Transformaciones: sociedad y Estado en América Latina

 

Reformas estructurales y renovación de las élites económicas en Argentina: estudio de los portavoces de la tierra y del capital*

 

Structural Reforms and Renewal of Economic Elites in Argentine: Studies on the Spokesmen for Land and Capital

 

Mariana Heredia*

 

* Enviar correspondencia a Ramón Castro 2365, CPA (B1636EUQ), Olivos, provincia de Buenos Aires, Argentina. E-mail: mar_heredia@hotmail.com; tel y fax: (5411) 47992186.

 

Recibido en mayo de 2002
Aceptado en julio de 2002

 

Resumen

La intención de este trabajo es contribuir al conocimiento de las élites económicas latinoamericanas, a partir del estudio de dos corporaciones empresariales: la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba-ABA). Estas organizaciones representan a los sectores propietarios más concentrados en sus respectivos dominios de actividad, constituyen los portavoces más perseverantes de la ortodoxia liberal y han sido los principales soportes del gobierno que puso en marcha las reformas de mercado. El texto toma como punto de partida la historia de ambas organizaciones, se centra en su devenir durante los años noventa e introduce un análisis sobre la renovación de las élites económicas en Argentina.

Palabras clave: élites económicas, reformas estructurales, neocorporativismo, liberalismo, oligarquía terrateniente, sector financiero.

 

Abstract

This article seeks to contribute to knowledge of the Latin American economic elites on the basis of the study of two business corporations: the Sociedad Rural Argentina (SRA) and the Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba-ABA), organizations that represent the most concentrated owners' sectors in their respective fields of activity. They constitute the most perseverant spokesmen of liberal orthodoxy and have been the principal supporters of the government that implemented the market reforms. The text begins with the history of both organizations, focuses on their development during the 1990s and ends with an analysis of the renewal of Argentina's economic elites.

Key words: economic elites, structural reforms, neocorporatism, liberalism, land-owner oligarchy, financial sector.

 

INTRODUCCIÓN

A pesar del presunto estallido de las ciencias sociales latinoamericanas en una miríada de campos autocentrados, lo cierto es que las modas intelectuales siguen orientando nuestros debates académicos. Tras la preocupación por el desarrollo en los años sesenta, la dependencia en los setenta y la democracia en los ochenta, las reformas estructurales han ocupado, en la década que acaba de concluir, un lugar de privilegio dentro de los estudios sociales de la región. Como consecuencia no deseada de la especialización disciplinaria y, en algunos casos, de la incorporación acrítica de ciertos términos acuñados en el centro, se ha ido perdiendo de vista hasta qué punto estas renovadas inquietudes podían integrarse con las temáticas precedentes. Así, mientras la ciencia política descubrió en la gobernabilidad una noción bisagra para comprender las transformaciones económicas y políticas recientes, la sociología prefirió volcarse al análisis de sus efectos sociales y muy particularmente a la identificación de las víctimas de dichos procesos.

En aquellas discusiones del pasado, el tema de las élites reclamaba una atención particular. Tanto más en el caso argentino cuanto que diversos analistas habían concluido que el crecimiento discontinuo de la economía y la inestabilidad institucional que la habían signado desde los años treinta, no podían explicarse sino por la falta de una "clase dirigente". Desaparecidos los dos hechos históricos que habían servido de base a estas hipótesis (el estancamiento económico y la alternancia entre gobiernos civiles y militares), la pregunta por las élites dejó de ser, desde principios de los años noventa, un desafío digno de curiosidad. Los análisis sobre la cuestión han sido furtivos y aún más escasos aquellos que buscaron apoyarse en estudios empíricos. Huelga decir, no obstante, que una reorganización tan profunda del capitalismo y de las instituciones democráticas ha de haber redefinido necesariamente la composición, las prácticas y los discursos de las élites económicas.

La intención de este trabajo es contribuir al conocimiento de estos grupos a partir del estudio de dos asociaciones empresariales: la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba-ABA). Estas entidades son organizaciones jerárquicas, formadas por asociación voluntaria, que buscan representar y defender, la primera, los intereses del agro y la segunda los de la banca. El espacio de la representación corporativa se revela especialmente significativo para analizar los cambios económicos y políticos, ya que debe enfrentar una doble exigencia. Por un lado, la representación implica, por definición, la construcción de colectivos con intereses comunes y esta construcción es particularmente intensa en periodos de grandes mutaciones. Por el otro, la interpretación y la readaptación a la coyuntura deben interactuar con cierta inercia institucional resultado de la historia y de los marcos normativos específicos de cada organización (Offerlé, 1994).

Dentro del universo de las corporaciones empresariales argentinas, varias razones han justificado nuestra elección. Por una parte, las asociaciones escogidas se autodefinen y son igualmente reconocidas como portavoces del liberalismo económico: ambas defienden las políticas de mercado desde su fundación y ambas apoyaron las reformas económicas aplicadas en los años noventa. En segundo lugar, se trata de organizaciones que representan dos producciones singulares; en términos de Polanyi (1944: 107), dos "mercancías ficticias". Si otros productos son creados para ser libremente comercializados en el mercado, la tierra no es otra cosa que el hábitat natural de la vida social y el capital, el medio que permite el intercambio y la acumulación de la riqueza. La extensión del mercado autorregulado a estas mercancías concierne, en consecuencia, a una parte absolutamente esencial del desarrollo de la sociedad en su conjunto. Pero es la significación social de las élites reunidas en estas organizaciones la que constituye el principal motivo de nuestra selección. Mientras los miembros de la asociación rural fueron siempre identificados como los herederos de la "aristocracia" o de la "oligarquía" de comienzos de siglo, las élites financieras aparecieron más tarde, en los años noventa, como la expresión más acabada de la Argentina neoliberal.

El estudio de estas asociaciones invita además a poner en cuestión el carácter monolítico que muchos análisis asignaron, con excesiva rapidez, a los soportes sociales de las reformas estructurales. Ciertos términos que remiten a los orígenes o a los contenidos ideológicos de las reformas (tales como "consenso de Washington" o "neoliberalismo"), y algunos otros que designan grupos sociales aparentemente sin fracturas (los "sectores concentrados de la economía", "la élite económica", "el establishment" o "los grandes propietarios"), impidieron indagar empíricamente en los efectos diversos que las transformaciones han tenido sobre quienes ocupaban u ocupan la cúspide de la pirámide social. Si nos adentramos en el examen de las organizaciones escogidas y trascendemos las posiciones que se manifiestan en la estrecha arena política, la Asociación de Bancos y la Sociedad Rural representan dos casos contrastantes. Mientras que el sistema financiero se ha visto muy beneficiado por el nuevo escenario, la Asociación de Bancos se ha consolidado como la principal representante del sector y parecen congregarse en su seno las élites económicas más influyentes, el sector agropecuario ha sobrellevado una profunda crisis, ya que su asociación no ha logrado imponerse a la competencia de otros actores corporativos del agro y sus dirigentes presentan los rasgos de una élite que supo ocupar un lugar hegemónico pero que ha entrado en decadencia.

Para reconstruir el modo en que las reformas estructurales y las transformaciones políticas han impactado en ambas asociaciones y en los grupos que representan, nos hemos servido de tres tipos de fuentes de información: material periodístico de los últimos trece años, documentación interna de cada corporación y entrevistas a sus principales miembros. Este artículo se compone, a su vez, de cuatro partes. El primer apartado está dedicado a trazar sucintamente la historia de la SRA y de la Adeba. Es indispensable recuperar el pasado para poder comprender el significado y la magnitud de los cambios más recientes. La segunda y tercera secciones se centran en la liberalización de la tierra y del capital y en las consecuencias sufridas por cada una de las organizaciones. Para esta reconstrucción no sólo hemos considerado la relación con el Estado y las políticas públicas sino también los conflictos internos, las grandes transformaciones institucionales, las principales posiciones adoptadas por cada organización y sus relaciones con otros actores del campo empresarial. En la cuarta parte, luego de haber estudiado cada entidad por separado, proponemos una comparación entre ambas y una primera reflexión sobre la renovación de las élites económicas en la Argentina.

 

I. LA HISTORIA DE LAS ENTIDADES, LAS ENTIDADES EN LA HISTORIA

Reducida a su imagen más simple y conocida, Argentina es el país de la pampa y del churrasco. Una caricatura, sin duda, pero que permite empezar a comprender por qué la Sociedad Rural Argentina ha logrado ocupar durante sus 136 años de existencia un lugar tan importante dentro de la vida política local. La identificación entre la nación y el suelo, y entre el suelo y los propietarios agrícolas se refuerza si consideramos que el periodo durante el cual las élites tradicionales gobernaron el país, coincide con la fundación del Estado moderno y con una etapa de prosperidad económica jamás igualada.

La Sociedad Rural Argentina fue creada en 1866 por un grupo de grandes propietarios de la pampa.¹ Durante décadas, esa entidad no sólo monopolizó la representación del sector rural frente al Estado sino que constituyó, además, un centro de confluencia de la élite económica, política y social del país. Sus socios más prominentes eran criadores de razas bovinas, cuyas propiedades podían alcanzar las 50 000 hectáreas en el corazón de la pampa húmeda.² Del mismo modo, gran parte de los líderes políticos pertenecía al sector de propietarios agropecuarios y varios de los miembros de la SRA lograron acceder a la presidencia de la República. La pertenencia a la prestigiosa asociación agraria se superponía asimismo a otros espacios reservados a la alta sociedad. Así, aun tratándose de una entidad orientada a representar intereses económicos, su funcionamiento se asemejaba más bien al de un club de notables.

Beneficiarios directos de las ganancias provenientes de la economía exportadora, los miembros de la Sociedad Rural se convirtieron en los principales partidarios de una economía integrada al mundo. Su liberalismo cosmopolita postulaba la reciprocidad de los intercambios con las metrópolis del norte y el equilibrio natural del mercado internacional. Ahora bien, las características de los hombres de la pampa y de la sociedad argentina en su conjunto imprimieron matices y configuraciones propias al liberalismo local. Aunque el acceso de los colonos a la tierra, la industrialización y la democratización del sistema político formaban parte del programa delineado por los primeros intelectuales criollos, el latifundio, la especialización económica centrada en la producción agropecuaria y el paternalismo político dominaron lo que se ha dado en llamar "el orden conservador", instaurado entre 1880 y 1916.

