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INTRODUCCIÓN
En México el retorno de la población deportada desde Estados Unidos representa un reto de reciudadanización. Ello requiere la comprensión de los mecanismos cotidianos del ejercicio de derechos, obligaciones y adscripciones comunitarias en el contexto de las movilidades globales contemporáneas. Las deportaciones y repatriaciones masivas de mexicanos desde Estados Unidos no son un fenómeno nuevo en la historia migratoria de ambos países (Alanís, 2007; Cardoso, 1977); sin embargo, en la actualidad suceden en un contexto marcado por la paradoja del Estado neoliberal en la globalización (Hollifield, 2006), donde la documentación de identidad ha cobrado un papel central en el ejercicio de la ciudadanía.
En las últimas dos décadas cientos de miles de personas han sido deportadas a México desde Estados Unidos. A diferencia de lo que sucedía a fines del siglo XX, cuando dominaban las personas deportadas detenidas en el cruce fronterizo, en el siglo XXI se han incrementado las detenciones y deportaciones de personas con larga estancia en Estados Unidos, incluyendo a inmigrantes que llegaron siendo niños o jóvenes, y no realizaron sus procesos de documentación debida como mexicanos. Este fenómeno, aunque no es el más extendido entre los deportados, presenta una oportunidad para analizar los procesos de ciudadanía formal en relación con las deportaciones de inmigrantes a los países expulsores.
Como afirma Ngai (2004), la historia de la migración mexicana ha mostrado que la práctica de control que impedía la entrada regular de mexicanos a Estados Unidos los construyó como “ilegales” sin derechos en ese país. Actualmente se sabe menos sobre cómo sobreviven las personas deportadas y repatriadas sin documentos en su país de nacimiento, bajo un cuestionamiento de su estatus de ciudadano.
Este artículo analiza el papel de los documentos de identidad mexicana en los procesos de integración de personas que han sido deportadas a ciudades fronterizas como Tijuana, en México. La hipótesis que sostiene el artículo es que la condición de documentación juega un papel estratégico en los procesos de reciudadanización, ya que carecer de ella constituye una fuente de desigualdad en los países de origen (Sharma y Gupta, 2006; Therborn, 2015). Existe una suerte de revitalización de la importancia de la ciudadanía formal, considerada esta última en términos generales como el estatus de los sujetos nacionales con derechos políticos y legales, y responsabilidades conforme a la Ley (Pani, 2016, p. 135). Esta noción parecía rebasada frente a las múltiples formas de adscripción, pertenencia y participación local, y un Estado que ha extendido paulatinamente los derechos ciudadanos (Marshall, Casado y Miranda, 1997).
APROXIMACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL: CIUDADANÍA, MOVILIDAD, DEPORTACIÓN
Los análisis de la relación entre ciudadanía y movilidad-deportación se han hecho pensando a la ciudadanía desde el lugar de origen o nacimiento (previo a la migración), o en el lugar de migración como extranjeros (destino). Pero, ¿qué pasa con la ciudadanía en el proceso de retorno al lugar de origen, fundamentalmente al tratarse de un retorno “patrocinado” por el Estado, como Golash-Boza y Hondagneu-Sotelo (2013) nombran a la deportación? Nos dirigimos hacia una conceptualización de la ciudadanía vista como un proceso que se transforma y se reconfigura en la trayectoria migratoria de los individuos, y en el caso de esta investigación, de personas deportadas que se enfrentan a recrear sus vidas en sus países de origen.
La aproximación liberal de ciudadanía, vinculada con la identidad nacional y la relación individuo-Estado (Marshall, 1950), constituye el punto de partida conceptual de este artículo. Sin embargo, ampliamos la perspectiva analítica con las aportaciones de la biopolítica y geopolítica de Walters (2002) y Collyer (2012), quienes plantean que la relación entre la ciudadanía, la movilidad transfronteriza y las deportaciones debe ser vista como el resultado del gobierno internacional de las poblaciones. En la medida en que el mundo y las economías se han ido globalizando, la noción de ciudadanía se ha puesto aún más en el centro de la discusión sobre los derechos y las responsabilidades. Nuevos planteamientos buscan superar la visión nacionalista e invitan a reconocer, como afirma Glenn (2000), una doble postura que contemple la legitimidad tanto de las nociones tradicionales de los derechos asociados con la membresía a una comunidad (derechos de ciudadanía), como de los derechos universales no vinculados a la membresía en estados nacionales particulares (derechos personales o humanos).
Un aspecto central que ha definido la membresía a un Estado-nación para el otorgamiento de libertades y derechos son la “domicialización” (Tilly, 1978) y la documentación (Horton, 2020) como formas de control y dispositivos de control y gestión estatal de la movilidad de la población. Esto es lo que Tilly (1978) denomina ciudadanía fija, vinculada a la noción de ciudadanía con una sola residencia, y que se traduce en una ciudadanía formal y política. Los documentos de identidad funcionan como una inscripción burocrática al Estado (Horton, 2020).
La residencia fija y la asignación de una identidad a través de la documentación en las discusiones de ciudadanía, tiene una función dicotómica: como derecho y como requisito. En términos de derechos, la residencia y el trabajo dignos, así como la libertad de movimiento interno e internacional, son los elementos básicos de los reclamos de ciudadanía que se hacen a un Estado. Como requisito, la residencia resulta ser un elemento de selección y diferenciación del Estado sobre los individuos, por medio de la cual controla quién tiene derecho a la movilidad (Heyman, 2020).
Con este precepto de la residencia fija, la documentación de identidad nacional tiene una dimensión adscriptiva sumamente importante, pero a la vez práctica. La asignación y reconocimiento de una identidad nacional puede ser vista por un lado como un derecho y elemento necesario para la distribución de recursos, y por otro, como un elemento de subordinación, control y vigilancia (Torpey, 1998) que genera efectos positivos para una población, y negativos para otra, creando considerables desigualdades sociales (Horton, 2020).
Con las deportaciones se han hecho evidentes las desigualdades que plantea la noción de ciudadanía formal entre los sujetos de un mismo Estado. Autores como Collyer (2012) y Fischer (2013) plantean que con la migración ocurre un distanciamiento en la relación entre el Estado y sus ciudadanos, y que ello no es algo que se recupere automáticamente con el cruce fronterizo y de lo que se goce plenamente después del retorno. Como lo plantea Menjívar (2006) en sus estudios sobre migrantes extranjeros en Estados Unidos, consideramos que los sujetos pueden moverse entre múltiples formas de ciudadanía en algunos momentos de su vida, pero que el control sobre su movimiento permanece y se extiende también cuando retornan a su lugar de “origen”, donde el Estado del que son ciudadanos los clasifica y limita a través de agentes y mecanismos burocráticos, lo que Lipsky (1999) denomina burocracia a nivel de calle, y que Horton (2020) califica como mecanismos de inscripción burocrática al Estado.
