capaces de resolver las divisiones internas que existen en el partido.

 

II. CAMBIOS EN LOS PARÁMETROS ECONÓMICOS DE LOS GREMIOS

Como vimos, la privatización de los ingenios paraestatales y de las cooperativas entre 1988 y 1992 estuvo acompañada por la disolución del papel corporativista del Estado en la rama cañero-azucarera y por la liberalización del mercado azucarero. La intención de estas reformas era sanear una industria quebrada, aumentar la productividad en el campo y en la fábrica y adaptar la rama agroindustrial a las nuevas reglas de un mercado azucarero liberalizado paulatinamente durante la primera mitad de la década de los noventa. En este contexto, desaparecieron las instituciones gubernamentales que habían controlado tanto el mercado azucarero como los ingenios paraestatales, así como el financiamiento del cultivo y de la industrialización de la caña. Estos cambios se vieron acompañados de una nueva revisión del Decreto Cañero en 1991, cuyo objetivo era replantear las relaciones entre la industria azucarera y los productores de caña, dejando al gobierno como rector del mercado mediante la imposición de aranceles, como mediador en las relaciones agroindustriales y como árbitro de controversias.

Pero en su conjunto, este proyecto de restructuración fracasó en el contexto de una nueva crisis en la industria azucarera, la cual solamente en parte estaba ligada con la de la economía nacional a partir de 1994. Esta crisis ha tenido consecuencias profundas para los gremios cañeros. Por un lado, el Decreto Cañero de 1991 asignó la responsabilidad de coordinar todas las fases del cultivo a los gremios locales a los que, en consecuencia, se empezaron a atribuir tanto el éxito como el fracaso en el cultivo. Por otro lado, el desempeño de estas responsabilidades estaba ahora estrechamente ligado con la liquidez financiera de una industria en crisis.

1. El Decreto Cañero de 1991 y las nuevas responsabilidades gremiales

A partir de 1991, el Decreto Cañero estableció nuevas reglas sobre las relaciones entre responsabilidad productiva y remuneración de los productores rurales. En este decreto se tomó en cuenta por primera vez la calidad de la caña entregada (según su contenido de sacarosa, su pureza, jugos y fibra) y el cálculo de todos los precios nacionales e internacionales del azúcar en una nueva fórmula en lo tocante al precio de la caña. Con estos cambios, el precio de la caña quedó estrechamente ligado a las fluctuaciones en los diversos mercados azucareros nacionales e internacionales y a la capacidad de la industria de adaptarse a dichos mercados eficientemente. Además, por primera vez, en el decreto se diferenciaban claramente las responsabilidades de los cañeros y de los industriales en términos de control de operaciones y de remuneración. Al separarse la productividad industrial de la agrícola, se estableció el precio de la caña solamente en términos de su propia calidad (Kilogramos de Azúcar Recuperable Base Estándar = KARBE), abandonando la fórmula tradicional en la que se asignaban los precios de la caña según el azúcar realmente recuperado (Kilogramos de Azúcar Base Estándar= KABE). La intención de esta reforma era separar las responsabilidades, las oportunidades y los riesgos de los cañeros y azucareros, a fin de disolver la prevalencia de perspectivas, tanto campesinas como empresariales, que minimizaron los riesgos y la productividad en favor de distintos tipos de "garantías".

Con la disolución o debilitamiento de las viejas funciones integrativas de distintas instituciones estatales, surgió la necesidad de establecer nuevos mecanismos de integración agroindustrial, financiera y comercial. Para los gremios cañeros, estos cambios trajeron consigo la redefinición de sus funciones y de su modo de operación, en el que tradicionalmente se había privilegiado lo político en términos corporativistas y clientelares. Con la separación de las responsabilidades industriales y agrícolas en el ámbito local, los dirigentes de los gremios regionales ahora tienen que coordinar todas las fases del cultivo —desde la preparación del suelo hasta la entrega de la caña al batey del ingenio—, según la capacidad diaria del ingenio durante la zafra y según los requisitos del cultivo en su ciclo anual.²

Entregar caña con un máximo de sacarosa y pureza cada día de la zafra, según la capacidad del ingenio, y la pérdida rápida de sacarosa después del corte, establecen la necesidad especial de una coordinación eficiente y de la operación continua de la maquinaria industrial durante la zafra. La responsabilidad de asegurar esta colaboración siempre había sido un desafío para los administradores industriales debido al gran número de cañeros afiliados con los ingenios, al predominio del minifundismo,³ a la avanzada edad promedio de los cañeros y a un nivel de educación modesto en la mayoría de ellos. Los dirigentes cañeros locales asumieron estas responsabilidades durante los años noventa, bajo nuevos comités de producción, en colaboración con los administradores de los ingenios.

La restructuración de las relaciones cañero-azucareras en el país a partir de 1991 también redefinió el papel del gobierno. Éste continuó su función como regulador del mercado nacional, pero ya no mediante subsidios y la fijación de precios sino mediante aranceles sobre la importación de azúcar y de jarabe de maíz con alto contenido de fructosa,⁴ con la intención de establecer un equilibrio entre demanda y oferta azucarera en el mercado nacional. Por otra parte, el gobierno federal fundó el Comité de la Agroindustria Azucarera, que integró los distintos sectores de la agroindustria y las secretarías gubernamentales involucrados en ella, y fortaleció la Junta de Conciliación y Arbitraje de Controversias Azucareras para mediar conflictos entre los gremios industriales, obreros y cañeros. Las tareas del comité son concertar acciones en los distintos sectores, coadyuvar al cumplimiento del decreto y concertar acciones de los gremios cañeros, azucarero y comercial (Decreto Cañero 1991, artículos 3, 4 y 18). En términos generales, un cambio central que trajo consigo este decreto fue la redefinición del papel del gobierno como intermediario entre productores rurales e industriales, cuyas relaciones ahora exigieron un mayor grado de colaboración.

La aplicación de estos artículos también llevó a una redefinición del papel de los gremios cañeros, que adquirieron nuevas responsabilidades económicas aparte de su función de representantes políticos y que, además, asumieron una posición más fuerte dentro de los nuevos parámetros institucionales. Por lo tanto, el decreto fortaleció también la relación entre los gremios cañeros, las dos confederaciones agrícolas del PRI y el gobierno. Sin embargo, en los años noventa el gobierno ya no tenía recursos suficientes para suministrar las garantías sociales ni los beneficios políticos que antes habían asegurado la lealtad gremial al partido y al gobierno. Esta ruptura del compromiso histórico entre las distintas fuerzas económicas y político-sociales ha constituido uno de los desafíos fundamentales para los gremios cañeros. Ahora tienen que ofrecer beneficios en términos de las nuevas condiciones macroeconómicas y bajo la devaluación de los factores sociopolíticos que antes habían llevado a su legitimación. Esto ha constituido un desafío en sí, pero se ha acentuado por la nueva crisis en la industria azucarera que estalló en 2001.

