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INTRODUCCIÓN
En el último lustro he abordado a jóvenes miembros de agrupaciones cuya actuación se asienta en un ámbito que enunciaré como cultural-educativo. Mujeres y hombres de entre 25 y 35 años de edad intervienen donde habitan familias de escasos recursos en la zona metropolitana de Monterrey (ZMM). Su trabajo comprende la recuperación o apertura de espacios en donde infancias y adolescentes conviven, aprenden y juegan. Otro de los grupos estudiados difunde la realidad de su colonia para mostrar una imagen diferente a la que circula en los medios regionales, la cual está basada en hechos delictivos e inseguridad.
Para referirme conceptualmente a estos jóvenes, he elegido la acepción productores y productoras culturales propuesta por Isabell Lorey, cuya naturaleza es “paradójica” en tanto que identifica a personas que imaginan su propia producción autónoma y la producción de sí mismos. Este transcurso, expresado en distintos modos de subjetivación, es así mismo un instrumento de gobierno que constituye efectos funcionales de la gubernamentalidad biopolítica de las sociedades occidentales (2008, p. 57).
El significado de productores y productoras culturales no alude necesariamente a profesionales del arte que pertenecen a esta industria. Productores culturales es una acepción que establece una perspectiva de análisis distinta a la de gestor o promotor cultural, quizá más apegada a la acción particular descrita en un proyecto con alcances específicos. Productores culturales me refiere alternativamente a un individuo “moderno”, “dependiente de ciertas condiciones existenciales” dentro de las que desarrolla una relación creativa y productiva “consigo mismo”, que le permite erigirse en un sentido más integral. Esta capacidad de autoconstitución no es independiente de los dispositivos de gubernamentalidad (Lorey, 2008, p. 62).
Los jóvenes (o sujetos) a los que me acerqué poseen educación universitaria o de nivel bachillerato. Alonso y Fernanda, fundadores de una de las agrupaciones, cursaron estudios universitarios en psicología y talleres de especialización en música, respectivamente. En cuanto a Rita y Saúl, de otro de los grupos, ella se formó en teatro y él terminó el bachillerato más una capacitación para emplearse en una empresa cercana al lugar de intervención. Alma, del tercer colectivo, se formó en ciencias sociales, al igual que dos de las integrantes.2
La mayoría sostiene las acciones emprendidas con sus propios recursos o con donativos de particulares. Varios se mantienen de trabajos de medio tiempo o temporales, mientras que otros han conseguido, mediante su formalización, recursos materiales y económicos. En este artículo me referiré a sujetos de tres colectivos3 que reflexionan sobre la contingencia de su labor, el sentido que conceden a su solidaridad y la situación de inseguridad que confrontan.
Mi acercamiento empírico se ha establecido en una modalidad base que incluyó varias visitas a los lugares de intervención. En uno de los casos ha sido posible registrar el trabajo de una manera más detenida y acordar algún tipo de colaboración periódica. En otro, la relación se ha fincado en entrevistas semiestructuradas y el seguimiento a publicaciones impresas y a redes sociales. El tercer grupo acotó mis incursiones a observar su dinámica cotidiana. El estudio continúa vigente.
Metodológicamente, he abordado la realidad como un quehacer reflexivo entre sus consideraciones y mi propia visión, a fin de dar cabida a ambos discursos (Dietz, 2012). El interés de este artículo es perfilar un análisis de las actividades y percepciones de miembros de estas agrupaciones a partir de sus elecciones.
Sobre las motivaciones que fundaron las acciones colectivas, las pláticas versaron acerca de la incertidumbre que significó la recuperación de los espacios bajo la idea de la autonomía que, en principio, para todos resultaba preponderante. Utilicé las categorías emic-etic; la primera para vislumbrar las consideraciones forjadas por ellos acerca de su labor, la segunda la referí a mis propias consideraciones (Restrepo, 2016). Registré de los sujetos las reflexiones sobre lo que funcionaba y lo que entorpecía su relación con el barrio y otros actores (emic).
Un segundo aspecto se relacionó con el esfuerzo de colectivizar los intereses individuales, situación que ha supuesto dificultades debido al tiempo que cada integrante tiene disponible. Otro aspecto primordial para el estudio es la circunstancia metropolitana en la que las agrupaciones intervienen. Tanto la infraestructura pública como el uso o desuso que se hace de ésta, juegan un papel preponderante en las relaciones que pueden establecerse y quiénes participan en ellas.
El cuarto aspecto es la dinámica que se crea desde la gente del barrio. Aunque la investigación no ha hecho un énfasis específico en las formas en las que la población dialoga con los jóvenes, sí he realizado un registro que combina breves apreciaciones de las familias y, especialmente, las expectativas que he podido observar sobre el ofrecimiento de los colectivos y cómo puede convertirse en un elemento orgánico de su sobrevivencia.
Contingencia y precarización
La contingencia (o incertidumbre) es un fenómeno ambivalente que condiciona la vida en sociedad; es “amenaza y constricción”, al tiempo que implica “nuevas posibilidades de vida y trabajo”. La precarización, como fenómeno global, abarca todos los espacios que en el pasado se consideraban seguros, no se trata de una realidad exclusiva de regiones pauperizadas y marginales (Lorey, 2016, p. 17).
La precarización, como instrumento de gobierno, está al servicio de la custodia social. No se centra necesaria ni únicamente en la disminución o prevalencia de puestos de trabajo, ni busca legitimarse mediante la protección y la seguridad (Lorey, 2016). Opera “mediante la regulación del mínimo de protección social que corresponde al mismo tiempo a una incertidumbre creciente” (Lorey, 2016, p. 18). La incertidumbre encuentra en la colectividad un instrumento que congrega voluntades individuales en pos de una serie de propósitos que pueden identificarse como solidarios. Esta solidaridad puede tenerse por orgánica a la gubernamentalidad de la acción social en Monterrey metrópoli (y en otras urbes, sin duda) como una combinación entre el voluntariado y la aplicación de recursos públicos en situaciones sociales límite. Esta incertidumbre o contingencia de vida no debe asociarse, por tanto, a la ingobernabilidad.
Gubernamentalidad y biopolítica es una díada de cuño foucaultiano, retomada y llevada por Lorey a un nuevo nivel. Con gubernamentalidad, Foucault alude a tres cosas: “el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas” que permiten ejercer el poder sobre la población (2018a, p. 136). Con la biopolítica, Foucault se refiere a un poder cuyo propósito es ordenar la vida mediante mecanismos que distribuyen y normalizan lo viviente “en un dominio de valor y de utilidad” como esencia de la lucha política (2007a, pp. 174-175).
