texto en 
Inglés (pdf)
Artículo en XML
Referencias del artículo
Traducción automática
Enviar artículo por email
Citado por SciELO 
Similares en
SciELO 
Permalink
INTRODUCCION
En memoria de Jakelin Ameí Rosmary Caal Maquin (7 años) y Felipe
Gómez-Alonzo (9 años), menores de edad guatemaltecos fallecidos bajo la
custodia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en diciembre de 2018.
La seguridad y la seguridad fronteriza vistas desde sus diferentes paradigmas y desde América Latina
En la relación México-Estados Unidos (EE. UU.), las cuestiones de seguridad en general, y de seguridad fronteriza en particular, son temas estratégicos, fundamentales y de vital importancia porque afectan no sólo la agenda binacional (Curzio, 2006), sino la agenda regional, que incluye a los países centroamericanos. En ese sentido, este artículo es una primera aproximación tanto al paradigma de la seguridad humana como a las cuestiones de seguridad y migración de la región. La reflexión sobre los flujos de movilidad humana se hace a partir de analizar el contexto de las caravanas de finales de 2018 y las políticas migratorias de EE. UU. durante 2017 y 2018. El artículo no contempla ni las políticas migratorias de EE. UU. ni de México durante 2019, las cuales son objeto de otros trabajos de mi autoría, que están por publicarse.
La seguridad fronteriza es un saber y una práctica de larga tradición que viene realizándose tanto en el centro como en la periferia, desde las antiguas ciudades Estado, pasando por los imperios y civilizaciones de antaño, hasta los Estados nacionales modernos. Regulando el flujo comercial y cultural, de mercancías, de ideas y de personas; pero como concepto y práctica sistematizada, como cuestión teórica, técnica y política, aún se está problematizando y configurando.
Sobre el tema de la seguridad en general existe mucha literatura, no así sobre el tema de la seguridad fronteriza. El enfoque hegemónico en materia de seguridad es el realista, basado en el tradicional paradigma de la seguridad estatal; sin embargo, existe un nuevo enfoque que actualmente está tomando forma y contenido con mucho impulso: el paradigma de la seguridad humana. Este último enfoque es muy diferente al hegemónico y apuesta por convertirse en una alternativa real y muy pertinente ante los grandes retos que enfrentan las fronteras del mundo.
El enfoque tradicional en materia de seguridad basado en una visión militar, de corte punitivo y de orientación armamentista, adquiere su carácter “moderno” a partir del Tratado de Westfalia de 1648, cuando el Estado se vuelve el centro de la modernidad. A partir de la llamada “Paz de Westfalia”, se configuran las bases tanto del Estado moderno y de la soberanía nacional, como del paradigma hegemónico de seguridad de nuestros días, el paradigma de seguridad estatal.
A partir de dicho tratado, lo “estatal” se volvió el centro de la vida pública, tanto en temas internacionales como domésticos. El Estado y su soberano, en ese entonces, el rey, era lo que Hobbes (2001) llamó “Leviatán” –siguiendo la metáfora bíblica–, un monstruo con poderes extraordinarios, libre, soberano e independiente al cual nadie podía cuestionar, ni mucho menos retar interna y externamente. Todo asunto público tenía que realizarse a través de la vigilancia y consentimiento del soberano. El rey tenía la obligación de garantizar la seguridad de sus súbditos, velar por la integridad territorial, cuidar de sus fronteras y proteger al Estado y sus instituciones (en el tiempo del despotismo ilustrado, el Estado era el rey). Elementos que configuraron lo que se denominó inicialmente seguridad estatal y posteriormente se nombró seguridad nacional.
Pero la historia siguió su camino y ni el Estado es el rey, ni la soberanía reside en él. Hoy el Estado es mucho más que sus gobernantes y la soberanía está más repartida. Hoy, según afirman tanto las teorías liberales como las socialdemócratas, el Estado y sus instituciones tienen mecanismos de pesos y contrapesos que en principio garantizan un ejercicio del poder de manera menos autoritaria, más plural y democrática. Sin embargo, la concepción realista de soberanía construida por Hobbes (2001) y reafirmada por Carl Schmitt (2001), sigue siendo hegemónica. Actualmente tenemos claro que el Estado no es el rey y que el Estado es más que sus autoridades, pues el Estado es “el conjunto de instituciones; personal que administra y labora en esas instituciones; leyes, normas y reglamentos; una particular condensación de la red de relaciones de poder, dominio y fuerza que atraviesan la sociedad” (Osorio, 2004, p. 20). Hoy en día también es claro que la nación no es lo mismo que el Estado, sus instituciones y sus gobernantes. Distinción fundamental cuando se reflexionan los temas relacionados a la seguridad.
En América Latina, las distinciones entre soberanía, nación, Estado y gobierno son fundamentales, ya que durante el periodo histórico denominado Guerra Fría, el paradigma de seguridad estatal se aplicó de manera general través del discurso de seguridad nacional y de manera particular, a través de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) (Cavalla Rojas, 1979).
El discurso de seguridad nacional argumenta que la seguridad de la población, la seguridad de toda una nación y su territorio, es lo mismo que la seguridad y protección de los gobiernos en turno, quienes ejercen el poder desde las instituciones de Estado. Con este argumento, en América Latina se cometieron muchos abusos.
El discurso de seguridad nacional justificaba su accionar argumentando la protección de los ciudadanos, de la integridad territorial y de los intereses de toda la nación. Pero como evidenció la DSN (con la que se formó académica y militarmente a todas las tropas, cadetes y oficiales de los ejércitos de América Latina durante la Guerra Fría), en realidad se estaba velando por intereses ajenos a los de las naciones en las que se ejercía dicha narrativa y práctica.
En América Latina a partir de 1964, con el golpe de estado con el que los militares brasileños derrocaron al presidente electo Joao Goulart, se estableció “un nuevo tipo de dictadura militar” (Cavalla Rojas, 1979, p. 9). “No se trata de gobiernos de transición, sino de regímenes que pretenden implementar todo un proyecto político –una nueva sociedad y un nuevo Estado– al que autodenominan “Estado de Seguridad Nacional” (Cavalla Rojas, 1979, p. 9). Según este autor, la experiencia brasileña y su modelo político, implementado por el gobierno de EE. UU., a través del Sistema Interamericano de Defensa y la Escuela de las Américas, “se presenta como alternativa en diversos países del continente americano” (Cavalla Rojas, 1979, p. 9) ante el ascenso de la política de masas en muchos países del continente.
El modelo de “Estado de Seguridad Nacional” tenía su fundamento ideológico y “geopolítico” en lo que se denominó DSN. Doctrina que se impulsaba a través de cursos y textos, como el del General Augusto Pinochet sobre los “elementos constitutivos del Estado”, que se reproducían a través de los programas de estudio de institutos, academias y escuelas militares y de guerra de todo el continente.
