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Introducción1
Muchos artículos de prensa y académicos nos hablan reiteradamente de que nos encontramos inmersos en un nuevo orden social generado a partir de diferentes cambios, entre ellos la globalización. Orden caracterizado por la rapidez con la que se han extendido las innovaciones, por su consistencia y por las repercusiones decisivas de los cambios, que contribuyen a innovar sobre las prácticas sociales más tradicionales. “Todo esto está generando nuevos retos para todos los sistemas sociales en los que participa el individuo, con modificaciones relevantes en cuanto a los aspectos socioculturales, socioeconómicos, políticos, educacionales, etc.” (Hernández y González, 2006, p. 3).
Pero estos cambios además de afectar los diferentes ámbitos o macrocontextos sociales también han mellado las microestructuras interpersonales de los individuos. Por ejemplo, en el ámbito económico, la estrategia de acumulación mundial centralizada (la llamada globalización neoliberal), desplegada en las últimas tres décadas y media, articula nuevas modalidades de generación y apropiación de riqueza que le permite a los monopolios y oligopolios transnacionales acceder a fuentes de ganancia extraordinaria:
Una nueva división internacional del trabajo basada en la configuración de cadenas globales de producción y el uso masivo de fuerza de trabajo barata; la incorporación de la mayoría de los recursos naturales al proceso de valorización de capital, tanto de la litosfera como de la biosfera; la privatización de medios de producción y sectores económicos estratégicos; la sobreexplotación del trabajo directo, generación de una desbordante sobrepoblación e incremento de la migración forzada y la privatización del conocimiento mediante la propiedad intelectual y explotación del capital humano, es decir, la pretensión de subsumir realmente el trabajo científico-tecnológico, donde también participa la migración de trabajadores altamente calificados.
Sin embargo, en la actualidad el capitalismo neoliberal afronta una crisis general que interpela a la humanidad acerca de seguir otorgando primacía a los intereses del capital o poner en el centro la necesidad de mejorar sustancialmente las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población y de garantizar la reproducción de la vida humana en simbiosis con su entorno planetario (Márquez, 2010, p. 436).
Uno de estos casos es la estrategia no violenta aplicada por el pueblo aymara desde hace varios años. La paradiplomacia fronteriza, que permanece casi desconocida para la opinión pública y solo ha sido destacada en el ámbito académico, pese a que ha sido exitosa en sus objetivos y que además trasciende las fronteras de tres países. Es por esta razón que este artículo tiene como objetivo general mostrar, a través de una revisión bibliográfica, este proceso de integración fronteriza, para lo cual, se analizará primero el concepto de paradiplomacia, luego la paradiplomacia indígena y finalmente la paradiplomacia aymara. Este artículo se enmarca en el área de estudios culturales, es decir, es una investigación que se interesa por la diversidad étnica y cultural que coexiste en la frontera de tres países, a través de una particular paradiplomacia étnica aymara.
Aymara, es el nombre que recibe un pueblo originario de América del Sur que desde hace miles de años habita la meseta andina del lago Titicaca desde tiempos precolombinos, repartiéndose su población entre el occidente de Bolivia, el sur del Perú, el norte de Chile y el noroeste de Argentina.
Debemos recordar -como sostiene Laetitia Rouvière- que en Bolivia, Chile y Perú, la construcción histórica de las fronteras estatales como expresión material de la soberanía nacional y símbolo para la movilización de los patriotismos hizo de la Guerra del Pacífico (1879-1884) un verdadero evento fundador para estas tres naciones.
Esta guerra se puede considerar sin duda como una guerra de recursos entre centros políticos para el control del salitre en la región. Sin embargo, la “guerra del papel” llevada durante más de un siglo y la conmemoración de los héroes de esa época, contribuyeron a la construcción de identidades nacionales diferenciadas de los vecinos, basadas en la memoria de este conflicto (Rouvière, 2009, p. 14).
Y es que la historia nos muestra que las huellas de este conflicto fueron especialmente acentuadas por la “chilenización” militar de las regiones conquistadas.
El espacio fronterizo ha sido el escenario de campañas regulares de movilización militar hasta la instalación de minas antipersonales alrededor del límite, prueba del potencial de conflicto que todavía sigue vigente en la región. No obstante, la aparición de esta triple frontera también permitió profundizar o generar intercambios basados en la doble especificidad, geográfica y poblacional, de la región: se trata de una zona rural de altura ocupada mayormente por poblaciones aymaras (140.000 aproximadamente, 77% en Bolivia, 13% en Perú y 10% en Chile), cuya situación socioeconómica resulta de procesos similares de marginalización dentro de sus Estados respectivos. El comercio y las fiestas populares han sido los principales nexos de vida social transfronteriza desde el siglo XIX (Rouvière, 2009, p. 14).
Rouvière (2009) sostiene que la población aymara en Chile se incorpora a la Región de Tarapacá como consecuencia de la Guerra del Pacífico:
La historia aymara está, entonces, estrechamente vinculada con la construcción de la triple frontera, y los líderes tienen un argumento de peso en invertir la significación de la frontera para hacer de la línea de demarcación un centro de integración subregional, presentado como “natural” (Rouvière, 2009, p. 22).