A tal entramado de relaciones y mecanismos que se construyen procesualmente en la vida cotidiana de las personas deportadas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, es lo que denominamos reciudadanización, asumiendo que aún con los programas de vinculación a distancia de los Estados nacionales de origen, las personas migrantes viven en eso que Coutin (2011) califica como estatus de ciudanía liminal, jurídicamente hablando, o desciudadanización en los términos de Moreno (2014). Esa condición liminal se extiende en lo que se ha nombrado como postdeportación (Schuster y Majidi, 2013; Dingeman y Rumbaut, 2010). Según estos últimos autores, existe una continuidad de los procesos de construcción de ilegalidad sobre los individuos con estatus migratorio irregular una vez retornados a sus países de origen.
Deportados y repatriados: redocumentación y ciudadanía en México
El término de repatriación, que ha guiado la política mexicana de retorno de los migrantes mexicanos por fuerza o voluntad, se refiere al regreso y reintegración de mexicanos y sus hijos, que residían principalmente con estatus migratorio irregular en Estados Unidos (Alanís, 2007).3 La política de repatriación de mexicanos desde territorio estadounidense se forjó en las primeras décadas del siglo XX en pleno periodo postrevolucionario. Los primeros programas o instancias oficiales de repatriación mexicana se fundan durante la crisis de la Gran Depresión en Estados Unidos (Guerin-Gonzáles, 1985). Durante el periodo del Programa Bracero (1942-1964) el tema de las repatriaciones dejó de ser foco de atención programática y se fundió en el discurso del nacionalismo posrevolucionario. El tono nacionalista de las repatriaciones fue desapareciendo hasta después del año 2000 (Délano, 2014), cuando las remesas se habían convertido en una fuente de divisas sumamente importante para la economía nacional.
En México, en la década de los noventa del siglo XX, surgió en 1993 el Instituto Nacional de Migración (INM), y en 1998 fue aprobada la Ley de Nacionalidad, que permitió la doble nacionalidad. En Estados Unidos la nueva noción de seguridad antiterrorista y la crisis económica de 2008 fueron el marco de la nueva ola de deportaciones, que alcanzó casi 4 millones en una década (UPM, 2018), y el regreso del tema de la repatriación. En 2007 se creó el Programa de Repatriación, dependiente del INM. En 2012 el Programa de Repatriación Humana (PRH) recuperó el extendido discurso oficial de los derechos humanos, tras los acuerdos firmados a nivel internacional. Un giro importante del PRH fue el interés por identificar a los deportados mexicanos, posiblemente a la luz de la extendida presencia de los migrantes centroamericanos asentados y en tránsito.
Una revisión detallada de los procesos que han definido la asignación de identidad en México muestra la evolución tanto en los dispositivos y mecanismos de identidad, como en los niveles de seguridad e incremento de los requisitos para obtenerlos a la par de la evolución de la política migratoria. El acta de nacimiento y la credencial de elector constituyen los dispositivos de identificación más importantes, y solo se otorgan a mexicanos por nacimiento. Estos son los principales documentos solicitados a las personas retornadas en su proceso de integración, aunque existen otros, como la Clave Única de Registro de Población (CURP) (Jacobo, 2017; Escobar, Lowell y Martin, 2013). Aunque a lo largo de la historia el sistema de registro de población en México se ha ido modernizando, por ejemplo con la digitalización de las actas de nacimiento, el problema del subregistro sigue siendo significativo. Por un lado, aún no se cuenta con la digitalización de todas las actas a nivel nacional, y por otro, se tiene también el caso de personas retornadas y deportadas que no conocen su lugar de registro, de las que no fueron registradas en México o bien, de las que fueron registradas en otro país, en su mayoría en Estados Unidos (Inegi y Unicef, 2018), y para quienes acceder a su acta de nacimiento después de la deportación es sumamente difícil, por lo que se les ha denominado “doblemente indocumentados” (Selee, 2014).
Así mismo, el acceso a la credencial electoral resulta ser un proceso complejo y difícil. En las últimas décadas se ha documentado que un porcentaje importante de las personas deportadas que ingresan por algún módulo de repatriación del INM, no cuentan con documentos de identificación que acrediten su ciudadanía mexicana, y aun cuando la Ley de Nacionalidad (1998, Art. 3o) establece como documento probatorio de la nacionalidad el acta de nacimiento, es común que los deportados no la lleven consigo.
La gráfica 1 muestra que entre el 2010 y el 2013, más de la mitad de la población devuelta por autoridades migratorias desde Estados Unidos no tenía la credencial del INE,4 y que esta proporción aumentó notablemente en los años subsiguientes. Entre el 2014 y el 2017, cuando se indagó sobre si la llevaban consigo, más de dos terceras partes respondieron negativamente. Luego, entre 2018 y 2019 los datos mostraron un incremento del porcentaje, regresando a la misma tendencia de años anteriores. Similar a ello, en cuanto al acta de nacimiento, se registra que entre 2010 y 2013 casi una tercera parte no contaba con ella; en 2016 aumentó al doble la proporción de los que no la tenían consigo en el momento de la deportación, tendencia que se agudizó aún más entre el 2017 y el 2019. El cambio en la pregunta en la encuesta toca el corazón de nuestro argumento, pues las consecuencias en la experiencia de las personas en la integración en México son potencialmente distintas, según posean o porten tales documentos.
Fuente: El Colegio de la Frontera Norte et al. (2016).
Gráfica 1. Tenencia de documento de identidad en el flujo de devueltos por autoridades de EUA, que permanecieron un año o más en EE. UU. (%) Acta de nacimiento INE (antes IFE) * Nota: La pregunta se modificó. De 2010 a 2013 era ¿Tiene usted los siguientes documentos? Y a partir de 2014 es ¿Trae con usted los siguientes documentos?