La concepción de seguridad nacional era definida de la siguiente manera por los propios oficiales que la impartían: “Seguridad nacional es la capacidad del Estado para garantizar su supervivencia, manteniendo su soberanía e independencia material y espiritual, preservando su forma de vida y posibilitando el logro de sus objetivos fundamentales” (Medina Lois, 1979, p. 307). Dicha definición brinda elementos para evidenciar la visión que pretendía vincular lo “nacional” con lo estatal, institucional y gubernamental. Desde nuestro punto de vista, lo que pretendió la DSN fue contrarrestar la influencia que tuvo la Revolución cubana (diciembre de 1959) en el resto de los países de América Latina.
Algunos gobiernos autoritarios que utilizaron la DSN para justificar sus acciones y violaciones a los derechos humanos los encontramos en Nicaragua con Somoza; en Paraguay con Stroessner; en México con Díaz Ordaz, Echeverría y otros presidentes; en Cuba con Batista, antes de la revolución; en Chile con Pinochet, tras el golpe militar al gobierno de Allende; y en muchos más dictadores y gobiernos autoritarios en América Latina.
Desde esta perspectiva, el tema de seguridad está centrado en el Estado, sus instituciones y sus gobernantes, no en las personas. Conocer y reconocer el uso político, económico y militar que los gobiernos señalados arriba le dieron al concepto de seguridad nacional nos permitirá comprender cómo el llamado paradigma de seguridad estatal en el que se basó la DSN, se orientó a proteger al Estado, sus instituciones y sus gobiernos autoritarios, y no a los ciudadanos.
La crítica que se hace tanto a la DSN como al paradigma de seguridad estatal, se enfoca en los abusos que esta cometió al llamar seguridad nacional a algo que no tenía nada que ver con la nación, con sus ciudadanos, con su territorio y sus economías, sus necesidades e intereses, sus sueños y legítimas aspiraciones. Por eso, desde ahora se le nombra seguridad humana, para no confundirla, o no permitir que se le confunda, con seguridad nacional, haciendo énfasis en las personas y sus derechos, no en los Estados, sus instituciones y gobernantes.
La nueva concepción de seguridad que hoy toma forma y contenido con lo que se denomina seguridad humana, surge a partir de la crítica al antiguo modelo de seguridad basado en el Estado, de corte militar, punitivo y que fomentaba la carrera armamentista. En cierta forma, desde nuestro punto de vista, la propuesta de seguridad humana es la respuesta liberal-idealista –muy tardía, por cierto– a la propuesta conservadora-realista de seguridad estatal que ha prevalecido en las relaciones internacionales desde el Tratado de Westfalia hasta nuestros días. El investigador Vicenç Fisas (1998), fundador de la Escuela de paz de Barcelona, señala que:
[…] el concepto de seguridad ha estado dominado (o secuestrado) por su expresión militar, y más concretamente por su componente armamentista, de tal manera que durante décadas en muchos países se creó la ficción de que a mayor acumulación de armamento y fuerza militar, un país o una alianza de países podrían obtener mayor seguridad (Fisas, 1998, p. 247).
Las primeras críticas a este modelo de seguridad de corte militarista y armamentista las encontramos en los diferentes movimientos sociales a favor de los derechos humanos en el mundo de manera general, pero de manera enérgica y específica, sobre todo en los movimientos sociales en contra de la guerra en Vietnam y en el movimiento internacional a favor de la paz en Centroamérica. También las observamos en el seno mismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero no es hasta el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 1994, donde vemos un discurso más elaborado y una crítica mejor documentada que abonará a posteriores documentos de la ONU.
Desde la creación de la ONU en 1945, los temas de derechos humanos y la paz han estado marginados de la estructura organizativa y programática de la ONU. A pesar de los esfuerzos de los creadores de la organización, estos temas no se concretaron más allá de aparecer en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (De Alba y Genina, 2016). Las frases “libertad del temor y libertad de la miseria”, incorporadas en la Declaración fueron utilizadas por primera vez por el presidente de EE. UU. Franklin Delano Roosevelt en su discurso ante el Congreso del 6 de enero de 1941, en el cual enumeró las cuatro libertades que guiarían el acercamiento de EE. UU. al mundo: la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de la miseria y la libertad del miedo (IIDH-PNUD, 2017). Posteriormente, la libertad de la miseria y la libertad del miedo fueron mencionadas en la Carta del Atlántico, suscrita el 14 de agosto de 1941, por el primer ministro de Gran Bretaña Winston Churchill y el presidente Roosevelt (IIDH-PNUD, 2017).
Los esfuerzos por posicionar el tema de los derechos humanos dentro de la ONU provienen de los orígenes mismos de la organización, con la propia Carta de la ONU. Sin embargo, los temas de seguridad y más recientemente, el combate al terrorismo internacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, han predominado tanto en la estructura de la organización como en los contenidos de sus programas. Sin lugar a dudas fue Boutros-Ghali (1992-1996) el principal impulsor de las reformas a la ONU tras el fin de la Guerra Fría, pero como señala el embajador Luis Alfonso de Alba, no fue hasta el periodo de Kofi Annan (1997-2006) que se logró posicionar el tema de los derechos humanos al mismo nivel que los temas de seguridad. Para de Alba, el gran logro de Annan fue “vincular los derechos humanos y la seguridad” (De Alba y Genina, 2016, p. 26).
Como se señaló anteriormente, donde más claramente se comienza a dar forma y contenido al paradigma de la seguridad humana –al incorporar una visión integral de la seguridad y vinculándola con los temas de construcción de paz, desarrollo humano y derechos humanos–, fue en el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 1994 (gráfica 1). En dicho informe, el PNUD expone claramente los excesos de los gastos armamentísticos del periodo de la Guerra Fría, y presenta lo que llamó “dividendo de paz” (PNUD, 1994)
La gráfica que muestra el llamado dividendo de paz del informe del PNUD de 1994, se volvió una imagen famosa en el mundo, pues exponía claramente tanto los excesos históricos en el gasto militar mundial (que venían del periodo de Guerra Fría y que en 1987 llegó a su máximo histórico), como la esperanza de contar con un potencial dividendo de paz, para invertir en la construcción de paz, tal y como lo señala la leyenda que acompañaba dicha imagen:
El gráfico anterior muestra que en el lapso 1987-1994 se produjo una disminución de los gastos militares en todo el mundo, que arrojó un dividendo de paz de 935.000 millones de dólares. Lamentablemente, ese dividendo de paz no se ha destinado a financiar el programa social en el mundo.
En el lapso 1995-2000, si los gastos militares en todo el mundo siguen disminuyendo en un 3% anual, podrían obtenerse otros 460.000 millones de dólares como dividendo de paz. La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social que se celebraría en 1995 proporciona una oportunidad de llegar a un acuerdo sobre la captación del posible dividendo de paz y su aplicación a un mejor desarrollo humano (PNUD, 1994, portada).
