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INTRODUCCIÓN
Las actividades relacionadas al tráfico de drogas han experimentado un crecimiento importante, el cual afecta al Estado de derecho en la región de Latinoamérica debido a su impacto considerable en la sociedad ( Centro de Investigación para el Desarrollo A. C., 2009, p. 6 ; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2007, p. 11 ; Organización de Estados Americanos, 2008, p. 12 ). En México, se entiende por tráfico de drogas a “todas aquellas actividades que están dirigidas a la comercialización de drogas estipuladas como ilegales por la Ley General de Salud en México” ( Pérez, 2012, p. 3 )3 . Esta definición también considera al tráfico de drogas como un proceso que comienza con el cultivo u obtención de las sustancias precursoras, continúa con el procesamiento y obtención del producto final, y culmina con su venta y distribución. El concepto también considera que el tráfico suele ser llevado a cabo por diversos grupos especializados en ciertas etapas de la cadena de comercialización ( Pérez, 2012 ).
Cifras proporcionadas por Ríos y Sabet muestran que, para 2008, el tráfico de drogas representaba la quinta fuente de empleos dentro del sector industrial del país, con alrededor de 468 mil personas dedicadas a alguna actividad relacionada con el narcotráfico; la mayor parte se concentraba en labores de siembra, cultivo, producción y protección ( Ríos y Sabet, 2008, p. 10,17 ).
Por otra parte, las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública también registran un aumento sistemático de delitos ligados al tráfico de drogas en México; de 2000 a 2006 se suscitaron entre 20 y 30 mil delitos, pero la cifra llegó a más de 80 mil casos a partir de 2007 ( Gobierno Federal, 2011 ). Un estudio realizado por Resa (2014) con datos de las estadísticas judiciales en materia penal en México indicó que se duplicó el número de personas condenadas por delitos relacionados con el tráfico de drogas en un período de diez años, pues en 2003 había 10 mil condenados y, para 2012, eran más de 20 mil.
Dentro de este contexto de exacerbación de las actividades de tráfico de drogas, Sonora4 es un representante notable del fenómeno, pues ha ocupado la tercera posición en el país en cuanto a delitos relacionados con el tráfico de drogas y el segundo respecto a la mayor tasa de sentenciados, ambos en un período de diez años ( Resa, 2014, p. 37 ). Por ejemplo, el municipio sonorense de Benjamín Hill, situado a 162 kilómetros de distancia al sur de la frontera con Estados Unidos, registra la mayor proporción de residentes que fueron condenados por delitos de tráfico de drogas en México (12.34 por cada 1 000 ciudadanos). A esto debe sumarse que otros seis municipios de la entidad5 ocupan los 10 primeros sitios en el ranking nacional en cuanto a la tasa de condenados por estas actividades ( Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi], 2014 ), esto se exacerbó durante 2013 y 2014, cuando Sonora fue el segundo estado del país con más delitos relacionados con el tráfico de drogas ( Procuraduría General de la República [PGR], 2015 ).
Considerando lo anterior, el presente estudio parte de un argumento que proviene de la teoría social, la cual sugiere que distintos factores del contexto social influyen en el individuo que trasgrede la ley ( Durkheim, 1982 ; Merton, 1938 ). El objetivo central es poner a prueba algunos de esos factores contextuales que se asocian teóricamente a la participación de individuos en la trasgresión de la ley, la cual consiste en actividades de tráfico de drogas en Sonora.
Se reconoce que la colaboración en actividades ilícitas es multifactorial y no se explica solamente por factores contextuales, sin embargo, esta perspectiva teórica –que analiza el efecto del contexto sobre la acción humana– fue seleccionada como un primer paso para contribuir al estudio del fenómeno de tráfico de drogas. Para respaldar el argumento anterior se ofrece evidencia sobre qué tipo de factores contextuales influyen en la decisión de participar en el tráfico de drogas, a partir de una nueva base de datos construida con la revisión y análisis de los expedientes penitenciarios de 371 presos en Sonora que purgan condenas en el Centro de Reinserción Social 1 (Cereso 1), situado en la ciudad de Hermosillo.
Este trabajo se divide en seis partes: la primera presenta los planteamientos teóricos sobre la influencia de las condiciones sociales en la conducta transgresora de la ley; la segunda revisa la literatura previa sobre el tema; la tercera desarrolla las hipótesis derivadas de los argumentos teóricos; la cuarta describe la muestra, variables y datos; la quinta presenta y discute los hallazgos; y la sexta presenta las conclusiones principales.
LA INFLUENCIA DEL CONTEXTO EN LA CONDUCTA TRASGRESORA DE LA LEY
La conducta trasgresora de los individuos que rompen las normas, donde la estructura social tiene un efecto o influencia, se encuentra vinculada al fenómeno del tráfico de drogas. Angenent y De Man (1996, p. 2) señalan que la trasgresión a la ley se concibe, primeramente, como una expresión de conducta desviada, la cual se entiende como toda acción realizada por un individuo que se aleje de las normas o estándares convencionales y considerada indeseable e inaceptable por la sociedad donde se ubica. Vasallo Barrueta (2001, p. 3) destaca que el espectro de la conducta desviada es amplio y dentro de misma se ubican las conductas delictivas, donde el individuo despliega una actitud que trasgrede los límites legales dictados por cada sociedad. Según el autor, se observa que la amplitud de la conducta desviada aplica a toda normatividad dictada socialmente, sin embargo, la conducta delictiva como el tráfico de drogas es una acción que se caracteriza específicamente por violar la normatividad legal. La teoría social ha aportado nociones explicativas sobre el tema de la conducta transgresora, en específico la trasgresión a lo legal. A continuación se desarrollan esos planteamientos teóricos.
