Diversa

 

Repensando el espacio público social como un bien común urbano

 

Georgina Isabel Campos Cortés* y Jorge Eduardo Brenna Becerril**

 

* Licenciada en sociología por la UAM-Xochimilco, maestra en estudios regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, doctora en Ciencias Sociales por la UAM-Xochimilco. Estancia posdoctoral avalada por Conacyt en la maestría en estudios territoriales, paisaje y patrimonio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Candidata SNI. Algunos de sus temas de investigación son espacio público, ciudadanía, centros históricos, la ciudad y la noche.

** Licenciado en sociología por la UNAM, doctor en ciencias sociales por la UAM-Xochimilco. Profesor investigador del Departamento de Relaciones Sociales de la UAM-Xochimilco, adscrito al área de investigación sociedad y territorialidad. Ha escrito artículos sobre sociología política, filosofía social, sociología urbana y estudios culturales en diversas revistas de la UNAM, UAM y Colegio de la Frontera Norte (COLEF). Actualmente está interesado en la frontera norte de México (especialmente Baja California Norte), desde la historia, la sociología y los estudios culturales.

 

Resumen

El recurso común más importante en las ciudades es el espacio público ya que se define día a día con el actuar y uso cotidiano de los ciudadanos; y así como el espacio público no está dado, lo común como bien general es algo que debe construirse. Puede llegar a constituirse como un espacio público común y general, como espacio de consenso. Este texto es un ensayo teórico en torno a su origen conceptual y funcional, a su gestión urbana actualmente aplicada en el marco de los proyectos de revitalización efectuados en el área denominada Centro Histórico de la ciudad de México como un elemento urbano existente para el beneficio común. Se pretende dar cuenta de la competencia que despliegan los ciudadanos para reivindicar el espacio como lugar social de expresión y manifestación sin un interés particular de apropiación legal, pero sí como el usufructo de un bien común por medio del cual se pugna por el derecho a la apropiación simbólica que proviene de la experiencia, del estar, disfrutar y obtener un beneficio; y, si acaso es posible, encontrar un lugar común más allá de la política y la economía, o de los criterios de decencia y buen gusto para ser partícipes y constructores de estos lugares de reencuentro con lo común de la sociedad: las relaciones sociales.

Palabras clave: espacio público, bien común, bien general, ciudadanía, ciudad, urbanismo.

 

Abstract

The most important common resource in cities is public space because every day is defined by the act and the daily use of citizens; and as the public space is not given, usually as a general good is something that must be built. That may come to constitute as a common and general public space as a space of consensus. This text is a theoretical essay about its conceptual and functional origin, its urban management actually applied in the context of the revitalization projects carried out in the area called the Historic Center of Mexico City as an urban element that exists for the common benefit. It seeks to explain the competition unfold citizens to reclaim the social space as a place of expression and demonstration without particular interest to legal ownership, but as the usufruct of a common good through which they struggle for the right for symbolic appropriation that comes from experience, of being, enjoy and make a profit; and, if at all possible, find a common place beyond politics and economics, or standards of decency and good taste to be participants and builders of these places of encounter with what is common in society: social relations.

Keywords: common good, public space, general good, citizenship, city, urbanism.

 

Introducción

México: mirando sociológicamente lo común del espacio público

Concebido como lo general, lo común está en referencia a su aparición en el espacio público, al cual se le caracteriza como "accesible" y "visible"; sin embargo, cuando aludimos al espacio público social como un bien común establecemos que lo común es un elemento que no es de naturaleza pública (Estado) y mucho menos privada (empresa), porque ambos de una u otra forma limitan lo común como sujeto y objeto de acoso por regulaciones o por ser objeto de especulación, y lo despojan reiteradamente de su calidad como producto de la experiencia propiamente subjetiva.

Por lo tanto, como afirman Michael Hardt (2010) y Lucia Linsalata (2014), lo común no es ni público ni privado, es aquello que se produce colectivamente, cuyo control y gestión no es delegado por una instancia externa al cuerpo social, sino que es ejercido directamente por aquellos que lo producen, rompiendo esquemas y medidas tradicionales de valor económico con las que el capital trata de medirlos, pues para el común hay sólo una escala de evaluación, es decir, la vida (Hardt, 2010; Linsalata, 2014).

En este sentido lo común se entiende como relación social, como movimiento de reapropiación de la vida social y destotalización de la realidad dominante así como práctica de lucha (Linsalata, 2014:135-137). Es un proceso en producción constante que posibilita dar forma propia a nuestra sociabilidad, nuevas formas de organización y regulación de la vida colectiva, pensándola, ensayándola, practicándola cotidianamente. Sin negar la posibilidad de conflictos, desigualdades, contradicciones y violencias; nuestra lectura pretende replantear que lo común representa un espacio de cuestionamiento práctico del orden existente, reafirmando que la asociación colectiva o vecinal escapa a la lógica del valor, dado que busca la resolución de sus problemas cotidianos.

Como señala Silvia Federici (2014):

[...] al parecer "todas estas múltiples y heterogéneas realidades sociales de carácter comunitario nos enseñan que lo común no es, como suele pensarse, una cosa o un conjunto de recursos materiales que se comparte entre varios, por lo menos, no es sólo esto; es sobre todo y antes que nada una relación social. Todo un conjunto de relaciones sociales de cooperación y colaboración recíproca que se cultivan cotidianamente al interior de la comunidad organizada de personas. Por lo mismo, lo común no está dado de antemano o para siempre, sino todo lo contrario: se produce continúa e históricamente, a través de la generación y constante reproducción de un articulado sistema de relaciones sociales de colaboración, ayuda mutua y responsabilidad recíproca (Federici, en Linsalata, 2014:135; cursivas nuestras).

Miramos lo común como las condiciones de la vida social que reinventan la práctica comunitaria, en su objetivo por el cual los integrantes de una sociedad se han constituido y relacionado en ella. En suma, lo común es una producción social dinámica y en constante proceso de re-significación,¹ por prácticas y experiencias que se gestan en las relaciones sociales, para el disfrute de las mismas.

