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Argumentos (México, D.F.)

Print version ISSN 0187-5795

Argumentos (Méx.) vol.20 n.54 Ciudad de México May./Aug. 2007

 

Dossier: América Latina ¿fin del neoliberalismo?

 

Los dilemas de la nueva izquierda gobernante en América Latina

 

Carlos Moreira

 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Uruguay.

 

Resumen

Luego de dos décadas de modelo neoliberal, una ola de gobiernos de izquierda sacude América Latina. En apenas un lustro, la geografía política del continente se ha ido transformando y esta situación plantea –al menos– cuatro dilemas: 1. ¿En qué sentido se puede hablar de una ola homogénea de nuevos gobiernos latinoamericanos? 2. ¿En qué medida significarán un cambio en los modos de hacer política en el continente? 3. ¿Hasta qué punto darán una respuesta eficiente a la crisis social de la etapa post reformas de mercado? 4. ¿Cuáles son las ideas con las que se va a gobernar de aquí en adelante gran parte de América Latina? Con el objetivo de abordar estas cuestiones, exploramos a continuación los modelos de gobernabilidad que emergen del mapa político latinoamericano, tomando en cuenta tres dimensiones: la institucional, la de políticas públicas y la simbólica. Las conclusiones –un tanto provisorias dada la contemporaneidad de los acontecimientos–, confirman que estamos ante procesos decisivos para la historia de la izquierda latinoamericana.

Palabras clave: gobierno, izquierda, América Latina.

 

Abstract

After two decades of neoliberalism, a wave of leftist governments Shakes Latin America. Just one half a decade, they have been transforming the political geography and this situation states four questions: 1. In what sense can one speak about of homogeneous left–wave of new Latin American governments? 2. Will they mean a change in the ways of making politics? 3. To what extent will they give an efficient solution to the social crisis of the post market reforms stage? 4. Which are the main ideas and principles in order to govern greater part of Latin America from now to the next future? In order to approach these questions, do we explore "models of governability" that rise in Latin American, taking into account three dimensions: the institutional, the public policy dimension and the symbolic one. Conclusions –temporary given the recent events–, states that we are in front of a decisive process for the history of the Latin American left.

 

Cuando el domingo 5 de noviembre de 2006 Daniel Ortega fue elegido presidente de Nicaragua con 40 por ciento de los votos emitidos (el mismo porcentaje que, en 1990, le significó perder ese lugar a manos de Violeta Chamorro) se confirmó la vigencia del sandinismo en el imaginario político nicaragüense. Si bien es cierto que las divisiones de la derecha de ese país facilitaron su victoria (de haber estado unida, se dice, Ortega habría sido derrotado fácilmente), o que un discurso de fuerte condena del aborto y la presencia de un ex "contra" como candidato a vicepresidente ponen en entredicho la caracterización sin más del Frente Sandinista de Liberación Nacional como fuerza política de izquierda, existen expectativas de que su gobierno se caracterizará por programas sociales de asistencia a los sectores más pobres y fórmulas de desarrollo en alguna medida alejadas del modelo imperante.

En el mismo mes, un poco más al sur, dos de cada tres ecuatorianos eligieron a Rafael Correa para asumir la Presidencia de Ecuador, quien poco después ampliaría su apoyo electoral al obtener, en abril de 2007, 80 por ciento de los sufragios para la elección de la Asamblea Constituyente. De esta manera, en un país donde la movilización de la sociedad civil derribó tres presidentes electos en los últimos diez años (Abdalá Bucarám en 1997, Jamil Mahuad en 2000 y Lucio Gutiérrez en 2005), un recién llegado a la escena política interpretaba fielmente el hartazgo de sus compatriotas con los partidos tradicionales y las políticas que impulsaban.

Luego de dos décadas de neoliberalismo, los triunfos del ex comandante de la Revolución de 1979 y del economista católico educado en Estados Unidos y Bélgica, sumaron a Nicaragua y Ecuador, respectivamente, a la tendencia hacia la instalación de gobiernos de una nueva izquierda en la región. Y es que en poco más de un lustro, la geografía política del continente se ha ido transformando. Al tempranero ascenso de Hugo Chávez en Venezuela en 1999 se fueron agregando Lula da Silva en Brasil y Néstor Kirchner en Argentina en 2003, Tabaré Vázquez en Uruguay y Evo Morales en Bolivia en 2005, y más recientemente, Daniel Ortega en Nicaragua y Rafael Correa en Ecuador.

