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INTRODUCCIÓN
Desde los años ochenta, Costa Rica ha promovido el cultivo de piña de forma intensiva, con el fin de desarrollar cultivos no tradicionales alternativos al café y al banano que fueran más rentables en el mercado mundial. Con tan solo 51 100 km2, Costa Rica es hoy en día el principal exportador de piña del mundo. La constante expansión de este cultivo se ha generado a través de diferentes incentivos por parte del Estado costarricense, y se ha venido localizando mayoritariamente en la frontera norte, colindante con Nicaragua, específicamente en los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles, que concentran alrededor de un 53 por ciento de la producción nacional de piña (Rodríguez, Obando y Acuña, 2018).
En este artículo buscamos demostrar que el extractivismo agrícola se conforma como una más de las herramientas del modelo de desarrollo capitalista y neoliberal, desde el punto de vista de la explotación de la naturaleza y de la fuerza de trabajo. Por un lado, este modelo se basa en la promoción de los monocultivos de exportación y en las cadenas agroalimentarias globales, pues a escala global se observa un crecimiento exponencial de la circulación de frutas y hortalizas frescas, junto con una fuerte concentración de los operadores de la distribución y una dominación más afirmada de las grandes marcas de supermercados (Garrapa, 2017).
Todas las etapas del proceso están controladas, bajo diversas modalidades, por esas corporaciones transnacionales: la gestión estratégica de los contratos de compraventa, el manejo de tecnologías agrícolas o de las patentes de semillas, la tenencia de la tierra, la mecanización de la cosecha, los sistemas de contratación de la mano de obra, etcétera. Se trata de mecanismos relativamente nuevos (relacionados con la intensificación de los acuerdos comerciales liberales de inicios de los años 1990), que se despliegan en todas las grandes regiones agrícolas del mundo, ya que el “régimen alimentario corporativo” (Corporate food regime) se presenta como un vector del proyecto de desarrollo global en torno al modelo capitalista y transnacional de la producción y distribución de alimentos (McMichael, 2005).
Este acercamiento, articulado con el de los “sistemas de productos” (commodity system approach) (Friedland, 2004), ha generado intensos debates desde finales del siglo pasado. Desde perspectivas históricas, económicas o sociales, se interroga el papel de la relación entre producción y consumo de alimentos en la construcción de una economía globalizada (Dicken, 2007; Rastoin y Ghersi, 2010; Edelman, 2017), así como las repercusiones de estas profundas transformaciones en la estructura productiva y en la organización social del trabajo.
Por otro lado, el modelo de desarrollo basado en el extractivismo y en el monocultivo también cuestiona las dinámicas territoriales, que generalmente quedan al margen de los estudios. El presente trabajo adopta el enfoque de la producción y de la distribución, dejando fuera de nuestro espectro en esta contribución los enfoques sobre el consumo o la justicia alimentaria (Aubry y Kebir, 2013; Gottlieb y Joshi, 2010; Hochedez y Le Gall, 2016; entre otros). Desde la perspectiva territorial, la literatura especializada sobre el agro global aborda diversos fenómenos: la multiplicidad del tipo de empresas que intervienen en estos espacios (Purseigle y Chouquer, 2013), la relación global/local en la agricultura intensiva (González Chávez y Calleja Pinedo, 2017), la reconfiguración de las agriculturas empresariales y de la ruralidad (Guibert, Bühler y Requier-Desjardins, 2015) o bien, los conflictos y reivindicaciones territoriales que surgen frente a la violencia del despojo (Ojeda, Petzl, Quiroga, Rodríguez y Rojas, 2015).
El objetivo de este artículo es aportar a la discusión sobre las características territoriales de la agricultura de exportación desde el punto de vista de las regiones fronterizas como “espacios de oportunidad” (Rodríguez, Obando y Acuña, 2018), y reflexionar sobre el papel de esta particular configuración espacial en las lógicas de explotación de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo.
El caso de la producción de piña para la exportación en Costa Rica es de gran interés por su ubicación en la zona norte del país, fronteriza con Nicaragua. Nuestra hipótesis es que la presencia de recursos naturales, de fuerza de trabajo flexible y barata originaria de Nicaragua, y la debilidad del control estatal en la actividad, son factores clave para la expansión de esta modalidad productiva. Pretendemos demostrar cómo este tipo de actividad constituye un modelo de desarrollo que descansa en la asimetría espacial fronteriza, generando a su vez formas de despojo y relaciones de dominación espacialmente ancladas.
Este trabajo se basa en datos levantados en estancias de campo, incluyendo zonas de producción de piña en Costa Rica (2015-2018), durante las que se realizaron alrededor de 35 entrevistas a diversos actores ligados a la producción de piña, la conservación del ambiente y a instituciones públicas (municipalidades, ministerios, entre otros), así como como en los espacios de origen de los jornaleros migrantes de Nicaragua (2008-2014). El análisis se fundamenta también en la revisión de literatura sobre extractivismo, relaciones de dominación en los territorios productivos de la agricultura global y sistemas de movilidad temporal.
El artículo se estructura de la siguiente manera. En una primera sección planteamos las dinámicas de extractivismo agrícola en la producción de piña en Costa Rica, insistiendo en el papel del Estado y en la explotación de recursos por parte del capital global en las estrategias de desarrollo local y regional en la zona fronteriza con Nicaragua. En una segunda parte analizamos el papel de las movilidades transfronterizas de mano de obra jornalera nicaragüense de este sector, e insistimos en las relaciones de fuerza que rigen los mecanismos de producción del espacio en esta zona de interfase, de asimetría global y de circulación migratoria.
Finalmente, en un tercer apartado cuestionamos el modelo de desarrollo global/local que se promueve, y que involucra diversos actores en dimensiones tan diversas como la distribución de recursos, la situación ambiental y la explotación laboral.