La paradiplomacia
En los últimos años, además del Estado -el actor tradicional de las relaciones internacionales-, otros actores se han ido incorporando en este espacio. De esta manera, gobiernos regionales, locales e instituciones estatales, pese a no ser sujetos internacionales plenos, construyen lazos jurídicos y de amistad con otras similares del exterior, forman parte de regímenes y organismos internacionales que regulan actividades de los Estados y establecen lineamientos para conducirse en este ámbito, sin recurrir a los ministerios de relaciones exteriores de sus respectivos países según Cusipuma (2010), y agrega “Se viene gestando una dimensión local-global de las relaciones internacionales, cuya complejidad requiere de un tratamiento especial para evitar el conflicto entre los diferentes niveles de gobierno sobre su conducción exterior” (Cusipuma, 2010, p. 1).
El replanteamiento de los objetivos de un Estado también explica el surgimiento de nuevos actores.
Si bien todavía lo que se busca es preservar la integridad y unidad de los Estados, hoy el desarrollo de los sectores comercial y económico ha tomado mayor relevancia, mientras que lo militar (considerado único medio para alcanzar los objetivos iniciales) ha pasado a segundo plano (Cusipuma, 2010, p. 7).
Como afirman Aranda, Corder y Ovando (2010), la categoría paradiplomacia constituye una herramienta conceptual que se ha posicionado con fuerza en el ámbito de las relaciones internacionales en los últimos 20 años.
La experiencia de regiones como Quebec en Canadá, o el País Vasco en España constituyen referentes de la forma en que las regiones han asumido el desafío de diseñar y concretar empresas internacionales, tanto en términos de cooperación transfronteriza como a través del establecimiento de vínculos transnacionales a partir de una serie de actores subnacionales (Aranda, Corder y Ovando, 2010, p. 35).
El neologismo apareció en los años ochenta, originalmente, “la acción internacional de los gobiernos no centrales (GNC) fue definida por Duchacek como “microdiplomacia”; luego estableció una diferencia entre diplomacia transfronteriza (vecinal), transregional (sin frontera común) y paradiplomacia global (temas de [sic] incumben la totalidad del planeta)” (Carreón, 2007, párr. 2).
Por otro lado, Roberto Miranda señala que el concepto “paradiplomacia” se refiere a la actividad internacional desarrollada por actores subestatales en el marco de la globalización, es decir en el marco de la diplomacia no tradicional, o bien no convencional. “Con este tipo de diplomacia, el actor subestatal ha buscado diferenciarse de las prácticas gubernamentales de los órganos centrales del Estado” (Miranda, 2005, párr. 9).
Para Noé Cornago, paradiplomacia se refiere a “la participación de los gobiernos no centrales en las relaciones internacionales, a través del establecimiento de contactos permanentes o ad hoc con entidades públicas o privadas extranjeras con el propósito de promover diversos aspectos socioeconómicos o culturales (…)” (Cornago, 2010, p. 56).
En este sentido, como ejemplo, existen varias experiencias generadas tanto en países de Europa como de América del Norte. Por otra parte, la diplomacia no convencional significó que los hacedores de la política exterior desplegaran su gestión sobre los procesos que iban provocando las relaciones transnacionales. “De manera que a medida que la complejidad de lo global se acrecienta, se está haciendo cada vez más difícil sostener una política diplomática convencional sin el soporte de una política diplomática no convencional” (Miranda, 2003, p. 9).
En América Latina, los procesos de internacionalización y las estrategias de integración desde espacios locales comenzaron no de manera formal sino afectiva, con los inmigrantes. Ellos fueron los primeros que internacionalizan las regiones a partir de largas cartas donde dieron a conocer en sus países de origen las características de las ciudades donde decidieron habitar; posteriormente, los gobiernos subnacionales se sumaron a la preocupación por la internacionalización de sus regiones, pero ya con fines de desarrollo. Los procesos de integración entre estos actores se iniciaron en zonas fronterizas, lo que se conoce como paradiplomacia transfronteriza. “Aquí el elemento central es la contigüidad geográfica o física y constituye probablemente la modalidad más extendida y utilizada por el gobierno de una región situada en la frontera estatal con otro país” (Aranda y Reig, 2008, p. 435).
La paradiplomacia transfronteriza representa un importante mecanismo de internacionalización, pero no es el único. Hay también otras modalidades de involucramiento en el escenario internacional: “[…] hermanamientos, acuerdos bilaterales, redes, asociaciones de municipios, y programas de apoyo a la cooperación descentralizada” (Taupier, 2010, p. 4).
Respecto a las posibilidades de desarrollo de actividades paradiplomáticas en América Latina, hoy se necesita compatibilizar la Constitución con los cambios producidos por el proceso de globalización en las materias, actores, procedimientos e instrumentos de la política exterior, tarea compleja sobre todo en Estados unitarios con una tradición cultural centralista y un régimen político presidencialista. Ovando, agrega que:
En efecto, todavía la cultura política latinoamericana y particularmente la diplomática adolecen de un marcado hermetismo, opacidad y un secretismo que hace se arroguen los poderes ejecutivos la exclusividad en conducción de la acción exterior de las naciones latinoamericanas. Esta tendencia estatista se debe a que este último ha sido un actor central en la modernización del continente pues, el Estado constituía una de las especificidades del perfil sociopolítico de las naciones latinoamericanas. Esto debido a que en estos países el Estado, como unidad principal, se dispuso como un actor esencial y sin contrapeso en la modernización de las sociedades (Ovando, 2013a, p. 8).