El selecto grupo que marcó el giro a la izquierda del continente se completó con Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, presidentes de Chile a partir de 2000 y 2006 respectivamente.

Si bien la caracterización ideológica nueva izquierda es más incierta y compleja que lo que sugiere el sentido común, consideramos que los gobiernos que emergen en estos países constituyen una nueva izquierda porque adscriben a ideas y programas definidos ideológicamente como tales (lo que incluye una clara oposición a las políticas reformistas pro–mercado de los noventa), aunque con una relativa flexibilidad y heterodoxia al momento de poner en cuestión las reglas esenciales del funcionamiento capitalista, o de asumir la representación de sujetos sociales (indígenas, sectores medios, excluidos urbanos, ambientalistas, feministas, etcétera), que generalmente fueron dejados de lado por la izquierda tradicional.

Las fuerzas de esta nueva izquierda tienden a dominar el mapa político latinoamericano, dejando a la derecha gobernar en unos pocos países de Centroamérica, México y Colombia. Esta situación plantea —al menos— cuatro dilemas: 1. ¿En qué sentido se puede hablar de una ola homogénea de nuevos gobiernos latinoamericanos? 2. ¿En qué medida significarán un cambio en los modos de hacer política en el continente? 3. ¿Hasta qué punto darán una respuesta eficiente a la crisis social de la etapa post reformas de mercado?, y 4. ¿Cuáles son las ideas con las que se va a gobernar de aquí en adelante gran parte de América Latina?

 

PRIMER DILEMA: ¿HOMOGENEIDAD O HETEROGENEIDAD?

Una encendida discusión se desarrolla actualmente entre los latinoamericanos: ¿es posible considerar que la ola de gobiernos que sacude a América Latina contiene elementos y características que, mas allá de los matices, permiten hablar de una categoría homogénea? En caso afirmativo, ¿cuáles serían los aspectos que permitirían clasificarlos en la misma categoría? Y más aún, ¿cuál sería el nombre bajo el cual deberían agruparse y estudiarse los nuevos gobiernos latinoamericanos nacidos en la etapa post Consenso de Washington?1

Según la visión dominante, los nuevos gobiernos en América Latina representan dos modelos: por un lado, el de una izquierda racional y gradualista (Chile, Brasil y Uruguay), y por otro, el de una izquierda populista y rupturista (Venezuela, Bolivia y Ecuador).2 En esta clasificación, Argentina sería un caso híbrido o intermedio y Nicaragua una incógnita a develar.

A partir de allí, las perspectivas académicas parecen bifurcarse por dos caminos: una serie de autores hacen énfasis en las diferencias de los modelos y sostienen que las características nacionales en la implementación de las políticas de reformas orientadas hacia el mercado, así como la evolución histórica del movimiento social y político de izquierda, tornan irreconciliables las discrepancias entre las experiencias socialdemócrata y populista, por lo cuál es necesario abandonar todo intento de incluir estas experiencias en la misma categoría.3 Otra serie de autores, por su parte, admiten la existencia de los dos modelos pero resaltan la existencia de un campo común entre estas dos izquierdas, que suelen denominar progresismo, y que se caracterizaría por la oposición al modelo neoliberal, el regreso a un Estado activo y la asociación equilibrada entre la iniciativa pública y privada.4 Esta postura concita la mayor parte de las adhesiones (también la mía) y tiene la virtud de no cerrar el camino al análisis comparativo. Dado que el término progresismo resulta algo ambiguo, preferimos nombrar a estos gobiernos como representantes de una nueva izquierda.

