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Argumentos (México, D.F.)

versão impressa ISSN 0187-5795

Argumentos (Méx.) vol.24 no.66 México maio/ago. 2011

 

Diversa

 

Los gobernadores priístas y la federación del PRI. Cambios en el CPN, 1996-2007

 

Guadalupe Pacheco Méndez

 

Profesora-investigadora en el Departamento de Relaciones Sociales de la UAM-Xochimilco.

 

Resumen

Las estructuras de representación y de autoridad dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han sufrido varios cambios en el periodo 1996-2007, particularmente después de julio de 2000, luego de que este partido perdiera la Presidencia de la República. La principal transformación organizativa fue el nuevo papel protagónico de los gobernadores priístas en la dirección real del partido y la federalización de su Consejo Político Nacional a partir de la incorporación de la figura de los consejeros electos. Este proceso estuvo influido por las características de la transición de régimen en México que, entre otras cosas, posibilitó la reemergencia del federalismo y el fortalecimiento de los gobernadores.

Palabras clave: PRI, gobernadores, CPN, estatutos, transformación organizativa.

 

Abstract

The representation and authoriy structures within the Institutional Revolutionary Party have undergone several changes during the period 1996-2007, particularly after july 2000, after PRI's defeat on the presidental elections. The main organizational change is the outstanding new roll of the PRI governors in the real leadership of the party and the federalization of its National Political Council through the incorporation of its elected members. This process was influenced by the characteristics of Mexico's regime transition, which made possible the reemergence of federalism and the strenghthening of state governors.

Key words: PRI, governors, National Political Council, estatutes, organizative change.

 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) es uno de los raros partidos gobernantes dentro de un régimen autoritario que lograron sobrevivir a su derrota en unas elecciones en donde estuvo en juego la alternancia por el principal cargo político del país: la Presidencia de la República. Más aún, resulta notable que a pesar de haber perdido ya dos veces consecutivas la Presidencia de la República (2000 y 2006) y de haberse esfumado su antigua posición hegemónica, no sólo haya mantenido su existencia organizativa sino que incluso haya conservado un rol importante en la política nacional. Así, en las elecciones federales intermedias de 2009, logró colocarse como la principal fuerza partidaria en la Cámara de Diputados y ha logrado conquistar más de la mitad de las gobernaturas después de julio de 2000. Esta última cuestión es de gran relevancia, pues esos mandatarios estatales pasaron en los hechos a desempeñar un papel más activo en la toma de decisiones dentro del PRI y protagonizaron severos conflictos partidarios internos en 2005 y 2006.

No obstante, tras esa aparente continuidad partidaria posterior a 2000, importantes modificaciones han ocurrido en su estructura interna de representación y de autoridad desde que perdió por primera vez la contienda presidencial. El objetivo de este trabajo es explorar las características de esta nueva estructura de representación política y de autoridad dentro del PRI. Más concretamente, se trata de ver desde qué modalidades se replanteó la participación de los gobernadores priístas en el Consejo Político Nacional (CPN) del PRI durante el periodo que siguió a su primera derrota en las elecciones presidenciales en julio de 2000.

Para abordar el problema, lo situaremos dentro del contexto más amplio del proceso de transición en México, por lo que retomaremos algunos elementos provenientes de aquellas propuestas que enfatizan la influencia que tienen las características del régimen autoritario precedente y la vía específica de transición de régimen sobre el diseño institucional del régimen resultante y sobre sus actores partidarios. Así pues, revisaremos brevemente el rol del PRI durante el periodo autoritario, los efectos de la liberalización y la transición de régimen sobre el PRI y las reformas internas partidarias en la década previa a 2000. Estos puntos se abordan en el primer apartado de este trabajo.1 En los siguientes dos apartados, dedicaremos mucho mayor atención al análisis de la integración de su Consejo Político Nacional post-2000 porque es un revelador muy importante de la nueva estructura de representación y de autoridad en el PRI; en el segundo apartado, analizaremos con detalle los cambios efectuados a la estructura del CPN y en el tercero delinearemos las pautas de la dinámica de las alianzas internas y sus conflictos en el periodo 2000-2007.

El presente trabajo se inscribe en un proyecto de investigación más amplio que iniciamos desde 2000, para darle seguimiento a los cambios internos de uno de los actores políticos más prominentes en México, tanto antes como después de su salida de la Presidencia de la República. En ese marco hemos publicado numerosos artículos en revistas de investigación en los que abordamos diversos problemas y aspectos de ese proceso con mucho detalle y recurriendo a múltiples fuentes informativas. Por lo mismo y con el fin de no alargar excesivamente este trabajo optamos por no detallar aquí aquellos puntos que ya analizamos exhaustivamente en trabajos anteriores y sólo en los puntos respectivos mencionáremos en cual trabajo los abordamos con mayor amplitud. De alguna manera, las conclusiones de este artículo son un intento de hacer una presentación más general de lo que son las nuevas modalidades de acción política dentro del PRI, pero apoyándonos tanto en los resultados de nuestros trabajos anteriores, como en los datos aquí presentados y analizados.

 

EL RÉGIMEN AUTORITARIO, LA TRANSICIÓN Y EL PRI

ROL DEL PRI PARA EL RÉGIMEN AUTORITARIO

Linz y Stepan2 desarrollaron, sobre la base de un amplio análisis comparativo, una propuesta para abordar el estudio de los procesos de transición de régimen ocurridos durante el último cuarto del siglo XX. Estos autores centran su problemática en torno a las condiciones indispensables para la consolidación de los nuevos regímenes democráticos; en su propuesta de análisis decantan siete variables independientes, de las cuales sólo mencionaremos aquellas que consideramos directamente útiles para guiar nuestro análisis: a) el tipo de régimen que precedió a la transición como factor que influye en las conductas de los actores políticos durante la transición de régimen y b) el medio ambiente en el que se elaboró la constitución3 del nuevo régimen democrático, en particular en aquellas situaciones caracterizadas por la retención de una constitución creada por un régimen no democrático que incorpora complicados mecanismos para modificarla. En una línea similar de reflexión, se encuentra el trabajo comparativo de Kischelt, Mansfeldova, Markovski y Tóka,4 sobre la evolución de los sistemas de partidos en las sociedades poscomunistas y su capacidad para contribuir a la calidad de la democracia.

Uno de los puntos enfatizados por estos autores es el de la influencia que tiene el legado predemocrático sobre las decisiones estratégicas de los actores de la transición para diseñar o rediseñar las nuevas instituciones, sean estatales o partidarias.

Estos dos enfoques que hemos mencionado por supuesto abarcan una panorámica mucho más amplia, que rebasa con mucho el objeto del presente trabajo, pero son perspectivas muy sugerentes para encuadrar nuestro tema dado que los partidos son instituciones actuantes, actores del proceso de cambio de régimen. En esta perspectiva, la primera tarea es examinar la estructura del PRI en función del rol que desempeñaba dentro del régimen autoritario y cómo esto contribuyó a modelar las decisiones tomadas por sus actores políticos internos. Una segunda cuestión será caracterizar el contexto en que se diseñaron y negociaron las reformas al régimen mexicano y evaluar qué tanto la situación se asemejó a aquellos casos en que se conservó la misma Constitución vigente bajo el autoritaritarismo; como trataremos de mostrarlo, este punto tuvo consecuencias importantes sobre la redefinición de la estructura de autoridad del PRI. Una tercera cuestión será establecer, si el proceso de cambio interno del PRI sigue aún inscrito dentro de una fase en la que sus dirigentes toman decisiones y guían sus acciones bajo las pautas autoritarias o bien si la acción de sus dirigentes ya está dominada por su convicción en los fines partidarios.

En cuanto al primer punto, sólo destacaremos que la función esencial del PRI para el régimen autoritario fue la de asegurar la disciplina, sin discusiones, del poder Legislativo ante el presidente de la república y la colaboración de los gobernadores de los estados en las estrategias instrumentadas por el gobierno central. Si el Partido Nacional Revolucionario5 en su momento reunió bajo un mismo techo a las élites regionales atrincheradas cada una de ellas en su respectivo partido local, el Partido de la Revolución Mexicana introdujo un esquema organizativo y de representación que otorgó un amplio espacio a las organizaciones obreras y campesinas, con el fin de contrabalancear a los poderes regionales. El PRI, como tal, verticalizó las relaciones partidarias y por medio de la estructuración organizativa del sector popular completó la tarea de crear dentro del partido y del poder Legislativo, un brazo disciplinado al poder Ejecutivo.6 Asegurar la colaboración de los poderes locales con las iniciativas del poder Ejecutivo federal, ya sea en sus terruños o en el Congreso de la Unión, es un viejo hito en la historia política de México que arranca desde los primeros años del México independiente.7 Vistas así las cosas, el PRI fue una respuesta a los problemas que planteaba un diseño institucional en el que convivían el federalismo y el presidencialismo dentro de una sociedad con fuertes resabios tradicionales en la que florecían las prácticas clientelistas.8 Estos problemas son los que hoy vemos replantearse de nuevo.

