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Argumentos (México, D.F.)

Print version ISSN 0187-5795

Argumentos (Méx.) vol.28 n.77 México Jan./Apr. 2015

 

Diversa

 

La radio de los ciudadanos. Una rendija para el respiro democrático del país

 

Javier Esteinou

 

Profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM- Xochimilco, México, DF.

 

Resumen

La Radio Ciudadana surgió en México en el año 2002 como un proyecto civil cuyas finalidades fueron promover la cultura democrática y la participación de los habitantes en el espacio radial, a través de la emisión de contenidos programáticos en formatos innovadores de comunicación radiofónica que estimularan el conocimiento, análisis y solución de los asuntos de interés público. A través de ello, la Radio de los Ciudadanos consolidó su presencia como opción radiofónica cultural que abrió nuevas alternativas comunicativas para los habitantes, que durante muchas décadas no tuvieron posibilidades de expresión en el espacio público mediático de la nación.

A 10 años de su existencia dicha institución ya comprobó su eficacia, riqueza, profesionalismo y ruta clara para crear un nuevo modelo de comunicación civil en la República. Por ello, después de una década de vida tal esfuerzo comunicativo ciudadano no puede seguirse manteniendo más como un proyecto experimental del Estado para ejercer la democracia comunicativa bajo controles de "laboratorio político" en el país; sino que ahora es indispensable que tal prototipo cultural abandone su carácter de ensayo experimental calculado y se convierta en un proyecto orgánico ampliado del Estado nación que abarque todas las estaciones del y otras emisoras del gobierno federal en la República.

Palabras clave: medios de servicio público, reforma comunicativa, democracia, apertura política, pluralidad informativa, radio ciudadana.

 

Abstract

The Radio Ciudadana (Citizen Radio) appeared in Mexico in the year 2002 as civil project aiming to promote a democratic culture and the participation of the radio space inhabitants, through several radio shows with innovative formats, which stimulated knowledge, analysis and the solution of public interest issues. With this, the citizen's radio consolidated its presence as a cultural radio option, which opened new communication alternatives to a community that, for many decades, lacked the possibility to express in the nation's public media.

After 10 years of existence, this institution has proved being efficient, rich, professional and to have a clear path to create new civil communicational models in the republic. Therefore, this communicational citizen effort cannot sustain anymore as an experimental state-project to exercise media democracy under control of a "political-laboratory". It is crucial that this cultural prototype stops being a calculated experimental essay, to become an organic state-nation project, covering all the stations of the (Mexican Radio Institute) and other stations of the federal government.

Keywords: public service media, communication reform, democracy, political aperture, information and plurality, citizen radio.

 

I.- El marginamiento de la sociedad civil en los medios electrónicos de información colectivos

Debido a las nuevas capacidades tecnológico-materiales que durante el siglo y principios del siglo conquistaron los medios de información colectivos, especialmente los electrónicos, y a las transformaciones urbano políticas que se dieron en el país; éstos se convirtieron en el centro del poder ideológico y político contemporáneo de nuestra nación En este sentido, de haber sido instrumentos de difusión relevantes en 1960 en México, de transformarse en instituciones importantes de socialización en 1970 y de convertirse en el cuarto poder político a partir de 1980, como corresponsables del poder; al principio del 2000 se transformaron en el vértice del poder actual. Es decir, ya no solo son simples instituciones importantes de información o el cuarto poder, sino que ahora se han convertido en el "Primer Poder" ideológico que existe en nuestra sociedad.

Sin embargo, no obstante que a principios del siglo los medios de información, particularmente de radiodifusión, utilizan el espacio aéreo que es un bien limitado, propiedad de la Nación, y que gradualmente, se han convertido en el centro del poder contemporáneo; su operación no ha funcionado en espacios neutros o independientes, sino que ha funcionado vinculada a las necesidades de reproducción del poder económico y político dominante. Dentro de este marco estructural, el margen de participación de los movimientos sociales a través de los medios de comunicación no ha sido monolítico; sino que ha oscilado formando una gama de intervenciones desde las cerradas, hasta las abiertas y variando de los canales escritos, hasta los electrónicos. Así, encontramos que las vías a través de las cuales los movimientos sociales mexicanos han participado con mayor fuerza desde principios del siglo hasta la fecha para expresar sus intereses y demandas, se concentra con gran peso en los medios impresos y se cierra casi por completo en los canales electrónicos, especialmente, audiovisuales.

De ésta forma, la naturaleza social de los medios de información desde un principio quedó determinada por la presencia de un fuerte contexto económico y político que condicionó herméticamente el uso social de los mismos por otros sectores más amplios que no fueran los propietarios o representantes del gran capital interno y transnacional en la República. Esta situación alcanzó su mayor esplendor en el caso de la radio, tanto pública como privada, pues es un medio que ha llegado a ser monopolizado por el poder nacional, al grado de que vía este se ha construido otro proyecto cultural contrario al proyecto de los grandes grupos que sostienen nuestra nación.

En éste sentido, derivado de este condicionamiento estructural, por ejemplo, 76 % de la radio comercial se encuentra en manos de 14 familias y sólo 4 grandes cadenas aglutinan casi la mitad del total de las emisoras (47.8 %). Realidades que son impensables que puedan existir en otros países (Sociedad civil al rescate, 2003:45).

Fue dentro de este esquema mercantil que la radio nacional se desarrolló y donde alcanzó hasta ahora su mayor dinámica de expansión e influencia sobre la cultura nacional. Sin embargo, contraria y paralelamente a esta realidad privada, apareció de manera muy tardía, en los años sesenta, la radio pública en nuestro territorio. Su lenta incorporación al panorama cultural de la nación, provocó que ésta emergiera y madurara con una personalidad social poco definida, con menor experiencia radiofónica, reducido apoyo económico, bajo nivel de credibilidad en el auditorio, proyecto cultural confuso, mayores presiones burocráticas, menor cobertura geográfica de influencia, grandes contradicciones en sus líneas de dirección, intensos cambios en sus directrices de orientación, nula o baja orientación de servicio público, etcétera.

De ésta forma, observamos que no obstante que en la actualidad la sociedad mexicana ya alcanzó los 115 millones de habitantes, y pese a que, en última instancia, los grupos básicos que sostienen a nuestra nación son los que financian el funcionamiento de la radio; confirmamos que la mayor parte de estos sectores básicos no tienen acceso para participar dentro de este medio de comunicación para exponer colectivamente sus necesidades e incorporarse a los procesos de gestión pública del país, vía esta tecnología cultural.

En este sentido, constatamos, por ejemplo, que las organizaciones campesinas no cuentan con espacios radiales para desde estos solicitar apoyos crediticios para trabajar en el campo, exigir mejores precios de garantía a sus cosechas, demandar el reparto de tierras, denunciar el extendido cacicazgo y la corrupción de autoridades o funcionarios, etcétera. Los sindicatos tampoco cuentan con tiempo informativo en éste medio para pedir aumentos salariales, elevar sus condiciones generales de vida, denunciar las anomalías existentes en el interior de sus grupos, etcétera.

Los numerosos grupos indígenas fundadores desde hace milenios de nuestro territorio y cultura, todavía, en el siglo , no tienen espacios relevantes en el dial para expresar sus necesidades, dolor, marginación y tristeza generado desde hace 500 años con la Conquista Española y las subsecuentes reconquistas nacionales, etcétera. Los gremios de trabajadores no poseen alternativas comunicativas para dar a conocer sus puntos de vista sobre el modelo económico en el cual están insertos, etcétera.