Vicente Torrijos, señala que, para América Latina actualmente, si bien:
La toma de decisiones en materia de relaciones exteriores, tradicionalmente en manos de muy pocas personas, sobre todo en regímenes políticos de corte presidencialistas y unitario, irá difuminándose, y de hecho así está sucediendo, en un entramado cada vez más amplio, complejo y participativo de consejos consultivos, conferencias sectoriales, comisiones asesoras, comités intersectoriales (Torrijos, 2000, p. 25).
Paradiplomacia indígena
La historia muestra que desde el momento mismo de la llegada de los conquistadores europeos a territorio americano, los pueblos indígenas (PIs) pusieron en marcha diferentes formas de resistencia al poder invasor. Durante el siglo XIX, los PIs combinaron tácticas de resistencia militar y la negociación a través de la firma de tratados.
En la época contemporánea, uno de los hitos más importantes fue el surgimiento del movimiento global por los derechos indígenas. En la década de los años setenta, los indígenas de América del norte estaban en proceso de creación de una nueva ideología y mayor cohesión social, más que ocupados de temas con la sociedad dominante.
Esta nueva perspectiva involucró una mayor difusión de su propia cultura, las actividades eran altamente moralistas en cuanto al sexo, el alcoholismo y la familia, rescatando la herencia cultural y religiosa, oponiéndose al individualismo en pro de la acción colectiva (Gross, 1982, p. 2).
Como afirma Viviana Ortega, el resultado indirecto ha sido:
Las formas de acción política del movimiento como campañas publicitarias dirigidas a los medios y los parlamentos, demostraciones, bloqueo de carreteras, ocupaciones de tierras, el efecto acumulativo de tales protestas ha sido la imagen pública y una resistencia oficial, la obtención de concesiones, etc. (Ortega, 2011, p. 6).
Otro efecto indirecto es en el trabajo de otras organizaciones internacionales, por ejemplo, en 1980 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revisó sus estándares en el tratamiento de los indígenas y pueblos tribales, los estados miembros fueron llamados a dar atención a los derechos e intereses de estos grupos y a garantizarles una voz en la toma de decisiones y los planes de desarrollo que afectan sus tierras.
El tercer periodo va desde el año 1984 hasta 1990, momento en que el énfasis del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas fue reafirmar:
El rol diplomático del movimiento internacional como lo demostró en el levantamiento de los miskitos de Nicaragua en que el Consejo negoció con el gobierno sandinista. Además, era de interés del Consejo atraer a los pueblos indígenas de Asia y debatir sobre la reestructuración interna de la institución. Esta serie de encuentros a través de América del norte y América Latina transcurridos durante una década forjaron el movimiento transnacional, un movimiento cuya principal estrategia ha sido la acting globally (Ortega, 2011, p. 10).
En el caso de América Latina existe una relación entre el retorno a los regímenes democráticos entre los años 1980 y 1990 y la reorganización indígena. Fue el proceso democratizador el que proveyó de un amplio espacio para la articulación pública de la identidad étnica a las organizaciones que habían nacido en contextos políticos autoritarios, al alero o cercanos a partidos políticos de izquierda y movimientos populares que fueron desmantelados. Si bien este nuevo escenario político fue favorable en un primer momento, la transformación de las instituciones del Estado para dar lugar a las reformas neoliberales crearon un nuevo escenario de fragmentación política que provocó una mayor movilización de las organizaciones indígenas (Ortega, 2011, p. 11).
El escenario desde el año de 1985 es la emergencia de organizaciones creadas una o dos décadas antes como la Federación Shuar del Ecuador (1964), el Consejo Indio de las regiones del Cauca de Colombia (1971) y los kataristas de Bolivia, la característica de esta nueva emergencia es el debate internacional de la demanda indígena en foros internacionales, el patrón de las organizaciones es la visibilidad de sus líderes, el establecimiento de redes, la movilización fuera del Estado, la emergencia de un movimiento fuera de las comunidades locales y establecer demandas que no son parte del proyecto nacional sino propias, hay diversidad, debates, metas, estrategias y tácticas nuevas.
Un nuevo punto de encuentro para el movimiento internacional surge en el año de 1992 con la “Campaña Internacional por los 500 años”. Las redes de derechos indígenas operaron en cientos de organizaciones para generar una respuesta al quincentenario. Como señala Rodolfo Stavenhagen “el movimiento indígena planteó que los pueblos fueron víctimas del colonialismo y se inspiró en la lucha de los movimientos anticoloniales y de liberación nacional” (Stavenhagen, 1997, p. 69).