2. La crisis de la industria y los nuevos desafíos para los gremios

La nueva crisis de la industria azucarera tiene varias causas. Los componentes económicos incluyen la importación excesiva de azúcar del mercado libre internacional en 1991-1992; la desorganización del mercado azucarero nacional; la producción de azúcar más allá de las demandas nacionales y de las cuotas norteamericanas de exportación restringida; la sustitución parcial de productos azucareros en el mercado nacional por la importación y por la producción nacional de fructosa, y la explosión de la deuda industrial con aumentos drásticos en las tasas de interés en 1994-1995 (Espinosa, 1999; Mestries, 2000; García Chávez, 1997, 1998; Azúcar y Fructosa, año 3, núm. 39, 2001, pp. 3-7 y otros números de 1999 a 2002). Procesos correspondientes en el campo incluyeron un aumento dramático en el "tiempo perdido", resultante de máquinas industriales en reparación y lluvias tempranas. En 2001, la "caña quedada" en el campo asumió un nuevo récord con caña programada pero no cortada, caña quemada sin ser cortada y caña cortada sin ser transportada a la fábrica.

Estos factores han sido acentuados por procesos políticos que incluyen la venta de ingenios a grupos ligados con el gobierno en términos personales, pero sin intención o sin capacidad de invertir nuevos recursos. El consorcio más grande, con nueve de los 60 ingenios, pertenecía a Enrique Molina hasta la expropiación de sus ingenios por el gobierno el 3 de septiembre de 2001. Molina controlaba otras industrias, incluyendo fábricas de Pepsi Cola y una cadena de hoteles. Entró en la industria azucarera como amigo de Carlos Salinas de Gortari, pero sin conocimiento del ramo y sin capacidad ni voluntad de invertir adecuadamente para modernizar los ingenios conseguidos con préstamos nunca pagados y a precios por debajo de su valor real. A partir de julio de 2001, Molina⁵ ha sido acusado de violar un decreto presidencial de 1996 usando subsidios para la exportación definitiva de azúcar al mercado libre, para conseguir azúcar del mismo mercado a precios más bajos como materia prima en sus fábricas refresqueras, contribuyendo así al exceso de oferta en el mercado nacional.

Otros factores de la crisis que enfrentó la industria azucarera eran dudosas manipulaciones del mercado azucarero por agentes gubernamentales e industriales. Por ejemplo, una amplia gama de informantes en distintos sectores dice saber del negocio que Raúl Salinas de Gortari (entonces director de la Conasupo) hizo con el entonces secretario de Agricultura, Carlos Hank González, para importar entre 1 000 y 2 000 toneladas de azúcar del mercado dumping en 1991-1992, a pesar de que había una producción nacional suficiente para responder a las demandas del país. De acuerdo con esta versión, Salinas vendió este excedente a precios más altos en el mercado nacional, donde la distribución y los precios todavía estaban estrictamente controlados por Azúcar S.A. Se dice que Salinas y Hank González desviaron la diferencia entre los precios a sus propias cuentas (informantes de la industria azucarera, de la UNC y de la UNPCA, Distrito Federal, diciembre de 2000 y junio de 2001).

Para los productores de caña en general, esta crisis ha resultado en la falta de recursos por parte de los industriales azucareros para asegurar adecuadamente el financiamiento del cultivo y el pago de la caña tal como lo estipula el Decreto Cañero.⁶ Esta crisis ha tenido consecuencias tanto económicas como políticas para los gremios cañeros. En términos económicos, los gremios asumieron nuevas funciones en el año 2000 que no estaban postuladas por el Decreto, sino que se crearon por necesidades sociales en el contexto de la crisis industrial. Dichas funciones incluyen la formación de fideicomisos para financiar una parte sustancial del cultivo; proyectos para mantener la operación de ingenios en quiebra, y el uso de nuevos fideicomisos como intermediarios o "puentes" para pagar la caña temporalmente, cuando los ingenios se hallan sin fondos adecuados. Pero hasta el año 2001, el éxito de estos programas quedó directamente ligado a la capacidad de los ingenios para pagar la caña y evitar la quiebra. Cuando la crisis de la industria llegó a su punto más serio en el verano de 2001, y no quedó ningún ingenio capaz de cubrir el pago de la caña, el gobierno obligó a grupos azucareros y cañeros a formar nuevos fideicomisos (Ficañas) para asegurar el cultivo y el pago de la caña, tomando como garantía el azúcar futuro de la zafra 2001-2002.

El 3 de septiembre de 2001, el gobierno dio un segundo paso, nacionalizando y asumiendo la administración de 27 ingenios con una deuda conjunta de 46 000 millones de pesos (La Jornada, 11 de octubre, 2000; www.jornada.unam.mx/021n1pol.httm), con la intención de sanear su financiamiento, atraer inversiones y ordenar el mercado azucarero nacional para reprivatizar los ingenios en un periodo de 18 meses. Para los cañeros y sus gremios, estas medidas significaban una nueva seguridad para el financiamiento y el pago del cultivo. Establecían, además, una posición más fuerte para un gobierno que busca cerrar ingenios ineficientes y trasladar fondos hacia productores y asociaciones locales de cañeros con más recursos productivos, planteando así nuevos desafíos políticos y programáticos para los gremios cañeros.

Estos desafíos se definieron con más claridad cuando el PRI fue derrotado en las elecciones de 2000. Mientras que la transformación de la economía nacional y la crisis de la industria azucarera ya habían debilitado la capacidad establecida del partido de "entregar" los beneficios acostumbrados, la disolución formal de la hegemonía priísta ha forzado a sus gremios cañeros a reconocer su debilidad en un marco institucional derivado de simples decretos presidenciales. En conjunto, los dos gremios empezaron a colaborar con la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados para institucionalizar nuevas relaciones agroindustriales a partir de finales de 2000, con un proyecto de ley para la agroindustria azucarera, cuyo objetivo principal es cambiar su dependencia de decretos gubernamentales por una seguridad jurídica de sus conquistas sociales. En el proyecto de ley —que presentó el PRI y que apoyó el Partido de la Revolución Democrática (PRD)— se busca fomentar el interés público y social en el mantenimiento de la rama agroindustrial y, por lo tanto, se reconoce la importancia de factores no incluidos específicamente en el modelo neoliberal de la economía nacional. Sus otros objetivos generales son el fomento económico de la agroindustria y la democratización de la representación gremial (UNPCA, 2001; entrevistas con dirigentes de los dos gremios cañeros en el D. F., diciembre de 2000, julio y agosto de 2001, junio de 2002).

En términos institucionales, en el proyecto de ley se propone restablecer una fuerte dirección estatal en la rama agroindustrial, bajo una nueva centralización administrativa y la integración vertical de las distintas ramas gubernamentales bajo una "ventanilla única". En esta ventanilla los gremios cañeros quedarían integrados en un comité de la agroindustria azucarera más fuerte, al mismo tiempo que se propuso una nueva autonomía financiera de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Controversias Azucareras. El proyecto fue modificado en la legislatura con intervenciones de la industria y del gobierno, y encontró resistencia en el sector industrial. En parte, la disputa entre industriales y cañeros sobre este proyecto de ley se basa en desacuerdos económicos sobre la fórmula y el calendario de pago para la caña;⁷ la responsabilidad de los productores rurales de entregar una caña limpia;⁸ el contrato único bajo distintas condiciones regionales; la productividad individual o colectiva como factor en el precio de la caña, y la relación directa entre los precios de la caña y del azúcar, que hasta la mitad de los años noventa siempre había garantizado aumentos en el precio de la caña.