La conducción de los hombres al margen de la autoridad eclesiástica planteó la interrogante de cómo conducirse a sí mismo en la vida cotidiana, y respecto a los otros y a las autoridades (Foucault, 2018a). Pensemos en los miembros de los colectivos: su iniciativa en los barrios, tenida por emancipada, responde a condiciones de vida concebidas por el Estado, en términos amplios, mediante la estratificación social y cómo la población debe o puede involucrarse para su aparente resolución.
Una mirada contrapuesta a Lorey y a la tesis foucaultiana sobre la gubernamentalidad podemos hallarla en el análisis de Sider (2014) sobre las cambiantes condiciones de violencia histórica en las que han sobrevivido los pueblos nativos en Canadá. Aunque la circunstancia afrontada por Sider es relativamente lejana a lo que ocurre en los enclaves marginados de la ZMM, su crítica sobre la gubernamentalidad nos provee de un referente que, desde su lógica, trata de comprender la resistencia a las transformaciones culturales y políticas en las comunidades nativas canadienses.
Para Sider, la gubernamentalidad condiciona “la dominación” y la identificación de pueblos bajo encasillados como “indios, esquimales, aborígenes” (2014, p. 183). Guardadas las proporciones, es posible hallar paralelismos entre ello y la persistente incertidumbre que viven las familias de los barrios atendidos por los colectivos.4 Uno muy importante es el que respecta a los servicios públicos deficientes o inexistentes. El reconocimiento de cómo estas carencias inducen el tipo de relaciones entre sus habitantes, entre estos y funcionarios de gobierno, y entre sus habitantes y colectivos (en general personas foráneas), así como el papel que han de desempeñar cada uno de estos sujetos.
Sider (2014) considera incorrecto que la conformación que se ha hecho de los pueblos originarios del Canadá provoque la gobernabilidad de éstos y, aún más, su victimización. Aunque Lorey (2016) no da por sentada la colusión o la obediencia en términos binarios (ocurre o no ocurre), sino en términos de una incertidumbre creciente y ambivalente, Sider observa que la dominación “produce mucho más caos que orden en la vida de sus súbditos; por lo que la dominación siempre está en problemas” y poco tiene que ver con la rutina de las poblaciones nativas (2014, p. 183).
Para Lorey, la gubernamentalidad precarizada no persigue la sumisión de víctimas, sino el control de sujetos que responden activamente a la inseguridad a la que son expuestos. Los “problemas” a los que hace referencia Sider, desde la precarización como gubernamentalidad, son elementos constituyentes de la contingencia como una ontología de vida supeditada a determinadas condiciones sociales y políticas (Lorey, 2016, p. 32). En estas condiciones, la obediencia y la cooperación “por un lado” y “la resistencia, la evasión, el desafío, etc., por el otro” de las que habla Sider (2014, p. 182), ocurren de manera ambivalente, no contrapuesta.
El orden sustancial de la gubernamentalidad precarizada no equipara eficiencia con seguridad o con resolución, sino con regulación, que no necesariamente prescinde del “caos” enunciado por Sider, sino que lo convierte en un elemento que es orgánico a su operación. La gubernamentalidad de raíz foucaultiana llega a un nuevo margen representado en la precarización de un Estado basado en un “máximo de inseguridad” (Lorey, 2016, p. 18) distribuida de manera heterogénea entre la población.
La contingencia que se desprende de la gubernamentalidad precarizada tiene secuelas de distinto orden. Los jóvenes estudiados comparten la incertidumbre de un desarrollo profesional y de su labor solidaria en favor de niños, niñas y adolescentes. Esta última tiene su raíz en la precarización de sí mismos (Lorey, 2008). La precarización de sí o elegida para sí, evidencia “líneas de fuerza históricas de la subjetivación burguesa moderna, imperceptiblemente hegemónicas y normalizadoras, y con capacidad para bloquear los comportamientos resistentes” (Lorey, 2008, p. 59).
Lo anterior no significa que los jóvenes se muevan invariablemente dentro un círculo vicioso que fluctúa entre hetero y autoconducción (Lorey, 2016). Desde una dimensión ética del gobernar, el sujeto se plantea conducirse y constituirse a sí mismo (Foucault, 2018b), confrontando, en lo posible, el disciplinamiento y “los procedimientos puestos en práctica para conducir a los demás” (Lorey, 2016, p. 20). De ahí la paradoja: “gobernarse, controlarse, disciplinarse y regularse significa, al mismo tiempo, fabricarse, formarse y empoderarse”, a lo cual se le puede otorgar el sentido de libertad (Lorey, 2008, p. 68).
Las técnicas de gobierno de sí “surgen de la simultaneidad de compulsión y libertad” (Lorey, 2008, p. 68). Es a través de este movimiento paradójico que los productores y productoras de cultura se perciben autónomos. Esta subjetivación les hace participar en la reproducción de las condiciones de gubernamentalidad; se exponen “libremente” a lo imprevisible y a la duda que encierra el devenir de su rol dentro de los barrios. Del trato rutinario con la contingencia emerge la capacidad de elegir entre ser desbordados o intentar una especie de contraconducta que les admita continuar con su plan comunitario. “La potencialidad del éxodo y constitución”, le llama Lorey (2016, p. 110).
El contexto de esta dialéctica entre éxodo y constitución es el gobierno como poder, como “acción sobre acciones posibles, de las relaciones de violencia” que pueden instrumentarse por ese poder en distintos estratos laborales, infraestructurales, raciales, etcétera (Saidel, 2018, p. 23). No existe en ello un antagonismo, sino una lucha recíproca para disciplinar la conducta libre y potencialmente resistente (Saidel, 2018). Siendo así, el gobierno no persigue un bien común, sino un “fin conveniente” a la regulación de la población, razón por la que existe una pluralidad de metas y de dispositivos, cuya creación puede provenir de la imaginada soberanía de los individuos (Foucault, 2007b, p. 201).
El colectivo encabezado por Alonso y Fernanda coordina un taller de música como parte de la estrategia para la recuperación de una casa comunitaria que se mantuvo sin atención oficial durante algunos años. Al taller se han añadido actividades lúdicas, además de la vinculación con distintos actores –particulares y estatales– para llevar a cabo celebraciones como las del Día del Niño o de la Madre. Apoyos para conseguir instrumentos o para que niños y niñas asistan a eventos deportivos son parte de la gestión asumida.