Sin embargo, la esperanza duró poco, los gastos armamentísticos continuaron y no hubo ninguna inversión para la paz en el mundo. Aunque los gastos en armamento a nivel mundial descendieron durante la década de los noventa, a finales de esa década se observó un ascenso de los mismos. Este ascenso, que se intensifica ante los atentados del 11 de septiembre de 2001, dio inicio a la llamada “guerra contra el terrorismo internacional”, tal y como lo reporta el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI, 2018).
Fuente: SIPRI (2018).
Gráfica 2. Gastos militares mundiales por región (1988-2018) Nota: No se calcula el total de Europa para 1991, pues no existen datos disponibles para la Unión Soviética para ese año.
No obstante, la conceptualización de la seguridad humana siguió avanzando, llegando a dibujar muy claramente sus concepciones, principios y estrategias. La Cumbre del Milenio del 2005 y el informe Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos (De Alba y Genina, 2016), del Secretario General Kofi Annan, presentado en marzo del mismo año, expuso con claridad un nuevo programa para la ONU, basado en el paradigma de la seguridad humana.
Según el proyecto Seguridad Humana para América Latina del IIDH-PNUD, la concepción de la seguridad humana “consiste en proteger, de las amenazas críticas (graves) y omnipresentes (generalizadas), la esencia vital de todas las vidas humanas de forma que se realcen las libertades humanas y la plena realización del ser humano” (IIDH-PNUD, 2017, p. 2). Esta concepción integra las dos libertades mencionadas en la “Carta del Atlántico” de 1941, firmada por Roosevelt y Churchill –la libertad del miedo y la libertad de la miseria (o de la necesidad) –más la libertad para vivir con dignidad. Según el mismo IIDH-PNUD (2017), se definen de la siguiente manera:
Libertad del miedo: implica proteger a las personas de las amenazas directas a su seguridad y a su integridad física; se incluyen las diversas formas de violencia que pueden surgir de Estados externos, de la acción del Estado contra sus ciudadanos y ciudadanas, de las acciones de unos grupos contra otros, y de las acciones de personas contra otras personas.
Libertad de la necesidad o de la miseria: se refiere a la protección de las personas para que puedan satisfacer sus necesidades básicas, su sustento y los aspectos económicos, sociales y ambientales relacionados con su vida.
Libertad para vivir con dignidad: se refiere a la protección y al empoderamiento de las personas para librarse de la violencia, la discriminación y la exclusión. En este contexto, la seguridad humana va más allá de la ausencia de violencia y reconoce la existencia de otras amenazas a los seres humanos, que pueden afectar su sobrevivencia (abusos físicos, violencia, persecución o muerte), sus medios de vida (desempleo, inseguridad alimentaria, amenazas a la salud, etcétera) o su dignidad (violación a los derechos humanos, inequidad, exclusión, discriminación).
Desde nuestro punto de vista, el paradigma de la seguridad humana representa un gran aporte por dos cuestiones: en primer lugar, porque integra y vincula entre sí mismas las tres libertades (del miedo, de la necesidad y para vivir con dignidad); y en segundo lugar, porque al mismo tiempo que integra las tres libertades, las articula y vincula con los tres pilares sustantivos de mandato y propósitos de la ONU: la promoción de la paz y la seguridad internacional a través de la promoción del desarrollo humano y el respeto de los derechos humanos.
Además, es un paradigma centrado en las personas y no en intereses geopolíticos, ni de grupos como la DSN. Es un enfoque con una visión integral, situada en cada contexto, lo que permite la articulación de múltiples actores guiados por la idea-fuerza de corresponsabilidad o responsabilidad compartida. Lo que fomenta la cooperación, la negociación multilateral y la gobernanza al empoderar a los diferentes actores.
El siguiente diagrama creado por el proyecto de Seguridad Humana para América Latina del IIDH-PNUD (2017), sintetiza muy claramente las libertades, estrategias y principios del paradigma de la seguridad humana.
Por su parte, Fisas (1998) nos presenta un cuadro comparativo que sintetiza muy bien las diferencias entre los principios rectores de los dos paradigmas de seguridad:
Cuadro 1. Comparación de principios
| Viejo modelo de seguridad | Nuevo modelo de seguridad |
|---|---|
| Acumulación continuada de armamentos | Desarme |
| Carácter ofensivo de las doctrinas y de los armamentos |
Defensa no ofensiva |
| Disuasión | Apaciguamiento |
| Intervencionismo | Fuerzas de mantenimiento de la paz Prevención de conflictos |
| Militarización de la ciencia | Desmilitarización |
| Fomento de la industria armamentista | Conversión de la industria |
| Descontrol del comercio de armamento | Control y transparencia del comercio |
| Proliferación de armas nucleares | Desarme nuclear |
| Creación de imágenes de enemigo | Tolerancia, cooperación, comprensión |
| Secretismo y ausencia de control democrático de la seguridad |
Transparencia y participación |
| Sobre percepción de las amenazas | Medidas de confianza |
| Centrado en lo militar | Multidimensional |
| Seguridad nacional | Seguridad compartida, en común |
| Exclusivo | Inclusivo |
| Dominio de la nación sobre lo multinacional |
Dominio de lo multinacional Potenciación de organismos regionales |
| Cultura de la violencia y de la fuerza | Cultura de paz |
| Estatalismo | Multiplicidad de actores |
| Bloques militares | Organizaciones de seguridad |
Fuente: Fisas (1998, p. 249)
Sin lugar a dudas, el esfuerzo más avanzado que se orientó en aplicar estas concepciones, estrategias y principios, lo encontramos tanto en los Acuerdos de Paz de Centroamérica, como en sus antecedentes y referentes conceptuales y diplomáticos: los documentos de Contadora2 y los Acuerdos de Esquipulas. Hernández García (2018) señala lo siguiente:
[…] las bases para la solución del conflicto armado centroamericano se estipularon en la cumbre de Esquipulas II, celebrada el 7 de agosto de 1987, cuando los mandatarios de esas cinco naciones centroamericanas (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) suscribieron el Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, conocido como Acuerdos de Esquipulas II, propuesto por el presidente Óscar Arias de Costa Rica y que se inspiró en el Acta de Contadora (Hernández García, 2018, p. 44).
Acuerdos de paz que, desde nuestro punto de vista, fueron saboteados por las políticas migratorias y las políticas de drogas de los EE. UU.3
Tanto ayer como hoy las políticas migratorias y de drogas han influido y continúan influyendo no sólo en la definición de las agendas de seguridad de los Estados, sino que además orientan las estrategias de seguridad fronteriza que estos adoptan. Temas que son muy importantes si los contemplamos desde el horizonte del actual contexto y debate sobre la seguridad fronteriza, tanto en México, con el Programa Frontera Sur, como en EE. UU., con sus políticas de tolerancia cero y de sellar la frontera, como veremos más adelante.