Este escenario permite entender la importancia de la constancia o certificado de presunción de nacionalidad mexicana que otorga el PRH5 en el primer momento del ingreso a México de las personas deportadas. Por ley, migrar a Estados Unidos no implica perder la ciudadanía mexicana por nacimiento.6 Sin embargo, hay que decir que en la práctica esta última parece haberse dislocado, fundamentalmente entre más prolongado haya sido el periodo de residencia en Estados Unidos. Se puede decir que en el actual régimen de contención de la movilidad centroamericana en territorio mexicano, la posesión de documentos de identidad mexicana sí representa un requisito, no solo para el acceso a derechos básicos, sino también para el tránsito libre, que en términos de derechos humanos debería estar protegido por el Estado. Aunque, al mismo tiempo, se debe reconocer que no solo la posesión de documentos garantiza el reconocimiento y el ejercicio pleno de la ciudadanía, ya que esta obedece a un complejo entramado de elementos tanto estructurales como subjetivos que son “frágiles” para estos retornados, y que van desde lo normativo hasta lo procedimental y práctico
METODOLOGÍA
La investigación de la que surge este artículo se planteó conocer el proceso de integración social de personas deportadas a ciudades fronterizas. A lo largo de la exploración en campo y la posterior realización de entrevistas, fue surgiendo en la voz de las personas deportadas las dificultades que enfrentaban por no tener documentos de identidad mexicana. Este hallazgo llevó a replantear la investigación y a ubicar el proceso de documentación como un aspecto fundamental en la reintegración de las personas deportadas. También observamos que el efecto de tal condición no es homogéneo, sino que depende de la acumulación de capitales a lo largo de su vida y de los contextos institucionales del lugar al que retornan. Las entrevistas se realizaron entre 2017 y 2018 en la ciudad de Tijuana; en total se lograron 68 entrevistas con personas deportadas y 16 informantes clave.
Para el análisis que se presenta en este artículo seleccionamos 23 casos, a los que dimos seguimiento durante 14 meses y de los que contamos con información consistente sobre su proceso de documentación, exitosa o no (ver cuadro 1). Para poner a prueba la hipótesis del peso de la documentación en el proceso de reciudadanización, distinguimos a personas que hasta el momento de la entrevista habían logrado papeles de identidad mexicana de aquellas que no lo habían logrado. La finalidad fue analizar dos aspectos.
Cuadro 1. Caracterización de los sujetos entrevistados según posesión de documentos en Tijuana después de su deportación
| Nombre ** |
Mecanismo/agente de doc Mx |
Estado de nacimiento |
Año de nacimiento |
Edad al primer cruce |
Año de deportación |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con documentos* | Soledad | Familia en Tijuana | Jalisco | 1972 | 2 | 2015 |
| Salvador | Familia en Veracruz |
Veracruz | 1975 | 2 | 2009 | |
| Carlos | Familia en Estados Unidos |
Jalisco | 1980 | 3 | 2011 | |
| Ricardo | Familia en Tijuana | Baja California |
1985 | 3 | 2010 | |
| Gonzalo | Familia en Estados Unidos*** |
Baja California |
1992 | 3 | 2013 | |
| Javier |
Call Center en Tijuana |
Sinaloa | 1956 | 6 | 2011 | |
| Pablo | Familia en Estados Unidos |
Jalisco | 1959 | 8 | 2014 | |
| Diana | Familia en Ciudad de México |
CDMX | 1976 | 13 | 2017 | |
| Yuri | Con documentos durante deportación |
CDMX | 1984 | 14 | 2013 | |
| Dolores | Con documentos durante deportación |
Guanajuato | 1981 | 16 | 2012 | |
| Gustavo | Programa OSC | Sinaloa | 1968 | 17 | 2012 | |
| Ignacio | Familia en Tijuana | CDMX | 1983 | 21 | 2013 | |
| Sin documentos* | Amanda | Con documentos durante deportación |
CDMX | 1967 | 25 | 2012 |
| Rafael | Programa OSC/Call Center |
Oaxaca | 1968 | 29 | 2006 | |
| Héctor | Sin documentos postdeportación |
Guerrero | 1973 | 12 | 2013 | |
| Sergio | Sin documentos postdeportación |
Morelos | 1976 | 12 | 2015 | |
| Leonardo | Pérdida documentos postdeportación |
Baja California |
1988 | 13 | 2014 | |
| Alberto | Pérdida documentos postdeportación |
Nayarit | 1969 | 13 | 2013 | |
| Daniel | Sin documentos postdeportación |
Chiapas | 1988 | 13 | 2014 | |
| Porfirio | Pérdida documentos postdeportación |
Jalisco | 1968 | 15 | 2011 | |
| Ernesto | Sin documentos postdeportación |
Chiapas | 1969 | 15 | 2016 | |
| Ramiro | Pérdida documentos postdeportación |
CDMX | 1976 | 21 | 2009 | |
| Diego | Sin documentos postdeportación |
Jalisco | 1966 | 24 | 2014 |
Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo.
*Se refiere a la posesión de documentos al momento de la entrevista: acta de nacimiento y Credencial de Elector (INE)
**Se usaron seudónimos
***Contaba con documentos al ingresar a México
Por un lado, observamos las pautas diferenciadas del proceso de redocumentación, con sus agentes y estrategias. Por otro, la condición sin documentos nos permitió profundizar también los casos negativos y por lo tanto, el peso de la ausencia de documentación para la reciudadanización y las estrategias de resistencia frente a los mecanismos de control del Estado (Heyman, 2020).
La estrategia de construcción de estos casos previó un amplio recorrido por los principales lugares de residencia y de hospedaje de personas deportadas en Tijuana. La variabilidad de las condiciones laborales y residenciales fue considerada como un aspecto estratégico en el análisis del conjunto de casos en relación con su proceso de documentación, ya sea que la lograra o no. Se procuró contar con casos distintos en términos de género, aunque en la muestra final dominaron los hombres (18 hombres frente a 5 mujeres), tal como sucede en el universo general de la población deportada. Como se observa en el cuadro 1, con excepción de un caso, los restantes fueron deportados en el periodo presidencial de Barack Obama, reconocido como un periodo de intensificación de las deportaciones desde el interior de Estados Unidos.
LA CONDICION DE DOCUMENTACIÓN EN LA FRONTERA MEXICANA
La frontera mexicana ha jugado un papel estratégico en los procesos de repatriación desde Estados Unidos, al constituirse como una puerta de entrada a territorio mexicano, como lugar de espera –cada vez más prolongada – y de asentamiento para inmigrantes en su trayecto a Estados Unidos. La adyacencia fronteriza no sólo ha sido valorada por los inmigrantes, sino también por diferentes actores privados y públicos de ambos lados. En 2015 Tijuana era la ciudad más poblada de la frontera, con cerca de dos millones de habitantes (1 840,710) (EIC, 2015); contaba con niveles de desempleo más bajos que el resto del país y con el mayor número de cruces fronterizos en el mundo por sus dos garitas internacionales. Tijuana se ha convertido en una ciudad receptora de población deportada (Calva y Alarcón, 2018); una proporción importante de dicha población se queda en la ciudad en espera de cruzar de nuevo, ya sea con el fin de mantener los vínculos familiares creados a lo largo de su vida en Estados Unidos, o bien para continuar con su vida.