En este sentido, es posible clasificar a la cultura, la civilización, la ciudad, lo urbano, etcétera, dentro del término de lo común, el mismo que alude a un sistema de recursos naturales² que incluye también aquellos recursos "creados"³ por las necesidades del ser humano; ambos son elementos que, de entrada, tienden a satisfacer las necesidades básicas del individuo en sociedad: alimento, vestido, salud, comunicación, energía, movilidad, etcétera. No obstante, partimos por asumir lo común no como un conjunto específico de bienes o de cosas -en su materialidad objetiva, y a veces aparentemente natural-, de acuerdo con el significado dominante de "no social"- sino como aquello que es el resultado de una producción-reproducción, intencional y colectiva del bien, básicamente como relación social. Comprender lo común como relación social es clave para percibir/entender cierto tipo de vínculo entre las personas y, a partir de ello, como relación intersubjetiva entre la sociedad y los espacios en los que residen, transitan o usan inconsciente o conscientemente. A diferencia de los recursos de uso común (naturales) (RUC), los cuales son gestionados y organizados de manera colectiva. En muchos de los casos analizados por Elinor Ostrom (2011) dichas experiencias han redundado en interesantes modelos de gestión comunitaria buscando un aprovechamiento sustentable⁴ de los recursos teniendo como eje una comunidad organizada que asume el compromiso, la participación y la supervisión de la gestión, al mismo tiempo que genera consensuadamente reglas de uso y mecanismos provisorios de posibles situaciones de conflicto, diferenciándose de los mecanismos que para ello han elaborado los modelos de gestión privada o pública.

En sus investigaciones Elinor Ostrom afirma que las personas trabajan eficientemente en común al margen del Estado y de los mercados, aunque advierte, para que funcione el uso común de un recurso, es necesario que se generen acuerdos entre los sujetos usufructuarios acerca de las reglas de uso y de aprovechamiento de ese recurso específico, lo que cristalizaría siempre y cuando existan ciertas condiciones. Éstas son importantes y son objeto de atención en este ensayo en tanto que estamos proponiendo enfocar al espacio público (su valor y sentido) como un bien común, dado que la gestión de su uso se ha tornado compleja (como lo es la propia gestión de los bienes comunes), debido a circunstancias como la existencia de reglas de uso común, y el no siempre cuidadoso respeto de las mismas o su ignorancia.⁵ Por ello, dicho reconocimiento de las circunstancias implica, al mismo tiempo, reconocer las funciones para las que fue creado en sus orígenes y su correlativa transformación como tal. Esto es, poner de manifiesto que, aun cuando lo común por principio atañe a factores naturales, éstos requieren ser regulados acuciosamente con la mira de un aprovechamiento sustentable. De manera análoga al espacio público que, originalmente ha sido creado desde un estatuto y una noción de bien común consustancial a la res pública; es decir, concerniente a la comunidad que se asienta en la polis y que, por ello y para su uso, dispone de un conjunto de reglas para "regular" su aprovechamiento en el marco de su reconocimiento como un bien colectivo.

En referencia a lo anterior, creemos necesario hacer mención de los elementos históricos que dieron origen al espacio público como un elemento urbano preñado de la noción de "lo común", pero jurídicamente sujeto a reglas de uso de interés estatal (como un bien nacional). Es el caso de la recuperación del espacio urbano Centro Histórico de la Ciudad de México a partir de su área central, lo que ha derivado en sendas investigaciones y controversias que cuestionan la utilidad discursiva del "bien común", cuando en los hechos tal recuperación urbana ha implicado intervenciones operadas de manera discrecional, parcial y fragmentaria a partir de acciones puntuales dentro de un perímetro delimitado, sólo para adecuar dicho espacio a estándares internacionales de decoro, belleza y accesibilidad aunque descuidando las áreas adyacentes y la integración en su entorno, aunado al desplazamiento (segregación) de población "no adecuada" en el marco de regulaciones ad hoc para restringir y evitar el uso que se le había dado al espacio en tiempos anteriores.

Nos hemos situado en el contexto de lo urbano, de la ciudad como territorio compuesto por calles y plazas de uso público, un conjunto de espacios arquitecturizados (Delgado, 2014) que contienen también edificaciones de uso privado que se transitan cotidianamente, espacios que se viven y han sido vividos cargándolos de significados singulares al ser usados; es decir, son producto de una cultura urbana que se hace y rehace de manera permanente. Por ello, el diseño oficial de los espacios públicos al pretender regular los usos posibles, pasa por alto las experiencias que se generan en éste por las acciones y la participación ciudadana lo que, en sentido sociológico, define al espacio público como un espacio de uso público (Selle, 2001 citado por Schlak, 2007:25).

 

De su origen

En los últimos años se han elaborado algunos diagnósticos generales que suponen que el Estado ha ingresado en una creciente crisis; por otra parte, se ha generado una postura de sospecha generalizada sobre su efectiva "utilidad" para la sociedad. En cuanto al espacio público, se le vincula directamente a la crisis del Estado. En este sentido, la crisis del Estado y la crisis de lo público pueden fundirse en un mismo proceso debido a que, sobre todo en América Latina, lo público ha sido sinónimo de lo estatal y las instituciones públicas resultaban ser el sostén del modelo de Estado-nación. A pesar de ello, García, Canclini (1999) apunta que, a lo largo del siglo XX, el espacio público se constituyó como un lugar de resistencia frente al poder privado del capital, en términos de ofrecer una garantía para los derechos civiles, sociales y económicos que consagraba la ciudadanía en el marco del Estado-nación. Resistencia al Estado autoritario y a su alianza con los poderes discrecionales del capital, trinchera de resistencia en la defensa de los intereses comunes de los miembros de una sociedad. Sin embargo, la construcción de lo público no tendría que ser por fuerza un acto de autodefensa frente a amenazas sistémicas o poderes discrecionales, sino más bien la reafirmación de una convicción de la existencia de un bien común diseñado colectivamente.

En virtud de lo anterior, la tarea de repensar el espacio público es un imperativo ante las afirmaciones generalizadas sobre su declive y desaparición en las ciudades, aseveraciones sustentadas en intervenciones público-privadas que reglamentan "usos adecuados" de los espacios públicos enfatizando en que mediante los proyectos de intervención urbana se verá reflejado el componente histórico de los espacios, aunque ello supone contrarrestar la visión de espacios de uso donde el encuentro social heterogéneo gesta la posibilidad del anonimato así como de fenómenos anómicos.

La insistencia en la desaparición del espacio público, parecer hacer evidente la nostalgia por un lugar perdido (Rabotnikof, 2005:11) (Salcedo, 2002:5), añoranza que se origina de la comparación de los nuevos perfiles de la ciudad del siglo XXI con el modelo de ciudad moderna consolidada en la primera mitad del siglo XX, y en el cual las características propias del espacio público -multiplicidad de usos y encuentro social- no sólo se consolidaban sino que estaban en constante expansión (Salcedo, 2002), al tiempo que se consolidaba como el espacio común para la política.

