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INTRODUCCIÓN
La deportación formal masiva de mexicanos desde Estados Unidos (EE. UU.), incluidas las personas adultas mayores, ha conmocionado la vida de millones de familias. Este proceso empezó a crecer rápidamente luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001 gracias a que el Congreso ya había facilitado este procedimiento a través de la aprobación de varias leyes, pero principalmente de la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del Inmigrante o IIRIRA, por sus siglas en inglés) en 1996.
Una persona extranjera puede ser deportada luego de ser detenida al tratar de ingresar al país de manera indocumentada, lo mismo que un residente permanente legal, si es acusado de haber cometido un delito grave. El aparato de deportación de extranjeros, incluido en la ley de inmigración, incluye retornos (returns) y remociones (removals). Los retornos se relacionan principalmente con personas capturadas en el intento de ingresar sin documentos a EE. UU.; o bien, cuando son consideradas inadmisibles. La remoción se aplica a migrantes que son acusados de cometer algún delito, incluida la reincidencia en el ingreso indocumentado, que tiene consecuencias legales para el futuro.
De acuerdo con Meissner, Kerwin, Chishti y Bergeron (2013), cada vez hay más personas no ciudadanas en proceso de remoción por la interacción reciente entre el sistema de justicia criminal y la aplicación de la ley de inmigración. La lista de no ciudadanos incluye a residentes permanentes legales, visitantes temporales y a indocumentados. El endurecimiento del sistema judicial hacia los no ciudadanos se inició en 1988 con la aprobación de varias leyes como la Anti-Drug Abuse Act, la Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act de 1996, seguida por IIRIRA de ese mismo año. Como resultado, ahora existen cinco categorías diferentes de crímenes por los que los no ciudadanos, en caso de ser convictos, pueden ser deportados: crímenes de depravación moral, ofensas relacionadas con sustancias controladas, ofensas relacionadas con armas o dispositivos destructivos, crímenes de violencia doméstica o contra los niños, y delitos agravados (aggravated felonies). Muchos de estos delitos pueden ser aplicados retroactivamente (Meissner et al., 2013).
Aunado a lo anterior, al inicio de su administración, el 25 de enero de 2017, el expresidente Donald Trump publicó su orden ejecutiva titulada Enhancing Public Safety in the Interior of the United States (The White House, 2017), en la que expandió las prioridades por las que cualquier no ciudadano puede ser removido del interior de EE. UU. Entre ellos se incluye no solamente a los que han sido convictos de una ofensa criminal, sino también a los que han sido acusados, quienes han participado en el fraude en relación a su representación en conexión con asuntos oficiales, quienes han abusado de cualquier programa de recepción de beneficios públicos, quienes no hayan salido de EE. UU. después de recibir una orden final de remoción y quienes “a juicio de un oficial de inmigración constituyan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional” (U.S. Department of Homeland Security, 2017b, s/n).
Asimismo, en 2019 la administración de Trump extendió la remoción expedita al interior de Estados Unidos, y reactivó el Programa de Comunidades Seguras que había sido suspendido en la administración de Barak Obama. Como consecuencia de todo esto, un análisis de datos del U.S. Department of Homeland Security (2019) revela que el gobierno de EE. UU. deportó formalmente a más de cuatro millones 400 000 ciudadanos mexicanos entre 1998 y 2018. De entre los millones de deportados, muchos fueron expulsados a la ciudad de Tijuana, en Baja California, y muchos de ellos han decidido establecerse en esta ciudad fronteriza que tiene como vecina a la ciudad de San Diego, en California. Según datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (Emif Norte) (El Colegio de la Frontera Norte et al., 2020), en los años 2017-2019 se envió a 40 por ciento del total de los adultos mayores deportados a Tijuana.
El mayor esfuerzo por parte de las autoridades estadounidenses por remover a los no ciudadanos pone en riesgo la estabilidad de miles de personas y afecta de manera más grave a quienes están en edades en las que es más complicado rehacer un proyecto de vida, tal es el caso de los adultos mayores. El objetivo central de este artículo es analizar los factores sociodemográficos y migratorios que influyen en la reintegración económica y social de los mexicanos deportados formalmente de EE. UU. cuando tenían 50 años o más de edad.
Para lograr este objetivo se utiliza una metodología mixta. La parte cuantitativa se enfoca en el análisis de la Emif Norte para estimar el monto anual de eventos de esta población deportada envejecida y su porcentaje respecto al total del flujo para el periodo 2007-2019. Posteriormente a partir de una base conjunta de los últimos tres años, se analizan las características sociodemográficas y migratorias de las personas y su proceso de expulsión. El análisis cualitativo de las características sociodemográficas y migratorias se basa en cinco entrevistas semiestructuradas sobre las historias de vida de adultos mayores, realizadas entre febrero y abril de 2020, para determinar hasta qué punto su reintegración económica y social ha sido exitosa o limitada en Tijuana.
Además de esta introducción, el trabajo incluye tres secciones; en la primera se examinan las teorías que son útiles para explicar la deportación de personas envejecidas y su reintegración económica y social en México; en la segunda, se presenta el perfil sociodemográfico y migratorio de los adultos mayores deportados con base en la Emif Norte; en la tercera se analizan las cinco entrevistas semiestructuradas con deportados envejecidos que buscan integrarse a su nueva vida en Tijuana. Finalmente, en la conclusión se destacan los hallazgos principales y sus vinculaciones teóricas.
APROXIMACIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICA SOBRE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEPORTADOS
En este artículo tenemos como objetivo central analizar la deportación y la reintegración económica y social de los migrantes deportados formalmente de EE. UU. en el inicio de su vejez, cuando tenían 50 años o más cumplidos, a partir de sus antecedentes sociodemográficos y migratorios. González y Ham (2007) consideran que las personas de 50 a 64 años de edad están transitando hacia la vejez y que la mayor parte se encuentra en buen estado físico, con capacidad y autonomía y en condiciones productivas. Queremos entender qué hacen estos adultos mayores para reconstruir sus vidas luego de haber sido separados de sus familias y de los lugares donde residieron por muchos años. Si ya el envejecimiento viene acompañado, entre otras cosas, por una disminución de la autonomía, la pérdida de capacidad económica y el deterioro de la salud con enfermedades crónicas y degenerativas (Ham, 1998), la deportación implica un reto mayúsculo para esta población.
Es muy probable que por la larga estancia en EE. UU. la mayor parte de los adultos mayores deportados no cuente con el beneficio de una pensión en México, al no poder cumplir con los requisitos que exige el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 2019). Por otra parte, aunque algunos migrantes envejecidos podrían tener derecho a una pensión en EE. UU. por su larga carrera laboral bajo el status de documentación legal, la Administración del Seguro Social señala que las personas al ser deportadas pierden este beneficio (Social Security Administration, 2020).