A pesar de su éxito fulgurante, la prosperidad argentina se reveló frágil. Por un lado, la economía seguía siendo dependiente del mercado internacional; por el otro, el crecimiento había reposado sobre la expansión de la frontera agrícola y la explotación extensiva del suelo, empleando a un porcentaje reducido de la población. Como consecuencia, los campesinos eran menos numerosos y estaban geográficamente más dispersos que los trabajadores que se desempeñaban en un heterogéneo sector de servicios. Los primeros cuestionamientos a la élite tradicional surgieron entonces de los grandes centros urbanos. Con las primeras décadas del siglo XX, también la SRA vio su monopolio de la representación puesto en tela de jucio.³

En 1912 se aprobó una reforma electoral que permitió el acceso al poder de nuevos dirigentes y la representación de grupos sociales hasta entonces excluidos de la política. Las élites tradicionales perdían el control estrecho del Estado en el momento en que el país comenzaba a ceder su posición de liderazgo en el mercado mundial de materias primas. En 1930, los grupos desplazados, entre quienes se encontraban los miembros de la SRA, apoyaron el primer golpe militar de la historia argentina moderna.

La intolerancia de los liberales hacia las demandas de otros grupos sociales contribuyó a radicalizar la posición de sus adversarios. A partir de 1945, la pluralidad de las críticas formuladas contra las élites tradicionales se articuló finalmente en un movimiento social: el peronismo. El gobierno de Perón desafió los intereses de los terratenientes de dos maneras: incrementó las medidas de protección de los obreros y de los arrendatarios de la tierra y estableció impuestos y sistemas de control a las exportaciones, al tiempo que intentaba forzar un incremento de la productividad agrícola. Al reto material se sumó el simbólico: la "insolencia" de los dirigentes peronistas fue vivida como escandalosa por los grupos tradicionales. Por primera vez el aparato del Estado era empleado para someter a las clases superiores, mientras que las nuevas autoridades de la nación las atacaban frontalmente. Al tiempo que se producía esta crispación de los conflictos, la doctrina peronista invirtió el valor de cada uno de los mitos liberales: los "padres fundadores" se fueron transformando en los "vende-patria"; los "patricios progresistas" en la "oligarquía". En este clima enrarecido, la supervivencia institucional de la propia SRA se vio amenazada.⁴

En 1955 un nuevo golpe de Estado derrocó al gobierno de Perón. Las nuevas autoridades nacionales restituyeron a la asociación sus prerrogativas, pero conservaron una política intervencionista en materia de exportaciones y reconocieron la legitimidad de los sindicatos obreros que seguían identificándose con el peronismo. Las élites tradicionales concluyeron que estas medidas eran insuficientes. Según la SRA, la prohibición de los sindicatos, el retorno a un Estado mínimo y el abandono de la industrialización "forzada", eran condiciones indispensables para encauzar al país. Para los civiles y militares que se sucedieron en el gobierno desde entonces, las exigencias de la SRA eran, sin embargo, políticamente inviables: si el Estado se negaba a redistribuir el excedente generado por el comercio exterior, el empleo y el desarrollo económico experimentarían una regresión insostenible. Insatisfecha en sus demandas, la SRA apoyó entonces la exclusión política del peronismo pero se mantuvo en una posición crítica, lamentando la orientación cerrada e intervencionista emprendida por el país desde los años cuarenta.

Aunque la incapacidad de la asociación de imponer sus reclamos pone de manifiesto el debilitamiento de las élites tradicionales, la importancia económica, social y política de estas últimas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX no debería subestimarse. A pesar de su decreciente participación en el PIB y en la creación de empleo, los propietarios de la pampa conservaron una importancia económica singular: eran proveedores de las divisas indispensables para el aprovisionamiento tecnológico de la industria, productores de bienes alimentarios de base y grandes contribuyentes de un Estado en plena expansión (Lattuada, 1996: 124). Pero su ascendente no se limitaba a los recursos económicos que podían movilizar: las élites de la pampa mantenían un poder simbólico considerable. Por un lado, contaban con la legitimidad otorgada por un pasado glorioso y por una riqueza consolidada a lo largo del tiempo. La SRA seguía siendo uno de los espacios de encuentro de la clase alta tradicional y las clases medias en ascenso se esforzaban por acceder a él. Por el otro, las élites liberales conservaban una coherencia ideológica notable: frente a las dificultades de populistas y desarrollistas para acordar una fórmula de conciliación entre democracia e industrialización,⁵ los liberales perseveraban en la defensa de la libertad de mercado, recordando las glorias de la Argentina agrícola.

Pero es la oposición al peronismo la que contribuyó a renovar y fortalecer al liberalismo tradicional. Desde 1955, su universo ideológico quedó estrechamente ligado con el antiperonismo. En la medida en que las élites tradicionales seguían siendo designadas como el enemigo por excelencia del movimiento político mayoritario y continuaban presentándose a sí mismas como los adversarios más intransigentes del régimen depuesto, los otros actores no podían sino definirse en referencia a estos dos polos centrífugos. La relación entre liberales y populistas (que entrelazaba dimensiones económicas, políticas y sociales) era pues antagónica pero especular y, al tiempo que fortalecía a sus componentes, debilitaba a quienes ensayaban posiciones alternativas. La SRA no estaba sola: se encontraba apoyada por la gran prensa liberal y por una parte de las fuerzas armadas. Existía así un núcleo coherente y tanto más solidario cuanto más marginado estaba del ejercicio del poder político que, a pesar de las resistencias y de las reconfiguraciones sufridas a partir de 1930, no había dejado desaparecer al singular liberalismo argentino.

La oposición entre liberales y peronistas comenzó a redefinirse hacia fines de los años sesenta. El clima insurreccional y la aparición de la guerrilla propiciaron discusiones y desgarramientos que fueron resquebrajando el cleavage originario y la solidez de cada bloque. Dentro de los grupos antiperonistas comenzaron a debatirse no sólo las bondades de una alianza con el caudillo depuesto, sino también las posibilidades de modificar de raíz la organización social que había propiciado la aparición del populismo. Dentro del peronismo, la radicalización política alentó un violento enfrentamiento entre juventud armada y dirigencias sindicales que impidió al gobierno peronista elegido en 1973 restituir el orden y sostener las políticas de pacto social que lo habían caracterizado (Heredia, 2001). La muerte de Perón en 1974 y el golpe militar de 1976 abrieron un nuevo ciclo marcado no sólo por el despliegue del terrorismo de Estado, sino también por el ascenso de nuevos actores y por la aparición de un nuevo liberalismo.

La creación de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) se inscribe justamente en este nuevo escenario. En 1972 y frente a la inminente victoria del peronismo, un grupo de banqueros había decidido separarse de la institución que representaba hasta entonces a toda la banca privada para fundar una asociación defensora de los bancos privados de capital nacional. Su objetivo era resistir más eficazmente las medidas intervencionistas y participar de manera más activa en las discusiones sobre el destino del país.

La nueva asociación no admitía en su seno más que a una decena de propietarios y delegados de los bancos miembros. No constituía, sin embargo, un universo cerrado sobre el mundo de las finanzas. Por un lado, sus miembros mantenían contactos fluidos con empresarios de otros sectores y con entidades financieras del extranjero. Por el otro, los propietarios de grandes grupos económicos que habían fundado Adeba pertenecían a variados dominios de actividad y contaban con la flexibilidad necesaria para orientarse a un sector o a otro en función de la coyuntura.

La asociación partía entonces del supuesto de que el capital financiero no era más que capital en estado puro. Contrariamente a los dirigentes agrícolas e industriales que organizaban sus disputas en torno a la relación entre Argentina y el mercado mundial, es decir, en torno al sector económico que debía servir de pivote al desarrollo nacional, la nueva asociación de bancos se limitaba a criticar la intervención del Estado y a defender la iniciativa privada, ubicando a la banca por encima de toda disputa interempresarial.

El momento de esplendor de la asociación llegó a solamente unos años de su fundación, cuando las nuevas autoridades militares propiciaron en 1978 una drástica restructuración financiera. Participantes activos del diseño de la nueva legislación en tanto que colaboradores cercanos del ministro de Economía, los banqueros de Adeba se beneficiaron de una reforma que estableció a la vez la libre circulación del capital y la preferencia por los bancos nacionales. Paralelamente, las autoridades decidieron abrir el mercado interno a la competencia de productos importados que, de calidad superior y con una moneda local sobrevaluada, remplazaron progresivamente a la producción nacional. La valorización del capital se trasladó pues de la producción industrial a la especulación financiera.

Frente a este boom especulativo inédito, el sostén de Adeba al gobierno militar fue perseverante y explícito. A diferencia de los primeros liberales, ya no existía en los banqueros la intención de reconciliar ideológicamente un presente autoritario con un pasado republicano. La legitimidad de Adeba no pretendía reposar sobre la referencia a un periodo glorioso ni sobre el prestigio de un grupo restringido de notables. Por el contrario, la asociación insistía en la posesión de un saber y de una práctica específicos: el saber de los economistas y la práctica de los hombres de negocios. La organización contribuía de este modo a distinguir los fenómenos económicos de otros fenómenos sociales, afirmando que aquellos constituían, por sí mismos, un sistema específico al cual el resto de lo social debía subordinarse.

Los resultados de la reforma financiera no podían ser más desoladores: entre 1977 y 1981 Argentina se endeudó en dos fases: durante la primera, el sector privado se endeudó para beneficiarse de la especulación; durante la segunda, cuando la incertidumbre se apoderó de los mercados, el sector público se endeudó para sostener el valor del peso, facilitando la fuga de capitales. Con la renuncia del ministro de Economía, la moneda fue devaluada y la crisis se precipitó. Aunque los compromisos estatales representaban una proporción pequeña del total, el gobierno decidió reconocer toda la deuda como deuda pública. Desde entonces, la carencia de capital se consolidó como condicionante estructural del Estado argentino.

Con el retorno a la democracia, la asociación de bancos fue acusada de ser uno de los principales culpables del colapso económico, pero no renunció totalmente a participar en el espacio público. Adeba organizó entonces, a partir de 1983, la Convención Anual de la Banca Privada Nacional: unas jornadas de discusión a las cuales eran invitados diferentes representantes de la sociedad y economistas de diversas orientaciones, para discutir y elaborar un nuevo ordenamiento económico. Imitando la organización, el vocabulario y hasta la estética de los congresos científicos, las convenciones permitieron abrir el debate público sobre ciertos problemas definidos como estrictamente económicos, pero se apresuraron a definir soluciones unánimes y unívocas. La desregulación, las privatizaciones, la flexibilización laboral fueron tratadas como parte de "las reformas que se vienen". Las reuniones pretendieron además ofrecer un espacio de encuentro a autoridades, expertos y hombres de negocios. Fueron así inauguradas y clausuradas por el presidente de la República, el ministro de Economía y el presidente de la asociación. Mientras los dos primeros debían "dar cuenta" de sus actos, el dirigente de los banqueros se apoyaba en las conclusiones de las jornadas para sintetizar sus exigencias.