Obviamente, los nuevos liderazgos lejos están de significar una amenaza real para el capitalismo ni pueden ser considerados revolucionarios a la manera de Fidel Castro en Cuba a comienzos de los años sesenta. Es posible identificar, además, contrastes entre el panlatinoamericanismo militar de Chávez, el neoperonismo de Kirchner o el indigenismo nacionalista de Morales, así como entre el sesgo estatista y de izquierda populista de Chávez, Kirchner, Morales, Correa y posiblemente Ortega, y la tendencia más pro mercado y de izquierda reformista de Lula, Vázquez y Bachelet.5 Pero la realpolitik con que enfrentan sus responsabilidades de gobierno o las diferencias organizativas que presentan, no ocultan que los nuevos gobiernos se ubican en ese espacio común que va desde la izquierda a secas al centro izquierda, tanto por su crítica al modelo neoliberal como por inscribir en sus banderas algunos de los postulados programáticos más característicos de la izquierda latinoamericana: por un lado, el rechazo —aunque con matices— al papel internacional de Estados Unidos como gendarme del mundo y a los organismos internacionales como rectores de las políticas públicas del continente; y por otro lado, la revalorización —también con matices— de las funciones del Estado frente al mercado, el compromiso de defender los acuerdos de integraciones regionales, los derechos humanos, la justicia social y la democratización de la sociedad y del sistema político. Por último, es innegable el peso que ha tenido que estos nuevos gobiernos se hayan auto identificados como representantes de la nueva izquierda latinoamericana. Otros actores importantes, como Estados Unidos o los partidos de izquierda tradicional, han elaborado sus orientaciones políticas en función de ello. Las fuerzas políticas que llegaron al gobierno, entonces, son expresiones de esta nueva izquierda latinoamericana porque rechazan al neoliberalismo como modelo de desarrollo, tienen un programa alternativo en ese sentido y así se presentaron en sociedad.

 

SEGUNDO DILEMA: ¿DEMOCRACIA MINIMALISTA O PARTICIPATIVA?

Es sabido que los gobiernos de la nueva izquierda deben enfrentar un contexto común de restricciones —fundamentalmente los intereses del capitalismo financiero y la agenda de problemas de los países centrales—, y que esto les plantea límites importantes para el desarrollo de sus programas de políticas públicas.6 Sin embargo, existe un terreno donde los nuevos gobernantes tienen cierta autonomía respecto de las constricciones externas: el sistema político y las políticas sociales, paradójicamente allí donde unánimemente se considera que la herencia neoliberal ha sido más dramática. Es decir, los nuevos gobiernos parecen tener en sus manos los instrumentos para contrarrestar la baja calidad institucional democrática —incluyendo la deslegitimación del sistema político— y la incapacidad estatal para afrontar la desigualdad social.7 Veamos ambos aspectos.

Desde un punto de vista formal, los países donde la nueva izquierda gobierna cumplen con lo que Bobbio ha denominado "las reglas del juego" y Dahl "los requerimientos de la democracia", esto es, voto secreto, sufragio universal, elecciones regulares, competencia partidaria, derecho de asociación y responsabilidad de los gobernantes.8 En otras palabras, la nueva izquierda gobernante se presenta como una adecuada garantía para el funcionamiento minimalista de las instituciones democráticas, donde la ciudadanía política se ejerce sin restricciones y de manera universal y, en general, el pluralismo y la tolerancia caracterizan los procesos políticos. No es poca cosa, dado que en el pasado, gran parte de la izquierda latinoamericana —incluyendo a algunos de los partidos que ahora gobiernan— fue crítica permanente de la democracia formal, y sólo después de las dictaduras de la década de 1970 se revalorizaron las instituciones democráticas desde un punto de vista estratégico y no meramente táctico.

Hay un aspecto complementario, sin embargo, que es necesario considerar. El funcionamiento de las instituciones democráticas permite clasificar a un país como democrático, pero nada sabemos sobre los grados de democratización política del mismo.9 Para ello debemos considerar, por ejemplo, las posibilidades de participación ciudadana y la transparencia de los gobernantes. Que los gobiernos de la nueva izquierda hayan sido democráticamente elegidos y que esté asegurado que continuará siendo de esta manera, no implica decir mucho sobre la calidad de su funcionamiento institucional. A lo que se agrega que en América Latina el regular funcionamiento minimalista de la democracia muchas veces ha ocultado, como en el pasado reciente, profundas insatisfacciones de los ciudadanos respecto de la marginación a la que son sometidos por las instituciones democráticas, y a causa de demandas que no son adecuadamente representadas y satisfechas han surgido movimientos sociales radicalizados que critican a la democracia meramente electoralista. Por ello, si bien la democracia latinoamericana funcionó sin interrupciones durante las últimas dos décadas del siglo pasado, finalmente fue alcanzada por los procesos propios de una crisis de representación, incluyendo una extensión aguda de la apatía ciudadana y una inédita y paralela deslegitimación de los partidos políticos.10

Ahora bien, dado que la nueva izquierda había prometido insistentemente que de estar en el gobierno mejoraría la calidad de la democracia, con su arribo al Ejecutivo la ciudadanía tuvo la esperanza que el hacer político iba a ser distinto. Para algunos, la consigna "que se vayan todos" debería haberse traducido en la implementación de formas de democracia directa, y en todo caso, sin llegar a ese extremo, se creía que la nueva izquierda implicaría una democratización de las instituciones, esto es, un aumento de las posibilidades de participación y de transparencia de la gestión.

