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Estudios fronterizos

Print version ISSN 0187-6961

Estud. front vol.12 n.24 Mexicali Jul./Dec. 2011

 

Artículos

 

La selección de candidatos a la presidencia municipal de los partidos políticos en Ciudad Juárez como práctica y reforzamiento de democracia interna

 

Cecilia Sarabia Ríos*

 

* Doctora en Gobierno y Administración Pública, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Madrid, España. Actualmente labora en El Colegio de la Frontera Norte. Correo electrónico: csarabia@colef.mx

 

Recibido el 19 de septiembre de 2010
Segunda versión recibida el 24 de agosto de 2011
Aprobado el 14 de septiembre de 2011

 

Resumen

Son múltiples los análisis que se pueden realizar sobre un proceso electoral, uno de ellos es el caso de la democracia interna de los partidos políticos. En este sentido, este documento tiene el objetivo de entender la lógica del desarrollo de la democracia interna en las organizaciones partidarias de Ciudad Juárez, centrándose en uno de los aspectos de la misma: la selección de candidatos. La observación de la selección de candidatos a la presidencia municipal en la última década en Ciudad Juárez permite hacer observaciones sobre las ventajas y desventajas que para el partido representa la vida democrática interna, entender su grado de desarrollo y la lógica que lo motiva a su evolución o a volcarse a resultar atractivo sólo para el votante externo y no para el interno.

Palabras clave: partidos políticos, democracia interna, selección de candidatos, lógica de la democracia.

 

Abstract

The internal democratic of political parties are one of the numerous analyses that can be performed on an electoral process. In this regard, this document aims to understand the logic of development of internal democracy in the party organizations in Ciudad Juarez, focusing on one aspect of it: the selection of candidates. The observation of the selection of candidates for municipal office in the last decade in Ciudad Juarez allowed to comment the advantages and disadvantages for the internal democratic life of party, to understand its development level and the logic that motivates their evolution or turn to be attractive only for external voting and not for the militants.

Keywords: political parties, internal democracy, candidate selection, logic of democracy.

 

Perspectivas y elementos de la democracia interna

En términos generales, la democracia interna de los partidos políticos se concibe como el funcionamiento, la adopción y el entendimiento de los principios democráticos dentro de la organización (Schifrin, 1980; Titani, 2007; Freidenberg, 2005).

Su estudio comprende varias perspectivas, entre ellos: a) las que rechazan la democracia interna, b) las que abogan por su fortalecimiento en función de sus consecuencias organizativas positivas, y c) las que subrayan la importancia de la democracia externa independientemente de que exista o no democracia interna.

Quienes apoyan estos puntos de vista tienen además diversas opiniones sobre los elementos que la componen, entre los que se encuentran: fijar una política partidaria, la participación en la organización (autonomía, garantías para los afiliados, equidad de género, inclusión de minorías), la información y la responsabilidad de los funcionarios del partido, la libertad de expresión, los procesos internos de selección de líderes y candidatos, la promoción del diálogo, los requerimientos legales, las regulaciones y la inclusividad o extensión del cuerpo de los tomadores de decisiones, por mencionar algunas.

Entre las perspectivas que rechazan la democracia interna aparecen autores como Ostrogorski1 y Michels2, quienes argumentan que la democracia interna es irrealizable (Chadel, 2001) ya que los partidos para garantizar detentar el poder deben basarse en círculos cada vez más reducidos, lo que equivale al control de la mayoría por la minoría, principio contrario a la democracia (Lenk y Neumann, 1980).

Del lado de las perspectivas que abogan en función de las consecuencias organizativas positivas de la democracia interna, algunos autores postulan que es a través de los estatutos, modelos organizacionales, procesos de selección bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, que se consolida la vida democrática de los partidos (Navarro, 1999; Rebollo, 2007; Hernández, 2002).

Sin embargo, en este sentido sus efectos son debatibles y existen posturas que discuten que la democracia interna debería tener efectos positivos tanto en el desarrollo de la democracia de la sociedad como en el desarrollo de imagen, en mejores candidatos y en mayor unidad partidaria (Nertherlands Institute for Multiparty Democracy, 2007), mientras otras consideran que sus efectos varían de una sociedad a otra y de un contexto a otro.

En otro orden de ideas, las posturas que consideran que mientras la democracia se realice en el contexto externo en la vida interna carece de relevancia, puede inscribirse la percepción de Panebianco para quien los partidos –como organizaciones– reflejan en su ideología los fines que deben cumplir, entre los que figura el de ganar victorias electorales; en la búsqueda de este fin, se convierten más que en reproductores de las desigualdades sociales, en productores de desigualdades en su interior.3

En esta misma línea se inscribe Duverger, al concebir a los partidos como el entorno en el que se organizan las masas, que, antes que otra cosa, son maquinarias electorales y están enfocadas en ganar elecciones. Es en este sentido que la elección parece favorecer más la oligarquía, por el llamado a la disciplina del partido, y multiplicar más que la libertad, la obediencia.

Los cambios que se requieren para la democracia interna de los partidos políticos incluyen poner atención en: la falta de institucionalización de los partidos, la dominación de las élites, la falta de inclusión de mujeres y jóvenes, los efectos adversos del patronazgo, la falta de rendición de cuentas de los líderes, la falta de participación de las bases y la falta de competitividad en la selección de líderes y candidatos. Pero también se debe poner especial atención en los riesgos que enfrentan ciertos procedimientos, como la selección de candidatos (sc), ya que se puede crear inestabilidad en los partidos no consolidados.