Hay un punto que queremos subrayar, el PRI no fue un partido en cuyo seno se tomasen las grandes decisiones de Estado. No. Esas decisiones las tomaban las élites instaladas en el aparato burocrático gubernamental y el PRI se amoldaba a esos cambios. En ese contexto, el líder máximo del partido era el presidente de la república y entre sus facultades políticas no escritas, metaconstitucionales como se les ha denominado, estaban la de designar al dirigente nacional del partido y al candidato presidencial priísta.9 Eso sí, el partido y su dirección nacional constituían engranes fundamentales para encuadrar a las élites regionales y a las cúpulas de las organizaciones sociales, así como asegurar su disciplina y lealtad al presidente de la república, figura cúspide del régimen autoritario instaurado después de la Revolución. A cambio de ese control y sumisión, el gobierno federal, sobre quien recaía el control de las elecciones federales, le otorgaba al PRI las garantías necesarias para que todos sus candidatos a cargos de elección popular tuviesen asegurado el triunfo electoral ("el carro completo"). Por otra parte, la garantía de que el principio de no reelección sería respetado puntillosamente abría las esperanzas de acceder a cargos públicos, siempre y cuando esperaran ordenadamente su oportunidad dentro de las filas del partido. Fue un pacto clientelar entre élites políticas. Así se sentaron las bases de la hegemonía electoral priísta.

En la larga fase de liberalización política de México, se empezaron a forjar los cambios que desembocarían en la alternancia en las elecciones presidenciales y en la activación de un sistema multipartidista, con tres partidos principales. Las elites autoritarias gubernamentales, de carácter civil, tomaron la iniciativa de este proceso y lo controlaron durante casi dos décadas (de 1978 a 1996). Los cambios fueron muy paulatinos y negociados con los partidos de oposición, principalmente el Partido Acción Nacional (PAN). En el terreno del cambio institucional resultante, las reformas más destacadas y esenciales fueron: 1) la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990 y el reconocimiento de su autonomía respecto al gobierno federal en 1996; 2) las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para arbritrar los conflictos electorales y calificar las elecciones presidenciales; 3) la emisión del Código Federal de Instituciones Electorales con normas orientadas para asegurar la equidad entre los partidos.

En suma, sólo cambió una de las partes esenciales del régimen: el control del proceso electoral. Pero esto fue suficiente para afectar al equilibrio asimétrico que había prevalecido, durante la segunda mitad del siglo XX, entre los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y entre los poderes ejecutivos federal y locales.10 La reforma electoral también contribuyó a la transformación del sistema de partidos al eliminar los obstáculos a su expansión. En ese escenario, el PRI vio como paulatinamente se fue desvaneciendo el apoyo del gobierno federal para asegurarle victorias electorales, a la par que el incremento de la competitividad electoral lo obligó a modificar sus mecanismos internos de selección de candidatos;11 la puntilla la recibió en 2000, cuando la Presidencia de la República pasó a manos de otros partidos y el PRI se quedó sin su líder máximo.

Lo que nos interesa subrayar aquí es que esas negociaciones en torno al cambio de régimen se concentraron exclusivamente en el ámbito electoral y en destruir las condiciones que hacían posible la hegemonía priísta, es decir, en eliminar el control que tenía el gobierno sobre la organización de los procesos electorales. No hubo ningún cuestionamiento o revisión de fondo al resto del diseño institucional heredado del régimen autoritario posrevolucionario. Así, a pesar de que el PRI perdió el lugar axial que había ocupado en el arreglo institucional informal, pero muy real, que prevaleció en México desde mediados del siglo XX, al haberse mantenido intactas muchas de las disposiciones constitucionales relativas al federalismo, reemergieron condiciones que harían posible la continuidad política y organizativa de dicho partido; así, en 2000 conservó 20 gubernaturas, pero se alteraron sus equilibrios internos y el rol de los gobenadores ganó preeminencia.

La reactivación de los gobernadores no surgió de la noche a la mañana en el 2000, fue un proceso que se empezó a gestar desde la década de 1980 a raíz de la aplicación de los severos planes de estabilización económica. Más tarde, se vio reforzado por la reestructuración neoliberal de la economía y la consecuente redefinición de las funciones del Estado, orientación bajo la cual se abandonó el deficitario intervencionismo estatal de inspiración keynesiana que durante tanto tiempo se había engarzado funcionalmente con las prácticas clientelares del gobierno y del PRI.12 Esta circunstancia económica tuvo un par de consecuencias. La primera fue el extrañamiento ideológico que empezó a profundizarse entre las élites partidarias cobijadas bajo el "nacionalismo revolucionario" y la tecnocracia gubernamental neoliberal. A este respecto, Snyder,13 a partir de establecer una tipología de los estilos de gestión y liderazgo de los gobernadores, ilustra cómo la instrumentación de las nuevas políticas de desregulación y de retiro de las empresas públicas generó vacíos en los estados que rápidamente fueron ocupados por los gobernadores locales bajo diferentes modalidades, dependiendo del tipo de gobernador. Hernández14 analiza, por su parte, cómo la descentralización administrativa reforzó la relación de los gobernadores con los actores políticos presentes en su respectivo estado. Este proceso de reemergencia del poder de los gobernadores, en el caso del PRI se tradujo en su mayor influencia política dentro del partido.

 

RASGOS ORGANIZATIVOS Y CAMBIOS DENTRO DEL PRI ANTES DE 2000

En las primeras décadas de su existencia, ya como partido hegemónico, la estructura esencial del PRI era su división en los sectores agrario, obrero y popular; como ya lo mencionamos, las organizaciones sociales incorporadas servían de contrapeso a las fuerzas regionales y locales y por lo mismo constituyeron un puntal de apoyo para el fortalecimiento del presidencialismo. A partir de 1987, el aparato del PRI ya no pudo procesar la disidencia dentro de sus muros (XIII Asamblea Nacional) y en 1988 su candidato presidencial tuvo que enfrentar un serio contendiente electoral salido de sus propias filas. A raíz de esa crisis, su estructura interna empezó a ser objeto de remodelaciones impuestas desde la Presidencia de la República.

Durante la XIV y la XVI asambleas nacionales, realizadas respectivamente en 1990 y 1993, el presidente Carlos Salinas de Gortari intentó eliminar la estructura sectorial, pero las resistencias internas fueron muchas y sólo logró parcialmente su objetivo.15 El resultado fue que los tres clásicos sectores del PRI perdieron la exclusividad dentro del partido y se incorporó el principio de la representación paritaria entre los sectores y lo que en aquel entonces se denominó la representación territorial dentro del CPN. Como parte de esa reforma partidaria, también se intentó crear una nueva forma de organización social incorporada al partido, el Movimiento Territorial Urbano Popular, proyecto que nunca terminó de cuajar. Esto acentuó el distanciamiento entre las élites partidarias y el presidente de la república que se había venido esbozando desde la década de 1980 con motivo de la instauración de los programas de estabilización neoliberales; la disciplina más o menos se mantuvo pero, como lo acabamos de mencionar, empezaron a cobrar fuerza las resistencias internas contra las políticas de los presidentes neoliberales. Como resultado de estas modificaciones, al debilitarse a los sectores, los cuales habían sido un dique de contención ante los poderes regionales y locales, éstos últimos paulatinamente empezaron a ganar mayor influencia informal dentro del partido.16

En septiembre de 1996 se realizó la XVII Asamblea Nacional, la última de la era del PRI presidencialista, y en ella, sobre la base de mantener el principio paritario, se hicieron cambios a la estructura de representación en el consejo.17 Si se observa en el Cuadro 1 la columna correspondiente a ese año, se aprecia que el total de los integrantes del CPN catalogados en los estatutos como representación territorial (aparecen en cifras en negrita) sumaban 123, al igual que aquellos considerados como sectoriales, es decir, aparentemente se mantenía la paridad de representación. Aquí hay que destacar tres puntos. El primero es que en realidad a los sectores tradicionales (agrario, obrero, popular) sólo les correspondían 75 consejeros y se atribuyó un número significativo de éstos a las denominadas organizaciones adherentes, las cuales tenían muy poco en común con las organizaciones sectoriales clásicas; es decir, la paridad estaba muy diluída y en desventaja para las organizaciones sectoriales tradicionales del PRI. El segundo es que dentro de la representación territorial, la totalidad del espacio lo ocupaban figuras políticas priístas con vínculos regionales (presidentes de comités directivos estatales y municipales, legisladores, presidentes municipales), es decir, vinculadas a los gobernadores. El tercer punto es que las categorías restantes sólo reunían a 57 integrantes, de ellos, 40 eran "cuadros distinguidos del partido", pero en realidad se trataba de personas usualmente con estrechos vínculos con la Presidencia de la República, en tanto que cinco más eran gobernadores.

