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Argumentos (México, D.F.)

versión impresa ISSN 0187-5795

Argumentos (Méx.) vol.19 no.51 México may./ago. 2006

 

Dossier: Despojo y comunidad

 

Chiapas: los cambios en la tenencia de la tierra

 

Chiapas: the changes in land possession

 

María Tarrío García* Luciano Concheiro Bórquez*

 

* Profesores–investigadores, Departamento de Producción Económica, docentes del Sistema Integrado de Posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

[...] llegará el día y entonces escalarán las nubes y escalarán
las montañas, será el tiempo de las revueltas y motines [...]
cuando el tronco de la ceiba sea resellado.

Libro de los libros de Chilan Balam.

 

Resumen

En este artículo se analiza la lucha por la tierra y la estructura agraria en Chiapas con énfasis en los cambios impuestos por el neoliberalismo y la globalización. En particular, se estudia el impacto del Plan Puebla–Panamá en la estructura de la propiedad agraria. Se advierte que dicho proyecto puede significar un alto riesgo tanto para la reproducción social campesina como para la biodiversidad de la región.

 

Abstract

This article analyzes the struggle for land and the agrarian structure in Chiapas, with emphasis on the changes that neoliberalism and globalization have imposed on that state. Specifically, it analyzes the impact of the Puebla–Panama Plan in the structure of the agrarian property, noticing that more than an alternative, such project may mean a major risk for both its peasant social reproduction and the biodiversity of the region.

 

Résumé

Dans cet article, l'analyse de la lutte pour la terre et de la structure agraire au Chiapas se centre sur les changements imposés par le néolibéralisme et la mondialisation. En particulier, il analyse l'impact du plan Puebla Panama sur la structure de la propriété foncière. Il montre comment le projet en question peut représenter un risque majeur à la fois pour la reproduction sociale paysanne et pour la biodiversité de la région.

 

INTRODUCCIÓN

Este trabajo parte de una aproximación a la problemática socioeconómica y política respecto de la tierra en Chiapas, como núcleo de la situación de conflicto histórico que vive el estado; plantea una reflexión acerca de la importancia de la tierra–territorio y los recursos naturales para la reproducción social de amplios grupos de la población en la entidad. Desde esta perspectiva, abordamos la realidad chiapaneca desde tres dimensiones: en la primera, partimos del supuesto de que la tierra representa un recurso imprescindible para la reproducción social de los pueblos indios y campesinos, como parte importante de la población chiapaneca. En este apartado hemos hecho un recorrido histórico desde la perspectiva de la lucha por la tierra, esa mirada retrospectiva que nos permite estudiar el pasado para comprender la situación actual. En un escenario en el que la lucha por la tierra se mantiene como telón de fondo, se analiza la correlación de fuerzas entre los actores sociales y se observa cómo ésta fue históricamente favorable a los grupos de poder económico–político de la región, que a partir del movimiento zapatista se vieron obligados a hacer, no sin conflictos, algunas concesiones, derivadas de la dialéctica social entre los diferentes actores. A pesar de los cambios al artículo 27 constitucional, con la creación de un mercado de tierra mediado por el gobierno entre propietarios privados y campesinos demandantes de tierras, también se reactivó el reparto que desembocó en los Acuerdos Agrarios.

En un segundo momento analizamos brevemente el microfundismo en Chiapas y cómo éste afecta a los sectores campesinos indígenas, tanto del sector social como de un amplio contingente formado por pequeños propietarios privados. Es decir, el polo opuesto de los grandes grupos de poder político–económico para los que la tierra, en muchos casos no es más que una de sus diversas actividades y no siempre la más rentable. Y, por último, en una tercera parte consideramos los impactos generados por el modelo neoliberal–global en la entidad, lo que nos lleva a plantearnos ¿qué tanto el Plan Puebla–Panamá (PPP) representa una respuesta a los graves problemas de la población del estado, o sólo sirve para entrar en una nueva fase de apropiación de los recursos y de marginación para los pueblos indígenas y campesinos?

 

I. CHIAPAS. LA LUCHA POR LA TIERRA Y POR LA REPRODUCCIÓN SOCIAL

LA MIRADA HISTÓRICA. EL CONFLICTO POR LA TIERRA

 

[...] ningún fenómeno histórico puede ser explicado a partir de una sola causa.
Las rebeliones no constituyen de manera alguna una excepción a esta regla, por
el contrario, en sus orígenes encontramos siempre un gran número de factores
sumamente diversos y que guardan complejas relaciones entre sí.

Juan Pedro Viqueira1

 

Un apretado resumen de la historia chiapaneca nos permite comprender el fenómeno de la tierra y las razones de la lucha histórica de los pueblos indígenas frente al usurpador externo, mediante formas variadas de conflicto y resistencia. Es por ello que la historia de los pueblos indios es una historia de lucha por la tierra, el territorio y la autonomía, demandas que actualmente forman parte de los movimientos mundiales de estos pueblos, que están interconectados por redes establecidas en el ámbito global y son favorecidas por los medios de comunicación, que los vincula con la "aldea global".2 Las luchas indígenas se integran a los movimientos nacionales, continentales y mundiales; los pueblos indios reivindican el respeto a la diferencia, a sus creencias y a sus formas de ver el mundo. Aunque Jan de Vos se refiere a la resistencia de los indígenas lacandones como "tierra de insumisos",3 pensamos que es un concepto aplicable a todos los pueblos indios. Los indígenas necesitan la tierra como territorio, es decir, como un espacio cultural identitario, base de cosmovisiones y, en definitiva, de reproducción social de las etnias, de acuerdo con sus particularidades, para mantener viva su memoria histórica, como un referente de la lucha actual, tal y como se expresa en la Declaración de la Selva Lacandona: "Somos producto de 500 años de lucha".4

En la perspectiva histórica encontramos los grandes trazos, pero también los matices de las memorias contrapuestas, y de los derechos históricos que se confrontan desde fundamentos racionales diversos. La disputa por la tierra adquiere un sentido de espacio–territorio y en esta perspectiva destacan la profecía, el mito, el rito, la leyenda y la metáfora, siempre en función de una cosmovisión específica, incomprensible para la cultura occidental, que gira en torno al significado del territorio en su sentido más amplio. También se expresa en movimientos mesiánicos, a veces sincréticos, en torno al espacio–territorio, del que fueron despojados los pueblos indios de Chiapas por el hombre blanco de allende los mares, que da vida a la leyenda de Quetzalcóatl, que conquista los espacios del sureste ofreciendo a los indios lacandones, la última tribu insumisa de Chiapas, "la Paz de Dios y del Rey".5

Despojados de sus tierras, de sus gobernantes y de sus dioses, los indígenas tuvieron que rehacer su religiosidad popular mediante el sincretismo, que mimetizó sus deidades en el poderoso dios del conquistador como el único dios verdadero. La escritora chiapaneca Rosario Castellanos relata en su novela Oficio de tinieblas,6 cómo los indígenas crucificaron a un joven para tener su propio Mesías que los iba a redimir del dominio del hombre blanco, pero también cómo la población "coleta"7 adoraba a la Virgen de la Caridad, protectora de los blancos, para que los protegiera del furor de los indios. Las expresiones mesiánicas en Chiapas son analizadas por Antonio García de León y Juan Pedro Viqueira.8

A la conquista española le siguieron 500 años de mesianismos y profecías, con expresiones específicas en el discurrir del tiempo, que le dieron cierta razón de ser a la lucha por la liberación de los tributos, la recuperación de las tierras, y un cierto sentido de autonomía, a veces expresado en la rebelión y la desobediencia y en el uso constante de ciertas formas de resistencia ante los invasores. Con esta perspectiva de fondo, no es de extrañar que entre los indígenas aparecieran presagios o expresiones mesiánicas que anunciaban el final de la explotación, de los agravios a los que eran sometidos, y de los buenos tiempos que estaban por venir. A finales del siglo XVII, los milenarismos se reafirmaron, los pueblos indios necesitaban un redentor que los liberara de la opresión a la que eran sometidos.

La importancia de la recuperación de la memoria histórica y el encuentro identitario se puede encontrar en la forma en que el Subcomandante Marcos reconstruye, por motivos de autoreconocimiento histórico–cultural, la metáfora de Don Durito de la Selva, contada a partir de las leyendas del Viejo Antonio, como parte del imaginario colectivo de los pueblos indios, que le sirve para reconstruir la identidad históricamente erosionada y para ser ellos mismos.9

Los hechos ocurridos durante el siglo XIX indican que para los indígenas de Chiapas la Independencia no representó cambios significativos. Las constantes rebeliones indígenas presionaban a los gobiernos liberales para que les devolvieran las tierras de las que habían sido despojados. Hacia 1820, Chiapas se encontraba en la más absoluta pobreza; el movimiento independentista tuvo poco eco en la entidad. Un grupo de ricos hacendados, los finqueros, ejercían el poder político, ideológico, económico y social del estado. De esta manera, la historia de Chiapas se vinculaba a las rebeliones indígenas y a los apellidos de distinguidas familias chiapanecas, muchas de ellas relevantes todavía.10 Los conflictos se acentuaron en los tiempos liberales (siglo XIX), cuando los indígenas perdieron gran parte de las tierras comunales que habían sido reconocidas por la corona española.