El análisis de Mimpen, (2007) para construir el debate al respecto abarca: 1) los requerimientos legales; 2) las regulaciones; y 3) las prácticas actuales de los partidos. Por su parte, Scarrow (2005) reconoce la inclusividad (es decir, qué tan amplio es el círculo de los tomadores de decisiones en el partido) y la centralización (que se refiere a la extensión del cuerpo de los tomadores de decisiones) como dimensiones fundamentales para que se realice la democracia interna en la selección de candidatos líderes, y en fijar una política partidaria.

En su análisis, Freidenberg (2006) encuentra varios asuntos que deben atender actualmente los partidos para lograr una vida democrática en su interior, entre otros:

a) La superación de las prácticas de la organización formal.

b) El clientelismo.

c) La tensión entre los candidatos políticos profesionales versus los candidatos externos.

d) La participación de minorías y sectores sociales subrepresentados (mujeres, jóvenes, grupos étnicos) en el proceso de toma de decisiones y en la definición programática del partido.

e) El tipo de relación entre las unidades partidistas en el territorio.

f) El financiamiento, el acceso a medios y el gasto electoral.

g) La tensión entre ser más democráticos internamente y más competitivos externamente.

Peschard menciona que el ámbito de actuación interno de los partidos "tiene que ver con la manera como se agrupan, como forman sus liderazgos y el tipo de relaciones que guardan con sus militantes, como se estructuran sus órganos en los distintos niveles en los que está dividido el partido, como están distribuidas las diferentes tareas que tiene que desarrollar" (Peschard, 2005:26).

Arroyo (2008) señala que entre las razones de los pocos avances de la democracia interna de los partidos políticos se encuentran:

a) La juventud de un verdadero sistema de partidos.

b) El argumento en pro de una democratización interior de los partidos, que se quedó atrapado en la perspectiva teórica dejando a un lado la práctica de la democratización interna.

Entonces, aunque no es tarea fácil especificar el grado de evolución que guardan cada uno de los aspectos que componen la democracia interna de un partido, tratar uno de los aspectos, como la SC, puede auxiliar en la deducción de las condiciones de su lógica de desarrollo.

 

La selección de candidatos como reflejo de la democracia interna

Comprendo la selección de candidatos como un procedimiento o conjunto de actividades que realizan los partidos y los precandidatos para decidir quién los representará en las elecciones, que les permite ofrecer y poner a disposición de los votantes sus opciones de liderazgo y representación.

Este procedimiento generalmente es autorregulado por los mismos partidos y reflejo de la vida interna en cuanto a las luchas intestinas de poder, de los incentivos institucionales, la movilidad y ascenso de los militantes, las características organizacionales (estructura, jerarquías, distribución de la autoridad, entre otros) y muestra la facilidad de alterar los métodos.

La SC, junto con el reclutamiento, es una de las funciones principales o centrales de los partidos políticos (Oñate, 1997; Scarrow, 2005; Field y Siavelis, 2009; Panebianco, 1990), donde se presenta una dinámica de relación dialéctica entre los aspectos que refleja y los que afecta dentro del partido.

En la SC se acentúa el objetivo de formación y suministro de las élites gobernantes del Estado; por ende, en regímenes donde los gobiernos surgen de la voluntad popular, es innegable el papel protagónico de los partidos para la expresión, la representación política y la participación electoral que no siempre coincide en sus procedimientos internos con una democracia "buena". Así, en regímenes democráticos la procedencia de los actores políticos supone que emanan de un ejercicio político en semejantes condiciones democráticas, sin embargo, la realidad en algunas ocasiones dista mucho de ello.

Arroyo (2008) apunta que la SC es un concepto multidimensional que se suele asociar a la idea de lo que debería ser un "buen partido" más que con lo que describe el comportamiento partidista; esta postura es apoyada por Ashiagbor (2009) al manifestar que la SC a menudo refleja las normas sociales del partido.

Precisamente por eso resulta de suma importancia profundizar sobre la SC ya que, por un lado, para los miembros del partido se convierte en el primer recurso para tener acceso al poder en caso de ganar la elección externa, y por otro, en esta acción, los partidos ejercen el carácter de canales de representación de los futuros gobernantes o funcionarios. Por tanto, el resultado de este proceso afectará a los partidos mucho tiempo después de la selección (Hazan y Rahat, 2009).

Asimismo, el análisis de la SC permite dar cuenta de por qué, cuándo y en qué condiciones se cambian o preservan los métodos de selección o la lógica de la democracia interna. Éste, como otros de los procedimientos internos, permite entender los acuerdos extralegales que existen en la vida de los partidos y posibilita una aproximación a la vida democrática interna donde se puede visualizar la búsqueda de equilibrio en la organización más que partidos sustentados por el carácter democrático, es decir, partidos electorales que privilegian ganar victorias electorales resultando atractivos para el votante externo y no para el interno.

Por otra parte, la relevancia del estudio de la SC en el contexto nacional de México obedece primariamente a que el sistema político mexicano estipula a los partidos políticos como el conducto natural para la representatividad, haciendo de éstos el principal vehículo para garantizar la realización libre y periódica de elecciones, característica primordial de una democracia de calidad. Como los partidos tienen el "monopolio de candidaturas", en este procedimiento se pueden analizar las condiciones democráticas intrínsecas que encauzan, canalizan, regulan, restringen, limitan o delinean la competencia, la participación, la representación y el acceso al poder.