La industria azucarera rechaza la posición de los gremios cañeros en el proyecto de ley, en parte porque ve a este último como un mecanismo de consolidación bajo nuevos procesos corporativistas. Además, considera que el proyecto de ley es incompatible con las nuevas condiciones de una economía liberalizada, porque aumenta "artificialmente" los costos de la caña a un nivel que restringe la competitividad de la industria en el mercado internacional y con los productores del jarabe de maíz.⁹ La industria exige también una recomposición de sus relaciones con los gremios cañeros de acuerdo con las nuevas necesidades del mercado e insiste en que estas necesidades requieren contratos que varíen según las distintas condiciones regionales y según la productividad de cada cañero (entrevistas con representantes industriales, julio de 2001; Azúcar y Fructosa, vol. 3, núm. 36, 2001: 6; CNIAA, 2001: 7 y 9 ). Muchos dirigentes cañeros ven la insistencia de la industria en estas medidas como un intento de romper el contrato colectivo y debilitar a los gremios cañeros centrales (UNPCA y UNC, entrevistas en junio de 2001).

La restructuración en las relaciones agroindustriales también es motivo de enfrentamientos dentro de las ramas industrial y cañera en torno a políticas gubernamentales y al control del gremio. En la industria hay diferencias de intereses entre fábricas que producen exclusivamente para el mercado azucarero y los consorcios que integran verticalmente la producción de sus ingenios con industrias secundarias de bebidas embotelladas o pan dulce. En 2001 los conflictos más graves cruzaron esta línea e incidieron en el cumplimiento de acuerdos sobre la venta de excedentes en el mercado libre con grandes pérdidas. Estos conflictos también afectaron los ingresos de los cañeros y, por lo tanto, definieron los temas de confrontación para sus gremios. Dentro de las agrupaciones cañeras, los problemas centrales para los gremios priístas incluyen la necesidad de redefinir sus relaciones con el PRI y la búsqueda de cambios en su operación interna.

 

III. CAMBIOS EN LOS PARÁMETROS POLÍTICOS Y LOS GREMIOS CAÑEROS

La transformación y la crisis de la agroindustria azucarera han creado nuevas condiciones que llevan tanto al enfrentamiento como a la colaboración entre la industria azucarera y los gremios cañeros. En casos excepcionales —por ejemplo en algunas regiones de Jalisco— han surgido nuevas formas de colaboración entre la gerencia industrial, los cañeros y sus gremios regionales para aumentar la productividad y reducir los gastos bajo condiciones financieras favorables.¹⁰ Pero en general, la combinación de la crisis financiera y de nuevas formas locales de colaboración entre dirigentes gremiales e industriales, ha provocado desconfianza entre los cañeros y el desafío correspondiente para la legitimación de los gremios. En algunos casos, la desconfianza queda justificada en vista de los acuerdos fraudulentos a que llegaron entre dirigentes cañeros y gerentes de ingenios, en perjuicio de la mayoría de los productores locales (entrevista con un cañero afiliado a dos ingenios en Oaxaca y Veracruz; Distrito Federal, junio de 1999 y de 2001). Dentro de los gremios nacionales se reconoce la necesidad de terminar con estos vicios tradicionales.¹¹ Aparte de los problemas relacionados con estas prácticas, también han surgido nuevas disputas internas sobre el control del gremio y sobre sus relaciones con el PRI.

1. La organización interna de los gremios

En la Unión Nacional de Cañeros (UNC), estas disputas salieron a la luz a partir de principios de los años noventa, con desacuerdos entre las planillas que aspiraban a cargos gremiales. El primer conflicto se pudo resolver en 1993 con una orden presidencial que establecía un compromiso mediante el cual las facciones dividían los puestos gremiales bajo la dirección del empresario Miguel Ortiz Jonguitud. Durante sus dos periodos regulares (1993-1999), Ortiz se afianzó como representante de la corriente neoliberal y apoyó la eliminación de subsidios y garantías por parte del gobierno (entrevistado en 1997 y 1998). Sin embargo, según un amplio consenso entre industriales, representantes del gobierno, dirigentes gremiales y periodistas que conocían la rama azucarera (entrevistas en junio de 2000 y 2001), Ortiz no trató de introducir cambios en las prácticas tradicionales de los gremios, raras veces convocó a asambleas nacionales y manipuló esas asambleas para obtener la aprobación de decisiones ya tomadas en la cúpula gremial.

Cuando terminó el último periodo permitido por los estatutos de la UNC en 1999, Ortiz recibió una prórroga excepcional de su dirección en una asamblea extraordinaria. Con esta decisión, el grupo opositor dirigido por Rolando Saavedra se vio privado de su periodo. Con el apoyo de siete de las 59 agrupaciones locales afiliadas al gremio, ese grupo se apoderó de las oficinas centrales de la UNC a fines de abril de 1999. Rechazando el compromiso neoliberal de Ortiz, la facción de Saavedra izó la bandera populista en sus declaraciones. En sus carteles se tildaba a Ortiz de "ladrón", y su nombre aparecía rodeado de suásticas (D.F., julio de 1999). Informantes industriales, gubernamentales y dirigentes aliados de Ortiz declararon, a su vez, que el movimiento de Saavedra promovió sus fines personales y usó los métodos tradicionales que habían servido a políticos derrotados para demostrar que todavía eran viables. En una nueva asamblea extraordinaria de la UNC en 2000, la facción disidente movilizó a sus seguidores para romper la asamblea y cancelar la elección. Finalmente fue Saavedra quien salió perdiendo en este conflicto y fue expulsado de la UNC acusado de deslealtad y de violaciones de los estatutos gremiales. La facción de Ortiz fue reconocida por el gobierno y por la industria y en julio del 2001 la planilla encabezada por Carlos Blackaller fue elegida sin oposición para dirigir el Comité Ejecutivo Nacional. Pero hasta mi última visita (junio de 2002), el gremio se vio obligado a rentar oficinas fuera de su central con la esperanza de una resolución judicial.¹²

Este tipo de confrontación también se manifestó en la UNPCA contra otras tres planillas, cuando el veracruzano Manuel Pérez Bonilla asumió la dirección del gremio en 1994, tras la intervención personal del entonces presidente Salinas de Gortari. Un miembro de la directiva de la UNPCA, entrevistado en 1999, puso de relieve que este proceso representaba cierto progreso, porque por primera vez la decisión presidencial se había tomado "mediante consultas" con dirigentes de la CNC. Lo que distinguía la dirección de Pérez Bonilla (1994-1999) era su fuerte personalidad y la manera de afirmar su posición como dirigente. En esta competencia, Pérez Bonilla reforzó su posición obteniendo el apoyo de las secciones regionales de la unión, a lo cual se oponían las facciones que dominaban el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Para movilizar a las fuerzas locales, ofreció más influencia directa en las decisiones de las oficinas centrales y una participación más activa en la elección de sus dirigentes y delegados regionales. En junio de 2000 y de 2001, este modo de ascenso al poder fue visto por un representante del gremio como un paso hacia la posibilidad de una apertura democrática dentro del gremio (entrevistas en el D.F., junio de 2000 y de 2001). Pero una influencia ampliada de la base no implica necesariamente cambios en los usos y costumbres políticos.