Por otro lado, el grupo que encabezan Saúl y Rita opera un espacio en el que infancias y adolescentes participan en juegos deportivos y practican oficios como la carpintería o la pintura; algunas mujeres se reúnen también para aprender danza o para participar en charlas que hacen las veces de terapia grupal. La conjunción de menores de distintas edades es causa de conflictos debido a que los muchachos ocupan el lugar para ingerir o inhalar enervantes. La tercera agrupación, encabezada actualmente por Alma y dos compañeras más, edita desde hace cinco años un tabloide en el que se cuenta la historia de las colonias en donde residen, además de denunciar problemáticas de actualidad.
La precarización de estos jóvenes gravita en ciertas maneras de ser y estar, mediante proyectos que posicionan su desacuerdo con las condiciones de sus hábitats. La imaginación en relación con la propia libertad o capacidad de elección están conectadas con modos hegemónicos de subjetivación que les convierte en parte activa de las relaciones desiguales (culturales, económicas, etc.) que caracterizan a la sociedad en la que viven (Lorey, 2008).
Un contexto basado en la inseguridad
Para referir a la circunstancia metropolitana que da cabida a este estudio, es conveniente presentar algunas precisiones que ayuden a caracterizar la inseguridad como elemento primordial del gobierno neoliberal en contraposición del Estado social o Estado protector.
Lorey caracteriza la condición precaria como fundamento de lo social y lo político dentro de un sistema de gobierno que busca la subsistencia de todos los individuos en favor de la economía capitalista. La autora no comparte la visión de un “Estado social protector”, en el que “la ‘precariedad’ [en un sentido negativo] es ‘la fuente potencial de peligro no sólo para aquellos que padecen una protección insuficiente, sino también para la sociedad como un todo” (2016, p. 54). Al contrario del supuesto que configura al Estado social como precursor de seguridad y a la “precariedad” como productora de inseguridad (Castel, Kessler, Merklen y Murard, 2013), Lorey critica “el discurso neoliberal sobre la libertad” que supone la manumisión de los individuos del influjo de un Estado “protector y paternalista” (2016, p. 54).
Castel et al. ponderan la precariedad como causa única de peligro social (Lorey, 2016). Lorey advierte que una concepción unívoca de la precariedad como amenaza e inseguridad se leerá como si se tratara de una “desviación”, lo cual impide comprender que tanto seguridad como inseguridad forman parte de modos de precarización y normalización que constituyen instrumentos y técnicas de los gobiernos neoliberales (2016, p. 54).
El Estado social, aparentemente, habría logrado un equilibrio dentro del cual los riesgos no contravienen el desarrollo de la sociedad y se garantizan los derechos cívicos y políticos de los ciudadanos. Empero, el núcleo del entramado institucional de la seguridad es la propiedad privada, que centra la demanda de protección en un reducido grupo de individuos, y da entrada a una reclamación interminable de justicia y a la aparición de un entramado jurídico-legal (León, 2006) que controle tanto la administración de justicia como el nivel de inseguridad subyacente. De acuerdo con León, en su lectura de Castel et al., son estas condiciones de inequidad las que dan paso franco a la “omnipresencia de los policías” como medida de control, pero también de conflicto debido a la consecuente demanda de respeto a la libertad y la autonomía individual (2006, p. 286).
Las miradas de Castel et al. proyectan este fenómeno de inequidad como una contraposición entre una demanda de seguridad absoluta y el reclamo de autonomía y libertad; sería “la exasperación de la preocupación por la seguridad” la que genera “su propia frustración, que alimenta en sentimiento de inseguridad” (León, 2006, p. 268). Lorey (2016), por el contrario, reconoce en el Estado de inseguridad un gobierno no legitimado en la promesa –incumplida– de salvaguardia. El gobierno neoliberal procede mediante la regulación del mínimo de protección social que corresponde, al mismo tiempo, a una incertidumbre creciente. El arte de gobernar consiste actualmente en equilibrar un umbral de inseguridad que no induzca a la ruptura de la paz o al estallido social.
El neoliberalismo en América Latina toma fuerza tras la crisis de la década de 1980, apropiándose de un discurso compatible con la “modernización” como horizonte y panacea. El neoliberalismo promovió una “ideología de la transición” para legitimar una propuesta político-económica justificada en “la necesidad de la reinserción de la región” como parte de la globalización de la economía (Jiménez, 1992).
En México, como en el resto de los países latinoamericanos, el neoliberalismo constriñó los ingresos de los sectores llamados “populares”, debilitando aún más su poder adquisitivo. La migración hacia las grandes ciudades, forzada por la incertidumbre laboral provocada por el modelo económico vigente, amplió la pauperización de sectores de población cuya única posibilidad fue emplearse en actividades escasamente remuneradas y/o asumir la venta o los servicios en la informalidad como vía para sobrevivir. La incertidumbre de cientos de personas buscando una fuente de ingresos se torna en un fenómeno urbano normalizado mediante el cual se llega a exaltar a algunos individuos como “emprendedores”, aun en su desposesión y precariedad, como consecuencia esperada del ideal capitalista de la competencia (Katz, 2015, p. 15).
La zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, es la segunda más poblada del país y abarca nueve municipios.5 En su demarcación concentra 5 341 171 habitantes. Del total enunciado, 1 142 994 viven en la capital (Inegi, 2020).6 El reconocimiento de la ZMM como generadora de riqueza y desarrollo parte de un discurso liberal que no reconoce en la segregación social uno de los puntales de la expansión económica en la región noreste de México (Aparicio, Ortega y Sandoval, 2011).
Para 2014, el municipio de Monterrey poseía ya el mayor índice de habitantes en pobreza extrema en comparación con los otros 50 ayuntamientos que componen Nuevo León. En ese año, la Secretaría de Desarrollo Social local invirtió cerca de 100 millones de pesos “enfocados a combatir la carencia alimentaria, falta de servicios y calidad de vivienda, además de la falta de seguridad social” (Ochoa, 2014).
Otra de las manifestaciones de la segregación es el uso del espacio. Aparicio et al. (2011) ubican distintos períodos en el crecimiento de la ZMM. Destacan la instauración de barrios obreros que ocurrió durante la industrialización, desde finales del siglo XIX hasta la década de 1940. En lo sucesivo, los autores identifican un período de expansión entre los años 1940 y 1980 que, según consideran, definió las características actuales de Monterrey a partir de 1990.