El desplazamiento en los temas tratados (cada vez más lejanos de las finanzas), así como el tono imperativo de los participantes de las convenciones, acompañaron el fortalecimiento de los hombres de la banca. En efecto, en cuanto las negociaciones con los organismos internacionales de crédito resultaron estériles y el gobierno democrático debió aceptar la totalidad de la deuda contraída por los militares, la posición relativa de los operadores financieros comenzó a cambiar. Por un lado, los acreedores externos se convirtieron en poderosos interlocutores del Estado argentino capaces de proponer y, sobre todo, de vetar la orientación de la política doméstica. Por el otro, considerando las dificultades de los países del sur para hacer frente a sus deudas, el financiamiento externo desapareció: el Estado se vio entonces obligado a endeudarse con los bancos privados locales para seguir sosteniendo sus gastos y el pago de los intereses de la deuda externa.

Hacia fines de los años ochenta, el Estado argentino fue incapaz de seguir haciendo frente a sus compromisos. Con el programa económico a la deriva y la fecha de convocatoria a elecciones presidenciales próxima, los operadores financieros comenzaron a jugar a corto plazo. El valor del dólar sufrió una escalada y los precios internos, carentes de toda referencia, se reajustaron siguiendo el aumento de la divisa norteamericana. Entre enero y mayo de 1989, el dólar se multiplicó por ocho y la inflación pasó de 9.5 a 80% por mes (Schvarzer, 1998: 120). Esta corrida al dólar que desembocó en la hiperinflación fue conocida como "golpe de mercado".

La expresión fue originariamente acuñada por los radicales; las autoridades no veían en la crisis más que el resultado de la voracidad especuladora de los operadores financieros que, cada vez más intransigentes, habrían conspirado contra la orientación heterodoxa del gobierno. Aunque al principio los otros partidos políticos y los banqueros denunciaron la simplicidad de este diagnóstico, poco más tarde, el gran diario del sector financiero se permitió comentar: "esta Argentina democrática no quiere más golpes de Estado militares pero ha adoptado una estrategia para defenderse de la demagogia de los políticos (Ámbito Financiero, 15/12/1989). Más o menos manejada por un puñado de operadores, lo cierto es que la hiperinflación reveló con dramatismo la consolidación de un nuevo interlocutor y la impotencia extrema del Estado para sobreponerse a la especulación y velar por los fundamentos más elementales de la vida en sociedad.

 

II. LA TRANSFORMACIÓN DE LOS NOVENTA, LA LIBERALIZACIÓN DE LA TIERRA Y EL SACRIFICIO DE LA TRADICIÓN

Las medidas heterodoxas adoptadas por el gobierno radical en el periodo 1983-1989, no conocieron más que un apoyo transitorio por parte de los empresarios.⁶ En 1987, las principales asociaciones que los representan conformaron el llamado "grupo de los 8". Se trataba de una agrupación informal de dirigentes de la industria, la banca, el comercio, la agricultura y la construcción, que logró ser reconocida por la opinión pública y por las autoridades como la representante del mundo de los negocios. A medida que el programa económico fue mostrando sus dificultades para controlar la inflación y retomar el crecimiento, el diagnóstico de "los 8" se afianzó como alternativa al plan oficial. El apoyo inicial otorgado a las autoridades radicales dejó lugar entonces a una oposición manifiesta. En 1988, el presidente de la República fue duramente criticado en la reunión de banqueros y los visitantes de la exposición rural de la SRA respondieron con silbidos a su discurso.

En el momento de la campaña electoral de 1989, el candidato peronista no despertaba tampoco la confianza de los empresarios. En un contexto marcado por la crisis hiperinflacionaria y por los saqueos en dos de las principales ciudades argentinas, Menem recorría el país con los eslogans característicos de los jefes populistas. Su condición de gobernador de una de las provincias más pobres y de aliado de los dirigentes sindicales de su partido no podía sino generarles inquietud.

No obstante, una vez en el gobierno, el nuevo presidente llevó a cabo un viraje ideológico inesperado. En el curso de sus dos primeros años, se alió con los antiguos adversarios del populismo instando a la reconciliación nacional; declaró la amnistía a los militares que habían sido condenados por violación de los derechos humanos; aplicó un plan de ajuste digno de la más pura ortodoxia liberal, y emprendió una política diplomática de apoyo incondicional a los Estados Unidos. El "Plan de Convertibilidad", la privatización de los servicios públicos, la liberalización de la economía y la apertura comercial constituyeron los pilares fundamentales de la reforma. Argentina pasó en pocos meses de un sistema semiproteccionista con fuerte presencia del Estado, a un sistema abierto que acuerda la prioridad a las leyes del mercado. Los antiguos adversarios del peronismo presenciaron así la aplicación de las políticas que habían reclamado con insistencia desde los años cuarenta. El "grupo de los 8" se transformó en uno de los apoyos más consecuentes del programa.

En lo que respecta al sector agropecuario, la administración de Menem convirtió en decisiones gran parte de las antiguas demandas de la SRA: se liberaron los precios, se suprimieron los controles a la comercialización, se disminuyeron los aranceles a la importación de bienes de capital, se redujeron los impuestos a las exportaciones, que desaparecieron poco después. A pesar de su sesgo antiexportador, la paridad entre el dólar y el peso fue aceptada y hasta defendida por la SRA como única opción para lograr la estabilización de la moneda.

Los discursos anuales de Palermo y las publicaciones de la asociación acompañaron las reformas, anunciando que los políticos habían comprendido las reivindicaciones de la SRA y que Argentina se disponía a retomar la buena senda. La ovación ofrecida al nuevo presidente por los visitantes de la exposición de Palermo de 1989 se convirtió en el símbolo de los nuevos tiempos. Liberalismo tradicional y peronismo sellaban finalmente su reconciliación. Claro que, a medida que las transformaciones fueron desplegándose, la Sociedad Rural tuvo que enfrentar las dificultades acarreadas por el abandono de sus tres fundamentos identitarios: el antiperonismo, el tradicionalismo y el liberalismo económico.

A pesar de las imágenes difundidas por la televisión que pusieron el acento en la reconciliación inmediata y unánime, el acercamiento al peronismo conoció profundas resistencias en el seno de la organización rural. Así, contra la norma consuetudinaria (que establece que la SRA presenta a sus socios una lista única) y contra los intentos febriles de la comisión directiva, dos candidaturas se presentaron a las elecciones internas de 1990. El grupo conservador, cuyos dirigentes provenían de las familias más ricas e ilustres de la entidad, se opuso a los candidatos del presidente saliente, Alchouron, reconocidos como los más liberales y cercanos al gobierno. Si bien el triunfo de los renovadores profundizó los lazos con las autoridades peronistas, la oposición permaneció activa denunciando el "oportunismo político" de los dirigentes elegidos.

A lo largo de la década de los noventa, la relación con el peronismo continuó siendo problemática. Los grandes diarios tradicionales fueron, por ejemplo, testigos de una polémica historiográfica. Mientras algunos socios de la SRA enviaron artículos recordando los conflictos entre los terratenientes y el gobierno de Perón, otros refutaron tal desencuentro calificando como "amistosos" los vínculos entre ambos.⁷ Las declaraciones de los nuevos dirigentes y los editoriales de la revista de la institución revelan, asimismo, el esfuerzo de las autoridades por calmar a sus miembros. Según la nueva comisión directiva, la SRA no comprometía su neutralidad: se trataba simplemente de que los hombres de la pampa no podían dejar de apoyar un programa que ellos mismos habían reclamado desde siempre.

El gobierno, por su parte, supo retribuir el sostén de la SRA. A fines de 1991, el presidente propuso a la asociación la compra del terreno público de Palermo a un precio y en condiciones muy favorables.⁸ La adquisición del predio, que correspondía a una antigua aspiración de la SRA, alimentó las sospechas sobre las relaciones promiscuas entre sus dirigentes y el peronismo, acentuando a la vez otras transformaciones internas. En efecto, con el fin de rentabilizar su inversión, la SRA se vio obligada a llevar a cabo distintas estrategias que se opusieron frontalmente a la tradición.

En 1992, al mismo tiempo que subrayaban el récord en el número de visitantes (casi dos millones de personas), los diarios de la capital consideraron que la exposición de la SRA⁹ se había transformado en un "centro comercial sin el más mínimo confort". En lugar de los productos y de la tecnología agrícola; en lugar del despliegue del simbolismo patriótico, podían encontrarse electrodomésticos, automóviles y restaurantes de comidas rápidas. Habida cuenta de que el alquiler de lotes otorgaba a la asociación más ingresos que la exhibición de especímenes de raza, la SRA disminuyó el espacio destinado a los animales y dicha exhibición se volvió rotativa. Estas modificaciones contribuyeron a aumentar los costos y el tiempo que los productores del interior debían acordar para la exposición. El evento también perdió interés para quienes descubrían en sus rituales e instalaciones la evocación de la Argentina de principios del siglo XX. Entre otras muchas modificaciones, las antiguas instalaciones del terreno de Palermo fueron destruidas para aprovechar mejor el espacio. La asociación, otrora tan orgullosa de su pasado, hizo caso omiso de las peticiones de varias entidades públicas y privadas que reclamaban el respeto del patrimonio histórico.

Las transformaciones redefinieron también la composición de las tribunas de Palermo. La clase alta porteña fue dejando lugar a un auditorio más heterogéneo y plebeyo. Luego de los silbidos sufridos por el presidente radical y de la ovación que acompañó el primer discurso de Menem, las tribunas de Palermo se convirtieron para la prensa en una especie de termómetro del apoyo otorgado al gobierno por las clases favorecidas. Cuando las medidas económicas comenzaron a cosechar descontento entre los hombres del campo, las autoridades nacionales se preocuparon por garantizarse un recibimiento acorde con sus expectativas. Así, en lugar del comentario mundano sobre las familias adineradas, los diarios reprodujeron fotografías de las fuerzas del gobierno que, en 1993, golpearon brutalmente a productores que deseaban protestar y a periodistas que deseaban registrar estos reclamos. Las autoridades de la SRA permanecieron, por su parte, totalmente indiferentes.