A lo largo del artículo, nos referimos a una serie de nociones y discusiones teóricas que nos permiten analizar o contextualizar las situaciones sociales, económicas y espaciales descritas a la luz de la literatura y de las investigaciones anteriores que han abordado la temática en diferentes contextos. Continuamente, la reflexión se enmarcará en los estudios críticos sobre fronteras, explotación de la naturaleza, y de la mano de obra.
El EXTRACTIVISMO EN COSTA RICA, El PAPEL DEL ESTADO Y LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS POR EL CAPITAL GLOBAL
Extractivismo en Centroamérica
La región centroamericana ha estado marcada por actividades extractivas muy diversas, como el monocultivo (de piña, palma africana o banano) y la minería. Al hablar de extractivismo, existe la tendencia a hacer referencia a dos actividades específicas: la extracción minera y petrolera. Sin embargo, para Gudynas (2013a) a esta definición se le debe de incluir también los monocultivos de exportación y la pesca intensiva. Todas estas actividades se caracterizan por remover grandes volúmenes de recursos naturales, los cuales son destinados al menos en un 50 por ciento a la exportación (Gudynas 2013b, p. 4). Estos recursos son exportados sin procesar o con un escaso procesamiento previo a su comercialización, y en general, tienen bajos niveles de encadenamiento productivo a nivel local.
En Centroamérica estas actividades son desarrolladas por empresas mayoritariamente ligadas al capital transnacional en regiones rurales, periféricas y fronterizas. Hoy en día se pueden identificar alrededor de 81 conflictos ligados a la defensa del territorio frente al extractivismo, de los cuales 62 por ciento se localizan en Guatemala y Honduras (Bran-Guzmán, 2017).
Durante el proceso de investigación realizado entre 2015 y 2018, se pudo constatar la presencia de actividades extractivas en las regiones fronterizas de Centroamérica. Las regiones fronterizas costarricenses son escenarios complejos en donde coinciden actividades extractivas, áreas protegidas y grupos originarios (cabe subrayar que observamos una situación similar en gran parte de las zonas fronterizas centroamericanas). Esto ha generado que estas zonas sean propensas para el desarrollo de tensiones y de conflictos ecológico distributivos (Martínez Alier, 2004). Es decir, en la región de estudio existen conflictos que se dan debido a una desigual distribución de los recursos, los servicios ambientales, los costos y los beneficios de una actividad en la que las empresas transnacionales se llevan los beneficios, mientras que las comunidades son las responsables de lidiar con los costos ambientales y sociales de la explotación.
La investigación realizada determinó que existe un importante vacío de información alrededor de los impactos y los conflictos alrededor de los monocultivos en Centroamérica. Los monocultivos son ese “enemigo silencioso” que se expande sin generar resistencias debido a que no es percibido como “tan” dañino como la minería o el petróleo, por lo que muchas veces su presencia se naturaliza y se tornan parte del paisaje.
El tipo de extractivismo que se ha venido desarrollando en el istmo centroamericano, y en especial en regiones fronterizas, puede ser categorizado como clásico o convencional (Gudynas 2009, p. 187; 2013a, p. 8) debido a que los principales actores de esta explotación son las empresas transnacionales o empresarios privados, dejándole al Estado un rol secundario. Sin embargo, el rol del Estado sigue siendo determinante, ya que este cede muchas veces la soberanía que ejerce en ciertos territorios, y en muchos casos funge con el rol de socio o de facilitador de estos procesos, sin asumir realmente un rol redistributivo o de control.
Extractivismo en Costa Rica: el caso de los monocultivos en la Zona Norte
La Zona norte de Costa Rica comprende los cantones Upala, Guatuso y Los Chiles, en la provincia de Alajuela. Esta región fronteriza está determinada por su cercanía con Nicaragua, ya que forma parte de un eje de intensa interacción con los municipios nicaragüenses de San Carlos y Cárdenas. Para Girot y Granados (1997), esta región fronteriza se caracteriza por su proximidad cultural y económica. Esta frontera ha sido históricamente porosa y aislada de los respectivos centros nacionales, lo que facilitó que se generara una identidad compartida que fue reforzada por importantes lazos comerciales y familiares (familias transfronterizas) (Morales Gamboa, 2010). En efecto, estos municipios tienen lazos muy dinámicos y relaciones de interdependencia, así como un sistema ambiental que articula una gran diversidad de ecosistemas, bosque tropical, ríos, acuíferos y humedales, como son los humedales de Caño Negro y Medio Queso (Rodríguez, 2014).
La población de los dos lados de la frontera es mayoritariamente campesina mestiza, con características culturales muy similares. Se puede además encontrar al grupo indígena maleku, uno de los más pequeños en Costa Rica; su territorio está localizado en el cantón de Guatuso, el cual tiene una extensión de 2 993 km2, aunque anteriormente su territorio se extendía hasta el lado sur del Lago Cocibolca, también conocido como Lago de Nicaragua (Montoya-Greenheck, Carvajal y Salas, 2008).
Esta región de frontera fue considerada como un importante frente pionero para el Estado costarricense desde la década de los años cincuenta (Castillo, 2006). El poblamiento de esta zona se dio por procesos migratorios e inmigratorios de poblaciones campesinas e indígenas provenientes del interior del país y de otras comunidades aledañas provenientes de Costa Rica y Nicaragua (Acuña y Valverde, 2011, p. 7). Pero es hasta el agotamiento de la frontera agrícola y el proceso de ampliación estatal (por su estructura agroexportadora tradicional), que progresivamente las regiones periféricas fueron incluidas dentro de la lógica de formación del Estado. Desde la década de los ochenta, como parte de una estrategia del Estado costarricense, en esta región se ha venido desarrollando un modelo agroexportador fundamentado en la producción de monocultivos de piña, cítricos y palma africana (Granados y Jiménez, 2002, p. 202).