Para comprender el proceso de redocumentación de las personas repatriadas a Tijuana, el análisis distingue dos condiciones vitales: la primera es la batalla por los documentos, analizando las estrategias y agentes que facilitan el proceso de redocumentación (14 casos), y la segunda es la batalla de vivir sin documentos (9 casos).
La primera línea de análisis se basa en 14 casos que contaban con algún tipo de documentos. En general, observamos que una constante en este grupo es la mayor escolaridad y su bilingüismo, así como contar con redes de apoyo activas en Estados Unidos. El papel de los vínculos familiares fue muy importante en el proceso de redocumentación, cuando el tejido familiar no se rompió con la deportación. Tres casos ilustran con claridad tales hallazgos: Javier, Pedro y Soledad emigraron a Estados Unidos en la infancia o adolescencia en compañía de sus padres, y regresaron a México siendo adultos. Aunque con actas de nacimiento que sus padres habían guardado, no tenían el documento de identidad que les permitía identificarse oficialmente como mexicanos y tenían poco conocimiento del tejido jurídico-administrativo mexicano.
La segunda línea de análisis se basa en 9 casos de personas sin papeles mexicanos, que (ver cuadro 1) presentaban mayor diversidad de condiciones que los documentados. Ernesto, Heriberto, Ramiro, Héctor, Daniel, Alberto y Porfirio migraron en su adolescencia o juventud, y después de una vida en Estados Unidos (de 27 a 31 años) perdieron contacto y redes de apoyo en sus lugares de origen. Al regresar a México ellos se encontraron con el obstáculo de no contar con documentos de identidad mexicana, y con la dificultad que representa no contar con un acta de nacimiento o tener problemas de registro en sus lugares de nacimiento u origen.
Ambas condiciones –con y sin documentos– están marcadas por diferentes grados de desconocimiento de los procedimientos legales, de la normatividad y de las costumbres burocráticas de su país de origen. Este desconocimiento de las formas burocráticas cotidianas se traduce en una exclusión para el ejercicio de los derechos ciudadanos en México. El tiempo de ausencia en el país ha debilitado su práctica cotidiana de ciudadanía en términos amplios, y restringe su expresión a la búsqueda de asistencia social básica, como a continuación se describe y analiza.
Documentarse para vivir: mecanismos y agentes
Los caminos de la documentación son variados y se relacionan con sus capitales humanos y sociales acumulados en su experiencia de residencia en Estados Unidos. Pero, aún para este sector de repatriados, la redocumentación no es un trámite cualquiera al pisar la garita del INM, sino una lucha vital en la que entran en escena los agentes del mercado laboral, la infraestructura de apoyo a la movilidad humana en la ciudad de arribo y las redes sociales.
Una vez en territorio mexicano, las personas repatriadas entran en el túnel de lo que Lipsky (1999) llama la “burocracia a nivel de calle”, a cargo de personas precisas que interactúan directamente con los ciudadanos, y que filtran a través de su discrecionalidad el ejercicio de los derechos (Lipsky, 1999). Las personas repatriadas (14) que obtuvieron sus documentos de identidad los consiguieron con apoyo conjunto de empleadores, familiares y de organizaciones de la sociedad civil. A continuación, se analiza el papel de estos agentes y la respuesta de la población de estudio.
Los empleadores como agentes de documentación
Tijuana es una ciudad económicamente muy dinámica; su municipio cuenta con el Producto Interno Bruto (PIB) más alto en el estado de Baja California y con salarios relativamente más altos que en el resto del país (Coubès y Silva, 2012). La adyacencia fronteriza de Tijuana la convierte en un lugar estratégico para la operación de empresas de diversos sectores económicos (comercial, financiero y de servicios).
El papel de los empleadores de maquiladora y call centers en la documentación de las personas migrantes repatriadas está relacionado con la importancia que ha adquirido la fuerza de trabajo de estas poblaciones en estos sectores de la economía. En particular, esta última industria de alta tecnología de comunicación, los llamados call centers, ha fijado sus ojos en la población repatriada, tras la valoración de sus capacidades bilingües y de cercanía con la cultura estadounidense (Hualde, Jurado y Tolentino, 2015). En 2015, según Jorge Oros, presidente del Cluster de Call Centers de Baja California (BC), en el estado existían 12 000 puestos de trabajo, de los cuales 8 000 correspondían a la ciudad de Tijuana (Caballero, 2015). Según el mismo Oros, en 2016 en Baja California existían 54 empresas del ramo y empleaban alrededor de 18 000 personas (Uniradio Informa, 2016). Tijuana se ubicaba en cuarto lugar a nivel nacional (15% de la oferta laboral nacional), detrás del entonces Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara (Caballero, 2015).
Algunos call centers y maquiladoras han incorporado a sus tareas en los departamentos de recursos humanos, el apoyo en la gestión de los documentos de identidad (INE) para personas con experiencia y conocimientos que sean requeridos en la empresa y que redunden en beneficios para la misma.7 El caso de Pedro permite ilustrar el papel de las empresas en la documentación de los repatriados.
Pedro contaba con su acta de nacimiento mexicana al momento de la deportación, pero no contaba con su credencial de elector debido a que llegó a Estados Unidos cuando tenía 2 años de edad. Pedro fue deportado por Tijuana en el 2010, a los 41 años. En la misma garita donde lo recibieron, le dieron información sobre una empresa call center que buscaba personas repatriadas bilingües: “apenas crucé me ofrecieron: ' ¿sabes inglés? hay trabajos que pueden agarrar que esto, esto y lo otro '. Ahí en La Línea, cuando pasas te dan comida, te dan este... te hacen pruebas y análisis, te dan este... pos cositas así, te dan servicio pues, y agarré los números [de las empresas posibles], y pos les hablé y fui a la entrevista” (Pedro, comunicación personal, 8 de marzo de 2017). En los primeros días de llegada se hospedó en la Casa del Migrante y se dirigió a dicha empresa, donde le dieron información sobre cómo obtener sus papeles y le extendieron las cartas necesarias para tramitarlo. Mientras tanto, lo capacitaron en el manejo de la computadora. De acuerdo con su relato el proceso fue el siguiente:
… [en el módulo de repatriación] me dieron un papel del call center; no decía el nombre, fundación Mac o algo así, so, ya yo fui a las entrevistas y me dijeron: “no, pos no puedes, tienes que agarrar tus documentos”. Yo salí en el tiempo que todavía estaban las elecciones [políticas mexicanas], so, no podía agarrar mi credencial, estaba esperando, sí me tardé buen tiempo, pero finalmente la agarré... Comencé a trabajar esperando tener el documento. Al principio fui [al Desayunador] y conocí a gente que me ayudó con las firmas para agarrarlo, pero en lo que estuve esperando agarrar la credencial estaba yendo a las computadoras, clases de computadoras, porque no sabía nada de eso yo. Eso fue en la Segunda y la Ocampo, nos dan clases, es parte del call center y parte del padre salesiano... umm… algo así. Ahí mismo en la parte de arriba, so, viene siendo ayuda como entre los dos (Pedro, comunicación personal, 8 de marzo de 2017).