 

Así era el retablo de la representación priísta en vísperas de 2000. La XVII asamblea transcurrió dentro de un clima de elevada tensión entre el sucesor de Salinas en Los Pinos y el PRI. De ahí que el principal foco de conflicto fuese la introducción de nuevos requisitos para poder ser postulado como candidato del partido a la Presidencia de la República; iniciativa que fue animada por algunos gobernadores priístas con el fin de bloquear o limitar el margen de maniobra del presidente de la república cuando llegara el momento de designar a dicho candidato.

Así las cosas, en 2000, cuando el PRI perdió la elección presidencial, que como fue una especie de vacatio regis, la primera tarea que se le impuso fue la realización de una nueva asamblea nacional para reformar los documentos básicos, principalmente los estatutos, y definir los mecanismos desde los cuales habría de ser electa, por primera vez en la historia del PRI, su dirigencia nacional, sin que interviniera ya un presidente de la república. Esa fue la XVIII asamblea realizada en noviembre de 2001.18 Así, en el siguiente apartado nos centraremos en los cambios relativos a la integración del Consejo Político Nacional aprobados durante la XVIII asamblea.19

A la luz de la discusión anterior podemos resumir nuestra argumentación central de la manera siguiente. En el proceso de cambio de régimen, se suprimieron las condiciones que hicieron posible la hegemonía electoral priísta y esto implicó el demantelamiento simultáneo del pragmático arreglo institucional que había asegurado tanto la subordinación de los gobernadores y las élites políticas locales a la autoridad central del presidente de la república, así como la preminencia del poder Ejecutivo federal sobre el Congreso de la Unión. A consecuencia de esas modificaciones, los actores políticos locales recobraron una dinámica federalista que, a pesar de haber estado siempre presente en la Constitución y latente en la vida política local, en la práctica había sido inhibida por las largas décadas del presidencialismo apoyado sobre el PRI hegemónico. En esas circunstancias, el rumbo que siguió el partido a partir de 2000 para reformular su estructura interna de autoridad y de representación estuvo influido por la reactivación del sistema federal y la reemergencia de los estados como centros de poder frente al poder Ejecutivo federal.

Por otra parte, en lo que concierne al PRI, la transferencia de lealtades partidarias hacia los gobernadores también fue resultado de su propio legado autoritario, pues la dependencia de su autoridad interna respecto a fuentes externas de legitimidad (el presidente de la República) fue uno de sus principales rasgos durante el periodo hegemónico. Sin lugar a dudas, esta fue una herencia de la vieja cultura política priísta que también influyó en las orientaciones internas seguidas en el periodo inmediato posterior a la derrota de julio de 2000. Así, la nueva situación obligó al PRI a reconstruir sus mecanismos internos de representación y de autoridad para incorporar a todos sus gobernadores como la nueva figura central del mapa del poder partidario.

 

LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL PRI Y EN LOS CRITERIOS DE REPRESENTACIÓN EN EL CPN DESPUÉS DE 2000

LA ESTRUCTURA FORMAL DEL CPN ANTES Y DESPUÉS DE 2000

Para analizar la estructura interna de autoridad en el PRI y los cambios que sufrió en los años que siguieron a julio de 2000, también es necesario remitirse a los estatutos,20 los cuales reunen las principales normas formales que regulan la vida interna del partido; estas reglas, como era de esperarse, han registrado cambios importantes a partir de que el PRI perdió la Presidencia de la República en 2000. Los cambios más significativos y palpables ocurrieron durante la XVIII Asamblea General de Delegados,21 realizada en noviembre de 2001, fue la primera en la larga historia del partido en que esa reunión se realizó sin la bendición de un presidente de la república.

Al igual que en los estatutos de la XVII asamblea, desde 2001 los órganos básicos del gobierno partidario mantienen la misma estructura jerárquica: la Asamblea Nacional como máximo órgano, seguida del Consejo Político Nacional, el cual es definido como un órgano deliberativo del partido y, por último, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), encargado de poner en práctica las decisiones derivadas de las asambleas y del Consejo Político Nacional.

Los cambios fundamentales ocurrieron en los criterios de integración de las asambleas nacionales y sobre todo en el CPN, cuyas facultades se vieron reforzadas y su estructura modificada. Era lógico, entre asamblea y asamblea,22 ésta era la única instancia permanente de toma de decisiones integrada con criterios de representación de los distintos componentes del PRI; asunto crucial en un periodo en que el partido se encontraba dividido entre dos grandes corrientes, con una relación de fuerzas más o menos equiparable. En el Cuadro 1, se presenta la integración del CPN de acuerdo con los estatutos aprobados en la XVII y XVIII asambleas, es decir, antes y después de que el PRI perdiera las elecciones presidenciales; ahí se pueden apreciar los cambios en su integración. También incorporamos los datos de composición prevalecientes en 2005, pues fue una coyuntura muy compleja y conflictiva dentro del PRI durante la cual se realizó la XIX asamblea.

Los datos exactos de la integración del CPN en esos tres momentos se encuentran en los estatutos que estaban en vigor respectivamente: artículo 68 de los Estatutos aprobados por la XVII Asamblea en 1996; artículo 70 de los Estatutos aprobados en la XVIII Asamblea en 2001; artículo 70 de los Estatutos aprobados en la XIX Asamblea en 2005. No incluimos a los Estatutos aprobados en la XX Asamblea Nacional Ordinaria de agosto de 2008, que fue la última que ha tenido lugar hasta la fecha (sólo hasta 2012 toca la realización de la XXI), porque el artículo 70, relativo a la integración del CPN, no sufrió la más mínima modificación.

Los datos del Cuadro 1, que demuestran los cambios registrados en la estructura interna del CPN, simplemente resumen las "cuotas de poder", por utilizar aquel viejo término priísta, estipuladas estatutariamente y son cambios que han sido sancionados en sus respectivas asambleas nacionales y las élites priístas son muy puntillosas en preservar esos equilibrios definidos estatutariamente. Las categorías clasificatorias utilizadas en el Cuadro 1, retoman casi textualmente los términos utilizados en los estatutos. Por la importancia de los cambios introducidos en la XVIII, transcribiremos a continuación el artículo 70, donde se estipula quienes son los integrantes del CPN:

ARTÍCULO 70. El Consejo Político Nacional estará integrado con:

I. El presidente y el secretario General del Comité Ejecutivo Nacional; II. Los expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional. III. Los presidentes de los Comités Directivos Estatales y el del Distrito Federal; IV. Un presidente de Comité Municipal por cada estado y un presidente de Comité Distrital o Delegacional, para el caso del Distrito Federal; V. La tercera parte de los senadores de la República y de los diputados federales, insaculados o electos, para un ejercicio con vigencia de un año y presencia rotativa de los integrantes de ambas Cámaras. Entre los legisladores deberá incluirse a los respectivos coordinadores; VI. Un diputado local por cada entidad federativa; VII Los gobernadores de filiación priísta; VIII. Un presidente municipal por cada estado y un jefe delegacional, para el caso del Distrito Federal, que serán en ambos casos electos entre sus pares; IX. El presidente y el secretario general de la Fundación Colosio. X. El presidente y el secretario general del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político. XI. La representación de los sectores y organizaciones, electa democráticamente: a) 50 consejeros del Sector Agrario; b) 50 consejeros del Sector Obrero; c) 50 consejeros del Sector Popular; d) 50 consejeros del Movimiento Territorial; e) 50 consejeros del Organismo Nacional de Mujeres; f ) 50 consejeros de la organización nacional de jóvenes; g) 5 consejeros de la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria; h) 5 consejeros de la Asociación Nacional Revolucionaria "Gral. Leandro Valle"; i) 3 consejeros por cada organización, movimientos y corriente interna de opinión adherente con registro nacional; y XII. 480 consejeros electos democráticamente por voto directo y secreto a razón de 15 consejeros por entidad federativa, de los cuales al menos uno deberá ser presidente de Comité Seccional.

Sobre la base de estas disposiciones estatutarias vaciamos los datos respectivos en el Cuadro 1. Aunque por falta de espacio no transcribimos las respectivas reglas estatutarias aprobadas en la XVII y en la XIX Asambleas, la operación de vaciado al cuadro se guió por los mismos criterios. A continuación presentamos los criterios de agrupación en el Cuadro 1.

En el rubro de aparato partidario están todos aquellos consejeros que ingresaron al CPN por ocupar o haber ocupado algún cargo de la estructura partidara. Hay dos excepciones en este rubro, los consejeros del movimiento territorial y los de discapacitados y adultos mayores; los primeros corresponden a representantes de una estructura desligada de los sectores creada en la XVI Asamblea con el fin de fortalecer el espacio de maniobra del CEN para impulsar la remodelación del PRI propuesta por Salinas; la segunda, apareció hasta la XIX Asamblea y en los estatutos no se la vincula a la representación sectorial, pero tampoco con las organizaciones adherentes, por ello, la mejor ubicación posible fue en este rubro.