La introducción de piña en la Zona Norte
La introducción de los monocultivos para la exportación, en especial el de piña, data también de la década de los años ochenta, con la introducción de la empresa PINDECO (subsidiaria de Del Monte), la que inició con una variedad de piña denominada Sweet Golden M-12 (una variedad de piña modificada genéticamente), así como con nuevas tecnologías y estilos de producción.
La expansión del cultivo de piña en la zona norte ha tenido lugar gracias a una serie de incentivos3 y de facilidades dadas por entidades estatales que buscaban promocionar la siembra. La distribución de piña en Costa Rica se puede observar en el mapa 1.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2015).
Mapa 1. Hectáreas sembradas de piña por cantón en Costa Rica, 2014
También es importante destacar que esta introducción se da en el marco de los programas de ajuste estructural, los cuales buscaban la liberalización de la economía y la atracción de inversión extranjera (León, 2015). Con esos programas el Estado fue progresivamente penetrando en las dinámicas de la región, con el objetivo de impulsar y posicionar al sector privado y apostar por la estimulación de nuevos bienes agrícolas bajo el método de los monocultivos. La estrategia pretendía que este espacio fronterizo se convirtiera en una “frontera viva”, es decir, una región integrada política, económica y culturalmente al Estado costarricense (León, 2015). En esta nueva estructura productiva se dio la instalación de empresas transnacionales en la región, ya que esta última presentaba las condiciones óptimas para el desarrollo de nuevos productos agrícolas (tierra disponible, recurso hídrico, situación de periferia y mano de obra costarricense y migrante).
Este modelo de apertura comercial contribuyó a transformar la estructura productiva que predominaba en la Zona Norte, afectando con estos cambios principalmente a las economías campesinas (pequeña y mediana) dedicadas a la producción agropecuaria. Los productos no tradicionales como piña y naranja pasan a ser predominantes en la región, desplazando la producción de granos básicos (Ver tabla 1). Pero a pesar de las diferentes actividades agrícolas y la incursión de empresas transnacionales y de capital extranjero, en términos de distribución de la riqueza, esta región ostenta hoy en día los índices más bajos de desarrollo social, en especial en los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso (Zeballos, 2013), los cuales se posicionan en los últimos lugares en cuanto al Índice de Desarrollo Humano en Costa Rica.4
Tabla 1. Evolución de la extensión de hectáreas (años 1984 y 2014) sembradas de productos tradicionales frente a no tradicionales en la provincia de Alajuela
| Año | 1984 | 2014 |
|---|---|---|
| Tradicionales | ||
| Frijol | 10 693 | 6 619 |
| Maíz | 10 865 | 15 769 |
| No tradicionales | ||
| Naranja | 718 | 19 769 |
| Piña | 1 844 | 17 870 |
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional Agropecuario de 1984 (Dirección General de Estadística y Censos, 1987) y el VI Censo Nacional Agropecuario, 2014 (INEC, 2015).
Cabe destacar que según datos de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), para el 2014 la producción de piña generó ganancias de alrededor de 865.1 millones de dólares, sólo superadas en Costa Rica por el banano, que generó 905.1 millones de dólares (PROCOMER, 2014).
Se estima que la población residente en esta frontera ha tenido un incremento, entre el año 2000 y el 2007, de 18.04 por ciento del lado costarricense y de 38.31 por ciento del lado nicaragüense (Cubero Acevedo y Soto Acosta, 2010, p. 39). Lo anterior se puede explicar por el aumento de los campos de piña, que se han convertido en una fuente de empleo tanto para los trabajadores costarricenses como los nicaragüenses. Esta nueva estructura productiva aprovecha la posición fronteriza de dichos cultivos, ya que la cercanía con Nicaragua hizo que se incorporara mano de obra nicaragüense que empezó a trabajar en los campos de piña costarricenses de forma temporal. Esta mano de obra migrante es muchas veces irregular, no declarada, y no cuenta con garantías sociales (Rodríguez, 2014).
El mapa 2 nos permite ver la cercanía de estos cantones principales productores de piña con la frontera y sus respectivos pasos fronterizos. Es importante insistir que la geografía de las plantaciones de piña está alimentada por este flujo creciente de mano de obra migrante. Si bien hay pasos formales fronterizos en Los Chiles, esta frontera es muy porosa, ya que existen múltiples pasos informales por los que transitan diariamente los migrantes y la mano de obra nicaragüense, que muchas veces vive en Nicaragua pero trabaja en los campos de piña localizados en estas regiones fronterizas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2015).
Mapa 2. Cantones fronterizos y pasos fronterizos
¿Quiénes producen piña?
Costa Rica se ha convertido en el primer productor de piña en el mundo con un estimado de entre 45 000 a 58 000 hectáreas destinadas a esta actividad dentro del total del territorio nacional (Maglianesi-Sandoz, 2013), de las cuales, más de la mitad estarían localizadas en la zona norte fronteriza con Nicaragua.
En estos cantones fronterizos de los Chiles, Upala y Guatuso se identificaron a pequeños y medianos productores; algunos forman parte de la cooperativa Coopepiña, y otros, de una asociación conocida como AsoNorte. También están otras empresas de capital nacional como Upala Agrícola, Piña Pavón, Exportaciones Norteñas, Compañía Agropecuaria Las Brisas, Finca 11, entre otras, asociadas en su mayoría a la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep) (Rodríguez, Obando y Acuña, 2018).
