Artículos

 

Los patronatos pro educación en el Territorio Norte de la Baja California, 1945–1952

 

Foundations for Education of the Northern Territory of Baja California, 1945–1952

 

María del Rosario Maríñez

 

DIE–Cinvestav. Dirección electrónica: r_marinez@yahoo.com

 

Fecha de recepción: 31 de octubre de 2008
Fecha de aceptación: 17 de agosto de 2009

 

Resumen

Durante el período de gobierno del presidente Manuel Avila Camacho (1940–1946) se emprendió un proyecto de federalización educativa centralizada que incorporó a los territorios federales; como respuesta a esa acción gubernamental fueron creados los patronatos pro educación en el Territorio Norte de la Baja California durante el período presidencial de Miguel Alemán Valdés (1946–1952) por parte del gobierno territorial, de la iniciativa privada y funcionarios federales educativos, para tratar de dar respuesta a la gran demanda educativa que se presentó en Baja California en la segunda mitad de la década de 1940.

Palabras clave: Territorio Norte de la Baja California, historia regional de la educación, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, patronatos pro educación.

 

Abstract

During Manuel Avila Camacho's administration (1940–1946) a central government project was undertaken to federalize education, in order to incorporate it into the Federal Territories. In response to this governmental action, the territorial government, the private sector, and federal education officials created the Education Trust of the Northern Territory of Baja California during the Miguel Alemán Valdés administration (1946–1952), in order to meet the enormous demand for education in Baja California during the second half of the 1940's.

Keywords: Northern Territory of Baja California, Regional history of education, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Education trusts.

 

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se expone, mediante crónica y descripción, una de las respuestas en el Territorio Norte de la Baja California ante los efectos de la política de federalización centralizada de la educación impuesta desde el gobierno federal a principios de 1940, y mediante la cual los recursos presupuestales de ese ramo pasaron a ser controladas por las Secretarías de Educación Pública (SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se trata de la creación de los patronatos pro educacion conformados por representantes del gobierno local, autoridades educativas y empresarios, con el propósito de obtener recursos pecuniarios entre la población para pagar salarios a maestros de escuelas primarias y comprar mobiliario escolar.

De esa manera, se aborda un tema relativo a la educación, el cual ha sido poco estudiado en la historiografía bajacaliforniana. Al respecto, existen algunos ensayos incluidos en obras colectivas sobre la historia regional, así como artículos en revistas académicas y tesis de licenciatura y posgrado, que abordan aspectos muy concretos y acotados a un período determinado, a una ciudad, a un rubro político–administrativo, a la relación con el gobierno central o a un nivel educativo (Milor, 1965; Miranda, 1983; Valle, 1985; González, 1995; Samaniego, 2002). Lo antes señalado muestra que todavía no se cuenta con trabajos e interpretaciones sobre los procesos continuos y discontinuos, los actores involucrados, los esfuerzos, mecanismos y dificultades en la ardua tarea de hacer efectiva la educación pública en el contexto del desarrollo histórico de Baja California, desde finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.

Con el presente estudio se intenta contribuir a la problematización sobre un aspecto de la educación de nivel primario relativo a su financiamiento, iluminando un escenario constituido por los esfuerzos de la población bajacaliforniana para encontrar soluciones de manera local a una medida del gobierno federal que, paradójicamente, dificultaba su propia política educativa. Esto ocurría en un contexto de interés político que llamaba a los mexicanos a la unidad nacional ante el escenario bélico internacional, y que al mismo tiempo propiciaba la llegada de miles de personas y familias a Baja California provenientes de otras partes del país para asentar aquí su residencia —construir la patria chica— o buscar trabajo del otro lado de la frontera.

En el aspecto del financiamiento a la educación se conocen algunos momentos relevantes en la primera mitad del siglo XX en Baja California, correspondientes a las administraciones del coronel Esteban Cantú (1915–1920) y del general Abelardo L. Rodríguez (1923–1929), quienes dieron prioridad a la obra educativa fomentándola y extendiendo su cobertura (Maríñez, 2005). Lo hicieron con recursos obtenidos en la economía local; y en el caso de Rodríguez, incluso, mantuvieron una relación de cierta autonomía respecto de la SEP (Samaniego, 2002) y de los primeros esfuerzos por federalizar la educación. A principios de la década de 1930, y como resultado del impacto en la frontera de la gran crisis económica de 1929 en Estados Unidos de América, los servicios educativos cayeron en depresión; hubo cierres de planteles, deterioro de la infraestructura escolar y reducción del número de maestros. Luego, entre 1935 y 1940, la educación volvió a tener un gran dinamismo en el marco de las políticas cardenistas en la región, entre ellas la promoción de colonizar Baja California con mexicanos, así como la realización de la reforma agraria, en la que, en la medida que se creaban los ejidos, surgían las escuelas rurales y Baja California se volvió un destino para muchos maestros de otras partes de la república (Maríñez, 2005).

 

ANTECEDENTES

La creación de los patronatos pro educación en el Territorio Norte de la Baja California, en 1947, por parte de un grupo de personas provenientes del gobierno local, de la iniciativa privada (comerciantes, industriales, empresarios agrícolas), funcionarios educativos y diversos ciudadanos, era la de cooperar con las autoridades escolares y el gobierno del territorio en la solución del enorme problema educativo. Éste tenía su origen, en parte, por el gran crecimiento poblacional de la década de 1940, y también porque el gobierno territorial dejó de controlar el presupuesto para la educación a fin de trasladarlo al presupuesto de la SEP , conforme se estableció en un acuerdo de federalización educativa suscrito por el presidente Manuel Avila Camacho.

Cabe señalar aquí que el surgimiento de estos organismos ocurrió en un momento de intensa actividad política en el Territorio Norte de la Baja California en que, de acuerdo con Lawrence Taylor (1999), diversas personalidades de la economía, la política, la educación, profesionistas, entre otros, organizados en el Consejo Territorial del Comité Pro–Estado llevaban a cabo actividades en las que se demandaba al gobierno federal la conversión de este territorio en entidad federativa. De hecho, en la campaña política para la presidencia de la república realizada por Miguel Alemán Valdés, éste se comprometió a dar respuesta positiva a esta demanda. Desde la década de 1930 hasta la de 1940 se organizaron varios comités Pro–Baja California, los cuales recogían una aspiración local surgida desde finales del siglo XIX en el sentido de tener autonomía política frente al gobierno central (Taylor, 1999). Puesto que esos comités habían tenido presencia en la región desde principios de la década de 1930, quizá sus prácticas organizativas fueron diseminadas para resolver otro tipo de problemas; por ejemplo, la falta de infraestructura escolar de nivel primario y la necesidad de contar con más maestros.

La aparición de los patronatos pro educación fue propiciada por un elemento externo constituido por los nuevos lineamientos del régimen de Avila Camacho, quien dio un nuevo aliento a la federalización educativa; se trataba de un asunto heredado de los gobiernos anteriores en sus esfuerzos por elaborar una política de centralización de la administración pública (Arnaut, 1998; Greaves, 2008). Al inicio de este gobierno, el Sindicato de Maestros Mexicanos y Trabajadores de la Educación (SMMTE) exigía al gobierno de Avila Camacho avanzar hacia la centralización de la educación, debido a eso el secretario de Educación, Octavio Véjar Vázquez, con el propósito de poner fin a las protestas de los maestros firmó nuevos convenios con diversas entidades federativas (Arnaut, 1998:223).