En el renglón de representantes de los poderes ejecutivos locales, incorporamos a los gobernadores y a los presidentes municipales, pues están ahí precisamente por ocupar ese tipo de cargos públicos. Los gobernadores priístas entran automáticamente, por adscripción. Los presidentes municipales son electos por sus pares. En cuanto a la figura de los delegados del Distrito Federal, éstos no han estado en el CPN por la sencilla razón de que el PRI no ha ganado dichos cargos.

Igualmente a los senadores, a los diputados federales y a los diputados locales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los reunimos en el rubro de representantes de poderes legislativos, pues ese es el rasgo común de todos ellos. Los integrantes del CPN son insaculados o electos en el caso de los legisladores federales en una reunión de su respectiva fracción legisativa y el coordinador de fracción por definición debe ser uno de ellos. Los diputados locales y los de la Asamblea Legilativa del Distrito Federal siguen procedimientos similares.

En el rubro de representación electa, pusimos a los consejeros que son electos por planilla en sus respectivos estados. La importancia cuantitativa de este nuevo componente del CPN del PRI post-2000 es notable. Son el único tipo de consejero al cual no se le exige que cumpla con requisito específico, aparte de militar en el partido, como a todos los demás (pertenercer a una organización partidaria, ocupar un puesto en la estructura del partido o tener un cargo de gobierno ya sea en el poder Ejecutivo o en poder Legislativo).

Por último se encuentra la representación sectorial. De acuerdo con los estatutos, se asignan cuotas específicas para aquellos componentes más tradicionales del viejo organigrama priísta: los sectores obrero, el agrario y el popular, las organizaciones de mujeres y jóvenes, así como dos pequeñas asociaciones, la Leandro Valle y la Unidad Revolucionaria. Pero junto a ellos, los estatutos han colocado la categoría de organizaciones, movimientos y corrientes internas adherentes al partido, las cuales son bastante numerosas y dispersas.

Hemos agrupado así los datos estatutarios, con sus respectivas cuantificaciones, con el fin de hacer más clara la evolución de la representación de los diversos componentes del PRI en el CPN de acuerdo con las categorías utilizadas en los estatutos.

Al comparar la estructura de autoridad y de representación que diseñan los estatutos de 1996 y los de 2001 destacan varios factores de continuidad y, por supuesto, los cambios. En los primeros estatutos del PRI post-2000, no se menciona el principio paritario, ni aparece el término de representación territorial,23 pero sí se mantiene el término de representación sectorial, a la cual se le asignan en total 480 posiciones. En contrapartida de ello, destaca la creación de la categoría de los consejeros electos por entidad federativa, los cuales también suman 480. Así, aparentemente, se mantiene implícito un principio de paridad entre el conjunto de categorias atribuidas a la representación sectorial en los estatutos y el peso de los consejeros electos para tal fin (Cuadro 2). Otro cambio de suma importancia fue la incorporación de todos los gobernadores priístas al consejo. Estos dos cambios fueron los más transcendentales en la estructura del CPN y para el conjunto del PRI y produjeron un profundo reequilibramiento político interno. 

 

LA ESTRUCTURA DEL CPN POST-2000 POR PRINCIPIOS DE REPRESENTACIÓN

Las 24 categorías en las que los estatutos agrupan a los componentes del CPN ponen de relieve que prevalece un criterio heterogéneo de representación política. Hay quienes llegan porque fueron seleccionados por la cúpula de su sector, hay quienes llegan porque fueron electos en planillas de 15 personas en algún estado de la república, hay quienes ocupan un lugar por ser funcionarios partidarios de algún nivel o bien por ocupar un cargo público, ya sea ejecutivo o legislativo, a nivel federal o local. Es decir, cada uno de esos componentes tiene una fuente de legitimidad diferente y, por lo mismo, un criterio de elección o selección que opera con mecanismos propios en cada caso. De ahí que en el Cuadro 1 hallamos agregado, por nuestra cuenta, subtítulos que hacen más clara esta representación funcional diferenciada. Esta diferenciación está ligada a la heterogeneidad organizativa que sigue caracterizando al PRI y que se acentuó con los cambios ocurridos a su interior en las últimas dos décadas. Reagrupando las categorías en función de su fuente de legitimidad interna, distinguimos cinco rubros: aparato partidario nacional y local; poderes ejecutivos de nivel estatal y municipal; poderes legislativos de nivel federal y estatal; consejeros electos; y sectores. Todas ellas dan cuerpo a principios de representación diferenciados. En el Cuadro 2, los integrantes del CPN aparecen reagrupados de acuerdo con estas categorías. 

Partiendo de la tesis que discutimos en la primera parte de este trabajo, apoyada en las investigaciones de Joy Langston24 y Rogelio Hernández,25 en el sentido de que ahora los gobernadores son los que llevan la batuta política en el PRI, queda claro que la incorporación de todos los gobernadores y de los consejeros transformó al CPN en una estructura de representación política federada del partido, pero manteniendo su alianza con las organizaciones agrupadas en los sectores. En el caso de los gobernadores, cuyo peso numérico es pequeño, su gran influencia real deriva de dos fuentes: por una parte, la autoridad político cualitativa de la que los inviste su cargo público; por otra, la incorporación de la figura de los consejeros electos, pues gracias al procedimiento a partir del cual son designados, por planillas de 15 personas en cada entidad federativa, esto es, se eligen en bloque y no de manera individual y que usualmente son votadas por unanimidad, quedan bajo la influencia política de sus respectivos gobernadores, quienes también forman parte del CPN,26 otorgándoles a éstos un peso numérico importante dentro del consejo vía los consejeros electos (39% del total de sus integrantes). Estos cambios muestran que el CPN sufrió una transformación sustancial, en el sentido de una federalización de la representación política articulada por él. Por supuesto, el número de sus integrantes individuales se cuadruplicó, lo que llevó a la creación de la Comisión Política Permanente del CPN, como instancia intermedia entre este último y el CEN, entre una y otra sesión del propio consejo; pero se debe subrayar que sólo se trata de una comisión del consejo que no afecta a las atribuciones del Comité Ejecutivo Nacional.

En la Gráfica 1 se presenta de modo comparativo la integración del CPN en 1996 y en 2001 de acuerdo con estas categorías. Ahí sobresale claramente la transformación: mientras que bajo la estructura vigente del CPN en 1996, 44% de sus integrantes pertenecían al aparato partidario nacional y local y, por ende, enajenaban su lealtad política al presidente de la república, en 2001 se redujeron a 7% y pasaron a alinearse con el CEN; correlativamente, la nueva categoría de los consejeros electos, leales a sus respectivos gobernadores o al CEN, según fuese el caso, pasó de ser inexistente en 1996 a aglutinar 39% de los consejeros nacionales en 2001. Fue un factor de poder que conquistó un espacio enorme.

 

El desplazamiento del principal componente de representación en el CPN es claro y aparentemente sólo se le contrapone la estructura sectorial, sin embargo aquí entra un segundo elemento a considerar y que pusimos de relieve en la Gráfica 1, y es que los criterios de representación sectorial también sufrieron importantes modificaciones.

Por un lado, esos cambios debilitaron aún más a los tradicionales sectores agrario, obrero y popular, los cuales amalgamaban a 24% de los consejeros en 1996 y sólo 12% en 2001. Por otro lado, esos cambios fortalecieron principalmente a la representación de las denominadas organizaciones adherentes (alrededor de 60); las organizaciones de mujeres y jovenes también crecieron pero en menor magnitud; en conjunto, estas tres categorías aglutinaron a 17% de los consejeros en 1996 y a 27% en 2001. Lo anterior pone de manifiesto que si bien los viejos sectores del PRI clásico cuentan aún con un nicho dentro del CPN, ya han perdido muchísimo espacio político y muy lejos están de la paridad impuesta en la XIV Asamblea.