El concepto de anomia de Durkheim
Emile Durkheim (1998, p. 8-11) buscó explicar el peso de la sociedad en la trasgresión de las normas a través del concepto de anomia. El autor sugiere que la sociedad es un conjunto de sentimientos, ideas, creencias y valores construidos gracias a la colectividad, cuyas funciones principales son integrar a los individuos que la conforman y regular las conductas de sus miembros, a partir del establecimiento de normas. De la misma manera, el autor considera que, si la sociedad cumple debidamente dichas funciones, tanto ésta como el individuo tendrán un escenario de estabilidad con los elementos necesarios para alcanzar desarrollos individual y colectivo plenos. Por el contrario, si la estructura social no puede alcanzar la integración de sus miembros ni la regulación de sus acciones, cae en una situación de anomia, condición que deviene en consecuencias muy negativas, como el surgimiento de conductas fuera de la norma ( Durkheim, 1998 ).
El sociólogo francés también argumenta que la integración y regulación social se alcanzan mediante los vínculos que sostienen los miembros de la sociedad, quienes buscan crear una “conciencia colectiva” ( Durkheim, 1982, p. 433 ) basada en la uniformidad en las creencias y costumbres de los miembros, donde la desviación es vista como una amenaza a la sociedad y la disrupción de la norma es castigada por los miembros sociales. Aunque dicho castigo funge como una forma de control de las acciones de los individuos, Durkheim señala que la sociedad moderna ha sufrido cambios profundos en el papel de los individuos, la ciencia, la religión, la tradición y, sobre todo, en el ámbito económico, elementos que se han disociado al grado de comprometer los lazos que se establecieron tradicionalmente para organizar y vincular a los miembros de la sociedad. Esta es la condición que Durkheim (1998, p. 13) nombra como anomia, la cual debilita las formas de control con las que se somete a los individuos, pues los límites de la acción individual se vuelven ambiguos y se difumina la diferencia entre lo bueno y malo o legal e ilegal, y las acciones del individuo pueden trasgredir las normas dentro de esta ambigüedad porque no tiene claro cuáles son los límites de su conducta.
Durkheim (1982) considera que el debilitamiento de los controles impuestos por la sociedad es el elemento crucial que posibilita la trasgresión de las normas; sin embargo, esta desinhibición en el individuo no se establece sólo por la toma de conciencia de dicho debilitamiento de las normas, la trasgresión también se explica por un sentimiento de frustración y malestar sobre sus propias condiciones sociales. Por ello, las desventajas sociales de algunos miembros de la colectividad representan una línea de investigación que fue retomada posteriormente por algunos lectores de Durkheim.
La anomia social y su efecto en la incursión al delito
Robert K. Merton (1995, p. 138) expande el concepto de anomia propuesto por Durkheim y lo traslada al terreno de la trasgresión de la ley. Para el autor, la cultura moderna ha provocado una desorganización de las normas sociales en donde prevalece un desfase entre los objetivos que la sociedad considera aceptables y los medios legítimos para acceder a ellos. Considera que las variables socioeconómicas juegan un papel fundamental, pues en caso de estar comprometidas, el individuo tiende a dirigir su acción hacia modos de vida poco aceptados, tales como el delito.
Además, el autor establece que la sociedad posee dos elementos socioculturales de gran importancia, asociada a los objetivos de vida; por una parte, aquellos elementos aspiracionales “por los que vale la pena esforzarse”; y, por otra, las formas admisibles y socialmente aceptables para alcanzar dichos objetivos ( Merton, 1938, p. 673 ).
Merton (1938, p. 674) advierte que todo agente social pone en juego métodos socialmente admisibles durante el proceso para alcanzar la movilidad social, tales como el empleo, competencia leal, formación escolar y apoyo de la familia e instituciones, sin embargo, son precisamente estas estructuras sociales las que ejercen presión sobre las personas durante la búsqueda de avance socioeconómico para que eviten un postura conformista, por lo tanto, quienes se encuentran bajo esas condiciones son más propensos a presentar conductas desviadas para alcanzar sus fines.
La conducta desviada es producto de un conflicto entre las aspiraciones impuestas socioculturalmente y los medios para alcanzarlas, esa disyunción provoca que, en ciertos segmentos de la sociedad, se valoren los resultados deseados y no los medios para alcanzar el éxito que exige la misma ( Merton, 1995, p. 216 ). Esa búsqueda de éxito, independientemente de la licitud de los medios utilizados para alcanzarlo, crea condiciones para que los procesos ilegítimos se conviertan en formas de obtención de recursos, de esa manera, la conducta desviada sustituye a los medios legítimos para cumplir metas.
Frente a la presión de la sociedad para tener éxito, además de los diversos obstáculos que enfrentan los individuos para obtenerlo, Merton (1995) considera que las expresiones desviadas que tienden a trasgredir las leyes son producto de un proceso de marginación social, en donde las instituciones públicas y sociales han abandonado a los grupos más vulnerables, hecho que se compagina con la incapacidad del individuo trasgresor para alcanzar las metas que exigen la sociedad y sus instituciones. El conjunto de condiciones de marginación y adversidad por las que atraviesa una persona son reflejo de una situación de anomia social, en donde el delito constituye una alternativa para obtener el éxito demandado por la sociedad que no consiguió de manera legítima. En ese sentido, la participación en el tráfico de drogas puede entenderse como el resultado de que al sujeto le resulte imposible obtener los recursos exigidos por su contexto social, esta dificultad se asocia con un deterioro de las condiciones sociales en donde se desenvuelve y, por lo tanto, el tráfico de drogas representa un medio para superar su situación precaria. Factores como la falta de accesibilidad a un nivel educativo avanzado, la falta de opciones laborales suficientemente remuneradas, problemas en las relaciones familiares e inestabilidad residencial, entre otros, forman parte del contexto y son incentivos para que acciones como el delito sean consideradas un medio para superar la anomia social.
La teoría del control social del delito
La teoría de Travis Hirschi es una postura que permite explicar la delincuencia, así como la función de la sociedad en la conducta trasgresora. Hirschi (2003, p. 11) coincide con lo argumentado por Durkheim y Merton en virtud de que, en la expresión de la conducta delictiva, existe un rompimiento entre el individuo ejecutor y la sociedad en donde se desenvuelve. El concepto de anomia de Merton encuentra eco en lo que propone Hirschi gracias a que la violación de las normas sociales implica un modo de actuar opuesto a los deseos y expectativas que la sociedad espera de sus miembros. Si un individuo se considera excluido de estas expectativas sociales, tampoco se someterá a sus normas, lo que le motivará a desviarse de las mismas.