Si bien estas estructuras aseguran la permanencia de pequeños y medianos productores en el mercado, son las grandes empresas las que tienen la capacidad de imponer las reglas del juego, ya que ellas son quienes tienen las condiciones necesarias para participar e incidir en la Canapep (Obando, 2017). Lo anterior debido a que los pequeños y medianos productores con parcelas de alrededor de 5 a 10 hectáreas tienen importantes limitaciones jurídicas y económicas. Por un lado, muchos carecen de títulos de propiedad, lo que impide que estos puedan solicitar préstamos o ayudas. Además, la cadena productiva de la piña es piramidal y excluyente: si bien casi todos los productores tienen acceso a las fases de siembra, cultivo y cosecha, los pequeños y medianos no cuentan con los recursos necesarios para participar en las fases de postcosecha y de comercialización. Estos procesos son monopolizados por las grandes empresas que cuentan con infraestructura (plantas empacadoras), y pueden cumplir con los estándares y certificaciones internacionales para la exportación (Obando, 2017, p. 88).
Desde las década de los años ochenta, estos pequeños y medianos productores han sido absorbidos progresivamente por grandes empresas conectadas con el mercado mundial, que no sólo están acaparando la tierra, sino también los créditos y las ayudas del Estado, además de ser las que controlan las etapas productivas que dejan la mayor cantidad de ganancias (Obando, 2017, p. 180). Según investigaciones realizadas por el periódico Semanario Universidad “96 % de piña es producida por 31 empresas y Del Monte maneja más de la mitad de la producción del país. Un 4 por ciento de los pequeños productores venden su producto a las grandes compañías” (Blanco Picado, 2013, s/n).
Las empresas transnacionales de gran tamaño son hoy en día las principales propietarias de la tierra. Los pequeños y medianos productores están paulatinamente vendiendo sus tierras o arrendándolas, ya que es más rentable que producir piña a pequeña escala o granos básicos. Entre 1987 y 1995 las familias campesinas pasaron de representar 20.7 por ciento a representar 11.5 por ciento de los productores en el país. Esta disminución se traduce en la desaparición de pequeños productores, y en el crecimiento del trabajo asalariado y temporal en fincas de mayor tamaño, generalmente en manos de “conglomerados agroindustriales transnacionales” (Acuña, 2019).
La explotaciones agrícolas de gran escala son actualmente la principal fuente de empleo en esta región, y también son las responsables de mucha de la contaminación (Blanco Picado, 2013). Las entrevistas realizadas, así como la observación participante realizada en reuniones con actores organizados frente a la expansión piñera en la Zona Norte, hicieron posible constatar que para estos actores resulta evidente que el conflicto socioambiental más importante es precisamente el cultivo extensivo de piña.
Según entrevistas realizadas en 2015 a miembros de la Asociación de Desarrollo y de la Asociación Administradora de Acueductos y Alcantarillados (Asada) de Pavón en el cantón de Los Chiles, así como a otros grupos organizados en los distritos fronterizos de Nueva Esperanza y Caño Negro en Costa Rica, existen fuertes preocupaciones en torno a la justicia social y ambiental. Específicamente en lo relativo al acaparamiento de tierra en manos de grandes empresas, el desplazamiento de familias campesinas, la pérdida del bosque, presencia de la mosca característica del cultivo de piña que afecta al ganado, quema constante de plantaciones viejas para introducir nuevas y la potencial contaminación de las fuentes de agua potable.
Fronteras y extractivismo en Centroamérica
La frontera es mucho más que una forma de discontinuidad y de organización del espacio político, la frontera es una región natural (Fourny, 2005) y social con características particulares debido a su localización, que la hace diferente al resto del territorio nacional. Es así como esta investigación se inscribe en los estudios sobre fronteras, que las conciben como regiones dinámicas que integran territorios divididos por un límite, pero conectadas por una serie de intercambios y relaciones de poder que articulan una gran diversidad de actores, de ecosistemas y de actividades productivas (Rodríguez, 2014). Estas regiones son denominadas como transfronterizas debido a su proximidad, a las dinámicas que las atraviesan y que las articulan, a pesar de formar parte de Estados diferentes (Newman, 2011).
Las fronteras centroamericanas se caracterizan por ser poco pobladas, ya que la población del istmo está concentrada en los centros urbanos localizados en la vertiente del Pacífico (Rodríguez, 2014). Es así como autores como Debarbieux (2005) hacen referencia a las primeras regiones como “desiertos humanos” o “no man’s land”, debido a la dificultad de acceso, la falta de inversión y débil presencia del Estado. Foucher (1991) afirma que las regiones fronterizas poco pobladas generalmente son poco vigiladas. Este aislamiento se reforzó durante los conflictos armados de la década de los años 80, en donde las fronteras del istmo centroamericano fueron el escenario de numerosos enfrentamientos y desplazamientos, lo que generó que estas fueran percibidas como zonas peligrosas y poco accesibles.
La presencia de monocultivos en estas regiones no es reciente, ya que desde el siglo XIX actores exógenos, como imperios coloniales (Gran Bretaña) o empresas transnacionales estadounidenses como la United Fruit Company, instalaron sistemas de plantación bajo la forma de enclave (Girot y Granados, 1997). De esta forma, la falta de inversión, de infraestructura y de presencia del Estado facilitó la instalación en estas regiones de sistemas productivos de monocultivos (banano, piña y palma africana) sin un debido ordenamiento territorial, poniendo en riesgo importantes recursos naturales como lo son los acuíferos, las cuencas hidrográficas y humedales (Lavell, 2004; Aravena, 2005).
Las fronteras centroamericanas representan entonces sitios ideales para la instalación de actividades extractivas, tanto monocultivos como actividades mineras y petroleras; es así como estas áreas relegadas se convierten en enclaves extractivos asociados a los mercados globales y aislados de los centros nacionales (Gudynas, 2009).