En el caso de los territorios, a pesar de su dependencia político–administrativa del ejecutivo federal, Avila Camacho buscó darles un tratamiento igual a las entidades federativas. Para esto, a 10 meses de haber empezado su gobierno, el presidente de la república emitió un acuerdo el 6 de octubre de 1941 en el que manifestaba que los gobiernos de los territorios manejarían libremente los presupuestos de egresos con los que mantenían los servicios públicos, de la misma manera en que lo hacían las entidades federativas; no obstante, que los territorios eran gobernados por representantes directos del ejecutivo federal y los fondos que manejaban pertenecían a la federación. También señalaba que, al igual que con los estados, la SEP no había podido controlar al personal encargado de las escuelas públicas de los territorios, porque tal atribución estaba a cargo de los gobernadores. Por ello se firmó el acuerdo mencionado.¹

Para poner en operación dicho acuerdo, el ejecutivo dictó las siguientes instrucciones: a la Secretaría de Gobernación, que tomara del presupuesto de egresos de cada uno de los territorios federales de la república las sumas destinadas al sostenimiento del servicio educativo, a fin de que fueran incluidas en el presupuesto de la SEP ; así mismo, que esta dependencia instruyera a los gobernadores de los territorios entregarle las escuelas, el manejo del personal, los muebles y útiles de trabajo; a la SEP , pidió destinar el personal directivo que la representaría en cada territorio y regularizar la situación de las escuelas y del personal recibido de esos gobiernos; y a la SHCP, que efectuara las reformas presupuestales requeridas.

La aplicación de estas medidas en el Territorio Norte de la Baja California provocó varias reacciones, entre ellas, un gran descontento en el magisterio que vio afectadas sus condiciones salariales, pues la SEP empezó a incumplir con el pago a tiempo de los sueldos y el envío de los sobresueldos, aplicó medidas administrativas que reubicaba a maestros locales en otros sitios del país y no respondía a las demandas magisteriales de vivienda y salud. Además, el gobierno federal no pudo financiar la construcción de escuelas y pagar a todos los maestros que se iban incorporando al servicio educativo; por tanto, el magisterio solicitaba al presidente de la república, con el apoyo de numerosos sectores sociales —entre ellos las sociedades de padres de familia— que la educación volviera a depender del gobierno del territorio.

Por otra parte, el hecho de que el presupuesto para la educación hubiera quedado bajo el control del gobierno central provocó un déficit de recursos en el gobierno territorial para construir y amueblar escuelas, remodelar y equipar las existentes y cubrir los salarios de todos los profesores. Detrás estaba el rápido crecimiento demográfico, que a su vez provocaba que la población fuera de tal tamaño al inicio de cada ciclo escolar que los edificios, aulas, maestros y equipo, eran insuficientes y que un gran número de niños quedara fuera de las escuelas. Ante esa problemática, surgió una organización sui géneris promovida desde el gobierno del territorio, con el respaldo y ayuda de sectores de la iniciativa privada y de los funcionarios federales de educación: los patronatos pro educación. El presente trabajo pretende dar cuenta de quiénes conformaron estos organismos, dónde y cómo operaron; quiénes y cómo otorgaban recursos a los patronatos; a qué se destinaban los fondos recaudados; la preocupación de rendir cuentas del manejo de los recursos a la opinión pública; el peligro de su desaparición por no obtener financiamiento suficiente para la consecución de sus objetivos, y la propuesta de transformar las aportaciones voluntarias del público en impuestos para la educación previstos desde la normatividad del territorio.

Las huellas del surgimiento de los patronatos pro educación en el Territorio Norte de la Baja California revelan su existencia desde mayo de 1945, en la localidad de Tecate, donde se organizó un patronato durante el gobierno del general Juan Felipe Rico.² Tras el breve período de éste fue nombrado gobernador Alberto V Aldrete, prominente empresario, quien en 1943 fundó su empresa, la Cervecería Tecate, y promovió la creación de los patronatos pro educación en 1947, apoyándose en la Federación de Sociedades de Padres de Familia que presidía en Mexicali otro empresario, Gustavo Vildósola Ahumada, y en el director de Educación federal en el territorio, profesor Elpidio López Escobar.

 

LOS INTEGRANTES DE LOS PATRONATOS PRO EDUCACION

Los dirigentes del patronato de la población de Tecate, en enero de 1947, enviaron un extenso oficio al nuevo presidente de la república, Miguel Alemán Valdés, exponiéndole la situación de precariedad que atravesaba la educación en el Territorio Norte de la Baja California y el porqué del rechazo a la federalización de la educación. Su explicación consistió en los siguientes aspectos.³

En primer lugar, se señalaba que desde que el ramo educativo había pasado a depender administrativamente de la SEP , a principios de 1942, cinco años después ésta no había mostrado capacidad para resolver con éxito la demanda de nuevos planteles y el aumento de personal docente. Las escuelas en servicio se habían salvado de la ruina gracias a la ayuda popular y al gobierno del territorio. En el caso particular de lo que ocurría en Tecate, el antiguo cuartel adaptado para escuela resultó insuficiente; el gobierno del territorio había construido una nueva escuela (la Padre Kino), la cual, a pesar de que fue equipada y amueblada por la comunidad tecatense a través del Patronato pro educación, la SEP , espectadora de estos afanes, la inventarió.

En segundo lugar, la SEP ejercía una centralización ineficaz pues los directores de Educación federal no poseían facultades ejecutivas y su papel se reducía a ser simples receptores y turnadores de asuntos, situación que se revelaba al tratar aspectos de tipo presupuestal o de nombramientos de maestros. También manifestaban que en el mes de mayo de 1946 habían enviado a la SEP un memorial solicitando que se facultara al director de educación federal en el territorio para dar posesión a nuevos maestros; sin embargo, después de enviar copias a diversas partes, al mes y medio de transcurrido, la SEP respondió negando lo solicitado.

En tercer lugar, se señalaba que el sueldo de los maestros no correspondía a las exigencias regionales; que en el territorio este salario era de los más bajos, pero reconocían que la federación había dado garantías en torno del escalafón, inamovilidad, jubilación y servicio médico. Y un cuarto aspecto se refería al control técnico de la enseñanza por parte de la SEP , asunto que consideraban que sí había reportado provecho, pero que los méritos hubieran sido mayores si además de las instrucciones escritas (circulares, folletos, periódicos) se hubiera utilizado la palabra viva de las misiones culturales y organizado congresos pedagógicos.

Por todo lo expuesto al presidente de la república, los representantes del patronato pro educación de Tecate, Antonio Girbau y el profesor Eduardo Estrella, presidente y secretario, respectivamente, consideraban que el control del ramo educativo por la SEP en el territorio era "inocuo", además de que no había elementos que hubieran podido "alentar una esperanza de superación o mejoramiento [...] motivos que crean la impresión de que tiene abandonado el ramo, y este sentimiento está en la conciencia de todos los maestros y del pueblo terrinorteño".⁴ Debido a eso, solicitaron al presidente de la república que el gobierno del Territorio Norte de la Baja California retomara el control educativo, que el magisterio local no fuera afectado en sus derechos y que el aspecto técnico de la educación dependiera de la SEP .