Hirschi explica la acción de aquellos elementos sociales que inhiben la trasgresión de la ley, pero no los factores que participan para que se presente la misma. Cualquier miembro de la sociedad puede tener la libertad o tentación de delinquir, el autor incluso considera que la trasgresión de las leyes es normal, propio de todas las culturas y sociedades. Sin embargo, así como existe la libertad para romper con las normas legales, también hay elementos sociales que buscan imponerse para evitar que el individuo recurra a delinquir. En ese sentido, Hirschi le da un giro a la perspectiva de abordaje en la trasgresión de la ley, pues centra su análisis sobre los elementos que inhiben el delito, más que sobre los factores que lo facilitan.
Entre los elementos sociales que, según Hirschi, se encargan de inhibir la conducta delictiva, destacan las relaciones sociales; cuando los vínculos entre los individuos son fuertes, se fomenta en ellos una mayor conformidad con los elementos que provee el sistema social y la posibilidad de agredir mediante el delito disminuye. Por otra parte, la estructura de oportunidades implica que aquellos miembros de la sociedad que pueden satisfacer sus necesidades con medios legítimos serán quienes tengan mayores ventajas; en cuanto a la implicación, Hirschi considera que aquellas personas que estén fuertemente involucradas en actividades legales se inhiben para transgredir las normas. Por último, las creencias de las normas sociales juegan un papel fundamental para inhibir la delincuencia, pues aquel individuo que se adhiera y genere respeto hacia los sistemas de valores morales de la estructura social disminuirá su posibilidad de tomar al acto delictivo como curso de acción. Al definir los elementos sociales que controlan la delincuencia, Hirschi sugiere que el alejamiento del sujeto de las estructuras convencionales se traduce en la inconformidad con su sistema social y el desarrollo de un sentimiento de frustración. En este estado, se dificulta la inhibición de cualquier conducta delictiva.
En resumen, mientras que Durkheim y Merton consideran que la trasgresión de la ley deviene de la imposibilidad de la estructura social para proveerle al individuo las condiciones precisas para satisfacer sus necesidades, la teoría de Hirschi sobre el control social de la delincuencia sugiere que, en tanto el individuo se mantenga alejado de las estructuras y los modos de acción convencionales, se dificulta la inhibición de la conducta delictiva y se posibilita la trasgresión dela ley. La noción de control social del delito descrita por el autor aporta la idea de que, cuando lasinteracciones del individuo se mantienen alejadas de estructuras sociales como la familia, losmedios laborales o la escuela, aumenta la probablidad de trasgresión, pues estas son institucionesdirigidas a controlar el comportamiento del individuo. En ese sentido, las preguntas centrales deeste trabajo son: ¿Qué factores del deterioro social se asocian con la participación en actividadesde tráfico de drogas? y ¿qué componentes de la trayectoria de vida de los individuos se asocian ala participación en actividades de tráfico de drogas?
TRABAJOS PREVIOS SOBRE PARTICIPACIÓN EN EL TRÁFICO DE DROGAS
Los trabajos sobre la conducta transgresora muestran una relación importante entre los aspectos contextuales y las conductas delictivas en donde se enmarcan los delitos de drogas. Valenzuela y Larroulet (2010) abordan el fenómeno desde la psicología y destacan la fuerte relación entre el consumo de drogas y la comisión de delitos. Salazar, Torres, Reynaldos, Figueroa y Valencia (2009) exploran las condiciones familiares y económicas del sujeto e identifican algunas condiciones de vida de adolescentes acusados de cometer delitos contra la salud y robo; en su trabajo, encontraron que la mayoría de la muestra de su estudio vive con ambos padres y uno de cada tres jóvenes tuvo experiencia laboral, por lo que discuten la hipótesis del deterioro familiar y económico como precursor del delito. Por otra parte, Reyes Santos (2012) concluye que la falta de interés por los estudios implica un alejamiento cada vez más prematuro de las aulas, lo cual aumenta la probabilidad de intercambiarlos por las actividades delictivas.
El contexto socioeconómico ha sido valorado como un factor con un efecto crucial en la inserción de los individuos en actividades delictivas, en ese sentido, Coubès y Silva (2012) destacan el deterioro de las condiciones de trabajo de los individuos y, por otro lado, Boville Luca de Tena (2000) desarrolla la idea de que el tráfico de drogas está ligado a contextos económicos de pobreza extrema; por ello, la actividad representa una opción importante para subsanar las necesidades económicas de las comunidades.
Por otra parte, el núcleo familiar es un factor clave en la decisión de un individuo de optar o no por el delito como modo de acción. Bajo esa idea, López Estrada (2012) confirma la hipótesis de que las relaciones anómalas, de distanciamiento o abandono entre padre e hijos derivan en una mayor exposición a conductas violentas y contribuyen a que los jóvenes respondan por medio de acciones delictivas. En cuanto a las conjeturas sobre el efecto del escenario habitacional en dichas acciones, existen trabajos como los de López Estrada (2012) y González Ramírez (2012) , en donde sugieren que la alta demanda de espacio y servicios públicos son escenarios de descontento social, expresado en forma de conflictos y violencia entre los habitantes. Además, hay espacios en donde las actividades legales son precursoras de las ilegales (casinos, bares, salones de baile, prostitución, etc.), es decir, prevalecen zonas habitacionales que incentivan actividades asociadas a la delincuencia.