También fue el caso de otras personas deportadas, como Javier, quien cruzó con sus padres a Estados Unidos a los 3 años, tuvo un permiso de residencia a través de ellos y fue deportado en 2011, con 31 años de edad, por lo que al llegar a México no contaba con la credencial del INE (antes IFE). Al igual que Pedro, al momento de arribar a la garita mexicana, Javier fue canalizado a un call center por la autoridad migratoria mexicana debido a su bilingüismo; sin embargo, no podía tramitar su credencial de elector porque se acercaban las elecciones presidenciales, pero la empresa ya tenía previsto un mecanismo alterno: la Cartilla de Identidad Postal, que otorga la Oficina de Correos para el cobro de remesas.8
El otro problema es que no tenía identificación electoral, la INE, y como me deportaron justo en tiempo de votaciones en mayo de 2012, la INE no estaba procesando nada de identificaciones en ese entonces, hasta después de elecciones [...] No recuerdo bien quién me mencionó de Telvista: "Ve a Telvista, allá va la gente bilingüe"; perfecto, voy a ver qué pasa. Dos meses [después] de haber llegado. Llegué a Telvista, les dije lo que estaba pasando con mi identificación, me dijeron, no te preocupes, vete a la oficina de correo, allá te van a dar lo que es un cartoncito con tu foto, y eso lo podemos aceptar, dice, como una identificación temporal, perfecto, y fue lo que hice y empecé a trabajar en Telvista (Javier, comunicación personal, 8 de marzo de 2017).
Ahora Javier trabaja en Telvista, el call center más grande y antiguo de Tijuana, instalado a fines de los años noventa como una filial de la compañía Teléfonos de México (Telmex). Las personas que inician su proceso de repatriación van entendiendo los vericuetos de tramitar la documentación en la práctica misma.
Una conclusión posible es que la intermediación de los agentes laborales sólo es suficiente para la consecución de la documentación si sucede en conjunción con los capitales sociales y humanos de las personas repatriadas (escolaridad, bilingüismo, redes de apoyo económico y emocional). Sin embargo, esta intermediación resulta indispensable, al dotar a los repatriados de la información y recursos para lidiar con la burocracia estatal. Así, el mercado laboral parece tener amplios tentáculos para abastecerse selectivamente de mano de obra, aún en los sectores más vulnerables y estableciendo los términos de la redocumentación y reciudadanización.
Las redes familiares como facilitadoras
Otra vía de acceso a los documentos de identidad es la familiar, ya sea a través de recursos otorgados por la familia para pagar los trámites o traslados, dando orientación sobre el laberinto burocrático, o bien como testigos de identidad, ya que tramitar ciertos documentos, como por ejemplo el INE, se requiere de tiempo de residencia y tener testigos, que por lo regular son familiares. A falta de flexibilidad institucional para la documentación, el no tener apoyo de la familia puede convertirse en una desventaja más.
La importancia de las redes la muestran los casos de Salvador y Gonzalo. En el primer caso, Salvador encontró facilidades para tramitar sus documentos gracias a que su madre, quien había retornado poco antes que él, ya había indagado todos los pasos y requisitos necesarios en su natal Veracruz. El segundo caso, Gonzalo, nacido en Tijuana, migró a los 8 años y fue deportado a los 55 años de edad. Contó con el apoyo de su esposa, quien viviendo en San Diego, California, se desplazó en forma constante para apoyarlo y ser testigo para tramitar su credencial del INE. El tema de los testigos, así como el tiempo de residencia, denotan conceptos de ciudadanía comunitaria que vale la pena analizar. El testigo implica el establecimiento de vínculos de confianza en comunidades específicas para lograr que alguien testifique que una persona es quien dice ser. El tiempo de residencia implica un concepto de ciudadanía domiciliada, lo que se verifica con un comprobante de servicios públicos domiciliarios (electricidad, teléfono, etcétera).
Sin embargo, como lo muestra Del Real (2019), los lazos familiares son susceptibles al estigma, debido a la construcción de discursos de criminalización de los migrantes y deportados por parte de sus parientes, por lo que la confianza y el compromiso comunitario pueden debilitarse. El caso de Soledad muestra un proceso complejo y con obstáculos, primero en la documentación y luego en la inserción social en Tijuana.
Soledad cruzó a Estados Unidos a la edad de 3 años con sus padres y fue deportada en el año 2010, a los 24 años de edad. Después de eso tuvo múltiples dificultades para acceder a documentación oficial en México debido a que su acta de nacimiento estaba caducada, y a que no contaba con constancias de estudios, por lo que recurrió a familiares lejanos como testigos. Soledad explicó la negativa de sus familiares a fungir como testigos debido a su imagen de fracasada, o ante la sospecha de que había hecho algo mal en Estados Unidos. La única identificación que logró fue la cédula temporal que le dio la oficina de Correos Mexicanos, pero sin poder conseguir INE. Por ello duró dos años trabajando como vendedora en un mercado ambulante de la ciudad hasta que sus padres fungieron como testigos, luego de llegar a Tijuana tras ser también deportados desde Estados Unidos.
Este caso hace evidente que no basta con tener redes familiares, sino que esas redes tienen que ser sólidas y basadas en principios de confianza y compromiso. La sospecha sobre su identidad y la negativa de la propia familia para dar constancia de ella, puede relacionarse con el estigma del fracaso o mal comportamiento que pende sobre los repatriados (Albicker y Velasco, 2016).