Para cumplir con esa función de sc, los partidos requieren de autonomía frente al poder y para que esto suceda el Estado está obligado a no intervenir en su vida interna, a pesar de ser entidades complejas por las funciones que cumplen y por su naturaleza dual –de ser al mismo tiempo organizaciones de la sociedad civil con funciones públicas esenciales– (Peschard, 2005: 23). De este modo, al ser los partidos entidades de carácter institucional y recibir financiación gubernamental para su funcionamiento, es prerrogativa de todos los ciudadanos vigilar que su ejercicio sea de acuerdo con sus funciones.

Podemos también mencionar que las elecciones internas se convierten en el principal posicionamiento de los candidatos ante la ciudadanía, como ha sucedido en los últimos años, además de ser el vestíbulo para conferir mayor credibilidad a los partidos y legitimidad de la oferta de candidatos.

En la última década los partidos han realizado, por lo menos en apariencia, esfuerzos por ser más inclusivos, representativos y competitivos en sus procesos internos; un ejemplo claro de esto son las elecciones primarias que en América Latina han cobrado auge y reflejan la poca experiencia que tienen los partidos en desarrollar verdaderos procesos democráticos.

La realización de SC en este sentido, refleja movimientos hacia selectorados4 más inclusivos, operando bajo reglas tanto informales como formales, estas últimas se establecen principalmente dentro de los estatutos y en los reglamentos de los partidos.

En México, las elecciones internas en su mayoría se realizan en procesos cerrados –los ejercicios de apertura no son continuos–, de manera separada o independiente de acuerdo con el tipo de elección y no es sino hasta el año 2007, a partir de la Reforma Electoral, que se supervisan, por lo menos de manera parcial, por las autoridades electorales.

 

Lógica de desarrollo de la democracia interna en las organizaciones partidarias de Ciudad Juárez

La participación de los partidos políticos ha sido muy diversa en los procesos electorales locales5 de la última década en Ciudad Juárez. Es importante considerar la intervención de ocho partidos nacionales, ninguno de carácter estatal, además de la doble alternancia política: la primera, PRI-PAN, en 1986; la segunda, pan-pri, en 2004.

Un reconocimiento de la presencia partidaria indica que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el partido con más antigüedad en la localidad, con presencia desde los años 30, fecha en que comenzó a asegurar una sólida estructura que comprende la organización institucional administrativa, territorial, gremial e intelectual que ha sido parte del partido y que le ha permitido permear en la sociedad. La constitución de esta estructura a lo largo del país le valió para estar al frente del gobierno en todos los ámbitos por más de 70 años y volver después de más de una década al poder municipal en 2004.

El Partido Acción Nacional (PAN), por su parte, logró consolidarse en la localidad, al igual que en el resto del país, como un partido de oposición desde sus inicios en 1936 y estuvo al frente del gobierno municipal en el periodo de 1986 al 2004. Con la alternancia en el poder municipal se ha reconocido la participación de este partido en el proceso de construcción de la democracia (Villegas, 1995), aunque también ha sido señalado por el apoyo recibido de los sectores empresarial y eclesial (Lau y Quintana, 1991).

La aparición del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la ciudad se organiza tras el llamado a la nación que hace Cuauhtémoc Cárdenas después del fraude electoral de 1998, y al cual responde un grupo local con la fundación de un Comité promotor. Desde su aparición, el PRD se ha caracterizado por la integración de diversas fracciones o grupos de izquierda de la localidad que, aunque no han logrado obtener el poder, se mantienen constantes y persistentes en la vida política.

El Partido del Trabajo (PT), creado en 1992, liga su participación en la ciudad a la fundación de 32 colonias (con asentamientos irregulares), entre las que destacan Tierra y Libertad, México 68, José Martí, Virreyes, 1 de mayo, Francisco Villa, Óscar González, Andrés Figueroa Cordero, 9 de Septiembre y Che Guevara, las cuales nutren su estructura partidaria.

La opción ideológica del partido Convergencia por la Democracia (CONV), con presencia local desde 1999, fue de oposición al PRI pues en sus inicios lo encabezaba Héctor González, líder de trayectoria priísta que, tras la ruptura con el partido, se convierte en el primer representante municipal del CONV.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con presencia en la entidad desde 1991, destaca por ser una corriente con empuje sobre todo entre grupos de jóvenes que comparten los principios de desarrollo sustentable del partido. El PVEM se ha caracterizado por hacer alianzas con diversos partidos.

El Partido Alternativa Socialdemócrata (PAS) formó parte de la oferta partidaria del 2006 al 2009 con una incipiente participación política que no logró consolidarse en el entorno local; durante su participación no buscó alianzas, sino enfrentar la contienda política de manera independiente.

La militancia del Partido Nueva Alianza (Panal), presente desde el 2007 en el ámbito local, se liga a los maestros de la zona 42 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Los resultados de los últimos procesos electorales en el contexto local muestran de manera muy clara una propensión que favorece al pri. Desde 1986 hasta el año 2002 el PAN era la fuerza principal, pero actualmente el PRI ocupa el primer lugar en las preferencias, siendo la segunda el PAN y la tercera, hasta el 2007, el PRD, año en que fue desplazado por el PVEM.

Tradicionalmente estos partidos se enfrentaban en la contienda de manera individual, pero durante el periodo analizado el PRD estableció dos alianzas, una con el PAN (2004) y otra con los partidos conv y pt en el 2007.