Hoy la búsqueda de la ciudad ideal y los espacios públicos para el encuentro con la alteridad, resurge a partir de problemas netamente urbanos como la contaminación del ambiente, la pobreza y la informalidad urbanas, la escasez del agua, la inseguridad, la falta de transporte adecuado y el tráfico caótico, compartidos por todos y que también son generados por el conjunto de la sociedad al perder de vista la noción de solidaridad, convivencia, civilidad, etcétera; fenómenos que adquieren sus perfiles particulares de acuerdo con el nivel socioeconómico y cultural de los grupos sociales cuya responsabilidad se diferencia por la manera como sus demandas son expuestas, por sus formas de organización y el alcance de sus acciones. Estos problemas se evidencian en los espacios públicos de las ciudades y han sido por muchos años objeto de atención de distintos gobiernos, aunque no siempre de manera integral; nos hemos quedado con las imágenes del desorden y el peligro en las calles, callejones y edificios abandonados, y aunque la "gestión pública" operaba solamente en aquellos espacios o bienes tangibles que tenían algo que ver con lo público-estatal (como museos y catedrales), donde no hubiera rastro de injerencia de capitales privados, en la práctica cotidiana tanto los imaginarios sociales y las prácticas urbanísticas "selectivas" sólo abonaban a un desorden que en la cotidianeidad del ciudadano recrea una cartografía de escenarios donde se es vulnerable, eligiendo arriesgarse o generando estigmas en ciertas zonas (una ciudad con lugares para el turismo y otra de lugares de riesgo).

Toda una nueva percepción del territorio que hace patente que el territorio compartido no constituye per se una instancia que genere la dimensión medular de ser un bien común. Tal como afirma Zygmunt Bauman (2002:23):

[...] hoy el espacio público se erosiona por la ruptura de los lazos sociales, se convierte en un contenedor lleno hasta el borde del miedo y la desesperación flotantes que buscan desesperadamente una salida. Y el temor o el miedo no unen a las personas, sino que refuerzan los mecanismos de privatización y enclaustramiento de la vida social. Y una vez privatizada la tarea de hacer frente a la desprotección existencial humana dejándola en manos de los recursos individuales, los miedos experimentados individualmente sólo pueden contarse uno por uno, pero no compartidos ni condensados en una causa común ni en una nueva clase de acción conjunta.

El planteamiento de la desaparición del espacio público idealiza aquel espacio público clásico, el de la Ilustración, en el que se consolidaron a partir de pautas de diferenciación social y de género, pudiendo hacer uso del espacio público para la actividad política sólo aquellos que fueran hombres, en sentido literal, además de libres y ciudadanos con derechos plenos para participar en los asuntos de la democracia y del bien común; en el espacio público ilustrado, éste solamente es accesible en principio, por la condición de los hombres que participan, es decir, por poseer conocimiento y medios económicos. Al respecto afirma Rabotnikof (2005:19),

[...] al plantear al espacio público-político, entra en juego quiénes y cómo forman parte de este espacio de lo público y quiénes y cómo son excluidos[...] lo que va entonces hacia la ubicación histórica de los límites de ese espacio público (quiénes eran ciudadanos y quiénes no, grados de participación, niveles de reconocimiento), y, de manera más central, hacia la forma en que las distintas concepciones del espacio público reconocen también fronteras y compuertas de acceso y exclusión.

La reivindicación y añoranza de aquel espacio público "clásico" perdido evoca un espacio con fronteras de exclusión explícitas, tal es el caso del ágora griega donde el lugar común y lo general se identificó con la comunidad (Rabotnikof, 2005:11), y si bien en la polis griega parecian articularse los sentidos del tratamiento de los asuntos comunes, ésto era una actividad de los ciudadanos libres quienes tenían participacion en la construcción y defensa de la comunidad política; así, la actividad pública frente a lo doméstico, era tarea y derecho de esos hombres libres, y por eso la polis era un espacio abierto para el círculo de los iguales ante la ley, consagrando lo colectivo, lo manifiesto y lo abierto, aunque con exclusiones sociales específicas.

Originalmente los bienes en común pertenecen al mundo de la naturaleza como el aire, la lluvia, el mar, los ríos; más adelante las cosas construidas por los hombres para beneficio de la comunidad, como los caminos, puertos, fuentes de agua, las plazas donde se hacen los mercados, los lugares donde se hacen reuniones de consejo, los arenales de los ríos, las correderas de los caballos. En un sentido espacial, el ágora cumplió funciones diseñadas urbanísticamente para actividades políticas y económicas, funcionando como un sitio de referencia y convergencia para el hacer público, y lugar central para el tratamiento de los asuntos comunes. En tanto las actividades económicas estarían marcadas a partir de dos tipos de consideraciones de valor: uno que privilegiaba el interés individual y otro el interés de la comunidad o polis.

De la misma forma, la Roma Antigua establece el derecho de los "ciudadanos" a utilizar algunos bienes en común (caminos, puentes, fuentes de agua, etcétera) con exclusión -en algunos casos- de los no-ciudadanos (como los extranjeros quienes no tienen derecho a utilizar las vías excepto con un permiso oficial). Se define así, la categoría de lo público a partir de la condición del populus, en este caso la res publica representa la propiedad accesible, de utilidad para el populus. El imperio de la ley común universal.

En el Medioevo, surge la noción de los bienes comunales, con ello se referían al conjunto de bienes que, en su mayoría, eran inmuebles concedidos para su explotación en común. En este periodo no hay una aplicación precisa de la categoría de lo público, aunque existe en términos de categoría jurídica; no obstante, los vínculos se establecían con base en la autoridad de un sujeto superior (el señor feudal) quien la ejerce discrecionalmente sobre sus vasallos bajo relaciones feudales. La noción de lo público sigue remitiendo al populus: a la comunidad de varones libres (Rabotnikof, 2005:35), mientras que lo común es lo opuesto a lo particular, esto último reconocido a partir de la idea de inmunidad, derechos excepcionales y privilegios; en tanto los lugares comunitarios son la dula (terrenos comunales para el ganado), el manantial, las plazas del mercado, etcétera.