La documentación puede ser analizada como un mecanismo de control estatal, pero a la vez de acceso a los derechos y a beneficios que definen la ciudadanía como un proceso gestionado estatalmente (Torpey,1998), arraigado en las relaciones comunitarias. La experiencia de los migrantes deportados muestra una trayectoria zigzagueante en este proceso de documentación y de construcción de la identidad legal de retorno a México.
Las organizaciones religiosas y de la sociedad civil
En Tijuana existe una amplia infraestructura de hospitalidad para migrantes, para deportados, para solicitantes de asilo y para indigentes. Tal infraestructura se ha transformado de forma simultánea con los cambios en los flujos migratorios y con la fluidez fronteriza. Los servicios y apoyo que ofrecen son de hospedaje, alimentación, y algunos otros para asesoría legal y para la inserción laboral. Su adscripción religiosa es diversa: católicas, protestantes y más recientemente, laicos. En 2019, se registraron 30 albergues gestionados por organizaciones religiosas y de la sociedad civil, y por primera vez un albergue del gobierno mexicano a partir de las caravanas de centroamericanos que arribaron a la ciudad entre 2018 y 2019 (Coubès, Velasco y Contreras, 2020).
Algunos casos ejemplifican el papel de las organizaciones religiosas y laicas en el trámite de sus documentos de identidad en la ciudad. Por un lado, está el caso de Gustavo, deportado en el año 2017, que trabajaba como guardia de seguridad en una empresa en la ciudad de Tijuana. Participó en el proyecto de capacitación de la organización “Espacio Migrante”, donde recibió apoyo para tramitar el acta de nacimiento y el INE. Por otro lado, Rafael logró obtener sus documentos para entrar a trabajar a un call center a través del Desayunador del Padre Chava, como lo describió Pedro. Algunos albergues tienen convenios con call centers o maquiladoras para capacitar e incorporar personas que cumplan con ciertos requisitos, como por ejemplo el dominio del idioma inglés.
El papel de los agentes de hospitalidad tiene dos líneas de análisis un tanto contradictorias. La primera es que estas organizaciones son claves en los procesos de gobernanza, pues funcionan como agentes de acceso a los derechos de ciudadanía en los distintos niveles, local y nacional. La segunda es que en virtud del señalamiento de Marshall (1950), la beneficencia separa al ciudadano del no ciudadano a través del estigma, colocando al deportado no como un repatriado, sino como un paria, simbólicamente hablando. La beneficencia pública separa a la comunidad de ciudadanos de los proscritos de la sociedad (Marshall, 1950), de tal forma que las organizaciones de la sociedad civil son también dispositivos clasificadores, directa o indirectamente, como actores dentro del sistema del Estado. Ambas líneas analíticas pueden ser comprensibles en el amplio marco de la legitimidad de la autoridad del Estado en prácticas cotidianas de las instituciones de gobierno, el mercado laboral y agentes de la sociedad civil como lo señalan Sharma y Gupta (2006).
Vivir sin documentos en México
Las personas repatriadas que en el momento de la entrevista no contaban con sus documentos, tenían un promedio de tiempo de repatriación de cuatro años. En general, estos casos habían migrado a Estados Unidos con más edad, y algunos de ellos habían adquirido alguna adicción durante su residencia en ese país. Algo común entre estos casos es que no se observaba acumulación de capital humano o social a lo largo de su trayectoria migratoria hasta el retorno, sino que más bien parecía que experimentaban un deterioro de sus capitales, como por ejemplo la salud. Las razones por las que no contaban con documentos eran que los habían perdido en medio de una vida itinerante desde su arribo a México, o bien, porque no tenían un acta de nacimiento por haber sido registrados en otro estado de la República Mexicana, lo que los dejaba fuera de toda documentación posible (Cuadro 1).
Cada una de esas razones obedece a condiciones de vida precarias y móviles, marcadas por el desconocimiento de la tramitología estatal. Alba, una activista que a través de su organización apoya a personas deportadas para obtener su documentación de identidad, plantea que las principales dificultades para que una persona logre este requisito, aún con su ayuda son: que su acta de nacimiento no esté dada de alta, que tenga un error y que la única opción sea ir al estado de origen a corregirla; que pierdan su carta de deportación o de salida voluntaria (ya que muchos la tiran o la extravían), que no tengan comprobante de domicilio y/o testigos y que no tengan información oportuna.
Entre las personas entrevistadas con largas estancias en Estados Unidos, con o sin documentos, existe un desconocimiento de los programas de apoyo para tramitar su documentación. En 2017, el gobierno mexicano lanzó el plan llamado Obtén tu acta de nacimiento en línea, con el cual cualquier persona puede obtener su CURP9 y su acta de nacimiento. Sin embargo, el plan no era pertinente para la población deportada, ya que requiere contar con una tarjeta de crédito mexicana para realizar el pago en línea. Además de presentar dificultades para quienes no tienen dominio de los sistemas y los medios electrónicos, lo que ocurre por lo regular en las personas deportadas de mayor edad.
A lo anterior se agrega la discrecionalidad de los funcionarios de ventanilla, que en unos casos facilitan los procesos, y en otros los dificultan. También la falta de coordinación institucional en todo el país en el terreno de la documentación de poblaciones móviles por las desigualdades regionales que se han creado en los intentos del establecimiento del federalismo en México (Ortega, 2013)
Se hace evidente en estos procesos el papel de la “burocracia en el nivel callejero” en limitar el acceso al derecho básico de la identidad. Una vez más la relación con el Estado se establece en interacción con los funcionarios locales en lo cotidiano, los servidores públicos, a quienes se les reclama mayor eficiencia y sensibilidad, cuyo papel impacta en la vida de los individuos. El reto de la reciudadanización es bien planteado por Glenn (2000), al señalar la urgencia de instalar con fluidez en las burocracias estatales el reconocimiento de hecho de los derechos de ciudadanía en relación a un Estado específico y los derechos humanos establecidos por los convenios internacionales.