La seguridad fronteriza
Los trabajos encontrados hasta ahora sobre seguridad fronteriza, más allá del enfoque realista, además de ser escasos, son muy empíricos –principalmente analizan el caso de la frontera México-EE. UU. –, pero existe muy poco desarrollo teórico. Para el primer caso, podemos señalar los trabajos de Ramos (2004, 2002) y Noricumbo Robles (2017), y para el segundo, el de Solar Mulas (2014).
El enfoque hegemónico en el tema de seguridad fronteriza, como en la mayoría de las estrategias de seguridad, es el realista, de corte militarista-punitivo basado en la DSN y el paradigma de la seguridad estatal. Por lo anterior, nuestra propuesta teórica y metodológica para el análisis de la seguridad, las violencias y los derechos humanos en las fronteras se plantea tanto desde el paradigma de la seguridad humana expuesto anteriormente, como desde la perspectiva de la Economía Política Internacional (EPI) y la Economía Política Internacional Ilícita (EPII), que utiliza Fuentes Flores (2017).
Para estudiar la seguridad fronteriza, Fuentes Flores (2017) utiliza una perspectiva que se enfoca en investigar los mercados ilícitos y los delitos conexos vinculados a los flujos, rutas y redes criminales internacionales que se producen y reproducen en las regiones fronterizas. Estos delitos pueden ir desde el tráfico de mercancías –por la diferencia entre precios en los estados vecinos hasta extorsiones, violaciones, secuestros, tráfico de drogas, armas y personas.
Esta última perspectiva resulta muy pertinente, pues “la zona de frontera experimenta una versión concentrada de todos los diferentes tipos de violencia que abundan en el país, pues hay reportes de extorsión, asaltos sexuales, secuestros, abusos policiacos y violaciones perpetradas por pandillas criminales que operan en la ruta migrante” (Alianza Américas, 2016, p.16), tal y como lo señaló un informe de esta organización de derechos humanos.
Ante lo anterior ¿qué se puede hacer local, nacional y regionalmente, si se trata de un fenómeno internacional y hemisférico? Un fenómeno que no se puede abordar sólo local y nacionalmente y que necesita de la colaboración internacional.
Ante las características internacionales del fenómeno, desde el punto de vista de la Geografía para la paz, el enfoque de seguridad pública (expresión local, a veces civil, a veces militar, del paradigma de seguridad estatal) está limitado y es necesaria una nueva perspectiva. Una que sea integral y que se plantee desde una visión regional y territorial; pero, sobre todo, que sea desde el paradigma de la seguridad humana, que esté guiado por el principio de responsabilidad compartida, y que contemple la EPI y la EPII.
Para Fisas (1998), el principio de responsabilidad compartida es la esencia del nuevo paradigma de seguridad. Es lo que lo diferencia del paradigma de seguridad estatal y de seguridad nacional. Para este autor, la Comisión Palme de finales de los setenta sentó las bases:
Sobre las que habrá de edificar toda política de seguridad que quiera enfocar con éxito el cambio de siglo y de milenio: la prevención de los conflictos, la transparencia, las medidas de confianza, el carácter no ofensivo de las fuerzas y de la doctrina, la desmovilización, el desarme y la seguridad ecológica. Todos estos planteamientos se han desarrollado a partir del convencimiento de que son factores políticos, económicos, demográficos y medioambientales, amén de los excesos militaristas, los que están realmente provocando inseguridad, a escala regional y planetaria, y que estos problemas no tienen solución mediante los clásicos instrumentos de la seguridad militar (Fisas, 1998, p. 248).
El principio de seguridad compartida es un planteamiento completamente opuesto a lo que observamos en la frontera de México y EE. UU., donde las políticas punitivas, militaristas y basadas en la DSN que se establecieron en la frontera sur de EE. UU. desde 2001, tras los ataques terroristas en Nueva York y Washington, no dejan duda de ello. Las políticas diseñadas desde la nueva oficina de seguridad que se crea tras dichos atentados (el Departamento de Seguridad Nacional o DHS, por sus siglas en inglés), no han cambiado su enfoque de seguridad hasta la fecha, y por el contrario, hoy, han pasado a otro nivel con la política de sellar la frontera de la actual administración de EE. UU. Política que, lamentablemente, el gobierno mexicano de la administración de Enrique Peña Nieto reprodujo a través del Programa Frontera Sur.
SEGURIDAD, MIGRACIÓN Y MEMORIA. APUNTES SOBRE LA POLÍTICA DE “SELLAR LA FRONTERA” MÉXICO-ESTADOS UNIDOS DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN DE EE. UU. Y LA RESPUESTA DE MÉXICO
Ante las caravanas migrantes de finales de 2018, el ejecutivo de EE. UU. planteó que su país estaba en riesgo de una invasión y que existía una amenaza a la seguridad nacional de EE. UU. (Malkin y Villegas, 2019). Desde su perspectiva neorrealista en las relaciones internacionales4 y con un discurso de odio y miedo, propuso muros y más presencia militar en la frontera entre México y EE. UU. como estrategia de seguridad fronteriza.5
El discurso de odio y miedo del entonces ejecutivo de EE. UU., al ser difundido por los medios de comunicación de EE. UU. y de México, reproducía la imagen o idea-fuerza de “invasión y amenaza”, al vincular migración e inseguridad, inmigrantes y criminalidad, fomentando una falsa imagen de “crisis” en la seguridad fronteriza. Crisis que según esta narrativa, amenazaba la “seguridad nacional” de EE. UU., la cual necesitaba ser enfrentada con más presencia militar. Desde nuestro punto de vista, esta narrativa buscaba crear las condiciones en la opinión pública para que el jefe del ejecutivo de EE. UU. consiguiese tanto el respaldo público-mediático como los fondos económicos-presupuestales para la construcción del nuevo muro fronterizo. Muro que según él, “garantizará” la seguridad nacional de EE. UU. y detendrá a “los criminales”, a las drogas y todo lo que ponga en riesgo a los EE. UU.
Pero, en realidad ¿existe una crisis o se trata de una crisis inventada con fines políticos?, Ambas, pues actualmente existe una doble crisis humanitaria en la frontera entre México y los EE. UU.
La primera, una crisis humanitaria real de refugio y desplazamiento forzado en México y Centroamérica con miles de personas migrando y solicitando protección internacional. Esta a su vez es fruto de otras dos crisis muy complejas que necesitan ser analizadas a profundidad: la de México y la de los países del llamado Triángulo Norte de Centroamerica (Guatemala, Honduras y El Salvador). La de México es una crisis de inseguridad y violencia (Díaz Carnero, 2016), pero también de corrupción e impunidad (Díaz Carnero, 2017b). La crisis de los países del Triángulo Norte es una crisis de inseguridad y violencia, pero además de carácter político-institucional, ambiental y económico-social.