La emergencia del movimiento a nivel latinoamericano ha reforzado el debate sobre la autonomía territorial aparejado a temas como pluralismo legal, ciudadanía, representación y multiculturalismo. De acuerdo con Héctor Díaz Polanco:
Puede indicarse que el sistema de autonomía se refiere a un régimen especial que configura un gobierno propio (autogobierno) para ciertas comunidades integrantes (de un Estado o de una nación), las cuales escogen así autoridades que son parte de la colectividad, ejercen competencias legalmente atribuidas y tienen facultades mínimas para legislar acerca de su vida interna y para la administración de sus asuntos (Díaz, 1991, p. 151).
Araceli Burguete agrega que, la autonomía, puede ser considerada como un “nuevo paradigma” en las luchas por la descolonización de los pueblos indígenas y, documenta el proceso de construcción del mismo, en los últimos 40 años en América Latina (Burguete, 2010, p. 63).
Además, sostiene Díaz Polanco, que el concepto de autonomía está estrecha e indisolublemente vinculado al derecho de libre determinación y a la noción de pueblos.
Por ello, la discusión se centra en el quién y en el qué; esto es, en si los indígenas constituyen pueblos o no, y si tienen o no derecho de libre determinación. Ambos términos son inseparables, pues son los pueblos los sujetos del derecho en cuestión. Por ello, el primer problema es precisar quiénes son pueblos; y, a partir de ello, definir el rango del derecho correspondiente (Díaz, 1998, p. 8).
En la región los movimientos más fuertes se dan en países con una numerosa población indígena como Bolivia, Guatemala, Ecuador y México, pero también hay debate en países con menos población como Colombia, Brasil y Chile. El contexto político de retorno a la democracia y de desmantelamiento económico, produjo un retroceso en el rol del Estado en tanto un incremento en la politización de la identidad indígena y las organizaciones de los movimientos.
Desde mediados de 1980 e inicios de 1990 se producen cambios a nivel constitucional a favor del reconocimiento de los grupos indígenas y se establecen algunos derechos en países como Guatemala (1985), Brasil (1988), Nicaragua (1988), Colombia (1991), lo que no ocurre en los otros países. Esto permitió abrir un nuevo camino legal y político para la relación entre los indígenas y el Estado (Stavenhagen, 1992, p. 437). Como lo reconoce Stavenhagen “las organizaciones indígenas no habrían llegado hasta donde han llegado en estos años sin apoyos externos” (Stavenhagen, 1997, p. 68).
Gilberto López y Rivas sostiene que las autonomías:
Dan una solución a conflictos incluso armados en el interior de estados multiétnicos que, como en el caso de Nicaragua o México, reivindican autonomías de hecho o reconocidas constitucionalmente como una nueva forma de organización de esos estados. En estos casos, las autonomías pueden iniciar procesos de reconciliación nacional que fortalecen lealtades étnicas y nacionales, mismas que van complementándose en el desarrollo del proceso autonómico (López y Rivas, 2006, p. 12).
El repertorio indígena en América Latina, en las décadas de los ochenta y noventa ha dispuesto de una compleja estructura de incentivos de variada índole que promovió la causa indigenista en la región, el primer factor sería:
Una favorable estructura de oportunidad política, nacional e internacional; en segundo lugar, una exitosa organización política basada en las redes organizativas previas y un eficiente repertorio de protesta; el tercer factor es un discurso político identitario eficazmente enmarcador de los problemas indígenas, delimitando sus protagonistas y sus antagonistas (Maiz, 2004, p. 141).
En este escenario, Guiomar Rovira Sancho, apunta a que los pueblos indígenas respondieron combinando la política de la identidad con la internacionalización. En este caso, la globalización garantizó a estos actores nuevos accesos al poder, más allá del Estado nación que los oprimía históricamente: “En el espacio entre el poder y la hegemonía, el pueblo tribal construye sus relaciones con el pueblo global” (Rovira, 2007, p. 133).
Paradiplomacia aymara
En relación al pueblo aymara, donde la historia colonial y el territorio les identifican, en específico en el caso de los ha bitantes de Tarapacá y su vecina Oruro:
Ni siquiera la cordillera de los Andes ha sido obstáculo para sus intentos de integración física. Un ejemplo simbólico es el vínculo entre el carnaval de Oruro y la fiesta religiosa de La Tirana, donde las bandas de bronce y las diabladas, entre otros elementos, tienen origen en la región boliviana (González y Ovando, 2014, p. 45).
Sergio González y Cristian Ovando agregan que nos encontra mos con regiones que existieron antes de la construcción de ambos Estados nacionales y que:
Tuvieron relaciones comerciales y culturales durante la Co lonia en torno al eje minero de Potosí, por un periodo más largo que el actual de las respectivas repúblicas, formando parte de un territorio más amplio que Carlos Sempat Assadourian denominó espacio peruano (González y Ovando, 2014, p. 45).
En el caso del norte de Chile, particularmente con Bolivia desde finales del XIX y de manera irregular durante todo el siglo XX, se han manifestado una serie de iniciativas paradiplomáticas (alcaldes, comités cívicos, gremios empresariales, etc.), las cuales estarían marcadas por un sentimiento de alienación territorial, pues ellos, desde siempre, se perciben alejados de los núcleos más dinámicos de desarrollo del país. Este extrañamiento hacia el centro sería causa y expresión de la reivindicación identitaria, propia de la paradiplomacia de las regiones periféricas, sobretodo de Estados unitarios centralizados.