Los adultos mayores deportados comparten la situación de sus paisanos que permanecieron en México, en donde una proporción significativa de ellos permanece laborando a edades avanzadas por la falta de cobertura de seguridad económica en su vejez debido a que no reciben una pensión, o si la reciben, su monto es muy bajo (Montoya y Montes de Oca, 2009). En este sentido, las personas adultas mayores tienden a buscar el apoyo de su familia, pero no por esto dejan de trabajar, desarrollando esta actividad en condiciones de precariedad (Garay Villegas y Montes de Oca Zavala, 2011). Además de que los ingresos son bajos para la población envejecida en general, se diferencian entre hombres y mujeres. Para los primeros, los ingresos provienen de beneficios gubernamentales, pensiones y salarios por trabajo. En el caso de las mujeres, los ingresos provienen principalmente de beneficios gubernamentales, donaciones y pensiones (Nava Bolaños, Ham y Ramírez López, 2016).
¿Qué teorías se pueden utilizar para analizar la reintegración económica y social a Tijuana de los migrantes deportados formalmente de EE. UU. en el inicio de su vejez?. Se requiere una adaptación de las teorías de la integración o asimilación de los inmigrantes, como es llamada en E.E. UU. y que fue diseñada para analizar este proceso en inmigrantes nacidos fuera del país de destino (Alba y Nee, 1997; Gordon, 1964). Por esta razón, consideraremos a las personas adultas mayores deportadas a Tijuana como nuevos inmigrantes. Este es obviamente un recurso metodológico ya que los deportados de EE. UU. son ciudadanos de México por haber nacido en este país.
De acuerdo con Alarcón, Escala y Odgers (2016), las teorías de las integración económica y social deben partir de la relación entre el inmigrante que “se incorpora a” y que es “incorporado por” la sociedad receptora (Shnapper, 2007). De acuerdo con Pastor y Ortiz (2009, p.1), la integración de los inmigrantes puede ser definida como “movilidad económica ascendente, participación cívica reforzada y apertura de la sociedad receptora hacia los inmigrantes”. Por esta razón, se requiere examinar las actitudes y acciones concretas de los miembros de la sociedad receptora para, efectivamente, acoger a sus inmigrantes. Es bien sabido que la deportación otorga un estigma que genera un rechazo en sectores de la sociedad mexicana que se agrava cuando se combina con la discriminación sistemática contra las personas envejecidas.
El análisis de la integración económica de los inmigrantes debe incluir la inserción en el mercado laboral, la formación de negocios en EE. UU. y México y la propiedad de bienes inmuebles en los dos países (Alarcón et al., 2016). Dado el contexto económico de México, que se ha agravado notablemente con el surgimiento de la pandemia ocasionada por la Covid-19 y la edad avanzada de los deportados, el empleo formal se ha tornado muy difícil de conseguir, por lo que las personas deportadas más vulnerables por avanzada edad, situación de salud o baja escolaridad, solamente podrían acceder al trabajo como empleados, o bien como dueños de un negocio en el sector informal de la economía.
Para analizar la reintegración económica y social de los adultos mayores deportados resulta fundamental analizar características sociodemográficas como su edad, escolaridad, estado de salud, incluidas las adicciones como el alcoholismo, la presencia o ausencia de la familia y el acceso a redes sociales. Entre sus características migratorias se debe examinar su experiencia y habilidades laborales, su status migratorio en EE. UU., el tiempo de residencia en ese país, su historia migratoria, así como las causas y consecuencias legales de la deportación y sus planes para el futuro.
Esta investigación utiliza una metodología cualitativa a través de entrevistas semiestructuradas en las que se reconstruyen las historias de vida de adultos mayores deportados y se destacan los elementos mas importantes de sus trayectorias. Para este fin, el paradigma del curso de vida es muy útil y se define como el estudio interdisciplinario del desarrollo de la vida humana mediante la relación conceptual entre los procesos de desarrollo biológicos y psicológicos, el desarrollo de la vida en relación a las regulaciones sociales y culturales, y el contexto sociohistórico (Lalive d´Epinay, Bickel, Cavalli y Spini, 2011). Este enfoque contiene tres herramientas conceptuales de análisis. La trayectoria se refiere a un camino a lo largo de la vida que puede variar y cambiar en dirección, grado y proporción. Las transiciones del individuo se refieren a sus movimientos en diferentes ámbitos, como las configuraciones familiares, la conclusión de estudios y las entradas y salidas del mercado laboral. Los turning points o puntos de inflexión hacen referencia a modificaciones fuertes o virajes en la dirección del curso de vida (Blanco, 2011).
LAS PERSONAS MEXICANAS CON 50 AÑOS Y MÁS DEPORTADAS DE ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos es el principal destino de migrantes internacionales en el mundo. En 2019, ese país tenía una población de 327 millones de personas, de los que 50.6 millones son inmigrantes y de ellos, 11.5 millones de personas nacidas en México, según estimaciones propias con base en la American Community Survey (ACS) (Ruggles et al., 2020) . En las décadas anteriores, esta última población creció rápidamente de 4.5 millones en 1990 a cerca de 12 millones en 2007. Sin embargo, como se puede apreciar en la gráfica 1 , esta cifra se estancó e incluso decreció en algunos años, de tal forma que durante la segunda década de siglo XXI, el monto de inmigrantes mexicanos osciló entre 11.5 y 12 millones.
Fuente: elaboración propia con datos de la American Community Survey de 2000 a 2018 (Ruggles et al., 2020).
Gráfica 1. Migrantes mexicanos que residen en EE. UU. según grupo de edad, 2000-2018
El estancamiento del monto de mexicanos en EE. UU. dio lugar al escenario de la migración cero; sin embargo, esto no significa que no hubiera desplazamientos migratorios entre México y el país vecino del norte. El escenario es un resultado de varios factores. Por una parte, se explica por un mayor retorno, ya que el número de mexicanos y sus hijos que se movieron de EE. UU. a México entre 2005 y 2010 llegó a 1.4 millones, casi el doble de los que habían regresado entre 1995 y 2000; de forma simultánea descendió la emigración, ya que sólo 1.4 millones de mexicanos emigraron a EE. UU. entre 2005 y 2010, en comparación con los tres millones que lo hicieron entre 1995 y 2000 (Passel, Cohn y Gonzalez-Barrera, 2012). Estos cambios se explican, entre otros factores, por el incremento sostenido de la vigilancia fronteriza iniciada a fines de 1993 y el surgimiento en 2008 de la recesión global que afectó el empleo de los mexicanos en EE. UU. (Massey, Pren y Durand, 2009).