La segunda crisis es la generada por el propio gobierno de EE. UU. con su política migratoria que evade tanto la histórica cuestión migratoria en ese país, como el constante y cambiante flujo migratorio proveniente desde Centroamérica, que intensifica la crisis humanitaria de refugio. Esta respuesta política no sólo afecta la política migratoria interna de EE. UU., sino que además afecta su política exterior ante la crisis de refugio que evidenciaron las caravanas de 2018. Esta crisis ha sido manipulada y utilizada políticamente por dicha administración de EE. UU.6
La respuesta del gobierno de EE. UU. ante el fenómeno migratorio y la crisis de refugio, que algunos denominan como una política de “sellar la frontera” (HOPE, 2018), ha reproducido un discurso de miedo que criminaliza al migrante y al solicitante de asilo. El discurso de miedo que se reproduce por los medios de comunicación y fomenta más crímenes de odio, discriminación, racismo e intolerancia, se convierte en una narrativa de miedo que no abona al diálogo plural y democrático, que no genera condiciones de convivencia social, cívicas, democráticas, pacíficas y plurales que permitan la inclusión de la diversidad de EE. UU. Este discurso de miedo no contribuye a la reflexión seria de la pendiente reforma migratoria al interior de EE. UU. y mucho menos aporta a la comprensión tanto de la actual crisis de refugio, como de sus causas y posibles consecuencias para toda la región mesoamericana.
Crisis migratoria, crisis histórica. Crisis de refugio, crisis actual. Contexto regional y algo de memoria para comprender mejor los retos actuales
Las caravanas migrantes de finales de 2018 evidenciaron las crisis migratoria y de refugio. Efectivamente, a finales de noviembre de 2018 se observó a aproximadamente 3 700 migrantes acampando en la unidad deportiva Benito Juárez, localizada en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, México (Notimex, 2018). Este campamento sorprendió a muchos políticos, medios de comunicación y ciudadanos locales. Sin embargo, la llamada crisis migratoria no es nueva, sino añeja, como veremos a continuación.
La migración hacia EE.UU. de mexicanos, centroamericanos, caribeños y sudamericanos que transitan por México no es nueva, ya que ha existido desde por lo menos hace cuatro o cinco décadas.
Según Durand (2017), 11 millones de mexicanos residen actualmente en EE. UU. (gráfica 3). Según el Centro de Investigaciones Pew (2017), en EE. UU. en el 2015 residían 35 millones 757 893 personas de origen mexicano; de las que 24 millones 250 184 son de origen mexicano y el resto, 11 millones 507 709, nacieron en México. A las que debemos de sumar las 20 millones 718 884 personas de origen hispano que residen actualmente en EE. UU., lo que nos da un total de 56 millones 476 777 personas, de las cuales 63.3 por ciento son de origen mexicano.
Fuente: Elaboración propia con base en Durand (2017).
Gráfica 3. Ascenso de migrantes mexicanos según censo de Estados Unidos 1970-2010
Según el mismo Centro PEW (2018), el flujo migratorio comenzó a disminuir a partir del 2008. En 2007 se registró el nivel más alto con 12.2 millones de personas, pero a partir de 2008 este flujo comienza a descender (gráfica 4).
Fuente: Pew Research Center (2018).
Gráfica 4. Número de personas migrantes sin documentos en EE. UU. (en millones)
Algunas explicaciones señalan que las posibles causas de esta disminución podrían ser tanto la crisis inmobiliaria de 2008 en EE. UU., que generó una desaceleración de su economía –y que se estabilizó hasta el segundo periodo de Barak Obama (2012-2016)–, como el aumento de la violencia en México a partir de diciembre de 2006, cuando se puso en marcha la fallida “Estrategia Contra las Drogas” del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012). Esta Estrategia de Guerra disparó la violencia en México en general, con un saldo de más de 250 000 personas asesinadas durante el periodo de la presidencia de este presidente (Díaz Carnero, 2017a) –y en la frontera norte en particular– tras los operativos policiacos y militares que se implementaron en amplias zonas del territorio nacional. En el caso de Ciudad Juárez, durante el año 2008, se movilizaron 2026 militares y 425 agentes federales (Sedena, 2008).
A partir del aumento de la violencia tras la política de guerra contra los cárteles de las drogas, el tránsito por México para los migrantes centroamericanos se volvió un infierno. En 2010 fue la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde fueron asesinados 72 migrantes que previamente habían sido secuestrados y torturados; en abril de 2011, en el mismo municipio de San Fernando, se encontraron en fosas clandestinas los cuerpos de 193 personas. Asimismo, en mayo de 2012 se encontraron 49 torsos abandonados en el municipio de Cadereyta, Nuevo León (Redodem, 2015).
Sin embargo, ante este contexto de extrema violencia, los flujos continuaron y comenzaron a crecer de nuevo en 2014, con la llamada crisis de las niñas, niños y adolescentes (NNA) no acompañados. Este incremento lo podemos observar en el aumento en México de las solicitudes de visitantes por razones humanitarias.
Según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México (UPM-Segob), en 2018 se entregaron 11 459 Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), de las cuales 4 410 fueron para solicitantes originarios de Honduras, 3 478 de Venezuela, 3 208 de El Salvador, 596 de Guatemala y 269 de Nicaragua. El número de tarjetas emitidas en 2014 fue de 623 solamente, comenzando a subir exponencialmente en 2015, con 1 481, para subir a más del doble en 2016 con 3 971 y 9 642 en 2017.
Ernesto Rodríguez, citado por Paris Pombo (2017), señala que el número más alto de centroamericanos en tránsito por México se registró en 2005, con 418 000 personas, “y disminuyó durante los siguientes seis años hasta alcanzar un mínimo de 126 mil en 2011. Ulteriormente, volvió a crecer y en 2014 llegó hasta 392 mil, disminuyendo ligeramente en 2015, con 377 mil” (Paris Pombo, 2017, p. 14).
Se estima que desde el 2015 transitan irregularmente por el territorio mexicano un flujo de entre 250 000 y 350 000 personas, la mayoría de ellas centroamericanas. ¿Cuál es la diferencia a finales de 2018? Que no van solos, que van en caravana para enfrentar los riesgos que implica atravesar México, un país con más de 250 000 personas asesinadas desde 2006 (Díaz Carnero, 2017a), con más de 37 000 personas desaparecidas (Excélsior, 2018) y con casi 2 000 fosas clandestinas (Animal Político, 2018).
Las caravanas de 2018 hicieron visible el fenómeno del tránsito migratorio por México. Pero, aun así, las caravanas no son nuevas en el territorio nacional. El llamado viacrucis migrante, que inició en marzo de 2018 con aproximadamente entre 1 000 y 1 500 personas, se realiza año con año desde el 2010. La Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos, de madres que buscan a sus hijos, lleva, como dicen ellas mismas, “catorce años de lucha y esperanza” (Movimiento Migrante Mesoamericano, 2018).