No obstante que actualmente vivimos una fase de gravísimo colapso ambiental en el Valle de México y el resto del país por la profunda relación destructiva que mantenemos con la naturaleza, los movimientos ecologistas, no cuentan con ningún espacio de las redes nacionales de radio para difundir su labor en pro de la defensa de la vida y crear culturas sustentables. Los sectores magisteriales, pese a que sobre ellos descansa la operación de la formación del capital cerebral del país a través de su acción educativa, tampoco cuentan con espacios en los medios radiofónicos para contrarrestar la acción deformante de la cultura parasitaria que ha creado la sociedad de consumo y fortalecer con ello el proyecto educativo de la escuela nacional.

Otras células básicas como son los organismos no gubernamentales, las iglesias, los movimientos urbanos, los productores agropecuarios, la mayoría de las universidades o centros de educación superior, los transportistas, los grupos de amas de casas, las asociaciones de padres de familia, los grupos de colonos, las organizaciones de maestros, los estudiantes, los profesionistas, etcétera, tampoco disponen de espacios radiales para plantear y discutir sus problemáticas particulares.

Dicha situación de discrecionalidad y desigualdad de la vieja clase política llegó a su extremo de desvergüenza y abuso cuando ante la iniciativa del Congreso de la Unión en mayo del 2002 para suprimir o reducir los 260 millones de pesos al año que costó sostener la pensión vitalicia de los 5 ex presidentes del país, el Ex Mandatario José López Portillo (1978-1982) propuso para compensar este desequilibrio en sus erarios personales que "el Estado ofreciera concesiones de radio y televisión a los ex presidentes, para que los ex mandatarios no tuvieran que depender del fisco. Cosas que produjeran y generaran riqueza, pero que no le costaran al pueblo de México" (Pide José López Portillo..., 2002).

Este panorama de cerrazón de los canales de información hacia los sectores sociales se reforzó jurídicamente cuando observamos que después de 94 años de historia de la radio en México, la sociedad no goza de los derechos ciudadanos básicos en materia de comunicación, como son el Derecho a la Información, el verdadero Derecho de Réplica y el Derecho de Acceso a la Comunicación, el Derecho de Defensa de su Imagen en los medios, etcétera. En esta forma, a lo largo de varias décadas se creó un sistema de comunicación radiofónica cerrado, vertical, negador de los derechos comunicativos elementales de los ciudadanos; fomentador de la dinámica de comunicación-mercado y no del servicio público y excluyente de otros actores sociales básicos de nuestro país. Dicho prototipo de comunicación se caracterizó como el "Modelo de Comunicación para los Jodidos" que fue impulsado ampliamente por los grandes monopolios de la difusión masiva en el país y se distinguió por construir esclavos mentales domesticados y no ciudadanos conscientes capacitados para construir una nueva sociedad (Esteinou, 2002-A:20-24).

Así, por ejemplo, en primer término, los receptores no cuentan con un verdadero Derecho de Réplica en los medios de información, especialmente electrónicos, pues el Nuevo Reglamento de Radio y Televisión en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido, sólo autoriza en su artículo 38 que "toda persona física o moral, podrá ejercitar el derecho de réplica cuando un material que sea difundido en cualquier programa de una estación de radio o de televisión no cite la fuente de la cual extrajo la información y considere que los hechos que la alude son falsos e injuriosos" (Reglamento de la Ley Federal..., 2002). Esta normatividad imposibilita que los receptores puedan intervenir cuando se les difame, insulte, desacredite, ofenda, etcétera, en los medios, si la fuente está bien citada. Es decir, este seudo derecho permite la calumnia bien documentada.

En segundo término, el Consejo Nacional de Radio y Televisión, que es la entidad encargada, entre otras, de coordinar las actividades de la Ley Federal de Radio y Televisión y de elevar el nivel moral, artístico, y social de las transmisiones, permite la participación amplia, con voz y voto, de un representante la Secretaría de Gobernación, uno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, uno de la Secretaría de Educación Pública, uno de la Secretaría de Salud, tres de la Industria de la Radio y Televisión (), dos de los trabajadores y finalmente, sólo uno de la sociedad civil, pero éste último, con voz y sin voto (Ley Federal de Radio y Televisión, 1960; y Reglamento de la Ley Federal ..., 2002). En este sentido, el representante del sector mayoritario de la comunidad que mantiene el funcionamiento de la radio y televisión permanece como espectador con las manos atadas.

En tercer término, la participación social en los canales de difusión que podría haberse dado desde hace varias décadas, vía el uso de los tiempos oficiales del 12.5 % en radio y televisión y los tiempos fiscales (Acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1969); fue reducido a treinta y cinco minutos en radio por el Decreto Presidencial Sobre Uso de los Tiempos Oficiales del 10 de octubre del 2002 (Decreto presidencial por el que se autoriza..., 2002). De esta forma, el Estado mexicano cerró constitucionalmente la posibilidad de que la sociedad participara vía los espacios oficiales en la radio.

En cuarto término, derivado de todo lo anterior y de otros factores políticos la libertad de expresión es una garantía ciudadana muy acosada en el país. Así, según el diagnóstico preparado por la institución Reporteros Sin Fronteras (RSF) en el año 2003, "México ocupa el lugar 77 en materia de respeto a la libertad de expresión" (la impunidad en México, 2003:45).

Y finalmente, en quinto lugar, los medios públicos, que podrían abrir otras alternativas de participación, se encuentran muy abandonados por las políticas de apoyo gubernamental y los que han llegado a una condición institucional más privilegiada, no han alcanzado la naturaleza de medios de Estado, de servicio público; sino que se han convertido en canales de gobierno que defienden propagandísticamente los intereses de los funcionarios en turno o de los grupos de poder a los que pertenecen (Menosprecia el gobierno a ..., 2003).

En síntesis, el único derecho de participación que posee la sociedad mexicana después de más de 9 décadas de existencia de la radio y más de 6 décadas de presencia de la televisión en la República, es el derecho de cambiar de canal o frecuencia, o de apagar o encender la pantalla, pues de manera real, ningún otro derecho ha sido otorgado por la tradicional estructura de poder mediática nacional. En este sentido, en el ámbito de la comunicación colectiva asistimos en México a la presencia de un Estado padrastro que se caracterizó por no defender comunicativamente a los ciudadanos, sino sólo protege los intereses de los grandes monopolios informativos que se han consolidado en el país.

 

II.- La necesidad de formar un modelo de comunicación ciudadano

Debido al marginamiento estructural de la mayoría de la sociedad mexicana para participar dentro del sistema establecido de medios de difusión colectivos a principios del tercer milenio en la República, ésta continúa siendo sólo una comunidad receptora y no emisora de mensajes. Las únicas excepciones de participación de la ciudadanía en los medios de información colectivos se dan cuando alguno de éstos sectores, por alguna circunstancia excepcional, se convierten en noticia y entonces son difundidos por los medios como las mercancías informativas del momento y desaparecen de las pantallas cuando dejan de ser novedosos, y en consecuencia, ya no elevan el rating, sin contar con ningún derecho civil para participar permanentemente en estos cuando ellos lo requieran para discutir en el espacio público mediático sus necesidades o problemáticas de existencia.