Aunque algunos gobernantes de la nueva izquierda llevan poco tiempo instalados en la administración, y sería poco razonable pretender hacer aquí un balance definitivo, los datos empíricos muestran que poco ha ocurrido al respecto. Esto es, no se perciben indicios de una mejora de la calidad de la democracia tanto desde el punto de vista de la participación como de la transparencia de la gestión (por citar sólo esas dimensiones), y asistimos más bien a la consolidación de una democracia minimalista, de baja intensidad, centrada en los aspectos electorales.

En primer lugar, aunque el discurso de estos líderes y sus partidos representan un avance respecto de sus predecesores conservadores, las consignas más radicales ya han sido pasadas por el tamiz de la moderación, continuando una tendencia que se vislumbraba a medida que se acercaba el momento electoral. La moderación en el discurso generó, sin duda, un importante apoyo en la opinión pública, y esto permitió cerrar una fase de la crisis de representación, pero ha tenido como consecuencia menos positiva la casi desaparición del discurso público y de las acciones de los gobernantes en la cuestión de las innovaciones institucionales, necesarias para profundizar la democracia. Todo ello, claro está, ocurrió en un contexto regional de extrema fragilidad para la democracia, donde en los últimos cinco años casi una decena de presidentes latinoamericanos electos debieron dejar su cargo antes de cumplir su mandato y la inestabilidad política del continente volvió a ser un tema de preocupación académica.11 En definitiva, las intenciones originales a mejorar la democracia ceden su lugar a la preocupación por la estabilidad y el orden, relegando para mejor oportunidad la extensión de la participación y la puesta en funcionamiento de nuevos mecanismos de rendición de cuentas.

En segundo lugar, y acaso esto pudiera parecer desconcertante, las formas de hacer política de los gobiernos de la nueva izquierda no han cambiado respecto de sus predecesores conservadores. En términos generales, los nuevos líderes han podido mantener bajo control las relaciones con el Congreso, la oposición y —en menor medida–los gobiernos locales mediante la reproducción de mecanismos fraudulentos de compra de voluntades políticas, en la conducción disciplinada de bancadas parlamentarias mayoritarias, en la delegación de poderes legislativos, en la apatía política y en el ejercicio personalista del gobierno.12

Bajo la diversidad de orígenes, las fuerzas de la nueva izquierda gobernante piensan y hacen la política centrada en pocas personas y en mecanismos de gestión que no habilitan una mayor participación y rendición de cuentas a los ciudadanos que en la época precedente. De esta manera, parece irse postergando el sueño de la democracia latinoamericana como una empresa colectiva, transparente, centrada en el Parlamento, los partidos y las organizaciones de la sociedad civil.

 

TERCER DILEMA: ¿REDUCCIÓN DE LA POBREZA O DE LA DESIGUALDAD SOCIAL?

Los latinoamericanos vivimos en un continente peculiar, al menos en dos sentidos: es la segunda región más desigual del mundo (luego de África subsahariana), y conoció distintas versiones del populismo que siempre tuvieron como meta lograr la justicia social. Las distancias entre los grupos sociales son de tal magnitud que prácticamente se vuelven irreversibles para un individuo a lo largo de su vida, y sabido es que las lejanías sociales provocaron enormes explosiones políticas. En el pasado, la brecha entre ricos y pobres tendió a amortiguarse a través del accionar reformista del Estado, por la vía de concesiones pacíficas o conquistas arrancadas por la fuerza, aunque nunca se alcanzó un nivel de justicia social que evitara los estallidos violentos.

En este contexto, las reformas neoliberales de las últimas dos décadas no hicieron más que agravar la magnitud de los problemas. A través de las reformas laborales que pretendían flexibilizar el mercado de trabajo para incentivar la inversión privada, y que procedieron a desmontar sistemáticamente toda la protección estatal, se acentuaron las tendencias al crecimiento del desempleo, la informalidad y la baja del salario real. En consecuencia, sea que se determine la línea de pobreza según el método cuantitativo del ingreso del hogar y un paquete mínimo de alimentos, o sea que se utilice el método cualitativo de construir un índice de necesidades básicas insatisfechas, a los pobres estructurales ya existentes en el keynesianismo se agregaron los denominados nuevos pobres.