Posteriormente, dada la circunstancia de que un empresario tecatense llegó a la gubernatura en el mes de marzo de 1947, los patronatos se extendieron a las demás poblaciones del territorio: Mexicali, Tijuana y Ensenada. Esto tuvo lugar en el momento en que el gobernador del territorio, Alberto V Aldrete, dirigió un oficio a Gustavo Vildósola Almada, un conocido empresario agricultor, presidente de la Federación de Sociedades de Padres de Familia, para poner a su consideración la formación de los patronatos pro educación en el territorio, luego de que el gobernante consideró el pliego de peticiones del Patronato de Tecate, y como una manera de "cooperar" localmente a la solución del problema educativo. Al respecto, Aldrete se comprometió en los siguientes seis términos: 1) oficializar la creación de un patronato pro educación; 2) conceder las facultades para recabar fondos e invertirlos en obra educativa; 3) fundar patronatos en Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate; 4) construir las escuelas necesarias para toda la población infantil, lo cual iniciaría con la construcción de tres edificios escolares para 1 500 alumnos; 5) reconstruir y reacondicionar las escuelas ya existentes, y 6) supervisar los fondos de los patronatos, los cuales serían administrados por ellos mismos.

Además, el gobernador condicionó lo anterior a que la Federación de Sociedades de Padres de Familia asumiera la responsabilidad de satisfacer necesidades económicas como el aumento en los sueldos de los maestros en servicio, aumento del número de plazas para la atención de la actividad educativa de la Baja California y que proporcionara el personal docente necesario para las nuevas escuelas que el gobierno del territorio fuera construyendo.

Los deseos del gobernador de constituir un organismo no gubernamental que atendiera el problema de la falta de recursos públicos, en un territorio que debía entregar la recaudación fiscal al gobierno federal, se cumplieron. El patronato pro educación de Mexicali se creó en marzo de 1947 con la siguiente estructura: un presidente honorario (el gobernador del territorio), un presidente efectivo (un ingeniero), un vicepresidente (un licenciado, secretario del gobierno local), un secretario, un tesorero y un protesorero (dos ciudadanos), un supervisor administrativo (un inspector de zona escolar), dos vocales (dos ciudadanos), un representante del gobierno del territorio, un representante de la Dirección de Educación federal y el presidente de la Federación de Sociedades de Padres de Familia (un conocido empresario–agricultor). Así, este patronato se conformaba con representantes del gobierno local, de la SEP , de ciudadanos y de la iniciativa privada, lo que da una idea de su legitimidad entre la población y otros sectores como la prensa escrita.

Mientras que en Tijuana, el 19 de mayo de 1947, luego de la convocatoria realizada por el profesor José de Jesús Solórzano, inspector de la cuarta zona escolar, a las autoridades civiles, a los padres de familia y a otros elementos de "valía de la localidad", se conformó el Patronato Permanente pro educación de Tijuana, con la misma estructura del de Mexicali. En esa fecha ocurrió lo mismo en Ensenada.

 

LAS APORTACIONES "VOLUNTARIAS" A LOS PATRONATOS PRO–EDUCACIÓN

Una vez conformados los patronatos de esas localidades en 1947, sus dirigentes iniciaron un intenso trabajo de convencimiento con las empresas más importantes de la región para que aumentaran al precio de los servicios y productos que vendían a la población una cantidad determinada para destinarla mensualmente a los patronatos; con algunas de las empresas, incluso, llegaron a celebrarse convenios de colaboración. En algunos casos, las relaciones entre las empresas y los patronatos eran de entendimiento y franca colaboración, pero hubo otras —como se ilustrará— con las que tuvieron discrepancia, negativas, resistencia o regateo, debido a que los empresarios sentían que la aportación a los patronatos les reducía sus ganancias o, como en el caso de la producción de cerveza, que se propiciaba una competencia desigual, que favorecía al dueño de la Cervecería Tecate, Alberto V. Aldrete.

Las primeras empresas con las se convino la aportación de cuotas mensuales fueron la Cervecería Mexicali y la Cervecería Tecate, así como la Unión Patronal de Dueños de Cabarets, Cantinas y Expendios de Cerveza, tanto de Mexicali como de Tijuana, y con ellas fue donde surgieron los primeros problemas. Desde el principio fueron convencidos para que otorgaran su aportación, empresarios y cooperativistas del transporte como el Frente Único de Trabajadores del Volante, de Mexicali, y la Cooperativa de Permisionarios de Transporte de Pasajeros, de Tijuana, así como cines, el Hipódromo de Tijuana, el Frontón Palacio de esta ciudad, las empresas de boxeo y los distribuidores de gasolina, entre otros. Para 1949 se hicieron más esfuerzos, incluidos los del gobernador, convocando a otros negocios de los hombres más ricos de Mexicali, entre los que destacaban los distribuidores de autos y camiones, así como la Compañía Eléctrica Mexicana y la Compañía Eléctrica Fronteriza, ambas de Mexicali, y dedicadas a importar y distribuir energía eléctrica a la población.

En el caso de la firma de los convenios con las cervecerías, cabe mencionar que en el despacho del gobernador, en Mexicali, se reunieron el 24 de abril de 1947 los representantes de la Cervecería Mexicali, de la Cervecería Tecate, del Patronato pro educación de Mexicali, de la Federación de Padres de Familia, el director de Educación Federal, profesor Elpidio López, el secretario general de la Unión Patronal de Dueños de Cabarets, Cantinas y Expendios de Cerveza, y 54 miembros de esta agrupación, para firmar un convenio de contribución económica a los patronatos, consistente en tres puntos: 1) las empresas cerveceras entregarían al patronato un peso por cada caja de 24 cervezas, 2) se nombraría un representante de la Unión de Propietarios para cerciorarse del exacto cumplimiento de los destinos de estos fondos por parte del patronato y 3) la aportación económica sería a partir del día 1 del mes de mayo de 1947.⁵

Transcurrieron algunos meses y la Cervecería Mexicali no cumplió con su compromiso argumentando que Alberto Aldrete había creado un impuesto a la venta de cerveza, del cual estaba exenta la Cervecería Tecate, propiedad del gobernador; queja que enviaron al presidente Miguel Alemán. Quizá a eso se debió que el 14 de mayo de 1948, cuando Alberto Aldrete ya no tenía ese cargo, en Mexicali, en las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio, se formalizó un arreglo, en donde participaron el patronato y el gobernador Alfonso García Gonzalez, mediante el cual la Cervecería Mexicali daría su cooperación al patronato de esa ciudad.⁶

Un año después, en una breve reseña de las labores desarrolladas por el Patronato pro educación de Tijuana durante el primer año de su actuación, se exponía que las empresas distribuidoras de cerveza habían suspendido temporalmente sus aportaciones de un peso por cartón: la Compañía Cervecera de Tijuana, S.A., y Distribuidora de Tijuana, los días 30 de septiembre y 30 de noviembre de 1947, respectivamente, y Proveedora, S.A. y Distribuidora Comercial, el 31 de diciembre de ese mismo año. Pero se llegó a un acuerdo con ellas, en las que se comprometieron a reanudar sus aportaciones a partir del 21 de mayo de 1948, a razón de 50 centavos por cartón, en vez de un peso como se había convenido en un principio.