En otras palabras, la sociedad civil o los grupos emergentes sólo pueden participar en la programación de los medios cuando sirven como apoyo para elevar el rating de las empresas radiotelevisivas, pero no son considerados permanentemente dentro de las industrias culturales electrónicas como sujetos o entidades con derecho a contar con espacios constantes de información colectivos para producir corrientes de opinión y de participación social. Por consiguiente, es sólo la lógica de oportunidad económica del raiting la que decide quién, cuándo y en qué grado participa la sociedad civil dentro de los medios y en qué momento no; y no la existencia operativa de un cuerpo jurídico de garantías ciudadanas comunicativas básicas existentes en nuestra Constitución.

Ejemplo de ello, fue la difusión de forma intensiva durante una o dos semanas que se dio en los medios electrónicos nacionales en el año 2005 sobre la existencia de los sectores paupérrimos como grupos damnificados que salieron a la luz pública por los efectos devastadores que les provocaron los huracanes Katrina, en Nueva Orleáns, Estados Unidos; Stan, en Chiapas; y Wilma en Cancún; y después fueron olvidados radicalmente por la programación de las industrias culturales, y nunca más se volvió a hablar de ellos en las pantallas o diales.

De esta manera, la vieja estructura de información colectiva no se abrió a la participación social, sino se rentó al mejor postor económico y político. Así, el modelo de comunicación-mercado y el sistema político que lo amparó, despojaron de todos los derechos ciudadanos a los auditorios y la única facultad que les dejó fue el derecho de encender o apagar la radio y televisión y de participar en su propuesta de consumo masivo permanente: Los públicos se convirtieron en factores al servicio del proceso de comunicación-mercado y no la comunicación colectiva al servicio del desarrollo y humanización de los habitantes.

Esta realidad política corroboró, una vez más, que en materia comunicacional a principios del siglo si existió transición política en el país, pero no fue la transición pacífica a la democracia participativa; sino fue el cambio creciente a la super concentración y monopolización comunicativa, que excluyó y amordazó a la población para participar en el nuevo espacio público mediático colectivo. En otros términos, aunque desde el año 2000 existió en la sociedad mexicana una débil transición política a la democracia que fundamentalmente atravesó la transformación de las estructuras electorales, el cambio del Poder Legislativo, la modificación del Poder Ejecutivo, la mutación del Poder Judicial, la evolución de los partidos políticos, la seudo transparencia gubernamental, etcétera; en términos comunicativos, no existió una transición a la democracia, puesto que éste proceso no penetró sustantivamente la transformación de los viejos sistemas viciados de los medios electrónicos de información colectivos, ahora disfrazados de modernos. Así, estos continúan funcionando dentro del esquema concentrador, vertical, autoritario, discrecional, hermético, monopólico, elitista, anti ético, desigual, no ciudadano, etcétera, opuesto al proceso de apertura, horizontalidad, pluralidad, moralidad, participación, equilibrio, igualdad, etcétera, que exige el proceso de comunicación democrática que demanda el nuevo modelo de país.

Los espacios contados de "apertura" o "avance democrático" que se han dado en el modelo dominante de medios electrónicos, como fueron la introducción de los programas de debate, la inclusión de la discusión de otros temas antes vedados, los análisis críticos de coyuntura, la creación de algunos medios ciudadanos, los comentarios "atrevidos de algunos conductores de radio", la crítica abierta a todos los poderes públicos, especialmente al Presidencia, hasta el grado de ridiculizarlos como es el programa "El Privilegio de Mandar", "El Hueso", "Los Peluches", etc; fueron excepciones informativas muy contadas que no han sido factores suficientemente contundentes para marcar un cambio sustancial de tendencia estructural del viejo modelo de comunicación autoritario en el país.

Ante este horizonte de cerrazón estatal para la democratización informativa, la sociedad mexicana se enfrentó al delicado panorama político en el que los grandes grupos no cuenten con espacios de expresión dentro de estos para expresar sus necesidades, problemáticas, demandas y soluciones. Frente a ello, se observó la tendencia creciente de que los movimientos sociales en emergencia continúen creando sus propios procesos clandestinos de comunicación colectivos, que derivarán, tarde o temprano, en la construcción de un nuevo Estado Ampliado paralelo al oficial, con el consecuente acrecentamiento de nuestra crisis de hegemonía nacional. Ejemplo de ello, han sido el surgimiento temporal de los medios contra estatales como "Televerdad", "Radio Vampiro", "Radio Pirata", "Medios Comunitarios" y las intervenciones guerrilleras que se han dado a través de Internet. Obviamente todas estas expresiones no pueden sobrevivir en el espacio público, a mediano y largo plazo, pues son instituciones perseguidas por el gobierno, hasta abolirlos, destruirlos y encarcelarlos (Radio comunitaria de Michoacán..., 2003:19; y Pese a las hostilidades..., 2003:18).

Debemos recordar que cuando los grupos sociales, especialmente los marginados, no tienen acceso al espacio público simbólico, vía los medios de información colectivos, para exponer sus necesidades e intereses, entonces toman, pacífica o violentamente, los espacios públicos físicos como las vías de comunicación materiales como son las calles, las plazas, las avenidas, las carreteras e incluso las instituciones de difusión masiva para presentar sus demandas. Por ello, podemos decir que existe una relación inversamente proporcional entre el grado de participación social en los canales de información colectiva y la existencia de protestas públicas: A mayor participación de los grupos sociales en los medios de información menor grado de manifestaciones públicas y a menor participación en los medios, mayor porcentaje de existencia de manifestaciones callejeras.

En este sentido, es muy importante puntualizar que en la medida en que las organizaciones sociales cuenten con tiempos en los medios de difusión electrónicos se evitará la presencia de tantas manifestaciones callejeras que todos los días suceden en las principales ciudades del país y que implican pérdidas económicas, cierre de empresas y comercios, destrucción de bienes, caos vial, ingobernabilidad, anarquía urbana, irritación ciudadana, fuga de capitales, aumento del stress y pérdida de la calidad de vida en la población. La sociedad toma permanentemente las calles del país por no tener espacios de expresión en los medios de difusión colectivos ni garantías comunicativas (Deterioro de la ley, 2003).

Tal control estructural de los medios electrónicos por el Estado y los poderes fácticos impidió que los grandes grupos civiles participen de forma constante y directa en la construcción de un nuevo espacio público que contribuya a crear otra cultura para la sobreviviencia nacional. En éste sentido, debido a que no se permitió la participación de los grandes grupos o entidades fundamentales del país en los medios electrónicos, particularmente en la televisión, tanto pública como privada, éstas instituciones continúen desvinculadas del análisis sistemático de los grandes obstáculos que impiden nuestro desarrollo nacional y de la difusión constante de las posibles alternativas de solución para cada rama de nuestro crecimiento interno.

Así, por ejemplo, en el período de gobierno de los Presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa del año 2000 al 2013 en el terreno comunicativo en México sólo se creó como avance significativo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (), y eso fue debido a que la sociedad civil tomó la iniciativa central para proponer y hacer avanzar éste proceso. En el resto de las acciones comunicativas de éste gobierno se experimentaron severos y drásticos retrocesos sociales como fueron la renovación por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes () de más de 500 concesiones de radio y televisión sin ponerlas a concurso público; la cancelación despótica de los trabajos de la Mesa de Diálogo Para la Reforma a los Medios Electrónicos en la Secretaría de Gobernación; la imposición autoritaria por el Poder Ejecutivo del Reglamento de Radio y Televisión y el Decreto Presidencial sobre los Tiempos Fiscales del Estado del 10 de octubre del 2002; la toma prepotente de Canal 40 por Televisión Azteca sin intervención rápida de las autoridades; la cancelación del Proyecto Ciudadano de Reforma a la Ley Ley Federal de Radio y Televisión en el Senado de la República; la entrega irregular de más de 200 concesiones de casinos a Televisa para apoyar la campaña presidencial de Santiago Creel Miranda; la persecución y cierre de diversas radios comunitarias, el intento de imposición de la "Ley Televisa" (Esteinou y Alva, 2009), etcétera.

