Reseñas

 

José María Ramos García, Inseguridad pública en México: una propuesta de gestión de política estratégica en gobiernos locales

 

David F. Fuentes Romero*

 

* Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Correo electrónico: dfuentes@uabc.mx.

 

La violencia que se padece actualmente en el país se traduce en un problema de seguridad pública, tanto por la dimensión que ha adquirido la muerte por dichas causas como por los efectos materiales y emocionales que ocasiona. Su origen se encuentra en factores de carácter social, histórico, psicológico, económico y político, entre otros. Lo anterior lleva a considerar que debe profundizarse en el estudio y análisis de este problema social y hacer de él una condición necesaria que permita contener la actual situación, además de revertir la franca desconfianza respecto a las instituciones, los programas y los responsables de la seguridad pública.

A pesar de los costos que el problema de la inseguridad pública representa en términos personales, comunitarios, económicos y sociales, su investigación ha sido soslayada y en gran medida obstaculizada por los funcionarios en turno. Como todo problema social, la inseguridad debe analizarse cuidadosa y sistemáticamente para encontrar explicaciones racionales y después estar en condiciones de elaborar planes de acción tendientes a su solución.

El estudio de la violencia en México tiene dos elementos en común: primero, la enorme dificultad para realizar análisis de tipo cuantitativo y cualitativo. Uno de los principales impedimentos es la carencia de datos confiables porque, como es perfectamente conocido, este tipo de información presenta un gran subregistro o, en caso contrario, el acceso a ella es muy limitado. El segundo elemento, no menos importante, es el grado de dificultad que presentan las autoridades públicas para relacionarse con la sociedad.

La aportación del trabajo de José María Ramos es precisamente que entiende la seguridad pública no como un mero ejercicio de cambios institucionales, sino como un esfuerzo integral de reforma del Estado y de la relación Estado-sociedad que implica un rediseño de su institucionalidad y de los incentivos que tienen las autoridades públicas para relacionarse con la sociedad. A lo anterior añade un elemento valioso al poner énfasis en el papel que un gobierno municipal tiene como actor central en materia de seguridad pública frente a otros órdenes de gobierno.

El libro se divide en cuatro capítulos: Antecedentes hacia una nueva perspectiva de gestión, Nuevos papeles del Estado, Evaluación del desempeño policiaco y Hacia la redefinición de las políticas de seguridad pública local.

En el trabajo se hace ver la importancia de generar mayor participación ciudadana combatiendo la apatía y la escasa participación social en la toma de decisiones a fin de lograr en conjunto un frente contra la delincuencia y sustentar una gestión público-privada para el mejoramiento del desarrollo local e integral de una administración fusionada. Esto generaría un empoderamiento y un mayor apoyo que apunte hacia una sociedad más segura y estable. El autor parte de la premisa de que si los delitos van en crecimiento, pretender reducir o evitar la inseguridad vuelve obsoletas las políticas de prevención debido al poco interés o a la manera equivocada en que el gobierno implementa sus estrategias. Para combatir este problema, Ramos García propone:

1. La integración conceptual y operativa de políticas efectivas que generen un valor público y promuevan el bienestar y la calidad de vida antes que incidir directamente en el mejoramiento en materia de seguridad pública.

2. Integración de políticas, pensamientos, gestión y planeación estratégica de la administración de los gobiernos y de la sociedad en general.

3. Promover un cambio en la estructura tradicional de la administración pública -basada en el control y la jerarquía-, incluyendo a las comunidades y a las autoridades locales para realizar una gestión integral en materia de seguridad.

El trabajo parte de una investigación minuciosa apoyada en la recolección de información con base en investigaciones personales, estadísticas vitales y análisis de datos gubernamentales. El autor pone énfasis en que la inseguridad pública se genera en un contexto de inestabilidad económica, poca educación, malos servicios de salud, creciente inestabilidad política, nula credibilidad en los gobiernos futuros, desigualdad y desempleo, todo lo cual ocasiona una serie de necesidades y oportunidades para cometer algún agravio social, desde robos domiciliarios, de autos o comercios, hasta asaltos personales, homicidios, secuestros y narcotráfico. Este último se considera un delito integral ya que la producción, la distribución y el consumo de estupefacientes suelen estar directamente relacionados con otros problemas sociales, creando así una red de delincuencia sumamente organizada que trae consigo los rezagos de una sociedad quebrantada por la inseguridad y llena de cuestionamientos acerca de sus representantes y de las políticas de gestión que, en la práctica, resultan poco viables y, en ocasiones, obsoletas.