En el recuento de los resultados de la vida democrática interna enfocado en los procesos internos de SC a la presidencia municipal de estos tres partidos mayoritarios en la entidad (pri, PAN y prd), se puede hacer un balance de saldos negativos y positivos, o de ventajas y desventajas al respecto.

Entre los saldos negativos o dificultades en la práctica de los procesos de SC aparecen consecuencias en la misma estructura, ya que por la naturaleza nacional de los partidos que concurren en la localidad, algunas organizaciones asumen costos económicos, políticos y morales para la realización de la normatividad gestada en otro contexto; entre estos costos se encuentran el enfrentamiento entre grupos de control internos (sean locales, estatales o nacionales) que se aferran a la dominación del o los partidos, valiendo de obstáculo en el cumplimento de los derechos y garantías de otros ciudadanos, incluso de los militantes.

Junto a esto, en algunos casos el arraigado centralismo no permite el pleno desarrollo de los comités locales; de esta manera, bajo la justificación de brindar apoyo jurídico, soportar a la estructura y repartir las prerrogativas correspondientes, se debilita la autonomía e independencia de los militantes.

Esto ha permitido a los partidos dar cuenta de carencias específicas como la necesidad de reformas estatutarias –como el caso del PAN en el 2008– y de apertura de más procesos a la ciudadanía –como en el caso del PRI en el 2001 y 2007 y del PRD en el 2001 y 2007–, así como de la insuficiencia de prerrogativas y financiamiento para sufragar el funcionamiento óptimo de la estructura partidaria. De la misma forma, la apertura de los procesos internos ha permitido concebir los vicios que puede ocasionar la falta de vigilancia de los mismos, que en la pretensión de hacerse de manera más democrática, se abren a la ciudadanía y ocasionan "intervenciones de otros partidos en la vida interna", "acarreos", "nuevos clientelismos" y "patronazgos".

Por otra parte, en cuestión de derivaciones positivas, hay en la SC elementos como la vigencia del régimen democrático, la participación ciudadana o capital social, el desarrollo o la economía, e inclusive la modernización del Estado, que permiten concebir un grado de desarrollo de la democracia interna.

Más aún, existen elementos que permiten hablar de beneficios concretos de la operacionalización de la democracia en el caso de los partidos políticos. Por ejemplo, a algunos la vida democrática del interior a partir de la apertura de la SC les ha permitido ganar elecciones –como en el caso del PAN en el 2001 y del PRI en el 2007–, fortalecer y dar mayor credibilidad sobre sus asuntos internos, les ha otorgado mayor legitimidad a sus procesos internos y les ha concedido mayor coherencia entre lo que se dice y lo que se hace en el partido en relación con su compromiso como actores de la democracia.

Otros partidos incluso (PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y CD),6 mediante la apertura de la SC, han logrado mayores libertades, garantías de voz y voto para los militantes, han perfilado candidatos más representativos o por lo menos electos por las bases y no impuestos por las elites partidarias; es decir, se han convertido en partidos más inclusivos y competitivos. De esta manera, la apertura en estos procesos permite cultivar la participación y proceder con mayor transparencia en la designación de los candidatos, en donde la población aprende a participar y los partidos a ser más honestos, claros y transparentes en su ejercicio. Esto equivale al argumento de que la democracia interna debería tener efectos positivos en el desarrollo de la democracia de la sociedad (Nertherlands Institute for Multiparty Democracy, 2007).

No obstante lo anterior, en la experiencia del ámbito local no existe una relación directa entre la realización de SC más inclusiva, descentralizada y participativa con un resultado favorable en la contienda constitucional que pueda motivar su fortalecimiento.

La revisión de la práctica en la SC a la presidencia municipal en los procesos de análisis muestra que en el proceso electoral 2001 la Ley Estatal Electoral del Estado de Chihuahua (LEECH) no contemplaba regulaciones para el proceso de SC o para la precampaña de los candidatos a la alcaldía, lo que derivó en un proceso cargado de situaciones desfavorables en la construcción interna de la democracia en los partidos políticos.

El contexto del proceso incluyo situaciones como los gastos excesivos en las precampañas (como el caso de Roberto Barraza, quien realizó gastos similares a una campaña en elección constitucional) (Sarabia, 2008c), la credencialización de migrantes para acarrearlos a las votaciones, la falta de inclusión de mujeres y jóvenes, la atención emergente de demandas ciudadanas para favorecer al partido en el gobierno, y la posibilidad del escalafón político –aunque legal y controversial– (como es el caso de Jesús Alfredo Delgado que dejó la Secretaría del Ayuntamiento), entre otras prácticas permitidas y comunes.

Entre las diversas situaciones que se presentaron dentro de los partidos resalta la salida de dos precandidatos del PRI tras denunciar condiciones ilícitas dentro del partido y del proceso de SC en sí, para integrarse a otros partidos; uno de ellos es Fernando Holguín Contreras, que se integra a CONV, y el otro es Héctor González Mocken, que se integra al PVEM.

Algunas situaciones fueron parte del ambiente en que se desarrolló el proceso: el conflicto en el Instituto Estatal Electoral (IEE) suscitado por la reelección del Consejero Presidente –Sergio Piña Marshall–, apoyada por los representantes de los partidos políticos ante el Instituto y que propició la renuncia del secretario general Jorge Nevares Chacón, quien fue sustituido por César Eduardo Gutiérrez; o el ejercicio de reforma interna del PRD en el ámbito nacional y el precario arranque de la Asamblea Municipal de Elecciones de Ciudad Juárez (AMEJ).