Ausencia de redes sociales
El caso de José muestra el laberinto burocrático que hay que sortear para obtener los documentos en el caso de los individuos repatriados a México que no cuentan con redes de apoyo sólidas en la ciudad o en el país. José migró de niño a California desde el estado de Durango, México. Fue deportado en 2017, en ese momento su acta de nacimiento no estaba dada de alta en el sistema electrónico del Registro Civil de la ciudad de Durango. Dado que no contaba con nadie en ese estado que lo pudiera apoyar, tuvo que recurrir a la ayuda de Alba, que cuenta:
[…] nos decían que no aparecía, por lo que nos dieron un certificado de “no existencia” en Durango, Durango. Con apoyo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, iniciamos el trámite para conseguir el acta de nacimiento ante el Registro Civil, pero le pedían documentos como acta de bautizo, actas de nacimiento de sus hijos, documentos académicos. Pero José no fue a la escuela, no tenía contacto con sus familiares en Estados Unidos (no le responden y no quieren saber de él), y no tenía ningún documento mexicano, pues emigró muy pequeño. Tuvimos que iniciar un trámite de certificado de “no existencia” también en Baja California, un proceso largo en que se verifica municipio por municipio que no existe esa acta. Cuando finalmente lo otorgaron, regresamos al Registro Civil y solicitaron documentos adicionales, que no tiene (parecía que estábamos en donde empezamos después de meses de espera). José sigue siendo indocumentado en su propio país y no puede encontrar un trabajo estable ni tener prestaciones (Alba, comunicación personal, 15 de agosto de 2017).
Los activistas señalan que incluso es recurrente el desconocimiento del lugar donde se llevó a cabo el registro del nacimiento por parte del individuo deportado, sobre todo cuando se trata de personas que vivieron en Estados Unidos durante periodos de tiempo prolongados. Todo ello responde a la complejidad de los mecanismos burocráticos, de la desvinculación y de la falta de sincronización entre los niveles y las instancias de gobierno mexicano, lo que representa un obstáculo en la agilización de los procedimientos administrativos para el acceso a servicios. A la ausencia de redes se añade el efecto del encadenamiento de la ausencia de documentos con el ejercicio de otros derechos, como el acceso al trabajo y a la vivienda. De nuevo, vemos cómo la complejidad del entramado burocrático va manteniendo en vilo la vida de quienes luego de ser deportados deben buscar formas para subsistir en la ciudad. Así, la forma en que la vida cotidiana es afectada por medio de los procesos legales, como lo plantea Menjívar (2006), coloca en una legalidad liminal a quienes aun cuando nacieron en México, se enfrentan a largos procesos burocráticos que pueden llegar a ser interminables y producir estados de exclusión extrema.
Ausencia de domicilio fijo
En el caso de quienes no cuentan con documentos de identidad, además de hacer referencia al trabajo, señalan las dificultades para lograr una residencia autónoma y estable (salir de los albergues). Entre la población repatriada que se queda en la frontera existe alta itinerancia. La ausencia de un domicilio fijo se convierte en un obstáculo en el ejercicio de la ciudadanía. Uno de los requisitos para la solicitud de los documentos es tener un domicilio que quede registrado legalmente en tales documentos, y aunque existan organizaciones o instancias que prestan sus domicilios para subsanar este requisito, al ser tan alto el volumen de la población sin domicilio fijo en la ciudad, las posibilidades de acción de las organizaciones se reducen considerablemente.
Estos hallazgos pueden ser leídos de acuerdo con la importancia de la domicialización (Tilly, 1978) como elemento de control de la población, de acopio de impuestos públicos para el Estado y para la definición de ciudadanía. Quienes no tienen residencia fija están excluidos de ese marco, pero a la vez atentan contra ese principio de ciudadanía fija en términos residenciales. No tener un domicilio fijo coloca a las personas deportadas en una espiral de precariedad, ya que no tener documentos les impide acceder a otros documentos de identidad y a la vez, no tener documentos de identidad les impide tener una residencia autónoma y fija. Además de que los expone a la acción de los agentes de vigilancia urbana, como la policía local, que considera la “vagancia” una falta administrativa y con ello nutren sus estadísticas de eficiencia, alimentadas con las detenciones de las personas itinerantes.
El caso de Daniel, nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ilustra las dificultades para obtener documentos mexicanos por no tener domicilio: a los 13 años de edad migró a Estados Unidos, fue deportado en el año 2014, a los 26 años. En Tijuana contó con el apoyo de su hermana, pero lo perdió a consecuencia del consumo de estupefacientes iniciado en Estados Unidos; vive en constante itinerancia en la ciudad, durmiendo en la calle y acudiendo a los comedores públicos de las organizaciones civiles. En noviembre de 2016 era ayudante en una piñatería en Tijuana. Para Daniel, “los papeles, son imposibles, porque, por ejemplo, ponle que yo tenga para sacar mi acta de nacimiento, pero para eso necesitas un domicilio, y no cualquiera te va prestar sus documentos [comprobantes] o te va acompañar [como testigo]” (Daniel, comunicación personal, 5 de agosto de 2017).
Daniel representa el caso de algunos repatriados que han desgastado sus relaciones sociales por su consumo de drogas, como la de su hermana, y que viven un proceso de pérdida de capitales más que de acumulación y transferencia, como en el caso contrario de los deportados que se incorporan al call center (Albicker y Velasco, 2016).
La itinerancia se encadena con la precariedad. Los trámites de documentación tienen un costo que no todos pueden pagar, y además para quienes no tienen casa, después de vivir en la calle es posible que los sujetos perciban que su vida no haya cambiado, aun en caso de contar con un acta de nacimiento. La vida de los repatriados que viven en la calle sucede en un continuo y progresivo deterioro de sus condiciones, agudizando la precariedad con la que han retornado, profundizándola a través de los mecanismos que los excluyen y los mantienen limitados. La hipótesis del encadenamiento y la acumulación de precariedades se completa con la idea de la fragilidad de la aparente vida documentada.
La pérdida de los documentos ofrece una ventana para analizar la arista violenta de la itinerancia como repatriado. El caso de Porfirio muestra la situación de un sector de deportados que pierden recurrentemente los documentos de identidad tras las continuas disputas de la vida en la calle y en los albergues. Después de vivir 12 años en Estados Unidos, dedicándose al trabajo agrícola y como chofer de transporte de carga, fue detenido por transportar drogas y enviado a la cárcel; finalmente, fue deportado por la garita de Tijuana.
Porfirio cuenta que después de su deportación logró sacar sus documentos gracias a que contaba con una copia de su acta de nacimiento, la cual tuvo que actualizar para poder sacar su INE en Tijuana. Pero en su continua movilidad al interior de la ciudad, entre los albergues y la calle, le robaron sus pertenencias, entre ellas sus documentos: “Tenía mi credencial [INE], me pusieron una putiza [golpiza] y me la quitaron. Me la robaron en la Zona [Norte], los malandros; me robaron, dinero, papeles, todo, me dejaron sin nada.
Hace [...] como un año, y de ese año vuelvo a sacar otra credencial” (Porfirio, comunicación personal, 19 de febrero de 2017). Porfirio obtuvo nuevamente su credencial, pero volvió a perderla en otra situación de violencia callejera. Este caso nos muestra que poseer documentos no es una condición estable, en la que participan un conjunto de factores y de agentes que se concatenan para profundizar la fragilidad y precariedad de las personas que son repatriadas en esta condición.