La vida porfiriana transcurrió entre la concentración de la tierra y el despojo de ésta a las comunidades, favorecida por la acción de la Compañía de Tierras y Colonización de Chiapas, México, Limitada, que vendió casi la totalidad de la superficie a extranjeros, lo que a la postre los convertiría en señores de la tierra, sobre las que florecieron las fincas cafetaleras y huleras, y las monterías. Estas nuevas formas de concentración de la tierra y las relaciones sociales con los trabajadores son analizadas por Favre y Moisés T. de la Peña.11

Las haciendas de Chiapas perduraron en la dictadura porfirista, se prolongaron hasta la posrevolución y algunas daban fe de su existencia en el ya avanzado siglo XX. Los sistemas de trabajo, descritos entre otros por Bruno Traven y Armando Bartra, expresan las condiciones inhumanas de explotación de la fuerza de trabajo impuesta por los señores de la tierra y por el gobierno de Díaz, un régimen muy controvertido, del que existen diferentes opiniones dependiendo del rol asumido en las explotaciones, según sean extranjeros que hacen negocios o mexicanos que sufren la opresión de los grupos de poder. Por este mecanismo salieron del dominio nacional y pasaron a manos de la Compañía de Tierras y Colonización de Chiapas, México, Limitada, 1 907 369 hectáreas,12 que ésta vendió de manera predominante a extranjeros.

El gobierno porfirista ofrecía a los colonos extranjeros, a quienes consideraba superiores a los mexicanos, las tierras nacionales de la vertiente del Golfo, Libertad y Comitán, y Tonalá y Soconusco, en la Costa del Pacífico, en nombre del progreso de la nación, mientras que muchos nacionales se transformaron en fuerza de trabajo que laboraba en condiciones deprimentes y de intensa explotación.

Para los norteamericanos que emprenden negocios en México [...] el régimen de Díaz es el más sabio, el más moderno y el más benéfico sobre la faz de la Tierra [...] Desde el punto de vista del mexicano común el gobierno de Díaz es un tratante de esclavos, un ladrón, un asesino; no imparte justicia, ni tiene misericordia [...] sólo se dedica a la explotación.13

 

LA CUESTIÓN AGRARIA EN EL SIGLO XX. UNA VISIÓN RETROSPECTIVA

Avanzada la segunda década del siglo XX, las superficies en propiedad de la Compañía Mexicana de Terrenos de Colonización, eran varias y también parecían serlo las superficies dedicadas a la producción de café en manos de extranjeros; hacia 1927–1928, 73.4 por ciento de los finqueros dedicados a la producción de café eran extranjeros, de ellos, 34 por ciento eran alemanes.

Las dotaciones de tierra en las etapas revolucionaria y posrevolucionaria no parecen significativas. No obstante, María Eugenia Reyes opina que la dotación agraria fue notable después del Cardenismo; considera que la dotación de tierras nacionales cumplió un papel de amortiguador que evitó las afectaciones privadas.14 Las tierras nacionales se convirtieron también en tierras de frontera para la explotación de la ganadería extensiva, con un crecimiento notable del número de cabezas que un reducido grupo de ganaderos supo manejar en su beneficio.

En una investigación realizada en la década de 1970, pudimos comprobar la importancia que tenían las tierras nacionales para los ganaderos, quienes aprovechando las necesidades de los campesinos, negociaban con éstos el desmonte de las superficies boscosas y a cambio les permitían sembrar una o dos cosechas de milpa, después éstos tenían que dejarlas sembradas con zacate. Los campesinos invertían de 30 a 32 jornales en desmontar y enzacatar una hectárea. El ganadero se apropiaba de un trabajo gratuito en virtud de su monopolio sobre la tierra, en muchos casos por la adjudicación de las tierras nacionales. Asimismo, los agricultores ricos a partir de una correlación de fuerzas muy favorable, sacaban provecho del trabajo campesino al rentarles tierras para sus cultivos de subsistencia y se apropiaban de una renta en efectivo o de los beneficios de la mediería. A partir de 1960 se dio una fuerte ganaderización en los estados del trópico, incluido Chiapas, principalmente sobre las tierras nacionales.15

Otra forma de asegurar la reproducción social campesina fue la colonización de tierras nacionales, en las que se hacía una réplica de los parajes alteños. Estos espacios fueron cada vez más disputados por los ganaderos debido a la expansión de sus ganados, lo que constituía una limitante para la ampliación de la frontera agrícola campesina, lo que hizo surgir multitud de conflictos entre ganaderos y campesinos. La tierra era el centro de la mayor parte de los conflictos entre ambos actores y muchas veces los problemas surgían porque los ganaderos consideraban las tierras nacionales como sus áreas naturales de expansión.

Estos conflictos se expresaban en la apropiación de un bien reducido y mediante una relación de fuerzas asimétricas en la que los campesinos eran los perdedores. La importancia de estas tierras para los ganaderos se puede observar en una circular en la que la Confederación Nacional Ganadera (CNG), utiliza su fuerza a favor de sus agremiados: "Con carácter urgente se solicitan las opiniones de las Uniones de Chiapas, Catazajá, Costa de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Oriente de Yucatán y Sonora sobre el programa que la CNG, propone en la circular, con la finalidad de efectuar los trámites para la regularización de terrenos nacionales".16

En la investigación citada se indica que existía un elevado número de solicitudes planteadas por los ganaderos para legalizar las tierras nacionales en 29 municipios de Chiapas, en cinco de los cuales —Palenque, Las Margaritas, Ocozocuautla, Cintalapa y Pijijiapan—, había más de mil solicitudes, que excedían no sólo las tierras nacionales sino también la superficie del municipio.17 Desde otro frente, la Confederación Nacional Campesina (CNC) justificaba la apropiación de las tierras nacionales por parte de los ganaderos. El delegado de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Chiapas, decía respecto de los conflictos agrarios en el estado: "estos conflictos no se pueden atribuir a la expansión de la ganadería, pues las tierras que se ocupan en la ganadería son tierras que no pertenecen a los campesinos, es decir, que son tierras nacionales de agostadero".18 Cabe destacar que en su origen eran tierras nacionales de bosque, no de agostadero.

Frente al hecho concreto del acaparamiento de las tierras nacionales por parte de los ganaderos, los campesinos carentes de tierra se movieron hacia las tierras nacionales provocando el surgimiento de fuertes conflictos, los que se dieron principalmente en 23 municipios de las tres regiones ganaderas del estado. Los municipios más conflictivos fueron, por orden de importancia: Arriaga, Pijijiapan, Villaflores, Mapastepec, Villacorzo, Ostuacán, Simojovel y Ocosingo. La importancia de los ganaderos en estos conflictos queda evidenciada en que de los 119 registrados, 86 de ellos, que representan 72.3 por ciento, se dieron con ganaderos; 25, que representan 21 por ciento, se dieron en fincas agrícolas–ganaderas y el resto, 6.7 por ciento, entre campesinos y agricultores.19

 

DOTACIONES Y SISTEMAS DE TENENCIA EN CHIAPAS: UNA REFLEXIÓN

En Chiapas los sistemas de tenencia están conformados por el sector privado, cuyas tierras pertenecen a particulares, y el sector social.20 El sector social está integrado por el sector comunal, constituido por las comunidades indígenas y el sector ejidal, al que pertenecen los campesinos ejidatarios. Este sector es producto de las dotaciones de tierras otorgadas a la población campesina del país a partir de la Revolución de 1910. El otorgamiento fue una respuesta de los respectivos gobiernos a las luchas campesinas por la tierra y, de cierta manera, respondió a los compromisos establecidos entre el gobierno y los actores sociales del campo, constituidos con una de las bases sociales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero también a las presiones del campesinado organizado sobre los gobiernos, a pesar del pacto corporativo establecido entre ambos. La devolución de las tierras a los campesinos se hizo bajo la forma de ejidos y de restitución de bienes comunales.