El sacrificio de la tradición se reflejó tanto en la organización de las reuniones de Palermo cuanto en las actitudes de los miembros de la comisión directiva. La austeridad y la discreción precedentes fueron remplazadas por la ostentación y por cierta frivolidad. Los negocios de los dirigentes y las negociaciones de la SRA relativas a la explotación del terreno adquirido, fueron reconocidas y comentadas por la prensa. Asimismo, las autoridades de la entidad participaron en campañas publicitarias que en el pasado hubieran considerado denigrantes. La nueva moral de la SRA provocó una nueva disputa interna. En 1994, un miembro de la comisión directiva se opuso a la propuesta del nuevo presidente de acordar un salario a los dirigentes de la SRA. A pesar de las resistencias, el puesto de presidente es hoy remunerado. Los dirigentes de la Sociedad Rural ya no viven "para" la política sino "de" la política. El servicio de la causa y el reconocimiento del grupo de pares ya no son recompensa suficiente para quienes aspiran a obtener una fuente permanente de ingresos.

El liberalismo económico, único pilar salvaguardado dentro de los ideales de la asociación, se acentuó entonces como base de sus discursos. Según los dirigentes de la SRA, únicamente la iniciativa privada debía ser reconocida como justificación de premios y castigos y toda crítica a la orientación económica no era más que un signo de incapacidad o de egoísmo frente a los desafíos impuestos por el nuevo orden. Mientras que a comienzos de la década de los noventa la Sociedad Rural trataba de legitimar las leyes del mercado invocando el bien común, algunos años más tarde, sus dirigentes se contentaban con afirmar el funcionamiento de facto del mundo capitalista.

Mientras tanto, en el campo, las medidas tomadas por el gobierno propiciaban una profunda reconversión tecnológica.¹⁰ En los inicios de los años noventa, este incremento de la producción se vio, además, acompañado por la subida de los precios agrícolas. La realidad parecía confirmar entonces las previsiones de Alchouron sobre el destino de "la Argentina eficiente". Ahora bien, mientras los miembros de la SRA celebraban la transformación técnica y el crecimiento de la producción (acompañados de una fuerte concentración de la propiedad), las otras organizaciones comenzaron poco a poco a cuestionar la política económica del gobierno. En un principio, fueron las organizaciones de pequeños productores quienes se quejaron de la quiebra de las economías regionales, de la desaparición de las pequeñas explotaciones incapaces de financiar su propia reconversión y de la consiguiente migración de la población rural a los centros urbanos. Se sumaron luego las asociaciones de medianos productores, que comenzaron a padecer el aumento de los servicios privatizados, los altos costos de los créditos y las consecuencias negativas de una moneda local sobrevaluada.

De hecho, a pesar de las expectativas de los hombres de la SRA, el liberalismo de fines del siglo XX no ofició un retorno a la próspera Argentina agrícola. Por un lado, la pampa dejó de ser el pivote de la riqueza nacional: mientras en 1930 el sector primario representaba el 38% del Producto Interno Bruto, en 1995 apenas alcanzaba 8% del mismo (Perona y Rena, 1997:19). Por el otro, los productores agropecuarios debieron enfrentarse a un comercio local e internacional que no se ajustaba a los postulados ideales del mercado competitivo. Aunque los impuestos a las exportaciones fueron abolidos, la sobrevaluación del peso benefició a los productos naturalmente protegidos contra la competencia, perjudicando a las mercaderías argentinas que debían rivalizar en el mercado interno y externo con un tipo de cambio desventajoso. Los productos agrícolas padecieron, además, los subsidios de los países del norte. Mientras los productos europeos y norteamericanos podían competir libremente con la producción nacional, los bienes argentinos no lograban ingresar en mercados protegidos.

El balance es aún más negativo si se considera la situación de los productores más pequeños. Aunque no se dispone de datos estadísticos oficiales, algunos estudios calculan que más de 100 000 productores (un tercio del total) se han visto obligados a abandonar sus explotaciones. Así, contrariamente a lo que ocurría a principios de siglo, el campo no sólo no genera empleo sino que expulsa mano de obra (Azcuy Ameghino, 2000).

A partir de la crisis mexicana (en 1995), de la caída internacional de los precios agrícolas (en 1998) y de la devaluación de la moneda brasileña (en 1999), la situación de los productores rurales se tornó crítica. La reconversión tecnológica, indispensable en un mundo donde las ventajas geográficas de la pampa ya no alcanzan, exigió inversiones de riesgo que se vieron afectadas por las altas tasas de interés y por la disminución del valor de los productos. Por otra parte, luego del retiro del Estado, las empresas de insumos agrícolas y las compañías de comercialización se han concentrado bajo el control de grandes grupos multinacionales. La consolidación de monopolios de comercialización y de aprovisionamiento colocó a los productores en una posición de debilidad. A pesar del incremento notable de la productividad y de la concentración de la propiedad, los márgenes de rentabilidad parecen ser cada vez más exiguos. Un estudio en profundidad realizado en la provincia de Córdoba, muestra que un grupo de grandes productores agropecuarios sólo logró sostener el nivel de rentabilidad de los años ochenta al precio de cuadruplicar la superficie explotada (Peretti, 1999:36).

Mientras las otras asociaciones agrarias se permitieron establecer distinciones entre los empresarios argentinos, denunciando los efectos devastadores de la lógica financiera, la SRA mantuvo una alianza con los banqueros que la obligó a evitar las tomas claras de posición. Frente a las dificultades crecientes de los productores, los dirigentes de la Sociedad Rural ensayaron matices al discurso liberal sin poner en cuestión sus supuestos más elementales. De esta manera, el señor Crotto, presidente de la SRA, ha hecho referencia a la "competencia legítima e ilegítima", al derecho del campo a una "reparación histórica" y a la necesidad de un "sostén transitorio para la reconversión". Mientras la organización conservaba una posición conciliadora con las autoridades nacionales, las otras tres entidades del agro estrecharon sus relaciones, mostrando que son capaces de movilizar, ellas solas, a la gran mayoría de los productores.

La representatividad de la Sociedad Rural no sólo fue cuestionada por el avance de las otras entidades: la propia tribuna de Palermo se desdibujó como espacio por excelencia del sector. Al tiempo que la exposición de la SRA perdía su perfil tradicional para convertirse en una atracción entre otras para los habitantes de la ciudad, otra exhibición comenzó a organizarse a partir de 1992. Se trata de Expochacra, creada por una editorial argentina, siguiendo el modelo de las exposiciones norteamericanas. El nuevo evento no se desarrolla siempre en el mismo sitio, sino que tiene lugar cada año en una ciudad diferente de la pampa húmeda. Los organizadores reproducen en el campo las tareas habituales de un productor y hacen exhibiciones dinámicas de los insumos y la tecnología agrícola. Destinada exclusivamente a los hombres de campo y organizada por un grupo de jóvenes formados en las más modernas técnicas del marketing, Expochacra adapta su calendario al de los productores y articula su tarea a la de otros círculos vinculados con el agro. La evolución tecnológica ha jugado a favor de la joven exhibición: mientras que la inseminación artificial resta importancia a los concursos y a la adquisición de sementales (principal atractivo de la exposición de la Sociedad Rural), la tecnología agrícola ha conocido un desarrollo importante que realza la tarea de quienes compiten con Palermo.

También la gravitación económica y simbólica de la SRA fue afectada por las transformaciones de los años noventa. En primer lugar, la apertura del mercado interno y la paridad monetaria limitaron los efectos de los precios agrícolas sobre el nivel de vida de la población. Asimismo, la nueva política fiscal, cuyos impuestos se concentraron en el consumo, redujo la dependencia del Estado de los productores de la pampa. Finalmente, la evolución de las exportaciones demostró la disminución del peso de los productos agropecuarios como proveedores de divisas (Lattuada, 1996: 49). La asociación parece haber perdido además su lugar como espacio de socialización de los sectores favorecidos. En lo que concierne al tiempo libre, las familias adineradas se han replegado en espacios apolíticos e íntimos tales como los barrios privados y las escuelas de élites, abandonando los círculos que guardaban aún ese carácter múltiple (social y político) de las entidades tradicionales. El núcleo de los antiguos liberales parece también haberse descompuesto: las fuerzas armadas ya no cuentan como opción política; los diarios tradicionales han desaparecido o se han transformado, y los viejos ideólogos han sido marginados por el fortalecimiento de los expertos. Con su representatividad cuestionada, sus pilares identitarios disueltos y su posición social debilitada, la SRA encuentra serias dificultades para definir un espacio propio dentro del universo de las élites.

 

III. LA LIBERALIZACIÓN DEL CAPITAL Y EL ASCENSO DE LOS BANQUEROS

Del mismo modo que la SRA, la Asociación de Bancos Argentinos recibió con entusiasmo las primeras medidas del presidente de la República. En primer lugar, las autoridades peronistas optaron por emplear los depósitos de los ahorristas para pagar la deuda que el Estado había contraído con los bancos locales. La decisión implicó una importante transferencia de ingresos a favor de los banqueros que recibieron el capital y contra los clientes cuyos depósitos fueron transformados compulsivamente en bonos de la deuda pública.

Pero fue la adopción del "Plan de Convertibilidad" (1 dólar=1 peso) la que signó el destino monetario y financiero de la Argentina de los años noventa. El programa consistió en la fijación por ley del tipo de cambio, la prohibición de la indexación de los contratos y el compromiso de las autoridades económicas de no emitir moneda (pesos) sin respaldo (en dólares). Para un país estragado por la inflación, la virtual renuncia del Estado a sus prerrogativas monetarias no pareció ofrecer más que ventajas: los precios se estabilizaron como por arte de magia y la previsibilidad económica se transformó en el bien más preciado para los argentinos. En la base del modelo latían, sin embargo, al menos tres componentes inquietantes: la aguda dependencia de la economía argentina del ingreso de capitales externos, el sesgo fuertemente antiexportador del tipo de cambio y la enajenación, por parte del Estado, de sus herramientas de control sobre los vaivenes del mercado.

La atracción de fondos provenientes del exterior sólo era viable con una tasa de interés local más alta que la internacional y con condiciones suficientemente seductoras. En el plano financiero, los esfuerzos en esta dirección fueron notables: las autoridades abolieron todo control sobre la circulación de capitales, dejaron de fijar el destino prioritario de los créditos, dotaron de independencia al Banco Central y transmitieron al sector privado la administración de las jubilaciones.