El resultado de la elección constitucional de presidente municipal –favorable para el PAN con el candidato Jesús Alfredo Delgado Muñoz–, fue impugnado por el PRI y anulada por el Tribunal Estatal Electoral, para posteriormente, en octubre de 2001, ser ratificada la anulación por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) en octubre del 2001, bajo el argumento de la intencionalidad del presidente municipal Gustavo Elizondo, de extracción panista, "de maniobrar en favor de su partido".7

El proceso 2002 se desarrolló a la sombra del proceso 2001 y bajo algunas especulaciones de que el gobernador del Estado, Patricio Martínez, quería imponer a Roberto Barraza (PRI) al frente de la ciudad, y que utilizó a todo el aparato para buscar la manera de lograrlo (Sarabia, 2008a).

Entonces, tras la impugnación y anulación en el 2001 del proceso constitucional de elección de presidente municipal y de la designación del concejo ciudadano como gobierno interino en la ciudad, en el 2002 se celebró nuevamente la elección.

Para la nueva elección constitucional el PRI y el PAN presentaron a los mismos candidatos de la contienda anterior (puesto que lo que se anuló fue la elección constitucional, no la elección interna), no así el prd, que contendió con José Luis Rodríguez Chávez, pues tras la anulación de la elección constitucional, la candidata del partido, Guillermina Solís, decide retirarse de la contienda.

La SC en el PRD se llevó a cabo en noviembre del 2001, promovida y avalada por el Comité Estatal. Previo a la elección se estuvieron reuniendo los grupos internos del partido para presionar, cabildear y concertar, y terminaron declinando a favor de Rodríguez sin tener que llegar a la elección. El grupo de Miguel Ángel Sagarnaga declinó y apoyó a Rodríguez; Ernesto Chávez Nápoles también declinó a favor de Rodríguez y Armando González había hablado con Óscar Vega para que fuera como suplente de Rodríguez, razón por la que se dio una candidatura por unanimidad. Aunque no se concretó la elección, el proceso o la formalidad del evento tenía que realizarse para legitimar al nuevo representante del partido.

Aún sin votación, las prácticas corruptas aparecieron, como el acarreo de gente a partir de los contactos de líderes en colonias, aunado al clima de desconfianza ante los diversos grupos, situación que llevó a José Luis Rodríguez a solicitar que su padre lo representara en el IEE porque no confiaba en nadie del partido (Sarabia, 2008b).

El proceso 2004 se caracterizó por ser muy corto en cuestión de SC a la alcaldía, sin embargo, esto no le resto importancia y trascendencia a cada uno de los hechos ocurridos.

Conforme se cobra conciencia de la importancia de estos procesos para el resultado final de las elecciones constitucionales, surgen preocupaciones por terminar con los vacíos jurídicos y coadyuvar en la mejor realización de los procesos. Por ejemplo, antes del proceso la sindicatura municipal desarrolló una campaña de información sobre los delitos electorales.

La participación de los medios de comunicación con encuestas sobre proyecciones o calificaciones a las actuaciones gubernamentales aparece de manera más acentuada en este proceso en comparación con el anterior, según lo demuestra la revisión hemerográfica en la que se observa un aumento de notas financiadas o pagadas por particulares (Sarabia, 2011).

La SC no estuvo libre de prácticas como el problema de la entrega oportuna de credenciales para votar con fotografía y garantizar la participación de quienes lo desearan en los procesos internos, las críticas al gobierno en turno encabezado por una administración panista (por el caso de la crítica por erogaciones en eventos sociales) y las renuncias a puestos públicos o de elección popular por la búsqueda de nuevos puestos de elección, como fue el caso de Miguel Lucero Palma y Víctor Valencia de los Santos, quienes solicitaron licencia ante la Cámara de Diputados y el Congreso del Estado respectivamente, entre otros.

Resaltan dos circunstancias inéditas en la ciudad: la alianza PAN-PRD y la candidatura de unidad del pri, llamada Big Brother,8 después de dar a conocer a siete precandidatos.

Durante el proceso interno 2007 la preocupación por la capacitación de los políticos fue inminente; por una parte, el PVEM impartió –a mediados del mes de febrero– el Seminario de Opinión Pública e Imagen Política; también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, impartió –a principios del mes de marzo– el Seminario de Derecho Electoral para abogados, partidos políticos, funcionarios públicos, estudiantes y ciudadanía en general; y además el PRI impulsó el Seminario de Capacitación y Actualización Política que estuvo dirigido a los aspirantes de su partido a las candidaturas de las 67 presidencias municipales de la entidad.

La instalación de la AMEJ se realizó el 24 de febrero sin percances. En cuanto a la integración del padrón, se suscitó el incidente del rezago en la entrega de credenciales a ciudadanos que hicieron el trámite y no acudieron a recogerla. Por la cantidad de credenciales sin recuperar se habló de la posibilidad de duplicación de registros en el Registro Federal de Electores (Sarabia, 2011), situación que no afectó en la integración del padrón electoral pues del 26 de marzo al 14 de abril se exhibió la lista nominal.

Por primera ocasión en un proceso se dio la regulación de los topes de precampañas por parte de la Asamblea General de IEE, debido a las reformas de la LEECH que fijó para los aspirantes a presidentes municipales, regidores y síndicos un equivalente de 15% del tope de campaña de la contienda constitucional autorizado para cada elección y partido (LEECH, Art. 78 Bis, párrafo 4).