Durante este periodo se presenta un desmembramiento y fragmentación del poder público que es cuestionado en su carácter arbitrario y despótico, lo que supuso su abolición progresiva como institución al mismo tiempo que la iglesia y el estamento señorial; una vez realizado esto se empezaron a consolidar los poderes privados, el desarrollo del mercado y la construcción de un aparato estatal producto de la separación de los ámbitos público y privado. En este contexto los bienes comunales pasaron a formar parte de las propiedades de las ciudades y de la comunidad en su conjunto, siendo parte del patrimonio común, no enajenables al tiempo que su explotación imponía el respeto y cuidado del bien como tal. Con ello se subrayaba el hecho de que el ocupante del bien sólo disponía del dominio útil y no del directo, ya que el bien como tal seguía perteneciendo a la comunidad de vecinos.

Según la lectura de Habermas, la constitución de la esfera pública y de su espacio público le confiere una identidad de lugar desde el cual la burguesía luchaba por sus intereses contra el Estado absoluto. Por su parte Richard Sennett señala que los primeros usos del concepto de lo público, hacia el siglo XV, referían al bien común de la sociedad, pero algunos años después se sumó, o se superpuso a ello, un sentido de lo público vinculado con aquello que es manifiesto y abierto a la observación general. A partir del siglo XX, el espacio público es concebido como el espacio de defensa y de resistencia de lo social frente al poder capitalista o frente al Estado autoritario, por lo que lo público es la garantía de los derechos sociales y de los intereses comunes (García, 1999). Lo que demuestra que el poder de lo público es un potencial que está sujeto a las relaciones de fuerza y las desigualdades sociales que bien pueden debilitar su tendencia (Ramírez, 2008:65).

En América, la historia no es tan diferente, a partir de la Conquista las tierras pertenecían a la corona española, y su monarca tenía el derecho de uso y la capacidad de designar ese derecho como lo considerara conveniente, por lo tanto la propiedad real, en principio, no estaba distribuida entre individuos particulares, y cuando sucedía dicha concesión se debía a la posición social conseguida por los servicios al rey o por el esfuerzo dedicado a la conquista. Este tipo de propiedad incluía un espacio destinado a los indios conquistados para su residencia, pero enfatizando lo común como estatus de las mismas denominándola República de indios. Dentro de las mismas, los indígenas poseían y explotaban los recursos de manera comunal, aunque no podían enajenarse en beneficio privado o individual. Esta situación legal se mantuvo hasta bien entrada la Independencia (1821) con la cual inició un proceso de construcción de legitimidad y legalidad social en la que se intentará definir la igualdad de los hombres ante la ley y el nuevo Estado; para ello se transformarán los bienes comunes en bienes nacionales, lo que implicó el despojo de los derechos sobre las tierras comunales disolviendo con ello los lazos de solidaridad de la comunidad como tal. Lo que en la práctica también generó una agudización del fenómeno de discriminación y la elaboración de estigmas basados en una diferenciación cultural entre "bárbaros" (indios y mestizos) y "civilizados" (españoles y criollos). Hasta la mitad del siglo XIX (1847) cuando se decreta el proceso de desamortización de los bienes de la iglesia católica,⁷ es cuando -eventualmente- tales "comunes", incluyendo las tierras, serían transferidos a la esfera de la propiedad privada a partir de la venta pública de las mismas, bajo el argumento de que las propiedades comunes no eran productivas. A partir de ese momento el uso de los comunes pertenece (nominalmente) a todos los habitantes de la nación, así como las calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas; se llaman bienes nacionales de uso público, mientras los bienes cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes se llaman bienes del Estado.

En la actualidad los bienes comunales están constituidos en su mayor parte por montes o por grandes extensiones de terreno forestal que se destinan a la ganadería, recolección -frutos silvestres, miel, leña y pastos- así como explotaciones mineras. Sus características siguen siendo las mismas en cuanto a su condición de bienes no enajenables siendo los ingresos que producen para el conjunto de la comunidad, ya sea a partir de la unidad familiar, o bien para individuos que formen parte de la misma. En ambas latitudes y experiencias particulares se confirma el hecho de que la conceptualización legal del espacio público y lo común es propia de una época en que su principal gestor era el Estado, de ahí su prolongada tradición que asocia lo público a lo común y que alude a lo que es de interés o utilidad común a todos los miembros de la comunidad política, lo que atañe al colectivo, y en esta misma línea, a la autoridad que de alhí emana (Rabotnikof, 2005:9-28). Hoy la situación ha cambiado y es evidente que se acentúa la acción de actores privados en la creación de espacios públicos para la vida pública, lo cual es cuestionable si no se concede una revisión sobre lo que implica el espacio público como bien común, donde hay competencia de derechos, por ser objeto de disputa y negociación.

 

Lo común urbano del espacio público

Desde una perspectiva territorial, la sociología urbana concibe al espacio público como producto de la relación entre procesos sociales, entorno construido y vida pública, lo cual nos orienta hacia la comprensión del vínculo espacio y sociedad. Lo que lo constituye en una categoría de análisis multidisciplinario, vigente por su estado dinámico, que proviene de los usos diversos a los que se le sujeta, haciendo de su transformación una dinámica perpetua y negando su calidad de concepto dado e inamovible. Su tendencia, en principio y en esencia, es hacia la mezcla social, por lo que hace de su uso un derecho ciudadano de primer orden, al tiempo que debe garantizar, en términos de igualdad, la apropiación del mismo por parte de diferentes colectivos sociales y culturales (Borja y Muxí, 2000:11), lo que conlleva una complejidad y heterogeneidad socioterritorial haciendo evidentes algunos de los problemas que enfrenta la ciudad como tal (Ramírez, 2003:31). De ahí que la vida pública, mediante los espacios públicos abiertos, ocurra entre desconocidos donde es decisión del individuo actuar y participar en su construcción, ya sea con una integración parcial o total o con indeferencia cortés, a distancia y con reservas. Sin espacios públicos la posibilidad de la convivencia y sociabilidad es nula.