Los dirigentes de la Adeba reconocieron la "audacia" y la "determinación" del gobierno, pero sobre todo se felicitaron de haber "anticipado y facilitado" el cambio mediante las actividades de la asociación. A diferencia de las élites de la SRA, que apelaban al presidente para hacerle llegar sus demandas y sus cumplidos, los banqueros se reafirmaron en un discurso estrictamente técnico que no dejaba lugar para las referencias políticas. Se presentaban así como miembros de un espacio esterilizado de toda impureza ideológica, destinado a juzgar las políticas llevadas a cabo y a elaborar las medidas que quedaban por aplicar. Las conclusiones de las jornadas de la convención anual imitaron desde entonces el tono de los informes de los organismos internacionales, haciendo énfasis en directivas para la acción.

En este marco, el papel de las convenciones siguió expandiéndose. Frente a un equipo económico que había mantenido lazos personales con los banqueros, los dirigentes de la Adeba bien podían celebrar "el ejemplo magnífico de articulación entre el mundo académico, el mundo de los empresarios y las autoridades políticas".¹¹ El auditorio, por su parte, superó el universo restringido de las finanzas y no dejó de crecer: los participantes pasaron de 1 300, en 1988, a 2 300 en 1999.¹² El foro continuó invitando a las grandes personalidades internacionales y presentándose como un "centro de ideas para América Latina". El director del FMI, un ex presidente de los Estados Unidos y el presidente del Banco Mundial participaron, entre muchos otros, de las jornadas de discusión.

Las inquietudes de los organizadores se tornaron, por su parte, cada vez más imperialistas: mientras que el análisis del sector financiero se reservaba a los expertos, convirtiéndose en una caja negra para los no iniciados, los hombres de la banca se permitieron dar su opinión sobre los temas más variados. Toda problemática podía, claro está, ser reducida al cálculo de sus costos y de sus beneficios. En el momento de discutir "los desafíos y las opciones para crecer", por ejemplo, los conferencistas examinaron la justicia, la educación y el mercado de trabajo sin incluir ninguna referencia a los costos de financiamiento, que eran ya denunciados por algunos sectores como trabas para el desarrollo. Una vez consolidado como foro de renombre, los organizadores abandonaron sus pretensiones ecuménicas y circunscribieron sus invitaciones a los centros privados de expertise que compartían el espíritu de la institución. Esta concentración ideológica acompañó la expansión de los economistas ligados con la Adeba, que contribuyeron a difundir los ideales de la entidad. En efecto, mientras algunos de ellos fundaban universidades privadas, otros participaban en ellas a título de profesores y otros más organizaban seminarios para formar a los periodistas en temas económicos.

Los primeros años del Plan de Convertibilidad se dieron en un contexto mundial positivo para las finanzas. La entrada de Argentina en el plan Brady permitió a los bancos locales acceder al financiamiento externo y estos capitales fueron aún más accesibles debido a que la tasa de interés internacional no era particularmente alta. Argentina logró una vez más atraer capitales extranjeros. Librados al simple cálculo de rentabilidad, la mayor parte de estos recursos se invirtió en el sistema financiero y en la privatización de las empresas de servicios públicos. Gracias a la estabilización de la moneda y a la reactivación económica, se produjo un boom de crédito que permitió a algunas empresas invertir en su modernización tecnológica y a algunas familias acceder a bienes hasta entonces fuera de su alcance. La estabilización permitió también la progresiva desaparición de las entidades financieras no bancarias, consolidando la posición de los grandes bancos. Para estos últimos, la situación fue muy provechosa. El volumen de créditos conoció un crecimiento del orden de 307% entre 1991 y 1999. Esta expansión se dio, además, junto con un proceso de difusión de los servicios bancarios. El número de cuentas corrientes creció 103% entre 1991 y 1999 y el número de plazos fijos aumentó 146% durante el mismo periodo.

La crisis mexicana de 1995 puso, sin embargo, en evidencia la vulnerabilidad del sistema bancario argentino. Los inversores internacionales, temerosos de una devaluación del peso, comenzaron a retirar sus depósitos, revirtiendo la tendencia positiva que había acompañado los primeros años del plan. A pesar del fondo creado por el Estado para asistir a los bancos en situación crítica, la disminución del crédito externo precipitó una restructuración profunda. A lo largo de este proceso, la situación de la Adeba fue particularmente delicada. Mientras que en otras circunstancias sus miembros podían acordar líneas de acción comunes, en un caso de depuración obligada las diferencias entre ellos se agudizaron y la competencia se exacerbó. Tras un crispado conflicto entre algunos bancos asociados y la comisión directiva, la Adeba se llamó a silencio y sus miembros negociaron tras bambalinas con las autoridades monetarias.

Así, entre 1994 y 1999, el número de bancos pasó de 168 a 96. Si bien algunos cerraron, la mayoría fue objeto de fusiones o de compras por parte de inversores externos. Los grandes grupos económicos nacionales que habían participado de la formación de la Adeba, vendieron sus entidades financieras, dejando lugar a compañías especializadas exclusivamente en la banca. Al no haber ninguna distinción legal entre las instituciones nacionales y las extranjeras, el sistema bancario argentino se internacionalizó. Aun conscientes de las dificultades que este proceso implicaría para el financiamiento de las actividades productivas y para el control por parte del Estado, el diagnóstico del gobierno dio prioridad al fortalecimiento de la solvencia y al mejoramiento de la liquidez de los bancos. En el año 2000, las organizaciones extranjeras controlaban ya 50% de los bancos argentinos y 51% del total de los activos.¹³

La concentración y la extranjerización de la banca trajo consecuencias significativas para el funcionamiento económico en su conjunto. Dado que los grandes bancos privados tienden a prestar menos a los pequeños productores y a las regiones marginales que los bancos públicos o cooperativos, el financiamiento a la producción se tornó cada vez más escaso y costoso. Los préstamos se concentraron en Buenos Aires (Capital Federal) y en los demandantes más solventes, mientras que los créditos para inversiones de riesgo exigían tasas de interés desalentadoras.

A diferencia de las asociaciones que representaban a los bancos cooperativos y a los bancos públicos, la Adeba no se opuso a la extranjerización. Por el contrario, la asociación bancaria decidió modificar sus estatutos para estar en condiciones de representar también a los bancos extranjeros. Así, en 1998, la entidad aceptó la incorporación del Citybank. Paralelamente, y bajo la presión de sus miembros, los dirigentes de la Adeba y los de la organización madre, de la cual aquella se había desprendido, comenzaron a negociar la fusión. Ésta se concretó en 1999 con la creación de la Asociación de Bancos de Argentina (ABA). Mientras que otros representantes del sector financiero desaparecían o se debilitaban, la nueva asociación logró consolidarse como portavoz de 93 de los 96 bancos que operan en el país y que controlan 80% de los depósitos del sistema.¹⁴ A pesar del largo conflicto que había enfrentado durante los años noventa a representantes de bancos públicos y de bancos privados, las grandes entidades financieras pertenecientes al Estado tramitaron, ellas también, su incorporación a la ABA. Las profundas mutaciones vividas en el seno de la organización, no impidieron que fuera el presidente de la antigua Adeba y su equipo quienes dirigieran la nueva organización de banqueros.

No obstante el carácter flexible y dinámico de sus componentes, Adeba-ABA mantuvo una coherencia y una capacidad de presión notables. En lo que respecta a su importancia económica, el funcionamiento de las finanzas no se vincula sólo con la estabilidad de la moneda y con la capacidad del Estado de honrar sus compromisos externos, sino también con el financiamiento —y en consecuencia con la producción de riqueza y de empleo— de todos los otros sectores de la economía. A su vez, ciertos índices basados centralmente en variables financieras y elaborados por consultoras internacionales, se han ido consolidando como sensibles termómetros de la situación de cada país, sirviendo (gracias a la fijación de las primas de riesgo y consiguientemente de las tasas de interés a cobrar en cada caso) de severos monitores de las políticas domésticas. La salud del sistema financiero es, en consecuencia, considerada prioritaria por las autoridades nacionales y extranjeras.

Durante los años noventa, el sector financiero se afianzó como uno de los sectores más rentables de la economía y como uno de los grupos de presión más poderosos. Aunque distintos sectores elevaron críticas sobre el alto costo de los créditos, de las cuentas corrientes, de los seguros de vida exigidos para obtener un préstamo y de los intereses cargados a los clientes que se endeudan con tarjeta de crédito, ninguna medida logró limitar el poder de los hombres de la banca. Ahora bien, el ascendente de la asociación bancaria es indisociable del de otros dos grupos estrechamente ligados a ella: los economistas de orientación monetarista y los acreedores de la banca mundial. Frente al debilitamiento de otros actores sociales y políticos, este nuevo núcleo de liberalismo tecnocrático supo consolidarse a lo largo de la década como un espacio de encuentro, de elaboración y de legitimación de un diagnóstico frente al cual terminaron por doblegarse políticos y dirigentes de empresa de distintos orígenes y orientaciones.

 

IV. UN BALANCE TENTATIVO SOBRE LA RENOVACIÓN DE LAS ÉLITES ECONÓMICAS

¿De qué manera las reformas económicas y políticas han tenido impacto en el seno de las dos corporaciones estudiadas? y ¿en qué medida las transformaciones sufridas por estas entidades ilustran cambios más profundos en las élites económicas en su conjunto? El estudio de la renovación de las élites puede abordarse desde diversas perspectivas. Una de ellas propone rastrear, en el origen y la trayectoria social de sus componentes, la apertura o la cerrazón de los grupos dominantes (Bourdieu y Saint Martin, 1978). Las propiedades que caracterizan a estos miembros y las relaciones que mantienen entre ellos pueden introducirnos, asimismo, en aspectos que no remiten a los individuos sino a los colectivos, básicamente a su tipo de solidaridad o cohesión interna (Cerrutti, 1996). Por último, y a diferencia de otros grupos, la noción de élite presupone una articulación compleja de reconocimiento y subordinación por parte de aquellos que no pertenecen a ella. Se impone así considerar no sólo el modo en que han acumulado o enajenado sus medios de poder, sino también la manera en que se han vinculado con la política y con el Estado, las estrategias que han empleado para imponerse y legitimarse y el conjunto de principios morales sobre los cuales asientan su dominación (Boltanski y Thévenot, 1991).

En lo que respecta a la renovación de los miembros y dirigentes de las dos asociaciones estudiadas, el retorno a la democracia no modificó significativamente la composición de las entidades, pero permitió cierta recomposición de las dirigencias. Aunque las comisiones directivas y los equipos técnicos permanecieron intactos, las dos asociaciones nombraron presidentes cuyas imágenes eran más apropiadas que aquellas de quienes habían apoyado manifiestamente a la administración militar.