Entre los países considerados, Brasil, Bolivia, Nicaragua y Venezuela presentan indicadores de pobreza extrema combinados con diferencias sociales abismales y Argentina y Uruguay —que, hasta hace poco, tenían situaciones más moderadas— han visto duplicar el número de hogares pobres en los últimos veinte años.13 La situación de Chile, incluso, podría asemejarse a la de sus vecinos en cuanto se abandonen los criterios cepalinos y comiencen a usarse metodologías cualitativas para medir la pobreza.

De esta manera, se plantea una situación compleja para los gobiernos de la nueva izquierda, que deben implementar programas de políticas sociales y de generación de empleo que permitan dar cuenta de las demandas sociales más urgentes, sobre todo por que ello fue prometido en las instancias p reelecto rales.14 Aún no están claras las rutas de salida de esos programas sociales hacia transformaciones estructurales que reduzcan la distancia entre ricos y pobres, entre otras razones porque existe el temor que implementar las mismas podría significar que el continente quede en el mediano plazo nuevamente frente al abismo de las quiebras institucionales. Las esperanzas de futuro de la justicia social y la gobernabilidad democrática en América Latina parecían estar así indisolublemente unidas.

Como primer paso, entonces, una vez instaladas las fuerzas de la nueva izquierda en el gobierno, las intenciones de alcanzar la justicia social y perpetuar la estabilidad institucional se transformó en numerosos programas sociales que en su mayoría consistieron en una asignación monetaria,15 aunque algunos —como en el caso de Venezuela— se implementaron combinándolos con la instalación de mercados populares que venden productos de primera necesidad a precios subsidiados, así como atención médica, planes de alfabetización y/o capacitación técnica a cargo del Estado.

Un primer acercamiento permite detectar que los programas sociales —y los favorables indicadores macroeconómicos que los acompañan— son una prolongación inercial de la fase neoliberal anterior. Si bien significaron una ampliación del número de beneficiarios y de las partidas presupuestarias destinadas a mejorar la situación de los sectores pobres, en su mayoría no significaron una ruptura o una novedad sino una continuidad con las políticas focalizadas de la fase tardía del neoliberalismo.

Por otra parte, un análisis más detenido de sus implementaciones, permite observar que por diversas razones se afectó el cumplimiento de las metas, y por ende, si bien la pobreza se reduce, lo hace a un ritmo inferior al esperado y los objetivos de desarrollo y justicia social comienzan a parecer inalcanzables al menos en un periodo de gobierno.16 Las razones de este fracaso son de diversos tipos, entre ellas la escasez de recursos y las precarias condiciones en que se encontró el funcionamiento de la administración pública, la inexperiencia de los funcionarios del nuevo gobierno y la existencia de un juego político donde predominan los procesos de fragmentación dentro de las fuerzas oficialistas. Mientras tanto, ningún gobierno de la nueva izquierda parece estar dispuesto a avanzar decididamente hacia el objetivo de la reducción de la desigualdad. Y entonces, en todos los casos considerados, los sectores medios y medio alto son los que mejor acompañan la reactivación económica, y en contradicción con su carácter por definición provisorio, los programas de asistencia a la emergencia social se van transformando en parte de la vida cotidiana de los sectores pobres.

 

CUARTO DILEMA: ¿MÁS MERCADO O MÁS ESTADO?

En el campo de las ideas han ocurrido transformaciones de importancia que guardan una estrecha relación con el rumbo seguido por los nuevos gobiernos. Hasta hace poco más de una década y media, siguiendo la tradición del marxismo occidental, todas las fuerzas de izquierda latinoamericanas se adherían a alguna versión del socialismo y la democracia representativa era considerada un momento oportuno para la organización y acumulación de fuerzas. La frustrada experiencia de Salvador Allende en Chile habría confirmado —aparentemente— que la vía reformista no tenía futuro en el continente, y en mayor o menor medida, se repudiaba al capitalismo y se veía con desdén a quien defendiera propuestas de modernización dentro de ese sistema. Obviamente se criticaba el imperialismo y condenaba enfáticamente todo avance —pacífico o militar— de Estados Unidos en la región.17

Cuando en la década de 1970 las bases del Estado keynesiano comenzaron a ser atacadas por los procesos de liberalización de la economía, la izquierda latinoamericana acentuó sus posiciones pro Estado, considerando al neoliberalismo la causa de todos los males. Como la madre de todas las batallas estaba en pleno desarrollo, el enemigo neoliberal pro mercado y antiestatista estaba convenientemente identificado y era una rareza encontrar fuerzas o siquiera individuos que se definieran de izquierda y defendieran alguna forma de desarrollo económico y social basado en el mercado.