Durante el último estadio (o vigente) se ha apostado por “una ciudad competitiva dentro de las dinámicas económicas globales” (Aparicio et al., 2011, p. 175). Gran parte del discurso y del trabajo acuñados por el esquema de la globalización se han sustentado en la expansión que obligó la conurbación de varios municipios y que abrió la puerta a decenas de miles de migrantes para ubicarse en plazas laborales, escasas en el centro y sur del país, y de muy poca paga. Así mismo, lo magro de los empleos ofrecidos a los nativos menos favorecidos es una acción deliberada en la que está implicada “la negación a compartir el espacio urbano con los otros” (Aparicio et al., 2011, p. 175).
En el año 2019, la Coparmex local (Confederación Patronal de la República Mexicana) denunciaba el crecimiento del sector informal y la competencia desleal que significaba la inexistencia de mecanismos para cobrar impuestos a trabajadores por su cuenta. En su análisis, a partir de datos del Inegi, el organismo aseguró que del total de personas autoempleadas en Nuevo León (388 999), “310 000 860 lo hacen en el sector informal” (García, 2019).
Por su parte, el sector servicios (terciario) de la economía es actualmente el de mayor crecimiento en Monterrey. Puestos laborales en tiendas de conveniencia, restaurantes, autolavados, entre otros, figuran como los más solicitados y con una oferta continua. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi perfiló al sector, durante el último trimestre del año 2021, como el que concentra la mayor ocupación con 63.1 por ciento, que incluye a 60 000 empleados más con respecto a 2020 (Flores, 2022).
El anterior recuento viene a colación con el entorno que prevalece en sectores de la urbe encasillados como barrios populares. En estos enclaves moran familias de distintos orígenes que comparten una situación de marginación. El municipio de Monterrey contiene el mayor número de personas en condición de pobreza en comparación con aquellos con un volumen poblacional pequeño. Para 2015, Monterrey, Guadalupe, Gral. Escobedo, Juárez y Apodaca, tuvieron el porcentaje poblacional más alto en pobreza en la entidad; entre ellos concentraban 57 por ciento de la población (Coneval, 2020).
La modernidad trajo consigo un cambio en el ejercicio de poder. Ahora se despliega sobre la vida “como espacio de acción, organiza y produce cuerpos y subjetividades, regula relaciones, desarrolla formas de ser y de vivir” (Jordana Lluch, 2021, p. 58). Esta regencia ocurre de manera heterogénea. La ZMM es ejemplo del encasillado diferenciado entre nativos y foráneos. Los centroamericanos indocumentados que atraviesan el territorio de Nuevo León, y en particular la capital, son tenidos por peligrosos e indeseables; éste es un debate que colma medios de comunicación y redes sociales entre quienes azuzan el prejuicio y el miedo contra quienes censuran esta conducta y la califican de intolerancia. La acción gubernamental transcurre entre el ejercicio de control migratorio y el socorro proporcionado a través del apoyo a albergues. Se trata de procedimientos estatales de contención.7
Una circunstancia de discriminación similar es la que padecen los migrantes internos que provienen del centro y sur del país. Principalmente los indígenas son objeto de burla o molestia cuando aparecen como vendedores ambulantes; otros más son contratados como mano de obra en construcciones o puede encontrárseles despachando en tiendas de conveniencia. Al contrario, niños y niñas indígenas escolarizados en la ciudad mantienen una imagen relativamente inofensiva, además de ser motivo de encomio en retóricas oficiales que alaban su lengua y otros rasgos culturales (Martínez, 2018).
Aranda expone que el limitado ejercicio de derechos en la urbe regiomontana (como también se le conoce a Monterrey) se corresponde con la precarización de la vida y la estigmatización que, desde su perspectiva, fundan “resistencias cotidianas” inherentes al ordenamiento asimétrico de la ZMM (2018, p. 2). Una crisis que, de acuerdo con el investigador, se refleja en la vivienda y la provisión de servicios urbanos desiguales en asentamientos informales y pauperizados de la metrópoli.
En este tipo de circunscripciones se suceden acciones colectivas cotidianas, algunas más reconocidas que otras, que consienten lo que Aranda identifica como “el desorden del mundo real”, que distintas estrategias oficiales buscan reducir con base en trabajos de ordenamiento, regulación y jerarquización (2018, p. 7). Ese “desorden” es la contingencia, cuya comprensión debe ocurrir dentro de determinadas circunstancias sociales, políticas y económicas (Lorey, 2016, p. 32), para figurar las dinámicas de grupos de apoyo y, desde luego, la supervivencia de quienes pueblan esos suburbios.
Es útil aunar el enfoque de Wacquant, dados los dispares niveles de inseguridad que han prevalecido en Monterrey, por su sintonía con la contingencia de vida propuesta por Lorey. Encontramos dos tendencias interconectadas: la primera, el ascenso de desigualdades urbanas, más nuevas marginalidades socioeconómicas con un distintivo “étnico” que alimentan “procesos de segregación espacial y agitación pública”; la segunda, la expansión de ideologías y tensiones etnorraciales debido al desempleo y el asentamiento permanente de inmigrantes, antes considerados como temporales (Wacquant, 2007, p. 123).
Para Wacquant, estas dinámicas estructuran “una nueva pobreza” (2007, p. 123). Particularizando esta afirmación para la ZMM, se repiten la acumulación de múltiples privaciones en el hogar y en el barrio, el consecuente debilitamiento de los lazos sociales y “el aflojamiento de la asistencia social” para remediar la alienación de los habitantes de la marginalidad urbana (Wacquant, 2007, p. 124). La inequidad más evidente, que es consecuencia de ello, es la relacionada con la infraestructura pública. Los barrios en los que intervienen los colectivos padecen la falta o intermitencia de agua potable, luminarias fundidas o rotas y drenaje obstruido, sin obviar el deficiente pavimentado de las calles. La obra auspiciada por los ayuntamientos no es una acción constante, y cuando se realiza, exhibe las deficiencias mencionadas.
La deteriorada infraestructura manifiesta una gubernamentalidad apenas sostenible dentro del umbral de lo gobernable. Estas demarcaciones son objeto de “amplios procesos de marginación y abyección”, pero cuya “desconexión” del resto de la urbe debe ser manejable (Rodgers y O’Neill, 2012, p. 401). Los desniveles en la infraestructura influyen en el tipo de relaciones que se suceden en la ciudad y redunda en las expresiones que surgen a propósito de lo que se cree saber de sus vecinos y que justifica la vigilancia punitiva.