 

LOS POLOS DE INFLUENCIA EN EL CPN Y DINÁMICA DE LAS ALIANZAS INTERNAS, 2000-2007

Con la anterior radiografía de la integración del CPN ahora es posible sobreponer un análisis que haga más transparente la lógica a partir de la cual se construyen y modifican las relaciones de fuerza y las alianzas entre las élites priístas. Así, partiendo de que en el consejo se ha abierto un amplio espacio de representación federada de las fuerzas partidarias, reagrupamos a las categorías de representación funcional en polos de influencia política potencial: bajo influencia de algún gobernador del PRI (32%), bajo la influencia del CEN (30%) y bajo la influencia de los sectores (38%). Los resultados aparecen en el Cuadro 3. La reclasificación a la que hemos sometido a los componentes del Cuadro 1 en este Cuadro 3 está basada en un minucioso seguimiento de ciertas coyunturas criticas para el partido durante las cuales se ponen de manifiesto las alianzas internas, tales como la elección de dirigentes nacionales, la confección de listas de candidatos legislativos federales y presidenciales y en las coyunturas posteriores inmediatas a sus derrotas en elecciones presidenciales.27

 

POLOS DE INFLUENCIA POLÍTICA POTENCIAL

a) Bajo la influencia de cada uno de los gobernadores priístas, en aquellos estados donde el PRI gobierna, se encuentran los respectivos: presidentes de comités directivos estatales y municipales del partido, los presidentes municipales, los senadores de mayoría relativa y de primera minoría, los diputados federales de mayoría relativa,28 los diputados locales y, desde luego, los consejeros electos en esos estados.

b) Bajo la influencia del CEN se encuentran, en aquellos estados en donde el PRI no ocupa la gubernatura: los respectivos comités directivos estatales y municipales, los presidentes municipales,29 los senadores y diputados de representación proporcional, así como los diputados locales o de Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Se incluyen también los consejeros electos en esas entidades federativas. La ausencia de un gobernador priísta en esas entidades federativas hace que sus comités directivos estatales requieran de manera decisiva del apoyo del aparato central nacional; lo mismo sucede con todos los candidatos a cargos legislativos en esos estados, pues requieren del apoyo del aparato nacional y, por supuesto, el CEN tiene gran influencia en la confección de la lista de integrantes que conformarán las planillas de consejeros electos en estos casos. Lógicamente, también se suman a este polo el presidente y el secretario general del CEN, los ex presidentes del CEN, los representantes de la Fundación Colosio y del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP). También hemos incluido aquí a los representantes de los discapacitados y adultos mayores, pues no aparecen asignados ni a los sectores, ni su principio de selección se basa en criterios de selección federal territorial.

c) La esfera sectorial es un polo de influencia que se ha debilitado debido a la pérdida de espacios y a su nueva fragmentación, si bien algunas de sus organizaciones lograron conservar un significativo margen de poder, como lo fue por ejemplo el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En el contexto de una relación de fuerzas muy cerrada entre los grupos o bloques de gobernadores priístas dentro del partido, cada uno de sus componentes (ya sean los tradicionales como la CTM, la CNC y la CNOP, o las nuevas organizaciones adherentes) se alinea con un bando u otro, lo que les confiere una cierta importancia en el rejuego interno de alianzas.

 

DINÁMICAS DE ACCIÓN Y ALIANZAS INTERNAS

La anterior clasificación en polos de influencia política potencial no significa que constituyan ámbitos completamente compartimentados entre sí, por el contrario, entre sus integrantes se forjan coincidencias o se fincan fracturas, pero el motor que alimenta esa dinámica son las alianzas que tejen entre sí los gobernadores priístas, como lo atestigua la evolución de sus conflictos internos en el periodo 2000-2007, a partir de los cuales hemos detectado un conjunto de dinámicas de acción que presentamos en seguida.

a) En el periodo 2000-2007, aunque los gobernadores priístas emergieron como la principal fuerza del partido, no actuaron al unísono, sino que dependiendo de la coyuntura encabezaron dos o tres corrientes con posiciones divergentes. Esa situación se reflejó en el peso numérico de sus respectivos seguidores directos en el Consejo Político Nacional.

b) Los sectores y demás organizaciones adherentes, en general, tendieron a alinearse con uno u otro de los dos principales bandos de gobernadores, e incluso hubo varias ocasiones en que un solo sector o una organización se dividió entre dos posiciones. Sus alianzas fueron más bien de índole coyuntural y a cambio de su apoyo pedían o esperaban recibir retribuciones como candidaturas o cargos partidarios, e incluso en ocasiones recurrieron al chantaje organizativo, como apoyar al otro bando o salirse del partido. Dentro de la esfera sectorial destacó la presencia de una poderosa organización sindical, el SNTE, cuya dirigente buscó construir su propio polo de poder dentro del partido con el fin de ocupar la presidencia del mismo.

c) En el caso de la esfera local bajo la influencia del CEN, también pueden tratar de intervenir gobernadores poderosos o una organización sindical corporativa (notablemente el SNTE) para intentar ganarse el apoyo político del priísmo en esos ámbitos a cambio de prestarles ayuda durante sus procesos electorales locales, lo cual mina la influencia del CEN. En este mismo ámbito, otros casos problemáticos para el CEN, son aquellos que se derivan de su intervención en la selección de candidatos a cargos de elección popular, en especial a gobernador, pues la intervención de la dirección nacional favorece ineluctablemente a alguno de los diversos aspirantes a la candidatura, justificada o injustificadamente, lo que se traduce en que los seguidores de los precandidatos perdedores critiquen la intervención de la dirección nacional, dando pie a que surjan serios conflictos e incluso la salida de los priístas locales descontentos; en el mejor de los casos, los disidentes logran que se revise el procedimiento de selección o bien optan por designar autónomamente a su candidato sin salirse del PRI, pero sin acatar las directivas del CEN.

d) Por último, es importante recordar que el aparato nacional es una poderosa palanca del poder partidario y confiere un cierto grado de influencia propia, o un cierto margen de maniobra si se quiere, a sus principales dirigentes, en particular al presidente nacional del partido. Es cierto que después de 2000, se requiere el apoyo de un grupo significativo de gobernadores para ocupar esa posición, pero el control del aparato partidario le abre al presidente del partido un margen propio de maniobra ante los mandatarios que lo apoyan, lo que a su vez le permite negociar con el bando contrario de gobernadores. Por otra parte, aunque en determinadas coyunturas hubo divergencias profundas entre los gobernadores priístas respecto a quién debería ocupar el principal cargo partidario, hubo momentos en que todos y cada uno asumieron la decisión de aceptar la permanencia de ciertos dirigentes con el fin de evitar el surgimiento de peligrosos vacíos de poder interno, como ocurrió con Dulce María Sauri desde julio de 2000 hasta su sustitución en febrero de 2002 o ante los sucesivos interinatos de Mariano Palacios desde septiembre de 2005 hasta febrero de 2007.

***

La utilidad de esta clasificación por polos de influencia política potencial y de caracterizar sus respectivas líneas de acción es que permite captar con mayor claridad como se fueron entreverando las alianzas coyunturales y la dinámica del conflicto intrapartidario. Hemos enfatizado el análisis de la integración del CPN, por el rol fundamental que empezó a desempeñar como arena de representación de los diversos componentes organizativos del PRI y como espacio de representación del reemergente poder partidario de los gobernadores priístas. El análisis del alineamiento de sus integrantes bajo los criterios propuestos permite detectar con menor dificultad las cambiantes alianzas intrapartidarias que se entretejieron entre sus integrantes en el periodo 2000-2007 bajo la égida de los gobernadores.

 

LOS CAMBIOS DEL PRI EN EL CONTEXTO DE LA TRANSICIÓN DE RÉGIMEN

Si seguimos las pautas de Kitschelt et al.30 y de Linz y Stepan31 ya mencionadas, y las adaptamos al problema del cambio interno en el PRI a partir de 2000, podríamos tratar de distinguir dos fases para el análisis: el periodo 2000-2006 en el que prevaleció la influencia del legado autoritario y aquella que parece haberse iniciado en 2007 en la que se empezó a perfilar el predominio de las nuevas reglas como mecanismo efectivo para regir la actividad política o por lo menos para canalizar el conflicto interno.

a) La fase 2000-2006: legado organizativo, relación de fuerzas y control del aparato partidario

De acuerdo con los planteamientos anteriores, en el periodo inmediato posterior al punto de inflexión en el proceso de cambio (las denominadas "elecciones fundacionales" o en las que ocurre la alternancia), prevalece el legado autoritario y en ello destacan dos aspectos: que los marcos cognitivos que guían la acción de los actores políticos provenientes del régimen autoritario aún están modelados por su aprendizaje político previo y que los resultados de sus acciones dependen, de modo contingente, de la cambiante relación de fuerzas cotidiana y de acuerdos informales. Desde esta perspectiva, veamos que ocurrió con el PRI en este periodo.

En un primer momento, en julio de 2000, el conflicto dentro del PRI se vio dominado por la ruptura con el aún presidente de la república y el cuestionamiento a la presencia de numerosos personajes sometidos a la autoridad de éste en los puestos de mando del partido y en el CPN. Con ello, aparentemente, las élites priístas rompieron con una parte del legado que recibían del periodo autoritario y hasta cierto punto así era, se enfrentaron contra Ernesto Zedillo, en las postrimerías de su gestión presidencial, durante ese interregnum que transcurre entre el día de la elección presidencial hasta la toma de posesión del nuevo presidente electo. Pero quienes encabezaron esa confrontación no fueron los integrantes del CEN, sino un grupo de gobernadores priístas. Rápidamente, las líneas de autoridad-subordinación en el PRI se traspasaron a las manos de los distintos grupos de gobernadores que se configuraron durante el periodo y cuyas agendas políticas eran divergentes. Es importante subrayar aquí el hilo de continuidad en las actitudes de las élites priístas al reconocer a los gobernadores como sus nuevas autoridades de facto; esta cultura política de subordinación a los titulares del poder Ejecutivo, ahora a nivel local, era una parte de su herencia autoritaria.