En la década de 1990, luego del fin del comunismo soviético, el derrumbe del Estado desarrollista y la imposición de la hegemonía neoliberal, la izquierda latinoamericana se vio envuelta en una profunda crisis, con graves problemas de identidad y fraccionamientos internos. Asumiendo una actitud pesimista ante sus propias posibilidades como fuerza política, realizó diversas rectificaciones ideológicas a la manera de sus pares europeos, con el objetivo de posicionarse hacia el centro político. El resultado fue el nacimiento de una izquierda nueva, distinta a la tradicional, que por un lado impulsaba la inserción de sus países en el proceso de globalización capitalista tanto como la competencia y la inversión privada y, por otro, defendía la igualdad de oportunidades como un derecho que debía garantizar la propia sociedad más allá del mercado.18

En toda la región, el proceso de actualización ideológica consistió en elaborar un proyecto de gobierno con una serie de ideas para captar al electorado conservador antes de que la nueva izquierda latinoamericana ganara las elecciones, mismas que le permitieron construir las bases para legitimar sus administraciones.19

La gran novedad respecto del pasado reciente es que la nueva izquierda postula la necesidad de alcanzar un equilibrio entre Estado y mercado. No se trata de decir aquí que la nueva izquierda desarrolla concepciones neoliberales, porque sería una conclusión demasiado simplista o sin fundamentos. Desde mediados de la década de 1990, el discurso programático de la nueva izquierda se basa en que los mercados perfectos no existen, que ellos tienen fallas y que el papel del Estado será insustituible para regularlos dentro del esquema capitalista dominante. Este último aspecto significó una diferencia crucial con el neoliberalismo a ultranza. Pero ya en el gobierno, dentro de ese marco de acuerdo general, fue posible distinguir dos posiciones: los que se inclinan por reforzar el papel del Estado en el proceso de desarrollo productivo y social (Venezuela y Bolivia) y los que consideran que el papel del Estado es excesivo y por tanto debe limitarse a regular el mercado (Chile, Brasil, Uruguay). En el primer caso, sobre bases ideológicas y teóricas demasiado vacilantes aún, se trata de encontrar una alternativa para dejar atrás las posiciones neoliberales. Estas tendencias pueden agruparse bajo la denominación de "neo–desarrollismo", y según sus mentores supone básicamente una reconstrucción del papel activo del Estado, con énfasis en los aspectos productivos y la atención de la problemática social, sin descuidar otras dimensiones como la cultural o la ambiental, sobre la base del fortalecimiento de los acuerdos regionales y la búsqueda de consensos sociales amplios dentro de fronteras.20 En el segundo caso, significó asumir necesariamente las posiciones programáticas de quienes impulsaron las reformas neoliberales, paradójicamente cuando éstas mostraban los primeros signos de fracaso.

En síntesis, gran parte de los latinoamericanos son gobernados por una nueva izquierda que administra los asuntos públicos legítimamente, tras haberse convertido en partido del orden con concepciones procapitalistas, con énfasis en el mercado o en el papel rector del Estado. Sus bases de legitimación son, pues, distintas a las del pasado y definitivamente el socialismo fue cayendo en desuso o quedó, por inercia, como mero discurso de confrontación con los sectores de derecha o conservadores.

 

BALANCE Y PERSPECTIVAS: ¿CONTINUIDAD O CAMBIO?

El acceso al gobierno implicó para la nueva izquierda latinoamericana asumir un juego con reglas completamente diferentes a las del pasado. Ya no alcanza con ser un fiscal eficiente de gobiernos impopulares, sino de ser vista y juzgada como hacedora de las políticas públicas y responsable de responder a los desafíos de profundizar la democracia y alcanzar la justicia social. ¿Podrá hacerlo con éxito? ¿Estamos ante la posibilidad de un giro hacia la izquierda del continente o se trata de una fase más del ciclo anterior?