Uno de los efectos de la caída en la emigración a EE. UU. es el envejecimiento de la estructura por edad de los mexicanos que residen en ese país. En la gráfica 1 se muestra que en el 2000, cerca de 13 por ciento tenía 50 años o más; para 2018 este porcentaje casi se triplica al llegar a 34 por ciento. Lo anterior implica que en ese último año hay cerca de 3.9 millones de inmigrantes mexicanos que tienen 50 años o más de edad. Al interior de este grupo hubo pocos cambios en la distribución por edad entre 2001 y 2018, la mayoría tiene entre 50 y 59 años (56.7% y 52 %); cerca de la cuarta parte entre 60 y 69 (27% y 28.6%) y el resto, 70 o más. Sin embargo, la diferencia es que en la actualidad la población ha pasado más tiempo residiendo en EE. UU., en 2001 un 13.1 por ciento tenía 10 años o menos de estancia, mientras que en 2018 este porcentaje se reduce a 5.4 por ciento; en contraste, la gran mayoría ha pasado en EE. UU. 21 años o más (81.5%). Esto se debe posiblemente porque ahora existe menos circulación migratoria, que se identifica con datos de la Emif Norte, específicamente el flujo procedente del sur con destino a EE. UU., ya que el número de eventos de personas mexicanas que llegan a la frontera con la intención de ingresar a ese país pasó de 748 000 a tan sólo 46 000 entre 2008 y 2017. Estas son estimaciones nuestras, basadas en datos de la Emif Norte (El Colegio de la Frontera Norte, et al., 2020).
Muchas personas mexicanas que están envejeciendo en EE. UU. se beneficiaron de la Immigration Reform and Control Act de 1986, consiguiendo la residencia permanente legal y en algunos casos, más tarde la naturalización, escapando así del alcance potencial del sistema de deportación (Massey, Pren y Durand, 2009). Sin embargo, es importante señalar que la naturalización no es fácil de conseguir. Por ejemplo, entre 1999 y 2004 se presentaron 3.6 millones de solicitudes de naturalización y se negaron alrededor de 1.3 millones de ellas, algunas de las cuales pasaron inmediatamente a proceso de deportación (Kanstroom, 2007). Para el año fiscal 2018, según datos del U.S. Department of Homeland Security (2019), 11 por ciento de las 810 548 solicitudes fue rechazado.
Los mexicanos conforman el principal grupo de migrantes que adquiere la naturalización, 131 977 en el año fiscal 2018; aunque también es el grupo de inmigrantes más numeroso y el que más tiempo tarda en pasar de residente permanente a ciudadano naturalizado, pues en 2018 la mediana fue de 11 años (U.S. Department of Homeland Security, 2019). Al inicio del siglo XXI, casi la mitad de los inmigrantes mexicanos de 50 años o más no tenía la ciudadanía estadounidense (52.2%), y aunque con algunas variaciones, este porcentaje se ha mantenido hasta 2018 (estimaciones propias con base en la ACS). Con base en lo anterior, se puede afirmar que cerca de la mitad de los mexicanos de 50 años o más podría ser deportado incluso si tienen la residencia permanente legal.
La deportación formal masiva de no ciudadanos ha tenido un crecimiento importante desde 1996, cuando IIRIRA fue aprobada por el Congreso de EE. UU. y tuvo una aplicación diferenciada en las presidencias de Clinton, Bush, Obama y Trump. Según se puede constatar con datos del U.S. Department of Homeland Security (2019), hubo un predominio de expulsiones bajo la forma de retorno en la administración de Clinton: 108 700 remociones y 1.42 millones retornos (promedios de años fiscales en el periodo presidencial), mientras que las remociones crecieron en la presidencia de Bush (251 500 remociones y 1.03 millones retornos), pero especialmente en la de Obama (382 900 remociones y 273 300 retornos), para disminuir en 2017, a pesar de las amenazas de Trump (288 000 remociones y 100 700 retornos).
Lo más relevante del incremento en el monto de expulsiones formales es destacar que para estas personas será más complicado reingresar a EE. UU., incluso de forma indocumentada, ya que de ser detenidas en el intento podrían ser encarceladas por varios años. Por lo que es relevante señalar que, en el caso de las expulsiones de mexicanos, actualmente predominan las remociones (ver gráfica 2). En el año 2000, 90 por ciento de los migrantes mexicanos fue deportado bajo la forma de retorno, que tiene pocas consecuencias legales futuras para el migrante que intente reingresar a EE. UU. Sin embargo, en 2018 se observa lo opuesto, ya que cerca de 83 por ciento de los deportados mexicanos siguió un proceso de remoción que tiene consecuencias legales graves para quien intente regresar de manera indocumentada a EE. UU.
Fuente: Elaboración propia con datos de (U.S. Department of Homeland Security, 2014, 2015, 2016, 2017a, 2018).
Gráfica 2. Número de eventos de migrantes mexicanos deportados por autoridades migratorias desde EE. UU., según proceso, años fiscales 2000-2018
Para identificar la presencia de personas mayores, con 50 años y más, entre la población mexicana expulsada de EE. UU., se analizó el flujo de devueltos de la Emif Norte (El Colegio de la Frontera Norte et al., 2020); se calculó el monto anual de eventos de esta población y su porcentaje del total para los años 2007-2019. Posteriormente, a partir de una base conjunta de los años 2017-2019, se analizaron las características de las personas y su proceso de deportación. Se decidió tomar tres años para incrementar el tamaño de muestra. En las bases de estos tres años se identificó un conjunto de 437 eventos asociados a la deportación de población de 50 años o más. Por lo anterior se debe entender que los datos expuestos representan la situación promedio del conjunto de eventos observados en ese periodo. Además, para fines analíticos y de comparación, se construyeron dos grupos según la edad del migrante (de 18 a 49 años y 50 o más), y dos grupos según la duración de la última estancia en EE. UU. (menos de un año y un año o más).
Los datos de la encuesta se refieren a eventos registrados en un periodo de tiempo, cifra que suele ser mayor respecto al número de personas que participa en el flujo. Sin embargo, en el contexto actual, es baja la probabilidad de que una persona participe en el flujo más de una vez en un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, según datos de 2019 sólo 10 por ciento de los eventos es de personas que en los últimos 12 meses fueron devueltas más de una vez.
Teniendo en cuenta los aspectos metodológicos antes descritos, en la gráfica 3 se presenta el monto anual de eventos de población adulta de 50 años o más, y el porcentaje que estos representan respecto al total del flujo. Los resultados muestran que en números absolutos, el fenómeno ha descendido. Al inicio del periodo, el monto anual llegó a más de 16 000 eventos; es decir, casi el doble que en los últimos años. Parte de este descenso se explica por la tendencia general de las expulsiones de mexicanos de EE. UU., principalmente porque ha disminuido el flujo de los que buscan cruzar la frontera sin documentos. Sin embargo, el descenso en el grupo de población adulta no es tan marcado: si se compara el promedio de los tres primeros años y de los tres últimos, se observa que el flujo en general disminuyó 67 por ciento, mientras que el monto de eventos de población adulta descendió solo 33 por ciento. Otra forma de ver el comportamiento anterior es con el incremento del porcentaje que representa el grupo de población adulta en el flujo total. En 2007 era 1.7 por ciento, para 2019 aumentó a 4.4 por ciento y en 2017 alcanzó 5.6 por ciento (ver gráfica 3). Lo que muestran las cifras anteriores es que la expulsión de población adulta es un fenómeno que puede continuar e incluso aumentar, pues parte de estos migrantes ya reside en EE. UU., y como se explicó antes, ha aumentado su porcentaje en la estructura por edad de la población mexicana en ese país.