De hecho, esta apertura estaba estrechamente ligada a la personalidad de Pérez Bonilla, a su reconocimiento de la necesidad de reconciliar las prácticas políticas establecidas con su compromiso hacia una administración gremial más abierta, y a la coyuntura política más amplia prevaleciente al principio de los años noventa. En esa época, cuando Hugo Andrés Araujo era secretario general de la CNC, se planteaba la formación de un "nuevo movimiento campesino" que intentaba unir la autonomía gremial con la modernización neoliberal (MacKinlay, 1996: 206-217). Esta coyuntura empezó a cambiar con la caída de Araujo a principios del sexenio zedillista y terminó definitivamente con la candidatura priísta de Miguel Alemán Velasco para el gobierno de Veracruz en 1999. La candidatura de Alemán estaba ligada a alianzas que no incluían a los gremios cañeros, e informantes ligados a la UNPCA (entrevistados en el D. F., en junio 2000 y de 2002) han sugerido que este cambio en la coyuntura política explica la decisión de Pérez Bonilla de renunciar a su cargo en 1998, antes de que terminara su segundo periodo. Los argumentos en este sentido indican que Pérez Bonilla no quería que la campaña para la gubernatura interfiriera en la elección del nuevo CEN del gremio y que quería dar una ventaja a su candidato preferido, Francisco Castro González. Sin embargo, Castro no ha demostrado la misma fuerza, y sus oportunidades de entrar en negociaciones exitosas con la industria disminuyeron a partir de que ésta enfrentó la crisis más aguda de su historia en ese tiempo.

En 2001 esta crisis dio lugar a nuevas movilizaciones locales, en las que los cañeros tomaron las bodegas y oficinas de los ingenios, así como a una multiplicación de viajes organizados a las oficinas gremiales y gubernamentales en el Distrito Federal, para exigir el pago inmediato y completo de la caña. Las movilizaciones indicaron a los dirigentes gremiales la necesidad de insistir con más vigor en sus demandas, pero en la UNPCA este reconocimiento llegó demasiado tarde. El descontento con el liderazgo de Francisco Castro González ya se había presentado cuando se formó una alianza dentro del CEN del gremio a principios de la zafra 2000-2001, mediante la cual el también veracruzano Jorge Schettino Pérez se destacó como la figura central para insistir en una resistencia más dura contra la falta de financiamiento y de pago.

El 9 de julio de 2001, ese grupo procedió a la ocupación de las oficinas gubernamentales de las secretarías de Agricultura (Sagarpa), de Economía y de Hacienda. El movimiento encontró su apoyo en la base cañera al demandar pagos de la manera estipulada por el Decreto Cañero para el azúcar molido y para la "caña quedada" en el campo por fallas técnicas y laborales en las fábricas.¹³ La oposición lanzó tres planillas para la elección de la nueva direccion nacional en el verano de 2001, denunciado a Castro como una figura demasiado "política" y sin compromisos claros con la lucha de los cañeros que demandaban el pago justo por su cultivo (entrevistas con dirigentes disidentes de la UNPCA aliados con la planilla de Schettino, D. F., junio de 2001 y de 2002; véase también La Jornada, 7 de agosto de 2001). Por lo tanto, esta movilización puso de manifiesto no solamente el conflicto entre cañeros e industriales, sino también una confrontación dentro del gremio cañero en relación con las estrategias, las demandas, y con el poder. Además, surgieron nuevos conflictos en el mismo mes sobre los procedimientos que la facción de Francisco Castro aplicó para asegurar su reelección al CEN del gremio.

Según diversas fuentes, Francisco Castro inició el proceso de su reelección violando los estatutos gremiales, con una planilla única que era apoyada por una minoría del comité ejecutivo, y usando tácticas tradicionales de imposición, antes de que las otras planillas pudieran iniciar su campaña.¹⁴ No se informó ampliamente de la convocatoria a todos los miembros ni a todos los dirigentes nacionales y regionales; Castro fue elegido por delegados que en muchos casos no habrían sido nombrados ni elegidos en asambleas locales sino meramente por dirigentes locales aliados suyos y, finalmente, después del anuncio de la convocatoria en Tabasco, Castro trasladó el congreso a Oaxaca a toda prisa y sin aviso previo a todos los miembros. Los 17 disidentes, la mayoría de los 24 miembros del CEN, se enteraron de la convocatoria unos cinco o seis días antes de la asamblea extraordinaria. La junta del Jurado de Honor y Justicia de la UNPCA no reconoció la elección de Castro en respuesta a la protesta de la planilla opositora. Esta junta suspendió los cargos del comité ejecutivo y encargó la administración a otros dirigentes con carácter interino.

Tras este conflicto interno, ha surgido una nueva constelación de alianzas políticas. Por un lado, el grupo de Jorge Schettino y las otras dos planillas disidentes reclaman la aplicación estricta de los estatutos gremiales para elegir a la nueva dirección. Sus contrincantes siguen a Francisco Castro, que obtuvo el reconocimiento del gobierno federal y específicamente de la Sagarpa.¹⁵ Esta alianza fue reconocida también por la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera (CNIAA), que aceptó las decisiones gubernamentales y no quiso "meterse" en los conflictos intragremiales. Según informantes ligados a Schettino, la Cámara ha quedado seriamente debilitada a consecuencia de la crisis de la industria, la nacionalización de casi la mitad de los ingenios y su reducida capacidad para cubrir sus gastos operativos. Al mismo tiempo, el conflicto nacional en la UNPCA condujo a confrontaciones en las elecciones regionales del gremio. Mientras que, en términos generales, Castro tenía el apoyo de la mayoría de los dirigentes gremiales regionales en las 60 zonas cañeras, su oposición recibió el apoyo de la base cañera. En cinco zonas surgieron divisiones y elecciones "paralelas" en las que dos o más grupos reclamaron su derecho de dirigir los gremios.

El grupo de Castro retomó las oficinas del gremio y, en septiembre de 2002, entró a una nueva alianza con fracciones "tradicionales" del PRI y de la CNC que buscaron resolver sus propias confrontaciones internas. Pero el esfuerzo de "cerrar filas" en esta nueva alianza horizontal tuvo sus límites, porque representó acuerdos sobre la distribución del poder sin resolver las demandas para reformar los procesos que rigen la adquisición de puestos y el manejo de los oficios. Representó, además, una alianza necesaria más que deseada, entre los comités ejecutivos partidarios y gremiales, que reconocieron la necesidad de presentar un frente unido con miras a las elecciones legislativas de 2003. Esta presentación cubre pero no resuelve los conflictos sobre el poder y sobre la dirección programática adentro y entre estas ramas.