Luego de pasado un tiempo razonable, que en algunos casos corresponde a un periodo de gobierno (Venezuela, Brasil, Argentina y Chile), y en otros a la mitad (Uruguay) o al menos a un tercio (Bolivia), inevitablemente es necesario evaluar si estamos ante procesos de cambio o continuidad, y si los resultados de las políticas de la nueva izquierda gobernante se corresponden con los objetivos que se habían propuesto. Aunque falta avanzar en la investigación y la contemporaneidad de los acontecimientos opaca la posibilidad de tener respuestas definitivas, respecto del primer interrogante resaltan los elementos de continuidad sobre los del cambio, mientras que en el segundo, es palpable la existencia de luces y sombras en las gestiones de los gobiernos de la nueva izquierda.

Existen casos como Chile, Brasil y Uruguay que expresamente han renunciado a realizar transformaciones estructurales, mientras que Venezuela, Bolivia y Ecuador si bien muestran una vocación fuertemente transformadora, sus posibilidades de éxito aún presentan muchísimas interrogantes.21 En la dimensión institucional, por ejemplo, la nueva izquierda asegura un funcionamiento adecuado de las condiciones formales de toda democracia. Pero respecto de la calidad de la misma, entendida como el desarrollo de la participación ciudadana y de los mecanismos de rendición de cuentas, así como el fortalecimiento de las instancias de representación política, no se han visto mejoras sustanciales, salvo en algunos aspectos de las experiencias de Venezuela y Bolivia. La gobernabilidad del sistema es la preocupación fundamental y las propuestas de innovaciones van quedando sepultadas bajo la lógica de la realpolitik. Incluso el tema va desapareciendo como asunto de interés para la opinión pública.

Respecto de la dimensión de las políticas públicas desarrolladas para alcanzar la justicia social, como queda dicho, las mismas se han visto confinadas a programas sociales focalizados de asistencia a los sectores pobres, que son similares a los de la fase neoliberal y cuyos beneficios se adjudican siguiendo los conocidos criterios del clientelismo político. Aunque todavía resulta demasiado complejo predecir si se alcanzará o no a integrar al mercado a los grandes sectores sociales excluidos de los beneficios del crecimiento económico, y mucho menos, si se alcanzará a reducir la brecha entre ricos y pobres, existe una coyuntura económica favorable, y aunque ambigua, una voluntad política para hacerlo.

Los obstáculos parecen provenir tanto del contexto como de los programas y estrategias adoptadas. La mayoría de los ciudadanos esperan cambios radicales para sus sociedades, pero al tiempo demandan un manejo equilibrado de la autoridad gubernamental. Y en la práctica, ambos principios se muestran dificilmente conciliables. ¿Por dónde empezar?, ¿por los cambios o por la gobernabilidad?, ¿por lo sustancial o por lo urgente? Mientras algunas sociedades resisten la inercia e intentan introducir cambios en el status quo, otras se inclinan por un juego más conservador, postergando los prometidos cambios estructurales para un futuro indefinido.

En síntesis, la nueva izquierda latinoamericana que al inicio de su gestión de gobierno debe enfrentar asuntos tales como prácticas de baja calidad de la democracia latinoamericana, riesgos inminentes de colapso social y ausencia de alternativas para enfrentar el descrédito de la política, es posible que no logre revertir estas tendencias, dado los magros resultados que se observan. Lógicamente es esperable que se sucedan elecciones libres y sin fraudes, pero sin que se logren avances en la calidad de la democracia. Es posible que se implemente mayor cantidad de programas sociales pero que la justicia social permanezca en el horizonte de lo deseable, y que el quehacer oficialista muestre cierta estabilidad con base en prácticas sorprendentemente continuistas en las maneras tradicionales de hacer y pensar la política. En definitiva, posiblemente en el futuro cercano los latinoamericanos se encuentren en una situación mejor que a comienzos de siglo. Pero, seguramente, seguirán tan lejos del mundo nuevo como entonces.

 

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NOTAS

1 Véase D. Reynoso, "La tensión decisionista en América Latina", Primer Congreso AUCIP, Montevideo, octubre de 2006.

2 E. Laclau, "La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana", en Nueva Sociedad, núm. 205, septiembre–octubre, 2006. Para un estudio comparado de los nuevos y los viejos populismos (como de los nuevos entre sí), véase F. Freidenberg, La tentación populista. Una vía al poder en América Latina, Síntesis, Salamanca, 2007.

3 T. Petkoff, "Las dos izquierdas", en Nueva Sociedad, núm. 197, mayo–junio, 2005; L. Paramio, "Giro a la izquierda y regreso al populismo", en Nueva Sociedad, núm. 205, septiembre–octubre, 2006.