En los medios de comunicación los sondeos de opinión sobre preferencias electorales aparecieron en mayor número, por lo menos en lo que se refiere a medios impresos, en comparación con los dos procesos anteriores (Sarabia, 2011). En cuanto a la propaganda o publicidad pagada por particulares mostrando posturas a favor o en contra de los precandidatos en los medios de comunicación, continúo el vacío legal al no considerarlo un asunto que corresponde analizar o sancionar a las autoridades electorales.

El proceso estuvo marcado por la "guerra sucia" o precampañas descalificatorias entre partidos políticos, tal fue el caso del comercial televisivo que hacia una parodia satirizando como "la escuelita" al seminario organizado por el PRI como curso de capacitación electoral para sus precandidatos. Esta situación se convirtió en una polémica entre la Asamblea General del IEE y el pan; por una parte, el IEE ordenó al PAN retirar el spot de televisión, en tanto que el PAN exigió al IEE la retribución del costo de la difusión del mismo; no obstante, la autoridad advirtió que el organismo político podría ser sancionado y hasta perder su registro por ese hecho.

En torno a esa misma situación, el IEE ordenó al PRI retirar un spot radiofónico donde acusaba al PAN de haber iniciado una "guerra sucia", y también, a partir de esta polémica, se dieron una serie de intercambios de declaraciones discordantes entre el alcalde Héctor Murguía y el precandidato a la presidencia municipal del PAN César Jáuregui, lo que propició reacciones en contra de parte de la iniciativa privada y de las autoridades electorales.

Hubo por parte del Gobierno del estado de Chihuahua –José Reyes Baeza Terrazas (PRI)– una advertencia de sancionar a los funcionarios y empleados que participaran en las precampañas políticas dentro de su horario de trabajo; asimismo, hubo un llamado a los precandidatos a la presidencia municipal y a los partidos políticos para que actuaran con madurez y de manera civilizada durante el proceso de elección interna. Estos pronunciamientos fueron vistos con doble intención: por una parte, como una estrategia de imponer el orden dentro de la estructura gubernamental; y por otra, como una intromisión del gobierno en los procesos de los partidos.

Durante la jornada electoral interna, con el fin de garantizar la seguridad de los participantes, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal trabajó en un operativo especial.

El proceso del 2010 se desarrolló en un contexto de crisis económica, de inseguridad, de elecciones locales y estatales concurrentes y de paliación de la reforma electoral 2007-2008. Por primera vez la autoridad electoral supervisó los periodos y topes de gastos en precampañas. La atención se centró en los procesos a la gobernatura, en la procuración de la afluencia a las urnas, y en dirimir ante instancias electorales algunos delitos, como el uso de recursos públicos en favor de partidos (César Duarte-PRI) y la publicidad anticipada a los tiempos de precampañas (Carlos Borruel-PAN).

Se repitieron las modalidades de elección de candidatos de otros procesos: candidatura de unidad (PRI), la votación por delegados (PAN) y la votación del comité local (PRD).

La AMEJ se instaló y funcionó con un operativo especial para asegurar la democracia en tiempos violentos implementando una serie de medidas de prevención como la concentración del horario de trabajo.

Hubo controversia en cuanto a la cantidad de viviendas deshabitadas en diversas zonas de Juárez a causa de la inseguridad y sobre la aplicación de ley seca en Juárez para el día de los procesos internos, que finalmente no procedió por parte de la Secretaría de Gobernación.

Con todo esto, se puede distinguir que el ejercicio en la última década en cuanto a SC muestra una topología de procesos que van desde la consulta interna a delegados y la consulta interna a un grupo, asamblea o elite, hasta la consulta popular o abierta a la ciudadanía y la designación (sea por un nivel estatal o nacional), sin mostrar un patrón que permita a los partidos canalizar su experiencia a procesos que los encaminen a la victoria de la contienda electoral.

Como se observa en el cuadro 1, la trayectoria de la SC de los tres partidos más grandes en el país muestra que en la ciudad, en el caso del pan, los resultados favorables en la contienda electoral se lograron teniendo procesos internos que se realizaban por consulta cerrada a delegados, de una manera convencional y experimentada con respecto a la forma de seleccionar a sus candidatos; sin embargo, la apertura al electorado en el proceso 2010 no cumplió con el objetivo de ganar la elección.

La experiencia en el PRD, tanto en procesos internos democráticos competentes (abiertos a la ciudadanía o más inclusivos) –en el 2001– como no competentes (procesos cerrados, designaciones o imposiciones de candidatos) –en el 2004-2007-2010–, no le ha permitido obtener resultados favorables en la contienda constitucional.

Por lo que respecta al PRI, los procesos abiertos de 2001 y 2007 los llevaron, en ese orden, tanto a perder como a ganar elecciones; mientras que las designaciones o candidaturas de unidad que limitan los derechos de los afiliados para elegir a sus representantes a cargos de elección popular (2004-2007) se han convertido en auxilio para cumplir su objetivo de enfrentarse a elecciones y tener resultados favorables.

En el ámbito local de Ciudad Juárez, al igual que en América Latina, la SC ha cobrado auge a partir del nuevo siglo, cuando se han popularizado los procesos y se han presentado cambios en los mecanismos de realización, tratando de ser más inclusivos y fomentando la participación de toda la ciudadanía en la toma de decisiones, aunque su realización obedece más a un convencionalismo que a un ejercicio democrático.