El nombramiento de Alchouron en 1984 implicó, sin duda, una recomposición importante para una organización como la SRA. A diferencia de los presidentes anteriores que pertenecían a familias tradicionales de larga data, éste había consolidado su posición como abogado y, sólo después, como parte de un proceso típico de ascenso social, había adquirido una propiedad mediana en el campo. Militante de la organización Horlando Argentino, el dirigente ingresó a la comisión directiva en 1969 y logró alcanzar la presidencia en 1984 gracias a sus vínculos estrechos con el partido radical y particularmente con Fernando de la Rúa. Alchouron se presenta, así, como "el primer presidente pobre de la Rural". Su suerte reside, para él, en que la SRA reconoció, por primera vez, que el dinero no alcanzaba para convertirse en un buen dirigente y que eran necesarias ciertas capacidades particulares para gestionar los intereses colectivos. La prensa reconoció estas habilidades al consagrar el "estilo Alchouron", un modo de ejercer la presión que prefería el trato conciliador y los contactos personales con las autoridades constitucionales, a las confrontaciones públicas privilegiadas por los presidentes anteriores.

El espíritu renovador del nuevo dirigente despertó resistencias en otros miembros de la comisión directiva, que comenzaron a expresarse ya durante los años ochenta. La designación de Alchouron, percibida inicialmente como una opción transitoria y de compromiso para limpiar la imagen de la entidad, generó una corriente interna que terminó de afirmarse con el acercamiento del dirigente al gobierno peronista. Los renovadores fueron entonces mayoritarios y los presidentes que sucedieron a Alchouron al frente de la entidad se presentaron como continuadores de su tarea. Investidos de una legitimidad de la cual aquél carecía (básicamente un origen patricio), los nuevos dirigentes lograron zanjar los conflictos que desgarraron a la institución durante los primeros años de la década de los ochenta, restituyendo la tradición de elección por lista única.

Los conflictos y la renovación de las dirigencias de la SRA parecen tener su origen más en una fractura dentro de una comisión directiva ya consolidada y relativamente autonomizada, que en el ingreso de nuevos miembros. Los socios de la Sociedad Rural disminuyen a principios de los años ochenta y, a pesar de los esfuerzos realizados por la entidad durante los años noventa (planes de inscripción masiva y disminución de las cuotas), el número de socios no logró alcanzar los 12 000 que la integraban en 1975. Claro que, más allá de las transformaciones reseñadas, las características de los dirigentes mantienen ciertos rasgos invariables: se trata de hombres maduros (con un promedio de edad de 55 años), muchos de ellos abogados, católicos, preferentemente productores de ganado bovino y de sus derivados, miembros de la asociación que han realizado una carrera dentro de la misma.

Es también el nuevo escenario democrático el que permite a Roque Maccarone alcanzar la presidencia de la Adeba. Mientras que todos los altos dirigentes anteriores habían sido dueños de bancos, el nuevo presidente no era más que un alto directivo del grupo Pérez Companc, que participaba en la entidad como delegado del Banco Río. La renovación vivida por la Adeba en los años ochenta no provocó conflictos internos sino que contribuyó al fortalecimiento de la entidad. En efecto, la disminución de los bancos privados nacionales ocurrida durante esta década, no debilitó sino que reforzó el peso de la asociación. A pesar del ingreso de nuevos socios, los bancos fundadores continuaron reservándose los cargos directivos.

La presidencia de Maccarone se extendió a lo largo de la década de los ochenta para culminar de manera abrupta en 1994, a causa de un desacuerdo con el dueño del banco que él mismo representaba. Aunque desconocemos las razones del conflicto, el episodio revela el fuerte control ejercido por los banqueros sobre aquellos que los representan. A pesar de la buena reputación de Maccarone, el dirigente se vio obligado a renunciar y el joven propietario del Banco Galicia asumió la presidencia. La designación de Escassany renovó la imagen de la entidad: no se trataba sólo del miembro de una tradicional familia de banqueros, segunda en importancia dentro de los bancos privados argentinos, sino de un hombre que tenía entonces apenas 43 años y que se oponía en su porte —delgado y deportivo—, a la apariencia regordeta y madura que hacía ver a Maccarone semejante a los miembros de la SRA.

En 1995, tras la crisis mexicana, la presidencia de la entidad fue nuevamente cuestionada. Frente a un mercado tan susceptible al humor de los inversores, los rumores y las conspiraciones se transformaron en armas para debilitar a los rivales y consolidar la propia posición dentro del sistema. La oposición de Escassany al fondo de rescate instituido por el Estado y sus declaraciones en favor de una restructuración (una disminución) de los bancos que operaban en el país, no provocaron sólo las críticas crispadas de las entidades públicas y cooperativas, sino también las de los bancos más débiles pertenecientes a la Adeba. En consecuencia, la convención de 1995 fue suspendida y la restructuración del sistema bancario se llevó a cabo sin mayores declaraciones por parte de la asociación. Las entidades menores desaparecieron o se fusionaron y la Adeba pudo seguir defendiendo la competencia y la supervivencia de los más aptos sin que su presidente sufriera mayores cuestionamientos.

La creación de la ABA en 1999 fortaleció inicialmente a las cúpulas de la Adeba, que conservaron la presidencia pero la nueva crisis financiera de fines de 2001 comprometió esta vez al propio Escassany. Mientras que en otros países la antigüedad y el carácter nacional de las entidades bancarias son fuentes de prestigio para los clientes e inversores, en Argentina los bancos locales fueron considerados menos solventes y en consecuencia menos confiables que los extranjeros. Los rumores, alimentados por quienes podían beneficiarse del desplazamiento de los clientes, perjudicaron al Banco Galicia. El dueño del banco privado nacional más importante del país se volvió impotente frente a las declaraciones de otros dirigentes, investidos por el prestigio de las entidades extranjeras que representaban. Hacia abril de 2002, mientras la situación del sistema bancario argentino no había sido aún resuelta y los directores de los grandes bancos eran convocados a declarar por la justicia argentina, la ABA guardaba silencio y la defensa de los banqueros "locales" quedaba en manos de las entidades financieras internacionales. En todo caso, algunos atributos de Escassany lo asemejan con los directores de los grandes bancos extranjeros que podrían tomar las riendas de la entidad: se trata de hombres jóvenes (de entre 40 y 50 años), economistas, que han hecho carrera en grandes instituciones financieras locales o extranjeras y mantienen aceitados vínculos con el exterior.

La relativa autonomía de los conflictos internos de la SRA con respecto a la suerte económica de sus asociados y la relación directa entre las tensiones vividas por la Adeba-ABA y los intereses de los banqueros, nos desplaza del análisis de las dirigencias al vínculo entre éstas y el grupo más amplio en nombre del cual toman la palabra. En este sentido, es interesante aproximarse al tema de la representación desde una problemática clásica de las ciencias sociales: la solidaridad. Desde sus albores, la sociología ha distinguido dos tipos de cohesión: la mecánica, resultante de la homogeneidad de un grupo, y la orgánica, producto de las diferencias y de la interacción entre los miembros de un colectivo, en suma, de su interdependencia.

La Sociedad Rural Argentina, institución tradicional por excelencia, se ha asentado fundamentalmente sobre el primer tipo de cohesión. Todos los autores que han analizado su historia coinciden en señalar que el vínculo entre la comisión directiva y los miembros de la asociación, reposa más sobre la semejanza de ciertos atributos e ideales que sobre el contacto sistemático y directo entre unos y otros. Contrariamente a otras entidades representativas del sector, la SRA no se organiza de abajo hacia arriba sino de arriba hacia abajo. Mientras que las otras organizaciones tienen una mayor presencia en el interior y se articulan de manera ascendente con asambleas, reuniones periódicas y delegados regionales que contribuyen con sus cuotas al sostén de las entidades y con sus votos a la legitimación de sus dirigentes, la Sociedad Rural se asienta sobre una estructura inversa. En primer lugar, la asociación tiene su única sede en Buenos Aires y no son ni los productores de base ni las organizaciones intermedias las que designan delegados, sino la comisión directiva la que inviste representantes regionales. Es también esta comisión la que elabora una lista de unidad y, en condiciones ordinarias, no presenta a los socios más que una sola opción para la elección del presidente. Finalmente, el sostén económico de la SRA no depende tanto de las cuotas de sus socios como de los ingresos provenientes de Palermo. Aunque la independencia económica de la asociación la ha caracterizado al menos desde los años cincuenta, se ha profundizado en los últimos años.¹⁵

A estos rasgos organizativos de la SRA se agregan otros que caracterizan a todas las corporaciones del sector: los asociados están geográficamente muy dispersos y no existen criterios claros para evaluar la representatividad de cada una de las entidades. Como muchos productores son afiliados sin saberlo (por medio de las instituciones intermedias a las que pertenecen) o incluso participan en más de una entidad de carácter nacional (puesto que ninguna establece criterios excluyentes), es imposible evaluar en términos exactos el peso de cada una de las asociaciones. Tanto más cuanto que la participación gremial de los hombres del campo es extremadamente diversa y puede ir de la mera inscripción por conveniencias prácticas¹⁶ al compromiso cotidiano con las tareas de la organización.

El caso de la entidad bancaria combina cierta homogeneidad de sus miembros con una intensa interacción. Para empezar, las sedes de los miembros activos de la Adeba-ABA se localizan todas en Buenos Aires. Su número, aunque importante, permite cierto conocimiento personal. De hecho, la asociación se organiza por comisiones específicas que se reúnen quincenalmente para el análisis de problemáticas particulares y elaboran conclusiones que distribuyen a todos los asociados. Completamente dependiente del aporte de un conjunto acotado de socios que invierten en ella sumas significativas, la organización se ve obligada a dar cuenta de sus actos. Ahora bien, a la hora de elaborar propuestas o de ejercer presiones, su representatividad es incontestable. La entidad puede esgrimir cuadros que evalúan su peso desde diferentes parámetros: según el número total de bancos, la cantidad de depósitos y préstamos, el número de sucursales y empleados, etc. Mientras que la SRA debe enfrentarse a tres entidades que compiten con ella y que, de algún modo, se han unido en su contra, ABA puede afirmar que representa 80% del sector al tiempo que Abappra, la otra corporación de las banca, ha guardado un respetuoso segundo lugar que apenas es reconocido por el Estado y por la prensa.