A principios de 2019, cuando se redactó este artículo, se podía notar que no era caravana, sino éxodo, pues como afirman los expertos en el tema, a las caravanas que ingresaron y atravesaron el territorio mexicano durante octubre y noviembre de 2018, se les fueron sumando personas que ya estaban en algún lugar de México (El Colegio de la Frontera Norte, 2018). Personas migrantes que decidieron sumarse a las caravanas para hacerse visibles y no estar solas en las sombras, en mayores condiciones de vulnerabilidad y de riesgo.
Sellar la frontera versus responsabilidad compartida
Desde el punto de vista de la Geografía para la paz (Díaz Carnero, 2018), la política de sellar la frontera, implementadas desde 2017 por la actual administración de EE. UU., se sustenta en cinco estrategias: a) la negación masiva del derecho de asilo a mexicanos y centroamericanos que así lo solicitan; b) la detención y la deportación masiva de personas migrantes y/o solicitantes de asilo; c) la práctica de separación de familias; d) la militarización de la frontera con México; y por último, e) la práctica unilateral de EE. UU. de nombrar a México como “tercer país seguro” de facto –para que los solicitantes de asilo que ingresen a EE. UU. por la frontera con México, esperen la conclusión de su trámite en territorio mexicano –. La orden ejecutiva del presidente de los EE. UU. del 25 de enero de 2017, titulada Border Security and Immigration Enforcement Improvements, propuso regresar a territorios contiguos, como es el caso de México, a solicitantes de otros países, para que esperen ahí las audiencias en Cortes de Inmigración estadounidenses.7
Lamentablemente, muchas de las estrategias de la política de sellar la frontera de EE. UU. fueron aceptadas, e incluso replicadas en la frontera sur de México por la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) a través del Programa Frontera Sur8. Según la revista Proceso, a través de este programa y durante el sexenio de Peña Nieto, “691 mil centroamericanos fueron regresados forzosamente a sus países” (Tourliere, 2018b, p. 16).
Estas cinco estrategias, que junto con el discurso de miedo y odio que criminaliza al migrante y vincula la migración con el crimen organizado, el tráfico de drogas y de armas, intensifican la crisis humanitaria en la frontera y ponen en mayor riesgo y vulnerabilidad a los migrantes y solicitantes de protección internacional.
Negación de asilo
Un primer punto a señalar es que los tribunales de migración en EE. UU. no dependen del poder judicial, sino del poder ejecutivo, a través del Departamento de Justicia, y están integrados en su mayoría por exagentes fronterizos. Además, como señalan políticos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, estos tribunales están al borde del “colapso” con aproximadamente más de 700 000 casos pendientes por resolver.
El Instituto Fronterizo Esperanza (Hope Border Institute, en adelante HOPE), , denunció en un informe que los tribunales de migración de EE. UU. están al borde del colapso con 650 000 casos pendientes (HOPE, 2018). Según la corresponsal en Washington del diario El País, para junio de 2018 se tenían 700 000 casos pendientes de resolver en los tribunales migratorios (Mars, 2018) los cuales incluyen todos los tipos de solicitud; asilo, refugio, cambio de estatus migratorio, etcétera. Por su parte, Tourliere (2018b) señala que en diciembre 2018, EE. UU. recibió 93 000 solicitudes de asilo de personas que pidieron protección en la frontera con México. Las personas tienen que esperar entre seis meses y dos años para recibir una respuesta del gobierno, pues actualmente hay 300 000 solicitudes pendientes de atender.
Según HOPE (2018), con información de TRAC, el sector El Paso, uno de los distritos con los que la patrulla fronteriza de EE. UU. divide la frontera, encabeza la tasa de negación de asilo dentro de EE. UU., llegando a tener niveles que oscilan entre 93.7 y 99.4 por ciento para los jueces individuales en el 2016, y con tasas similares en el 2017, muy por encima del promedio nacional, que es de 61.8 por ciento.
Según Rafael Alarcón (citado por Heras, 2018), durante 2016, la administración Obama aprobó 20 455 acciones de asilo, de las cuales 22 por ciento fueron para asiáticos, 11 a salvadoreños, 10 a guatemaltecos, 7 a hondureños y sólo 5 por ciento a mexicanos (1 000 peticiones). Datos que si los comparamos con los presentados por TRAC (HOPE, 2018), muestran que la tendencia de negar asilo no sólo continuó, sino que va en aumento con la siguiente administración, principalmente para mexicanos y centroamericanos (ver gráfica 5).
Uno de los primeros y más visibles efectos de esta política de sellar la frontera es el incremento de las solicitudes de refugio en México. Según la UPM-Segob y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) las solicitudes de refugio en México han aumentado más de 2 200 por ciento entre 2013 y 2018 (Segob, 2018). En 2013, la Comar tuvo un total de 1 296 solicitudes, mientras que en 2018 registró 29 600, lo que evidencia la actual crisis de refugio.
Tabla 1. Incremento de solicitantes de refugio en México (2013 a 2018)
| Año | Solicitudes |
|---|---|
| 2013 | 1 296 |
| 2014 | 2 136 |
| 2015 | 3 424 |
| 2016 | 8 788 |
| 2017 | 14 596 |
| 2018 | 29 600 |
Fuente: Segob (2018).
Por su parte, México sólo otorgó refugio al 22.5 por ciento de los solicitantes entre 2013 y 2017. Según la Comar en este periodo se recibieron 30 249 solicitudes de las cuales sólo se les otorgó la condición de refugiado a 6 819 personas.
La separación de familias
La política de separar familias, tanto de núcleos familiares detenidas por la patrulla fronteriza como de núcleos familiares solicitantes de asilo, complementa la política de sellar la frontera sur de EE. UU. Con fundamento en la Orden Ejecutiva del 25 de enero de 2017, titulada Border Security and Immigration Enforcement Improvements, el gobierno de EE. UU., por orden del entonces fiscal Jeff Sesions, a mediados de 2018 comenzó una política que denominó Tolerancia Cero, la cual consistía en separar a niños, niñas y adolescentes migrantes de sus padres.
A partir de distintas fuentes de información, el diario El País señala que “de octubre de 2016 a febrero de 2018, hubo cerca de 1 mil 800 separaciones, según la agencia Reuters” (Mars, 2018, s/n). Asimismo, “entre el 19 de abril y el 6 de junio (de 2018), 2 mil 033 niños fueron separados de sus padres al tratar de entrar de forma irregular en EE. UU. en cruces fronterizos, según estadísticas obtenidas por la agencia Associated Press” (Mars, 2018, s/n). A mediados de 2018, EE. UU. tenía bajo custodia a 11 351 menores inmigrantes en un centenar de centros (Mars, 2018).
Como parte de los 11 mil 351 NNA en custodia del gobierno de EE. UU., es importante resaltar los 5 700 menores que están en los centros de la organización no gubernamental South West Key; pero sobre todo, los 1 500 menores “perdidos” que la administración de Trump no encontraba y los 1 700 menores que permanecen recluidos en el centro de detención de “Tornillo” (Mars, 2018).