4 F. Ramírez Gallegos, "Mucho más que dos izquierdas", en Nueva Sociedad, núm. 205, septiembre–octubre 2006; CLACSO, Concurso de proyectos. Gobiernos progresistas en la era neoliberal: estructuras de poder y concepciones del desarrollo en América Latina y el Caribe, setiembre–octubre, 2006.

5 F. Panizza, "Volvió a la región el populismo clásico", en La Nación, junio, 2006; W. Lozano, "La izquierda latinoamericana en el poder. Interrogantes sobre un proceso en marcha", en Nueva Sociedad, núm. 197, mayo–junio, 2005.

6 Véase D. Raus, "Los nuevos gobiernos en América Latina. Contexto, programas y restricciones", Tercer Congreso ALACIP, Sao Paulo, septiembre, 2006.

7 J.D. Sachs, "Los populistas pueden tener razón", en El País, abril, 2006, y F.G. Calderón, "Panorama electoral en América Latina: ¿qué reemplaza al modelo neoliberal?", en Nueva sociedad. Democracia y política en América Latina, edición especial, marzo, 2006.

8 N. Bobbio, El futuro de la democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 1996; R.A. Dahl, La poliarquía. Participación y oposición, Tecnos, Madrid, 1989.

9 G. O'Donnell, "Teoría democrática y política comparada", en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, vol. 39, núm. 156, Buenos Aires, enero–marzo, 2000, pp. 519–570.

10 Corporación Latinobarómetro, Informe Latinobarómetro 2005 (www.latinobarometro.org).

11 F. Rojas, La gobernabilidad en América Latina. Balance reciente y las tendencias a futuro, Flacso, San José de Costa Rica, 2005.

12 Para los casos de Venezuela y Brasil, véanse respectivamente M. López Maya, Del viernes negro al referendo revocatorio, Alfadil, Caracas, 2006, y C. Zucco, "A governabilidade num segundo governo Lula", Primer Congreso AUCIP, Montevideo, octubre, 2006.

13 UNDP, Human Development Report 2005, Hoeschtetter Printing Co., Nueva York, 2005.

14 C. Moreira, "Entre lo sustancial y lo urgente. El (perturbador) dilema de los nuevos gobiernos de izquierda en América Latina", en Alternativas en América Latina. Los dilemas de la izquierda en el siglo XXI, Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe, Buenos Aires, 2006.

15 E. Cohen y R. Franco, Transferencias con corresponsabilidad. Una mirada latinoamericana, México, Flacso, 2006.

16 Entre 2002 y 2006 la pobreza cayó de 43 a 40% y la indigencia se redujo del 19 al 16%, CEPAL, Social Panorama of Latin American 2005 y 2006 (www.eclac.cl), marzo y noviembre 2006.

17 D. Boersner, "Gobiernos de izquierda en América Latina. Tendencias y experiencias", en Nueva Sociedad, núm. 197, mayo–junio, 2005.

18 N. Bobbio, Izquierda y derecha. Razones y significados de una distinción política, Taurus, Madrid, 1998; A. Giddens, La tercera vía, Taurus, Madrid, 1999.

19 Véase M. Triguboff, M.L. Eberhardt y M. Alessandro, "Los partidos de izquierda en el Cono Sur: el Partido de los Trabajadores, el Frente Amplio y el Partido Socialista de Chile en perspectiva comparada", ponencia LASA, marzo, 2006. Véase también F. Mayorga, "La izquierda campesina e indígena en Bolivia: el Movimiento al Socialismo (MAS)", VII Congreso de la SAAP, Córdoba, noviembre, 20005.

20 D. García Delgado y L. Nosetto, El desarrollo en un contexto posneoliberal. Hacia una sociedad para todos, Flacso/Ediciones Ciccus, Buenos Aires, 2006; L. Bresser Pereira, "Hay espacio para un nuevo desarrollismo", Página/ 12, Buenos Aires, abril, 2007.

21 En el caso uruguayo se ha renunciado al cambio estructural y en su lugar hay una estrategia gubernamental de adopción, complementación y corrección de las reformas pro mercado; véase F. Panizza, "Economic constraints and strategic choices: The case of the Frente Amplio of Uruguay first year in office", Tercer Congreso ALACIP, Sao Paulo, setiembre, 2006.

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