Fuente: elaboración propia con datos de la Emif Norte de 2007 a 2019 (El Colegio de la Frontera Norte et al., 2020).
Gráfica 3. Número de eventos de población adulta entre mexicanos deportados por autoridades migratorias desde EE. UU., 2007-2019
El perfil de los migrantes que son expulsados desde EE. UU. (ver cuadro 1) muestra que se trata principalmente de hombres, sobre todo en el caso de eventos de personas que pasaron un año o más en EE. UU.; esto sucede tanto en la población adulta mayor como en los menores de 50 años. Entre la población adulta con estancias de menos de un año hay 81.1 por ciento de eventos de hombres y 91.4 por ciento con estancia de un año o más, para la población de 49 años o menos estos porcentajes aumentan a 88.7 y 94.5, respectivamente. Destaca que el porcentaje de hombres sea tan alto, sobre todo entre eventos asociados a estancias largas, es decir, de personas que ya vivían en EE. UU., lo que hace suponer que entre los no ciudadanos hay una proporción mayor de hombres o que éstos por sus actividades son más susceptibles de ser deportados. Esta diferencia ya ha sido analizada por Golash-Boza y Hondagneu-Sotelo (2013), quienes muestran una desproporcionada concentración de hombres latinos de clase trabajadora entre los deportados, especialmente de ocupaciones afectadas por la recesión económica de 2008 como la manufactura y la construcción.
Cuadro 1. Perfil sociodemográfico de migrantes mexicanos deportados por autoridades estadounidenses según edad y tiempo de estancia en EE. UU., 2017-2019
| Grupos por edad y tiempo de estancia en EE. UU. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edad 18 a 49 | Edad 50 y más | ||||
| Menos de un año |
Un año o más |
Menos de un año |
Un año o más |
||
| Sexo (%) | Hombre | 88.7 | 94.5 | 81.1 | 91.6 |
| Mujer | 11.3 | 5.5 | 18.9 | 8.4* | |
| Aprobó o cursó algún año en la escuela (%) |
Sí | 97.2 | 98 | 85.9 | 85 |
| No | 2.8 | 2 | 14.1* | 15* | |
| Sabe leer y escribir un recado (%) |
Sí | 97.9 | 99 | 90.7 | 93.4 |
| No | 2.1 | 1 | 9.3* | 6.6* | |
| Nivel de inglés (%) | Muy bien o regular |
11.2 | 55.7 | 19.8 | 55.8 |
| No habla o lo habla mal |
88.8 | 44.3 | 80.2 | 44.2 | |
Fuente: elaboración propia con datos de la Emif Norte de 2007 a 2019 (El Colegio de la Frontera Norte et al., 2020)
*Nota: Muestra menor a 30 casos.
Al ser expulsadas a México, estas personas tendrán que cubrir sus necesidades básicas, ya sea solicitando ayuda a familiares o amigos, a organizaciones no gubernamentales o buscando empleo por su cuenta, por lo que es relevante conocer las herramientas que les son útiles al buscar empleo, como el dominio del inglés y el nivel de escolaridad. Respecto a esto último, destaca que entre la población adulta, el nivel de analfabetismo (saber leer y escribir un recado) es de casi un 10 por ciento. Consistente con este resultado, se observa que cerca de 15 por ciento de estas personas no aprobó algún grado de educación formal. En la población de migrantes más jóvenes, estos porcentajes descienden considerablemente, lo que se explica por las brechas generacionales en el acceso a la educación, por lo que esta variable muestra un escenario de mayor desventaja para la población adulta mayor en caso de que busquen incorporarse al mercado laboral en México.
En cuanto al nivel de inglés, se observa un resultado que podría parecer contrario al anterior, ya que la población envejecida, en comparación con la más joven, declara con más frecuencia que habla inglés bien o regular. Entre quienes tuvieron una última estancia de menos de un año en que tiene este nivel de habilidad del inglés y entre quienes pasaron más de un año, este porcentaje aumenta a 55.8 por ciento.
En algunos casos, la deportación de EE. UU. implica la separación familiar. Los datos de la Emif Norte muestran que para el periodo 2017-2019, las familias de un importante porcentaje de población adulta deportada continúan viviendo en EE. UU., lo que podría incidir de forma negativa en la reintegración en México no solo en términos emocionales, sino también económicos. Según los datos analizados, la cuarta parte la población adulta que pasó más de un año en EE. UU. dejó hijos menores en ese país. Además, un alto porcentaje de esta población dejó familiares cercanos. Entre aquellos con estancias de más de un año, 75.6 por ciento señala que su cónyuge o pareja está en EE. UU., el porcentaje desciende a 16 por ciento entre quienes tienen estancias cortas. Cuando se pregunta por los hijos, los porcentajes son similares e incluso, mayores (73.9% y 30%, respectivamente).
Las personas que son deportadas de EE. UU. son identificadas y capturadas en diversas circunstancias, algunas intentando cruzar la frontera de manera indocumentada y otras después de una residencia de muchos años en ese país. Algunas personas son acusadas de cometer delitos graves y otras, por haber violado la ley de inmigración. Todos estos aspectos tendrán efectos en el proceso de expulsión y en el castigo que se les imponga sobre un posible reingreso. En el cuadro 2 se presentan indicadores que ilustran estos procesos y las diferencias entre los grupos, en este caso, la población adulta mayor. Respecto al lugar de detención, entre la población adulta que pasó más de un año en EE. UU., 33.2 por ciento fue detenido en su casa o trabajo, cuando se trata de quienes pasaron menos tiempo es sólo 2.2 por ciento; otro porcentaje mayor fue detenido en la calle o carretera (55.8% y 36.5%, respectivamente), y un tercer grupo fue detenido cruzando la frontera o en el desierto (4.5% y 60%). Aunque con algunas diferencias, el escenario anterior se repite entre la población que tiene entre 15 y 49 años. Entre las diferencias, está el caso de quienes son detenidos en la calle o carretera –posiblemente en un retén o por una infracción de tránsito–, el porcentaje entre los menores de 50 años es 65 por ciento, casi 10 unidades más que entre la población adulta mayor.
Cuadro 2. Indicadores seleccionados del proceso de detención y deportación desde EE. UU. entre mexicanos según edad y tiempo de estancia, 2017-2019
| Grupos por edad y tiempo de estancia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edad 18 a 49 | Edad 50 y más | ||||
| Menos de un año |
Un año o más |
Menos de un año |
Un año o más |
||
| Lugar de detención | Casa/ trabajo |
2.2 | 28.6 | 2.2* | 33.2 |
| Calle/ carretera |
33.8 | 65.0 | 36.5 | 55.8 | |
| Cruzando/ desierto |
62.0 | 1.2 | 60.0 | 4.5* | |
| Detención en EE. UU. por cometer algún delito que le llevó a la cárcel |
Si | 6.8 | 39.7 | 9.7* | 36.3 |
| No | 93.2 | 60.3 | 90.3 | 63.7 | |
| Juicio de deportación | Si | 24.4 | 57.4 | 34.2 | 57.7 |
| No | 75.6 | 42.6 | 65.8 | 42.3 | |
| Castigo que le limita la entrada a EE. UU. |
Si | 48.3 | 75.0 | 59.9 | 74.0 |
| No | 51.7 | 25.0 | 40.1 | 26.0 | |
Fuente: elaboración propia con datos de la Emif Norte de 2007 a 2019 (El Colegio de la Frontera Norte et al., 2020).