María Eugenia Reyes, en el Cuadro 3, proporciona información significativa. Entre 1920 y 1984, la superficie concedida por resolución presidencial fue de 3 099 275 hectáreas, la perteneciente a las resoluciones ejecutadas fue de 2 952 652 hectáreas y, la concedida no ejecutada en ese periodo, es decir, que no se entregó a los demandantes, fue de 146 636 hectáreas. Desde otra perspectiva, en 1988 existían en Chiapas 503 402 hectáreas de tierras nacionales en manos de particulares, 17 171 tituladas que representan 3.4 por ciento, y 486 231 sin titular, equivalentes al 96.6 por ciento.21

Entre 1934–1988, se habían concedido amparos mediante certificados de in–afectabilidad agrícola por 108 967 hectáreas, 48.4 por ciento de éstos correspondieron al periodo de Miguel de la Madrid. Estas acciones fueron la expresión del nuevo giro dado a la política agraria en el país. En ese mismo lapso la superficie amparada por certificados de inafectabilidad ganadera ascendió a 1 209 372 hectáreas de agostadero; 1 090 190 hectáreas, es decir, 90 por ciento de la superficie amparada, correspondió a las concesiones otorgadas por Miguel de la Madrid,22 lo que indica que se estaba brindando una mayor protección a la propiedad privada, como preámbulo de lo que serían los cambios al artículo 27 constitucional, que haría factible la enajenación de las tierras del sector social. Fue en este periodo, bajo el amparo de Miguel de la Madrid y el gobernador Absalón Castellanos, precisamente uno de los grandes terratenientes, cuando se concedió el mayor número de certificados de inafectabilidad agrícola ganadera en Chiapas, para proteger al sector privado.23 No obstante, en el problema de la tierra resulta difícil pasar de las hipótesis a las afirmaciones.

La relación entre la superficie concedida y la ejecutada en Chiapas (Cuadro 3), y las dotaciones agrarias ejercidas entre 1918 y 1997 (que no hace separación entre las superficies concedidas o ejecutadas), no nos permite aclarar el problema de la situación actual de la tierra en el estado; no obstante, el Cuadro 4 ofrece información complementaria debido a que en él se desagregan los datos por región y se separa la propiedad ejidal de la comunal. La existencia, todavía, de grandes posesiones, según la información de las organizaciones campesino–indígenas, así como la correlación de fuerzas existente entre el poder político–económico y los grupos campesino–indígenas que luchan por la tierra, nos plantean un escenario histórico controvertido difícil de esclarecer, y más que planteamientos precisos sólo nos permiten hacer algunas aproximaciones hipotéticas.

 

¿YA NO EXISTE TIERRA POR REPARTIR? ALGUNOS ESCENARIOS

Después del controvertido reparto agrario en Chiapas —real o hipotético ya que se trata de resoluciones agrarias aprobadas o ejecutadas—, para algunos estudiosos del agro chiapaneco la reivindicación por la tierra correspondería al pasado. A fines de la década de 1990, muchos son los que afirman que ya no existe tierra por repartir, otros, como las organizaciones campesinas, piensan que en Chiapas todavía existen grandes extensiones de tierra que deben ser repartidas entre los campesinos necesitados.

La tierra que permanece todavía en el imaginario social de las comunidades indígenas y las organizaciones campesinas, ¿existe o es una quimera? En Chiapas el reparto agrario se realizó de manera fundamental con base en las reservas territoriales. Las tierras nacionales constituían espacios que hipotéticamente podrían representar la expansión de la frontera agrícola campesina, sin embargo, en el caso de Chiapas, en la marcha hacia las selvas tropicales, las tierras han sido ocupadas por otros actores sociales más que por los campesinos. Si la dotación de tierras nacionales correspondió a una específica correlación de fuerzas, las tierras de frontera también fueron disputadas por los ganaderos a partir de una relación de fuerzas favorable, ya que estos últimos constituían un fuerte grupo de poder económico y político en el ámbito estatal.24

En la información del Censo Agrícola Ganadero Ejidal de 1970 —si es que se aproxima a la realidad, dado que existen intereses que pretenden ocultar las grandes concentraciones de tierra en reducidos grupos de propietarios—, de Chiapas las grandes extensiones privadas, mayores de 1 000 hectáreas, representaban 11.5 por ciento de la superficie y estaban en manos de 0.5 por ciento de los propietarios, con un promedio de 1 724 hectáreas. Cinco propietarios tenían extensiones mayores a 7 000 hectáreas y 149 tenían extensiones de 1 684 hectáreas en promedio, extensiones que de existir actualmente estarían divididas entre familiares. Aun así, la parte de superficie correspondiente a cada familia, posiblemente representaría una enorme extensión, al lado de las parcelas que poseen la mayoría de la población indígena y campesina, máxime que para los primeros, aproximadamente 11.4 por ciento de los propietarios, la posesión de tierra es una forma de acumular riqueza mediante el desarrollo de múltiples actividades y para los ejidatarios, comuneros y colonos, que son 88.6 por ciento de los productores, representa la sobrevivencia y reproducción social. Esta precariedad nos lleva a compartir la opinión de Ruz: "[...] si para la ley un rancho de 300 hectáreas no es un latifundio, bien lo han de parecer ante los ojos de un tzotzil de Los Altos que no posee ni siquiera media hectárea para sembrar maíz con el cual alimentar a su familia".25

 

LA TIERRA QUE DENUNCIAN LOS CAMPESINOS... DIFÍCIL DE MEDIR Y CONTABILIZAR

El estudio realizado por Joel Rojo Orta nos lleva a reconsiderar que pueden existir otras realidades en el imaginario social de las comunidades respecto a la dotación y concentración de la tierra; el autor considera que existe para ello un fundamento real. Los latifundios son siempre señalados por los campesinos, y por más intentos que hacen para que dichas tierras sean repartidas, comúnmente no se hace, ya que son protegidas por los gobiernos locales, amparados en la legislación agraria estatal... y en la actualidad están divididas en múltiples escrituras públicas, a diferentes nombres, o establecidas como sociedades mercantiles.

Muchas veces las denuncias sobre la existencia de latifundios son realizadas por las organizaciones campesinas. En varios casos existe fundamento legal, como en la ganadería, por ejemplo, en donde la ley considera como superficie legal la necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado, de acuerdo con la calidad de los agostaderos y, por tanto, con la capacidad de carga de los mismos.26 En los casos de las sociedades mercantiles, de acuerdo con la ley, podrán ser propietarias de terrenos rústicos en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objetivo, aunque "en ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a las actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la respectiva equivalente a 25 veces los límites señalados en la fracción XV del artículo 27 constitucional".27 La ley ofrece posibilidades de obtener grandes extensiones mediante la constitución de estas sociedades. "En las fincas cafetaleras y plataneras de Chiapas serían factibles sociedades mercantiles en superficies de 7 500 hectáreas";28 no obstante, dice el autor que no se ha detectado ningún latifundio simulado con esa extensión, excepto en el caso de Ocosingo en donde existen siete predios registrados a nombre de siete familias con el mismo apellido, en una superficie de casi 7 000 hectáreas.

A fines de 1995, la Procuraduría Agraria informó al gobierno del estado sobre 37 denuncias de predios comprendidos en la categoría de latifundios, 18 de los cuales están ubicados en Tapachula, 59 en Salto de Agua y 10 más en Tonalá y Juárez. Las posibilidades de no afectación son mayores con los cambios al artículo 27 constitucional, por tanto, en el presente no existe el temor de que puedan ser afectados debido a las reformas a la Constitución y a la declaración del fin del reparto agrario.

Respecto de las tierras del sector social, existen dotaciones superpuestas en algunas partes del estado, mismas que plantean dudas sobre las extensiones del sector social tanto en los Chimalapas como en la Selva Lacandona;29 de la misma manera se conocen algunas haciendas privadas sobre tierras comunales de Los Altos de Chiapas que no fueron afectadas.

 

"ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE" ... EN CHIAPAS

Con el levantamiento zapatista de 1994, comenzó un proceso de demanda de tierras; las organizaciones campesinas desarrollaron una gran actividad mediante la ocupación de predios particulares. La aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en escena conllevó una gran actividad agraria en el estado, tanto en la zona de conflicto, en 30 municipios en cuatro regiones de Los Altos, Selva y Frontera, como en las zonas de influencia zapatista y en general en todo el estado; no obstante, los gobiernos federal y estatal trataron de ubicar el movimiento en tres municipios: Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo, como estrategia para identificar el movimiento como local y, por tanto, sin trascendencia nacional.30 Así, desde enero de 1994, promovieron y apoyaron reuniones entre organizaciones indígenas y campesinas con el fin de crear consensos para resolver el conflicto y neutralizar, e incluso truncar, el movimiento.31 Los gobiernos:

[...] buscan fortalecer sus vínculos con los diversos interlocutores chiapanecos, ampliar su número y fortalecer su representatividad, canalizar e institucionalizar la demanda y el descontento social, concentrar la demanda social en organizaciones legales y líderes reconocidos, establecer canales legítimos para la inversión multimillonaria de recursos, fortalecer la presencia del gobierno federal en la negociación y la búsqueda de soluciones [...] en el contexto de preparar el escenario y acotar el alcance de las negociaciones futuras con el EZLN.32

La intensa interacción entre las organizaciones fue delineando un conjunto de demandas comunes y en esta perspectiva, los indígenas y campesinos "[...] hacen suya la propuesta de Carlos Rojas33 de crear una coordinadora, o consejo estatal que las aglutine para garantizar la solución a sus demandas y contribuir a la paz del estado". Así se constituyó el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Chiapas (CEOIC), que agrupaba alrededor de 285 organizaciones de la entidad y casi 500 000 afiliados con posiciones ideológicas y políticas contrarias, integrado en diez comisiones, entre ellas la Comisión Agraria. Las organizaciones fueron clasificadas según la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como: 23 tradicionales, 23 moderadas, 47 radicales, 144 productivas y 59 con poca representatividad. Posteriormente, el CEOIC se radicalizó, surgieron fricciones entre el gobierno y la organización, en tanto aumentaba la toma de tierras o se les asociaba con partidos de oposición y con el EZLN.34

 

DE LAS DEMANDAS AGRARIAS A LA OCUPACIÓN DE LOS PREDIOS

La alianza con el EZLN debilitó al CEOIC que, por otra parte se radicalizó; las bases presentaron desacuerdos y asumieron diferentes posiciones: los que estaban a favor de la guerra y los que querían seguir las negociaciones con el gobierno. Más del 97 por ciento de los que participaron en la consulta zapatista no estuvieron de acuerdo con la firma porque consideraban que las respuestas gubernamentales a sus demandas sobre derechos indígenas eran insuficientes.