Cabe recordar la indeterminación de este fenómeno: las percepciones de la población que vive en áreas urbanas mejor desarrolladas no se fincan exclusivamente en el prejuicio del riesgo o peligro; se ultiman con la participación de la beneficencia privada y del asistencialismo oficial. Este tipo de segmentación delimita “literal y figurativamente” la interconexión citadina, la circulación de bienes, así como “quiénes pueden y deben integrarse dentro de la ciudad, y quiénes deben dejarse fuera de ella” (Rodgers y O’Neill, 2012, p. 402). Ambas iniciativas –la privada y la estatal– no son dicotómicas, sino complementarias, además de promover conductas individuales y grupales basadas en la subsidiaridad que son funcionales a la gubernamentalidad precarizada.
Las distintas prácticas para vincularse al día a día de la comunidad dependen cardinalmente de cómo se desarrollen las relaciones, en qué espacios y las potenciales oportunidades de interacción y/o daños y riesgos de distinto orden. Por igual, la marginación admite la segregación entre habitantes de la misma comunidad: al complicarse la existencia de espacios comunes para la convivencia, surgen áreas en disputa, fronteras o límites entre pandillas.8
La situación prevalente en varios enclaves de Monterrey capital, en donde actúan las agrupaciones, rebasa los prejuicios alrededor de la violencia como rasgo distintivo de poblaciones marginales. Empero, es comprensible que varios de los delitos anunciados en los medios noticiosos ocurran en esos barrios y colonias. La discriminación que se hace de estas publicaciones es propia de lo que Lorey denomina “alterificación”, que designa efectos políticos, económicos y jurídicos distintos entre estratos sociales (2016, p. 27). La diferenciación genera relaciones de dominio que preponderan la selectiva acción policial en poblaciones y territorios catalogados como de alto riesgo.
La designación de efectos surgidos de la política social vigente normaliza un limitado esquema estructural de protección dentro del máximo de inseguridad tolerable. El resultado es el confinamiento infraestructural y económico de amplios sectores de población en las ciudades. Programas estatales como Aliado Contigo exteriorizan la visión oficial de la reconstrucción del tejido social. Esta estrategia propició la estancia temporal de más de 60 jóvenes en las colonias marginadas cercanas al cerro del Topo Chico, en donde interviene uno de los colectivos. Se previó, igualmente, “la creación y rehabilitación de áreas verdes y espacios públicos, mejorar la infraestructura educativa y la cobertura total de educación física en cada escuela” (Gobierno de Nuevo León, 2016). La iniciativa fue abandonada parcialmente en el último tercio del año 2018, cuando se notificó un recorte de hasta 50 por ciento en sus recursos (Charles, 2018). La trunca acción social detona una permisividad en cuanto a lo que puede o debe hacerse para subsistir.
En las redes sociales de uno de los colectivos, cierto día apareció de súbito una especie de esquela acompañada por una foto: uno de los muchachos que participaba en las actividades que se organizan murió ahogado en una pileta cercana cuando él y otros adolescentes fueron sorprendidos por una pandilla rival. Alonso escribió: “Otro carnal más que se nos va. ¡¡Alto a la violencia!! Los apañaron. Traían bats, palos y piedras. A unos los dejaron encuerados. Sin saber nadar bien se fue a lo más hondo de la pila” (Alonso, Facebook personal, 27 de abril de 2017).
Los riesgos compartidos con quienes subsisten en esos lugares no suceden en el mismo nivel de subjetivación. Las privaciones materiales, por ejemplo, hacen percibir a los jóvenes que la vida cotidiana de los niños y niñas que convergen en sus cursos de música o para elaborar manualidades es especialmente difícil. Esta percepción los previene de sentirse vulnerables, a pesar de que sus decisiones los sitúan en una posición delicada en al menos dos sentidos: el primero es el más obvio, producto de las varias jornadas de convivencia en los barrios, su presencia se torna conflictiva cuando detienen una pelea o cuando piden a algún adolescente o adulto que se retire del lugar debido a que está drogado o alcoholizado.
Saúl da sus argumentos sobre el riesgo y la oportunidad en la que se mueve el espacio que organizan:
se involucra la fuerza, el picudo, el que no se deja, el más tranza. Eso es lo negativo de la ley de barrio, que impera mucho la fuerza. Pero también dan oportunidad a la gente humilde [que] tiene mucha inteligencia, pero no se le hace mucho caso. Aquí cualquier habilidad es ¡wow!: él rapea, él dibuja bien chido, él corta el pelo. Todos los conocimientos son muy respetados; es como un honor saber hacer algo (Saúl, comunicación personal, 20 de junio de 2017).
El segundo sentido que identifico relativo al rol y riesgos asumidos por los integrantes de los colectivos se relaciona con sus aspiraciones: más que un reconocimiento para sí mismos, su labor explora aquello que contesta al prejuicio y equilibra la sensación de riesgo. Las motivaciones con respecto a lo que pueden lograr para las infancias y los adolescentes sugiere que sus metas individuales y profesionales quedan supeditadas a la consecución de los objetivos sentidos del plan en el barrio. El proyecto se convierte en un resguardo temporal para sus postulados y valores, amoldados a lo que ocurre en el lugar y a lo que debe hacerse.
Otra de las agrupaciones que me permitieron conocer su trabajo se conformó en una primera etapa por hombres y mujeres, cuyas raíces familiares y vivienda actual es parte de las colonias en donde llevan a cabo su labor. Desde hace poco más de cuatro años publican una revista, impresa y en línea, en donde exponen la situación de sus barrios y replican a los prejuicios en circulación. Una de sus fundadoras explica:
Por ejemplo, si se roban a mi hermana, [los medios] van a decir que porque estaba con la delincuencia organizada o algo así. Siempre van a tomar la peor versión de la gente de por acá. Me parece bien que en la revista se demuestre que la gente es trabajadora, que les guste el arte, que les gusta manifestarse cuando en sus trabajos no los toman en serio. Más que nada, dar voz a las personas (Alma, comunicación personal, 23 de mayo de 2019).
La decisión unánime fue que la revista tenía que describir la rutinaria incertidumbre debido a la diversidad de acontecimientos pasados y presentes que les aquejan. A través de sus más de 10 números, se han relatado episodios de represión policial, violencia contra la mujer y narcotráfico. Esta lista inicial que intenta Mario, otro de los fundadores, no descarta las violencias cotidianas, las surgidas de la infraestructura, el transporte público y las que emergen de los estereotipos.
Como respuesta a una denuncia realizada en sus redes sociales, el grupo fue acusado de estar formado por rateros o de ser cómplices. El altercado virtual se debió a lo que consideraron un montaje en contra de un adolescente que intentó robar un automóvil. El presunto asaltante fue abatido a disparos, al adolescente se le sembró un arma para alegar defensa por parte del oficial implicado. “Fue un asesinato”, asegura Alma, “los medios casi siempre se ponen de lado de las instituciones; muchos [seguidores de nuestras redes sociales] nos agredieron” (Alma, comunicación personal, 23 de mayo de 2019).