Estas condiciones dan a los dirigentes agrícolas más autonomía que a los de la banca. Imponen además capacidades de reacción diversas. Indudablemente, la SRA experimenta dificultades a la hora de movilizar a sus adherentes y depende de técnicas de publicidad y propaganda similares a las empleadas por los partidos políticos. La disolución de ciertos principios ideológicos compartidos y la heterogeneización de los productores puede no tener efectos directos sobre la orientación política y gremial de la entidad, pero conspira contra la cohesión por semejanza sobre la que ésta se ha asentado durante décadas. La ABA, en cambio, posee una estructura más liviana y menos expuesta a los imperativos de la política de masas. Le basta con saber cuándo y cómo actuar. De este modo, si las élites agrícolas dependen de la prensa y del impacto de sus demandas en el espacio público, los reclamos de la banca pueden, en cambio, ser elaborados y expuestos a las autoridades de un modo mucho más discreto y directo.

Paradójicamente, las asociaciones agrícolas que formulan tan vivas críticas contra los políticos se han visto confrontadas a las mismas determinantes y debilidades que éstos. Las estrategias de la política tradicional, el vocabulario de tono sindical, los discursos inflamados, las amenazas de movilización fueron todas desechadas durante los años noventa como poco creíbles. La crisis de la política alcanzó así a ciertos dirigentes del sector privado. Las trayectorias de dos de los dirigentes estudiados son, en este sentido, reveladoras. Mientras que Alchouron se ha presentado a las elecciones legislativas por el partido de Domingo Cavallo (en 2000), exponiéndose a las pruebas de la política tradicional, Maccarone ha sido nombrado por el mismo Cavallo, primero en la Secretaría de Finanzas (1993) y luego en la presidencia del Banco Central (en 2001). Al tiempo que el dirigente agrario reconoce la "crisis de la dirigencia argentina" considerando tanto a las élites políticas como a las económicas, Maccarone se ha comprometido públicamente a defender su independencia con respecto a los objetivos del gobierno desde uno de los puestos más importantes de la administración estatal.

Esta relación diferente con la política no se traduce en apreciaciones diversas hacia los políticos. Aunque el retorno a la democracia en 1983 y la aplicación de las reformas liberales en 1990 hayan sido interpretados por numerosos observadores como la expresión de una nueva cooperación entre políticos y empresarios, lo cierto es que el divorcio entre unos y otros se ha revelado más persistente de lo previsto. Cuando la utopía de una sociedad liberal naturalmente armoniosa y fraternal fue remplazada por las dificultades de una organización capitalista salvaje, los dirigentes empresariales volvieron a las denuncias que habían esgrimido desde los años treinta: el orden no funciona porque los políticos argentinos son "ladrones", "demagogos" y "oportunistas". En el momento de nuestras entrevistas, en abril de 2001, los dirigentes de las asociaciones del agro y de la banca consideraron completamente banal nuestra pregunta por sus preferencias políticas. No establecieron ni distinciones ni preferencias en relación con los partidos mayoritarios y se mostraron igualmente de acuerdo con el proyecto de disminuir los fondos que el Estado destina a los partidos políticos y al funcionamiento de sus cuerpos de gobierno.

Las imágenes que las élites transmiten sobre el Estado son igualmente sombrías. Tanto los dirigentes del agro como los de la banca dan cuenta de la debilidad de la administración central y del modo en que es posible servirse de ella. La desconexión entre los directores nombrados por las autoridades políticas y los cuadros administrativos, la desarticulación entre las diversas agencias y el desorden de la información permiten, a quienes presionan, construir lazos personales con los empleados públicos, disponer de informaciones confidenciales y entorpecer ciertos procesos que disminuyen la eficacia del aparato estatal. Claro que si la debilidad del Estado impide a los gobernantes atentar contra los intereses de los empresarios, obstaculiza también las medidas que podrían beneficiarlos. En este sentido, la experiencia de los años noventa ha servido para modificar profundamente el antiestatismo militante de ciertos sectores. Mientras la ABA siguió, hasta fines de 2001, defendiendo una reducción absoluta del Estado sin otra preocupación que su ajuste a las restricciones presupuestarias, la SRA mostró una visión más matizada, destinada a reducir pero también a fortalecer a la administración central.

Así, a pesar de ciertas similitudes en el liberalismo económico de las dos asociaciones, las ideologías no pueden ser las mismas si son defendidas por grupos sociales tan diferentes. Mientras que el liberalismo de la SRA recuerda ciertas raíces patrias que aspiran, de algún modo, a la integración identitaria de la sociedad nacional, el de la Adeba-ABA no evoca más que al mercado como nueva patria communis de la humanidad. Sus discursos no se han caracterizado sólo por su contenido sino también por el público al que han pretendido persuadir. En tanto que la puesta en escena de los dirigentes del agro se caracteriza por hacerse pública y por buscar un reconocimiento amplio, la de los banqueros rechaza siempre a los observadores inoportunos, cultivando el secreto y la discreción.¹⁷ Más allá de la posición más o menos dominante de cada asociación, las características propias de cada grupo pueden constituir aspectos importantes a tomar en cuenta para comprender las diferencias en la predisposición de cada élite a mostrarse a los otros y a construir a su alrededor un círculo más o menos extendido de adherentes y observadores.

La relación con la tierra, la integración del territorio y la explotación de recursos naturales acercan a los dirigentes de la SRA a los dirigentes de la nación. En efecto, la legitimidad de unos y otros se juega dentro de las fronteras geográficas controladas por el Estado. A diferencia de otros tipos de capital económico, la tierra impone una materialidad ineluctable: no puede desplazarse ni esconderse. El suelo reenvía también a la larga duración, a las raíces, a los orígenes, a las identidades más elementales. La propiedad de la tierra es, en consecuencia, más vulnerable a las denuncias que hacen del suelo un bien social y a las decisiones políticas que pueden intentar distribuirla o socializarla de una manera o de otra. El hecho de que la mayor parte de los miembros de la SRA sean abogados, refuerza esta identificación con los límites geográficos de la nación: los abogados fueron participantes protagónicos de la construcción del Estado y de la creación de los cuerpos normativos que rigen las sociedades modernas.

El mundo de las finanzas es, por el contrario, el de la abstracción. La única materialidad reconocida, la del dinero, se ha tornado ella misma problemática. Gracias a un mecanismo esotérico, los bancos pueden multiplicar virtualmente la cantidad de dinero del que dispone una sociedad y desplazarlo de un lugar a otro del planeta sin el más mínimo esfuerzo. Esta disposición a la movilidad se suma a la pretensión de universalidad del dinero en tanto símbolo de todos los intercambios. El dinero, siempre presente, puede desaparecer de un momento a otro. Dejado en libertad, no puede sino cuestionar todo aquello que permanece fijo, rígido, permanente. Es precisamente esta fluidez y este carácter intangible el que le ha permitido escapar a las críticas y a los controles. Mientras la racionalidad jurídica de los dirigentes de la SRA permanece circunscrita a las fronteras del Estado-nación y al dominio pedagógico de la palabra, la expertise de los economistas que participan de la Adeba-ABA se presenta como el saber por excelencia de un mundo integrado que se sobrepone a todo "provincialismo" ideológico y que pretende reducir todo al cálculo matemático.

Esta significación distinta de los grandes propietarios y de los banqueros toma características particulares en el caso argentino y define un círculo de pertenencia diverso para las élites de un sector y del otro. La construcción de la nación ha estado estrechamente ligada a la inserción de Argentina en el mundo como productora de materias primas. Los hombres de la SRA insisten aún en el hecho de que Argentina ha entrado al mundo a partir de sus manos. Luego de varias décadas de lucha contra el crecimiento abusivo del Estado, la experiencia de la fiebre aftosa y de los subsidios a los productos agrarios ha contribuido a redefinir la actitud de los hombres del campo en relación con la administración central. Así, en nombre de la sociedad argentina, los propietarios de la pampa y los diplomáticos intentan negociar en los foros internacionales la apertura de los mercados agrícolas del norte.

Por el contrario, la expansión del capital financiero tuvo lugar en Argentina paralelamente a la crisis económica de los años setenta y al profundo endeudamiento del Estado. En lugar de representar a los empresarios nacionales en el mercado internacional, la ABA parece proveer un espacio para que los intereses y los bancos sin territorio establezcan un vínculo con el gobierno y con la economía local. El banquero se transformó así en una figura ambivalente. Como el extranjero descrito por Simmel, se ha tornado "un símbolo de la mediación en el seno de un grupo entre adentro y el afuera" (Martuccelli, 1999: 387).

 

CONCLUSIONES INCONCLUSAS

Gran parte de las dificultades para abordar el estudio de las élites en América Latina reside en la confusión que prevalece en tres términos: capitalismo, mercado y liberalismo. Entremezclados ciertos intereses y ciertos ideales por quienes defienden y quienes impugnan cierta organización social, la distinción entre estas nociones puede servirnos de punto de partida para el estudio de los grupos sociales, las prácticas y las ideologías que han dirigido las transformaciones que acabamos de recorrer.

Vale recordar entonces que el liberalismo, más que como una teoría económica entre otras, se reclama en realidad como una verdadera utopía social y política. En tanto tal, reposa sobre una visión idealizada de la realidad y exige a quienes la esgrimen profundas adaptaciones para imponerse en la práctica. A diferencia de otros países donde los representantes del liberalismo se atribuyeron el lugar de partícipes en la construcción de instituciones políticas y en la orientación de la economía nacional, los liberales argentinos se reservaron desde los años treinta un papel displicente y reactivo, que contribuyó a alimentar el carácter utópico e impoluto de sus ideas. Esta pretensión de pureza fue retomada por las nuevas generaciones y es tal vez el único atributo que comparten el liberalismo tradicional y el liberalismo tecnocrático.

Aunque la evocación de los principios doctrinarios de la economía inglesa del siglo XVIII haya contribuido a generar la imagen de un universo ideológico y social compacto, su conversión en medidas y prácticas concretas ha modificado la composición, los comportamientos y los discursos de quienes se sentían inicialmente contenidos por esos ideales. Así, la instauración de un capitalismo sin salvaguardas terminó por perjudicar a algunos de los grupos que se intuían beneficiarios y por disolver los principios ideológicos que habían sido característicos del liberalismo durante largas décadas. En efecto, la solidaridad entre liberalismo y antiperonismo se disolvió al tiempo que los líderes populistas se mostraban dispuestos a aceptar y promover los intereses de sus antiguos adversarios. El desprecio social pero también el respeto de ciertas tradiciones, el cuestionamiento de los abusos de poder y la denuncia de ciertas "desprolijidades" del partido hegemónico, fueron abandonados con la reconciliación. Al mutar el adversario que los unificaba, el núcleo antiperonista se disolvió.