Situaciones similares ocurrieron con la Unión Patronal de Dueños de Cabarets, Cantinas y Expendios de Cerveza de Mexicali y la de Tijuana, las cuales se quejaban, en 1947, de la competencia desventajosa de los expendios y cantidades que vendían cerveza en barril y por ello no daban ayuda al patronato, o del incumplimiento del distribuidor de la cerveza Carta Blanca. Como esas situaciones se percibían un año después, en mayo de 1948 se efectuó una reunión con el delegado de gobierno en Tijuana, Salvador Sierra Vera, en donde los representantes de la Cámara Nacional de Comercio, de la Unión de Propietarios de Cabarets, Cantinas y Restaurantes, de los distribuidores de cerveza y del Patronato Permanente pro educación de Tijuana, llegaron a acuerdos para reanudar la ayuda.

En lo que se refiere al transporte de servicio público, el Frente Único de Trabajadores del Volante, de Mexicali, dio a conocer en julio de 1947 que, a fin de no subir las tarifas al consumidor, cada miembro cooperaría con 15 pesos mensuales a partir del 1 de agosto. Por su parte, en Tijuana, en el mes de septiembre, la Cooperativa de Permisionarios de Transporte de Pasajeros, S.C.L., también empezó a aportar 15 pesos mensuales por cada automóvil en servicio y, además, mil pesos mensuales por contribución del servicio urbano de pasajeros realizado en camionetas.

En el caso de los expendedores de gasolina, las aportaciones a los patronatos estuvieron sujetas a una tensa relación, en donde hubo desde regateos hasta amenazas; en este sector, o realmente no tenían utilidades en la venta de gasolina o quizá no tenían algún sentimiento para apoyar la obra educativa. En enero de 1948, la Unión de Expendedores de Gasolina de la ciudad de Tijuana se quejaba ante el gobernador del territorio, Alfonso García González, y la Secretaría de Economía nacional por la poca utilidad que obtenían con la venta de gasolina, lo que les impedía destinar medio centavo para apoyar al patronato pro educación de Tijuana. Poco tiempo después, en mayo de 1948, el presidente de los gasolineros, Alejandro Appel, sostenía que esa organización siempre cooperaba con el gobierno, pero que en el caso de las aportaciones al patronato no había sido posible porque "los precios dados por la Agencia de Economía en esta población en su circular de fecha 14 de enero del presente año, no son suficientes ni siquiera al sostenimiento de las estaciones de gasolina, sino que, por el contrario, les ocasiona pérdidas considerables".⁷ A pesar de esas lamentaciones, en esta reunión se tomó el acuerdo de que a partir del día 10 del mes de mayo de 1948 comenzaría a hacerse efectivo el pago al patronato de Tijuana.

Sin embargo, la situación con los gasolineros no se resolvió de modo satisfactorio, porque no se cumplía puntualmente con sus aportaciones a los patronatos, de tal manera que el gobernador del territorio, García González, en noviembre de 1949 celebró un acuerdo con el delegado de gobierno en Tijuana, Enrique Pérez Rul, para que se apercibiera a los propietarios de estaciones de gasolina atrasados en sus pagos al Patronato pro educación de Tijuana que se pusieran al corriente a la mayor brevedad "so pena de ser consignados". Para el gobernador, esta amenaza se justificaba debido a que la Secretaría de Economía nacional había autorizado un aumento en el precio de la gasolina de un centavo por litro para destinarse a los patronatos pro educación; "por tanto, el propietario de estación de gasolina que no pague puntualmente al patronato está reteniendo un dinero que no le pertenece y, en consecuencia, debe ser consignado".⁸

Otra situación de condicionamiento para entregar aportaciones al patronato de Tijuana se generaba con el Hipódromo de Tijuana. El 16 de julio de 1949, debido a que ese patronato no contaba con ingresos suficientes para cumplir con la obligación que contrajo de aumentar 15 por ciento a los sueldos de los maestros que sostenía, el delegado de gobierno se dirigió a esa empresa solicitando ayuda. En contestación, la empresa manifestó que debido a las malas condiciones por las que pasaba sólo podía ofrecer mil pesos mensuales para ayudar al patronato, y esto sólo durante el tiempo de las carreras de perros, por lo que la aportación sería por parte del galgódromo y no así del hipódromo.

Como en otros casos en que el gobierno del territorio, ya fuera en la persona del secretario general de gobierno o en la del propio gobernador, solía intervenir para negociar, persuadir, convencer u obtener de diversos actores el compromiso para contribuir con los patronatos pro educación, el 3 de abril de 1949 el patronato de Mexicali dirigió un oficio al gobernador García González para que interviniera con una serie de empresarios de la localidad, caracterizados por su influencia y por su riqueza, con el fin de que iniciaran o reanudaran las cuotas al patronato. Los productos vendidos por estos empresarios eran autos y camiones, artículos deportivos, cerveza, aguas gaseosas, licores, entre otros.

Al empezar la década de 1950, los esfuerzos del patronato pro educación de Tijuana para obtener recursos llegaron a los representantes de las distribuidoras y vendedoras de automóviles y camiones nuevos y usados de Tijuana, con quienes el 2 de febrero de 1950 celebraron un contrato en el que se estableció que por cada automóvil nuevo vendido se aportaría la cantidad de 50 pesos; por camiones nuevos o usados, 25 pesos por unidad; por automóviles usados, 25 pesos por cada uno.

En el caso de la población de Tecate, el Patronato pro educación informó en 1951 que desde 1947 había logrado la cooperación de un peso por cartón de cerveza Tecate vendido. Para principios de la década de 1950, 73 personas y negocios de esa localidad contribuían con cuotas mensuales, que iban de cinco a 360 pesos. Tanto la Cervecería Tecate como las empresas de la familia Aldrete eran las que hacían las mayores contribuciones. Así mismo, otros ingresos correspondían a la venta de boletos de cine, de la Cooperativa de Permisionarios de Transporte de Pasajeros Diligencias Verdes y de una cooperativa de dueños de autos cuando éstos obtenían las placas de circulación.

En Ensenada, en el momento en que se constituyó el Patronato Regional pro educación, fue nombrada una comisión para que entrevistara a los propietarios de espectáculos con el fin de proponerles que accedieran a agregar 10 centavos al boleto de admisión, y a los distribuidores de cerveza para que aceptaran aumentar un peso por cada cartón de cerveza vendida con el fin de formar el fondo económico para las actividades del patronato. De esta manera, los ingresos de este organismo provenían en primer lugar de la cooperación de la venta de cerveza, de las entradas al cine, de las aportaciones de los compradores de automóviles y camiones nuevos, del canje de placas de circulación de automóviles y camiones, de la realización de kermeses y de aportaciones de diversas personas, entre ellas, maestros.

 

EL DESTINO DE LOS FONDOS RECAUDADOS

Los recursos obtenidos por los patronatos iban, en su mayor parte, al pago de salarios de maestros y de otros trabajadores del ramo educativo y a la compra de mobiliario para las escuelas. El número de profesores pagados por los patronatos era variable, pero la información de las fuentes disponibles, aun cuando es fragmentaria, da una idea de su cobertura. A los pocos meses de operación de los patronatos, el director de Educación federal, en noviembre de 1947 envió a su superior en la ciudad de México, el director general de Enseñanza Primaria en los Estados y Territorios, un informe en el que le daba a conocer una relación del número de plazas y monto de los gastos en materia educativa. En la tabla 1 se observa que los patronatos pro educación cubrían los sueldos de 124 personas.