El modelo agroexportador: despojo y acumulación de tierras
El Estado y sus instituciones son los responsables de regular y controlar la expansión de piña en el país, sin embargo, es interesante descubrir que desconocen el área total de hectáreas cultivadas, ya que estas varían según la institución que se consulte (Rodríguez, Obando y Acuña, 2018). Según el estudio del Sistema de Monitoreo de Cambio de Uso de la Tierra en Paisajes Productivos vinculado a la tenencia (MOCUPP), por medio de imágenes satelitales se comprobó en el 2016 que el área cultivada de piña alcanza 58 000 hectáreas, cifra que primero quintuplica las 11 000 hectáreas registradas en el año 2000 y, segundo, se aleja bastante de lo que reveló el VI Censo Agropecuario en el 2014. La inexactitud de información sobre la extensión denota una deficiente planificación y control de la expansión de monocultivos en Costa Rica. Esta falta de datos es cada vez mayor a medida que se reduce la escala, es decir, los gobiernos locales tampoco cuentan con el registro de hectáreas, fincas o empresas dedicadas a estos cultivos en su cantón. En el caso de la municipalidad de Los Chiles y de Upala, estas no cuentan con planes reguladores, los cuales son claves para determinar dónde se pueden o no expandir dichos cultivos.
El Estado tiene un rol fundamental en los procesos de apropiación de los recursos naturales, ya que con sus acciones u omisiones facilitan la extracción y la explotación de la naturaleza. Estamos así al frente de procesos de producción desregulados, intensivos, que acentúan los impactos ambientales y sociales. La implantación de monocultivos en el país no fue solo el resultado de los intereses económicos de empresas transnacionales, sino que requirió de la participación y complicidad del Estado costarricense, que invirtió en infraestructura y en investigación para posicionar este cultivo (Avendaño, Ramírez y Segura, 2014). Coincidimos con Osorio (2014) en que el aparato estatal como tal, conformado por los funcionarios público –en este caso, las alcaldías, los ministros, mandos medios, entre otros–, no actúa de manera neutral, sino que su accionar está orientado a responder a aquellos grupos que ostentan el poder para guiar las intervenciones y la toma de decisiones a favor de sus intereses (Osorio, 2014).
El proyecto político de promover este modelo agroexportador, basado en la expansión sin regulación de monocultivos, ha sido exitoso para las empresas y para el sector agroexportador, pero no para las comunidades rurales, que deben de asumir los costos económicos, sociales y ambientales de esta producción (Rodríguez, Obando y Acuña, 2018)
Es importante acotar que la actividad piñera no paga impuestos y cuenta con importantes subsidios, por lo que los beneficios para el país aparte de la generación de empleo, son muy limitados (Rodríguez, Obando y Acuña, 2018). Durante el trabajo de campo, cuando se preguntaba a los campesinos, trabajadores, productores y activistas “¿cuáles son para ustedes los beneficios de la piña?”, la respuesta más común de los y las entrevistadas era: “a nosotros no nos queda nada”. Según el documental “Costa Rica pura piña”, realizado por el programa Era Verde del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, un 43 por ciento del precio de venta de una piña es para el supermercado europeo que la comercializa, un 22.3 por ciento corresponde al costo del transporte y al pago de aranceles, un 25 por ciento corresponde a los gastos de producción y un 9.3 por ciento es destinado al pago de los y las trabajadoras.
El discurso gubernamental es que estas empresas son una fuente de empleo indispensable para estos pueblos empobrecidos, sin embargo, el tipo de empleo que generan es considerado por los y las entrevistadas como un empleo “precario” por los malos salarios, las largas jornadas de trabajo, y el uso que se hace de mano de obra irregular migrante, que gana alrededor de 5 000 colones por día (alrededor de 8 dólares según el tipo de cambio en enero 2019).
LA MOVILIDAD DE LA FUERZA DE TRABAJO, RECURSO CLAVE EN LA AGRICULTURA GLOBAL
La agricultura intensiva altamente capitalizada funciona a partir de lógicas de organización y de evolución de los territorios productivos globalizados, y a la vez, de la adaptabilidad de una fuerza de trabajo altamente especializada y flexible. Por un lado, la organización reticular de los territorios de enclave es el principal motor de estas movilidades, y de la circulación migratoria; por otro lado, la fuerza de trabajo migrante se adapta a la cartografía del sector del agro, produciendo ella misma nuevas espacialidades.
En Costa Rica se estima que alrededor de 7 por ciento de la población es inmigrante, del que la mayoría (más de 75%) es nicaragüense (OIM, 2011). El primer sector de empleo para los migrantes nicaragüenses es la agricultura (una cuarta parte), seguido del servicio doméstico, del comercio al por menor y de la construcción (Baumeister, 2017; Morales Gamboa, 2008). Se trata de un campo migratorio antiguo y estructurado que encuentra sus raíces en el siglo XIX, en las necesidades históricas de mano de obra de los enclaves agrícolas de café, caña de azúcar o plátano. La migración circular y las prácticas de movilidad temporal son por lo tanto muy características de esta interfase fronteriza, en un flujo sur-sur completamente articulado a las dinámicas productivas y territoriales de explotación tanto de los recursos naturales como de la fuerza de trabajo regionalmente disponible.
La pareja Costa Rica-Nicaragua en la geopolítica de la agricultura intensiva: articulación entre lógicas productivas globales y circulación laboral
Como vimos en la primera parte, la agricultura intensiva se transforma en términos de gestión de los recursos naturales y territoriales a escala global. En este apartado mostraremos que también tienen impactos importantes en las modalidades de gestión de la fuerza de trabajo asalariada, más basada siempre en contratos cortos, externalización y flexibilización de las reglas de contratación y condiciones de trabajo. Hay una gran lista de factores que sirven para justificar la necesidad de jugar en los costos de la mano de obra, la única variable de ajuste que quedaría para los empleadores e inversionistas que buscan sobrevivir en un contexto de alta competencia de las cadenas del agro global: los costos de insumos, las semillas o los créditos, por un lado; por otro lado, la presión de los precios de compra demasiado bajos por parte de los grandes actores de la comercialización y la distribución.