Además, durante la fase 2000-2006, la toma de decisiones en el PRI no estuvo guiada por el cumplimiento de fines partidarios claros, sino por la relación de fuerzas existente entre las diferentes corrientes encabezadas por los gobernadores; pesaron más los efectos derivados de la situación de fluidez en las líneas de autoridad del partido y de la existencia de dos corrientes con fuerza política más o menos similar que se disputaron el control del partido. El PRI vivió bajo el constante vaivén de los cambios en la relación de fuerzas entre sus grupos. Era un equilibrio frágil y cambiante debido a que en el CPN las dos principales corrientes mantuvieron un peso más o menos similar; prácticamente prevalecía un empate técnico y el menor cambio, como una elección local o federal, la renovación estatutaria parcial del CPN, cambios en la integración legislativa, podía inclinar la balanza de uno a otro lado, para no mencionar los efectos de los cambiantes alineamientos de las organizaciones sectoriales.

En esas condiciones, el cálculo del corto plazo y de la conveniencia individual dominó entre sus actores. Esto se hizo evidente en diversas ocasiones, especialmente durante el reparto de candidaturas legislativas en la primavera de 2006, pero es sumamente transparente y cuantificable cuando se comparan, por ejemplo, los resultados de la elección interna de dirigencia nacional en 2002 y los correspondientes a la elección de candidato presidencial en 2005, o cuando se comparan las votaciones en el CPN en diversos momentos políticos críticos.

A lo largo de este mismo periodo, se realizaron numerosas reuniones de diverso tipo para negociar y llegar a acuerdos internos. Hubo reuniones de carácter informal y otras formales como las sesiones del CPN y las asambleas nacionales. Las informales siempre precedieron a las formales y en ellas se tomaron usualmente las decisiones más importantes o fue donde estallaron los desacuerdos más graves, tales como la de "El Caballito" en 2001,32 las negociaciones para "amarrar" previamente los acuerdos que luego serían sometidos a votación formal en las sesiones oficiales del CPN e incluso de las asambleas nacionales; en esa misma tónica, también hubo numerosos encuentros al más alto nivel, como los sostenidos en 2005 entre Roberto Madrazo, Arturo Montiel y Elba Esther Gordillo.33 Aparentemente, cuando el asunto fue de mayor magnitud, se recurrió a la decisión de las asambleas nacionales, pero ahí las sesiones siempre fueron públicas y el voto a mano alzada, y sólo en algún caso se recurrió al escrutinio nominal, ya que era en las reuniones informales previas donde se tomaban las decisiones más trascendentales y la asamblea era un mecanismo formal de legitimación de esos acuerdos informales. Por lo mismo, el recurso a la asamblea nacional no siempre pudo asegurar la solución de los conflictos políticos centrales.

De alguna manera, la aplicación y la interpretación de las reglas estatutarias dependía en buena medida de negociaciones informales, las cuales a su vez estaban influidas por el alcance de la influencia partidaria de cada bando en la disputa. Situación que propició que el conflicto partidario se ventilase hacia afuera del partido y que jugadores desleales, como la entonces secretaria general del CEN y dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, recurriesen a fuerzas externas al PRI para apuntalar sus posiciones internas.

Así, las nuevas disposiciones estatutarias adoptadas en la XVIII asamblea de 2001 no fueron suficientes para contener o canalizar las severas presiones conflictivas de la compleja coyuntura de 2005, cuando se entreveraron inextricablemente la sustitución del presidente del CEN y la designación del candidato presidencial. Esa coyuntura puso de relieve la existencia de ciertas insuficiencias del diseño institucional interno del que se dotaron los priístas en la XVIII y XIX asambleas, pues hubo normas que, llevadas a una interpretación extrema se prestaban para justificar resultados o salidas diferentes y contrapuestos, como sucedió en 2005 con motivo de los artículos 163 y 164, aplicables al problema de la sustitución de Madrazo, cuando renunciase a la presidencia del CEN para contender por la candidatura presidencial o bien los problemas que planteaba para la equidad en la contienda por esa candidatura el hecho de que el presidente mismo del partido previese participar en ella.

Es probable que los conflictos internos del PRI en el periodo 2000-2006 no sólo se hayan derivado de las fallas o imprevisiones de su nuevo diseño estatutario, sino también del hecho de que estas nuevas reglas aún no se habían legitimado suficientemente a partir de su aplicación práctica reiterada y, en consecuencia, una parte de sus actores no estaban convencidos de respetarlas, por la simple y sencilla razón de que no convenía a sus intereses individuales y podían obtener beneficios más ventajosos a partir de las negociaciones informales. Los tortuosos y conflictivos acontecimientos registrados en el verano de 2005 (en torno a elección de presidente sustituto del CEN y la elección del candidato presidencial para 2006) y en las semanas que precedieron y siguieron a las elecciones presidenciales de 2006 (actitud ante el previsible tercer lugar de Madrazo y ante el incierto triunfo del panista Calderón) apuntan en esa dirección. Conflictos, por cierto, en los que los grupos de gobernadores desempeñaron el papel central.

b) 2007: ¿el tránsito hacia la legitimidad de las nuevas reglas partidarias? La revaluación de los consejos políticos

De acuerdo con el modelo de análisis que estamos tratando de aplicar, si se quiere desembocar en la consolidación de un nuevo arreglo institucional más adecuado para el funcionamiento democrático, a esa fase marcada por el legado del autoritarismo dentro del PRI debería seguir otra en la que las normas negociadas en la etapa precedente se legitimasen, permitiendo así que fuesen los arreglos organizativos o institucionales formales los que estructurasen el campo político de la actividad partidaria interna y los que regulasen establemente la toma de decisiones de sus dirigentes. Este pasaje hacia la institucionalización implicaría un mayor predominio de los órganos formales, como el CPN. Y en efecto, cuando se revisa la evolución organizativa del PRI de 2000 a 2007, uno se percata de que, paulatinamente y a caballo sobre los constantes reacomodos cotidianos, fue despuntando un lento proceso de aprendizaje político y de negociación para conciliar posiciones, en el que se fue revalorizando el papel político partidario del CPN, así como el de los consejos políticos estatales, lo que sugiere una evolución hacia la institucionalización.

Aquí cabe destacar el hecho de que, durante el periodo 2000-2006, cada vez con mayor frecuencia y en situaciones de enorme desacuerdo, los priístas tuvieron que abandonar en diversas ocasiones su añejo ritual de votaciones públicas en las que se votaba por unanimidad en favor de las propuestas impulsadas por el CEN y empezaron a recurrir a auténticas votaciones. Éstas fueron de diverso tipo. En el caso de decisiones que recaían bajo la competencia del CPN, hubo ocasiones en que sus sesiones ya se realizaron a puerta cerrada y/o por riguroso voto individual y secreto (por ejemplo cuando eligieron al sustituto del secretario general del CEN en 2001, cuando se designó al presidente sustituto en 2005 o cuando se eligió el coordinador de diputados federales en 2006, por mencionar los casos más notables).

Sin embargo, el caso más exitoso en el que una decisión de amplia magnitud ya no fue zanjada por medio de acuerdos informales sino por mecanismos acordados en el CPN ocurrió en 2007, cuando se realizó la renovación estatutaria de los dirigentes partidarios nacionales. En esa ocasión, ya no se recurrió a un proceso excesivamente abierto como en 2002, cuando podía participar en la votación cualquier ciudadano que quisiese hacerlo; mucho menos fue un proceso extraordinario o de emergencia como en 2005-2006, cuando el CPN, en sesión cerrada y privada, designó al presidente del CEN sustituto o interino por tres ocasiones sucesivas, responsabilidad que siempre recayó sobre Mariano Palacios. El proceso de febrero de 2007 fue ordinario, es decir, el previsto periódicamente por los estatutos; por supuesto que los dos principales contendientes reales al cargo (Beatriz Paredes y Enrique Jackson) buscaron principalmente el apoyo de los gobernadores, pero lo notable en esta ocasión fue que el universo de electores estuvo constituido únicamente por los integrantes de los consejos políticos estatales y del nacional, es decir, ya no sólo se trató del peso de los consejeros nacionales sino la gran importancia que se acordó a las élites políticas locales reunidas en los consejos estatales, cuyo voto fue contabilizado individualmente.34 Fue así como Beatriz Paredes fue electa presidenta del CEN del PRI con una holgada mayoría.