También existen esfuerzos investigativos por aislar y estudiar el efecto que tienen diversos elementos mediáticos sobre la posibilidad de considerar al tráfico de drogas como opción de vida. Por un lado, se estudia la evolución del tráfico de drogas como fenómeno sociocultural, donde el traficante es reconocido y aceptado como una entidad objetiva, altamente difundida en la sociedad y considerada como una ocupación laboral formal en algunos sectores ( Ovalle, 2010, p. 93 ). Así mismo, Campbell (2007, p. 51) expone que, debido a la difusión de la economía de las drogas, el intercambio cultural en la frontera entre México y Estados Unidos, y el estigma que existe sobre el traficante de sustancias ilegales, esa figura ha pasado a formar parte de la vida cotidiana gradualmente. La presencia del tráfico de drogas ha logrado reflejarse en el estilo de vida de las personas, su ropa, joyería, carros de lujo e, incluso, el diseño de sus hogares. El mismo autor señala que también debe tomarse en cuenta que el fenómeno está ligado a la percepción de la gente en situación de pobreza, en donde el tráfico de drogas representa una forma de sobreponerse a las carencias.
Arredondo (2012) estudia los orígenes de las personas relacionadas con estas actividades y destaca que las limitaciones del contexto pueden influir en las aspiraciones de un individuo. Santamaría (2012, p. 7) , por otra parte, considera las diferencias de género y señala que, en el caso de las mujeres, el motivo de ingreso al tráfico de drogas no es simplemente un anhelo de poder, sino su condición social crítica como madres solteras que laboran en el sector de servicios. El autor agrega que estas mujeres nacieron dentro de una red familiar o de amistades relacionadas con el narcotráfico y vislumbran en el mismo una oportunidad para salir de su condición social limitada.
Hipótesis
Para formular las hipótesis sobre factores contextuales y participación en el tráfico de drogas, se tomaron en cuenta las perspectivas argumentativas descritas en el primer apartado, retomando la idea de que el deterioro de las condiciones sociales y el debilitamiento en las formas de control del delito provocan que los individuos rompan las reglas a las que estaban sometidos tradicionalmente –anomia–, inclinándose hacia modos de vida que transgreden las normas y participando en actividades de tráfico de drogas.
Se proponen dos hipótesis:
H1: |
Cuando el deterioro social se evidencia a través de un contexto en donde el individuo no encuentra condiciones para integrarse y vincularse socialmenteen la estructura social, se incrementa la probabilidad de participar en actividades de tráfico de drogas. |
H2: |
Cuando existe poco control social del delito, reflejado en la trayectoria de vida de un individuo que se aleja de las normas sociales y forma parte de un contexto facilitador de criminalidad,se incrementa la probabilidad de participar en actividades de tráfico de drogas. |
METODOLOGÍA, MUESTRA Y VARIABLES
La fuente de información son 371 expedientes de individuos internos en el Cereso 1 de Hermosillo, Sonora, a través de los cuales se construyó una nueva base de datos. La variable dependiente para todos los modelos fue la participación en el tráfico de drogas. Sin embargo, se utilizaron submuestras en los modelos en donde se prueba la primera hipótesis de acuerdo a cuatro variables de selección que contextualizan situaciones de agravamiento social: condición de pobreza, rezago educativo, habitar una zona urbana y criminalidad en el lugar de residencia. Los tamaños de la muestras se incluyen en cada modelo.
Para probar la relación de las variables independientes con la participación en el tráfico de drogas, se utilizaron modelos logísticos con el método tipo backward, a través del paquete estadístico SPSS, en su versión 18. Dicho método es de eliminación progresiva; se excluyen variables secuencialmente y se parte de un modelo saturado –con el total– de las variables que se consideran participantes en la explicación de la dependiente y se eliminan progresivamente las predictoras menos significantes al modelo, en búsqueda de un mejor ajuste ( Jovell, 1995, p. 65 ). Las características de la muestra total se resumen en el cuadro 1.
Cuadro 1. Características de la muestra total (N=371)
| Descriptor | Porcentaje de la población analizada |
|---|---|
| Sexo | Hombres: 89.9; mujeres: 10.1 |
| Edad | Entre 20 y 35 años de edad: 50.6 |
| Tipo de delito contra la salud | Posesión simple: 28.8; trasporte: 21.6; narcomenudeo: 19.1; posesión con fines de comercio: 17.5; comercio: 1.1; fomento: 1.1; suministro: 0.8; producción/preparación: 0.8 |
| Sustancia manejada en el delito | Metanfetamina: 43.1; marihuana: 42.3; heroína: 4.9; cocaína: 2.7; medicamentos/psicotrópicos: 4; no aplica: 2.2; sin dato: 0.5 |
| Años de sentencia | 1 año o menor: 40.2; 1 a 3 años: 5.1; 3 a 5 años: 17.3; 5 a 7 años: 3.5; 8 a 10 años: 32.6; 10 años o más: 1.3 |
| Nacimiento | Sonora: 71.7; otros estados: 28.3 |
| Residencia | Sonora: 81.7; otros estados: 18.3 |
| Nivel escolar | No escolarizado: 3; primaria trunca: 9.2; primaria completa: 15.9; secundaria trunca: 12.9; secundaria completa: 39.9; preparatoria trunca: 8.4; preparatoria completa: 7.5; nivel superior: 3.2 |
| Ocupación | Construcción: 29.4; jornalero: 22.4; trasportistas: 7.3; mecánicos: 7; desempleado: 7; comercio: 6.5; empleado general: 5.7; agropecuario: 3.2; operador industrial: 3; ama de casa: 2.4; sector servicios: 2.2; domésticos: 1.6; ambulantes: 0.5; funcionarios públicos: 0.5; técnicos: 0.5; trabajadores de la educación: 0.3; profesionistas: 0.3 |
| Sueldo mensual | 5 000 pesos o menos: 20.8; de 5 001 a 10 000 pesos: 8.1; de 10 001 a 15 000 pesos: 2.7; 15,001 pesos o más: 1.3; sueldo no fijo: 28; sin dato: 29.4 |
| Tipo de zona | Urbana: 76.5; semiurbana: 7.5; rural: 15.6; sin dato: 0.3 |
| Criminalidad en la zona | Sí: 33.2; no: 46.6; sin dato: 20.2 |
| Familia funcional | Sí: 96.3; no: 3.7 |
| Familia integrada | Sí: 50.9; no: 49.1 |
| Antecedentes de consumo de drogas | Sí: 64.7; no: 29.1; sin dato: 6.2 |
| Antecedentes penales | Sí: 56.9; no: 43.1 |
Fuente: Elaboración propia.