Entre las organizaciones indígenas chiapanecas [...] hay desconcierto y temor ante la falta real de soluciones sobre aproximadamente 100 mil hectáreas de tierras "recuperadas" hasta entonces por organizaciones indígenas y campesinas: más de 40 mil ubicadas dentro de la zona de conflicto, y casi 50 mil localizadas fuera de esa área [...] Para los líderes de la CIOAC y del CEOIC [...] la confrontación con los ganaderos es inminente [...] Acentúan su actitud opositora. Llaman nuevamente a la movilización, el 12 de junio unos 10 mil indígenas del CEOIC marchan en Tuxtla Gutiérrez y exigen, al grito "si no hay solución habrá revolución".35

El CEOIC demanda la legalización de predios invadidos, la solución de todos los expedientes agrarios rezagados, la entrega de tierras incautadas al narcotráfico, el desestimiento de las órdenes de aprehensión contra quienes han recuperado tierras, la revocación de las reformas al artículo 27 constitucional y la expropiación de predios de los propietarios que se niegan a vender sus tierras en favor del CEOIC. Para el gobierno las peticiones son aceptables excepto las dos últimas.

Desde la posición contraria, la Unión Regional de Propietarios Rurales "Belisario Domínguez" se reunió con la finalidad de determinar acciones enérgicas para defender sus 82 000 hectáreas invadidas en los municipios de Ocosingo, Altamirano y las Margaritas; expresaron sus desacuerdos apoyados en otras organizaciones solidarias; consideraban injusto que la solución agraria se sustentara en el principio de "quitarles la tierra a unos para dárselas a otros" y que el gobierno del estado negociara con los invasores sin tomarlos a ellos en cuenta.36

Los predios que posiblemente rebasan los límites de la pequeña propiedad han sufrido la invasión y el acoso por parte de los campesinos sin tierra. En algunos casos, las fincas divididas entre familiares no eran afectables. Ante la presión por la tierra el gobierno tuvo ofertas de dos tipos para resolver los problemas agrarios: a) predios en posesión de la banca obtenidos mediante hipoteca; b) predios privados ofrecidos en venta al gobierno. En ambas modalidades se dieron casos de predios cuyas tierras eran propiedad de la nación. En el primer caso, para resolver los problemas agrarios, las instituciones bancarias ponen a disposición del gobierno 17 predios en el municipio de la Concordia, con una superficie de 2 655 hectáreas. El entonces banco Inverlat ofreció en venta el predio El Retiro. A mediados de 1996 la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), al revisar sus archivos, encontró que las tierras de ese predio eran bienes de la nación y que el título con el que el banco había otorgado el préstamo hipotecario era apócrifo. En el segundo caso, de cinco predios privados ofrecidos en venta al gobierno, tres eran terrenos pertenecientes a la nación.37

Los mismos propietarios particulares trataban de sacar ventaja de la situación. En 1994, 3 007 propietarios de los municipios de Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo, se incluyeron en el Programa de Pago de Renta Compensatoria para Predios Invadidos,38 sumando dichas superficies una extensión de 1 277 204 hectáreas, conociéndose en 1995 que existían predios incorporados pero no invadidos o que la propiedad ya había sido vendida, y con escrituras sin validez se habían incorporado a ser beneficiados.39

En Chiapas se da la paradoja de que, ante un sector cuya reproducción social depende de un espacio territorial, en torno al cual se dio una lucha secular, las reservas nacionales hayan sido ocupadas de manera predominante por los ganaderos, en las que, en muchos casos instalaron una actividad adicional a los negocios que poseen.

Ante la controversia derivada por los predios invadidos en los municipios de Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo, y ante las constantes presiones por parte de los propietarios, se elaboró una propuesta de solución de retorno, reubicación y pago total del predio. En estos municipios los predios comprados representaban, 68 por ciento en el municipio de Altamirano; 9.3 por ciento en Las Margaritas y 46.4 por ciento en Ocosingo; en total en los tres municipios se compró 41.2 por ciento de los predios invadidos40 para satisfacer las demandas agrarias de los campesinos de Chiapas.

Entre 1989 y 1996 se experimentó un elevado número de invasiones a predios privados promovidas por las organizaciones campesinas. Entre 1980 y 1996 el número de invasiones afectó 1 820 predios, sólo entre 1989 y 1996 se dieron 1 670 ocupaciones; es decir, 91.7 por ciento del total correspondió a esta segunda etapa. Se trataba de ejercer presión para obtener las tierras, solicitadas muchas veces años antes y cuyas demandas no fueron satisfechas; bien porque se había decretado el fin del reparto agrario, o bien porque los campesinos encontraron en el CEOIC un canal de expresión para hacer valer sus demandas.

 

LOS ACUERDOS AGRARIOS COMO ÚLTIMA ACCIÓN AGRARISTA SUI GENERIS

 

Los Acuerdos Agrarios en Chiapas:
¿una política de contención social?

María Eugenia Reyes

 

La compra de tierras a los propietarios, para ofrecerla en dotación o venta a los campesinos que la solicitaban, no es un fenómeno nuevo en Chiapas, es una tendencia impuesta con diferentes nombres desde Sabines a González Garrido. A raíz del conflicto zapatista se ha revitalizado y se ha colocado en el centro de la política agraria de la identidad.41 El origen de los Acuerdos Agrarios está en la creación, el 28 de enero de 1994, por parte del gobierno del estado, de la Comisión Plural Agraria, instancia que asumiría la responsabilidad de analizar las demandas ya citadas del CEOIC, para buscar dar solución a los problemas agrarios en Chiapas. El 14 de abril de 1994 se formó la Comisión Ejecutiva Agraria, que sería la encargada de dar cumplimiento a los compromisos asumidos, y la Comisión de Concertación para la Adquisición de Predios, que tendría como tarea comprar tierras para satisfacer las demandas de los campesinos e indígenas de la entidad.42 El 19 de marzo de 1996, en Palacio Nacional, las organizaciones campesinas y el gobierno federal pusieron en marcha los Acuerdos Agrarios para el estado de Chiapas. Dos meses más tarde, el 19 de mayo, en la Casa de la Cultura de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se llevó a cabo el "Proceso de conclusión de los Acuerdos Agrarios. La producción, el nuevo reto". En ese acto fueron evaluados los avances de las acciones para resolver el problema de la tierra.

Algunos estudiosos del contexto de Chiapas dicen que la mayor parte de los predios adquiridos se concentraron en cuatro regiones, de un total de nueve en que está dividido el estado: "La región centro con 24.97% de los predios; la región Selva con 21.54%; en menor proporción la región Fronteriza con 14.65% y la región Frailesca con 12.94%; en conjunto las cuatro regiones concentran 71.4% de los predios adquiridos".43 ¿Quedarán latifundios simulados en otras regiones? Por otra parte, es necesario tener en cuenta que la venta de los predios fue libre. Villafuerte opina que los recursos fueron insuficientes "[...] para resolver las demandas de las organizaciones campesinas que todavía mantienen la idea de que hay tierra por repartir, a pesar de que el reparto agrario ya ha terminado y los acuerdos agrarios firmados por diversas organizaciones prácticamente han concluido".44 Opina además que lo que existe actualmente es un proceso de minifundización, que también está presente en el sector privado.

El representante especial de la SRA en el estado de Chiapas planteó en su momento que se había logrado la firma de los Acuerdos Agrarios para 60 organizaciones campesinas y 95 grupos independientes. "Fue así como sellamos el compromiso de incorporar a la tierra a un poco más de 60 mil familias del Chiapas rural y marginado".45 Indicó que el promedio de los predios adquiridos pasó de 102 hectáreas a 86, 71 y 70, distribuidos en toda la geografía chiapaneca. "Esto nos demuestra cuál es el tipo de propiedad existente en nuestro estado [...] La frontera agraria en Chiapas se ha agotado, lo confirma igualmente el hecho de que el 62% de su territorio es propiedad social, porcentaje muy por arriba de la media nacional [...] más de 4.6 millones de hectáreas son propiedad de ejidatarios, comuneros y ahora fideicomisarios, quienes seguramente, al momento de liquidarse los fideicomisos, optarán por incorporar sus tierras al régimen ejidal".46 ¿La firma de los Acuerdos Agrarios representó el límite de la gran propiedad de la tierra?