*N= muestra menor a 30 casos.
Otro aspecto relevante en el proceso de expulsión desde EE. UU. es haber sido ingresado en la cárcel o prisión, lo que tiene implicaciones tanto en el castigo por parte de las autoridades estadounidenses respecto a un reingreso documentado futuro, como en la reintegración en México, ya que puede causar discriminación al buscar empleo. Los datos del periodo 2017-2019 muestran nuevamente diferencias entre la población adulta mayor de acuerdo con el tiempo de estancia en ese país. Entre quienes estuvieron menos de un año en EE. UU., un 9.7 por ciento fue detenido por un delito que lo llevó a la cárcel, porcentaje que aumenta a 36.3 por ciento para los que tuvieron una estancia de un año o más. La situación entre la población de 49 años o menos de edad es muy similar (6.8% y 39.7%, respectivamente).
En el cuadro 2 también se presentan aspectos asociados con el proceso de deportación. Entre la población adulta mayor con estancia corta, 34.5 por ciento tuvo un juicio de deportación y 57.7 por ciento entre los que tienen una estancia mayor a un año. Esta situación es muy similar entre la población más joven. Como parte del proceso de deportación de EE. UU., el sistema migratorio contempla castigos que impiden al migrante solicitar alguna visa que permita la entrada a ese país por cinco, 10 o 20 años, e incuso de por vida, dependiendo de la gravedad de la acusación que llevó a la deportación.
La mayor parte de los adultos mayores expulsados recibe este tipo de castigos: 74 por ciento entre los que estuvieron un año o más en Estados Unidos, y 59.9 por ciento entre los que tuvieron una estancia corta. Estos niveles son similares a los que se observan entre la población que tiene entre 15 y 49 años (75% y 48.3%, respectivamente). La diferencia de 11.7 unidades que se observa entre los dos grupos que pasaron menos de un año en EE. UU. se explica, en parte, porque entre los más jóvenes hay una mayor proporción de personas que no tienen ninguna experiencia migratoria previa.
Los migrantes devueltos a México deben tomar decisiones relevantes respecto a su futuro inmediato. Hace poco más de 10 años, la gran mayoría tenía en mente intentar regresar a EE. UU. en el corto plazo (en siete días). Sin embargo, esta expectativa ha cambiado radicalmente y ahora son muy pocos lo que consideran esta opción. Entre la población adulta mayor que pasó menos de un año en EE. UU., 85.4 por ciento indica que no intentará volver a ese país, el porcentaje aumenta levemente si se trata de quienes tuvieron una estancia más larga (88%). En la encuesta, a quienes indican que no intentarán regresar a EE. UU. en el corto plazo, se les pregunta si buscarán regresar en los próximos tres meses, la respuesta sigue siendo negativa (93.8% y 91%, respectivamente). Se les insiste y se les pregunta si algún día intentarán regresar a EE. UU., nuevamente la mayoría responde que no (81.5% y 70.9%, respectivamente). Si se comparan los porcentajes anteriores con lo que se observa entre los eventos de personas menores de 49 años, se tiene un escenario similar. Las diferencias más amplias se dan en el último de estos indicadores, pero las diferencias son menores a 6.8 por ciento.
EXPERIENCIAS DE REINTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DEPORTADAS EN TIJUANA
En esta sección se utilizan cinco entrevistas semiestructuradas para analizar la reintegración económica y social de personas adultas mayores deportadas de EE. UU. a Tijuana, a fin de determinar hasta qué punto esta reintegración ha sido exitosa o limitada. Para este fin, examinamos el papel de las características sociodemográficas y migratorias en este proceso. Para las primeras, se pone especial atención en la edad, la escolaridad, el estado de salud, presencia de familia en México y acceso a redes sociales. Entre las características migratorias, se abordan temas como la experiencia al migrar y habilidades laborales, su historia y status migratorio en EE. UU., el tiempo de residencia en ese país, las causas y consecuencias legales de la deportación, y sus planes para el futuro. Se entrevistó a tres mujeres y dos hombres de entre 54 y 60 años de edad; ninguna persona se encontraba unida y todas contaban con escolaridad básica, su tiempo de estancia en EE. UU. fue de entre 20 y 50 años y su primera migración fue de forma indocumentada. Se utilizó la técnica de bola de nieve para identificar a los participantes, el trabajo de campo se llevo a cabo entre febrero y abril de 2020, el tiempo promedio de las entrevistas fue de dos horas. Se contó con el consentimiento informado y la información ha sido modificada o generalizada para evitar la identificación de los participantes.
REINTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EXITOSA
La deportación cambió mi vida, pero sobreviví. Logré mi sueño en tierras mexicanas
Dulce tiene 60 años, es originaria de Puebla, es soltera y tiene solo una hija, nacida en EE. UU., y que vive en ese país. Estudió la secundaria completa en México y vivió 21 años en EE. UU. Fue deportada varias veces, la última en 2010, cuando tenía 50 años de edad, y lleva 10 años viviendo en Tijuana. Su trayectoria migratoria comenzó con la migración desde su comunidad a la Ciudad de México, donde trabajó como empleada doméstica. Su motivación para migrar a EE. UU. fue buscar un futuro mejor, y se apoyó en sus hermanos que ya estaban en ese país. A principios de los noventa, contrató un coyote, que la guío a través de la frontera; llegó a Los Ángeles, California, donde encontró empleo en una empacadora de verduras, posteriormente sus empleos fueron diversos.
Cruzó varias veces la frontera de forma indocumentada; en una de esas ocasiones, la detuvieron y le tomaron las huellas dactilares. Su última detención, a finales de 2008, fue en un retén automovilístico en Los Ángeles, cuando ella iba conduciendo. Fue acusada de reingreso ilegal debido a las deportaciones previas, y la enviaron a prisión por año y medio. En 2010, cuando salió de prisión, fue inmediatamente deportada. Su hija tenía 13 años, se quedó con la hermana de Dulce, que la apoyó desde Tijuana para que continuara con sus estudios.
Mi hija viene; ya me conformé, sé que mi hija está bien, es feliz. Yo ya no tengo nada que hacer allá. Estuve en EE. UU trabajé duro, viví bien, pero no tenía libertad. Lo único que le lloro a EE. UU. es mi hija. Ella vino muy feliz porque quería estar con su mamá …vivimos juntas, pero no se adaptó y con todo el dolor de mi corazón la mandé de regreso a Los Ángeles, con su tía (Dulce, comunicación personal, 23 de marzo de 2020).