De esa información se desprende que a ocho meses de constituidos los patronatos de Mexicali, Tijuana y Ensenada, éstos cubrían los salarios de casi el doble de los que pagaba el gobierno del territorio y 17 por ciento de los cubiertos por la SEP ; pero esta información es muy variable, pues al poco tiempo el visitador especial de la SEP , Francisco López Palafox, en un informe enviado al jefe del Departamento de Alfabetización, señaló que los cuatro patronatos pro educación de Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada, aportaban alrededor de 135 mil pesos al mes para el sostenimiento de 110 maestros, cada uno de los cuales recibía un salario de 420 pesos. Estos profesores eran un grupo aparte de los que sostenía la SEP en el territorio. Además, los patronatos de Mexicali y de Tecate entregaban 10 mil y cinco mil pesos, respectivamente, en tanto que los de Tijuana y Ensenada contribuían con 2 500 pesos cada uno, para la alfabetización de los adultos.¹⁰

En el caso de Tijuana, entre 1947 y 1952, el número de empleados educativos, entre profesores, auxiliares y mozos, pagados por el Patronato pro educación de esa localidad, casi se duplicó al pasar de 43 a 82. Aún así, en el ciclo escolar que se inició en septiembre de 1952, en Tijuana, dos mil niños habían quedado sin inscripción por falta de escuelas y maestros, y para esas fechas había ocurrido como un hecho insólito. El Patronato pro educación de Tijuana tenía un fondo inmovilizado de más de medio millón de pesos, según su corte de caja del 31 de julio de 1952; y por ello, sectores como la prensa le exigían que prestara mayor ayuda, mientras que el presidente del patronato, Silverio I. Romero, sostenía que no le era posible gastar ese dinero porque se trataba de un fondo de reserva para emergencia. En la comunidad tijuanense se alzaron las voces reclamando disponer ese dinero para aliviar la demanda escolar. Para ello, el presidente del patronato manifestaba estar dispuesto a invertir, a cambio de que la SEP , el gobierno local y el comercio aportaran también alguna cooperación. Debido a eso, el delegado de gobierno en Tijuana, Salvador Sierra Vera, convocó a una reunión al director general de educación federal, profesor Carlos García Rivera, al inspector federal de educación, profesor José de Jesús Solórzano, a representantes de las cámaras de la industria de transformación y de comercio, del Sindicato de Maestros y de las agrupaciones de trabajadores, así como a los directores del patronato y redactores de los diarios locales.

En las fuentes consultadas no hay alguna evidencia de que esta reunión se haya efectuado, pero al finalizar ese 1952 el patronato de Tijuana informó que estaba pagando mensualmente la cantidad de 44 105 pesos a 87 profesores y empleados; la SEP pagaba 141 400 pesos a 202 profesores y empleados y otros servicios de sostenimiento, mientras que el gobierno del territorio pagaba a 40 maestros.¹¹ En este sentido, puede interpretarse que el patronato de Tijuana llegó a un acuerdo con la SEP y con el gobierno local para pagar a más maestros en Tijuana, pues de las 82 personas que ya pagaba en septiembre se hizo cargo del pago de cinco más.

En el caso de Tecate, el patronato local pagaba a todos los profesores de esa localidad; esto es, sus ingresos eran destinados a cubrir el sueldo del personal de la escuela Padre Kino y de la secundaria federal, de un maestro en el rancho Sauz Chino, del personal del jardín de niños Estefanía; además compraba mobiliario y equipo y sufragaba los gastos de materiales para la reparación de la primaria.

El patronato regional pro educación de Ensenada, además de cubrir el salario de maestros urbanos y rurales, promovió una campaña que le permitió cubrir los costos de construcción de la escuela primaria de la colonia Independencia, en 1950, la cual dio cabida a 300 escolares.

También los recursos se destinaban para la compra de mobiliario para las escuelas. Esto ocurría a partir de la solicitud que éstas hicieran al patronato. Así, en junio de 1952, el Patronato pro educación de Tijuana donó pupitres, sillas y máquinas de coser a la escuela urbana Miguel F. Martínez. Y en octubre de ese mismo año, atendió las solicitudes de varios planteles educativos cuyo mobiliario no era suficiente para satisfacer la numerosa asistencia escolar, entregando muebles, mesabancos, máquinas de escribir, sillas, escritorios, archiveros y mesas a las escuelas: Libertad, Álvaro Obregón, Francisco I. Madero, José María Larroque, Vicente Guerrero, 16 de Septiembre, todas ubicadas en la delegación de Tijuana.

En el último año de la administración de García González se publicó la noticia de que este gobernador había establecido que los patronatos pro educación se hicieran cargo de los salarios de los profesores transfiriendo los recursos del territorio para ello, y fincaba la responsabilidad de igualar los pagos con los sueldos de la federación y los del territorio.¹²

Lo anterior muestra que las aportaciones a los patronatos eran muy fluctuantes, pues en algunas ocasiones quienes se comprometían a aportar, por alguna razón no cumplían o sólo contribuían con una parte ocasionando que los patronatos no pudieran cubrir los pagos de salarios o se vieran obligados a reducir el número de personal beneficiado.

 

LA RENDICION DE CUENTAS Y EL AFÁN DE TRANSPARENCIA

Una preocupación constante de los cuatro patronatos pro educación fue rendir cuentas, lo que se muestra al efectuar cortes de caja que mensualmente eran enviados al gobernador del territorio y a la prensa para conocimiento público, en un afán de mostrar transparencia y que no hubiera duda sobre el manejo de las aportaciones que hacía la población para ayudar a la educación. Además, los responsables de los patronatos daban a conocer el movimiento de ingresos y gastos e informes de labores al gobernador y a los patronos miembros.

La rendición de cuentas era también una exigencia por parte de los contribuyentes de los patronatos pro educación. Por ejemplo, el Frente Único de Trabajadores del Volante de Mexicali,¹³ cuando comunicó cómo y de cuánto decidió hacer su aportación, al mismo tiempo solicitó al patronato hacer público el corte de caja, detallando los movimientos del fondo, porque consideraba que la aportación "no es consecuencia de nuestra legislación tributaria, sino que tiene más bien el carácter de un donativo voluntario, creemos que la publicación de tales informes creará un sentimiento de mayor confianza y vendrá a ser, naturalmente, un estímulo para los gremios cooperadores y un incentivo para aquellos que han conservado una actitud pasiva al respecto".¹⁴

Por otra parte, en El Heraldo de Baja California (periódico en el que mes tras mes se publicaba el corte de caja del patronato pro educación de Tijuana) se comentaba la efectividad y eficiencia de este patronato y mencionaba que su creación fue un acierto del ex gobernador Aldrete, pues sus fondos eran honestamente administrados y era evidente que sus actividades se irían ampliando; luego, agregaba que si en otros lugares, como había sido en Mexicali, los patronatos no habían dado buenos resultados se debía a la deficiencia de quienes los administraban. Para El Heraldo de Baja California, tal era el ejemplo de estos patronatos, que incluso, el presidente de la república había hecho un llamamiento al país para la fundación de patronatos encargados de la construcción de nuevos planteles para la resolución del problema educacional de México. Para ello, informaba que a partir de marzo de 1948 en diversos establecimientos comerciales de todo el país empezarían a vender al público "certificados de aportación voluntaria".¹⁵

Otro elemento más en este afán por transparentar los recursos recabados y administrados por los patronatos, fue el informe de auditoría practicado al Patronato pro educación de Mexicali por Manuel Taylor Ahumada, y enviado por Alfredo Vargas Piñera, secretario general de gobierno, al contralor fiscal de gobierno, en agosto de 1949.¹⁶ En las generalidades de esta auditoría se hace notar que todos los pagos se hacían con cheques que llevaban las firmas del presidente y del tesorero y se extendía la sugerencia de reducir ese trabajo haciendo el pago a los profesores a través de listas de raya.