2. La redefinición de tas relaciones entre gremios, partidos y gobierno

La derrota del PRI en la elección presidencial del año 2000 rompió la razón establecida para el nexo de los gremios cañeros con el partido gobernante, y cambió sus opciones en la representación del interés de sus miembros. Con estos cambios han surgido distintas alternativas para los gremios cañeros en términos programáticos y políticos. Las opciones programáticas se reflejan en debates acerca del proyecto de ley cañera-azucarera. Mientras que los cañeros ligados al PAN y la fracción cenecista vinculada con Castro apoyaron el proyecto gubernamental que busca redefinir las relaciones entre la producción, el financiamiento y la comercialización, la facción de la UNPCA dirigida por Jorge Schettino y la UNC —ligada al PRD— impulsaron la transformación del Decreto Cañero en una ley que asegura la certidumbre legal de las conquistas cañeras estipuladas por el decreto, sin buscar cambios fundamentales en la naturaleza de las relaciones de producción agroindustrial. En el contexto de estas opciones, el grupo que ahora (octubre de 2002) ocupa las oficinas de la UNPCA bajo el mando de Francisco Castro, se ha alejado de su propio proyecto de ley desde noviembre de 2001. Como se demostró en la sección anterior, esta división está estrechamente ligada con factores de naturaleza política que tocan el conflicto sobre el control del gremio. Este conflicto tiene que entenderse en términos de la dinámica más amplia de luchas y alianzas en que el gobierno ocupa una posición clave.

a) Divisiones gremiales y nuevos vínculos con el gobierno

A partir de la entrada del gobierno federal en la industria, haciéndose cargo de 27 ingenios en 2001, esta dinámica adquirió nuevos parámetros.¹⁶ Por un lado, fortaleció la posición del gobierno, estabilizó el mercado azucarero y aseguró el financiamiento del cultivo así como el pago de la caña. Por otro lado, existe escepticismo en la facción disidente de la UNPCA y en la cámara de los azucareros sobre los motivos y la justificación legal de la expropiación de los ingenios. La facción disidente de la UNPCA ha presentado acusaciones (UNPCA, 2001: 5-9) en las que se cuestiona la justificación de la expropiación estatal de los ingenios que habían pagado 80% de sus deudas a los cañeros y que habían formado nuevos fideicomisos para asegurar el pago restante y la preparación para la zafra 2001-2002. Según el grupo disidente, dos de las "causas de utilidad pública" esgrimidas por el gobierno para justificar la expropiación de los ingenios (la búsqueda de administraciones "sanas" y la eliminación de prácticas comerciales indebidas; empresas sin salud financiera) no tenían fundamento legal, y las otras dos causas presentadas (necesidad de asegurar recursos y garantizar empleos) carecían de documentación.

En este contexto, los disidentes asociaron la selección de los grupos azucareros expropiados con su vieja militancia en el PRI (el grupo Santos) y con su apoyo a Francisco Labastida en su campaña electoral de 2000 (el grupo Machado I). Los consorcios expropiados eran los más grandes y producían casi la mitad del azúcar nacional. Dada la existencia de otros grupos azucareros en condiciones parecidas que no fueron expropiados, los disidentes de la UNPCA sugieren que el motivo de esta selección fue romper la influencia de los grupos azucareros más fuertes para reforzar la influencia del gobierno en la restructuración, y disminuir al sector mediante el cierre de ingenios. Un representante de la CNIAA (junio de 2002) comparte la sospecha de los disidentes de la UNPCA en torno a los criterios políticos aplicados en la selección de los ingenios expropiados; no comparte, empero, el argumento de que las expropiaciones no son justificadas, pero defiende estas medidas gubernamentales solamente en términos económicos, dejando de lado a los jurídicos.

Las decisiones gubernamentales acerca de sus relaciones con los gremios cañeros manifiestan estrategias divisionistas parecidas en las dos ramas. La reelección de Francisco Castro como líder gremial durante la segunda mitad de 2001, en contra de lo estipulado por los estatutos gremiales, estaba estrechamente ligada a su capacidad de aprovechar la nueva constelación política. En un arreglo, el gobierno reconoció a la dirigencia de Castro, aumentó el precio de la caña sin justificación, según los criterios del Decreto Cañero, y aseguró el pago de la caña para la zafra anterior de 2001-2002 y los insumos para la zafra de 20022003. Con estas medidas económicas a favor de los cañeros, así como debido a la posición política reconocida de Castro, se devolvió la motivación de la base cañera para continuar su movilización. A cambio, Castro, como presidente de la nueva Comisión de la Agroindustria Azucarera en la Cámara de Diputados, dio una vuelta de 180 grados y abandonó su apoyo efectivo al proyecto de ley azucarera-cañera, con la anuencia de los legisladores panistas en la Cámara de Diputados.

Mientras que el pacto de Castro con el gobierno le sirvió para restablecer su posición como dirigente del gremio, sus adversarios están convencidos de que el gobierno usó a Castro "como la araña a la mosca: [...] le chupan la sangre, y luego la tiran" (un dirigente disidente de la UNPCA; D. F., agosto de 2001). Los disidentes sugieren que esta estrategia incluiría el cierre de algunos de los ingenios expropiados con el fin de abrir el mercado mexicano a la fructosa (la rama industrial con la que el presidente Vicente Fox tiene viejos vínculos como productor de refrescos).

Estas interpretaciones nos dan una idea acerca de las maneras en que ciertos actores involucrados entienden su situación y la naturaleza de su juego político. Dejando de lado los intereses específicos que se expresan en estas preocupaciones, los hechos en su conjunto indican que las confrontaciones de 2001 entre los dirigentes nacionales y regionales de la UNPCA estaban asociadas con una alianza emergente entre el nuevo gobierno y los antiguos líderes gremiales, en la que se reproducen las formas de movilización y cooptación establecidas durante el régimen del PRI. La facción opositora de Schettino, por su parte, justificó su movimiento en los estatutos gremiales del PRI y de la UNPCA, en el descontento de la base y en el creciente espacio para procesos de democratización y ciudadanía en el discurso público. Estos conflictos en la UNPCA tienen lugar en el contexto más amplio de las confrontaciones en torno a las direcciones programáticas del gobierno y al futuro de las relaciones entre los gremios cañeros y los partidos políticos. Pero estas divisiones representan solamente una parte de las fracturas más complejas que han resultado de las relaciones específicas entre procesos de apertura política institucional y búsquedas de poder tanto en el nivel nacional como en las esferas regionales.

b) Divisiones más amplias y movimientos hacia la reintegración

En el nivel nacional, se iniciaron nuevas movilizaciones fuera de los gremios priístas en los años noventa, con la formación de gremios cañeros bajo los auspicios del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y en agosto de 2001, simpatizantes del PAN formaron su propio gremio cañero nacional.¹⁷ Ante la expectativa de nuevos cambios en el Decreto Cañero, el gobierno ahora reconoce que "el decreto ya es obsoleto" y requiere "un marco jurídico actualizado" para "eliminar el corporativismo [...] para que así la CNC y la CNPR no sean dueños de los cañeros sino que sea la libre asociación de los productores de la caña" (Javier Usabiaga, secretario de la Sagarpa, citado en Azúcar y Fructosa, año 3, núm. 43, p. 8).