Este control sistemático de los medios electrónicos impidió que los grandes grupos civiles participaran de forma constante y directa en la construcción de un nuevo espacio público que contribuyera a crear otra cultura para la sobreviviencia nacional. Así, se consolidó un modelo de comunicación altamente concentrador, que permitió que solo unos cuantos expresaran a la mayoría sus puntos de vista y su visión del mundo. En este sentido, dichos espacios de participación funcionaron más como herramientas de control político y de legitimación del viejo Estado, y no de espacios para la creación y fortalecimiento de la democracia y la civilidad nacional.

Frente a éste panorama, no se puede desconocer que es imposible edificar un gobierno moderno y avanzado, sin la transformación democrática e integral de sus instituciones de cultura y medios de comunicación colectivos, ya que es a través de ellos, como se realiza cotidianamente la principal forma de conducción, organización y participación colectiva en comunidad. En la fase de evolución masiva en que se encuentra la sociedad mexicana, es desde la apertura plural y ciudadanización del sistema mediático como se puede reconstruir de manera principal el tejido democrático y participativo de la sociedad.

El mecanismo central para elaborar un nuevo modelo de comunicación nacional y democratizar a los medios de información, pasa necesariamente por la realización de la reforma integral del Estado mexicano. Para reformar al Estado en materia de comunicación, ciudadanizar los medios de información en México y dar, a través de éstos, diversas salidas de participación a los grandes grupos sociales; es razón de Estado el modificar el viejo pacto social de comunicación unilateral, hermético, obsoleto y discrecional que existió entre el Estado mexicano y los concesionarios de los medios de comunicación y que sirvió de base para consolidar durante tres cuartas partes del siglo al decadente régimen político anterior. Ahora, es necesario construir, mediante la reforma del Estado, una nueva relación trilateral (Estado, concesionarios y sociedad) de naturaleza abierta, democrática, justa, plural, equilibrada e incluyente que permita que los ciudadanos participen como emisores, a través de estos, para contribuir a enriquecer el espacio público (espectro político-cultural) de nuestra nación y que permita crear una cultura civilizatoria superior que nos permita sobrevivir pacífica y humanamente en nuestro país.

La transición política a la democracia requiere la substitución urgente de viejos arreglos institucionales y de acuerdos políticos discrecionales entre los grupos que detentan el poder político y al poder mediático en el país, para crear ahora un nuevo acuerdo nacional, con reglas jurídicas claras, que permitan que la sociedad goce de las garantías comunicativas básicas que reconoce la Constitución Política Mexicana.

La consolidación de la reforma del Estado mexicano demanda la indispensable transformación democrática profunda de las estructuras de información y comunicación masivas, ya que son estos espacios los que se han convertido en el Primer Poder contemporáneo desde el cual se organiza, moviliza, articula y dirige, diaria y principalmente, de manera colectiva a los habitantes de la nación (Antaki, 1998). Hoy, los medios de comunicación son el esqueleto de la democracia y del espacio público. Debido a su peso central sobre la dirección de la nación, en una sociedad democrática los principales poderes siempre deben estar supervisados y reglamentados por el interés general de la sociedad en su conjunto y esto sólo se puede lograr conservando al Estado-ciudadano como rector nacional del bien público.

Uno de los aspectos básicos para avanzar en la reforma del Estado es la ciudadanización de los medios de información. Lo ciudadano no es una moda frívola de los tiempos de la posmodernidad occidental, sino que es una de las brújulas estratégicas por donde debe avanzar la creación de un nuevo modelo de comunicación colectiva para el siglo en México.

 

III.- La transición política del 2000 y el retroceso comunicativo de la sociedad

Después de 70 años de gobiernos autoritarios, clientelistas, plutocráticos, aciudanos abusivos y antidemocráticos que experimentó la sociedad mexicana con la presencia del Partido Revolucionario Institucional () durante las últimas décadas del siglo en México, este modelo unilateral de gobernabilidad llegó a su agotamiento político en el año 2000 y fue substituido a lo largo de 12 años por la alternancia del Partido Acción Nacional (). En su gestión nacional el nuevo régimen panista prometió demagógicamente durante dos sexenios de su administración que el país evolucionaría hacia la transición pacífica a la democracia y que establecería un cambio radical en la dinámica de gobernabilidad en todos los órdenes sociales para producir mayor justicia, igualdad, seguridad y oportunidades para toda la población del país.

Para ello, el realizó, primero, a lo largo de la presidencia del mandatario Vicente Fox Quezada, y segundo, de presidente Felipe Calderón Hinojoza, diversas iniciativas de cambio para introducir las nuevas bases de la dirección participativa de los ciudadanos que cambiarían el destino de la República. Así, en el terreno de la comunicación colectiva la Secretaría de Gobernación inauguró el 5 de marzo de 2001 la Mesa de Diálogo para la Revisión Integral de la Legislación de Medios Electrónicos (Esteinou, 2001-A:3; 2002-B:15-20; 2001-B:98-115), cuyo objetivo, según el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, fue "lograr en el ámbito de un absoluto respeto a las libertades -y particularmente a la libertad de expresión- una relación sana, transparente y responsable entre el gobierno, los medios y la sociedad, para que a través de esta vinculación democrática se pudiera garantizar la certidumbre y la seguridad jurídica a gobernantes y gobernados" (Mensaje pronunciado por Santiago Creel... 2001:1). Según el gobierno, los acuerdos alcanzados en este espacio, se sustentarían en cinco grandes criterios: garantizar la libertad de expresión; transparentar el otorgamiento de concesiones; contribuir al afianzamiento de la unidad nacional; enriquecer nuestra cultura y educación; respetar los principios humanistas, la dignidad de la persona y la unidad de la familias; y finalmente, fortalecer las convicciones democráticas y el desarrollo armónico de la ciudadanía (Mesa de diálogo..., 2001: 67).

Para elaborar el nuevo marco normativo avanzado sobre la radiodifusión, además de considerar los fundamentos constitucionales básicos y los acuerdos internacionales firmados por el gobierno mexicano en materia de comunicación, se retomaron los análisis y las demandas, que desde 1970 se habían formulado por múltiples sectores de la sociedad civil mexicana con el fin de transformar el sistema de comunicación de la República y que sistemáticamente fueron desconocidas o postergadas durante cinco décadas por el Estado: La sociedad silenciada, ahora debía hablar y participar para innovar el modelo colectivo de comunicación del país.