 

VISOS DE PELIGRO DE DESAPARICIÓN DE LOS PATRONATOS

Aun cuando las aportaciones a los patronatos pro educación eran consideradas como "voluntarias", en realidad impactaban en el precio de los bienes y servicios; además de que en ocasiones el flujo de los ingresos no era constante ni seguro y esto causaba incertidumbre para cumplir con el propósito para el que fueron creados. También, a unos meses de la constitución de los patronatos empezaron a escucharse voces inconformes por los aumentos en los precios de la cerveza, la entrada a los cines y la gasolina, y se volvieron objeto de señalamientos, sobre todo por parte de una publicación de Mexicali, El Tecolote,¹⁷ que no desperdiciaba motivo alguno para denostar la labor de los patronatos. Además, al año de haber sido creados, la insuficiencia de recursos era una amenaza para la existencia de estos organismos.

Tras la destitución de Alberto V. Aldrete y la designación de Alfonso García González como nuevo gobernador, en octubre de 1947, quienes no estaban de acuerdo con el funcionamiento de los patronatos pro educación se quejaron ante el presidente de la república señalando que para sostenerlos habían sido establecidos "nuevos impuestos alcabalatorios", por lo que pidieron que el gobierno federal interviniera a fin de hacer desaparecer la cuota establecida por la venta de cada caja de cerveza, la cuota adicional en los cines y otros espectáculos y el aumento al precio de venta de la gasolina.¹⁸ Debido a eso, en El Heraldo de Baja California¹⁹ se mencionaba la existencia de temores de que desaparecieran los patronatos, pero consideraba que éstos eran infundados, pues de acuerdo con las declaraciones hechas en Mexicali por el gobernador García González, los patronatos no sólo continuarían funcionando, sino que recibirían mayor apoyo a fin de ampliar la esfera de sus actividades hacia la campaña de alfabetización y la educación superior.

En este mismo sentido, meses después, en Mexicali, en el periódico ABC²⁰ se publicó el 12 de febrero de 1948 una editorial donde expresaba que recibieron como "golpe de muerte" la noticia de que por falta de apoyo oficial el Patronato pro educación de Mexicali estaba en inminente peligro de desaparecer.²¹ Para salvar a este patronato, sus dirigentes y la Federación de Sociedades de Padres de Familia enviaron un memorándum al presidente de la república, Miguel Alemán Valdés, exponiendo el problema y solicitando su apoyo. Entre los aspectos que pedían resolver estaba el que los expendedores de gasolina cooperaran con medio centavo por cada litro vendido. Sin embargo, el director general de Pemex dio su negativa a tal petición, pues significaría una contribución adicional que no era posible sufragar, en virtud de que, en el caso del Territorio Norte de la Baja California, no tenían margen entre el precio de adquisición y el de realización; además, de que si accedían a tal petición se establecería un precedente indeseable, que daría lugar a motivos para también elevar el precio en otras localidades.

Impedidos para ejercer sus funciones de manera eficaz, los miembros de la directiva del patronato pro educación de Mexicali renunciaron el 7 de mayo de 1948. A 10 días de transcurrido este hecho fue elegida una nueva directiva, durante una junta realizada en la escuela Cuauhtémoc, y dirigida por José Elías Castro, secretario general de gobierno.

El patronato pro educación de Tijuana, en una reseña de sus labores a un año de creación, señalaba que las empresas distribuidoras de cerveza suspendieron sus aportaciones de un peso por cartón, los meses de septiembre, noviembre y diciembre de 1947, pero que a partir del 21 de mayo de 1948 se reanudaron a razón de 50 centavos por cartón. También que la Cooperativa de Permisionarios de Transporte de Pasajeros había suspendido la ayuda al patronato el 16 de enero de 1948; así mismo, que el producto de la cuota adicional de medio centavo por litro de gasolina que los expendedores cobraban al público no había sido obtenido integralmente, pero que se estaban haciendo las gestiones para lograrlo. ²²

Puesto que los problemas para la recaudación de ingresos amenazaba la existencia de estos organismos, en junio de 1948 se realizó una reunión en la escuela Lázaro Cárdenas de Tijuana, junto con el director de educación federal en el territorio, los inspectores escolares de la cuarta y quinta zona, es decir, Tijuana y Ensenada, representantes de los patronatos de Mexicali, Ensenada y Tecate, con el objeto de discutir e intercambiar impresiones sobre las bases y estatutos contenidos en una promoción hecha por el secretario de educación, Manuel Gual Vidal, quien los expidió para crear patronatos escolares en la república y para promover también la Campaña Nacional Pro–Construcción de Escuelas. En esa reunión se tomaron los siguientes acuerdos. Primero, que la estructura de los patronatos del territorio no fuera alterada y que continuaran funcionando como lo venían haciendo; segundo, que las funciones de los patronatos fueran las mismas, como el pago al personal de las escuelas y adquisición de equipo y extender la cooperación a la reparación y mantenimiento de las escuelas, y tercero, que la SEP absorbiera en los presupuestos de egresos al personal supernumerario sostenido por los patronatos.

En esa ocasión, el sindicato magisterial se mostró interesado en tener injerencia en el control de los maestros que eran pagados por los patronatos.²³ En la reunión mencionada también estuvieron representantes del Sindicato de Maestros de Mexicali (perteneciente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación [SNTE]), quienes proponían se gestionara ante la SEP que el personal en servicio fuera incorporando a los puestos que debían llenar para prevenir irregularidades; que por ningún motivo se apoyara la creación de plazas con sueldos no menores a 420 pesos; que en lo sucesivo se celebraran convenios de trabajo con el personal ocupado por el patronato después de que las plazas correspondientes fueran solicitadas a la sección sindical respectiva y que se constituyera un tribunal de arbitraje con representantes acreditados de la SEP , del SNTE y de los patronatos, para dirimir cualquier diferencia. Sin embargo, la asamblea acordó que los maestros formularan sus peticiones en el seno del sindicato pues consideraron que no eran asuntos propios de los patronatos.