"Como se puede observar [...] las 11 organizaciones, que representaron el 18% de las organizaciones consideradas en la compra de tierras, se beneficiaron con casi el 50% de la tierra acordada y entregada, lo que evidencia una fuerte polarización, pues más del 80% de éstas, incluyendo 120 grupos independientes, se beneficiaron sólo con la mitad de las mismas".47 No obstante, el problema de la tierra no está resuelto en Chiapas. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoce que existen cuatro zonas de ingobernabilidad forestal en Chiapas: la zona noroeste de Cintalapa, la reserva de la biosfera de Montes Azules en la Lacandonia, la reserva de la biosfera El Triunfo en La Concordia y la zona de Marqués de Comillas también en la Lacandonia.48 No podemos negar los enormes problemas de los desplazados y la situación de miseria en que viven, por tanto los conflictos continúan.

 

¿SÍNTESIS DE LA ACCIÓN AGRARIA? SISTEMAS DE PROPIEDAD EN CHIAPAS

La información del Censo Agrícola Ganadero Ejidal de 1994 presenta algunas variaciones, con una superficie ejidal más reducida. Indudablemente es de una fecha anterior a los Acuerdos Agrarios y la diferencia puede coincidir con la acción agraria puesta en marcha a partir del surgimiento del EZLN en el escenario nacional, y la dotación de tierra otorgada a algunas organizaciones demandantes mediante la compra, por parte del gobierno, a los propietarios privados. Paralelamente el gobierno dio por concluida la reforma agraria en el estado. En el cuadro 8 se observa la ventaja de extensión promedio de tierra en favor de los propietarios privados, que poseen también las tierras de mejor calidad.

Por otra parte, si a las tierras del sector social les restamos las superficies que Reyes indica que hasta 1984 no habían sido ejecutadas, 792 105 hectáreas —lo que es difícil que haya sido después, porque con los gobiernos neoliberales se dio por terminada la acción agraria— los promedios de tierra del sector social (ejidos y comunidades) serían 13.7, en lugar de 16.0. Si dejamos a las comunidades intocadas, que además tienen tierras de ínfima calidad, los promedios del sector ejidal, descontando las tierras dotadas pero no ejecutadas, serían de 10.2 hectáreas, promedios muy lejanos respecto de las casi 77 hectáreas promedio de los predios privados.

A partir de la reforma al artículo 27 constitucional se dio un aumento en las expropiación de tierras del sector social, mismas que representan 62.4 por ciento de las tierras expropiadas en Chiapas y 45 por ciento de las expropiadas en el ámbito nacional. Esto indica que, como en el caso de San Mateo Atenco y otros más, los gobiernos neoliberales disponen de las tierras del sector social para lo que en sentido amplio denominan "expropiación por causa de utilidad pública", aunque en realidad corresponde a los negocios privados de un reducido grupo.49 Un caso similar sería el de TV Azteca en el Distrito Federal, en el que se favoreció al consorcio en detrimento de los ejidatarios, aunque ello signifique quitarle a un grupo de la población sus precarias condiciones de reproducción social.

 

ALGUNAS FORMAS DE ACCESO DE LOS CAMPESINOS E INDÍGENAS A LA TIERRA

Las formas mediante las cuales los ejidatarios acceden a sus tierras parceladas están determinadas por las condiciones socioeconómicas y culturales que conforman las grandes regiones del país, mismas que son fortalecidas por las características que en cada una de ellas adquiere el reparto agrario. Esto explica la distribución geográfica de las vías de acceso a la tierra, en donde destaca la concentración del acceso a partir de los lazos familiares (herencias y cesiones de familiares o cónyuges), en las entidades del centro del país.

En Chiapas el acceso a la tierra por acciones agrarias (dotaciones o ampliaciones) es significativo, en la actualidad 28.1 por ciento de los ejidatarios accedió a la tierra por esta vía. Lo que significa que estamos hablando de segundas y terceras generaciones de ejidatarios. Estos sujetos le imprimen un nuevo significado a su relación con la tierra. La vía de acceso mediante lazos familiares es la forma más importante, ya que involucra al 45.3 por ciento de los ejidatarios, a la mayor parte de las mujeres y, sobre todo, a la mayoría de los sujetos agrarios con predios más pequeños y fraccionados. Por lo anterior, se concluye que esta es la principal vía de acceso a la tierra, pero también la que más contribuye al agravamiento del minifundio.50

 

II. ¿DEL LATIFUNDISMO AL MICROFUNDISMO EN CHIAPAS?

 

[...] abandonados, en medio de la explotación y marginación, miles de indios y cam
–pesinos iniciaron hace tres décadas la colonización de la selva chiapaneca, en busca
de un pedazo de tierra donde sobrevivir. Huyeron de la miseria, pero volvieron a ser
víctimas de los grandes finqueros, de los acaudalados comerciantes y de los talamontes.

(Proceso, 1994)

 

Algunos investigadores consideran que en Chiapas existe un fuerte proceso de minifundio, tanto en el sector social como en el privado. El problema no es nuevo, aun en los momentos de mayor concentración de la tierra, latifundismo y microfundismo convivieron en los espacios productivos de la entidad, incluso en la zona de mayor presión sobre la tierra como históricamente fue la región de Los Altos. Esto es consecuencia de que la reproducción social de la población se da fundamentalmente en la agricultura, que debe hacer frente al crecimiento natural de la población económicamente activa (PEA). En este escenario, tenemos a los propietarios menores de 5 hectáreas, que en 1994 representaban 43 por ciento del total de propietarios privados y poseían 2.2 por ciento del total de la tierra del sector privado, con promedios de tierra por predio que apenas alcanzan las 3 hectáreas.51 El problema existe también en el sector social, en el que 38.1 por ciento del total de propietarios posee menos de 5 hectáreas.52

Las fuentes de información presentan grandes diferencias respecto de las tierras del sector social en Chiapas, la mayor divergencia está en las tierras ejidales. En 1994, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),53 reportó una superficie ejidal de 2 041 267 hectáreas y 245 576 beneficiarios, con un promedio de tierra por ejidatario de 8.3 hectáreas. En este sector existe asimismo una gran diferenciación: un grupo de 127 678 ejidatarios, que representa 52 por ciento del total, poseen sólo 15 por ciento de la superficie ejidal, con promedios de 2.4 hectáreas por beneficiario, mientras que 48 por ciento posee 85 por ciento de la superficie, con un promedio de 14.6 hectáreas. Es decir, el segundo grupo tiene una superficie más de seis veces superior al primero.

Existe una gran diferencia en la superficie ejidal entre las cifras del INEGI correspondientes a 1994 y las cifras aportadas por el RAN para 1999. Si bien es verdad que en este tiempo se dieron los Acuerdos Agrarios entre el gobierno y las organizaciones campesinas para la compra de tierras con el fin de satisfacer las demandas del sector, los promedios de tierra fueron de 2.7 hectáreas por beneficiario. Mediante los Acuerdos Agrarios, el gobierno había acordado con las organizaciones la compra de 250 000 hectáreas para los campesinos, pero sólo entregó 195 000 hectáreas. Grosso modo, sumada esta cifra con la superficie ejidal54 reportada por el INEGI en 1994 —a pesar de que no está claro el sistema de tenencia derivado de estos acuerdos—, tendríamos una superficie ejidal de 2 286 267 hectáreas, con promedios aproximados por ejidatario de alrededor de ocho hectáreas. Las perspectivas a futuro no parecen muy prometedoras. No obstante, queremos constatar que las cifras del RAN nos dan superficies notablemente superiores y un número de beneficiarios inferior a las cifras proporcionadas por el INEGI.

 

FRACCIONAMIENTO Y MINIFUNDISMO DEL SECTOR SOCIAL EN CHIAPAS55

El minifundio es considerado como una limitante a la viabilidad de la unidad productiva ejidal y un impedimento para el desarrollo del sector agrario del país. El minifundio es la unidad de producción más difundida en el campo mexicano. Según los datos del Procede, en Chiapas 63.4 por ciento de los ejidatarios tiene menos de 10 hectáreas, y de éstos 38.1 por ciento poseen menos de 5 hectáreas. Asimismo, poco más del 36 por ciento de los ejidatarios tienen fraccionado su predio en tres o más parcelas. En el campo chiapaneco es común encontrar que la unidad de producción que poseen los ejidatarios esté fraccionada y dispersa. En la entidad, los sujetos con derecho a la tierra parcelada tienen 2.7 parcelas en promedio. Si desagregamos la información vemos que tiene 43.5 por ciento de los beneficiados una parcela; 20.2 por ciento, tiene dos; 11.3 por ciento tiene tres y 25 por ciento tiene más de tres. Estos últimos tienen en promedio 6.3 parcelas por ejidatario. Por su parte, los posesionarios tienen la tierra fraccionada de manera semejante, aunque más de la mitad poseen sólo una parcela.