Estos desafíos también se manifiestan en las esferas regionales. Un caso ejemplar es el de un grupo de empresarios cañeros asociados con la Fundación Produce Jalisco. Aparte de sus proyectos de capitalizar la cosecha de la caña y de construir un trapiche con tecnología avanzada, que produce edulcorantes finos para cadenas alimentarias en los mercados metropolitanos, este grupo también se está distanciando de los gremios cañeros del PRI y busca nuevas formas de asociación a través de círculos regionales.¹⁸ En parte, esta división está marcada por el interés de los empresarios en aprovechar fondos destinados a promover la capitalización y la diversificación agrícola en escala regional. Además, indica opciones ideológicas y partidistas para aprovechar las oportunidades de un nuevo espacio político, a partir de que el Partido Acción Nacional asumió el gobierno federal y el de Jalisco en 2000. Pero este cambio se vincula también con la estrategia política de una planilla que había perdido la última elección para el comité de producción del ingenio Tamazula, y no está claro el grado en que esta división refleja meramente la adaptación de prácticas tradicionales a la nueva constelación política de la región.

Los dos grupos se acusan mutuamente de haber manipulado la elección, de fraude electoral o de poner candidatos que falsamente pretenden ser cañeros (entrevistas con representantes de la planilla perdedora en Tamazula y de la UNPCA nacional, diciembre de 2000 y junio de 2001). Situaciones parecidas se habían presentado en la UNPCA en noviembre de 1999, cuando la antigua facción de Isidro Pulido Reyes anunció la formación de la Confederación de Productores de Caña, Trabajadores y Asalariados del Campo, que se declaraba independiente de cualquier partido político y contra "el corporativismo político de las organizaciones" (véase Azúcar y Fructosa, año 2, núm. 21, 1999, p. 13). Pero Pulido Reyes es hoy una figura políticamente desgastada, y su organización nunca llegó a operar como gremio.

Los dirigentes de los gremios cañeros del PRI se daban cuenta de estos desafíos. Por un lado, la reciente formación de gremios cañeros fuera del PRI ha planteado nuevas posibilidades para que se den cambios de bandera y divisiones internas. Por otro lado, existe una creciente conciencia en el nuevo comité ejecutivo de la UNC (julio de 2001) sobre la necesidad de desligar a los gremios cañeros de cualquier partido o puesto político. Antes de la ruptura abierta en la UNPCA, un dirigente propuso que los dos gremios nacionales se disolvieran para formar "un solo órgano gremial que integre a la totalidad de los gremios locales" con "libertad de afiliación individual y con unidad [local] de representación gremial" (Spinoso Foglia, 2001: 6-7). Según este autor, tal apertura debe reflejarse en la nueva ley cañera-azucarera y facilitar la incorporación de las asociaciones regionales minoritarias en los comités de producción.

Acerca de la representación regional y nacional, los debates en la UNPCA¹⁹ de 2001 y de 2002 se concentraron en el porcentaje mínimo de votos requeridos en el nivel regional, para asegurar la representación de gremios minoritarios en los comités de producción y el número máximo de gremios nacionales registrados; pero se reconocía la necesidad de abrir el espacio político a gremios adicionales sin relación con el PRI. La nueva versión del proyecto de ley cañero-azucarera desdeñada por los diputados federales del PAN, en el verano de 2002, retoma explícitamente esta entrada de otros gremios al nivel regional, pero propone la disolución de cualquier vínculo partidario de una sola cámara cañera nacional y contratos regionales entre cañeros e ingenios que tomen en cuenta las distintas condiciones geográficas (entrevista con un diputado panista, junio de 2002; véase también Azúcar y Fructosa, año 4, número 3, 2002, p. 4).

Estas versiones de una representación democratizada, han dado como resultado nuevos debates sobre los principios contradictorios entre libertad individual e intereses colectivos, las formas prácticas con que se puede responder a estas contradicciones y los costos y beneficios de distintas estrategias. Mientras que los gremios cañeros discuten la necesidad de abrir el espacio institucional a otros gremios, dirigentes de la industria azucarera han planteado su crítica a esta estrategia porque, a pesar de su interés en contratos con variaciones regionales en su contenido, prefieren negociaciones eficientes con un solo gremio nacional o, dada la nueva realidad política, con un máximo de tres gremios nacionales. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió, definitivamente, en 2001, un asunto parecido en el caso del sindicato de los obreros azucareros, afirmando la prioridad del derecho primario de libre asociación individual, sobre una lucha de clases basada en la cláusula de exclusión gremial. Esta decisión favoreció a un sindicato azucarero independiente, perteneciente a una fracción disidente, en mayo de 2001;²⁰ decisión que tiene implicaciones claras también para los gremios cañeros del PRI, que deben evaluar tanto las oportunidades como los riesgos implicados en este dictamen para su organización corporativista.

En los gremios regionales y en la base cañera existen actitudes ambivalentes que reconocen la necesidad de un gremio fuerte, pero al mismo tiempo existe un cierto escepticismo cuyo origen es una mezcla de experiencias anteriores y hechos más recientes en las esferas políticas y económicas. Con frecuencia este escepticismo está relacionado con la dificultad de interpretar liquidaciones complejas y ciertos gastos que aparecen en las cuentas de dichas liquidaciones, incluyendo los "gastos varios" y las cuotas gremiales. Hay desconfianza acerca del uso de estas cuotas por parte de los dirigentes regionales y nacionales; a muchos cañeros estas cuotas les parecen demasiado altas y otros prefieren no pagar a ningún gremio o afiliarse a gremios fuera del PRI. Mientras que la mayoría de los cañeros reconoce la necesidad de una representación gremial, estas manifestaciones de descontento plantean otro desafío para las uniones cañeras que dependen de la voluntad de los gerentes de los ingenios para cobrar sus cuotas en las liquidaciones cañeras. Si los administradores industriales ponen fin a este servicio, los gremios tendrán grandes dificultades para cubrir las cuotas de muchos cañeros que, aunque reconocen la importancia de los gremios, argumentan no tener el dinero cuando se requiere.

 

CONCLUSIONES

En este trabajo se ha intentado evaluar la relevancia de teorías que postulan estrechas relaciones entre procesos de liberalización económica, democratización en las instituciones políticas y cambios en los usos y costumbres políticos que prevalecen en el nivel institucional, tanto en la arena de los partidos políticos como en las organizaciones sociales. Tomando el caso de los gremios cañeros mexicanos como un ejemplo, los resultados de la investigación demuestran que las relaciones entre cambios económicos, políticos y culturales son más problemáticas que las que se postulan en las teorías mencionadas al principio de este trabajo. Pero, no obstante la validez de estas teorías, el caso estudiado en este trabajo sugiere relaciones de causa-efecto más complejas. La liberalización económica no tiene efectos inmediatos y directos sobre los cambios en las esferas institucionales y culturales, a menos que se den movilizaciones e iniciativas gubernamentales, legislativas, civiles y gremiales interrelacionadas. Además, en el interior de los gremios operan procesos distintos en las esferas económica, política o cultural que tienen su propia racionalidad. Un cierto grado de correspondencia entre estas esferas es necesario para la continuidad de cada una de ellas y de su conjunto.