Además, José G. Valenzuela,²⁴ presidente del patronato pro educación de Mexicali, solicitó la cooperación de todos los patronatos para apoyar a la Escuela Normal de Mexicali, ayudando con becas a los alumnos de cada localidad del territorio que tuvieran interés en ingresar a ella. Por su parte, Elpidio López Escobar, director de educación federal, pidió a los patronatos proporcionaran auxilio a los maestros que se trasladaban a Tijuana para participar en los cursos de capacitación del magisterio, pagando la "servidumbre" encargada de atenderlos durante su estancia en el Instituto Técnico de Aguacaliente. Es interesante la reunión anterior, pues luego de llevarse a cabo debió disipar los temores de que los patronatos pro educación desaparecerían; y el hecho de que en ella participaran representantes de todo el territorio permitió ventilar los problemas, buscar juntos soluciones, ampliar el campo de acción y tomar acuerdos para seguir adelante con sus empeños.

Sin embargo, al año siguiente, a finales de 1949, otra crisis financiera volvió a presentarse en el patronato pro educación de Mexicali, atribuida a la mala situación económica que atravesaba esa ciudad. Debido a eso, el patronato tuvo que suprimir las 10 plazas de mozo que sostenía en diversas escuelas de la localidad, así como suspender las gratificaciones a catedráticos de la Escuela Normal. En busca de una solución, el nuevo presidente de ese patronato, Edmundo Guajardo, dio a conocer la realización de una campaña económica con maestros y padres de familia, para vender entre el público Certificados de Aportación Voluntaria Pro–Cultura Mexicana, a fin de poner a flote el presupuesto del patronato.

Otras situaciones por falta de recursos económicos también ocurrieron en el caso de los patronatos de Tecate y Ensenada, los cuales en varias ocasiones acudieron con peticiones explícitas y en calidad de urgentes tanto a la Cervecería Tecate, en el caso del patronato de esa localidad, como al gobierno del territorio, por parte de ambos organismos, solicitándole que absorbiera en su nómina a los profesores que ya no podían sostener.

 

EN BUSCA DE LA CREACIÓN DE IMPUESTOS PARA LA EDUCACIÓN

Debido a las dificultades en la recaudación de fondos para los patronatos, desde junio de 1948, Silverio I. Romero, presidente del patronato pro educación de Tijuana, empezó a proponer en reuniones con el representante del gobierno local, las autoridades educativas y empresarios que se hicieran gestiones para que, a partir de 1949, en la Ley de ingresos del Territorio Norte de Baja California se estableciera una cuota adicional sobre toda clase de impuestos y derechos para el fondo de los patronatos.

Romero explicaba que con excepción de las empresas de cine y el Hipódromo de Tijuana, las cuales prestaban su cooperación de manera constante, ninguna de las demás negociaciones que ofrecieron ayudar al patronato habían cumplido en sus compromisos. A raíz de la experiencia adquirida en un año y tres meses de existencia del patronato de Tijuana se veía la necesidad de procurar que la cooperación que el público otorgaba "en bien de la educación" fuera lograda en forma más segura y más equitativa, y dar así "la oportunidad de ricos y pobres de ayudar a la realización de la MAGNA obra emprendida por el gobierno con tal finalidad".²⁵

Los arbitrios propuestos por Romero para incorporarse a la Ley de ingresos consistían en aumento de cinco por ciento por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, por conducto de los patronatos; creación de una cuota con carácter de impuesto por la operación de empresas dedicadas al servicio local de transporte de pasajeros en autobuses y automóviles de alquiler; creación de un gravamen de 50 centavos por concepto de inspección por cada cartón de cerveza producida o introducida al territorio; aumento de un centavo por litro a la cuota que se cobraba como impuesto a la importación de gasolina; aumento de un centavo al impuesto de exportación por kilo de productos de pesca y buceo.

Esta propuesta siguió siendo sostenida durante el último período de la existencia del territorio, a finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, pues el problema de la gran demanda educativa persistía. Las expectativas sobre la posibilidad de que el Territorio Norte de la Baja California se convirtiera en entidad federativa, quitaron de alguna manera intensidad a la demanda de que la educación volviera a ser controlada en el ámbito local, pues supuestamente estaba cerca el fin de la dependencia del gobierno federal. Fue así que en 1952 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación del estado de Baja California (Taylor, 2002:167), lo que satisfacía la antigua demanda de autonomía promovida por notables y empresarios de Baja California. Este acontecimiento abrió una rendija de esperanza para que la educación volviera a ser controlada en la entidad y tuviera su propio presupuesto. Sin embargo, en este nuevo escenario la federalización educativa de carácter centralizador se mantuvo y el recién constituido gobierno estatal abrió un nuevo frente ante las autoridades centrales al iniciar el proceso de construcción de su propio sistema educativo estatal, el cual funcionó —como hasta la fecha— de manera paralela al sistema federal.

Falta por estudiar cuál fue el destino de los patronatos pro educación durante el período del gobernador de la entidad, Braulio Maldonado; si éstos siguieron coadyuvando en aliviar las deficiencias financieras del sistema educativo federal o si se establecieron canales de apoyo para el nuevo sistema educativo estatal.

 

CONCLUSIONES

Durante las primeras cuatro décadas del siglo XX, la educación primaria de carácter público era financiada con los recursos presupuestales de los gobiernos de Baja California. Esta situación cambió en el marco del régimen de Ávila Camacho debido a la medida gubernamental de federalizar de manera centralizada la educación, lo que ocasionó que el presupuesto fuera controlado por la SEP , escenario que prevaleció en el Territorio Norte de la Baja California por lo menos en el período 1941–1952.

Esa circunstancia produjo las condiciones para el surgimiento de los patronatos pro educación en el Territorio Norte de la Baja California, lo que suscitó el apoyo de la población y el respaldo y participación de una diversidad de sectores de gobierno, sociales y empresariales. Los esfuerzos por apoyar económicamente a la educación estuvo bajo la tensión de las dificultades con los sectores que no querían o no podían colaborar. Esto llevó a que desde los propios patronatos se intentara convertirlos en una instancia paraestatal para la asignación de arbitrios y gravámenes a la población, a fin de que localmente se pudiera resolver el problema de la gran demanda educativa, asunto que se desconoce si prosperó o no luego de la conversión del territorio en entidad federativa.

Los patronatos pro educación fueron un mecanismo que delegaba en la ciudadanía la responsabilidad de pagar salarios a los maestros, equipar y dar mantenimiento a los edificios escolares. Todo esto como una forma de contrarrestar los efectos de la federalización centralizadora de la educación que llevó a cabo la SEP , al mismo tiempo que desde esta secretaría y la de Hacienda no fluían hacia el Territorio Norte de la Baja California los recursos financieros suficientes para la educación; también tuvieron una presencia relevante en el escenario público del territorio, en la medida en que constantemente solicitaban el apoyo de sectores económicos importantes. Además, influyeron en la prensa escrita, por lo menos en lo que atañe a los diarios ABC de Mexicali, El Heraldo de Baja California de Tijuana y el semanario Peninsular de Ensenada, los cuales participaban convenciendo a la población de que los patronatos hacían una tarea para el bien de la niñez, por el progreso de Baja California y que tenían un gran sentido patriótico. Así mismo, estos periódicos fueron el medio para transparentar el manejo de los fondos recaudados por los patronatos.