La segmentación que se dará en los predios, según se observa en las listas de sucesores, se debe en parte a que con el Procede los ejidatarios reciben un certificado por cada una de las parcelas o fracciones de tierra que poseen, y otro por las tierras de uso común; a pesar de la ley, la existencia de varios certificados ha permitido registrar, con mayor o menor flexibilidad según el caso, a beneficiarios diferentes.56

De acuerdo con el tamaño del predio, 38.1 por ciento de los ejidatarios tienen predios de 5 hectáreas o menos, poseen 10.7 por ciento de la superficie y, en promedio, una extensión de 3.1 hectáreas; 25.3 por ciento de los ejidatarios poseen predios mayores de 5 y hasta 10 hectáreas, usufructúan 19.4 por ciento de la tierra y el tamaño promedio de sus predios es de 8.4 hectáreas; 14.2 por ciento tiene más de 10 y hasta 15 hectáreas, son dueños de 17.2 por ciento de la superficie y el promedio de sus predios es de 13.2 hectáreas. El 6.9 por ciento de los ejidatarios cuyos predios son mayores de 25 hectáreas tienen en promedio de 37.8 hectáreas y poseen 24 por ciento de la superficie ejidal parcelada. 57

 

III. EL FONDO CHIAPAS Y EL PLAN PUEBLA–PANAMÁ ¿UNA RESPUESTA
A LOS PROBLEMAS DE LOS PUEBLOS INDIOS Y CAMPESINOS DE CHIAPAS?

 

Así las visiones superficiales de la época actual, que diagnostican el triunfo del mercado
sobre la política, y de la sociedad civil sobre el Estado, todo esto en el marco de un
proceso de democratización global, son profundamente revisadas y juzgadas como unila
–terales, erróneas e insuficientes, pues parecieran desconocer la entraña del capital.

Joachim Hirsch.

 

LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Y SU VINCULACIÓN CON EL CAPITAL GLOBAL

La vinculación de Chiapas con el mercado mundial se hizo a partir de los productos de las plantaciones. Chiapas se vinculó históricamente al mercado externo por medio de la agroexportación. En el mercado nacional destacó la producción extensiva de carne por parte de un creciente grupo de grandes productores que durante años expandió sus dominios sobre las tierras de la nación; en Chiapas la producción de carne se caracterizó por la ganadería extensiva, propiedad de los grupos de poder de la entidad, cuya rentabilidad dependía de la elevada disposición de tierra. La expansión de los grupos de capital sobre los espacios rurales ha sido la manera más fácil de hacer negocios. Ocuparon también otros espacios de reproducción social: el comercio, el poder político, la explotación forestal, la producción y exportación de café, el sector servicios, etcétera. Actualmente estos grupos aparecen como poco funcionales para los intereses del capital mundializado y, en cierta manera, están siendo desplazados por los grupos del capital global. Este desplazamiento se hace notable en los proyectos del grupo que integró el Fondo Chiapas, principalmente en el marco más amplio del Plan Puebla–Panamá (PPP), un proyecto que globaliza los espacios mesoamericanos de acuerdo con los intereses del capital global, tanto de origen nacional como mundial. ¿Qué tanto estos proyectos representan nuevos modos de concentración de la tierra y, por tanto, nuevas formas de agresión a las formas de reproducción de los pueblos indígenas de Chiapas?

 

DEL FONDO CHIAPAS AL PLAN PUEBLA–PANAMÁ. LAS EXPECTATIVAS

Los gobiernos federal y local, desde 1994, han tratado de impulsar proyectos de desarrollo de acuerdo con los esquemas propuestos por los grupos de capital, con la creación del Fondo Chiapas.58 Después del levantamiento zapatista, el gobierno del estado y algunos consorcios nacionales construyeron el Fondo Chiapas con el propósito de impulsar la modernización del estado con base en proyectos que iban de la inversión de cantidades millonarias en plantaciones forestales en los municipios del norte del estado, por parte del Grupo Pulsar, a la acuacultura, el turismo, la maquila, etcétera. Los socios fundadores del Fondo Chiapas son grupos representativos de los consorcios empresariales y financieros, como: El Porvenir, Grupo Escorpión, Bancreser, Serfin, Grupo Mexicano de Desarrollo, Grupo Modelo, Nafin y el gobierno del estado de Chiapas.59 El Fondo Chiapas, constituido originalmente con un capital de 18 millones de pesos, alcanzó en 1997, 100 millones de pesos. A partir de entonces se han incorporado nuevos socios: Minsa, Maseca y Bital, hasta llegar a un total de doce. El grupo está formado, en gran parte, por controvertidos personajes que hicieron su fortuna durante el salinismo, actualmente convertidos en los intocables del sistema.

Con este proyecto se observa cómo los viejos actores sociales del estado comienzan a ser desplazados por otros que si bien son nacionales están insertos en la globalización. Como fuerza económica los viejos actores pierden terreno a medida que se impone en el país el proyecto neoliberal–global. Esta tendencia se observó en el ámbito nacional a partir del gobierno de Salinas de Gortari y de la llegada de González Garrido al gobierno de la entidad, y se agudizó a partir de 1994 con las políticas de desarrollo para Chiapas, como el Fondo Chiapas, en el que los nombres de los antiguos caciques empezaron a formar parte del grupo que encabeza los nuevos proyectos para el estado, proyectos que irían tomando cuerpo en las acciones encaminadas a instrumentar lo que actualmente se denomina el Plan Puebla–Panamá.

La propuesta de la Secofi para Chiapas pone el acento en la reconversión productiva. Se sustenta en las ventajas comparativas y abarca actividades como: la ganadería, la silvicultura, la pesca, el turismo y la agroindustria. El proyecto contempla la reconversión productiva, con énfasis en la introducción de productos no tradicionales, y el apoyo a las actividades de exportación que ya existen.

En contraparte, se pretende desestimular la producción de maíz, disminuyendo 50 por ciento la superficie sembrada, y de café a un tercio —de 231 000 hectáreas a sólo 76 000—, mientras que en otros productos ya implantados la producción constituye la materia prima para los proyectos agroindustriales del Fondo Chiapas. El proyecto pretende incrementar la superficie cultivable en aquellos productos que lo ameriten, como el caso del marañón, que se quiere aumentar hasta 20 000 hectáreas, el cacao hasta 40 000 has., el mango a 20 000 has., el hule 15 000 has., y el plátano hasta 40 000 has.; así como otros que forman parte del grupo de productos de exportación para los que se establece un sistema de incentivos. La reconversión productiva afectaría al 70 por ciento de los productores de café, un grupo constituido por ejidatarios y pequeños propietarios, aproximadamente unos 56 000 productores.60 La propuesta de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) para la "reconversión productiva" de Chiapas, sigue los lineamientos del gobierno para la modernización y la inserción de la región al mercado global.

Más recientemente la Semarnat concedió al grupo Pulsar —actualmente en crisis—, 90 por ciento de los fondos de inversión para el desarrollo del proyecto de Plantaciones Forestales en la Selva Lacandona y el norte de Chiapas, y el 10 por ciento restante para los campesinos de la región. La Semarnat le concesionó al grupo también una parte de la reserva de la biosfera de Montes Azules como vivero y campo de experimentación. La pérdida de la biodiversidad en favor de una empresa para instaurar plantaciones de eucalipto, incluso en la zona de reserva, puede representar un costo inmensamente alto para el país.61 Las acciones del Fondo Chiapas están englobadas en el Plan Puebla–Panamá.