Los cuadros 2 y 3 muestran el conjunto de variables utilizadas en el estudio. Se proponen definiciones de cada una de ellas a partir de fuentes específicas,entre las que se incluye el Código Penal Federal, dependencias de gobierno relacionadas con el sistema penitenciario ydiversos estudios académicos.
Cuadro 2. Definición de la variable dependiente utilizada en el estudio
| Variable dependiente | Definición |
|---|---|
| Participación en actividades de tráfico de drogas | Se trata de aquella persona que, produce, transporta, trafica, comercia, suministra aun gratuitamente o prescribe alguna droga ilegal sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud. Aquella persona que introduce o extrae del país alguno de los narcóticos comprendidos en la Ley General de Salud, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito y también aquella persona que aporta recursos económicos o de cualquier especie, o colabora de cualquier manera al financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos contra la salud ya mencionados. |
Fuente: Código Penal Federal de los Estados Unidos Mexicanos (2009).
Cuadro 3. Definición de las variables independientes utilizadas en el estudio
| Variable independiente | Definición |
|---|---|
| Residencia en Sonora1 | Aquellas personas que, al momento del ingreso a actividades de tráfico, tenían residiendo en el estado un período igual o mayor a 12 meses. |
| Familia no funcional1 | Aquellos casos en cuya familia de origen los roles de padres e hijos no están bien definidos, la organización jerárquica no es clara, no hay compartimiento de la autoridad de padre y madre; los límites de comportamiento son difusos, no se cumplen ni se defienden; la comunicación no es clara ni directa; el control de la conducta es inflexible; no hay participación en favor de la resolución de conflictos internos. |
| Familia desintegrada1 | Aquellos casos en cuya familia de origen existe la ausencia permanente de alguno de sus miembros, ya sea por muerte, abandono del hogar o distanciamiento absoluto del núcleo familiar. |
| Violencia intrafamiliar1 | Aquellos casos en cuya familia de origen fueron detectados eventos de violencia física; violencia verbal (gritos, ofensas, humillaciones), o negligente (omisiones, descuidos, abandonos). |
| Familia secundaria | Aquellos casos en los que la persona ha formado una familia por su cuenta. |
| Zona urbana2 | Espacio físico construido con diversas edificaciones (vivienda, fábricas, edificios, bodegas) e infraestructura de servicios (drenaje, tuberías de agua, tendidos eléctricos) habitado por poblaciones mayores a 2 500 personas. |
| Criminalidad en la zona de residencia1 | Aquellos casos en cuyo barrio, colonia o localidad hubo presencia de pandillas, prostíbulos, cantinas o se percibe venta de armas o drogas. |
| Rezago educativo3 | Condición de atraso en la que se encuentran las personas que no han alcanzado el nivel educativo que se considera básico, es decir, los estudios de nivel secundaria en México |
| Empleo informal4 | Incluye a los trabajadores por su cuenta, en empresas informales, trabajadores casuales sin empleo fijo, trabajadores domésticos remunerados, trabajadores de tiempo parcial, no registrados y empleadores de empresas informales. |
| Condición pobreza extrema5 | Aquellos individuos en cuyo hogar de origen había ingresos mensuales iguales o menores a 3 355 pesos. |
| Antecedentes penales1 | Aquellas personas que tenían un registro de proceso, sentencia dictada o encarcelamiento por algún delito previo al momento de ser recluidos por delitos contra la salud. |
| Antecedentes de consumo de drogas | Aquellos casos que muestran algún antecedente de uso de cualquier droga ilegal. |
| Edad de riesgo6 | Aquellas personas que tenían entre 20 y 30 años de edad al momento de ser recluidos por delitos contra la salud. |
Fuente:
1Dirección de Trabajo Social del Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Sonora (s. f.),
2Instituto Nacional de Geografía y Estadística (s.f.),
3Narro, Martuscelli y Bárzana (2012),
4Cardero, Espinoza y Straffon (2011),
5 Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (2014)
FACTORES ASOCIADOS A LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE TRÁFICO DE DROGAS
En esta sección de resultados se expone el análisis multivariado para cada una de las hipótesis planteadas. El cuadro 4 muestra los modelos y variables de acuerdo a la primera hipótesis, que refiere la relación entre deterioro social y participación en actividades de tráfico de drogas. En cada modelo se anotaron todas las variables independientes propuestas en el estudio, sin embargo, solamente se resaltan aquellas asociadas con la participación en el tráfico de drogas, utilizando el método backward.
Cuadro 4. H1, deterioro social y participación en tráfico de drogas
| Dependiente:TrafDrog (participación en tráfico de drogas) | ||||
| 1= Participación, 0= No participación | ||||
| Variables independientes | Mod 1 | Mod 2 | Mod 3 | Mod 4 |
| (CondPobr) | (RezagoEdu) | (ZonUrb) | (CrimZona) | |
| B (ExpB) | B (ExpB) | B (ExpB) | B (ExpB) | |
| Constante | -1.15 | -1.12 | -1.24 | -0.785 |
| (0.314) ** | (0.324) ** | (0.287) ** | (0.456) * | |
| ResSon (residir en Sonora) | N/A | 1.07 | 1.91 | 2.01 |
| (2.94)* | (6.78)** | (7.47)* | ||
| FamNoFun (familia no funcional) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FamDesi (familia desintegrada) | 0.947 | N/A | N/A | N/A |
| (2.57)* | ||||
| ViolFam (violencia intrafamilia) | 2.42 | N/A | N/A | N/A |
| (11.28)** | ||||
| FamSec (familia secundaria) | N/A | 0.993 | N/A | N/A |
| (2.69)** | ||||
| ZonUrb (habitar en zona urbana) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CrimZona (criminalidad en zona) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RezagoEdu (rezago educativo) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| InfEmpleo (empleo informal) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CondPobr (condición pobreza) | N/A | N/A | 1.08 | 1.58 |
| (2.95)** | (4.88)* | |||
| AntePenal (antecedente penal) | N/A | N/A | 1.66 | N/A |
| (5.27)** | ||||
| ConsuDrog (consumo drogas) | 2.58 | 1.34 | 1.63 | 2.22 |
| (13.22)** | (3.83)** | (5.14)** | (9.22)* | |
| EdadRiesgo (21 a 30 años) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N | 74 | 184 | 124 | 48 |
| R2 Cox/Snell | 0.219 | 0.178 | 0.33 | 0.254 |
| R2 Nagelkerke | 0.368 | 0.238 | 0.44 | 0.339 |
Fuente: Elaboración propia.