Estando en Tijuana, Dulce encontró empleo en un restaurante, después trabajó cuidando a una persona mayor, quien falleció y tuvo que emprender de nuevo una búsqueda laboral. Su nuevo empleo en la industria alimenticia se convirtió en su propio negocio; ha generado fuertes redes con sus vecinos y empleadas, que le apoyan cuando se enferma.
Aunque ella misma considera que su historia es de éxito, relata emotivamente que se trata de una “lucha y tristeza tremenda, de amaneceres grises, de días sin comer” (Dulce, comunicación personal 19 de febrero de 2020). Cayó temporalmente en problemas de alcoholismo, incluso teniendo su propio negocio y un buen ingreso. Actualmente considera que se encuentra bien, tanto económica como emocionalmente.
Tengo mi propio negocio de comida y auto. Mi hija ya terminó de estudiar. Soy una activista comprometida que apoya a los migrantes… La deportación cambió mi vida, pero sobreviví. Logré mi sueño en tierras mexicanas (Dulce, comunicación personal, 19 de febrero de 2020).
Aunque mis raíces están acá, mi vida estaba hecha allá
Pilar tiene 60 años de edad, nació en el estado de Durango y estudió la secundaria completa. Es divorciada y sus hijos viven en EE. UU. Vivió 20 años en ese país, estudió inglés y un curso para aprender a cuidar personas enfermas. En 1995 emigró de manera indocumentada, junto con su marido y cinco hijos, cruzando la frontera de San Ysidro con documentos legales que pertenecían a otras personas. Nunca regresó a México, hasta que la deportaron en 2015, cuando tenía 56 años de edad; lleva cinco años residiendo en Tijuana.
Dos años después de su ingreso a EE. UU., se separó de su esposo debido a violencia doméstica y decidió quedarse en ese país. Comenzó a trabajar en restaurantes y después cuidando personas enfermas y ancianas. En 2015 se vio involucrada en un accidente vehicular menor, aunque ella iba como copiloto, y ese evento desencadenó su deportación:
Nos pidieron un documento para identificarnos… nos dijeron que nada más iríamos para declarar y corroborar datos, porque no aparecían en el sistema. Llegamos, nos hicieron preguntas y nos dejaron ir, pero ahí mismo nos dieron fecha para ir a corte y ahí ya estaba migración (Pilar, comunicación personal, 2 de abril de 2020).
Ella decidió firmar su salida voluntaria porque le daba temor afectar a su hijo menor, quien estaba haciendo su solicitud para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). La deportación a través de Tijuana le resultó beneficiosa, pues en esta ciudad vivían dos de sus hijas menores. A pesar de contar con el apoyo de todos sus hijos, señala que no le gusta depender totalmente de su familia, por lo que decidió buscar trabajo. Manifiesta haber enfrentado discriminación por edad.
Me di cuenta que me costaría trabajo encontrar un empleo. Encontré a una amiga que también fue deportada, tenía un negocio y ocupaba una persona que la apoyara con la caja y las finanzas. Ya estando trabajando con ella, me ofrecieron otros trabajos cuando se dieron cuenta que hablaba inglés y vieron que a pesar de la edad se pueden hacer muchas cosas (Pilar, comunicación personal, 2 de abril de 2020).
Pilar tiene problemas de presión alta e hipertiroidismo. En EE. UU. asistía a un hospital comunitario. En México, uno de sus hermanos la declaró como dependiente y la aseguró en un sistema federal de salud. Nunca en su vida ha tenido problema de adicciones. Considera que la relación con sus hijos es muy buena y que la tecnología fue central para mantener esta relación. Sus hijos han estado investigando sobre la solicitud del perdón a un juez de inmigración, con la intención de arreglarle una visa de turista. “A veces pienso que sería bueno, pero luego digo que no tiene caso, porque mis hijos ya pueden venirme a visitar, ya tienen su vida hecha, no me necesitan. Aunque mis raíces están acá mi vida estaba hecha allá” (Pilar, comunicación personal, 2 de abril 2020).
Antes me enojaba que pensaran que fuera gringa
Dolores tiene 60 años de edad, nació en Tijuana, y fue llevada de manera indocumentada a los 13 meses de edad a California; su estancia en ese país fue de 50 años. Estudió hasta High School, tomó cursos en recursos humanos y negocios, domina el inglés. En 2010, cuando tenía 51 años de edad, la deportaron con un castigo por diez años, tiempo que lleva viviendo en Tijuana. Durante su larga estancia en EE. UU., obtuvo la Green Card, pero la perdió debido a la deportación. Sus hijos viven en EE. UU.
Su madre le contó que su padre había sido Bracero y que eran originarios de Jalisco, después se fueron a Tijuana, donde nació Dolores. Posteriormente, su padre los llevó a una granja en EE. UU. y tiempo después todos obtuvieron la residencia permanente legal. Cada año visitaban Ensenada, ella declara que desde entonces le gustaba la cultura mexicana:
Antes me enojaba que pensaran que fuera gringa. ¡Soy mexicana!, mi apellido era gringo, utilizaba el apellido de mi primer esposo. Yo quería mis raíces, y ¡mira cómo Dios me mandó a mis raíces!, hasta mi propio esposo entre chiste y chiste me decía: ¡cállate, que te voy a deportar ! … Después me metí en problemas y fue cuando me deportaron (Dolores, comunicación personal, 27 de marzo de 2020).
Dolores trabajó en el área de recursos humanos de consultorios, tiendas y restaurantes, también trabajó en una agencia de servicios sociales por ser bilingüe. A los 19 años de edad se casó con un ciudadano estadounidense, tuvo su primer hijo a los 27 y se divorció dos años después. Después tuvo otra pareja con la que tuvo dos hijos más, sin embargo, la relación duró cuatro años porque su pareja falleció cuando ella estaba embarazada de su tercer hija, quien falleció a los 16 años, cuando Dolores ya se encontraba en México deportada. Solicitó un permiso en el consulado de EE. UU. para asistir al entierro de su hija, pero le fue negado.
Dolores señala que sus problemas de adicción generaron arrestos policiacos que más tarde se convirtieron en una deportación formal. En EE.UU. comenzó a ingerir drogas con la intención de bajar de peso, pero la situación empeoró cuando combinó drogas y alcohol, lo que derivó en dos sanciones por manejar bajo la influencia del alcohol. Debido a las faltas cometidas, la enviaron a servicio comunitario. La sanción impuesta le generó depresión pues considera que había tocado fondo. Un fin de semana no se presentó por una falla mecánica de su automóvil y la arrestaron por no presentarse. La mandaron tres meses a la cárcel y luego a un centro de detención, donde estuvo seis meses, hasta que la deportaron en 2010.