Sin embargo, paradójicamente después de haber trabajado durante más de 18 meses los tres sectores sociales fundamentales para rediseñar el patrón de comunicación nacional (Estado, concesionarios y sociedad civil) en la Mesa de Diálogo Para la Reforma Integral de los Medios de Comunicación Electrónicos, y pese al avance de los importantes consensos que se habían alcanzado entre todos los grupos participantes; en plena fase del proceso de trabajo y de discusión de las propuestas plurales para la transformación de la radiodifusión nacional, debido a las presiones ejercidas por el poder mediático y a la debilidad gubernamental del Poder Ejecutivo que prefirió contar con el apoyo de los radiodifusores para gobernar seis años más, decidió abortar tal dinámica plural de reorientación del sistema de comunicación nacional. Así, el 10 de octubre de 2002, en la comida anual de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (), el Presidente Vicente Fox renunció tajantemente a su promesa fundamental de cambio democrático y anunció autoritariamente la expedición de un nuevo Acuerdo Presidencial sobre el Manejo del 12.5 % de los Tiempos de Estado y un Nuevo Reglamento para la Ley Federal de Radio y Televisión. Dicha propuesta jurídica derogó drásticamente la anterior iniciativa plural de reforma integral de los medios electrónicos y reformó unilateralmente el marco jurídico de la radiodifusión nacional beneficiando privilegiadamente la expansión de los intereses monopólicos y oligopólicos de la comunicación electrónica en México. Con ello, se cancelaron los derechos comunicativos elementales de los ciudadanos que habían sido demandados durante muchas décadas en México.

Esta situación regresiva, ocasionó, entre otras, las siguientes seis repercusiones para la transición pacífica a la democracia en México:

1.- Se regresó al viejo esquema de negociación bilateral viciado entre Gobierno y concesionarios para resolver la agenda de los problemas de la comunicación nacional y se desconocieron los acuerdos trilaterales aceptados, ética y moralmente, entre el Poder Ejecutivo, sociedad y los propietarios de los medios, que el gobierno del presidente Fox junto con otros actores sociales se comprometieron a impulsar y a respetar trilateralmente desde principios de su gestión.

2.- Se reglamentó de forma obscura, excluyente, autoritaria, discrecional, vertical, unilateral, hermética, amañada y mentirosa una parte medular de la libertad de expresión y del derecho a la información que son garantías ciudadanas elementales, para construir una sociedad moderna, avanzada y civilizada de México en el Siglo .

3.- Se desconocieron las decenas de propuestas específicas que profesionalmente la academia, la sociedad civil, los partidos y varias secretarías de Estado, propusieron durante más de un año y medio de trabajo, reflexión y discusión en las siete mesas de diálogo para la Reforma Integral de los Medios Electrónicos. Con ello, se canceló todo el esfuerzo y los acuerdos políticos que por consenso ya se habían alcanzado entre los participantes y se despreciaron las vías del diálogo entre los diversos actores sociales para reformar al Estado, premiándose al viejo autoritarismo comunicativo del siglo .

4.- El gobierno de la "transición pacífica a la democracia" reveló que no tuvo calidad ética y moral para sostener sus compromisos públicos con la sociedad, y valor y virilidad para defender los derechos comunicativos elementales de la ciudadanía ante los voraces intereses de mercado de los grandes concesionarios de los medios electrónicos. El gobierno se burló y humilló a la sociedad que buscó medios de información para comunicarse y evitar las rupturas de la institucionalidad nacional.

5.- Finalmente, con todo ello se demostró, una vez más, que no existió voluntad política de cambio en la cúpula del poder en esta materia, pues se regresó al antiguo esquema de comunicación excluyente, en el que la sociedad no quedó representada para crear otro modelo de comunicación colectivo que nos permitiera sobrevivir; y se continuó privilegiando el modelo de comunicación de mercado, generador de la bárbara mentalidad salvaje, con su correspondiente triunfo de la Cultura Idiota en el país (Esteinou, 2002-C:52-54; 2004-B:105-118).

6.- El Derecho de Réplica que fue demandado reiteradamente por muchos años por diversos sectores de la sociedad se reglamentó en base a los intereses de los concesionarios monopólicos de la radiodifusión para que no fuera un obstáculo en su estructura programática y no a partir de las necesidades básicas de los ciudadanos. En ese sentido, la sociedad continuó quedando huérfana de esta garantía básica que conforman los derechos humanos contemporáneos (Esteinou, 2004-A:167-178; 2005-A:57-68).

A través de este proceso el Poder Ejecutivo (Secretaría de Gobernación) y el Poder Legislativo fueron substituidos por la acción de Cámara de la Industria de Radio y Televisión () para elaborar dichos marcos normativos y reformar al Estado mexicano en materia comunicativa favoreciendo a los tradicionales monopolios informativos y marginando a la sociedad civil que esperó con buena fe y paciencia civilizada durante más de cuatro décadas esa oportunidad histórica para modificar democráticamente la estructura de comunicación electrónica de la República.

 

IV.- El pago de la traición gubernamental: el surgimiento de la XEQK la "Radio ciudadana" en el IMER

Después del enorme engaño practicado por el Poder Ejecutivo en el 2002 para evitar reformar la Ley Federal de Radio y Televisión () que canceló el reconocimiento jurídico de las necesidades comunicativas básicas de la mayoría de la sociedad, y renovó el viejo modelo de comunicación discrecional, autoritario, desigual, y vertical practicado durante más de 70 años en el país por los concesionarios y el gobierno; como compensación a tal cínico abuso histórico del Estado, la Secretaría de Gobernación, a cargo del Lic. Santiago Creel Miranda, creó el 27 de noviembre del 2002 la : La Radio de los Ciudadanos1 dependiente del Instituto Mexicano de la Radio () y entró en operación el 1 de abril del 2003, con 5 000 Kw de potencia en el Distrito Federal, transmitiéndose por la frecuencia radial 1350 de AM (Esteinou, 2004-C).

Con ello, el nuevo gobierno de la transición a la democracia intentó atender parcialmente "un compromiso pendiente entre el Estado Mexicano y la sociedad civil: la definición de un modelo de comunicación, que promoviera la cultura democrática a través de la participación ciudadana y estimulara el conocimiento, análisis y solución de los asuntos de interés público y que reflejara la diversidad de sectores de nuestra sociedad, permitiendo la pluralidad informativa" (García Robledo, 2005:1).

Así, dicho proyecto radiofónico surgió como una emisora civil cuyas finalidades fueron "promover la cultura democrática y de participación cívica, a través de la emisión de contenidos programáticos en formatos innovadores de comunicación radiofónica que estimularan el conocimiento, análisis y solución de los asuntos de interés público" (Misión, visión y objetivos, 2003:1). De ésta forma, la Radio de los Ciudadanos desde su origen a la fecha pretendió alcanzar, entre otros, los siguientes 5 objetivos: "Contribuir al desarrollo de la cultura democrática y de la participación cívica. Abrir espacios para la libre expresión y comunicación entre los ciudadanos, en un marco de respeto a la diversidad cultural y social del país. Crear nuevas formas de diálogo entre sociedad y gobierno, sobre asuntos de interés público. Estimular la innovación en formatos y contenidos de emisión radiofónica que permitan a las organizaciones ciudadanas potenciar su contribución al país. Y modelar una alternativa de uso de la radio que promueva el desarrollo humano, económico, político, social y cultural, basado en los derechos y obligaciones que se derivan de vivir en comunidad (Misión, visión y objetivos, 2003:1).