Entre los jóvenes y los beneficiarios observamos la contingencia comprendida en la estrategia de recuperación de espacios comunitarios o para proponer la voz del barrio como alternativa a las noticias masificadas. Su subjetividad se basa en la diferencia de entornos que tienen para sí. Acerca de los colectivos en los que participan Alonso y Saúl, varias familias de donde proceden las niñas y niños que acuden a los sitios de reunión los agregan en su esquema de subsistencia. Cuidan a los hijos e hijas, los entretienen por las tardes mientras papá y mamá están trabajando; les procuran un lugar de esparcimiento y aprendizaje carente de responsabilidades para la familia, o éstas así lo valoran. Algunas se niegan a cooperar en las colectas o faenas; en cambio, entregan al grupo un fólder con una petitoria que, calculan, es más fácil de gestionar para ellos con algún funcionario municipal. Otro ejemplo es cuando el colectivo no se contenta con su labor periodística gratuita y busca organizar eventos con distintos fines: una kermés, una exposición fotográfica que relata episodios importantes para la colonia o una vendimia de libros para recaudar fondos.
La desatención de los ayuntamientos a situaciones como las que preocupan a los jóvenes es una de las múltiples facetas de precariedad heterogénea y relacional a la vez. Para ellos, realizar un trabajo no remunerado significa situarse como parte de una población capaz de trascender sus limitaciones en la búsqueda del bien común. La falta de una recompensa pecuniaria es parte de esa caracterización; también lo es, de manera ambivalente, el calificativo de quejosos o defensores de malhechores y drogadictos.
La policía, como medida única de algunos de los sucesos violentos o delitos que ocurren en los barrios, los destaca como conflictivos y sin mayor alternativa que someterlos por la fuerza. Las agrupaciones confrontan estas medidas evidenciando no sólo los “abusos” de la autoridad, sino las facetas que identifican como positivas: la historia de los barrios, su caracterización multicultural, la frescura e inteligencia de los menores y el combate a la adversidad por parte de sus adolescentes.
Tenemos un escenario en el que una condición precaria se comparte de manera jerarquizada. No es tan simple como contraponer a la población con el gobierno, sino la población contrapuesta a sí misma mediante una vida fragmentada como resultado del encasillado diferencial, basado en inseguridades simbólicas y materiales. En el mismo orden de ideas, el control, ahora por parte del Estado, emerge como un fenómeno heterogéneo que selecciona a unos individuos, con base en su estratificación social, para su protección frente a la condición existencial de otros que son menos merecedores de salvaguardia (Lorey, 2016).
Los productores de cultura y su contingencia
Los sujetos reflexionan sobre su compromiso con causas sociales que les son cercanas emocionalmente y/o por aptitud. En su decir y hacer emergen modos de subjetivación en un continuo vaivén entre su capacidad de organización y la sujeción a relaciones de explotación. Las dinámicas a las que se sujetan no son funcionales en términos absolutos, pues el empoderamiento que suscita su tarea da lugar a momentos productivos ambivalentes que surgen de las técnicas de autogobierno (Lorey, 2016).
Junto con la autoexplotación, asoma la subjetivación que elude la dominación y refrenda prácticas que dan margen a la constitución. Esta última evoca una cierta afirmación de sí mismo que plasma algo novedoso en la actitud del individuo (Lorey, 2016). En ese sentido, regular las relaciones de desigualdad requiere de la participación activa de la población cuya capacidad de adaptación logra, eventualmente, moldear o atenuar su inseguro entorno. Esta maleabilidad refuerza la idea de la autonomía entre los colectivos, es superar esos riesgos lo que finca la percepción de la “producción autónoma y de la producción de sí mismos” (Lorey, 2008, p. 57).
En relativa confrontación con la postura de autonomía y crítica a las políticas oficiales, en la metrópoli existe un número importante de organizaciones que pueden describirse como agentes de la gubernamentalidad precaria. Asociaciones que fincan su existencia en una fluida relación con el sector público y las directrices oficiales que designan recursos y facilidades para acciones de carácter social.
De acuerdo con el Sistema de Información del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (SIRFOSC), al 31 de diciembre de 2021, estaban inscritas 1 200 organizaciones con objeto social en Nuevo León. El Programa Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), auspiciado por el gobierno del estado (2021- 2027), apoya a organismos sin fines de lucro que operen en la entidad. Las organizaciones elegibles deben dedicarse “al desarrollo social y/o asistencial sin fines partidistas ni religiosos”. Mediante el fortalecimiento de “los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil”, el gobierno busca impulsar a las OSC “en favor de la población en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social” (Gobierno de Nuevo León, 2021).
La estrategia gubernamental se basa en el fondeo, la capacitación y/o la asesoría de estas organizaciones con el requisito inapelable de su constitución legal. Durante marzo de 2022, el congreso local aprobó la Ley de Fomento de la Sociedad Civil Organizada de Nuevo León. La ley ratificaba el cometido de fortalecer las actividades implementadas por OSC en los ámbitos de la “promoción y fomento educativo, cultural, artístico”, entre otros. En el artículo 6º se establece la prioridad gubernamental del “sentido social de las actividades de las organizaciones”. Se prevé, así mismo, la prestación de servicios de esos entes “en colaboración con entidades públicas” y la autorización para recibir donativos o subvenciones de personas físicas y morales (H. Congreso del estado de Nuevo León, 2022).
Como puede suponerse, no todas las personas con un propósito de organización en pro de obras de carácter social buscarían formalizarse y postular para recursos como los descritos.
Las causas son diversas. Entre las agrupaciones e individuos a las que me he acercado, existe la idea de que a mayor vinculación con órganos públicos, su capacidad de decisión podría acotarse; empero, las decisiones son disímbolas.
Para su sobrevivencia, Alonso y Fernanda concluyeron con el procedimiento para constituirse como asociación civil tras varios años de aflicciones económicas. Su situación motivó la búsqueda de un empleo relativamente estable, después de algunos meses en los que llegaron a subirse a cantar en camiones de pasaje para conseguir algunas monedas. Pero ha sido, especialmente, la notoriedad alcanzada por sus acciones lo que ha encauzado su vinculación con distintos benefactores y simpatizantes.