Pero más allá de los costos dedicados a pagar a los trabajadores, se dibuja también un cierto modelo de temporalidad del trabajo, de condiciones de vida y de reproducción. La circulación como “programa migratorio” (Morice y Michalon, 2009, p. 16) está presentada como la única opción viable para la economía global y sus dinámicas flexibles.
La noción de “circulación migratoria”, pensada y desarrollada para enfatizar en las estrategias de movilidad de los actores y en los territorios circulatorios comerciales o simbólicos (Tarrius, 1992; Dorai, Hily, Loyer y Ma Mung, 1998), ha sido recuperada por los organismos internacionales (como la Organización Internacional de las Migraciones, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial) y por los gobiernos tanto de los países de origen como de los de destino. Se presenta la movilidad de la fuerza de trabajo como un mecanismo que beneficia a todos y que permite una lógica de triple ganador –el «win-win-win» (Décosse, 2011)–: el país de origen necesita esta válvula de escape en contexto de tensión en su mercado laboral, mientras que para el país de destino el carácter temporal de la presencia de esta mano de obra permite satisfacer las demandas precisas de las empresas sin que la opinión pública la perciba como amenaza económica o cultural; y finalmente para el migrante mismo, que puede sostener su economía familiar gracias a este salario temporal.
Este dispositivo se traduce a fin de cuentas en una “conminación a la movilidad forzada” (Morice y Michalon, 2009, p. 16), en una forma de “trabajo asalariado embridado” (Moulier-Boutang, 1998) que muy a menudo se ha vinculado con la definición de T. Brass (2011) de “trabajo no-libre”: un modo de explotación de la fuerza laboral relacionado en esencia al capitalismo maduro. Se trata de dinámicas laborales que limitan y sobre todo, controlan –según las necesidades– las posibilidades de movilidad tanto social como espacial, a través de diversos mecanismos de dominación: presión económica, no-respeto del derecho laboral, explotación de una fuerza de trabajo que se encuentra en grave situación de pobreza, vulnerabilidad o irregularidad migratoria, etcétera.
En la actualidad, la fuerza de trabajo migrante se ve obligada a integrarse en las dinámicas de complementariedad de los territorios al entrar en los mercados laborales globales de manera flexible, tanto en términos de lógicas espaciales como en términos de normas económicas y sociales. La producción de piña para la exportación responde totalmente a estos mecanismos globales, entre capitales transnacionales y mercado de libre comercio por un lado, e importación por tiempos cortos de la mano de obra asalariada nicaragüense, en mercados laborales segmentados por nacionalidad, sexo o clase social, por otro lado.
Las lógicas de enclave presentan huellas de la herencia colonial, que son inscritas en el espacio social y económico. Al mismo tiempo, muestran hoy en día nuevas relaciones de fuerzas en el sector de la agricultura intensiva que revelan articulaciones estrechas entre globalización y regulaciones socio-económicas (Avallone, 2017; Moraes, Gadea, Pedreño y de Castro, 2012). Las discusiones sobre el extractivismo agrícola se refieren muy a menudo al carácter depredador de los monocultivos en términos de acaparamiento de tierras, daños ambientales, contaminación del agua y de los suelos. Sin embargo, resulta también fundamental enfocar la atención en las dinámicas territoriales producidas por los monocultivos, en particular, en los espacios de enclave agrícola y los flujos migratorios temporales. La “producción del espacio” pensada por Lefebvre (1974) propone la idea de un espacio como un producto social que constituye “al mismo tiempo que un medio de producción, un medio de control, y por lo tanto de dominación y de poder” (Martin, 2006, s/n).
Tres grandes categorías de dinámicas encadenadas impactan fuertemente los espacios rurales centroamericanos y caracterizan las relaciones de dominación en las cadenas agro-alimentarias:
La tendencia a la intensificación y a la especialización de los territorios productivos y cadenas productivas, particularmente visible en el caso de la piña.
Los fenómenos de multiplicación de los actores en los procesos de producción, y el establecimiento de jerarquías entre ellos (transnacionales de la producción y distribución, mayoristas, empresas nacionales, pequeños productores, cooperativas, etcétera).
Las nuevas formas de organización social de la producción, ya que los diferentes tipos de agriculturas empresariales tienen distintas estrategias de explotación de la fuerza de trabajo temporal.
Frente a las necesidades de producción y comercialización, siempre más especializadas, vemos que la situación de frontera ofrece un espacio de oportunidad: permite asegurarse de la disponibilidad de una cantidad suficiente de mano de obra, así como de la calidad de su trabajo (existen competencias particulares acumuladas por la experiencia de circulación y trabajo agrícola de los dos lados de la frontera). La ubicación y la concentración de estas producciones destinadas a la exportación derivan en gran medida de las políticas de reclutamiento establecidas según las necesidades específicas de la producción, por parte de los múltiples actores que organizan el mercado laboral de temporada.
Circulaciones, anclajes y experiencias territoriales. La producción del espacio por los colectivos de jornaleros migrantes transfronterizos
Para comprender las relaciones de fuerza del mercado laboral agrícola así como la producción de espacios asimétricos, la geografía crítica nos propone perspectivas y herramientas que permiten leer las desigualdades sociales y las relaciones de poder, en especial, sus expresiones territoriales. Si bien la cuestión de las relaciones de producción como elementos de dominación, control y poder han sido ampliamente estudiadas y discutidas en el contexto de las dinámicas urbanas y del “derecho a la ciudad” (Lefebvre, 1986; Harvey, 2010), queda pendiente profundizar la reflexión sobre estos procesos situando el enfoque en otro tipo de espacios, en particular, en los que domina la ruralidad (espacios de la agricultura tanto intensiva como campesina).