Los datos censales de los tres países (ver Tabla 1), manifiestan que dentro del área de influencia de Aymaras Sin Fronteras, “la población aliancista alcanza a 179.550 habitantes, de los cuales el 77% corresponde a bolivianos, 10% a chilenos y 13% a aymaras peruanos estas cifras son esquematizadas de la siguiente manera” (Vera, 2011, pp. 38-39):
Tabla 1: Distribución de la población aymara por país e importancia relativa
Fuente: Paula Vera (2011, p. 39).
Paula Vera (2011), se refiere a la actual nación aymara como un “pueblo testimonio”, caracterizado por:
Haber formado parte de una alta civilización autónoma, que resistió, en primera instancia, a la colonización europea y que posteriormente buscó su reivindicación étnica apuntando a la construcción de una nación moderna, la cual fue variando culturalmente por las influencias tradicionales occidentales y por su intento de adaptación a las circunstancias impuestas por el mundo globalizado; pero que sin embargo, se mantiene en la actualidad como una unidad étnica, cultural y lingüística que mantiene su identidad y conciencia, conservando su vitalidad, etiquetándose de esta forma, como una “cultura viva” (Vera, 2011, pp. 39-40).
Uno de los principales indicadores de identidad étnica, en la actualidad, es la lengua, tal es así que cuando se hace referencia al hombre aymara se identifica casi simultáneamente a la persona que habla el idioma de este mismo nombre.
Aunque esta asociación no sea del todo correcta, para identificar las raíces e historia del hombre aymara, como se verá a continuación, las investigaciones y estudios se basan fuertemente en seguimientos de los aymaras parlantes a lo largo de los años (Vera, 2011, p. 40).
Paula Vera (2011) sostiene que al mencionar la historia aymara, es preciso empezar señalando que:
Los orígenes de la etnia aymara son bastante difusos y confusos, esto debido a que dentro de los aymara parlantes hubo, a lo largo de la historia, un sinfín de migraciones, expansiones y reubicaciones; así mismo existieron lenguas hermanas a la aymara y toponímicos que se esparcieron por toda la región. Por estos dos motivos, existe en el ámbito académico muchas discrepancias respecto del hombre aymara (Vera, 2011, p. 40).
Entre las teorías más aceptadas, el origen de los aymaras se encuentra vinculado a la decadencia del imperio Tiahuanacota y a la conformación de los reinos o señoríos aymaras. Estos ocuparon el actual territorio fronterizo del Estado, boliviano, chileno y peruano (Vera, 2011, p. 40).
Pero volviendo al presente, es preciso señalar que Aymaras Sin Fronteras, tiene antecedentes históricos relacionados al malestar, producto del abandono y el desabastecimiento en que se encontró la región, además del sentimiento de crisis generalizada que atravesó Tarapacá desde sus orígenes. En cuanto a sus funciones, en general planteamos que estas actividades pioneras ofrecen nuevas alternativas de desarrollo:
a) aprovechando nuevas oportunidades del comercio exterior, b) aumentando la seguridad y la paz a través de la cooperación descentralizada, c) permitiendo la emergencia de plataformas pivotales en áreas transfronterizas y corredores internacionales y d) permitiendo la formación de redes sociales transfronterizas, incluyendo las étnicas y familiares, que aumentan la densidad cultural (Ovando, 2013b, p. 119).
Los gobiernos regionales y municipalidades son los entes de cooperación y competencia internacional a nivel gubernamental que más se han visibilizado en el Cono Sur de América; no obstante, no han de ser consideradas las únicas entidades paradiplomáticas. En efecto, la paradiplomacia podría entonces referirse a toda forma de actividad internacional llevada a cabo por actores no tradicionales, incluyendo entre éstos las corporaciones transnacionales, las organizaciones internacionales de trabajadores, las comunidades religiosas, los organismos no gubernamentales, la industria y los medios de comunicación (Carreón, 2007).
La Alianza Estratégica Aymaras Sin Fronteras, que nace el año 2001, tiene sus antecedentes en la Feria Regional Andina (FERAN), desarrollada en la comuna de Putre (Chile), donde se dieron cita Alcaldes de los Municipios Rurales fronterizos de Bolivia, Chile y Perú para participar de la Feria. La idea era “aunar voluntades y acciones, especialmente en el campo productivo para elevar el nivel de vida de sus poblaciones y revertir las condiciones de pobreza existentes” (Vera, 2011, p. 59). Esta iniciativa trinacional:
Se constituye como parte de una pluralidad de actores políticos y sociales que, desde regiones contiguas de estos tres países, promueven una mayor integración, además se caracterizan por demandar a sus respectivas regiones y centros políticos ciertas reivindicaciones en pos de un desarrollo transfronterizo” (Ovando, 2013b, p. 117).