Pero tal correspondencia es intrínsecamente problemática por el grado de autonomía propia que tienen los principios que rigen en cada una de dichas esferas. El hecho de que podamos confirmar la naturaleza compleja de estas relaciones, refuerza una variedad de teorías más generales que desde los años setenta han subrayado la "autonomía relativa" de distintas esferas o "campos" sociales, o las relaciones contradictorias entre los procesos "autopoiéticos" de distintos "sistemas" de la sociedad y de su ambiente trasnacional.²¹ En la arena del campo mexicano, estas perspectivas encuentran su análisis correspondiente en el libro reciente de Gerardo Otero (1999), que destaca la relevancia de distintas estructuras y procesos —en las esferas de clase social, política, liderazgo personal y de culturas regionales— que operan con sus propias lógicas y cuya reconciliación es necesaria pero precaria y sujeta a confrontaciones.

El estudio aquí presentado sugiere la utilidad de estos argumentos, en términos generales, para entender la dinámica de los cambios que enfrentan los gremios cañeros del PRI. Indica que los cambios en las relaciones entre la dirigencia de estos gremios, sus miembros, la industria azucarera, el gobierno y la legislatura federal implican la búsqueda de una reconciliación de principios distintos. Esta búsqueda se encuentra ahora en una fase transitoria, cuyo resultado final dependerá de los cambios en el juego político en el interior y entre estos agentes sociales. Al enfocarse en los factores que promueven o impiden cambios en los objetivos, así como en los usos y costumbres políticos de las dirigencias cañeras gremiales, este trabajo demuestra que las esferas económica, político-institucional y organizativa, en gran medida están jugando su propio juego en el que los parámetros de una nueva integración quedan por definirse de acuerdo con lo que resulte de los procesos políticos complejos.

El establecer nuevas relaciones viables y compatibles entre las esferas económicas, políticas y gremiales, en las que se formule un acuerdo sobre intereses comunes, resultará en gran medida de la intersección de movilizaciones sociales y de cambios en las prácticas políticas que prevalezcan en las esferas institucionales y gremiales, dejando de lado las condiciones macroeconómicas en que estos cambios encuentran sus posibilidades y sus límites. En el caso de los cañeros mexicanos y sus gremios, existe hoy una fase de luchas que se enmarca en el contexto de la nueva integración agroindustrial y de las nuevas condiciones políticas, marcadas sobre todo por el fin de la hegemomía del PRI. Este proceso tiene múltiples dimensiones, incluyendo contradicciones entre los pequeños productores campesinos y los medianos y grandes productores empresariales, así como la aparición de corrientes democratizantes a las que se enfrentan aquellos que buscan mantener su poder tradicional, acostumbrados a aprovechar sus cargos para fines personales.

Sin embargo, estas luchas no implican correlaciones inevitables de procesos que buscan la "modernización" o bien el mantenimiento de patrones "tradicionales" de las distintas esferas. Indican relaciones más complejas. La exigencia de elecciones limpias y de una administración abierta de los dirigentes gremiales, puede manifestar convicciones auténticas o meramente la opción obvia de perdedores que quieren distinguirse en la promoción continua de sus aspiraciones. Se pueden observar otros procesos ambivalentes en las relaciones entre democratización institucional y prácticas políticas. El caso de Francisco Castro y sus aliados ofrece, desde 2001, un caso ejemplar de nuevas relaciones entre el proyecto económico neoliberal, la democratización de las instituciones políticas en el "sentido restringido" y prácticas políticas tradicionales. Mediante estas prácticas, el gobierno federal recurre a su autoridad institucional para promover su propia agenda a través de un arreglo mediante el cual, el comité ejecutivo reconocido de la UNPCA y sus aliados regionales se someten, a cambio de mantener su control y en violación evidente de los estatutos partidarios y gremiales.

Si bien se puede esperar que la liberalización económica, en términos generales, y la apertura política institucional van a continuar avanzando, los datos presentados en este trabajo sugieren por lo menos una marcha mucho más lenta en esta dirección y una fuerte resistencia contra la transformación política "en el sentido amplio". Dicha resistencia proviene no solamente de los grupos tradicionales que perderán sus ventajas políticas, sino también de nuevos funcionarios gubernamentales que retoman ciertas prácticas políticas antiguas para poner en marcha su propio programa modernizante y su objetivo político. Específicamente, estos datos indican que las pugnas por el poder y las prácticas políticas representan factores clave para determinar la naturaleza de los cambios en el futuro del manejo de los gremios cañeros.

El caso estudiado presenta una serie de interrogantes sobre las condiciones bajo las cuales la UNC va a continuar su adaptación a las condiciones políticas en proceso de desarrollo y sobre la posibilidad de que la UNPCA tome formalmente una dirección parecida, o si la búsqueda del poder conducirá a su dirigencia a mantener su alianza con un gobierno que, no obstante enmarcarse en un proceso de democratización institucional y de liberalización en la esfera económica, hasta ahora apoya con facilidad a algunas de las viejas prácticas políticas.

 

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Notas

* La primera versión de este trabajo fue presentada como ponencia en el Tercer Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, en Zacatecas, 3-6 de julio de 2001.

* Mi agradecimiento a Gerardo Otero y a Horacio MacKinlay por sus comentarios críticos y sus sugerencias de redacción, así como a Rafael Espejo Saavedra y a Steve Holland-Wempe por su generosa ayuda en la redacción de una versión anterior de este ensayo. Además, quiero reconocer la valiosa disposisión de representantes gremiales, industriales y gubernamentales tanto en el Distrito Federal como en Morelos y en otras regiones cañeras.

¹ "Decreto por el que se declaran de interés público la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar". Diario Oficial, 31 de mayo de 1991. Citado en adelante como "Decreto Cañero".

² Sin embargo, hay grandes variaciones en el grado en que los gremios locales controlan el cultivo y en los patrones de colaboración en la organización del cultivo entre sus dirigentes y la gerencia de los ingenios.

³ En 1983, el promedio nacional de las parcelas cañeras era de 3.8 hectáreas (3.2 hectáreas para ejidatarios; 6.5 hectáreas para propietarios). Si se ajustan estas cifras a las distintas necesidades de tierras de riego (mínimo: 4 hectáreas, usando las categorías dadas en las estadísticas accesibles) y de tierras "de temporal" (sin riego: 8 hectáreas), 82% de los cañeros era minifundista en 1983, sin capacidad de ahorro ni de capitalización si la caña era su única fuente de ingreso (cifras calculadas sobre la base de los datos de Azúcar S. A., 1983, pp. 42, 60. Para datos más recientes, véase también Comité de la Agroindustria Azucarera, 2000a:56).