El espacio público como tal es un territorio porque es el lugar de los hechos, donde los individuos interactúan y construyen sus referencias culturales, apropiándose del lugar y adaptándolo a sus valores objetivos y subjetivos. Su condición cambiante supone también una mutua afectación, entre territorio e individuos, que permite analizarlo como un proceso político, social, cultural y económico que lo conforma como una compleja red de situaciones y problemas que lo han acompañado históricamente en su definición y función. Así, lo público es común por su accesibilidad, por su disposición común, por ser compartible como las calles, los foros o las plazas, sin distinción o limitación de condición social, cultural o étnica; existe para circular, para contribuir al bienestar social o para la defensa del territorio. En consecuencia, conceptualmente son dos elementos, el espacio público y lo común, fundamentales que se definen mutuamente, el primero por la existencia de un espacio físico, que es tangible y real; el segundo un bien común, aquello intangible , ambos se complementan a través del tiempo para construir una "memoria urbana". Sin embargo, no se puede dejar de lado el hecho de que, en sus orígenes, su construcción fue una necesidad de naturaleza política, para el debate público sobre asuntos de interés común; es el espacio de todos aquellos ciudadanos con derechos y obligaciones, dentro de este marco jurídico todos tienen derecho al uso del espacio público, a su apropiación y presencia en él. Y es que el derecho a éste es, en última instancia, el derecho que tienen todos los que viven y que quieren vivir en las ciudades a ejercer su derecho político como ciudadano (Borja y Muxí 2000:11). Es por ello que es un concepto ligado al de ciudadanía y derecho a la ciudad, confirmando, que como tales, los espacios públicos son un bien nacional, parte de la propiedad pública y dominio del Estado, por lo que su regulación y uso se rige según el derecho público, el cual echa mano del urbanismo para transformar el paisaje que gestiona y regula; se planea a partir de políticas, programas, proyectos y acciones de carácter integral para su regeneración o integración al espacio urbano de toda la ciudad y la expansión de la misma.

Es un bien común, por ser una cosa pública en la urbe, es singular porque es una creación social, construido espacialmente como parte de la res publica, es decir, que pertenece al Estado con la función actual de comunicar a la ciudad indicando la lógica del transito así como un espacio que se apropia simbólicamente, por conocimiento y experiencia, y se reconstruye, imaginariamente, en tanto es susceptible de ser útil. Socialmente es un bien común necesario para la convivencia, el tránsito peatonal y elemento cívico para la manifestación de demandas siempre que éstas no trasgredan el derecho colectivo a transitar con libertad. Su calidad de ser recurso común y parte de los bienes públicos del Estado, lo hace un espacio con "reglas específicas, y sobre todo comunes y comúnmente aceptadas por una diversidad de usuarios, tratando de garantizar el ejercicio compartido de un derecho no exclusivo sobre esta porción del espacio urbano" (Duahu y Giglia, 2008).

Libre de apropiacion particular, se halla abierto, distribuido (Rabotnikof, 2005:30) y su beneficio es de provecho general, es reconocido legalmente con un régimen especial con base en su aprovechamiento vecinal común. Desde ahí mismo es común y de uso público, general y de todos, ya que a "su constitución y disposición para lo social, político, económico, cultural y religioso le preceden un acuerdo, norma, práctica, mandato, obediencia, uso sobrellevado entre todos con mayor o menor convicción, entusiasmo o pesar" (Gurza, 1998:14). Por ello, como elemento urbano, es la sede de formas plurales de expresión ciudadana y de formas distintas que se apropian colectivamente de la ciudad, en negociación o en conflicto latente o manifiesto. Lo que no excluye que, como construcción histórica, no sólo sea espacio representado y concebido oficialmente, es también vivido de manera diferencial por la heterogeneidad social presente en las ciudades, apropiado y modificado de manera clandestina y, de acuerdo con sus necesidades, adaptado por los usuarios cotidianos: los ciudadanos.

En este sentido la relación que vincula los conceptos de común y espacio público, es la búsqueda de espacios que satisfagan elementos básicos para una vida con calidad en sociedad, así como para la integración y fortalecimiento del tejido social a partir de la garantía del ejercicio de derechos ciudadanos básicos. Su existencia es un indicador de la calidad urbana (Borja y Muxí 2000, 9), así como la calidad de vida de quienes residen en ella, y aun cuando son jurídicamente bienes nacionales que el Estado regula y gestiona, en realidad son espacios donde lo micro se desarrolla. Sólo su calidad de bien común es lo que genera "vínculos afectivos, es decir que afecta al acontecer humano y lo preña en la multiplicación de sentidos particulares para los hombres y las mujeres de una sociedad y una época" (Gurza, 1998:19). Por ello, para quienes los experimentan o habitan, significa estar en un territorio común donde se llevan a cabo actividades cotidianas funcionales y rituales que cohesionan a la población, aunque su calidad de "común" no anula el hecho de ser contenedores y laboratorios de los síntomas de inconformidad, disenso e inseguridad, porque reúnen formas diferentes de vida, expresando la manera como los ciudadanos se relacionan entre sí, usan y se apropian de los lugares comunes de la sociabilidad.

Por otra parte, el riesgo de los espacios públicos comunes sin regulaciones es el avalar acciones de movimientos sociales con intereses particulares que socavan el interés y la seguridad general. Aun cuando la búsqueda de espacios públicos libres, sin regulaciones implica reiterativamente la disputa por ese territorio, enarbolando su defensa en tanto control o exclusividad, o bien como elemento de distinción, es decir, como elemento con valor de propiedad, calidad y seguridad. La pugna por su apropiación o reconocimiento es perpetua; de cualquier modo se busca determinar los usos adecuados que habrán de emplazarse en ellos, lo que no se puede ignorar es su estatuto jurídico como normas y reglas legales que regulan su uso y el comportamiento en éste; condiciones de facto que provienen de la actividad social y de los imaginarios sociales que buscan recrearse y legitimarse en la interacción con los otros. Ello lo hace no sólo un campo reflexivo para el análisis científico, su desdoblamiento cotidiano lo devela como un frente de lucha, como cualquier bien común natural pero en un contexto urbano, situándolo como soporte vital, del mismo modo como son considerados los bienes comunes (naturales) de oportunidad, lo cual nos lleva a la necesidad de un análisis de sus fortalezas y debilidades ya que su fractura, detrimento y posible desaparición afectan la imagen de la ciudad hacia el interior y al exterior de la nación, así como la calidad de vida de los que habitan la ciudad.

Las áreas abandonadas de la ciudad, aun cuando en un inicio fueron territorios que se planificaron en función de la misma, ahora necesitan una mirada nueva en la que se les despoje de su carácter residual y, por el contrario, se les restituya de elementos visuales y estacionarios para ser factores cohesionadores que gesten la sociabilidad. Para ello, es evidente la necesaria acción de actores privados en la gestión de los espacios públicos para el retorno de la vida pública en éstos, sin que ello implique abandonar su calidad de ser un bien común, donde hay demanda de derechos jurídicos pero también de uso, lo que lo hace objeto de disputa y negociación.