Del total de 17 704 consejeros nacionales y estatales, participaron 79.5%. Del total de sufragios, Paredes obtuvo 69.2% y su principal contrincante, Enrique Jackson, 28.8%. En aquel momento, el PRI ocupaba la gubernatura en 17 estados; en once de ellos35 la primera ganó holgadamente; el segundo ganó con cómoda ventaja en cinco36 y apretadamente en uno solo. En los 15 estados donde no había gobernadores priístas, Paredes ganó con amplio apoyo en doce casos37 y en tres ganó por un margen muy pequeño. Estos datos muestran que, a pesar de que el voto fue individual y contabilizado de ese modo, el proceso estuvo "federalizado", porque en la mayor parte de los casos, uno u otro contendiente triunfaron por amplia mayoría y sobre todo porque el tamaño de los consejos políticos estatales no es proporcional a su peso demográfico o al del padrón partidario.38

Por otra parte, el resultado final no fue sorpresivo, desde muchos días antes, en las notas informativas y en las columnas políticas de diversos diarios se daban a conocer los nombres de los gobernadores que apoyaban ya fuese a Paredes o a Jackson y, en general, más o menos coincidieron bastante con los casos de los estados ganados por amplia mayoría por una u otro. La contienda entre ambos sólo fue cerrada en cuatro casos, pero no deja de llamar la atención el hecho de que en los 26 consejos estatales donde fue derrotado, Jackson alcanzó a reunir un promedio de alrededor del 20% de los votos, lo cual indicaría que hay una porción pequeña de consejeros locales que no se subordinan a los lineamientos de sus respectivos gobernadores, cosa impensable en la fase previa a 2000. Lo importante es que este nuevo mecanismo de elección resultó ser muy operativo y rápido. El proceso transcurrió en un clima relativamente terso si se le compara con 2002 o con 2005, y al parecer empiezan a legitimarse las reglas y a establecerse prácticas de negociación internas más eficientes. Lo anterior sugiere un avance en dirección a la institucionalización de las nuevas reglas; sin embargo, el peso de los gobernadores, como funcionarios públicos que son, sigue siendo alto y eso es un factor que puede presionar al PRI en la dirección contraria. No obstante, la verdadera prueba de fuego ocurrirá hasta 2011, pues en este año coincidirán la elección ordinaria de dirigente nacional del partido y la de su candidato presidencial para 2012. Toda dependerá, en buena medida, de la capacidad de concertación entre sus gobernadores y de su respectiva influencia política.

 

CONCLUSIÓN

Resulta paradójico que el PRI, ese partido diseñado para disciplinar a los poderes locales y encuadrar a los gobernadores bajo el liderazgo del presidente de la república, a la postre haya quedado bajo el control de éstos. Esta situación es resultado de la evolución interna del partido mismo, pero también lo es del carácter inconcluso o en todo caso limitado de la transición mexicana de régimen. Transición incompleta o acotada en dos sentidos: uno porque sólo reformó el ámbito electoral y no revisó a fondo otros aspectos del diseño institucional del régimen; y otro porque no ha sido eficaz para canalizar el conflicto electoral e incluso no ha podido contener la disminución de la credibilidad en las instituciones electorales entre los ciudadanos, luego de la crisis electoral de 2006, tal y como lo mostraron numerosas encuestas de opinión. En ese contexto, hemos podido constatar que el PRI no podía cambiar independientemente del rol que desempeñó en el régimen autoritario, ni de las circunstancias específicas en que se desenvolvió el proceso de transición de régimen en México.

Dicho esto, también se debe subrayar que la legitimidad, la idoneidad y la eficacia de las nuevas reglas partidarias también han influido, y lo seguirán haciendo sobre el proceso de readaptación o de cambio organizativo. La federalización de la representación política dentro del PRI ha tenido resultados negativos y positivos. Aunque inicialmente predominó el conflicto entre las corrientes encabezadas por sendos grupos de gobernadores, en los últimos años al parecer se ha ido asentando una mecánica de construcción de acuerdos internos, lo que sugiere alguna legitimación de las nuevas reglas. Sin embargo, el que el diseño institucional se vaya legitimando, no necesariamente significa que sea el más eficaz, es decir, que tan idónea fue esa federalización del CPN para resolver los problemas internos de cooperación en las coyunturas críticas como el cambio de dirigencia nacional y la selección de candidato presidencial. Por otra parte, esta nueva estructura de representación y de autoridad dentro del PRI también es un factor que modelará las actitudes y percepciones de los actores políticos priístas en los procesos políticos externos al partido. En este sentido, examinar cómo han resuelto, o están en proceso de resolver, los problemas de coordinación de los gobernadores dentro del partido puede ser un predictor potencial de cual será la posición negociadora del PRI respecto a la llamada reforma del Estado, la cual, de ser emprendida realmente a fondo implicaría una reevaluación del régimen político tal como hoy existe, con los consabidos problemas que aquejan a los sistemas presidenciales en repúblicas federales, en las que existen un formato multipartidista, mecanismos de representación proporcional complementando al de mayoría relativa y, sobre todo, donde persisten las prácticas políticas clientelares.

 

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NOTAS

1 La discusión sobre la naturaleza del régimen autoritario mexicano y sobre las características de la transición mexicana será breve y sólo destacaremos ciertos rasgos esenciales, no porque sean temas que carezcan de importancia, sino porque ya han sido ampliamente estudiados por otros autores y pocas cosas nuevas podríamos aportar; ahí nuestro objetivo será más bien definir los términos en que queremos replantear el problema del análisis de la transformación del PRI post 2000.

2 Juan Linz y Alfred Stepan, Problems of democratic transition and consolidation, The Johns Hopkins Press, Baltimore/Londres, 1996.

3 Constitution-making environment en el texto original. Traducción nuestra.

4 Herbert Kitschelt, Z. Mansfeldova, R. Markowski y G. Tóka, Post-communist party systems, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.

5 Como se sabe, el PRI tuvo dos antecesores organizativos, el Partido Nacional Revolucionario fundado en 1929, el cual se disolvió en 1938 para dar paso al Partido de la Revolución Mexicana; el cual, a su vez, hizo lo propio para ceder el lugar al PRI en enero de 1946. Aunque existe una continuidad entre el PNR, el PRM y el PRI, no se trató de ajustes organizativos menores, sino que fueron cambios muy profundos que modificaron la alianza social sobre la que descansó el régimen autoritario posrevolucionario, que transformaron radicalmente los mecanismos empleados para canalizar la participación política y ponerla bajo la autoridad del presidente de la república. En esos tres momentos organizativos, junto a los nuevos rostros se encontraban entre sus élites muchas de las viejas caras, pero el hecho de que se hubiesen cobijado sucesivamente bajo esos tres emblemas no significa que las reglas del juego partidario hayan sido las mismas, ni mucho menos que el centro de poder real fuese exactamente el mismo, ni que la función del partido para el régimen fuese la misma.

6 Luis Medina, Civilismo y modernización del autoritarismo. Historia de la Revolución Mexicana, vol. 20, El Colegio de México, México, 1979; Hacia el nuevo Estado. México, 1920-1993, Fondo de Cultura Económica, México, 1994.

7 François-Xavier Guerra, México: del antiguo régimen a la Revolución, Fondo de Cultura Económica, México, 1988; Luis Medina, Invención del sistema político mexicano, Fondo de Cultura Económica, México, 2004.

8 Alain Rouquié, "El análisis de las elecciones no competitivas: control clientelista y situaciones autoritarias", en Guy Hermet et al., ¿Para qué sirven las elecciones?, Fondo de Cultura Económica, México, 1982; América Latina. Introducción al extremo occidente, Siglo XXI Editores, México, 1989. Larisa Adler-Lomnitz, Elena Rodrigo e Ilya Adler, Simbolismo y ritual en la política mexicana, UNAM/ Siglo XXI Editores, México, 2004.

9 Robert Furtak, El partido de la revolución y la estabilidad política en México, UNAM, México; Rogelio Hernández, "The Partido Revolucionario Institucional", en Mónica Serrano, Governing Mexico: political parties and elections,University of London, Londres, 1998, pp. 71-94.