Este último es un centro construido improvisadamente con carpas en medio del desierto de El Paso y que organizaciones defensoras de los derechos humanos comparan con un “campo de concentración para menores”, el cual no cuenta con la infraestructura necesaria ni con un personal especializado y profesional capacitado para brindar las atenciones adecuadas para alojar y atender a menores de edad.
En diciembre de 2018, una tragedia aconteció: Jakelin Ameí Rosmery Caal Maquin de 7 años (nacida en Rauxruha, Guatemala, en 2011) y Felipe Gómez-Alonso de 9 (nacido en Yalambojoch, Guatemala, en 2010) murieron cuando estaban bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. (U.S. Border Patrol en inglés). Jakelin falleció el 8 de diciembre en un hospital de El Paso, Texas, y Felipe murió el 24 de diciembre en Alamogordo, Nuevo México. Ambos fallecieron por el virus de influenza, que según denuncian sus familiares, contrajeron bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza.
La detención y la deportación
Como parte de la política de separar familias y como complemento a la estrategia de negar asilo y refugio, está la estrategia de detener y deportar personas migrantes. El antecedente directo a la lógica de contención en la política migratoria fronteriza en EE. UU. la podemos observar durante la administración de George W. Bush (2001-2009).
En octubre de 2006 George W. Bush firmó la Ley de Frontera Segura, la cual tenía como objetivos principales “incrementar el número de elementos de la Patrulla Fronteriza, desplegar elementos de la Guardia Nacional y autorizar la construcción de una cerca de seguridad de cientos de millas en la frontera” (Noricumbo Robles, 2017, s/n). Lo que permitió el aumento de la cantidad de agentes fronterizos, que en el año 2000 eran 8 580 elementos, en 2006 llegaron a ser 11 032 y en 2008, al final de la administración Bush e inicio de la de Obama, fueron de 15 442 para alcanzar los 17 026 oficiales al final de su administración. Según El País, en mayo de 2018 la policía fronteriza detuvo:
[…] a 51 mil 912 personas procedentes de México, más del doble de los 19 mil 940 arrestos de mayo de 2017. Por tercer mes consecutivo, las aprehensiones se mantuvieron por encima de las 50 mil y siguen al alza. La cifra de mayo, sin embargo, se mantiene por debajo de los 55 mil 442 arrestos en ese mismo mes de 2016 y los 68 mil 804 de 2014, bajo el gobierno del demócrata Barack Obama (Faus, 2018, s/n).
Para HOPE (2018), “el fenómeno del atraso judicial crónico” que tienen los tribunales de migración de EE. UU. no sólo alarga el proceso de espera y de detención de las personas migrantes, sino que aumenta los costos de la detención para el gobierno. De las 34 000 camas de detención que legalmente tiene asignadas la oficina de Administración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), conocidas como “cuota de alojamiento”, la nueva administración quiere aumentarlas a 80 000, por lo que ha autorizado contratos con centros de detención privados en el sur de Texas para tales fines. Aunado a los largos periodos de detención, se suman las deportaciones fast track. Según observaciones del mismo HOPE (2018), en juzgados de migración, “11 por ciento de los solicitantes de asilo detenidos fueron deportados durante audiencias preliminares o (durante) procesos de fianza, lo que significa que muchos fueron deportados antes de siquiera terminar su solicitud de asilo” (HOPE, 2018, p, 19).
México no se queda muy lejos de esta práctica. Según Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, “México aplica una política conocida como 3D –“detección”, “detención” y “deportación”-, basado en el castigo y la disuasión” (Tourliere, 2018a). Según este funcionario, “no podemos permitir que la política de disuasión sea el paradigma” (Tourliere, 2018a, p, 47).
Según datos oficiales, entre enero de 2013 y abril de 2018, los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron a 138 362 migrantes centroamericanos –55 000 de ellos tenían menos de 12 años–, de los cuales la institución deportó a nueve de cada 10 (Tourliere, 2018a). Estos niños, a su vez, formaron parte de los 625 000 migrantes centroamericanos que las autoridades mexicanas retornaron a su país de origen durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a un ritmo de 321 por día.
Entre enero y julio de 2017, el INM detuvo a 53 301 personas extranjeras, de las cuales deportó a 44 463. En el mismo periodo, “el número de migrantes centroamericanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua que fueron detenidos por el INM fue de 43 mil 916, de los cuales 42 mil 006 fueron deportadas”, lo que equivale al 95.65 por ciento de las personas detenidas (Soberanes, 2018, s/n).
Según el mismo reporte, entre enero y julio de 2018 el número de centroamericanos de esos mismos países que fueron detenidos por el INM fue de 65 823 personas, de las cuales se deportaron a 57 087 (Soberanes, 2018, s/n); es decir, el 86.72 por ciento. Para tener una idea, en 2016, en el último año de Obama, México deportó 50 000 personas más que las que deportaron en EE. UU. en el mismo año ( mapa 1).
Militarización
En octubre de 2018, la administración de EE. UU. movilizó a 5 200 elementos armados del ejército a la frontera sur con el fin de “detener la invasión y dar apoyo a los agentes fronterizos”. Estos militares se sumarían a los más de 18 000 agentes con los que actualmente cuenta la Patrulla Fronteriza y a los 2 092 elementos de la Guardia Nacional que ya se habían movilizado antes con el mismo fin, en abril del mismo año 2018. Militares y agentes federales a los que se sumaran 1000 agentes de CBP preparados para el mismo objetivo, y que contaron con el apoyo de helicópteros Blackhawk y aviones de carga C-130 y C-17 (BBC News, 2018).
La visión del presidente de los EE. UU. para la frontera sur de su país tiene como modelo la frontera entre las dos Coreas (CNN Español, 2018). En un discurso de marzo de 2018, el presidente Donald Trump dijo que si EE. UU. gastó millones para mantener la frontera de Corea del Sur, se podría hacer lo mismo para la frontera con México: fortificarla y militarizarla. La frontera entre las dos Coreas tiene 32 000 soldados y está extremadamente vigilada a lo largo de sus 4 kilómetros que se conoce, paradójicamente, como la “zona desmilitarizada de Corea”.
REFLEXIONES FINALES
Desde la Geografía para la paz, las crisis y los conflictos ofrecen tanto un riesgo como una oportunidad. La crisis actual de refugio es un riesgo y una oportunidad. Como señalamos anteriormente, existe una doble crisis en la frontera entre México y EE. UU. La primera es una crisis humanitaria, con miles de personas migrantes y refugiadas en el limbo jurídico y en situaciones de riesgo y condiciones de vulnerabilidad en diferentes casas y refugios a lo largo de ambos lados de la frontera. La crisis humanitaria tiene que ver, como se señaló, con la crisis de inseguridad, violencia, corrupción e impunidad, tanto en México como en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. En el caso de estos últimos, debemos agregar la crisis ambiental por las sequías y el modelo extractivista de la economía de la región, que sólo beneficia a un reducido grupo de personas (que tienen cooptado el aparato de Estado). La captura del Estado por un pequeño grupo de personas que responden a sus propios intereses, genera el último elemento de la crisis, la política, con una debilidad institucional que ya es insostenible.