Durante su detención se desintoxicó y se unió a una iglesia. Convivir con solicitantes de asilo y víctimas de trata que se refugiaban en una religión para enfrentar sus problemas, la motivó para hacer lo mismo. Decidió establecerse en Tijuana, para estar más cerca de sus hijos y comenzar de cero. Utiliza su red familiar en esa ciudad. Comienza a buscar trabajo en hoteles y supermercados, sin obtener respuestas favorables, entonces emprende un negocio de venta de alimentos durante seis meses. Sin embargo, después de haber “tomado unas cuantas copas”, su familia decidió internarla en un centro de rehabilitación durante un año.
Posteriormente, solicitó empleo en un Call Center, al no manejar equipo de cómputo se lo niegan, decide tomar un curso de computación mientras cuidaba personas de la tercera edad, esta dinámica duró tres años. Para el cuarto año logró obtener el empleo en el Call Center, aunque le resulta estresante, dice ella que le emociona estar cotizando para su seguro social en México y tener prestaciones.
Tiene problemas de presión arterial y le han dicho que su hígado está dañado y se ha atendido en el Seguro Social. Se apoya en su grupo de la iglesia, en Alcohólicos Anónimos y también participa en el grupo de madres deportadas. Ya se independizó por completo y recientemente rentó un departamento con todos los servicios. Tiene interés de regresar a EE. UU., pero en caso de no lograrlo, se quedará en Tijuana. Apoya a sus hijos que dejó en ese país, ya no consume alcohol ni drogas. Tiene aspiraciones de tener un auto, iniciar un negocio propio y le gustaría estudiar una licenciatura en historia porque quiere conocer más sobre su país (Dolores, comunicación personal, 27 de marzo de 2020).
REINTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL LIMITADA
En Tijuana estoy con el pie en el estribo porque quiero irme otra vez pa' atrás
Bruno tiene 54 años de edad, es originario del estado de Michoacán, donde estudió hasta sexto de primaria. Tiene cuatro hijos y cuatro nietos, todos nacidos en EE. UU. Es divorciado, se casó en EE. UU. con una mujer de Michoacán, pero después de una primera deportación se separaron de forma definitiva. Por este hecho, perdió también su Green Card. Su primera migración indocumentada fue a los 13 años, uno de sus tíos lo apoyó. Más tarde, ese mismo tío le apoyó con todos los trámites para obtener la residencia permanente legal a través de IRCA. En 2018, luego de vivir 41 años en EE. UU., fue deportado de nuevo por DUI y por reingreso ilegal. Al llegar a EE. UU. trabajó en un restaurante durante 16 años, después trabajó en la agricultura, en la construcción y en jardinería. Al final tenía una panadería, que se quedó a cargo de sus hijos y su exesposa:
A mí me detuvieron por manejar ebrio, saliendo de una barra; me pararon en el freeway y de ahí derecho a la Corte, en esa ocasión me deportaron y me dieron castigo de cinco años, pero me volví a meter y me volvieron a deportar, ahora me dieron un castigo de diez años. Me mandaron a prisión por 15 meses (Bruno, comunicación personal, 16 de marzo de 2020).
En Tijuana, empezó a trabajar como guardia de seguridad, señala que tardó en encontrar empleo siete meses por no contar con los papeles requeridos y por su edad. Su ingreso no cubre sus necesidades básicas, es apoyado por sus hijos.
La mera verdad es que aquí … sale para puro mal comer, yo gano 1 600 pesos por semana; si mis hijos no me ayudaran, ya hubiera corrido a Michoacán. Pago 2 400 pesos de renta y como en la calle todos los días… acá no compro nada de zapatos, ni de ropa, todo me lo traen de allá (Bruno, comunicación personal, 16 de marzo de 2020).
Señala que entre regresar a Michoacán o quedarse en Tijuana, prefiere la ciudad fronteriza debido a la cercanía con sus hijos, que viven en el sur de California, y por la violencia en su comunidad en Michoacán, donde tiene una casa propia y unas propiedades que le heredó su padre.
“Estando acá en Tijuana yo estoy con el pie en el estribo porque quiero irme otra vez pa´ tras y la verdad aquí no me gusta… por eso ni la lucha le he hecho… Toda mi vida está allá” (Bruno, comunicación personal, 16 de marzo de 2020).
Aunque el consumo de alcohol desencadenó sus problemas migratorios, afirma que se trata de un hábito que puede controlar. Durante su deportación anterior, estuvo albergado en la Casa del Migrante de Tijuana y adquirió el gusto por asistir a la iglesia, aunque también atribuye este interés a su edad. Su plan es permanecer en Tijuana hasta que sus hijos terminen de arreglar su situación migratoria, pero de no lograrlo, regresará de forma indocumentada a EE. UU.:
Mis muchachos andan en eso, me he detenido porque no quieren que me vaya, están haciendo la lucha para ver si pidiéndome un perdón me llevan pa’ trás, ya si se niega yo pienso que me voy a ir otra vez por el cerro. ¡No va a haber más! Allá tenía mi casa, todavía estamos terminando de pagarla, tenemos una panadería y entre todos están sacando las deudas, hay un futuro ahí (Bruno, comunicación personal, 16 de marzo de 2020).
Tengo que comenzar de nuevo
Gustavo tiene 59 años de edad, es originario del estado de Guerrero, estudió hasta sexto de primaria y está separado de su esposa. Fue deportado en 2011, lleva nueve años viviendo en México. Su trayectoria migratoria inició en 1991, cruzó por Tijuana de manera indocumentada y se dirigió a Washington para vivir con sus hermanos. Vivió 20 años en EE. UU. sin ningún retorno. Tenía 51 años cuando fue deportado.
El motivo de su detención fue por acumulación de cinco multas de tránsito por manejar sin licencia de conducir. La policía lo detuvo en una tienda, fue llevado al condado para pagar las multas y lo metieron a la cárcel, ese mismo día lo deportaron por Tijuana con un castigo de 10 años. Cuando llegó a Tijuana se quedó a vivir cuatro años ahí, después estuvo ocho meses en Ensenada, pero debido a su problema de diabetes, decidió ir a Toluca, a sugerencia de un hermano que vivía allá, para atenderse una infección en el pie con un médico particular, pues en la zona fronteriza la atención médica le resultaba más costosa.
De Toluca se fue a Morelos, y estuvo 13 meses en ese lugar. Durante su estancia en Morelos trabajó como conductor. Sin embargo, debido al terremoto de 2017 decide regresar a Toluca y allí estuvo por algunos meses. No logró tener una buena relación con su hermano, así que decidió regresar a Ensenada donde trabajó dos años en el campo. A finales de 2019 volvió a tener una infección en el pie, regresó a Toluca, pero le tuvieron que amputar el dedo. Después regresó a Tijuana y encontró empleo como guardia de seguridad, trabaja 12 horas diarias, con un sueldo de 1 600 pesos semanales.
No recibe ningún apoyo familiar. Se casó en México antes de emigrar a EE. UU., y posteriormente pagó un coyote para que su esposa e hijo mayor cruzaran de forma indocumentada la frontera. Con el tiempo, tuvieron cuatro hijos más, que nacieron en EE. UU. Después de tres años de su deportación, la relación con su esposa se terminó. Todos sus hijos viven en EE. UU. y mantiene poca comunicación con ellos. En Ensenada inició una relación con una mujer, pero debido a su problema de salud y su movilidad a Toluca, se separó de ella. Visitó el estado de Guerrero en dos ocasiones, pero ya no encajó con sus familiares, y considera que el lugar es violento.