Para lograr éstos objetivos la Radio de los Ciudadanos creó en noviembre del 2002 su propio Consejo Ciudadano de Programación, constituido honoríficamente por organizaciones civiles (ONGs), instituciones académicas de educación superior, organizaciones políticas y ciudadanos,2 y cuya finalidad fue "coadyuvar a que la emisora cumpla su misión de promover la cultura democrática y participación cívica, a través de la emisión de contenidos programáticos en formatos innovadores de comunicación radiofónica que estimulen el conocimiento, análisis y solución de los asuntos de interés público" (Reglamento interno, 2003).

De ésta forma, el Consejo estableció los parámetros para analizar, evaluar y tomar las decisiones pertinentes para integrar la programación de la emisora en la dirección de practicar con pluralidad el Derecho a la Comunicación y la Información. "Es la sociedad civil trabajando para la sociedad civil. Propiciar ésta intervención social en la forma de toma de decisiones, es una manera de cambiar el modo de hacer política en el país" (Creel Miranda, 2002).

Para conformar su barra de programación, la Radio de los Ciudadanos adoptó las siguientes 14 políticas generales de acción:

1.- Incluye criterios de diversidad y pluralidad, en lo cultural, étnico, social y político.

2.- Considera propuestas de organizaciones ciudadanas sobre: promoción de valores, análisis de situaciones, difusión de información sobre aspectos de democracia, desarrollo y derechos humanos.

3.- Contempla un eje transversal sobre la equidad y perspectiva de género.

4.- Atiende las necesidades educativas, de información y entretenimiento.

5.- Utiliza como criterio fundamental de asignación de horarios de transmisión la naturaleza del programa, así como el perfil de su auditorio -especialmente al inicio- posteriormente se utilizará también como criterio la cobertura alcanzada.

6.- Mantiene el conjunto de la programación el equilibrio entre los tres tipos de instancias convocadas a participar: organizaciones civiles, agrupaciones políticas, instituciones académicas.

7.- Contempla los estándares de calidad, estipulados por el Consejo en los contenidos de las series o programas de las organizaciones. Lo mismo sucederá con las producciones propias de la emisora.

8.- Las organizaciones garantizan el derecho de réplica y rectificación en sus programas.

9.- La línea editorial de la emisora es determinada por el Consejo de Programación cuya conformación se rota periódicamente.

10.- Incluye espacios para el debate; de servicio a la población, tales como secciones de aviso; programas de contenido y musicales, entre otros.

11.- Otorga en los contenidos periodísticos, especial atención a la información relacionada con las actividades de las organizaciones ciudadanas de todo el país.

12.- Equilibra los programas o series de contenido con los de entretenimiento.

13.- Permite los patrocinios en los programas.

14.- Realiza la medición de audiencias de la emisora, para un mejor conocimiento de sus resultados efectivos (Políticas de programación..., 2003).

La estructura de su programación "contempló programas de orientación y servicio con una gran variedad de temas de la agenda social, como aquellos relacionados con la equidad de género, culturas indígenas, de jóvenes en situación de calle, personas con capacidades diferentes, de la tercera edad, contenidos de educación sexual y reproductiva, programas sobre medio ambiente, además de espacios de difusión cultural y experimentación sonora. La propuesta radial se complementó con una "Cartelera Cultural", donde los ciudadanos dan la nota; un correo de voz que difunde las invitaciones, opiniones, críticas y propuestas, también en propia voz de los ciudadanos; el "Espacio abierto", que se constituyó en una mesa de reflexión, sobre temas de interés nacional y su programación musical que ofreció un acervo inicial de dos mil canciones, que fueron seleccionadas de diversos autores de México y de países de habla hispana, de trova, canto nuevo, tradicional, rock y música de fusión, que destacaron por su arraigo popular y calidad artística" (García Robledo, 2005:2).

De esta forma, el Consejo de Programación históricamente ha sido un factor fundamental para lograr una relación horizontal entre el medio radiofónico y sus auditorios. En los últimos años dicho Consejo amplió su ámbito de influencia en el Instituto mexicano de la radio al publicar la convocatoria de la figura de mediación del y elegirla al por votación, previo examen de la trayectoria de las candidaturas presentadas (Castellanos, 2013:54, 55).

A mediados del 2005, "debido al relevante servicio que brindó a la sociedad, a la creciente demanda de espacios de las organizaciones de la sociedad civil y en cumplimiento del compromiso asumido por la administración del , para dotarla de un transmisor de mayor potencia de cobertura regional; la Dirección General del incrementó la potencia de transmisión de La Radio de los Ciudadanos, pasando de 5 000 a 50 000 Kw. y su cambio a la frecuencia 660 AM de amplitud modulada, a partir de las 00:00 hrs., del lunes 15 de agosto de 2005. La nueva cobertura de la frecuencia 660 AM, de 415 588 km2, abarcó un nueva zona geográfica de influencia compuesta por los siguientes 10 estados de la República Mexicana: la capital del país, el Estado de México, Puebla, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Querétaro, Tlaxcala y algunas poblaciones de Veracruz y Oaxaca" (García Robledo, 2005:2).

A través de ello, la Radio de los Ciudadanos consolidó su presencia como opción radiofónica cultural, abriendo nuevas alternativas comunicativas para los habitantes, que durante tantas décadas no tuvieron otras posibilidades de expresión en el espacio público mediático de la nación.

 

V.- Aportaciones del modelo de la radio ciudadana

A lo largo de su operación, la Radio de los Ciudadanos se caracterizó por ser un nuevo modelo de comunicación pionero de la sociedad civil con orientación de "servicio público", que través de su programación atendió comunicativamente algunos de los principales problemas o necesidades que las comunidades consideran que se deben abordar radiofónicamente. En su corta experiencia de vida la Radio Ciudadana ha aportado, entre otras, las siguientes 8 contribuciones para apoyar la creación de un nuevo modelo de comunicación en el espacio público mediático:

1.- Convoca a los diferentes sectores de la sociedad para fomentar en los medios de comunicación una nueva cultura de la convivencia, la pluralidad, la diversidad y la diversidad ciudadana.

2.- Reconoce la capacidad que tienen todas las personas de analizar, criticar, proponer y participar en la construcción de nuevos discursos y de nuevas relaciones sociales.

3.- Realiza un llamado a la tolerancia y una invitación a que los radioescuchas se conviertan en activos radio-participantes, corresponsables y comprometidos con el proyecto de país más igualitario al que aspira la sociedad mexicana.

4.- Impulsa el fortalecimiento de la radio pública, entendida como espacio de reflexión, diálogo y encuentro.

5.- Colabora a crear en el país otro espacio público mediático para que otros sectores ciudadanos puedan participar colectivamente en la edificación del proceso de transición pacífica a la democracia del tercer milenio.

6.- Contribuye a desmantelar la vieja estructura comunicativa del antiguo régimen político y a crear gradualmente un nuevo modelo de interacción comunicativa de la sociedad consigo misma.

7.- Coadyuva a que el proceso de la democracia nacional supere la mera fase de la "democracia formal" de depositar el voto en las urnas cada seis años el día de las elecciones y se practique la "democracia deliberativa" consistente en facilitar a través de los espacios de la programación que los ciudadanos discutan públicamente a lo largo de todo el sexenio de gobierno los temas de la agenda nacional, especialmente los que se abordan en el Congreso de la Unión.

8.- Finalmente, en síntesis, lo que la radio ciudadana ha demostrado es que es posible crear otros modelos de comunicación en México al devolverle el habla al pueblo. Esto es, transformar los medios de difusión colectivos en verdaderos canales de comunicación y ya no sólo de información, que después de 94 años de existencia de la radio apenas se empieza a lograr este elemental objetivo constitucional en el país.