El caso de los espacios en los que circulan los capitales y la fuerza de trabajo asociados a la agroindustria nos puede permitir localizar y espacializar las relaciones de dominación inherentes en los mercados laborales y en los territorios de enclave agrícolas.
Al descifrar los procesos de “globalización de los espacios rurales” (Guibert, Bühler y Requier-Desjardins, 2015) se puede visualizar la emergencia de nuevos sistemas de gestión y de organización social del trabajo, fenómeno que no puede ser disociado de los flujos migratorios, de sus temporalidades y de los modelos de desarrollo afiliados. En todas las regiones donde se ejerce la agricultura intensiva, observamos movimientos migratorios –siempre más complejos– de circularidad, reversibilidad, itinerancia o bien, al contrario, de asentamiento –aunque temporal– y de múltiples formas de anclaje.
Este enfoque nos invita a someter a prueba la perspectiva de la labor geography propuesta por Herod (1997), particularmente en los contextos socioproductivos y migratorios de la zona de estudio. A partir de la geografía económica marxista y de la noción de spatial fix, podemos analizar la ideología espacial del capitalismo como un sistema que descansa en un método que se repite al infinito: el que consiste en resolver las crisis buscando soluciones en otros espacios (el término de fix asumiendo así el sentido de la localización en el espacio, pero también el de solución provisional).
El sector del agro global funciona bajo esta lógica: actividades de alta tecnología, depredadoras de espacios, de recursos naturales y de mano de obra. Con estas bases se refuerza igualmente el análisis del papel del trabajador –migrante, jornalero, explotado– como actor: el concepto de labor’spatial fix propone que es igualmente el trabajo (y no solo el capital) el que dibuja, a través de sus acciones, la geografía del capitalismo y la organización de los territorios en las economías globalizadas (Herod, 1997; Castree, 2007; Mitchell, 2011; Zeneidi, 2013).
A partir de los años noventa en las ciencias sociales opera un giro epistemológico que ubica al actor social migrante en el centro de los análisis. Se pone a la luz el punto de vista del actor, su proyecto migratorio, sus prácticas de movilidad, sus modos de apropiación de los lugares y sus experiencias multisituadas para subrayar las capacidades de emancipación o autonomización de los sujetos migrantes. Las nociones de “circulación migratoria” (Prothero y Chapman, 1985; Dorai, et al., 1998; Faret, 2003; Baby-Collin, Cortes, Faret y Sassone, 2009) o de “territorios circulatorios” (Tarrius, 1992; Simon, 2006) permiten enfocar en el juego de los actores y su capacidad para apropiarse de diferentes espacios en los sistemas migratorios en el marco de lógicas individuales, familiares o comunitarias.
Paralelamente, esta perspectiva de la circulación migratoria ha sido criticada, o al menos cuestionada desde los acercamientos que subrayan más las movilidades coaccionadas, restringidas o forzadas, ya sea por los marcos de la familia, de las fronteras nacionales, de las políticas migratorias, de las estructuras socio-culturales o bien, de los mercados laborales (Mezzadra y Neilson, 2013; Molinero, Serrano, Moreno y Gracia, 2017; Décosse, 2011).
En el caso de estos territorios transfronterizos Costa Rica-Nicaragua, la frontera–nacional, pero también la económica, cultural o social– se erige como un fuerte límite, un obstáculo y un espacio de violencia para los migrantes que buscan atravesarla. Paralelamente, es sugerente considerarla como un espacio que produce subjetividades, que tiene un fuerte potencial de conflictualidad, y que se inscribe en la construcción de relaciones sociales asimétricas: en el proceso de la producción del espacio, es fundamental todo el panel de reacción de los actores, sus estrategias destinadas a organizar la reproducción familiar, a apropiarse de las oportunidades económicas, sociales y espaciales, o bien, encontrar vías de escape frente al mercado laboral cautivo.
Para entender las inscripciones espaciales que se expresan alrededor del sector agrícola y de los enclaves de la producción globalizada, tomamos en cuenta la dispersión y la discontinuidad, sin dejar de lado la importancia de la estructuración y la organización relacional de los territorios de la movilidad, con el fin de alimentar las reflexiones sobre los espacios “multisituados” (Cortes y Pesche, 2013) que se han basado en casos de estudio tanto mediterráneos, como sur o centroamericanos. Los trabajadores agrícolas construyen territorialidades entre distintos espacios de vida y de trabajo, mientras que sus desplazamientos están regidos por el carácter temporal de su labor y por las condiciones de explotación propias del sector de la agricultura de exportación.
Si bien una parte de la mano de obra administra tanto la economía familiar rural, como la producción de subsistencia en el lugar de origen en un sistema de ida y vuelta entre el lugar de origen y las grandes explotaciones agrícolas de manera circular y más o menos regular (Michel, Prunier, y Faret, 2011; Prunier, 2016a, 2013), otra categoría de trabajadores se encuentra en situaciones de movimiento permanente. Estos jornaleros, particularmente flexibles, dibujan sus trayectorias de movilidad sin necesariamente incluir etapas de retorno al lugar de origen, según las ofertas de empleo de los distintos cultivos y sectores de actividad (en Centroamérica los megaproyectos en la construcción o el turismo, por ejemplo, muestran lógicas de control de la movilidad de la mano de obra y de producción de enclaves territoriales bastante similares a las del sector primario (Morales Gamboa, Kandel, Ortiz, Díaz y Acuña, 2011).
REFLEXIONES FINALES: MIGRACIÓN, FRONTERAS Y EXTRACTIVISMO: ¿QUÉ MODELO DE DESARROLLO SE PROMUEVE?
La región fronteriza que comprende la zona norte de Costa Rica está marcada por la expansión de los monocultivos y por los procesos de despojo, exclusión y desigualdad ambiental. La presente contribución nos permitió evidenciar que la expansión de estos monocultivos se da sin un verdadero control estatal. Además, estas actividades tienen repercusiones no solo en el ambiente, sino también en la salud de los habitantes, y en el sistema migratorio regional.