Los mecanismos de estos procesos son regulados por los estatutos y reglamentos secundarios de los partidos que se convierten en las fuentes legales para su realización; en la práctica, los procedimientos estipulados en dicha reglamentación casi siempre se cumplen, a pesar de algunas controversias, quejas, amonestaciones o inconformidades.

En el contexto organizacional, estas elecciones reproducen la competencia que se tiene al exterior, es decir, se crea al interior un escenario electoral en el que los diversos grupos o fracciones se encuentran en situación de oposición o de competencia, aunque puede ocurrir que, igual que hacia el exterior, exista oposición pero no competencia.

La revisión de la normatividad sobre SC permite verificar que los estatutos convierten la técnica procedimental en el centro de la democracia, esto es, en un concepto reduccionista de la democracia. Sin embargo, en el contexto revisado, dadas las imprecisiones legales, la transición política y la alternancia en el poder, entre otros factores, podemos entender que "la democracia es un proceso de construcción histórica y no un estado técnicamente puro" (Villasante, 1995:135).

En el cuadro 2 se pueden ver los cambios que han sufrido los procesos a través del tiempo en cuanto a los mecanismos empleados, las formas y la financiación.

Convencionalmente, en los casos de SC a la presidencia municipal de los partidos PRI, PAN y PRD la importancia de la realización de elecciones radica en el ejercicio periódico de las mismas, y sus funciones se apegan a las características generales del régimen democrático de libertad de elegir, posibilidades de cambiar las élites o grupos dominantes (o el gobierno del partido) y la legitimación del sistema político imperante al interior (Nohlen, 2004).

De manera general, el PAN y el PRD se clasifican, de acuerdo con Panebianco, como escenarios turbulentos, ya que en el primer partido la aparente estabilidad o previsibilidad no era sino un momento de calma antes de la tormenta, pues el escenario tenso e imprevisible se tornó en la reforma estatutaria que integró cambios sustanciales en materia del proceso interno y que de alguna manera augura, con los nuevos mecanismos, posibilidades para las diversas fuerzas del interior del partido.

En el caso del PRD, a partir del 2001 se inicia una crisis interna que en materia de los procesos internos de SC a la presidencia municipal llevó a una candidatura externa en el 2002, una alianza pactada desde el ámbito nacional en el 2004, una desarticulación de los grupos internos en el 2007 que culmina en la designación del candidato y una votación interna por una agencia partidista (Comité Ejecutivo Local) en el 2010; todo esto es parte del escenario de turbulencia en el que las discrepancias entre las fuerzas o grupos internos no permiten el control absoluto, ni parcial, del partido.

Ahora bien, en el periodo analizado se observan en la relación entre proceso de SC y constitucional cuatro pautas de comportamiento: 1) SC competente y proceso constitucional ganado; 2) SC competente y proceso constitucional perdido; 3) SC no competente y proceso constitucional ganado; y 4) SC no competente y proceso constitucional perdido.

Aunque no podemos ser concluyentes en cuanto a las tendencias de condiciones democráticas en los procesos de SC para cumplir con el objetivo de ganar elecciones, sí podemos lanzar algunas hipótesis en cuanto a los sucesos observados en cada partido.

En este sentido, el análisis de los resultados por partido refleja comportamientos distintos; así, encontramos que en el PAN durante las observaciones temporales realizadas predomina la tendencia de SC competente con proceso constitucional perdido.

A partir de esta observación, podemos señalar que a pesar de tener procesos competentes en el partido que se realizan de manera convencional y con experiencia en la forma de SC (elección por delegados), la falta de apertura al electorado puede ser un elemento faltante para cumplir el objetivo de ganar elecciones a partir de una selección democrática.

En lo que respecta al prd, en las mismas observaciones temporales la tendencia se divide en forma similar entre la SC competente y proceso constitucional perdido, y SC no competente y proceso constitucional perdido.

Dadas estas condiciones, en el caso del PRD podría pensarse que la trascendencia a la luz pública de los conflictos, irregularidades, incidencias o falta de democracia en los procesos internos de SC es la causa de los efectos desfavorables en la contienda constitucional.

Por lo que respecta al pri, notamos que los procesos no competitivos en la SC los llevaron a no ganar elecciones y que conforme experimentaron nuevas formas democráticas en su vida interna pudieron cumplir su objetivo de enfrentarse a elecciones y tener resultados favorables, aunque han recurrido nuevamente a elegir candidatos por pocos militantes. Lo que podemos apuntar en el caso de este partido es que el lastre de la "dedocracia" o elección por dedo ha ido perdiendo su matiz con las modalidades de las candidaturas de unidad y conforme se experimentan procesos más abiertos a la ciudadanía que permiten un mayor reconocimiento de los precandidatos y que otorgan mayor legitimidad al candidato electo, además de dar cuenta del esfuerzo por democratizar su vida interna. Los efectos se reflejan en los resultados de las contiendas constitucionales a su favor.

 

A modo de conclusión

Los esfuerzos en materia de democracia interna, sobre todo en los procesos internos de selección de candidatos en la última década en Ciudad Juárez, son todavía incipientes y discontinuos según el partido y sus circunstancias.