*Significativo a 0.05.
**Significativo a 0.01.
El modelo 1 ilustra la relación de las variables dependientes sobre la participación en actividades de tráfico de drogas y se utiliza como variable de selección la condición de pobreza, considerada elemento de deterioro social. Los hallazgos muestran una fuerte asociación en tres de las variables independientes puestas a prueba, la primera indica que la desintegración familiar se asocia con la participación en actividades de tráfico de drogas cuando hay condiciones de pobreza. El esclarecimiento de esta relación señala que las múltiples trasformaciones y conflictos en la estructura familiar tienen un efecto significativo sobre llevar a cabo modos de acción trasgresores de la ley; la desintegración familiar provoca reconfiguraciones dentro del núcleo, muchas veces acompañadas de condiciones que influyen para optar por el delito como forma de vida ( López Estrada, 2012 ).
La segunda variable que muestra una fuerte asociación con las actividades de tráfico de drogas, en un contexto de pobreza, es la violencia intrafamiliar. Esta asociación puede discutirse ampliamente debido a que el mecanismo que explica esta relación no es claro, sin embargo, la literatura refiere que la violencia intrafamiliar origina una serie de daños en la personalidad de los individuos, concretamente cuando se trata de “maltrato infantil”, como señalan Giddens y Sutton (2013) : “los estudios sobre prostitutas, delincuentes juveniles, adolescentes huidos de sus hogares y drogadictos demuestran que una elevada proporción de ellos tiene detrás una historia de abusos en la infancia” (p. 217). López Estrada (2012) sugiere que los núcleos familiares compuestos por miembros no familiares aumentan la probabilidad de fricción en las relaciones de los mismos; situación que, en condiciones de presión económica dictadas por la pobreza de esta porción de la muestra, exacerban tensiones interpersonales, mismas que derivan en episodios de violencia intrafamiliar.
Por otra parte, también se descubrió una relación estrecha entre consumo de drogas y participación en actividades relacionadas a su tráfico cuando existen condiciones de pobreza. Incluso, esta variable es positiva y significativa en cada uno de los cuatro modelos en donde se pone a prueba la hipótesis en cuestión. Según el Instituto Nacional sobre Abusos de Drogas (NIDA, por sus siglas en inglés, 2008, p. 1) , la adicción o el consumo de drogas frecuente afecta directamente al cerebro y la conducta. Grossman y Murphy (1991) sugieren que el consumo de drogas crea una necesidad por la sustancia en el sujeto, así como apremio económico por su obtención. Esta condición motiva al individuo a unirse a las actividades relacionadas al tráfico de drogas, pues considera que sirve como un medio para abastecerse individualmente y garantizar su consumo.
En el modelo 2, la variable de selección utilizada se refiere al rezago educativo de los individuos como condición de deterioro social. Tres variables independientes tienen una fuerte asociación con la participación en actividades de tráfico de drogas en estas condiciones, la primera es residencia en Sonora, que se convierte en un dato importante de este estudio debido a que vivir en el estado y contar con rezago educativo se relacionan de manera estrecha con la participación en actividades de tráfico de drogas. Este hallazgo contradice algunas posiciones del gobierno sonorense, especialmente durante el sexenio 2009-2015, cuando señalaba a “Sonora como el estado fronterizo más seguro de México” ( SDP noticias, 2013 ; Uniradio informa, 2011 ; Uno TV, 2014 ). Además, el rezago educativo ha sido un tema público que pocas veces se pone a discusión en la entidad.
El resultado de este modelo coincide con los datos mostrados por Resa (2014) , en donde ilustra que la entidad representa uno de los escenarios de mayor reproducción de la actividad de tráfico de drogas en el país, ubicándose entre los tres estados con más delitos en los últimos 15 años, además, seis de sus municipios se encuentran en los primeros diez lugares con mayor densidad de condenados por delitos asociados al tráfico de drogas a nivel nacional. La asociación de la variable residencia en Sonora con la participación en actividades de tráfico de drogas también se explica por el contexto facilitador de la franja fronteriza del norte de México, entre los que se incluyen complejos flujos migratorios ( González, 2012, p. 112 ), la lucha por los puestos de trabajo ( Coubès y Silva, 2012, p. 294 ), la demanda habitacional, los diseños urbanos conflictivos ( Zavala Mora, 2012, p. 81 ) y una mayor difusión de los componentes culturales que acompañan al narcotráfico ( Astorga, 1995, p. 37 ; Campbell, 2007, p. 48 ; Sánchez, 2009, p. 79 ).
Por otra parte, el modelo 2 también muestra la relación entre la variable familia secundaria y la participación en actividades de tráfico de drogas en un escenario en donde la persona tiene rezago educativo. Aunque el mecanismo que explica esta relación es controversial, González (2012) señala que el individuo aumenta su vulnerabilidad y se precipita en la búsqueda de recursos ante su rol de proveedor familiar, esta condición, sumada a la desventaja de la falta de nivel educativo suficiente para encontrar un empleo mejor remunerado, se mezcla con un escenario donde la obtención de recursos básicos es cada vez más difícil, y es así como los medios transgresores surgen como una forma para alcanzar la provisión para la familia.
En el modelo 3, que toma como variable de selección el habitar en zona urbana, muestra la relación positiva y significativa en cuatro variables independientes, las nombradas residencia en Sonora y consumo de drogas ya han sido analizadas en los modelos anteriores y, de nuevo, en este modelo se descubrió asociación entre ellas. Las otras dos variables independientes que muestran una relación positiva y significativa con la participación en actividades de tráfico de drogas, cuando se habita en una zona urbana, son contar con antecedentes penales y vivir en situación de pobreza. En ese sentido, el hallazgo muestra que un segmento de individuos que participan en actividades de tráfico de drogas viven en zonas urbanas, pero en situaciones precarias y con trayectorias de vida caracterizadas por haber ingresado a centros de readaptación social.