A modo de caracterización, podemos decir que la población total de aymaras es de aproximadamente 1 590 000 individuos, repartidos en una zona que comprende el extremo sur del Perú, departamentos de Tacna, Moquegua y Puno; la zona occidental de Bolivia, departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba; y el extremo norte de Chile, región de Tarapacá. Bello (2012) señala que:
Según el censo de 1993, en Perú habitan aproximadamente 300.000 aymaras entre monolingües y bilingües lo que representa el 18,9% del total (INEI-Perú, 1993); en Bolivia, en tanto, la población de aymaras, entre monolingües y bilingües asciende a 1.237.658 representando el 77,8% del total (INE-Bolivia, 1992); en Chile, los aymaras suman, entre monolingües y bilingües, 50.000 individuos, cifra que corresponde a 3,14% del total (INE-Chile) (Bello, 2012, pp. 10-11).
En el caso peruano no existe ninguna asociación municipal antes del 2001, año de creación de la Alianza Estratégica Aymaras Sin Fronteras; la alianza transfronteriza lleva a los alcaldes a unirse con muchas dificultades.
Son los miembros de una ONG, el CEPAD (Centro de Promoción y Asistencia para el Desarrollo, luego transformada en Corporación Internacional Desarrollo Transfronterizo, ICOR), quienes trabajan para la asociatividad tacneña y transfronteriza. Los alcaldes peruanos manifiestan generalmente un interés muy limitado para este tipo de proyecto (Rouvière, 2014, p. 45).
Daniel Bello (2012), señala que es interesante notar que:
Esta iniciativa surge desde las zonas fronterizas -los municipios- y no desde el Estado central, más aún si se tiene en cuenta que los tres países involucrados tienen una larga historia de desencuentro y conflicto, e incluso mantienen litigios pendientes, tanto fronterizos como por el uso de recursos hídricos. En este sentido, la AE toma un camino diametralmente distinto al que transitan los Estados, y constituye una experiencia de integración subregional y de paradiplomacia que puede generar dinámicas positivas que los Estados-nacionales han sido incapaces de crear (Bello, 2012, p. 155).
Agrega Bello, que mediante la articulación y cooperación a través de las fronteras, “la organización busca implementar y gestionar políticas que fomenten el desarrollo de la comunidad en las siguientes áreas: agricultura, infraestructura, pequeñas empresas, recursos naturales, energía, cultura, educación, salud, derechos civiles, participación política y desarrollo económico” (Bello, 2012, pp. 154-155).
En su inicio reunió a 56 municipios de Bolivia, Chile y Perú, con un horizonte demográfico de 180 000 personas. El alcalde de Putre, Francisco Humire Alejandro, fue el líder natural de este proyecto:
Que ha interesado a organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la ONG CEsPI, entre otros. También ha incorporado a gobiernos nacionales como el de Chile, gobiernos regionales como el de Tarapacá y el de Tacna, ONG nacionales como el Centro de Estudios y Servicios Multidisciplinarios INTI de Bolivia (González, Ovando y Rouvière, 2008, p. 37).
En cuanto a la relación que se da entre los municipios y los gobiernos regionales respectivos en el marco de este proyecto, Francisco Humire considera que ellos tienen las ideas más claras respecto al desarrollo transfronterizo que los representantes de los gobiernos regionales, pero entiende que debe trabajar con ellos, aunque sin perder su finalidad última: la unidad aymara trinacional (Ovando, 2013b, p. 121). En palabras del propio Humire, lo más relevante es precisamente su carácter étnico: “nosotros tenemos un sustento cultural que nos hace distintos a otras regiones ya que somos aymaras. La Alianza Estratégica (AE) busca otorgar fuerza al movimiento indígena haciendo resurgir una organización que tiene un pasado milenario que es necesario reivindicar” (González et al., 2008, p. 38).
Cristian Ovando afirma que Aymaras Sin Fronteras en cuanto a sus motivaciones, se trata de una combinación de finalidades económicas y culturales, pues buscan nuevos mercados para sus productos y promoción turística de los territorios ancestrales; además, desde su puesta en marcha intenta reivindicar su identidad colectiva aymara marcada por la distancia hacia los respectivos centros políticos, especialmente desde su mirada del desarrollo con identidad al amparo del convenio 169 de la OIT. Con todo, buscan un mayor reconocimiento para tender a un desarrollo transfronterizo gestionado desde sus territorios (Ovando, 2013b, p. 121).
La relevancia de este proyecto radica -afirma Ovando- en que esta propuesta va más allá de un mero intercambio de bienes o servicios, puesto que se estarían validando nuevas y complejas escalas de acción internacional a través de la institucionalización de una estrategia de desarrollo vinculada a una nueva territorialidad transfronteriza, que no ha estado exenta de polémica.
Así, en el año 2004, dentro de las negociaciones con la cancillería chilena para constituir la asociación, estableciendo su personalidad jurídica que le permitiera acceder a financiamiento internacional (Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial), ésta se negó a que se denominase “Asociación Trinacional”, quitando el calificativo. A partir de la escasez de fondos públicos para su implementación, hacia 2006 se congeló la iniciativa, por lo que el Estado chileno gestionó un proyecto de inversión vía cooperación internacional a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero siempre bajo un estricto control del Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE (Ovando, 2013b, p. 121).