Efectivamente, a partir de la SC es posible inferir la vida interna en cuanto a las luchas internas de poder, los incentivos institucionales, la movilidad y ascenso de los militantes, las características de los partidos (estructura, jerarquías, distribución de la autoridad, entre otros) y la facilidad de alterar los métodos. Por un lado, aunque los estatutos estipulan y promueven la democracia interna, en la práctica todavía no se vislumbran modelos claros ni una orientación determinada para construirla o salvaguardarla.

La práctica en la SC coincide con la postura de que aunque no se rechaza la democracia interna, tampoco ha cobrado aún un fortalecimiento de la organización partidaria.

Los ejercicios locales de democracia interna exhiben a partidos altamente volcados en ganar elecciones más que en la formación de élites, en la representación de los diferentes intereses sociales, en la integración de los ciudadanos al sistema político y al estado, o en la promoción de la participación política.

En las organizaciones partidarias, de acuerdo con análisis presentado, no se percibe, por lo menos a corto plazo ni con la inmediatez que se desea, la relación directa de la realización de SC más inclusiva, descentralizada y participativa con mejoras para todos los militantes y simpatizantes del o los partidos.

Ante esta lógica, se puede atenuar o desincentivar la costumbre de dar continuidad a procesos internos, transparentes, incisivos, competitivos, es decir, con características más democráticas al interior de los partidos que caen en el argumento de que mientras la democracia se realice en el contexto externo, en la vida interna carece de relevancia, pues el partido debe resultar atractivo para el votante externo y no para el interno.

 

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NOTAS

1 El planteamiento de Ostrogorski fundamenta su observación en los partidos a principios del siglo XIX; argumenta que la democracia se da sólo en apariencia pues la participación activa de la masa de ciudadanos se realiza de manera intermitente únicamente en el periodo de las elecciones, ya que las circunstancias económicas y sociales desvían su atención de los asuntos públicos el resto del tiempo. Según este autor, el régimen democrático y el régimen de intimidación son términos equivalentes pues "ejercer el poder no es otra cosa que intimidar, ejercer una coacción moral para hacerse obedecer" (Ostrogorski, 2008: 39).

2 En esta misma línea de pensamiento, hacia 1915 Robert Michels, escribe sobre la falsedad democrática que se vivía en los partidos de la época, debido a que su naturaleza los empujaba a la aristocracia. Para Michels, la formación de los partidos y de su clase dominante tenía su origen en la combinación de los reyes y los nobles, dicho de otra manera, se da la mezcla de los tradicionales ricos con los poderosamente distinguidos, lo que conlleva a la adaptación de los notables con la aristocracia, dando como resultante la misma aristocracia clásica pero con máscara de democracia. Esta forma de democracia que mutaba de la aristocracia tradicional a otra aristocracia tenía solución en la democracia misma, en la voluntad popular, pues la democracia otorga el poder al pueblo, con ciudadanos iguales ante la ley y con las mismas capacidades de acceso al gobierno. Es en este tono de reflexión que Michels formula la Ley de hierro de la oligarquía, misma que le ha valido varias críticas como la que formula Alexander Shifrin, quien afirma que ésta ha dañado en el conocimiento de la estructura y carácter del movimiento obrero moderno, ya que "pueden producirse desviaciones de esta democracia, puede ser temporalmente alterada e incluso suspendida, pero estos fenómenos antidemocráticos son siempre consecuencia de ciertas situaciones concretas, históricas, políticas, pero nunca de la ciega ley sociológica de la oligarquía organizacional" (Shifrin, 1980:261).

3 De este modo, se enfrentan a algunos dilemas organizativos: (I) modelo racional versus modelo del sistema natural, (II) incentivos colectivos versus incentivos selectivos, (III) adaptación al ambiente versus predominio, (IV) libertad de acción versus constricciones organizativas, que se deben equilibrar, como es el caso de mantener a un mismo tiempo, por un lado la continuidad de la organización (con la pluralidad de actores y de intereses), y por el otro a una burocracia que controle la organización y que garantice la continuidad del partido, de modo que los partidos buscan más el equilibrio al interior que la democracia (Panebianco, 1990:46).

4 La propuesta de Hazan y Rahat (2009), como punto de partida para analizar las dimensiones de la sc, son: a) Selectorado: participación (inclusividad del proceso), legalidad, receptividad; b) candidatura: rendición de cuentas, competencia, igualdad, libertad; c) descentralización: igualdad, participación (representatividad), rendición de cuentas y receptividad; y d) Sistema de selección: participación (representatividad e inclusión) e igualdad y legalidad.

5 Esta década incluye los procesos locales constitucionales 2001, 2004, 2007, 2010 y el extraordinario 2002.

6 Una discusión más amplia al respecto aparece en Cecilia Sarabia (2010), "La democracia interna de los partidos políticos en Ciudad Juárez desde la perspectiva de los dirigentes políticos", en Víctor Orozco (coord.) (2010), Chihuahua hoy.

7 Juicio de Revisión Constitucional Electoral (TRIFE). Expediente: SUP-JRC-196/2001.

8 Se le llamó así por copiar la dinámica del programa de reality televisivo donde son los mismos participantes quienes toman las decisiones a partir de la nominación de alguno de los otros miembros. O sea que cada candidato hizo un ejercicio introspectivo y señaló a uno de todos los demás precandidatos que consideró por su trayectoria y capacidad como el mejor candidato del partido, sin considerarse a él como opción; la práctica se realizó a puerta cerrada entre los precandidatos ante el Comité Municipal, y el resultado favoreció a Héctor Murguía.