La ofensiva modernizadora de los años noventa, por su parte, tampoco podía dejar indemnes a los antiguos liberales. Las reformas no acordaron ninguna prioridad a los productores sobre los operadores financieros; no reconocieron ninguna distinción entre los propietarios nacionales y los extranjeros; no establecieron ningún límite a los dispositivos de un mercado abierto. La SRA, que había defendido las transformaciones, intentó reconvertirse a los nuevos principios, pero se encontró rápidamente privada de sus signos de nobleza y en una posición marginal dentro del espacio de los dominantes. Es justamente la tensión entre liberalismo y conservadurismo la que signa la situación actual de la SRA. Y son los principios de una sociedad tradicional los que sirven de apoyo a las reflexiones de quienes intentan explicar la debacle del modelo. Luego de defender durante años las virtudes del Homo económicas, Alchouron se lamenta de las ganancias desmesuradas de los banqueros: "Creo que ha habido sectores de la economía que han buscado una performance fácil, me refiero especialmente a los grupos ligados al capital financiero. Encontraron un campo orégano para aprovechar la desregulación con un sentido absolutamente egoísta y sin tener en cuenta que todos somos responsables de la cosa".¹⁸

Nada semejante encuadra con los principios de la Asociación de Bancos. Reforzada en su condición de vanguardia de la pureza y de la independencia de la economía, la ABA no pudo descubrir en la crisis más que factores ajenos a sus principios. Luego de explicar las dificultades del país por la inversión del contexto internacional, la asociación se volvió contra la clase política en su conjunto acusándola de haber interferido con los programas diseñados por los técnicos. Los ideales del liberalismo encontraron así otro soporte más perseverante que logró articular sus intereses con un principio de justificación contundente (la verdad científica de la economía) y con un grupo más poderoso que trasciende las fronteras (y la suerte) del país.

La democratización y las reformas liberales han propiciado así una cierta renovación de los dirigentes, las asociaciones, los grupos y los intereses de las élites económicas argentinas. La realización de la utopía no podía, como era de esperarse, más que establecer fracturas, definir ganadores y perdedores. Mientras que los perjudicados se contaron exclusivamente entre los sectores dominados, el grupo modernizador mantuvo un cierto carácter solidario. Así, al menos hasta 1995, los organismos internacionales de crédito, el gobierno norteamericano, las grandes asociaciones empresariales, las fundaciones de expertise económica, los grandes diarios nacionales y los partidos políticos mayoritarios se limitaron a celebrar el milagro argentino. No obstante, a medida que los efectos de la liberalización fueron desplegándose y que las condiciones internacionales se revirtieron, el consenso en torno de las transformaciones comenzó a resquebrajarse.

A pesar de la degradación social las protestas fueron, hasta diciembre de 2001, débiles y limitadas. El viraje ideológico del peronismo provocó el debilitamiento de los sindicatos obreros y las manifestaciones de los trabajadores no lograron impedir la promulgación de las leyes de flexibilización del trabajo ni la disminución de los salarios. Activas en el pasado, las universidades públicas se limitaron a resistir los sucesivos ajustes, desbordadas por la tensión entre masificación y ahogo presupuestario. Las principales protestas adquirieron un carácter más bien espontáneo y episódico. Algunas ciudades del interior, completamente marginadas, conocieron estallidos sociales, mientras que otras organizaban el corte de rutas nacionales. Estos acontecimientos no eran más que la explosión de una indignación desarticulada que, una vez extinguida, no parecía dejar ninguna secuela a las autoridades centrales.

Es en el seno de los antiguos aliados donde deben rastrearse los albores de la crisis. La permanencia de la recesión obligó a cada uno a ensayar interpretaciones y propuestas que fueron contraponiéndose las unas a las otras. En 1998, las propias asociaciones del empresariado argentino, otrora unidas en el "grupo de los 8", se fracturaron entre un "grupo productivo" que instaba a la protección del mercado interno y a la reactivación y un conjunto heterogéneo hegemonizado por los bancos que insistía con la reducción del Estado y la estabilidad de la moneda.

En este marco, la crisis de diciembre de 2001 abre interrogantes de una densidad teórica y política inexplorada. Una de ellas es, sin duda, la relación de las nuevas élites económicas con las naciones en las que se desenvuelven. Mientras que las loas y denuncias a las élites tradicionales nos introducían necesariamente en cuestiones ligadas de manera estrecha con el devenir de la sociedad argentina en su conjunto, los nuevos actores económicos parecen ubicarse más allá de toda institución política o marco cultural y estar listos para partir, desentendiéndose de toda proyección colectiva de largo plazo.

 

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FUENTES

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Dossiers de prensa de 1987-1998, realizados por el CISEA a partir de los principales diarios argentinos: La Nación, La Prensa, Clarín, Ámbito Financiero, El Cronista Comercial y Página 12.

Versiones electrónicas de La Nación, Clarín y Página 12, de 1998-2002.

Documentación interna de la Sociedad Rural Argentina (revista Anales y memorias anuales) y de la Asociación de Bancos de Argentina (discursos, memorias anuales y conclusiones de las diversas convenciones nacionales de bancos).

 

Notas

* Este artículo presenta resultados parciales de la tesina que he desarrollado en el marco del Diplôme d'Études Approfondies (DEA) en la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París, 2000-2001, con el apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). A lo largo de su realización, el trabajo se ha enriquecido con los valiosos comentarios de Luc Boltanski, Mirta Palomino, Alfredo Pucciarelli, Monique de Saint Martin, Ricardo Sidicaro, así como de Ana Castellani, Mariana Luzzi y Pablo Tovillas. A todos ellos, mi sincero agradecimiento.

¹ La historia de la SRA fue reconstruida a partir de los siguientes trabajos: De Ímaz, 1964; Palomino, 1988 y Sidicaro, 1982.

² Para una excelente y actualizada descripción del agro pampeano y de su historia, consultar Barsky y Pucciarelli, comps., 1997.

³ Nuevas organizaciones se reivindicaron como portavoces de los hombres de la pampa. Los arrendatarios crearon en 1912 la Federación Agraria Argentina (FAA), con el objetivo esencial de modificar el régimen de tenencia de la tierra y de obtener del Estado una mayor protección para los trabajadores agrícolas. En 1936, los miembros de la SRA deseosos de emanciparse de los intermediarios norteamericanos que controlaban la industrialización y la comercialización de sus productos, formaron las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). En 1956, las cooperativas regionales se agruparon en la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).

⁴ Los principales ingresos de la SRA provenían, por un lado, de la exposición anual organizada por dicha entidad en un terreno público de Palermo (uno de los barrios más elegantes de Buenos Aires) y, por el otro, de sus registros genealógicos. Con el peronismo, estos últimos fueron nacionalizados, la concesión del terreno público fue sometida a condiciones estrictas, el presidente de la República sólo inauguró algunas exposiciones y la radio oficial no transmitió, tal como era costumbre, los discursos que los dirigentes de la asociación rural daban al país anualmente.

⁵ A diferencia de Brasil, donde la teoría del desarrollo supo encontrar el apoyo de los empresarios, en Argentina tuvo muchas dificultades para hacerse un lugar entre el liberalismo y el populismo. Ésta es la tesis desarrollada por Sikkink, 1991.

⁶ Es preciso recordar aquí que no fueron las corporaciones empresariales las que acordaron con el gobierno radical el plan económico, sino un agrupamiento ad hoc de grandes empresarios, los llamados "capitanes de la industria". Este tema ha sido estudiado exhaustivamente por Bouvier, s.f. y Osteguy, 1990.

⁷ V. L. Funes. 1992. "Perón y la Rural". La Nación, 17 de enero; J. Amadeo Lastra. 1992. "Perón y la Rural". La Nación, correo de lectores , 5 de febrero, y V. L. Funes. 1992. "Perón y la Rural". La Nación, correo de lectores, 5 de febrero.

⁸ Mientras las agencias inmobiliarias estimaron el valor de la propiedad entre 70 y 200 millones de dólares, el Estado argentino no aceptó más oferente que la SRA, vendiéndole la propiedad en apenas 30 millones.

⁹ "La exposición rural hoy: un gran shopping desmontable", Ámbito Financiero. 3 de agosto de 1992; "La Rural cosecha '92 reservó el gran premio para los shoppings", Página 12, 7 de agosto de 1992, y "Sociedad rural: de las vacas a los Guns n' Roses". Panorama, 10 de enero de 1993.

¹⁰ Entre los indicadores de esta "revolución tecnológica" podemos citar: un aumento de 473% en el uso de fertilizantes entre 1988-1999; de 125% en las unidades de tractores, y de 293% en el empleo de equipos de riego entre 1991-1997. La superficie cultivada se incrementó, por su parte, en 30% entre principios y finales de la década y Argentina conoce cosechas récords de cereales desde la segunda mitad de los años noventa. Azcuy Ameghino, 2000; Perona y Reca, 1997 y "El capitalismo llegó al campo", Mercado, núm. 964, marzo de 1998.

¹¹ Discurso de apertura de la convención anual de 1994; presidente de la Adeba, E. Escassany, 29/8/1994.

¹² Mientras que los participantes del mundo de las finanzas representaban en 1991 43% del total, en 1994 no alcanzaban más de 25%. Información de prensa provista por la Adeba.

¹³ Todos los datos sobre la evolución del sistema financiero argentino fueron extraídos de Bleger, 2000: 23.

¹⁴ Memoria institucional de la ABA, 2000.

¹⁵ En el balance de 1999/2000, los ingresos por la explotación del predio y por la exposición representan 72% del total. Memoria anual de la SRA 1999/2000.

¹⁶ Para citar sólo un ejemplo, los miembros de la SRA pueden tener acceso a los registros genealógicos y a otros servicios a costos muy inferiores que quienes no son socios. La mayoría de los criadores obtiene, al inscribirse, ventajas que van más allá de cualquier identificación política con las dirigencias.

¹⁷ Estas diferencias de visibilidad se revelan en diversos aspectos: los edificios que acogen las sedes de las asociaciones, el tipo de eventos que organizan, las declaraciones que formulan a la prensa, los documentos internos que preparan, la predisposición a dejarse entrevistar, la voluntad de responder a nuestras preguntas.

¹⁸ Entrevista con Guillermo Alchouron, Buenos Aires, 20/4/2001.