 

LAS TENDENCIAS A LA RECONCENTRACIÓN DE LA TIERRA.
ALGUNAS EXPRESIONES DEL PLAN PUEBLA–PANAMÁ

En los albores del "gobierno del cambio", un ideólogo del neoliberalismo nos describe la visión neoporfiriana de los gobiernos neoliberales:

El diagnóstico presentado [...] sugiere [...] que las políticas públicas han reprimido el desarrollo productivo del sureste al anular, en gran medida, sus ventajas comparativas. Por ello, argumentamos que existe un amplio espacio para diseñar una política que libere el potencial productivo de la región. Exclusividad del Estado en actividades estratégicas, particularmente en electricidad y petroquímica [...] el régimen de derechos de propiedad sobre los hidrocarburos y el agua también han afectado al sureste [...] región [...] muy bien dotada de petróleo y gas natural y cursos de agua [...] la larga duración del reparto agrario representó un desincentivo al desarrollo agrícola en nuestro país [...] en especial en el sureste [...] restricciones derivadas del artículo 27 constitucional vigentes hasta 1994 a poseer o arrendar grandes extensiones de tierras [...] fueron especialmente distorsionantes en el Sureste, región que tiene condiciones adecuadas para productos cuyo cultivo más eficiente se da en el contexto de una agricultura de plantación; es decir, una agricultura caracterizada por amplias extensiones donde se cultiva, en forma tecnificada, un único producto de tipo perenne [...]: café, plátano, palma africana y productos maderables, entre otros [...] Agricultura de plantación [que] se desarrolla mejor por parte de agentes económicos dotados de amplios recursos financieros [...].62

 

 

De acuerdo con lo previsto, se está dando de nuevo una reconcentración de la tierra. Todas las propuestas del Fondo Chiapas se sustentan en las grandes extensiones de tierra. La modernización y el nuevo desarrollo en la perspectiva de "modelo único", sobre la base de una concepción de concentración de los recursos y exclusión, vuelve a concentrar la tierra. Se busca obtener las ventajas del capital global y en muchas de sus actividades obtienen espacios y recursos a partir de otra razón social, como la de sociedades mercantiles, cuyas bases legales se encuentran en los cambios al artículo 27 constitucional y las leyes reglamentarias. Algunas de sus expresiones ya están a la vista. A los pueblos indígenas y campesinos se les está despojando de la tierra, como los grupos paramilitares que desalojan a las comunidades de base zapatista, o los desalojos que se llevan a cabo utilizando al ejército, con el pretexto de conservar las áreas de reserva de la biosfera, caso de Montes Azules; mientras que las zonas de reserva se manejan de manera distinta, en ellas se enseña a las poblaciones campesinas el manejo adecuado de estas áreas y se les convierte en verdaderos guardianes de la naturaleza, de la que viven. Es conocido que detrás del pretexto de desalojo existen fuertes intereses del capital global con los que el "gobierno del cambio" está comprometido.

En cuanto a las formas de acción del PPP, éstas se van dando desde varios frentes, y en cierta medida de acuerdo con las actividades que interesan y desarrolla el capital global, que se va interconectando como grupo de fuerza desde los espacios locales y gubernamentales. En el escenario del sureste y en el marco del PPP, los grupos de capital global, tanto externos como nacionales–desnacionalizados, tratan de construir grandes proyectos, incluso en los espacios de la reserva de Montes Azules. Es en esta región Grupo Pulsar tiene un enorme proyecto —además de otros en distintas regiones de Chiapas—, que involucra grandes extensiones de tierra; esta apropiación va en contra de los territorios que desde hace años ocupan los indígenas, donde reproducen sus medios de sobrevivencia y sus espacios sociales, en los que construyen nuevas comunidades con nombres similares a las originarias.

 

¿ESTAMOS ANTE UNA NEOCOLONIZACIÓN DE LA SELVA?

A fines de 2002 una situación paradójica apareció en la Selva Lacandona: el desalojo, por parte del gobierno federal, de grupos de colonizadores, principalmente bases zapatistas, de la zona de la reserva de la biosfera de Montes Azules, según los representantes del gobierno, por cuestiones ecológicas. El desalojo se dio bajo la presión de las autoridades de Semarnat en el estado de Chiapas y la etnia lacandona, a pesar de que en las reservas de la biosfera está permitido conciliar el uso susten–table de recursos con la conservación.

La visita a la selva por parte de un grupo de estadounidenses que se trasladaron en 22 jeeps con matrícula —y algunos con bandera— estadounidense preocupó a las comunidades establecidas en la zona: en cada vehículo viajaban cuatro personas y el hombre que encabezaba el grupo tenía aspecto militar, los jeeps seguidos y escoltados por un camión de tres toneladas y un microbús, cargados con alimentos y equipo, y se dirigían hacia las lagunas Nahá y Sibal. Según la ARIC Independiente y Democrática, estos visitantes manifestaron interés por la compra de tierras y el conocimiento de las lagunas, ríos y los recursos de la región en general.

Otro grupo de 16 jeeps se internó en la cañada de Patihuitz, rumbo a San Quintín y la laguna de Miramar. Fotografiaron ríos y montañas. La ARIC Independiente denunció formalmente la incursión: "ambos convoyes estaban compuestos por norteamericanos que pasaban por los pueblos intentando comprar tierras y solicitando que los llevaran a los ríos y lagunas. Específicamente se le oyó decir que la laguna Sibal era un lugar ideal para instalar un hotel de 'ecoturismo', luego de que mediante un 'sonar' identificaron restos arqueológicos".63 Es necesario tener en cuenta que la región de Montes Azules es una zona cuyos ecosistemas cuentan con una enorme biodiversidad, que es codiciada y está en la mira de varias trasnacionales. Asimismo, un grupo compuesto por 38 jeeps estadounidenses entró a la selva a fines de noviembre, su ingreso fue permitido por el ejército mexicano, transportaban turistas japoneses, israelíes, holandeses, tailandeses, sudafricanos, guatemaltecos y mexicanos. Las selectas élites del modelo neoliberal–global, al parecer eran turistas de diferentes nacionalidades en busca de aventura, patrocinados por una empresa automotriz japonesa que proporciona vehículos bajo el lema: "El hombre y la máquina unidos por la naturaleza".64

Un tercer grupo de visitantes lo conforman los interesados por el turismo ecológico. Según el mismo articulista, crece la lista de empresarios interesados en invertir en la reserva de la biosfera para impulsar esta actividad. Actualmente existe un proyecto hotelero de lujo que está construyendo un empresario nacional, apoyado por la Secretaría de Turismo, en la laguna de Lacanjá Chensayab, dentro de la reserva de Montes Azules, próximo al sitio arqueológico de Bonampak; la construcción parece que está dividiendo a la comunidad Lacandona. Otro proyecto hotelero se abrió mediante la transformación de la estación de observación biológica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en un hotel de ecoturismo de altura, con precios muy elevados, cuya transformación se atribuye a la ex secretaria de la entonces Semarnap en el sexenio pasado. "El gobierno pretende desalojar Montes Azules mientras permite y estimula proyectos turísticos de lujo que ni siquiera se promueven en México".65

Un cuarto proyecto que alarma a las poblaciones es la inminente construcción al parecer de las presas hidroeléctricas en la cuenca del río Usumacinta y el aumento de la presencia del ejército fuertemente armado en la región, así como la presión que ejercen las autoridades en algunas regiones para condicionar los Fondos Regionales de Seguridad a que los pueblos se abstengan de participar en contra de la construcción de las represas y del Plan Puebla–Panamá.66

"En Nuevo Huixtán se proyectan al menos dos represas, binacionales con aguas de los ríos Lacantún, Santo Domingo, Chixoy; Ixcán y otros. Una más, la mayor, se construiría entre Tenosique (Tabasco), las tierras bajas de Chancalá (Chiapas), y la cuenca de los ríos Pasión, Salinas y Usumacinta (Guatemala), la famosa, siempre pospuesta y negada, y por lo visto ya en marcha, la construcción de la presa Boca del Cerro",67 de concretarse el sistema de represas del río Usumacinta quedarían bajo las aguas 72 500 hectáreas de tierras indígenas y selva, un área de 725 kilómetros cuadrados, 300 en Guatemala y 425 en Chiapas.68

Estas presas podrían costar a los habitantes de la región sus tierras y propiedades. "La presión sicológica del ejército, en el Segundo Encuentro Chiapaneco contra el Neoliberalismo ilustra de manera elocuente la renovada agresividad oficial para abrir paso a las inversiones y los compromisos internacionales, mismos que presentan dos rostros: el ambientalista [declarativo] y el depredador feroz [real], ¿Quién salvará de sus 'salvadores' a la selva de Chiapas?".69

La región del sureste constituye, asimismo, un espacio en donde los políticos del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presionan a las comunidades indígenas de la península de Yucatán para que vendan sus tierras a demandantes de Estados Unidos, Japón y Alemania. El libre mercado de tierra se va apropiando de pedazos del territorio nacional que dejan de pertenecer a los mexicanos, de la misma manera que la arena de la isla de Cozumel y de la península de Baja California se convierte en un jugoso negocio para los mexicanos que la venden a Estados Unidos. Pero no sólo es la tierra, algunos investigadores dicen que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presiona para que el Corredor Biológico Mesoamericano pertenezca a los grupos privados y no a las comunidades indígenas,70 de manera que se eliminen los obstáculos para que la megadiversidad entre al circuito del capital global, obstáculos que impiden el acceso a la biodiversidad que posee la región, de la que generosamente la ha dotado la naturaleza, aunque siempre sustentada por los conocimientos de los pueblos indios del país.