Al respecto, Laetitia Rouvière señala que en una entrevista un responsable del BID afirma:
Hay maneras de llevar a cabo el proyecto porque tienen una tradición, realmente saben concertarse juntos, trabajar juntos, ellos han consensuado la propuesta, etcétera, y la impresión que siempre tuvimos de acá es que esta acción colectiva entre los representantes de municipalidades de estos tres países era muy fuerte (Rouvière, 2014, pp. 40-41).
Como sostiene la investigadora “existe una distancia importante entre el conocimiento que tienen los financiadores del ámbito donde llevan ayuda técnica -o los discursos que vehiculan y las prácticas concretas de poder en las localidades” (Rouvière, 2014, pp. 40-411).
Los dos mil kilómetros de estos municipios, con la capital chilena (el centro decisional por excelencia), contribuyeron en su reivindicación identitaria altoandina, que pretende rearticular un espacio vernáculo, al amparo del convenio 169 de la OIT. Lo anterior no significa que Aymaras sin Fronteras sostenga posiciones autonomistas, sino más bien reintroduce un imaginario espacial divergente (Filibi, 2010, p. 26) de aquellos producidos por las convenciones estatales modernas que delimitaron fronteras. Entonces mantiene una dualidad de paradiplomacia, al ser instrumental y a la vez simbólico. De esta manera, suma a los contenidos económicos (desarrollo sostenible) la acción comunicativa dirigida a la reproducción de una identidad colectiva ancestral, mediante la autoafirmación de su representación cultural (Cornago, 2010, p. 123). Aymaras Sin Fronteras es un desafío en sí misma para las élites de los Estados, en tanto cuestiona la centralización de la actividad diplomática, criticando el proceso histórico de la gestión centralizada de los recursos. Más bien elusiva a la cooptación por parte de Estados incómodos con el alcance internacional de dicha experiencia, AE demandó reformas administrativas esgrimiéndolas en foros amplios, como los Comités de Frontera. AE incluso toca fibras aún más sensibles si consideramos que este espacio de interacción transfronteriza fue escenario de la Guerra del Pacífico (1879-1883) con consecuencias diplomáticas hasta el presente. Adicionalmente, dicha dinámica de territorialización imaginada, que concierne a territorios de distintos Estados nación, también es una manifestación de la interiorización de la política internacional y muestra además, la profunda interpenetración de las esferas locales y regionales, nacionales y extranjeras.
Lo anterior constituye otro reto, tanto para los gobiernos nacionales como para sus expresiones locales. Mientras los primeros suelen interpretar estos procesos como una amenaza, los segundos deben cultivar destrezas en la gestión de la interdependencia transfronteriza y así optimizar su propio desarrollo territorial.
Con todo, Aymaras Sin Fronteras constituye un desafío para las élites nacionales de los tres países en la medida que cuestiona los fundamentos básicos de la soberanía del Estado y la centralización de la actividad diplomática (Aranda y Ovando, 2012, p. 4).
Además resulta particularmente esquiva a los intentos de normalización, puesto que, por más que tenga la venia de los Estados que han apostado por reformas administrativas para darle cause, les resulta incómoda su proyección supranacional, sobre todo que se trata de un territorio epicentro de una Guerra que hasta hoy genera disputas diplomáticas (Ovando, 2013b, pp. 121-122).
En los últimos años, la Alianza Estratégica Aymaras Sin Fronteras se consolidó notoriamente de forma que fue capaz de atraer y captar la atención de numerosos actores internacionales, convirtiéndose en destinataria de abundantes fondos de la cooperación internacional o bien, como caso de estudio por su carácter innovador (Marteles, 2009, p. 195).
El “Proyecto de Desarrollo Aymaras Sin fronteras” pretende agenciar los problemas propios de las comunidades fronterizas aymara-descendentes de la región altoandina de la triple frontera norte, respondiendo a las carencias de servicios e infraestructura, barreras legales (arancelarias) y políticas para un desarrollo económico sostenible y armónico con su estilo de vida ancestral y hábitat transfronterizo. La falta de planes comunes de gestión territorial que incorporaran los usos culturales de la tierra, unido a la inexistencia de acuerdos transfronterizos fito-sanitarios para el intercambio de productos, que afecta y limita los intercambios verticales tradicionales de las comunidades aymaras (la crianza de alpacas y llamas, el comercio de quinua, carne de llama, los cultivos tradicionales y plantas medicinales y aromáticas), unido al creciente despoblamiento de una región que sufre la carestía de oportunidades laborales y desconexión del circuito vial significaron serias amenazas a la supervivencia comunitaria. Las respuestas del Estado en sus niveles centrales y regionales articularon proyectos de desarrollo económico que desconocían y dejaban de lado los usos y costumbres de las poblaciones aymaras generando riquezas que no eran aprovechadas por las comunidades locales, sin olvidar el interés del Estado por controlar una región de proyección geopolítica trifronteriza, vulnerable a delitos como contrabando de artículos electrónicos y vehículos (González, 2012, p. 298). En dicho cuadro emergió Aymaras Sin Fronteras exigiendo la implementación de “estrategias transfronterizas de desarrollo económico que tomen en consideración el capital social, natural y cultural del pueblo aymara” (Vásquez, 2012, párr. 6).