Respecto a Saúl y Rita, se trata de una conjunción de intereses individuales que en el mediano plazo se han mantenido así. El espacio que ocupan es un préstamo de una empresa ubicada en la misma colonia, ésta otorgó inicialmente recursos tanto para la operación como para gratificarles periódicamente. A partir de 2019, el apoyo material por parte de la factoría fue disminuido, al igual que la compensación que Saúl y Rita recibían. Saúl mantiene desde hace algunos años un empleo de medio tiempo como diseñador en una compañía de rótulos. Rita ofrece sus servicios como instructora o ejecutante de danza y se sostiene parcialmente con los ingresos de su trabajo en un call center.
Saúl conserva en su horizonte el proyecto del arte que surge del barrio como “un sueño ideal” que siempre tuvo y que, no obstante, las condiciones en las que se realiza son satisfactorias, pues su perseverancia materializa, según lo valora, un lugar ajeno a cualquier autoridad y con la aceptación de las familias de los alrededores. Rita, desde una mirada más práctica, considera que no soportarán por un plazo más largo las limitaciones padecidas desde el arranque.
Sostener el espacio es defender a los chicos y la faceta positiva de la colonia. No es solamente la liga dominical de fútbol, es la apropiación por parte de los adultos que ahora solicitan permiso para llevar a cabo fiestas; hasta un funeral fue programado alguna vez. Para Saúl, uno de los logros es el desarrollo de la capacidad de niños y niñas para recibir información de todo tipo: “filosofía, amor, historia”, porque “se les han proporcionado bases” (comunicación personal, 20 de junio de 2017) para conversar sobre distintos tópicos y aprender que se pueden superar momentos críticos, como cuando el ejército hizo una redada debido al consumo de drogas.
Es interesante que pudiera haber una intervención. [Pero], por ejemplo, los compañeros que vienen de la universidad no saben lo que vienen a hacer aquí. Primero dicen: “venimos a ver cuáles son sus necesidades”. Y yo: “ja, ja, ja, ¿a poco vas a cumplir nuestras necesidades? ¡Ni que fueras un político! ¿Quién te crees para venir a decir: ‘ah, como son del barrio tienen necesidad’?” (Saúl, comunicación personal, 20 de junio de 2017).
Esta incomprensión de quienes se acercan al barrio motiva a la agrupación. Sus integrantes se posicionan ajenos a los prejuicios para decidir el tipo de convivencia que puede construirse. Saúl cree que a los visitantes esporádicos, como estudiantes de licenciatura o a aquellos que les proponen una vinculación, el colectivo les hace el favor permitiéndoles el acceso: “Hagan su tarea, pero no vengan a meterse en las vidas de las personas” (Saúl, comunicación personal, 20 de junio de 2017). La respuesta tajante se deriva de propuestas de apoyo psicológico o asesoría jurídica que han recibido para canalizar casos de violencia doméstica; éstas no se concretan, y quienes se sintieron afligidos y prometieron ayuda no vuelven al lugar.
Rita, por su parte, comenzó con actividades exclusivas para mujeres y niñas. La invitación fue para aprender danza, tener un espacio para charlar y alejarse de los varones. A pesar de la resistencia de los muchachos, se asignaron dos días para las adolescentes y para algunas adultas que se interesaron. La participación originó que una colaboradora más implementara sesiones de terapia grupal, “un refugio para expresarse” le llamaron. En una ocasión, Rita debió pedirle a uno de los muchachos que se retirara pues se notaba drogado y descontrolado. Éste la golpeó, pero Rita no quiso entablar ninguna demanda, el castigo lo aplicó el barrio con la ley del hielo:
Un buen tiempo él ya no pudo entrar al espacio. No se hizo responsable económicamente del daño, nunca se acercó su familia conmigo ni nada. Pasó como un año después de eso. Un día, de la nada, él está ahí, se me acerca y me pide disculpas, que él estaba drogado, que no tenía por qué haber hecho eso. Se señala mucho al violentador [en el barrio], pero también se le acepta y se le da otra oportunidad. No me queda más que decirle: “va, así lo dejamos en paz” (Rita, comunicación personal, 13 de enero de 2022).
De las acciones emprendidas dilucidamos que desde el autogobierno se vindica una actitud que repele el ser gobernado (Lorey, 2016). Bajo las actuales condiciones de vida en las grandes ciudades existe una ambivalencia que impulsa actitudes, cuyo cometido es vencer o moderar lo que la situación personal y del barrio depara. Una tarea que se asume como del Estado (asistencia, protección, etc.), no se ejerce debidamente de acuerdo con lo que esperan los grupos. Esta inoperancia les exige protegerse a sí mismos y a quienes llegan a sus espacios de convivencia. Hablamos de una inseguridad que posee su propia complejidad, se trata de organizar un lugar al que arriban menores de edad que pertenecen a familias con su propio conflicto y necesidad, además de que algunas están enemistadas.
Así como es posible observar las relaciones que dan lugar a cada agrupación, su propuesta crea nuevas incertidumbres relacionadas con los recursos necesarios, la gestión del espacio, los reclamos de algunos vecinos por su parcialidad en algunos incidentes o, como en el caso de quienes hacen periodismo en el barrio, su apoyo a delincuentes. Las iniciativas y cómo estas los posicionan pertenecen a la dinámica de la contingencia que configura una manera de ser y de estar en sociedad a través de prácticas divergentes a la rutina de inseguridad y sometimiento.
Alma reflexiona al respecto:
La acción política más grande es resistir como colonias al margen, es lo más valioso. Nuestras historias nunca van a estar en un archivo importante [oficial]. Para nosotras eso es la principal política: crear una revista histórica, que la misma gente se dé cuenta que nuestras historias importan, que hay que escribirlas. Nos gusta pensar que, al ser un medio impreso, en algún momento, va a aparecer en algún baúl y se va a leer (Alma, comunicación personal, 17 de noviembre de 2021).
La perspectiva de colectivo que se cimienta en su pertenencia al mismo es expresada por otra de las integrantes: “Nombrarnos como parte de la comunidad, no como alguien experto o que miramos desde otros propósitos o desde otro escalón (…) todo aquel que nos quiera leer nos puede entender” (Lilia, comunicación personal, 17 de noviembre de 2021).
Valeria, del mismo grupo, recuerda la publicación que hicieron durante 2020, el primer año de la pandemia por la COVID-19, acerca del penal del Topo Chico.9 Considera que ese número fue un parteaguas, pues les confrontó con una realidad compleja y peligrosa. Las entrevistas realizadas a personas que estuvieron detenidas en El Topo resultaron en testimonios muy fuertes, dudaron sobre la mejor manera de compartirlos sin caer en el amarillismo y sin ponerse en riesgo, pues la publicación, según lo percibieron, podía tomarse como antipolicía por el tipo de relatos que difundieron.