Por todo ello, "la experiencia de la radio ciudadana debe ser documentada y difundida como un modelo de comunicación horizontal, democrático y ciudadano. Es un claro ejemplo de la comunicación que sirve para transformar a la sociedad caracterizada por el acceso desigual a la justicia, a las oportunidades de desarrollo comunitario e individual y por la poca participación que hemos tenido los mexicanos en la toma de decisiones de carácter público. Se trata de contrarrestar esta característica del México excluyente para dar paso a una sociedad de sólidos valores de participación ciudadana" (Castellanos, 2013:54,55).

Una democracia real no puede estar informada sólo por unos cuantos emisores pues sería gobernar para una minoría, sino requiere la presencia plural y activa en el espacio público de los diversos sectores que componen esa totalidad social. Por ello, es razón de Estado generar en México las condiciones jurídico-políticas para que exista la pluralidad de voces y la diversidad de empresas comunicativas y la multiplicidad de empresas de difusión que nutran variamente la conciencia colectiva de la sociedad: No se puede seguir gobernando para unos cuantos si queremos vivir en paz social.

Hay que recordar que la transición política nacional iniciada en el año 2000, no abrió la vieja estructura de información colectiva a la participación social, sino simplemente la rentó al mejor postor económico y político. Así, el modelo de comunicación-mercado y el sistema político que lo amparó, despojaron de todos los derechos ciudadanos a los auditorios y la única facultad que les dejaron fue el derecho de encender o apagar la radio y la televisión y participar en su propuesta de consumo masivo permanente: Los públicos se convirtieron en factores al servicio de la dinámica del proceso de comunicación-mercado y no de la comunicación colectiva al servicio del crecimiento de los habitantes.

Por ello, podemos decir que los medios electrónicos, siguieron funcionando como cerebros colectivos divorciados de las necesidades de nuestro cuerpo social, porque mientras vivimos cotidianamente una profunda crisis socioeconómico-política, los medios electrónicos nos orientaron a pensar, prioritariamente, en una programación basada en el cuádruple eje constituido por los espectáculos, el consumo, los deportes y la información light y sólo ocasionalmente en los casos extremos o de aperturas políticas coyunturales oportunistas, nos condujeron a reflexionar y sentir los problemas centrales de nuestra sociedad. En una idea, la problemática nacional no pasó sustantivamente por los medios electrónicos, lo cual provocó la existencia de un modelo cultural de funcionamiento esquizofrénico entre lo que difunde e inculca la programación televisiva y las necesidades o realidades que viven cotidianamente los grupos mayoritarios de la sociedad mexicana.

De aquí, la importancia central de realizar una profunda reforma del Estado que establezca las bases normativas que permitan construir un nuevo modelo de comunicación nacional que admita que la todas las comunidades puedan expresase y participar dentro del nuevo espacio público mediático que han construido los medios de difusión social en nuestro país.

 

VI.- ¿Qué hacer?: el fortalecimiento del modelo de la radio ciudadana

A 10 años de la existencia la Radio de los Ciudadanos en México esta institución ya comprobó su eficacia, riqueza, profesionalismo y ruta clara para sembrar un nuevo modelo de comunicación civil en la República. Por ello, después de una década de vida dicho esfuerzo comunicativo ciudadano no puede seguirse manteniendo más como un proyecto experimental del Estado para ejercer bajo controles de "laboratorio político" la democracia comunicativa en el país.

Ahora, es indispensable que tal prototipo cultural que demostró que la sociedad si sabe comunicarse consigo misma y es capaz de plantear otros contenidos radiofónicos diferentes a los del patrón comercial privado y a los del sistema de propaganda oficial; abandone su carácter de ensayo de laboratorio social calculado y se convierta en un proyecto orgánico ampliado central del Estado nación que abarque todas las diversas estaciones del y otras emisoras del gobierno federal en la República. Considerando que la "Reforma de las Telecomunicaciones y la Competencia Económica" ha vislumbrado constitucionalmente a la comunicación colectiva como una actividad de servicio público (Esteinou, 2013-A:5-16), es necesario que la Radio Ciudadana se eleve a rango de modelo de comunicación para el ejercicio comunicativo de la sociedad consigo misma y con otros sectores, en todas las emisoras gubernamentales del Estado mexicano, especialmente cuando éste presume haber alcanzado el grado más avanzado de su madurez democrática en toda la historia moderna del país.

Dentro de este contexto, es necesario preguntarnos, por ejemplo, ¿hasta dónde medios públicos como el Canal 11, el Canal 22, el Canal 34 Mexiquense, el , el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (), medios regionales de los estados de la República, etcétera, que también son financiados con los impuestos de los ciudadanos, cuentan con estructuras de representación ciudadanas directas que participen en la producción de sus mensajes colectivos?. ¿Hasta dónde las políticas informativas de tales medios representan las necesidades y preocupaciones medulares de los habitantes del país?. ¿Hasta donde se pueden considerar canales independientes o instrumentos propagandísticos o legitimadores del gobierno en turno? (Castellanos, 2013:55).

Esta realidad cobra mayor fuerza cuando constamos que después de varias décadas de aplicación dominante del prototipo de difusión privado-comercial en México, que llegó a su culmen duopólica con la implementación del "modelo de comunicación para los jodidos"; éste no ha elevado la calidad de sus contenidos mediáticos, sino al contrario los ha degradado y empobrecido crecientemente hasta llegar al extremo de promover intensivamente lo banal, lo vacuo, lo vulgar, lo frívolo, lo pedestre, lo "reptil", etcétera, evitando el surgimiento del modelo de comunicación inteligente del homo sapiens que es el que se requiere urgentemente promover en el país para impulsar el desarrollo de la sociedad. Dicha tendencia quedó doblemente demostrada con mayor contundencia cuando los sistemas de radiodifusión privados, especialmente audiovisuales, se opusieron abiertamente al fortalecimiento de la democracia en México al intentar boicotear la Reforma Electoral del 2007 y al negarse abiertamente a difundir los debates presidenciales de los candidatos a la presidencia de la República en el 2012 (Esteinou, 2013-A:93-124; 2013-B:181-206).

Con mayor razón ahora es fundamental rescatar el modelo ciudadano de comunicación cuando el proceso de la digitalización comunicativa ha generado el fenómeno de la multiprogramación en las frecuencias actuales, ocasionando el surgimiento de multitud de emisores que deben llenar sus ofertas televisivas con nuevos contenidos para las cuales el modelo comercial-privado no cuenta con otras alternativas diferentes de "programación basura" que ha practicado durante varias décadas: La estructura comunicativa del país ya no puede tolerar que el modelo comercial privado ofrezca más decadencia cultural, antidemocracia nacional y comunicación salvaje disfrazadas de "modernidad informativa", de "avance tecnológico" o de apertura posmoderna a la comunicación globalizada.