Hacia el 2014, integraban Aymaras Sin Fronteras las comunas chilenas de Putre, General Lagos y Camarones de la región de Arica-Parinacota, más Pozo Almonte, Pica, Colchane y Camiña de la región de Tarapacá. Dicha adhesión, compartida con la membrecía en la Asociación de Municipales Rurales, suponía un protocolo de acción conjunta en el ámbito transfronterizo. Solo la comuna de Huara se restó de Aymaras Sin Fronteras en el año 2011. Aunque sin convenios específicos con municipios limítrofes, el alcalde de Huara, Carlos Silva, militante del Partido Radical (PR) ha sido un activo promotor de diálogo con Bolivia. El bloque, por el lado de Chile, es encabezado en la actualidad por los ediles Sixto García y Miguel Ángel Núñez, de Camina y Pica respectivamente. Como señala el exalcalde de Curahuara de Carangas, provincia Sajama del departamento de Oruro, Alejandro Choque Castro, el éxito de Aymaras Sin Fronteras se debe a que “como cultura aymara entendemos que tenemos una sola raíz, un solo pasado, una sola historia en común” (Bustillos, 2016, párr. 4).
Sin embargo, Alejandro Choque Castro (citado en Bustillos, 2016), sostiene que en los últimos dos años, la alianza solo sigue vigente en Bolivia ya que en rigor, la relación trinacional (especialmente con los municipios chilenos) en la práctica, se ha suspendido, y ese fue el particular efecto que tuvo la presentación por parte de Bolivia con la demanda jurídica contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. “Por el tema que todos ya sabemos, ahí quedó congelado el tema de la integración municipal transfronteriza”, sostuvo Choque Castro (Bustillos, 2016, párr. 7). Recordemos -como sostiene Laetitia Rouvière- que las relaciones diplomáticas entre Chile, Perú y Bolivia han sido conflictivas desde las anexiones chilenas después de la guerra del Pacífico (1879-1883). Entre el 2008 y el 2013, Perú y Bolivia demandaron a Chile ante la Corte Internacional de la Haya para recuperar parte de los territorios correspondientes (Rouvière, 2014, p. 41).
Sin embargo, la idea de convertir a la “región tripartita, trinacional” en un polo de desarrollo sigue presente, sobre todo considerando que esta zona cuenta con grandes potencialidades, como turismo, ganadería de camélidos y quinua. Un problema que se ha incrementado en los últimos años en la zona ha sido la alta tasa migratoria, problema común en los tres países.
Alejandro Choque Castro, apunta al plan de desarrollo del turismo, con la coexistencia por ejemplo, de los parques nacionales Sajama en Bolivia y, a unos pasos al otro lado de la frontera, el Nacional Lauca de Chile. La idea era un “turismo integrado” entre ambos parques. Otras ideas que siguen vigentes son: “El tema de camélidos, aprovechar los mataderos que tiene Curahuara y pronto tendrá Turco, tanto para mercados internos como para la exportación a través de Chile y sus zonas francas; lo mismo, cultivo de quinua. ‘Queríamos exportar charque’” (Bustillos, 2016, párr. 6).
Conclusiones
Los espacios de frontera suelen asociarse con las ideas de marginalidad y de periferia. También, muchas veces, son considerados como zonas de conflicto. De hecho, en la triple frontera de Bolivia, Chile y Perú la memoria de la Guerra del Pacífico ha contribuido a la construcción de identidades nacionales diferenciadas. Además el potencial de conflicto se deja ver en las campañas regulares de movilización militar, en las minas antipersonales que aún existen alrededor de los límites fronterizos y en las presentaciones ante el Tribunal Internacional de La Haya.
Sin embargo, la Alianza Estratégica Aymaras Sin Fronteras, como hemos visto, es un caso interesante para analizar procesos de encuentro y mancomunidad entre grupos sociales ubicados en las fronteras de diferentes países, vecinos entre sí. Durante los últimos 15 años, (si bien ha estado congelada por los últimos tres), la paradiplomacia fronteriza aymara unió a más de 50 municipios de Bolivia, Chile y Perú buscando cambiar la primacía de los intereses del capital, por condiciones de vida y trabajo adecuadas para la mayoría de la población indígena y garantizar la reproducción de la vida humana en simbiosis con su entorno planetario.
La viabilidad integracionista que tendrá esta alianza, que como producto del litigio entre Chile y Bolivia en la Corte de La Haya ha dejado de ser cooperativa y casi inexistente, dependerá además de los aspectos económicos, sociales, políticos, culturales y físicos de las estrategias, planes y aspiraciones que los miembros de la Alianza Estratégica Aymaras Sin Fronteras desarrollen. Para pasar de una combinación entre estrategias político-económicas, movilizadas por dos tipos de memoria potencialmente contradictorias, la nacional y la subregional a una alianza que realmente busque la integración. De no proseguir por este camino se convertirán en otro proyecto de cooperación fracasado más en América Latina.