Los patronatos pro educación fueron una expresión de la resignificación de los bajacalifornianos de la política educativa federal, que emerge desde la construcción de una posición de resistencia frente a la imposición del centro, debido a que localmente se consideraba a la federalización centralizada como el desempeño ineficaz y burocrático de la SEP , y que la centralización no daba elementos para el mejoramiento educativo, sino que provocaba un sentimiento de abandono hacia la población y el gobierno locales. Por ello, las prácticas de los bajacalifornianos demuestran que el gobierno local, con el apoyo de padres de familia, de maestros e iniciativa privada, enfrentaron y trataron de resolver la falta de recursos para la educación. Luego del establecimiento de la entidad federativa, después de 1953, y con ello la creación del sistema educativo estatal, los patronatos siguieron activos, por los menos hasta finales de la década de 1960 (Pérez, 2008:386).

Los patronatos pro educación fueron una iniciativa promovida, a principios del régimen alemanista, por un gobernador civil, empresario cervecero, que permaneció en su cargo menos de un año; sin embargo, los patronatos trascendieron la administración de Alberto Aldrete y fueron apoyados y promovidos ampliamente por el siguiente gobernador, Alfonso García González, quien fue un leal ejecutor de las políticas del régimen alemanista en Baja California. Estos organismos fueron un mecanismo tomado como ejemplo en el gobierno de Miguel Alemán, pues éste al tener muchas dificultades para obtener recursos presupuestales para la educación buscó aliviarlas acudiendo a la iniciativa privada, mediante la emisión de Certificados de Aportación Voluntaria en todo el país, los cuales eran promovidos por el secretario de educación, Manuel Gual, y vendidos al público por diversas empresas.

El surgimiento de los patronatos pro educación luego de casi dos décadas de la constitución de los comités pro–Baja California que buscaban la creación del estado es una muestra de la preocupación y ocupación de los residentes locales por construir una relación de autonomía política respecto del gobierno federal y de los deseos de insertarse como un componente de la federación, con sus propias instituciones gubernamentales y con derechos y obligaciones ciudadanas. Paradójicamente, en los patronatos pro educación se manifestaron, por un lado, el rechazo a la imposición y al control del gobierno federal; y por otro, la colaboración con la política educativa de la unidad nacional, proveyéndose de mecanismos y recursos locales para solucionar el déficit educativo, y de esta manera hacer realidad el programa educativo del régimen.

 

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ARCHIVOS

Archivo General de la Nación (AGN), fondos Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, México, D.F.         [ Links ]

Archivo Histórico del Estado de Baja California (AHEBC), fondo Gobierno del Estado, Mexicali, B.C.         [ Links ]

Archivo Histórico Municipal de Tijuana, IMAC, Tijuana, B.C.         [ Links ]

Hemeroteca Nacional de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM, México, D.F.        [ Links ]

 

PERIÓDICOS

ABC, Mexicali, B.C.        [ Links ]

El Heraldo de Baja California, Tijuana, B.C.         [ Links ]

El Tecolote, Mexicali, B.C.         [ Links ]

Peninsular, Ensenada, B.C.        [ Links ]

 

NOTAS

¹ Archivo General de la Nación (en adelante AGN), fondo Manuel Avila Camacho, exp. 437.3/33. Acuerdo del presidente de la república, Manuel Avila Camacho; Secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés; secretario de Educación, Octavio Véjar Vázquez; subsecretario de Hacienda y Crédito Público, encargado del despacho, Ramón Beteta, dirigido a los CC. Secretario de Gobernación, secretario de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, Palacio Nacional, Ciudad de México, 6/X/1941.

² Archivo Histórico del Estado de Baja California (en adelante AHEBC), fondo Gobierno del Estado, caja 369, exp. 6, 852/9012/1947. Patronato Permanente Pro–Educación de Tecate, B.C. Informe correspondiente al quinto aniversario. Tecate, B.C., 29/V/1950, firmado por Antonio Girbau Nadal, presidente; profesor José E. Amador R., tesorero; y profesor Joaquín Durazo Miranda, secretario.

³ AGN, fondo Miguel Alemán Valdés, exp. 534.6/1. Oficio de Antonio Girbau N. y profesor Eduardo Estrella S., presidente y secretario del Patronato Permanente Pro–Educación de Tecate, B.C., dirigido al presidente de la república, 17/I/1947.

⁴ Idem.

⁵ AHEBG, fondo Gobierno del Estado, caja 362, exp. 7, 852/9009/, 1947–1949.

⁶ Idem.

⁷AHEBC, fondo de Gobierno del Estado, caja 365, exp. 1, 661.1/882. Alejandro Appel, presidente de la Unión de Expendedores de Gasolina, a Lic. Alfonso García González, gobernador del TNBC, Tijuana, B.C., 21/I/1948.

⁸AHEBC, fondo de Gobierno del Estado, caja 365, exp. 1, 852/9010/1947–1950.

¹⁰ El Heraldo de Baja California, Tijuana, B. C., 12/I/1948, consultado en el Archivo Histórico Municipal de Tijuana, IMAC, Tijuana, B. C.

¹¹ El Heraldo de Baja California, Tijuana, B. C., 26/XI/1952.

¹² Peninsular, Ensenada, B. C., 26/I/1952, consultado en la Hemeroteca Nacional de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM, México, D.F.

¹³ AHEBC, fondo Gobierno del Estado, caja 362, exp. 7. Oficio del Frente Único de Trabajadores del Volante, firmado por Juan Cota, secretario general; Pablo Gurrola, secretario del Interior; y José Vidal, tesorero, dirigido al Patronato Pro–Educación de Mexicali, Mexicali, B.C., 1/VII/1947.

¹⁴ Idem.

¹⁵ El Heraldo de Baja California, Tijuana, B. C., 23/III/1948.

¹⁶ AHEBC, fondo Gobierno del Estado, caja 362, exp. 7, 661.76/9009.

¹⁷ El Tecolote, Mexicali, B.C., 24/VIII/1947; 7/IX/1947; 12/X/1947; 9/XI1947; 16/XI/1947, consultado en la Hemeroteca Nacional de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM, México, D.F..

¹⁸ El Heraldo de Baja California, Tijuana, B.C., 29/X/1947.

¹⁹ Idem.

²⁰ ABC, Mexicali, B.C., 12/II/1948, consultado en la Hemeroteca Nacional de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM, México, D.F.

²¹ Idem.

²² AHEBC, fondo Gobierno del Estado, caja 365, exp. 1, 852/9010/1947–1950. Breve reseña de las labores desarrolladas por el Patronato Permanente Pro–Educación de Tijuana, durante el primer año de su actuación. Silverio I. Romero, presidente, Tijuana, B. C., 25/VI/1948.

²³ AHEBC, fondo Gobierno del Estado, caja 365, exp. 1, 852/9010/1947–1950. Acta de reunión del Patronato Pro–Educación de Tijuana con el director de Educación Federal, inspectores escolares, y representantes de los Patronatos de Mexicali, Ensenada, Tecate, Tijuana, y del magisterio. Tijuana, B.C., 26/VI/1948.

²⁴ Idem.

²⁵ AHEBC, fondo Gobierno del Estado, caja 365, exp. 1, 852/9010/1947–1950. Memorandum del Patronato Pro–Educación de Tijuana, Silverio I. Romero, presidente, y Santiago P. Ortega, secretario. Tijuana, B.C., 30/IX/1948.