 

Prácticas urbanísticas en el centro histórico de la ciudad de México

Los espacios públicos del Centro Histórico de la Ciudad de México son objeto de renovación urbana, dichas políticas buscan su recuperación y revalorización por ser considerados lugares emblemáticos tanto por su contenido patrimonial como por los significados de uso colectivos, aunque estas circunstancias relacionadas al manejo de los símbolos y al imaginario que subyace en la identidad nacional que representaban habían menguado, lo cual se reflejaba en el estado de los inmuebles, de sus fachadas y por la actividades económicas que, de manera informal, dominaban en tanto se apropiaban discrecionalmente de los espacios públicos haciendo intransitable un centro histórico con problemas agudizados por el déficit de infraestructura, el incremento de la delincuencia, tránsito caótico, contaminación ambiental y un desorden crónico al ser su plaza mayor (el zócalo) el mayor manifestódromo de la nación.

Las políticas puestas en práctica a partir del primer gobierno de la ciudad (1997-2000)⁸ establecieron una gestión público-privada bajo el parámetro de una conservación para dignificar el espacio, a partir de regulaciones que facilitaran la adquisición de edificios por empresarios.⁹ Durante el segundo gobierno del DF, el Bando número 2¹⁰ promueve un proceso de gentrificación en el área, incrementando el precio del suelo y un auge en la especulación inmobiliaria para la compra y remodelación de los inmuebles.¹¹ Estos procesos se legitiman el 14 de agosto del 2001, cuando se instala el Consejo Consultivo para el rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México (CHCM en adelante),¹² bajo un acuerdo entre el Gobierno Federal y el gobierno del Distrito Federal.¹³ No obstante, el reto ha sido complejo por lo que el gobierno de la ciudad, en el año 2007, crea la Autoridad del Centro Histórico como una agencia del gobierno para coordinar a los múltiples agentes y las acciones para lograr el desarrollo integral del territorio (Autoridad del CHCM, 2011). La estrategia de esta Autoridad fue desplazar el ambulantaje que se había posesionado durante años de las calles y plazas del CHCM, un año más tarde (2008) se consolida un Programa de Apoyo para la Reubicación del Comercio Popular del CHCM y el gobierno de la Ciudad de México asume el compromiso con la UNESCO de formalizar un plan de manejo del CHCM. Uno de sus resultados fue (2007) el desalojo y la reinstalación de los vendedores ambulantes en zonas "acotadas".¹⁴ Al mismo tiempo se llevaba a cabo una intensa apropiación inmobiliaria y patrimonial por parte del capital privado, expropiando predios y acelerando la reconstrucción de la zona, a partir de un programa de rescate urbano, con lo que se revaloriza la zona, al aumentar el precio de los predios en 500% en tan sólo cinco años (Lima, 2008). Lo que la política pública consumó fue la celebración del Día del Peatón en el año 2009, además de la promoción del "Plan de Rescate del Centro Histórico" con el objetivo de "peatonalizar" una de las principales calles del CHCM, la calle Francisco I Madero,¹⁵ por ser una vía con carácter de corredor turístico y comercial debido a la arquitectura patrimonial que alberga.

Los trabajos de peatonalización requirieron de una inversión total de 30 millones de pesos que implicaron la repavimentación, mejora en iluminación e iluminación especial para resaltar la arquitectura y el remozamiento de fachadas. Su inauguración se celebró el 18 de octubre de 2010, a partir de dicha fecha se registra un incremento en la derrama económica del 30%, y ello como producto de una lógica de tránsito que, al igual comunica, organiza y ordena el flujo peatonal de día y de noche. El 20 mayo de 2012 esta remodelación es reconocida internacionalmente con el galardón del gobierno de España; en septiembre se le otorgó el VIII premio en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU), como mejor obra arquitectónica y de desarrollo urbano de América Latina, España y Portugal, también obtuvo el Cemex Nacional e Internacional a la Accesibilidad, el Better Cities del Instituto Europeo del Diseño de Madrid, así como el Vivir Mejor en la Ciudad del programa ONU-Hábitat. Su imagen y su funcionalidad lo equipararon al nivel de Times Square en Nueva York y de la calle Florida en Buenos Aires; y por la calidad, variedad de museos y comercios lo hicieron un corredor comparable a las más famosas avenidas de París o de Madrid (Andrade, 2012; De Paseo, 2013) . Ello es una muestra de cómo una política urbana es capaz de mostrar que la intervención del mercado es posible y efectiva, aunque limitada al area central de la ciudad, lo que falta por demostrar son los beneficios para el área metropolitana vista de manera integral.

Tambien es cierto que estas políticas ostentaban, en el discurso, la noción del beneficio común que supondría la recuperación de los espacios públicos para el peatón, lo que en la práctica supuso definir y delimitar la calle como eje conductor de estas políticas, expulsando y alejando a contingentes poblacionales considerados "discordantes" con la nueva imagen del espacio con la que se espera proyectar a la Ciudad de México hacia el interior y hacia el exterior; y aun cuando este breve recuento de políticas urbanas realizadas en el CHCM pareciera el logro de políticas segregacionistas (generando una ciudad segura pero destruyendo el espacio público accesible), para reducir el contacto con los indeseables, lo cierto es que, por el contrario, se ha devuelto imagen y deseo de estar en ellos.

La tarea pendiente son estudios específicos sobre la percepción cotidiana y la cultura urbana generada por la recuperación espacial que ha devuelto la calle como eje conductor, como un espacio vital inmediato a nuestra casa habitación (el cual en tiempos pasados los ciudadanos intentaban mantener en buen estado porque a partir de éste se establecía el primer contacto con lo público estrechando el lazo entre sociedad y ciudad).

Ciertamente la ciudad, como territorio denso y extenso, permite los encuentros fugaces, en los que no todos se conocen, ni controlan el total del espacio llamado ciudad. En este contexto la participación social del ciudadano en el entorno inmediato a su residencia y a su espacio laboral adquiere importancia porque, a pesar de su heterogeneidad, se podrían encontrar indicadores que manifiesten el interés de la ciudadanía por tener una vida mejor en la ciudad, develando su capacidad e interés de ser partícipe de proyectos que busquen restaurar su entorno residencial así como aquellos que estimulen la revaloración de su sentido de pertenencia en la búsqueda de lugares comunes, seguros y amables con referentes e identidades compartidas.