Ojeda et al. (2015) señalan que estas tensiones generan lo que las autoras denominan “paisajes del despojo cotidiano”. Concretamente, afirman que “los paisajes son proyectos políticos, es decir, procesos inconclusos y saturados de poder que se materializan en ensamblajes concretos de naturaleza y sociedad [y] constituyen la evidencia sedimentada de procesos históricos de desigualdad, muerte y sufrimiento que se acumulan en el espacio” (Ojeda et al., 2015, p. 109). Si bien este proceso no es reciente y data de la misma conformación del Estado costarricense, podemos identificar tres fenómenos que han intensificado estos procesos con la expansión del monocultivo de piña:
El acaparamiento de la tierra, la pérdida de la cultura campesina y de la agricultura indígena
En Centroamérica las actividades extractivas como la agroindustria de exportación provocan tensiones entre quienes buscan acumular y quienes son despojados, es decir, entre las empresas agroindustriales y las comunidades de tradición campesina o indígena. Los monocultivos, bajo su lógica extensiva y expansiva, generan presiones sobre los territorios, despojando a las comunidades de la tierra, el agua y el bosque. Estos procesos de despojo producen conflictos socioambientales, agrarios y laborales.
Los procesos de despojo son complejos, como lo afirma Cáceres (2015); el despojo ocurre como consecuencia del proceso de acumulación por desposesión (Harvey, 2005) en un determinado territorio en el que se desarrollan relaciones de poder entre actores, alrededor del acceso a ciertos recursos. El acceso y control sobre estos recursos no ocurre de forma neutral, sino que representa un proceso de constantes tensiones, conflictos y desigualdades entre los actores. Una de las formas más visibles de despojo provocado por la expansión de los monocultivos y el acaparamiento de tierras es la separación de las familias campesinas de su tierra o de su actividad productiva de subsistencia.
La contaminación y apropiación de la naturaleza
El uso indiscriminado de agroquímicos y el mal manejo de los desechos han generado un importante impacto en los mantos acuíferos y en la salud de las personas. Según estudios realizados por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET), en el cultivo de piña se usan alrededor de 45 Kg de agroquímicos por hectárea cultivada (Ramírez, Bravo y de la Cruz, 2012). Los más comunes son el bromacil, diurón, paraquat (herbicidas) y fungicidas como el triadimefon, entre otros.
Además, este tipo de actividades está generando una importante presión en la frontera agrícola, promoviendo la deforestación y el dragado de humedales (Maglianesi-Sandoz, 2013, p. 66). La ausencia de una regulación estatal, la carencia de ordenamiento territorial, la baja o nula tributación de estas actividades productivas y la desmedida transnacionalización empresarial en el extractivismo, son elementos que favorecen este tipo de proceso.
Mediante el uso de imágenes satelitales y mediciones de terreno realizado por el Sistema de Monitoreo de Cambio de Uso en Paisajes Productivos (MOCUPP), coordinado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otras instituciones estatales, se pudo constatar que la cobertura forestal se ha disminuido considerablemente, a costa de la producción piñera. En Costa Rica, del 2000 al 2015 se perdieron 5 568.98 hectáreas de bosque por el cultivo de piña, de las cuales la mayor pérdida ha ocurrido precisamente en la zona norte del país, donde se registra la desaparición de 3 192.70 hectáreas de bosque (Araya, 2017).
Además, según investigaciones realizadas por el Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica (CICA), los campos de piña no sólo están contaminando los mantos acuíferos con Bromacil, sino que se estima que para que estos terrenos puedan volver a usarse después de la partida de estas empresas se va a requerir de más de 20 años, tiempo necesario para que se limpien de los agroquímicos y vuelvan a ser cultivables (Córdoba, 2013).
La explotación laboral y la fuerza de trabajo móvil en los territorios circulatorios
Aunque cabe subrayar que las situaciones de explotación y vulnerabilidad laboral son una realidad también para los trabajadores rurales costarricenses, la utilización temporal de la mano de obra, especialmente migrante, es clave en el sector de la agricultura intensiva. A partir de nuestra hipótesis inicial, insistimos en que el modelo de desarrollo promovido por las lógicas productivas intensivas y destinadas a la exportación en zonas fronterizas, está estrechamente relacionado con la problemática de las condiciones de vida, de trabajo y de reproducción de la fuerza de trabajo indispensable para este tipo de modelo productivo. Desde nuestra perspectiva, se impone la pregunta de los beneficios y de los impactos de tal esquema de desarrollo, a escala tanto global como local: ¿qué ocurre en los lugares de origen de la mano de obra jornalera? ¿cómo funciona la economía familiar rural en Nicaragua, en tales situaciones de dependencia y de pobreza para la comunidad jornalera migrante? (Prunier, 2016b).
Centroamérica se presenta muy a menudo como una región periférica del sistema globalizado, aunque los procesos productivos, sociales, económicos y migratorios presentes demuestran que se trata sin duda de un espacio regido por lógicas asimétricas del capitalismo global y por los mecanismos de competitividad entre los territorios (la frontera jugando en este contexto un papel de ventaja comparativa). Además, en este subcontinente la articulación entre extractivismo agrícola, la conexión con el sistema agroalimentario global y la movilidad de la fuerza de trabajo, es característica de un cierto modelo de desarrollo que cuestiona la relación global/local al mismo tiempo que promueve una forma de discurso sacrificial (Gudynas, 2013a): el que consiste en afirmar que estas comunidades se deben de “sacrificar” y deben aceptar los impactos socioambientales con el fin de asegurar la generación de empleo y el “bien común”, ya sea del país (aumento de exportaciones), o bien, de las propias familias (salarios para la sobrevivencia).