10 Tema que ha sido estudiado por varios autores como Alicia Hernández, La nueva relación entre Legislativo y Ejecutivo, Fondo de Cultura Económica, México, 1998; Rogelio Hernández, "Cambio político y renovación institucional. Las gobernaturas en México", en Foro Internacional, vol. XLIII, núm. 4, octubre-diciembre, El Colegio de México, México, 2003, pp. 789-821; Rogelio Hernández, "La disputa por el presupuesto federal. Presidencialismo y gobiernos estatales en México", en Foro Internacional, 183, vol. XLVI, enero-marzo, El Colegio de México, México, 2006, pp. 103-121; Ignacio Marván, "Reflexiones sobre el federalismo y sistema político en México", en Política y gobierno, vol. VI, núm. 1, CIDE, México, 1997, pp. 149-166; Magali Modoux, "Geografía de la gobernanza: ¿la alternancia partidaria como factor de consolidación del poder de los gobernadores en el escenario nacional mexicano?", en Foro Internacional, vol. XLVI, núm. 3, julio-septiembre, El Colegio de México, México, 2006, pp. 513-532; Carlos Sirvent, "Sistema político débil y Legislativo fuerte", en Luisa Béjar y Gil da Waldman, La representación parlamentaria en México, UNAM/Gernika, México, 2004, pp. 15-31.

11 Como lo muestran los estudios de Joy Langston: "Los efectos de la competencia electoral en la selección de candidatos del PRI a la Cámara de Diputados", en Política y Gobierno, vol. V, núm 2, CIDE, México, 1998, pp. 459-500; "La competencia electoral y la descentralización partidista en México", Revista Mexicana de Sociología, núm. 70, julio-septiembre, IIS-UNAM, México, 2008, pp. 457-486.

12 Situación que recuerda a los casos de Italia, Alemania, Japón y Suecia estudiados por T.J. Pempel, Democracias diferentes. Los regímenes con un partido dominante, Fondo de Cultura Económica, México, 1991.

13 Richard Snyder, "After the state withdraws: neoliberalism and subnational authoritarian regime in Mexico", en Wayne Cornelius et al., Subnational politics and democratization in Mexico, University of California, San Diego, 1999, pp. 295-341.

14 Rogelio Hernández, "La disputa por el presupuesto federal. Presidencialismo y gobiernos estatales en México", en Foro Internacional, 183, vol. XLVI, enero-marzo, El Colegio de México, México, 2006, pp. 103-121.

15 Este proceso lo analizamos con detalle en Guadalupe Pacheco, "La redefinición de las reglas internas de poder en el PRI, 1988-2001", Argumentos. Estudios críticos de la sociedad, núm. 43, diciembre de 2002, UAM-Xochimilco, México, pp. 107-152.

16 Rogelio Hernández, "The Partido Revolucionario Institucional", en Mónica Serrano, Governing Mexico: political parties and elections,University of London, Londres, 1998, pp. 71-94; "Cambio político y renovación institucional. Las gobernaturas en México", Foro Internacional, vol. XLIII, núm. 4, octubre-diciembre, El Colegio de México, México, 2003, pp. 789-821.

17 Para mayores detalles sobre estos cambios, véase Guadalupe Pacheco, "La redefinición de las reglas internas de poder en el PRI, 1988-2001", en Argumentos. Estudios críticos de la sociedad, núm. 43, diciembre de 2002, UAM-Xochimilco, México, pp. 107-152.

18 Ulteriormente hubo tres asambleas más, la XIX ordinaria en 2005, la IV extraordinaria en 2007 y la XX ordinaria en 2008, que reprodujeron los lineamientos esenciales establecidos en la XVIII, aunque con ajustes menores.

19 La descripción detallada de la serie de reuniones informales previas (notablemente los acuerdos de "El Caballito") y las formales preparatorias (la XL Sesión Ordinaria del CPN) para dicha asamblea se encuentra en Pacheco, "El PRI ante la pérdida del poder y la búsqueda de un nuevo liderazgo interno", Veredas. Revista del pensamiento sociológico, año 4, núm. 7, segundo semestre, UAM-Xochimilco, México, 2003, pp. 101-130; y el análisis de los cambios aprobados en la XVIII Asamblea, en Guadalupe Pacheco, "La redefinición de las reglas internas de poder en el PRI...", op. cit.

20 Desafortunadamente, la falta de espacio nos impide incluir un anexo con cada uno de los artículos que en los sucesivos estatutos del PRI definieron la estructura del CPN desde 1946.

21 Sólo en esa ocasión se denominó de ese modo a la Asamblea Nacional.

22 Las asambleas ordinarias se convocan cada cuatro años, pero puede haber asambleas extraordinarias.

23 Así, el Movimiento Territorial, piedra angular de la reforma que quiso imponer Salinas al PRI, pasó a ser considerado como una organización más dentro de la estructura sectorial.

24 Joy Langston, "La competencia electoral y la descentralización partidista en México", op. cit.

25 Rogelio Hernández, "Cambio político y renovación institucional. Las gobernaturas en México", op. cit.; "La disputa por el presupuesto federal...", op. cit.

26 Los procedimientos de elección de los consejeros electos, de los representantes locales legislativos y ejecutivos, así como de los demás componentes se encuentran descritos tanto en los Estatutos respectivos como en las convocatorias que se emiten cuando corresponde renovación del CPN. Estas convocatorias son dadas a conocer públicamente por el PRI a partir de desplegados y de su sitio oficial en internet [http://www.pri.org.mx] en su respectivo momento; pero ulteriormente, se sacan del sitio para dejar el lugar a otras informaciones. Para nuestro trabajo, fuimos guardando copias de los archivos HTML correspondientes.

27 Este seguimiento detallado se puede revisar en Guadalupe Pacheco (2006, 2009a, 2009b, 2009c, 2010); (2006), "¿Hacia la cuarta etapa del partido de la revolución? La elección interna de dirigentes en el PRI en febrero de 2002", Foro Internacional, vol. XLVI, núm. 2, abril-junio, El Colegio de México, México, 2006, pp. 301-352; "La campaña presidencial del PRI en 2006", Foro Internacional, vol. XLIX, núm. 2, abril-junio, El Colegio de México, México, 2009a, pp. 271-311; "El PRI: relación interna de fuerzas y conflicto en la víspera del proceso electoral de 2006", Política y Gobierno, vol. XVI, núm. 1, CIDE, México, 2009b, pp. 157-190; "La heterogeneidad organizativa del PRI y la elección de su candidato presidencial en 2005", en Adrián Gimate (coord.), Rumbo a Los Pinos en el 2006, UAM-Iztapalapa/Miguel Ángel Porrúa, México, 2009c, pp. 52-110; "El PRI ante la crisis electoral de 2006. ¿lealtad institucional, traición o realpolitik?", Estudios Políticos, núm. 19, novena época, enero-abril, FCPS-UNAM, México, 2010a, pp. 59-95.

28 En el caso de los diputados de mayoría relativa y de los senadores de mayoría relativa y de primera minoría, existe un acuerdo informal en el PRI según el cual el gobernador priísta respectivo, cuando lo hay, propone a los candidatos. Esto se manifiesta en las coyunturas preelectorales federales. Véase Pacheco (2004 y 2009a).

29 En principio, también el Distrito Federal puede incluir a un jefe delegacional, pero el problema es que el PRI no cuenta con ninguno en esa entidad.

30 Herbert Kitschelt, Z. Mansfeldova, R. Markowski y G. Tóka, Post-communist..., op. cit.

31 Juan Linz y Alfred Stepan, Problems of democratic transition..., op. cit.

32 Guadalupe Pacheco, "El PRI ante la pérdida del poder y...", op. cit.

33 Guadalupe Pacheco, "El PRI: relación interna de fuerzas y conflicto...", op. cit.; "La heterogeneidad organizativa del PRI y...", op. cit.

34 Una parte importante de los integrantes del CPN simultáneamente forman parte del Consejo Político Estatal de la entidad de la cual son originarios, por lo que se estableció que emitieran su voto en su sede estatal y que sólo aquellos consejeros nacionales que no formaban parte de un consejo estatal se reunirían en la sede nacional para emitir su voto.

35 Tabasco, Oaxaca, Puebla, Nayarit, Campeche, Colima, Tamaulipas, México, Hidalgo, Chihuahua y Durango. Asimismo, los consejeros del CPN presentes en la sede nacional.

36 Sonora, Coahuila, Quintana Roo, Veracruz y Sinaloa. En Nuevo León, a pesar del fuerte respaldo del gobernador a Jackson, éste apenas logró rebasar a Paredes.

37 Michoacán, Guanajuato, Morelos, Yucatán, Chiapas, Distrito Federal, Baja California, Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro, Guerrero y Baja California Sur. En Jalisco, San Luis Potosí y Tlaxcala, Paredes ganó por muy estrecho margen. Es de señalarse el caso de Tlaxcala, cuna política de Paredes y estado del cual había sido gobernadora varios años atrás, donde sólo la mitad del CDE local la apoyó.

38 En 22 estados el respectivo padrón de consejeros osciló entre 501 y 651 miembros. En ocho casos, se situaba entre 300 y 500. En dos entidades, era inferior a 300. Los consejeros presentes en la sede nacional sumaron 489. El proceso de elección y los datos de 2007 se encuentran detallados en Guadalupe Pacheco, "La elección de dirigentes nacionales en el PRI, 2002-2007", 2010b, mecanoescrito.