La obra hace hincapié en que existen diversos factores que influyen en la inseguridad y que no han sido tomados en cuenta por las políticas de seguridad nacionales, entre los cuales se cuenta la percepción de muchos jóvenes y adolescentes como delincuentes potenciales. Este sector de la población es bombardeado por modelos de violencia tanto en sus comunidades como a través de los medios masivos de comunicación que promueven una lectura cotidiana poco crítica. Si a esto se agrega el incremento en el uso de drogas, las influencias transculturales, la desintegración familiar y la desinformación, el resultado es una juventud poco motivada y confundida que puede encontrar en la delincuencia una vía para suplir sus carencias. De ahí la necesidad de políticas públicas que promuevan entre los jóvenes actividades sociales de su interés y soluciones reales para los problemas que los afectan.

Temas como el incremento en la distribución y el consumo de drogas, la violencia y las pandillas deberían formar parte de las agendas gubernamentales para contrarrestar el fenómeno de las bandas estructuradas y las organizaciones delictivas ofreciendo alternativas de desarrollo en educación, empleo y salud.

Éste es sólo un ejemplo de cómo, al no existir una fusión operativa entre la gestión, la planeación estratégica y el pensamiento local, resulta más difícil obtener resultados en materia de seguridad y combate a la delincuencia.

Otro ejemplo es el incremento de delitos en los estados fronterizos, que representa un verdadero foco rojo ya que el narcotráfico ha creado en ellos redes complejas, como se observa en distintas gráficas a lo largo de la obra. A este respecto, el autor pone énfasis en la ineficacia que hasta ahora ha mostrado el combate a los delitos contra la salud. Cabe agregar que este fenómeno no sólo atenta contra la salud, sino también está relacionado con diferentes problemáticas sociales como el incremento de la violencia y mayores índices delictivos.

Si a este panorama se suman otros factores, como el incremento de la población y la consecuente disminución de la calidad de vida, tiene sentido la propuesta de ser más realistas en lo que respecta al narcotráfico y entrar seriamente a la reflexión en torno a la legalización de las drogas "blandas" para prevenir un escenario de vulnerabilidad social ante el incremento de violencia generado por estas redes. Sin embargo, por tratarse de un tema delicado, éste debe ser tratado con diferentes dependencias internacionales y enfrentado con leyes innovadoras y justas que promuevan un cambio real.

Muchos de los estados fronterizos en la zona norte del país presentan graves problemas de inseguridad. Los más sobresalientes son Chihuahua y Baja California, pues además de los problemas estatales tienen que lidiar con las consecuencias sociales, económicas y culturales de ser zonas fronterizas con gran flujo de personas que deciden emigrar a los Estados Unidos.

A este respecto, la ciudad de Tijuana es un claro ejemplo de la situación que enfrentan las ciudades fronterizas, pues constantemente se le relaciona con el crimen organizado y con una proyección poco favorable de la impartición de justicia. Existe la impresión generalizada de Tijuana como una ciudad en la que es posible el paso ilegal hacia los Estados Unidos, lo cual trae consigo serias consecuencias para la percepción nacional e internacional de nuestro país. Tenemos entonces una ciudad geográficamente pequeña, con una población flotante en su mayoría y con una economía precaria. Si a todos estos factores sumamos los problemas referentes a la impartición de justicia, puede rastrearse el origen del ciclo de violencia cotidiano en el que la delincuencia gana cada vez más terreno.

Estos y otros ejemplos dan cabida a un cuestionamiento en torno a si ha crecido la desconfianza en la policía y en los organismos que la respaldan. Cuando la inseguridad prevalece y las estadísticas no lo reflejan, cabe preguntarse si esto se debe a que la gente ha dejado de denunciar, si ha resultado eficaz la medida de incrementar el potencial policiaco o si, simplemente, los datos no son debidamente recolectados.