Documentación y pertenencia nacional
Entre los entrevistados que no cuentan con documentos mexicanos parece haber una consciencia de la importancia de contar con ellos como un aspecto fundamental en su proceso de reinserción en México. El reconocimiento de su origen como mexicanos les hace sentir que aún sin documentos, son sujetos de derechos. Contar con documentos no sólo tiene una dimensión funcional, sino también subjetiva, de reconocimiento y de pertenencia, que puede variar según la edad con que hayan arribado a Estados Unidos (Sarabia, 2017). Es decir, para quienes migraron más jóvenes, la percepción sobre el tener o no tener documentos mexicanos no está vinculada a una idea de pertenencia, en todo caso hay un reconocimiento de su origen, pero también un permanente cuestionamiento interior sobre “¿de dónde soy?”, en tanto que los primeros años de vida hasta la adolescencia vivieron sin el reconocimiento jurídico por parte del Estado. Al parecer, estas personas experimentan la dislocación entre su identidad nacional y su identidad estatal, tal como lo plantea Sarabia (2017).
Mientras tanto, para quienes migraron con edades más adultas, a pesar del deseo de “volver a Estados Unidos” en la mayoría de los casos, la consciencia de “ser mexicano” está presente, y pareciera inequívoca al otorgarles la certeza de su identidad, y por tanto, del derecho natural de tener acceso a la posesión de sus documentos.
El diseño de los procesos burocráticos y administrativos, sumados a las condiciones de cada uno de ellos, son mecanismos que generan exclusión y desigualdades entre los deportados que cruzan la frontera en su retorno a México. Al ser excluidos de la ciudadanía, los individuos son menos merecedores de la protección del Estado y tienen un acceso limitado a los beneficios sociales. Se debe entonces aprender a vivir así, sin documentos de identidad nacional y creando estrategias para sobrevivir como mexicano indocumentado.
CONSIDERACIONES FINALES
El proceso de reciudadanización de las personas deportadas parece limitarse a una visión asistencialista que tiene un punto cero en la recuperación de los documentos de identidad como miembro político de la comunidad nacional. La autoridad del Estado encuentra eco en diferentes agentes económicos y sociales locales que se adaptan a las nuevas configuraciones de fuerza laboral asociados a las deportaciones. La tesis de Sharma y Gupta (2006) sobre la legitimación de la autoridad del Estado en los procedimientos burocráticos, con el apoyo de distintos agentes económicos sociales, se apoya de la visión de una ciudadanía documentada, cada vez más importante en el escenario de las movilidades continentales y el papel de las fronteras nacionales en su contención.
Parece existir una tensión entre los discursos de los derechos humanos con que las instancias de gobierno mexicano construyen su narrativa de repatriación y la burocracia procedimental para su documentación e inserción social en México. Los procesos se contraponen entre los niveles de gobierno, y así también entre las instancias supranacionales y subnacionales que se preocupan o buscan atender el tema.
Existen diferentes condiciones y caminos para la redocumentación que derivan en condiciones vitales diferenciadas para la población deportada, con consecuencias en el ejercicio de la ciudadanía: la vida con documentos y la vida sin documentos. Estos no son necesariamente estados inconexos, sino por la naturaleza zigzagueante del proceso, se puede transitar entre uno y otro.
En el camino para la recuperación de documentos de identidad, el papel de los empleadores y de las organizaciones de la sociedad civil en Tijuana es relevante, ya que tienen un rol en la selectividad de los deportados para iniciar su proceso de reintegración como fuerza de trabajo. En tal proceso de selectividad, parece que los menos calificados en términos de capital social y humano –por ejemplo, los consumidores de sustancias psicoactivas–, son los mayormente marginados o excluidos de la posibilidad de insertarse socialmente y para los que la documentación parece carecer de sentido. Puede decirse que, desde la noción de la ciudadanía formal, se trata de sujetos ciudadanos del Estado mexicano, pero sin medios para comprobarlo. Y aunque desde la visión de las ciudadanías sustantivas como las discutidas por Soysal (1994) y Bosniak (2008), incluso en estado de indocumentación los individuos logran formas de pertenencia y resistencia, lo cierto es que al no contar con los requisitos exigidos por el Estado para legitimar su ciudadanía, sólo les resta ser sujetos de las acciones de beneficencia que profundizan su exclusión. Al tiempo que son dominados por las estructuras de poder para las cuales sus capitales son insuficientes.
Tijuana es una ciudad fronteriza, con residentes móviles o en tránsito que llegan y permanecen en la ciudad con un horizonte temporal incierto. En este contexto, los deportados son una población específica que enfrenta la residencia con desventaja potencial de la redocumentación. Si en algún lugar del territorio mexicano son importantes los papeles de identidad y los permisos de tránsito (pasaportes, visas), es en las fronteras. Así, repensar el significado de la domicialización como base del ejercicio de la ciudadanía se vuelve urgente, en la medida que atenta contra la dinámica social misma de la vida fronteriza y el ejercicio de los derechos de sus residentes.
La concepción de ciudadanía fija espacialmente, que parte de la visión del sujeto ciudadano domiciliado (Tilly, 1978) construye a los sujetos sin domicilio, móviles o itinerantes como sospechosos, objetos de persecución y criminalización y debilita el ejercicio de ciudadanía. Esta concepción de ciudadanía entra en contradicción con las características y las condiciones del retorno de aquellos expulsados desde Estados Unidos, quienes han construido su vida allí, donde aún sin contar con la ciudadanía plena, prefieren vivir por diferentes razones, económicas y subjetivas; lo que dificulta aún más su proceso de inserción por la permanente idea de retorno a lo que consideran su verdadero país.
Lo anterior plantea otro aspecto que resulta de esta investigación. Parece haber una tensión entre los repatriados deseados y no deseados, construida por la clasificación y diferenciación que el Estado mexicano realiza en sus procedimientos burocráticos. Los retornados “exitosos” versus los retornados “fracasados”, pero en el marco de las deportaciones masivas de las últimas dos décadas el peso simbólico del fracaso parece homogenizar al proceso de repatriación. Queda por estudiar las narrativas sobre la deportación desde los medios de comunicación y los oficiales de gobierno (Miller, 2012), ya que estos discursos se filtran en el aparato burocrático de la repatriación y construyen un estrato social de expulsados pobres y criminalizados no bienvenidos a sus comunidades de origen.