De aquí, la relevancia central que la sociedad civil le demande al Estado mexicano, entre otros, los siguientes tres aspectos: En primer término, que apoye con mayores recursos el desarrollo de la : La Radio de los Ciudadanos, como un innovador modelo de comunicación radiofónico que permite que otra pluriculturalidad de actores sociales puedan expresase públicamente, vía el espectro radiofónico y participen en la construcción del nuevo espacio público mediático que han creado los medios electrónicos de difusión, como nuevas neo cortezas tecnológicas de la sociedad para definir las características mentales de las comunidades modernas. La Radio de los Ciudadanos es la expresión abierta de la nueva sociedad que silenciosamente está emergiendo en México. En segundo término, que se retomen sus avances para adoptarlos como guías comunicativas en las otras emisoras estatales en la República para que la sociedad recobre en el espacio público mediático su voz constructiva que el Estado mezquino y los poderes fácticos mediáticos le han expropiado en toda la República durante tantos años. Y en tercer término, que amplíe el modelo de la Radio Ciudadana a todo soportes o plataformas y modalidades de las redes sociales para que sus contenidos se potencien más en toda la República.

Considerando que en la segunda década del siglo el país cuenta con más de 116 millones de habitantes que no posen expresión ciudadana ni en los medios privados y ni en los públicos, salvo excepciones muy contadas con los dedos de una sola mano. Que existen más de 60 dialectos en lenguas autóctonas, que no encuentran expresión en los diales comerciales y oficiales. Que desde la emergencia de la radio en México en 1920 a la fecha han surgido multitud de programas radiofónicos destinados a la difusión de los deportes, los gustos culinarios, las modas femeninas, los comentarios taurinos, las barras de predicciones esotéricas, las noticias de la farándula, la cultura automovilística, el arreglo estético de la imagen, el cuidado de las mascotas, los chismes de la vida del star system, las emisiones para adelgazar. etcétera, y sin embargo, han tenido que transcurrir 82 años y una severa traición del Estado mexicano a su promesa democratizante del sistema de comunicación nacional, para que dentro de todo el espectro radiofónico de más de 1 600 estaciones de radio; hasta el año 2002 se creara una sola radio ciudadana en la República. Que los Tiempos de Estado en radio y televisión son utilizados para que se comuniquen los partidos políticos y los órganos gubernamentales que ya cuentan con muchísimos recursos económicos e institucionales extras para transmitir su propaganda e información oficial y los ciudadanos no disponemos de un sólo segundo de los mismos para comunicarnos colectivamente entre nosotros y con las instancias del poder establecido. Que los ciudadanos somos el sector que bajo el procedimiento de los impuestos o del pago del cargo publicitario a las mercancías o servicios que se anuncian, somos quienes que en última instancia cubrimos el costo del funcionamiento de la radio privada-comercial y gubernamental; sin embargo, asombrosamente, no tenemos alternativas de comunicación en la estructura radiofónica nacional. Que por falta de apertura en los medios de difusión masivos, se realizan diariamente en las principales ciudades del país más de 60 manifestaciones públicas de los habitantes, muchas de las cuales terminan tomando plazas públicas, avenidas, carreteras, oficinas de gobierno, puentes, ejes viales, segundos pisos, aeropuertos, embajadas, etcétera, por no contar con opciones comunicativas para dar a conocer sus problemas, demandas, necesidades, etcétera.

Por todo ello, no es sostenible bajo ninguna argumentación que en la segunda década del siglo el modelo radiofónico del país cuente con una sola Radio Ciudadana con potencia tecnológica restringida para cubrir momentáneamente y con pocos apoyos económicos únicamente algunas ciudades del centro de la República, cuando esta situación ha sido una reclamo histórico permanente que la sociedad civil le ha manifestado al Estado durante más de cinco décadas vía alternativas civilizadas.

Todo ello cobre mayor fuerza cuando la "Reforma Constitucional de las Telecomunicaciones, la Radiodifusión y la Competencia Económica" del año 2013 definió en el Artículo 6°, constitucional, fracciones II, y III, por una parte, que "las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias" (Decreto por el que se reforman..., 2013: 2). Y por otra parte, precisó que "la radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3º. de esta Constitución" (Decreto por el que se reforman ..., 2013:2).

Para fortalecer el avance histórico anterior el Artículo 10° Transitorio de la Reforma Constitucional reforzó que "los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión deberán contar con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales" (Decreto por el que se reforman ..., 2013:11).

Dicha transformación de la estructura jurídica en la materia colaboró a que el estado regresara al origen de la comunicación social que la clase política intencionalmente abandonó desde hace muchos años y que no es otra cuestión que devolverle su naturaleza de comunicación de servicio público que es la única razón que puede justificar su existencia como medios de comunicación colectivos.

En esta forma, mediante dichos cambios constitucionales la sociedad mexicana cuenta ahora con elementos jurídicos estratégicos para crear otro modelo de medios de difusión colectivos que contribuyan a crear un nuevo futuro para la nación. Con ello, se le encontró una parte de la "cuadratura al círculo" que durante más de medio siglo la clase política se opuso a resolverla negando las principales demandas de cambio comunicativo exigidas de múltiples maneras por los ciudadanos con el fin de que los medios de difusión, especialmente los de Estado, terminaran de ser instituciones al servicio de los intereses del mercado o de la burocracia política; y se transformaran en organismos de comunicación de servicio público para impulsar el desarrollo de las comunidades.

Por todo ello, ahora que nuevamente el Partido Revolucionario Institucional () regresó a la jefatura del poder en México, después de su derrota sísmica en las urnas del año 2000, éste debe demostrar contundentemente a los ciudadanos que aprendió la lección histórica del mensaje de abominable rechazo que le envió la comunidad nacional a su vieja práctica de comunicación vertical, demagógica, manipuladora, amordazante y simuladora que ejerció durante 70 años en el siglo . Debido a esto, es indispensable que compruebe que retornó a la jefatura del país para superar su mezquindad histórica respetando y fortaleciendo la democracia, especialmente comunicativa, fomentando junto con la sociedad civil organizada la creación de nuevos modelos ciudadanos de comunicación participativos que enriquezcan los proyectos pluriculturales que la población requiere para avanzar en sus proyectos de desarrollo. De lo contrario, lo único que se confirmará será que el regresó al poder para volver a imponer su política de comunicación dinosáurica que se caracterizó por ser despótica, abusiva, manipuladora y controladora, para una vez más, imponer el viejo proyecto global de gobernabilidad injusto y desigual que tanto daño ocasionó a la sociedad mexicana durante el siglo , y esa misma acción será nuevamente la causa de su nueva derrota histórica en el futuro cercano.

 

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Notas

1 Tradicionalmente hasta esa fase la XEQK, estación del IMER, se dedicaba fundamentalmente a difundir la hora oficial del tiempo y a transmitir publicidad oficial del gobierno.

2 El primer Consejo Consultivo de la Radio de los Ciudadanos estuvo constituido por las siguientes personalidades: Sra. Dolores Béistegui, Presidenta del Consejo; Dr. Francisco José Paoli Bolio, Comisionado para el Desarrollo Político, de la Secretaría de Gobernación; Dr. Javier Esteinou Madrid, representante del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación (Coneicc); Lic. Aleida Calleja Gutiérrez, Presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México (AMARC); Mtra. Beatriz Solís Leree (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco); Mtro. Virgilio Caballero Pedraza (Comunicador independiente), Lic. Jorge Villalobos, Centro Mexicano Para la Filantropía; Dr. Vicente Arredondo Ramírez, Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAM); Lic. Cecilia Loría Saviñón, Directora General del Instituto Nacional de Desarrollo Social, el Lic. Elio Villaseñor Gómez, Presidente de Equipo Pueblo A. C; y Lic. Javier Vargas Mendoza, Presidente del Consejo de la Fundación Vamos AC.

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