Cobra fuerza entonces la propuesta de fortalecer la cultura del servicio público demostrando una clara efectividad en las acciones y privilegiando la prevención como arma directa en contra del delito al momento de establecer los presupuestos reales para las instancias policiacas. Es necesario analizar de manera objetiva en qué hay que invertir y proponerse metas concretas a corto y largo plazo, dejando a un lado la impunidad y corrupción que muchas veces imperan en las instancias públicas, para romper el círculo vicioso de una sociedad que cada vez más desconfía de las acciones gubernamentales ante el obsoleto servicio que recibe, lo cual a su vez genera un clima de incertidumbre y constante inestabilidad económica, política y social.

A la marcada división social y de riquezas que enfrenta el país hay que agregar la inequidad en material de seguridad social que viven los estratos populares, que paradójicamente son los más vulnerables ante la delincuencia y, por ende, los que más perciben a la seguridad pública como ineficaz.

Es fundamental revalorar el papel que desempeñan la familia y las instituciones en el bienestar social. La reformulación de las políticas deficientes, la adaptación estructural de nuevas ideas y el trabajo conjunto de organismos gubernamentales y sociedad pueden traer consigo estrategias que generen empleos, programas de vivienda, servicios de salud y mejoras en la educación que, a su vez, redunden en un clima de mayor seguridad para la población.

Asimismo, es necesario proponer alternativas viables de prevención de delitos, promover una cultura de denuncia y trabajar en programas de infraestructura, designación penitenciaria y rehabilitación en los Ceresos a fin de atacar el problema de la inseguridad desde todos sus frentes.

Otro punto importante que se toca a lo largo de la obra es la participación ciudadana en la mejora de las instituciones. Así, se propone la creación de buzones de quejas para que los organismos públicos puedan valorar sus errores y poner énfasis en aquellos puntos donde no se estén alcanzando los objetivos y proponer cambios en la legislación con base en el aprendizaje y la innovación.

En todo el país, el robo es el delito con mayor impacto social y consecuencias más negativas. El robo de automóviles, por ejemplo, representa un grave problema ya que muchas personas invierten una buena parte de sus recursos en la obtención de un vehículo y carecen de seguros contra robos, de modo que cuando les es robado el auto se desata no sólo una problemática económica, sino también personal, familiar y social. Otro fenómeno delictivo cada vez más fuerte es el "secuestro exprés", que tampoco se denuncia dada la percepción de que el sistema policiaco coparticipa en estos actos ilícitos.

En el estado de Baja California, dada su ubicación fronteriza, este tipo de delito se dan en la mayoría de los casos de manera violenta, pues es un punto estratégico para la delincuencia organizada que ve en la población fluctuante una manera rápida de conseguir dinero con pocas o nulas consecuencias, factores todos ellos que generan un clima propicio para la corrupción y la impunidad.

De todo esto se desprende la necesidad de crear sistemas de gestión en materia de seguridad que incidan tanto en el ámbito local como en el nacional. Se requiere, por un lado, un rediseño profundo en las políticas de seguridad que fomente el apoyo mutuo, y por el otro combatir la poca participación política y social de la ciudadanía en este tema que tantas repercusiones tiene para ella. En la medida en que esto se logre, cada distrito se irá empoderando y tendrá cada vez más elementos para alejar de sí a los delincuentes.

Ante el panorama actual, se hace una vez más evidente que los recursos y las estrategias aplicados hasta ahora son insuficientes. De ahí la importancia de generar un cambio de gestión en materia de seguridad pública que considere todas las propuestas aquí esbozadas.

Esta obra resulta de un gran interés social pues amplía la visión acerca de las posibles mejoras que pueden hacerse a un sistema cada vez menos compatible con las exigencias reales de una sociedad que, a su vez, cada día es más demandante.

Así pues, en este contexto de inseguridad pública creciente -tanto en magnitud como en consecuencias-, el libro de José María Ramos hace un análisis exhaustivo del proceso requerido para generar un cambio profundo en el enfoque y la gestión de las políticas de seguridad pública en México, en particular dentro del ámbito de los gobiernos locales.

La propuesta de este autor tiene, además, el merito de privilegiar una gestión estratégica que involucre tanto a las instituciones como a la sociedad para crear nuevas formas de organización pública más eficientes y de mayor calidad.

Por todo ello, la obra de Ramos García es, sin duda, una lectura fundamental tanto para los estudiosos del tema de la seguridad pública, para quienes toman decisiones dentro del ámbito gubernamental como para quienes se adentran en el análisis de las políticas públicas y la inseguridad pública.