La segunda crisis es la generada por la respuesta del gobierno de EE. UU., tanto por la política de tolerancia cero y de sellar la frontera ante la crisis de refugio, como por su inoperancia e insensibilidad ante la pendiente reforma migratoria al interior de EE. UU. La respuesta gubernamental de EE. UU. ante la crisis es la causa de la segunda crisis. La política de sellar la frontera, que propone externalizar la frontera de EE. UU. al trasladar la frontera sur de EE. UU. hacia la frontera sur de México a través del programa Frontera Sur, junto con la intención unilateral de convertir a México en un “tercer país seguro” de facto para que las personas que solicitaron asilo en EE. UU. esperen su proceso en territorio mexicano, son factores que intensifican la crisis humanitaria y de refugio.
La combinación de ambas crisis, tanto la humanitaria y la de refugio como la generada por las políticas de EE. UU., son un riesgo, pues miles de personas están en condiciones de extrema vulnerabilidad, con carencias básicas de supervivencia y expuestos a extorsiones por parte de autoridades locales y migratorias, como por parte de particulares (pandillas y grupos criminales). Además de sus carencias y vulnerabilidad, las personas en esta situación están siendo criminalizadas y utilizadas políticamente. Son objeto de una retórica y una campaña de miedo que no sólo los criminaliza, sino que fomenta el odio hacia las personas migrantes y solicitantes de asilo. Retórica que fomenta una visión ahistórica de la realidad que no se aproxima en lo absoluto a la presente coyuntura, además de que confunde y no abona a clarificar los retos actuales, contribuyendo a la desinformación y el amarillismo. Es un riesgo también porque en realidad las personas que se ven obligadas a migrar –de manera regulada o no regulada– y/o que solicitan protección internacional, lo hacen en situaciones de mucho peligro; y ciertamente, enfrentan muchas amenazas para salir tanto de sus comunidades de origen, como durante su tránsito por México y durante su cruce (formal o no formal) a EE. UU.
De igual manera, esta doble crisis podría convertirse en una oportunidad porque es una posibilidad de cambio, de transformación. No sólo porque evidencia y visibiliza la crisis, las carencias, las necesidades y los derechos violados; sino porque es un espejo donde nos podemos observar como sociedad y vernos a nosotros mismos a través de nuestros semejantes. Podría ser una oportunidad para hacer algo, para informarse y tomar conciencia; para tomar acciones e incidir en la transformación positiva de la situación, de sus causas, de sus efectos y de la crisis en sí misma, así como para asumir compromisos y responsabilidades. Una oportunidad, porque nos pone enfrente nuestra realidad y los retos que tenemos para cambiarla, para transformarla y mejorarla.
Por todo lo anterior, efectivamente existe una crisis, tanto migratoria como de refugio, pero sobre todo se trata de una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria real que lamentablemente fue utilizada mediáticamente para fines políticos-electorales. Una crisis manipulada con el principal objetivo de fomentar una retórica que criminaliza a los migrantes y fomenta una política de miedo hacia “el otro”, hacia el diferente en general, y hacia el migrante pobre en particular, argumentando una supuesta “amenaza a la seguridad nacional”, que propone barreras para el diálogo y el entendimiento, en lugar de puentes para la cooperación.
El discurso de miedo que se promueve desde el entonces ejecutivo de EE. UU. se complementa con una respuesta indigna, ilegítima e ilegal de separar familias y de negar el derecho al asilo y al refugio, ante el fenómeno migratorio y de desplazamiento forzado. Estas respuestas políticas de EE. UU. ante la crisis humanitaria y de refugio han llevado al extremo el paradigma de seguridad estatal a través de las políticas de “tolerancia cero”, “sellar la frontera” y la posible declaración de “emergencia nacional”.
La migración en tránsito y la actual crisis de refugio son cuestiones estratégicas para la seguridad fronteriza no sólo de EE. UU., sino para México, tanto para la frontera norte como para la frontera sur; y es un tema fundamental para la agenda binacional de ambos países. Flujo migratorio que como todo flujo de movilidad humana, es un fenómeno que cambia constantemente, mes tras mes, y que por dicha razón es de vital importancia conocer sus variaciones históricas y sus causas profundas.
Como ya se señaló, la crisis de refugio actual es muy diferente al flujo migratorio histórico. Sin embargo, se tiene que diseñar e implementar una respuesta integral que aborde tanto la cuestión migratoria, con una reforma migratoria al interior de EE. UU., como un plan conjunto que responda no sólo a los efectos del éxodo y el refugio –la crisis humanitaria en los centro y campos de refugiados distribuidos a los largo de ambos lados de la frontera de México-EE. UU.–, sino que también responda a las causas profundas de la crisis: la inseguridad y la violencia, la corrupción y la impunidad, la debilidad institucional, la crisis ambiental, económica y política, tanto en México como en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Una respuesta integral que debería estar guiada por el principio de responsabilidad compartida que propone el paradigma de la seguridad humana.
El principio de responsabilidad compartida y el enfoque de seguridad humana deberían ser el criterio y enfoque que oriente las propuestas y ejes de trabajo de la política fronteriza del gobierno de México. Tanto para el propuesto Plan Integral de Desarrollo del sur de México y Centroamérica, como para la implementación del Pacto Mundial sobre Migración de la ONU, que el gobierno mexicano tanto apoyó a nivel internacional. Ambos deberían estar basados en el principio de responsabilidad compartida y el enfoque de seguridad humana en las fronteras del país.
Dado que la seguridad fronteriza está íntimamente relacionada con los flujos internacionales de economías ilegales, es necesaria una respuesta hemisférica y no sólo local ni nacional. Una respuesta que debería enfocarse en detectar y detener las redes de trata y tráfico de personas, así como en atender a las personas, sus necesidades y sus derechos. Se necesita una política integral, que conozca los cambiantes flujos migratorios para contribuir a construir la infraestructura y las condiciones para responder dignamente al fenómeno migratorio y de refugio, ofreciendo desarrollo y seguridad, no inseguridad e impunidad, como ocurre actualmente.
Y aunque el paradigma de la seguridad humana sea la respuesta tardía de la doctrina idealista, es importante comenzar a diseñar estrategias y líneas de acción concretas que contribuyan a la materialización del enfoque en políticas públicas específicas Así podremos evitar que sus principios y fundamentos no sólo queden en el papel como un conjunto de buenas intenciones. En ese sentido, es necesario revisar críticamente las anteriores experiencias que trataron de implementar sus principios; en especial, debemos retomar tanto los aportes de Contadora (el Documento de Objetivos de 1983 y el Acta de Paz y Cooperación de Centroamérica de 1984), como de los Acuerdos de Esquipulas, para aprender de sus aciertos pero también de sus errores, así como de los factores externos que impidieron su implementación.