Reiteramos una vez más, que si bien es cierto que en la ciudad los encuentros son múltiples, entre personas desconocidas, el establecimiento de vínculos entre personas semejantes acontece; aunque entre grupos diferentes se observa una precaria integración en torno a propósitos comunes que impriman un sentido superior a la vida urbana (Sennet, 1997:381 citado por Ramírez, 2003:36).

Lo que consideramos urgente es la hechura del espacio público como un sitio por el que se pugna a partir del lugar de residencia, que es el que provee experiencia y conocimiento propio del entorno, como bien común; es decir, como una circunstancia material que se usa porque la mayoría así lo desea; deseo que trasciende los bienes particulares por el papel que tiene para la vida cotidiana, revalorando los lugares en una búsqueda por una vida con calidad, donde los individuos tengan la capacidad y posibilidad de establecer contacto o distanciarse según su voluntad. Hoy y siempre el espacio público es el conjunto de arterias que comunican a la ciudad en su sentido más amplio, que orientan al peatón o al automovilista hacia la dirección que busca, le orientan e informan del trazado de la ciudad en la que se desarrolla cotidianamente su experiencia vital.

 

Reflexiones finales

La ciudad y sus espacios públicos no son sólo espacios físicos, ni un conjunto de edificios, de estructuras, de sistemas que deben gestionarse destruyendo sitios emblemáticos o actividades tradicionales establecidas como espacios relacionales, culturales y simbólicos; recuperar los espacios públicos es esencial para la reconstrucción y el hacer ciudad. La relevancia de pensar el espacio público urbano como un bien común, establece la necesaria diferencia histórica y cualitativa de los espacios públicos históricamente, ya que responden a diferentes formas de gestión y a diversas economías. Su capacidad de ser la sede de formas plurales de expresión ciudadana y de distintas maneras de apropiación colectiva de la ciudad, es actual y no tiene una referencia o espacio de comparación con otras épocas en el pasado. En este sentido, el espacio público no puede pensarse exclusivamente en términos nacionales, es un bien común, y cualquier intervención que se proyecte en él requiere el establecimiento de costos y beneficios, no sólo en términos de las necesidades de las políticas nacionales, sino que debe atender especialmente a las necesidades de las comunidades que habitan y usan los espacios. Es cierto que las dinámicas privatizadoras del espacio público tenderían a negar el derecho a la ciudad y a sus espacios si dirigen a un cierto público (con criterios de mercado) los beneficios de su reconstrucción y uso; lo cual no es lo mismo que el intento de normativizarlo al regular las manifestaciones de grupos de interés particulares con demandas que apuntan al beneficio de unos cuantos que se apropian estacionalmente de las plazas mientras alteran la vida cotidiana del colectivo general. Regular la ocupación, apropiación y uso de estos espacios restringe, en principio, la potencialidad de la expresión libre de la ciudadanía, pero es una necesidad hacerlo sobre todo en las fases iniciales de todo proyecto de renovación, apelando al ejercicio del bien común, toda vez que los ciudadanos no vislumbran la participación, la organización y la negociación como condiciones para proteger y mantener estos espacios para su disfrute en común.

Cuestionar el modelo actual de gestión y proponer la idea de encontrar modelos que escapen a la dicotomía Estado/mercado, público/privado supone aventurarse a la búsqueda de otros modelos alternativos. Aunque lo cierto es que estas políticas de renovación urbana plantean ya la necesidad de repensar el término de espacio público y establecer su calidad y su estatuto como un bien común en términos de la búsqueda de un lugar idóneo funcional para el tratamiento de cuestiones de interés general o, para ser más precisos, de interés común. Las posibles tendencias que debiliten su capacidad inherente de convocar a lo social, de promover la comunicación y la integración social, por el abandono, la degradación visual, ambiental debe a partir de una nueva imagen, del objetivo del retorno y dominio del peatón y el ciudadano en la escena pública, y la paulatina pero consistente recuperación de la calle como eje articulador de una vida pública. Lo cual plantea la tarea de reconstruir la dimensión colectiva y su preocupación por lo general y lo común. Para ello es necesario reconocer que las políticas urbanas de recuperación de espacios con calidad son necesarias ante la inseguridad que les ha dominado en los últimos años. De no ser así el espacio público no se constituirá en el punto de partida de una reconstrucción social ni espacial, sino de un no-lugar por el que transitan personas anónimas alimentadas por el miedo a los demás.

El miedo y la inseguridad que campean por nuestras ciudades son también producto de una actitud ciudadana que, veladamente, participa de una política de diferenciación: segregamos a partir de la práctica social (con vigilancia, rechazamos por estigmas y con el uso de flechas que limitan el acceso a lugares o con polícias de a pie que vigilan nuestro andar porque todos somos sospechosos de algo en las calles), mientras que, dócilmente, consumimos y aceptamos una seguridad privada intimidatoria en los nuevos espacios privados de uso público, buscando acceder a espacios "de calidad" para satisfacción personal. En este sentido, la construcción de lo público como un recurso común no es autodefensa frente a fuerzas extrañas, gestión privada o estatal, la búsqueda de un bien y lugar común requiere ser una convicción social, restableciendo su utilidad como categoría de análisis territorial por el uso social al que se encuentra dispuesto y por el que se redefine constantemente y de manera cotidiana.

El espacio público puede ser re-pensado y diseñado colectivamente desde nuestro entorno inmediato, desde el interés por recuperar lo local, lo que conocemos y dominamos. Para su realización exitosa se requiere de cooperación y ayuda mutua, enterrando antagonismos y tendencias segregacionistas. Sólo de esta forma es posible pensar en encontrar el lugar común llamado espacio público en tanto se regula su preservación, su buen mantenimiento, y aunque no estén de momento regulados por sistemas de propiedad común, es común en tanto su seguridad dependa de la experiencia común que ofrece las condiciones de la diversidad del disfrute y de la acción. En ellos, socialmente, la ocupación es la práctica de usar y disfrutarlos, construirlos y validar su permanencia como tales. Son un bien común diseñado para el encuentro y el desencuentro social; por lo que sólo la ciudadanía sensibilizada será quien ejerza el control del espacio como un bien común, con reglas y normas para garantizar su vitalidad, su protección y equidad en el acceso y control. Lo que se podría imaginar como una acción fácil de alcanzar siempre y cuando se le considere socialmente como el espacio de lo común, de la cultura y la política democrática, es decir, como el espacio del interés general donde se expresa aquello que debería interesar a todos. Si se logra comprender su calidad de recurso común, con sus beneficios y sus limitaciones, el mercado y el Estado dejarían de ser los actores principales para tal fin. Por ello, aun cuando se crítica su función y se afirma su extinción, no se agota la posibilidad de repensarlo como un proceso dinámico que se muestra como producto social, político y cultural, en el imaginario social y en la experiencia cotidiana que día a día lo vive como territorio que se produce al actuar, al transformarlo y apropiárselo por uso, con operaciones simbólicas a partir de las cuales proyectamos nuestras concepciones del mundo; así, la sociedad demuestra que no tiene sólo un territorio sino varios, ya sea para habitar, para trabajar para recrearse a sí misma como comunidad. Lo que sugiere el hecho urgente de que los usuarios locales tengan acuerdos sobre las reglas de definición de límites, los mecanismos de solución de conflictos, los planes de monitoreo, las sanciones graduadas apropiadas y sus propias reglas relacionadas con otros principios de diseño. No exaltamos el saber técnico como dominante del espacio público, pero lo cierto es que el espacio público debe ser protegido y resguardado del uso irresponsable y maniqueo que algunos habitantes hacen de él al vaciarlo de su naturaleza que abreva de sus orígenes como bien común.