No piensa regresar a EE. UU., pero le gustaría tramitar una visa para visitar a sus hijos, pues a consecuencia de la deportación su hijo más pequeño tuvo problemas de adicción y se siente responsable por ello. Su plan es rentar una habitación propia, pues requiere un espacio para hacerse curaciones en su pie. Piensa hacer los trámites para sacar su licencia de manejo y buscar trabajo como conductor.
A partir de los casos analizados, se puede señalar que no es fácil determinar si la reintegración económica y social ha sido exitosa o limitada, pero siguiendo a Pastor y Ortiz (2009), la reintegración económica y social será exitosa si a pesar de la deportación se ha conseguido movilidad económica ascendente, participación cívica reforzada y la experiencia de vivir en una sociedad receptora de inmigrantes. Para determinar esta situación, los siguientes indicadores fueron fundamentales: la obtención de un empleo estable, con buenos salarios y prestaciones; la formación de negocios, la oportunidad de acceder a vivienda digna, y la capacidad para establecer relaciones de amistad y solidaridad con otras personas en Tijuana. Los planes para el futuro concretizan el grado de la reintegración económica y social.
CONCLUSIONES
En esta investigación se utilizó una metodología mixta para analizar el proceso de deportación y de reintegración económica y social en México de personas de 50 años o más que han sido deportadas de EE. UU., combinando estadísticas descriptivas provenientes de la Emif Norte con cinco entrevistas semiestructuradas sobre las historias de vida de personas que ahora residen en Tijuana. A partir de esta información, se identificaron los factores sociodemográficos y migratorios que facilitan o dificultan una reintegración económica y social exitosa para los adultos mayores.
El análisis basado en datos de la Emif Norte revela que entre los adultos mayores, el porcentaje de hombres pasa de 80 por ciento. Entre aquellos con estancias de más de un año, 75.6 por ciento señala que su cónyuge o pareja está en EE. UU., y 73.9 por ciento, que sus hijos están en ese país. En este mismo grupo, más de la mitad (55.8%) fue detenida en la calle o en la carretera. Por otra parte, entre más larga fue su residencia en EE. UU., mayor es el porcentaje de los que cometieron un delito, estuvieron en la cárcel o prisión, tuvieron un juicio de deportación o recibieron un castigo que les impide regresar legalmente a ese país en cinco, 10, 20 años, o de por vida.
La edad avanzada de todos los deportados entrevistados es un factor que les dificulta conseguir un empleo formal, ya que en México los empleadores prefieren contratar trabajadores más jóvenes, con mayor escolaridad y con dominio de algunas herramientas, como el uso de computadoras. Por su misma edad, los adultos mayores entrevistados no tuvieron acceso a este tipo de educación en México, por lo que en el inicio de su vida en Tijuana obtienen empleos precarios con bajos ingresos que apenas les sirven para rentar un lugar donde vivir y para alimentarse.
Esto claramente es insuficiente, ya que a largo plazo estos adultos mayores deberán atender enfermedades crónicas que algunos ya padecen, como la diabetes. En este sentido, tiene mucha relevancia tener el acceso a servicios de salud y poder garantizar este servicio, por ejemplo, mediante una pensión. Es significativo que una de las entrevistadas manifieste una satisfacción especial por estar cotizando para su pensión, aunque seguramente, como en la mayoría de los casos en México, será insuficiente para mantenerse.
De los cinco entrevistados, las tres mujeres muestran una integración económica y social que se puede considerar como exitosa, mientras que los dos hombres muestran limitaciones serias en este proceso. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿las mujeres tienen la habilidad para reinsertarse mejor en México luego de su deportación de Estados Unidos?. Obviamente esto no se puede afirmar con cinco casos, pero es una pregunta de investigacion muy sugerente para el futuro.
Luego de un inicio complicado en el mercado de trabajo de Tijuana, dos de nuestras entrevistadas hablan de su satisfacción por poder utilizar alguna habilidad adquirida en EE. UU., como es el dominio del inglés, que posibilita, aun a los adultos mayores, trabajar en Call Centers, que ofrecen salarios más altos que los empleos en el sector informal. Estos logros, que incluyen tener un negocio de venta de tamales, ayudan a mitigar la nostalgia y el dolor de estar separados de hijos y otros familiares que se quedaron al otro lado de la frontera.
El acceso a redes sociales en México y en EE. UU. es un recurso clave para la integración exitosa, ya que ofrece apoyo monetario para ayudar con los gastos en Tijuana que incluyen el acceso a una vivienda digna. Sin embargo, las redes sociales fuertes en EE. UU. también son fundamentales para motivar el deseo de reingresar de manera indocumentada a ese país por parte de uno de los entrevistados, porque considera que su vida está allá. Esto contradice un hallazgo importante de la Emif Norte (El Colegio de la Frontera Norte et al., 2020), que muestra que la mayoría de los adultos mayores deportados no tiene intención de volver a ese país de forma indocumentada.
El estado de salud determina también la posibilidad de una integración exitosa, ya que problemas como la diabetes, el alcoholismo y la adicción a otras drogas que la mayor parte de nuestros entrevistados padecieron en alguna etapa de su vida, además de su efecto físico devastador, dificultan el acceso a un empleo formal. La falta de cobertura general de salud en México es parte del rechazo de la sociedad de recepción que, como la violencia generalizada, no ayuda al establecimiento apropiado de los mexicanos expulsados de EE. UU. De forma contraria, la solidaridad y el apoyo de muchas personas e instituciones, como los albergues de migrantes, muestran la apertura para los recién llegados por parte de la sociedad de Tijuana.
Las experiencias de las personas entrevistadas muestran que los migrantes no son los únicos afectados con la deportación, ya que esta conlleva la fractura de los núcleos familiares y la separación de los cónyuges y de los hijos que deciden quedarse en EE. UU. Por esta razón, Tijuana es un lugar estratégico para los deportados que tratan de rehacer su vida, porque pueden estar cerca de sus familiares que viven en el sur de California, y donde encuentran mejores condiciones laborales que en sus lugares de origen en el sur del país. Estos lugares no les parecen atractivos, e incluso identifican la presencia del crimen organizado, por lo que prefieren ir a otras localidades en México.
Aunque esta investigación no tuvo como objetivo obtener hallazgos que se conviertan en recomendaciones de política pública, sí se puede señalar que es muy probable que la deportación de adultos mayores continúe en los próximos años. Según estimaciones de la Emif Norte, en la última década en promedio hubo nueve mil eventos anuales de mexicanos de 50 años o más deportados de EE. UU. Además, cerca de 1.9 millones de los mexicanos de 50 años o más que residen en ese país no tienen la ciudadanía estadounidense, por lo que están en riesgo constante de ser deportados.