En este caso, la explicación de la asociación entre participación en actividades de tráfico de drogas y antecedentes penales cuando se habita una zona urbana encuentra sustento en Foucault (1992) , con la hipótesis que advierte que la prisión ha estado ligada a un proyecto de transformación de los individuos: “Se tiene la costumbre de creer que la prisión era una especie de depósito de criminales, depósito cuyos inconvenientes se habrían manifestado con el uso de tal forma que se diría era necesario reformar las prisiones, hacer de ellas un instrumento de transformación de los individuos. Esto no es cierto […] el fracaso ha sido inmediato” ( Foucault , 1992, pp. 97- 98 ).
Otros trabajos que abordan el sistema penitenciario mexicano ( Azaola y Bergman, 2003, p. 20 ; Bringas y Roldán, 1998, p. 17 ; México Evalúa, 2013, p. 49 ) destacan la posición de deterioro social a la que se expone el exconvicto que vuelve a la libertad y compromete su trayectoria de vida. El primer reto del individuo reinserto es reestablecer las relaciones sociales significativas previas al ingreso a prisión, en las cuales está obligado a superar el detrimento económico que supuso su reclusión. También se reconoce que el estigma moral que acompaña al antecedente penal supone una dificultad para la reinserción laboral, la cual agrava el deterioro social del sujeto. Estas condiciones influyen en la búsqueda de medidas emergentes de obtención de recursos y el narcotráfico emerge como el camino a seguir en la mayoría de los casos.
Por otra parte, el tema de la residencia en zona urbana puede resultar un incentivo para la criminalidad que, lejos de suponer un factor que posibilite el acceso a mayores condiciones de calidad de vida –como sucede en las comunidades rurales–, el contexto urbano implica un deterioro que aumenta la probabilidad de participación en actividades de narcotráfico. Zavala Mora (2012) y Moreno (2017) señalan que existe una prevalencia alta de conflictos sociales que derivan en delitos en las comunidades urbanas debido a la gran demanda de recursos y servicios, así como los diseños conflictivos de su trazado y con ello se incentiva la marginación y prevalece monitoreo escaso por parte de las autoridades.
La relación entre la variable situación de pobreza y la participación en actividades de tráfico de drogas se presenta cuando existen condiciones económicas deterioradas y poca capacidad para sufragar necesidades básicas. En este caso, las actividades de narcotráfico representan una atención importante a las carencias económicas que tienen los individuos ( Boville Luca de Tena, 2000, p. 110 ; Campbell, 2007, p. 51 ). Boville Luca de Tena (2000, p. 133) señala que el tráfico de drogas se convierte en una opción viable porque está inmerso en un sistema económico donde los recursos legales cohabitan con los ilegales y éstos pueden estar dirigidos a la realización de actividades legales, que más tarde se confirman como acciones de lavado de dinero.
Por último, el modelo considera como variable de selección vivir en zona con alta criminalidad y también como parte del contexto de deterioro social. Se descubrió una relación positiva y significativa entre participación en actividades de tráfico de drogas y las variables residencia en Sonora, vivir en condición de pobreza y consumo de drogas; se trata de las mismas variables que presentaron asociaciones altas y significativas en los modelos anteriores. Aunque el mecanismo por el que se configura esta relación es complejo, Arteaga y Fuentes (2009, p. 175) explican que la formación de enclaves que probabilizan el delito es el resultado de una serie de acciones que tomó el Estado mexicano para proteger a la población. Según los autores, dichas acciones están más ligadas a una crisis de la seguridad pública como derecho social y a un deterioro en su capacidad por proveer certidumbre en el control de la delincuencia. En este proceso, el Estado ha cedido a la industria de la seguridad privada el monitoreo de porciones importantes de los centros urbanos, a la vez que está más imposibilitado para acceder a las zonas más marginadas, exacerbando el conflicto y creando un comportamiento delictivo diferencial entre distintas zonas de las urbanizaciones.
Por otra parte, el cuadro 5 presenta los resultados del modelo estimado para verificar la segunda hipótesis del trabajo, la cual señala que el control social del delito escaso se refleja en la trayectoria de vida de un individuo e influye en la participación en actividades de tráfico de drogas.
Cuadro 5. H2: Control social del delito escaso (trayectoria de vida) y participación en el tráfico de drogas
| Variable dependiente: TrafDrog (participación en tráfico de drogas) | |||
| 1= Participación, 0= No participación | |||
| Modelo 5 | |||
| Variables independientes | B | Exp (B) | |
| Constante | -1.39 | 0.249** | |
| ResSon (residencia en Sonora) | 1.37 | 3.95** | |
| AntePenal (antecedentes penales) | 1.37 | 3.96** | |
| ConsuDrog (consumo de drogas) | 1.03 | 2.82** | |
| EdadRiesgo (entre 21 y 30 años) | 0.607 | 1.83* | |
| Núm. de observaciones | 210 | ||
| R2 Cox/Snell | 0.275 | ||
| R2 Nagelkerke | 0.368 | ||
Fuente: Elaboración propia.
*Significativo a 0.05.
**Significativo a 0.01.
Se utilizó el mismo modelo logístico y se pusieron a prueba las variables independientes con el método backward. Como no se considera ninguna variable de selección, la asociación entre las variables dependientes y la participación en actividades de tráfico de drogas es estimada.
El primer resultado indica, de nueva cuenta, que residir en Sonora forma parte de un contexto que brinda oportunidades para participar en el tráfico de drogas. Tomando en cuenta los argumentos que se anotaron en el análisis del modelo anterior respecto a la variable residir en Sonora, existen otro tipo de problemas y retos que constituyen en factores de riesgo, los cuales, incluso, han sido visualizados por las autoridades a través de las políticas públicas implementadas, tales como la Cruzada por la seguridad (2009-2015) y, actualmente, el programa Escudo ciudadano (2015-2021). En estas políticas se advierte un alejamiento del individuo de las normas sociales que conlleva a un bajo control social del delito.