Cuernavaca, Morelos, verano del 2014.

 

Leopoldo Méndez, La Carreta (para la película Pueblerina), 1948

 

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Notas

¹ La re-significación, es la construcción social del conocimiento -y una dinámica y permanente- sobre el espacio adquirido por la actividad del usuario, por lo que, de su experiencia, deviene la apropiación que llegue hacer de él, así como su actuar, su permanencia y su papel en la transformación de dichos espacios. Esto implica que la re-significación del espacio se explica por el uso, es decir, por las actividades que el sujeto realiza en el espacio, por la utilidad y disposición que hace del área, por su conocimiento del espacio, por las relaciones sociales que en él desarrolle y, así también, por su derecho de estar y hacerse de él (Campos, 2011:53).

² Como el agua, ya sea que se presente en forma de ríos, lagos, océanos y otros cuerpos de agua; bosques, áreas de pesca, cuencas subterráneas, pastizales, canales de riego o combustibles fósiles.

³ Puentes, estacionamientos y servidores de computación, etcétera.

⁴ Los ecologistas, que saben de estos temas, han definido a la sustentabilidad como el equilibrio existente entre una especie con los recursos del entorno que propone satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar las capacidades futuras. La sustentabilidad para una sociedad, significa la existencia de condiciones económicas, ecológicas, sociales y políticas, que permitan su funcionamiento en forma armónica en el tiempo y en el espacio (nota de los autores).

⁵ Aristóteles observó que "lo común para la mayoría es de hecho objeto del menor cuidado" (Ostrom, 2011:37).

⁶ En particular nos referimos a la investigación de Ángela Giglia, (2013); Así como el artículo de Olivera (2013).

⁷ Para un recuento preciso de este proceso revisar Soberanes, (2000).

⁸ Anteriormente a esta fecha, la Ciudad de México tenía un estatuto diferente. Operaba como una Regencia (al ser la sede de los poderes federales) que era regulada con base en un estatuto federal que nombraba al regente de la ciudad y sus atribuciones. Esta condición afectaba también los derechos de los habitantes de la ciudad (Nota de los autores).

⁹ En este periodo se aprobaron los Programas Parciales de Desarrollo Urbano para el periodo 1997-2002, los que implicaron un trabajo de consulta entre especialistas y residentes de la zona, para establecer zonas prioritarias para su rehabilitación, identificando plazas y calles con necesidad de cambio de cableado de luz.

¹⁰ Publicado el 7 de diciembre de 2000 (n.a).

¹¹ Esto provocó el desplazamiento de población pertenecientes a las clases bajas y la localización de sectores de población de clase media en calidad de habitante o como inversionista el sector servicios (Mercado, 2003:41-45) Ejemplo de ello fue el perímetro "A" del CHCM, donde el principal inversionista es Carlos Slim, el cual cuenta con 67 proyectos de inversión, de 93 proyectos en total; ha comprado y restaurado inmuebles en 27 calles del Centro de la ciudad, con preferencia en República de Uruguay, con la adquisición de ocho propiedades, en Isabel la Católica 6 inmuebles, en Venustiano Carranza 6 inmuebles, en San Jerónimo y Regina, con 4 predios adquiridos en cada una de ellas (Cuenca, 2003).

¹² El Consejo Consultivo tiene un comité ejecutivo de 130 miembros de diferentes sectores: academia, gobierno de la Ciudad de México, gobierno federal, sector privado y sociedad civil, con el ingeniero Carlos Slim Helú, como presidente.

¹³ Dicho consejo es un órgano de consulta y promoción para el rescate y preservación del sitio, sus acciones dieron el impulso inicial para la revitalización sostenida del sitio durante los últimos 10 años. Y desde 2002, el Fideicomiso se constituyó como el responsable del Programa de Rehabilitación. Con este programa se instrumenta la coordinación con la sociedad y el sector privado con la Sociedad del CHCM SA de CV quien fue el principal motor de la recuperación de inmuebles deteriorados ubicados en el sector financiero, muchos de los cuales se rehabilitaron para vivienda.

¹⁴ La reubicación ha tenido varios destinos, hacia las calles del oriente del CHCM, lo que incluye la reutilización de plazas comerciales semivacías o subutilizadas como bodegas, espacios construidos y abandonados sin ninguna función, así como el uso de callejones contiguos al área central (n.a).

¹⁵ La calle Francisco I. Madero ha tenido diferentes nombres, hasta 1914 Francisco Villa la nombra de esta forma. Es una vía para acceder al CHCM, la calle comienza en el Eje Central Lázaro Cárdenas como continuación de la avenida Juárez, esta calle siempre ha sido concurrida; contiene palacios que fungieron como residencias aristocráticas; también se encuentra el Convento de San Francisco de Asís y el Templo de la Profesa. Cuenta con edificios contemporáneos como la Torre Latinoamericana, el edificio Esmeralda, que en en su planta alta aloja al nuevo Museo del Estanquillo, el cual exhibe la colección fotográfica, estampillas, revistas, hitorietas y juguetes que el escritor Carlos Monsiváis dono a la nación. Su flexibilidad de uso de suelo permite el auge del sector terciario y servicios culturales. Este corredor conecta tres espacios emblemáticos como: la Alameda Central, el Palacio de Bellas Artes y la Plaza de la Constitución (n.a).