Un hecho que no era nuevo para ellas surtió un efecto ambiguo: la revista, a pesar de que es circulada en varios estanquillos y algunas tiendas, no recibe muchos comentarios; sus integrantes creen que se debe a que la publicación no se lee como desean. La mayor parte de las reacciones ocurren cuando los contenidos se presentan de manera sintética en sus redes sociales. Debido a ello, la sensación de sobreexposición que les provocó el tema del penal se matizó. El principal desafío, expresan, continúa siendo abrir espacios de verdadera lectura, además de mantener la participación del barrio como informantes y escribiendo algunos textos como hasta ahora.
Manuel reflexiona en cuanto al funcionamiento, a veces errático, en el colectivo del que también es miembro junto con Alonso y Fernanda. Las tensiones se suscitan debido al súbito cambio de planes que llegó a ser recurrente. Ahora que han dado el paso para convertirse en una asociación civil, cuentan con estudiantes de servicio social; ellos son los principales afectados y se quejan: “Nos dicen un pinche día antes que vamos a hacer una cosa y dos horas antes nos la cambian; el siguiente mes Alonso conoce a alguien nuevo y quiere hacer cinco proyectos diferentes” (Manuel, comunicación personal, 20 de diciembre de 2018).
La defensa de este estilo de libertad creativa es respaldada por las circunstancias en las que trabajan. Manuel lo ilustra de la siguiente manera: “Aquí es así, güey, te tienes que acostumbrar a que un día decimos una cosa y la semana que entra vamos a decir otra, y te vamos a citar un día antes a que vendas y el otro fin de semana a que barras” (Manuel, comunicación personal, 20 de diciembre de 2018). Para los integrantes no parece ser un problema serio a pesar de las discusiones que incita la agitada operación. Lo que identifican como inconveniente es la necesidad de un trabajo que reditúe para el pago de una renta, la comida, etcétera. Los días o semanas en que el empleo demanda mayor atención son los que causan los problemas, a decir de Manuel, pues parten al conjunto. Sobre su empleo y las consecuencias, Alonso reflexiona:
Fue la emoción de estar allí, de participar, de aportar. Después vino la decepción, todo este rollo de encontrar un equilibrio, porque sí me desconecté de la organización. Incluso cuando por primera vez armamos un organigrama, invitamos a una compa a que fuera la directora porque yo no estaba acá. ¿Qué sucedió? Pues que tronó, no funcionó, no hubo resultados; pero para nosotros fue un aprendizaje (Alonso, comunicación personal, 20 de diciembre de 2018).
El atisbo de nuevos colaboradores en las condiciones en que funciona la nueva asociación remueve el corto margen de maniobra que los integrantes tienen para organizarse. Alonso percibe cada vez una mayor responsabilidad con la comunidad, que les obliga a repensar su cometido y que influyó en la decisión de constituirse como A. C.:
Ha sido el barrio donde se han sembrado estas bases de la organización, es donde tomamos cierta madurez y, posteriormente, nos dimos cuenta de tener que institucionalizarnos. Porque veíamos que si seguíamos así como colectivo, solamente reaccionando o improvisando, pues así se nos iba a ir la vida, iba a ser demasiado desgastante. Entonces, ya lo adoptamos [el trabajo en el barrio] como un proyecto de vida, sabiendo, obviamente, que no todos podíamos comprometernos de la misma manera (Alonso, comunicación personal, 21 de julio de 2020).
CERRANDO, DOS DIMENSIONES A SEGUIR
Considero que existe un conjunto de ideas que surge a la par de la experiencia de los colectivos. Me parece oportuno sintetizarlas en dos dimensiones: la primera es la de una visión integradora o estructural fundada en la dialéctica entre la ciudad y sus marginados, como una manera de aproximarse a la inseguridad de la existencia social, es decir, la contingencia de vida. La segunda es de orden más particular: el quehacer y constitución de las agrupaciones en función de la precarización de sí como un nuevo autogobierno.
De la primera, es interesante dar seguimiento a la acción del Estado basada en la gubernamentalidad precarizada que normaliza las desigualdades sociales en donde la urbanización ha quedado relegada. Se implementan políticas nada nuevas, asistenciales, pero que significan la alterificación que regula las relaciones entre personas de distintos estratos sociales y definen, en parte, lo que se refiere a conductas de solidaridad y subsidiariedad.
Distintos apoyos son legitimados por la situación que prevalece en los enclaves urbanos elegidos. Pero la legitimación también procede de una perspectiva que valora proteger a sus habitantes y, a la par, preservar la integridad de los cometidos y los valores asociados. En un nivel estructural, la contingencia del día a día se tolera mediante distintas estrategias: la policial, la inversión en obra pública, más las organizaciones que intervienen en favor de esas demarcaciones. Ninguno de estos dispositivos tiene como fin terminar con la inseguridad, sino sólo mantenerla gobernable. Respecto a la segunda, como productores de cultura se encara una paradoja: la relativa emancipación de sus acciones que desemboca dentro de una gubernamentalidad en la que fungen orgánicamente como corresponsables de sectores urbanos menos favorecidos. Esta corresponsabilidad resulta en una de las maneras a través de las que la precarización se evidencia como condición de vida, diferencial pero compartida. Aún más, la producción cultural de los sujetos debe relacionarse con el intangible de las estrategias del barrio para sobrevivir; este es un bien que pertenece tanto a los colectivos como a las familias (infancias, adolescentes, etc.), pues ambos plasman y reproducen un sentido en común respecto a un tipo de intervención social que, en casos, se presenta como única opción viable en el corto plazo.
Los sujetos abordados son precarios en su heterogeneidad, crean y sostienen esquemas de trabajo y vinculación que escapan de lo que podría considerarse la norma en el sentido de su validación social bajo figuras como la de gestores o promotores culturales que, habitualmente, se limitan a evaluar la pertinencia operativa de un proyecto, su presupuesto y la devolución esperada por parte de la comunidad beneficiada. Ello les convierte en personas que poseen una particular autenticidad, que, sin embargo, no resulta ajena a las relaciones de poder ni a la contingencia de la vida en sociedad.
¿Qué otro tipo de conductas y elecciones suscita un escenario sociocultural como el que confronta a los colectivos? Productores y productoras culturales no son sujetos cuyo gobierno transcurra solamente por el acatamiento y reproducción de su circunstancia sociocultural. En adelante, consideremos cómo ese escenario modifica o induce expectativas personales y profesionales, al grado de comprometerse (y comprometernos) con causas que contestan la precarización de sí y la inseguridad urbana.