Lo anterior se relaciona a las siguientes dos variables, que también presentan una asociación estrecha con la participación en actividades de narcotráfico: antecedentes penales y consumo de drogas. Como ya se ha señalado, el escaso control social del delito se relaciona con la trayectoria de vida del individuo y provoca antecedentes negativos en la misma. Con la asociación de estas variables, la dimensión implicaciones, expuesta por Hirschi, cobra sentido gracias a que los antecedentes penales y consumo de droga retratan la ausencia de actividades lícitas, tales como el deporte, estudio o trabajo, por lo tanto, las acciones de los individuos derivan en actividades ilícitas que quedan registradas en su trayectoria de vida.
Alguna literatura señala ( Becker, 1968 ; Cardona, 2004 ) que existe un proceso estratégico previo al ingreso a la actividad ilegal, donde el individuo calcula la factibilidad de este modo de vida sobre otros legales; además, existe un conjunto de opiniones que considera al tráfico de drogas una opción redituable, por encima de otras dentro del marco legal ( Ovalle, 2010 ). Lo anterior se relaciona con la idea de que se observa un conocimiento sobre las condiciones de negligencia en la impartición de justicia en la trayectoria de los sujetos, desvalorando, en la mayoría de los casos, las implicaciones de llevar a cabo actividades ilícitas como el tráfico de drogas ( Astorga, 2015 ; Barrón Cruz, 2015 ; Valdés, 2013 ).
Por último, una nueva variable asociada con la participación en actividades de tráfico de drogas se refiere a la edad de riesgo. Para este estudio, se propuso el rango etario de 21 a 30 años, según el análisis de los expedientes de presos. Este hallazgo concuerda con los datos aportados por Resa (2014, p. 4) , quien encontró que, del total de condenados por delitos de drogas en México entre 2003 y 2012 (n = 144 787), 45 por ciento (n = 65,007) tenía entre 18 y 30 años, por lo que este grupo se encuentra en situación de riesgo. Por su parte, Giddens y Sutton (2013) señalan que la juventud está conformada por aquellas personas entre 18 y 30 años con vidas relativamente independientes. En ese sentido, uno de los argumentos que sustentan la relación entre edad joven y participación en el tráfico de drogas proviene de “la idea extendida de que la mayoría de los delitos juveniles tienen que ver con drogas” ( Gómez Rodríguez, 2013, p. 43 ).
Los estudios sobre delincuencia juvenil no son sencillos y los que se han elaborado sobre el tema requieren ampliarse o contrastar resultados. En México, el tema es una agenda de investigación que requiere nuevos hallazgos. De esta forma, en este estudio se muestra que, efectivamente, la probabilidad de participar en actividades de tráfico de drogas se incrementa cuando el individuo se encuentra en ese rango de edad.
En resumen, la evidencia que se muestra en este modelo también va en el sentido que sugiere la hipótesis 2, en donde se señala que, ante un control social del delito escaso y reflejado en la trayectoria de vida de los individuos, se incrementa la probabilidad de participar en actividades de tráfico de drogas, tal como lo indican las asociaciones presentadas en este trabajo.
CONCLUSIONES
La participación en actividades de narcotráfico es un fenómeno que forma parte de la vida social mexicana y sus repercusiones impactan la vida de los individuos cada vez más. En el caso de Sonora, entre los múltiples problemas que sufre por ser una entidad fronteriza, se encuentra este tipo de fenómeno que, por décadas, se ha convertido en un tema vigente que continúa formando parte de los retos de las entidades del noroeste de México y, de igual manera, esos retos se extienden a todos los estados del país.
Con el fenómeno del tráfico de drogas, el Estado de derecho flaquea y las capacidades estatales se ponen a prueba debido a la expansión de las actividades que forman parte de este flagelo. Ante ese panorama y considerando que falta mucho por analizar y explorar acerca de los motivos de los individuos para llevar a cabo actividades de tráfico drogas, pese a las sanciones que señalan los Códigos Penales, este estudio presentó evidencia sobre cuáles son algunas de las variables que influyen sobre dichos motivos.
Se construyeron dos hipótesis de trabajo a partir de dos tipos de argumentos teóricos inscritos dentro de la teoría social. La primera presenta la relación entre el deterioro social y la participación en actividades de narcotráfico, la segunda se refiere a la asociación entre el control social del delito escaso y reflejado en la trayectoria de vida del individuo por medio de la participación en actividades de tráfico de drogas.
Los hallazgos surgieron de una nueva base de datos construida a partir del análisis de 371 expedientes de presos en el Centro de Readaptación Social 1, situado en Hermosillo, Sonora. La evidencia que se muestra en el análisis estadístico, pese a que solamente se refiere a factores contextuales, señala que residir en Sonora aumenta la probabilidad de participar en actividades de narcotráfico; de igual forma, los individuos que tienen entre 20 y 30 años constituyen un rango etario de alto riesgo.
Sumado a lo anterior, los antecedentes penales son un factor estrechamente asociado con la participación en actividades ligadas al tráfico de drogas. Además, los datos presentados en este análisis permiten concluir que las probabilidades de que un individuo participe en dichas actividades aumentan cuando proviene de un núcleo familiar desintegrado y con elementos de violencia intrafamiliar.
Por último, el trabajo presentó evidencia que señala que la idea de control social del delito se desvanece cuando un individuo tiene una trayectoria de vida con antecedentes penales y de consumo de droga –es decir, se encuentra alejado de normas sociales convencionales–, facilitando la trasgresión de las normas al participar en actividades de tráfico de drogas. Incluso, como se advierte al inicio de este apartado, los hallazgos muestran que la residencia en Sonora forma parte de un contexto facilitador para llevar a cabo dichas actividades y, con ello, pueden discutirse algunas de las posiciones del discurso de gobierno, el cual ha señalado a Sonora como una entidad segura y con oportunidades legales en los últimos años.