⁴ En vez de "maíz con alto contenido de fructosa", en adelante hablaré solamente de "fructosa" para simplificar y por tratarse del término conocido.

⁵ La Jornada, 12 de julio de 2001 <http://www.jornada.unam.mx/008n1pol.html> y la respuesta del Grupo Escorpión a esta acusasión, Azúcar y Fructosa, año 3, núm. 40, 2001, p. 6; Reforma; <http://www.reforma.com/leadingnews/artículo/107395/default.html.>

⁶ El predominio de minifundistas con pocos recursos, la necesidad de administrar profesionalmente los recursos financieros de los cañeros y la tradición de no usar tierras ejidales para asegurar préstamos, son los factores principales que han obstaculizado la obtención de créditos propios por parte de la mayoría de los cañeros.

⁷ Los cañeros insisten en que su liquidación final quede situada al término de los seis meses de la zafra en mayo/junio, mientras que los industriales demandan que ese calendario se adapte a la realidad del mercado azucarero durante los doce meses del año, para terminar cuando empieza la siguiente zafra en noviembre/diciembre.

⁸ Los asuntos principales acerca de la limpieza de la caña son la forma de cortarla y de transportarla, así como las ventajas y desventajas de las distintas formas de alza y transporte en términos de caña más limpia, pero con más pérdidas de peso en el corte y en el transporte.

⁹ La disputa sobre el precio de la caña se centra en el porcentaje del valor agregado del azúcar que entra en la fórmula del precio de la caña. En la industria se considera que el 66% estipulado en la Ampliación al Reglamento del Comité de la Agroindustria Azucarera (27 dejulio de 1993) es excesivo, en comparación con el 35% estipulado en otros países. Se insiste en que esta fórmula es un grave obstáculo para competir en el mercado internacional y, con la entrada del jarabe, en el mercado libre nacional.

¹⁰ Véase Singelmann (2002) para un estudio de caso que examina los cañeros y los ingenios de Tamazula y Melchor Ocampo (estado de Jalisco). Al nivel nacional, la caña producida por hectárea bajó constantemente de 77.01 a 67.98 toneladas/hectárea entre 1995 y 2000 (CAA, 2000a:1) y también en los campos de los ingenios Melchor Ocampo y Tamazula (ibid.: 35 y 60). Con la creciente crisis del mercado azucarero nacional entre enero y septiembre de 2001, ningún ingenio fue capaz de pagar la caña a tiempo.

¹¹ Entrevistas con dirigentes nacionales de la UNPCA y de la UNC, así como de los dos gremios locales afiliados al ingenio Emiliano Zapata en Morelos y a los ingenios Melchor Ocampo y Tamazula en el estado de Jalisco, y con administradores de los mismos ingenios en Jalisco (junio de 1999; diciembre de 2000; junio de 2001 y de 2002).

¹² Las razones de los distintos dirigentes nacionales (en entrevistas realizadas en diciembre de 2000, junio de 2001 y de 2002) para no retomar las oficinas por la fuerza, ponían de relieve la importancia de no crear mártires políticos, de no "hacer las cosas como antes" y de tener una decisión judicial como justificación. En el contexto de las elecciones del año 2000, seguramente fue importante no "hacer olas" ni provocar inestabilidad y confrontaciones dentro de los gremios priístas.

¹³ Según el Decreto Cañero, los industriales tienen que pagar la "caña quedada" por fallas de la fábrica (por ejemplo, máquinas paradas); los cañeros cubren pérdidas que resultan de su propia negligencia o mala suerte (descuido o plagas), y las pérdidas debidas a otros factores (lluvias tempranas o granizo) se comparten entre ambas partes.

¹⁴ Las interpretaciones siguientes se fundan en documentos internos del grupo disitente de la UNPCA (UNPCA, 2001 y documentos confidenciales, 2002); entrevistas con dirigentes de la planilla disidente (junio de 2001 y de 2002), con un representante de la Junta de Jurado de Honor y Justicia de la UNPCA (agosto de 2001, noviembre de 2001), y en artículos diarios en los periódicos La Jornada y Excélsior, 10-25 de julio 2000; véase también Azúcar y Fructosa, año 3, núm. 41, 2001, p. 12.

¹⁵ Un representante de la Sagarpa, entrevistado en junio de 2002, reconoció las dudas sobre la aplicación correcta de los estatutos gremiales en la reelección de Castro. Dio, sin embargo, prioridad a consideraciones políticas más que a los estatutos gremiales y legales, subrayando que el apoyo que Castro había recibido por parte de los dirigentes regionales en este proceso era más importante para manifestar su legitimidad, que un enfoque estricto en las reglas formales.

¹⁶ Los siguientes párrafos acerca de las alianzas y confrontaciones más amplias desde 2001 se basan en información e interpretaciones ofrecidas por informantes de la CNIAA, de la Sagarpa y de la facción disidente de la UNPCA en el Distrito Federal (junio de 2001 y de 2002).

¹⁷ La Unión Cañera Democrática (UCD) se formó a principios de los años noventa en varias regiones bajo los auspicios del PRD, y nuevos grupos regionales siguen formándose bajo las siglas de este gremio (véase, por ejemplo, La Unión de Morelos, 15 de octubre de 2001, en la siguiente dirección: <http://www.launion.com.mx/scripts/uniondemor.exe/noticia?noticia=3713>). En agosto de 2001, simpatizantes del PAN formaron el nuevo Organismo de Promoción y Vigilancia Cañera (Coprovic) (Azúcar y Fructosa, año 3, núm. 42, 2001, p.14).

¹⁸ Entrevistas con productores de caña participando en proyectos de Produce Jalisco y con representantes de los dos gremios cañeros nacionales, diciembre de 2000; véase también C. Álvarez Zepeda, 2000; J. Álvarez Zepeda, 1999; Ochoa Amezcua, 2000.

¹⁹ Véase UNPCA, 2001, sección "Democratización de la reorientación gremial"; también Rodríguez Sosa, 2001; entrevistas con miembros del CEN de la UNPCA, junio de 2001.

²⁰ La Jornada, 12 de mayo de 2001, p. 1; 19 de abril de 2001; <http://wwwjornada.unam.mx/043nlsoc.html>; 17 de junio de 2001, p. 12; 19 de junio de 2001, p. 43; 29 de octubre de 2001; 16 de mayo de 2001; <http://www.jornada.unam.mx/020n2pol.php?origen=politica.html>.

²¹ Véanse los argumentos de Poulantzas (1987 [1968]), Bourdieu (1989), Habermas (1981) y Luhmann (1984). Luhmann analiza la naturaleza contradictoria de los sistemas "autopoiéticos" (sistemas que operan bajos su propia lógica, como por ejemplo los principios económicos), pero que tienen que abrirse a otros sistemas dirigidos por lógicas distintas (por ejemplo, políticas o morales) para asegurar su reproduccion y evolución dentro de sistemas más complejos (como los de las sociedades).