Todo se comercializa en función de enunciados ideológicos denominados neoliberalismo y globalización que justifican la venta del territorio y sus recursos a intereses nacionales y extranjeros, por parte de los mexicanos que ejercen el poder político y económico del país, mediante los cuales se justifica el despojo de la tierra y de los medios de sobrevivencia de las comunidades indígenas, en escenarios en los que el turismo ecológico y la sustentabilidad se convierten en expresiones vacías de contenido. Si algo no debemos olvidar los ciudadanos de este país son los compromisos del Estado mexicano con los pueblos indios, contraídos en los Acuerdos de San Andrés, en febrero de 1996, y que fueron traicionados por el mismo Estado.

 

REFLEXIONES FINALES

La tierra–territorio está en el centro del conflicto chiapaneco. La tierra y las condiciones de vida siguen siendo el centro de las demandas porque representan el medio de reproducción social,71 lo que implica la reproducción biológica y cultural de la población, principalmente de los pueblos indios. En torno a la tierra se tejió su cosmovisión, es decir, su sistema de creencias, su cultura y tradiciones se vinculan estrechamente con la naturaleza. La tierra y los medios para hacerla producir son recursos imprescindibles para la población campesina y más todavía para los pueblos indios, como siempre lo han sido a través de la historia. Como medio de reproducción social para los campesinos y los pueblos indios, la tierra–territorio seguirá siendo motivo de lucha y conflicto en el presente, como ya lo estamos viendo, y no hace falta ser un visionario para decir que también lo será en el futuro. Una historia protagonizada por los pueblos indios en constante lucha con sus agresores que, aun cambiando su fisonomía, no se diferencian en sus objetivos. Por ello, compartimos la idea de que es necesario concebir el reparto agrario como un proceso definido por el conflicto de intereses que se manifiesta no sólo en la lucha por la tierra, sino también en la lucha por los recursos y la defensa del territorio.72

Grosso modo, el estado de Chiapas se caracteriza por una economía muy vinculada al sector primario, incluso en los productos para el mercado nacional y exterior. Dos grupos extremos caracterizan su situación socioeconómica: los pueblos indios y los descendientes de los conquistadores, cuya visión peyorativa hacia los pueblos originarios se expresa en la intolerancia e incluso en el racismo. Como dice Alicia Castellanos, "lo universal es definido a partir de una escala única de las civilizaciones, en cuya cima se encontraba Occidente, negando las diferencias étnicas y regionales"73 y esto fue trasladado a las poblaciones con culturas diferentes a la del conquistador. Es por ello que los conflictos estuvieron históricamente vinculados a la tierra, conflictos que no han desaparecido.

¿En qué responden las políticas gubernamentales expresadas en el PPP a las necesidades de los indígenas? Es necesario buscar una nueva racionalidad en torno a las explotaciones campesinas, con sustentabilidad ecológica y formas de uso intensivo basadas en la rotación de cultivos que superen los paradigmas únicos y unilineales. Posiblemente será necesario buscar formas de reproducción social desde la lógica campesina mediante una agricultura ecológica y en función de la satisfacción de las necesidades, principalmente para las comunidades campesinas con una cosmovisión específica arraigada en la tierra. Sería necesaria una nueva forma de racionalidad para hacer posibles las formas de sobrevivencia campesina. Con los gobiernos neoliberales este planteamiento no deja de representar una utopía. No obstante, creemos que debe ser una utopía convertible en una meta hacia la que es necesario caminar. En Chiapas ya existen experiencias.

Otro de los mitos en los que se apoya la venta del país es el turismo ecológico para aquellos que pueden disfrutar a sus anchas de la naturaleza en espacios centrales (Montes Azules), frente a las Lagunas de Miramar —con campos de golf, tan de moda para los imitadores del imperio— o en los remansos del Cañón del Sumidero, de los que se despoja a los lancheros de Chiapa de Corzo, o al turismo popular que iba a tomar su taxcalate al mirador del Cañón. Los pobres ya no pueden contemplar las bellezas naturales, mientras que para el capital global el turismo "ecológico" no es más que un término vacío de contenido.

Más que volver a un neoporfirismo trasnochado, sería importante buscar una nueva racionalidad económica y social para elaborar estrategias diferentes mediante la puesta en marcha de auténticas políticas públicas, a las que no se les dé el sentido neoliberal y en las que participe la población. Ante casos que son denunciados por los conocedores de la zona y los medios de comunicación, nos surge una pregunta: ¿con el PPP estamos ante la reconstrucción de una nueva versión porfiriana de explotación de la tierra y los recursos en Chiapas, en particular y en general del sureste?

En el PPP todo parece indicar que la función del gobierno es la integración y acondicionamiento de la región mesoamericana, un tanto recortada, para el ingreso del capital global. Un paradigma neocolonizador, un intento por regresar al México bárbaro porfiriano, en el que a la luz de los cambios al artículo 27 constitucional y, en general, al marco jurídico que regula tierras, bosques y agua,74 nos regresa de nuevo a las plantaciones tropicales, y esperemos que no, a las formas de vida que Bruno Traven describe en la Rebelión de los colgados, porque "el moderno México —porfiriano—, agroexportador, era también el México bárbaro".75

La situación chiapaneca genera una interrogante: dadas las necesidades sociales y la vulnerabilidad tanto de la tierra como de los recursos, así como de las formas de dominio y explotación que se comienzan a atisbar en el marco del PPP, que ponen en riesgo la biodiversidad de la región y la reproducción social de los pueblos indios y campesinos ¿no sería necesario como alternativa rescatar y fortalecer una agricultura familiar, pluriactiva y ecológicamente sustentable, así como cumplir con los Acuerdos sobre cultura y derechos de los pueblos indígenas?

 

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NOTAS

1 "Las causas de una rebelión india: Chiapas, 1712" en Juan Pedro Viqueira y Mario Humberto Ruz (editores), Chiapas. Los rumbos de otra historia, Centro de Estudios Mayas de la UNAM/CIESAS/ CEMCA/Universidad de Guadalajara, México, 1998, pp. 103–104, primera reimpresión.

2 M. Mc Luhan, y B.R. Powers, La aldea global, Barcelona, España, 1995.

3 "El Lacandón: una introducción histórica", en Juan Pedro Viqueira y Mario Humberto Ruz, op. cit., pp. 331 y ss.

4 EZLN, La palabra de los armados de verdad y fuego, 1994, pp. 5 y 7 .

5 Véase Antonio García de León, Resistencia y utopía, Era, México, 1998 y Juan Pedro Viqueira, "Las causas de...", op. cit.

6 Rosario Castellanos, Oficio de tinieblas, Joaquín Mortiz, México, 1977.

7 Término con el que se designa a la población de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

8 Antonio García de León, op. cit. y Juan Pedro Viqueira, op. cit.

9 María Tarrío y Luciano Concheiro, "Territorios en disputa. Orígenes de los conflictos agrarios en Chiapas", en José Flores Salgado y Federico Novelo (comps.), Innovación industrial, desarrollo rural e integración internacional, UAM–Xochimilco, México, 2000, pp. 55–57.

10 Algunos de estos apellidos son: Zepeda, Castillo Barragán, Paniagua, Guillén, Velasco, Grajales Domínguez, Castellanos, Albores, Esponda, Coutiño, Pineda, etcétera. Historia del Honorable Congreso del estado de Chiapas, Chiapas, México, 1994, pp. 20 y ss.

11 Moisés de la Peña, Chiapas económico, t. II, capítulo III, Departamento de Prensa y Turismo, Gobierno del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1951; Henri Favre, Cambio y continuidad entre los mayas de México, Siglo XXI Editores, México, 1973.

12 Moisés de la Peña, op. cit., pp. 335–336.

13 John Kenneth Turner, México Bárbaro, Costa Arnic–Cordemex, 1965, citado por Armando Bartra, El México Bárbaro, plantaciones y monterías del sureste durante el Porfiriato, El Atajo, México, 1966, p. 13.

14 María Eugenia Reyes Ramos, Conflicto agrario en Chiapas: 1934–1964, UAM–Xochimilco/ Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, México, 2002, p. 15.

15 Luis M. Fernández y María Tarrío, Ganadería y estructura agraria en Chiapas, UAM, 1983, p. 137. Asimismo, Daniel Villafuerte, María del Carmen García y Salvador Meza, La cuestión ganadera y la deforestación. Viejos y nuevos problemas en el trópico y Chiapas, Gobierno del estado de Chiapas/Universidad de Ciencias y Artes del estado de Chiapas, 1997.

16  Revista México ganadero, núm. 238, enero de 1978, p. 43, en Luis M. Fernández y María Tarrío, op. cit., p. 143.

17 Ibidem., pp. 142–143.

18 Entrevista al licenciado Leyver, realizada en la sede de la CNC, Tuxtla Gutiérrez, 25 de julio de 1978, en Fernández y Tarrío, op. cit., pp. 143–144.

19 Ibidem.

20 Denominación correspondiente al sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

21 María Eugenia Reyes, El reparto de tierras y la política agraria en Chiapas 1914–1988, UNAM, México, 1992, p. 136, Anexos estadísticos.

22 Ibidem, p. 139.

23 Al respecto véase Luciano Concheiro y María Tarrío, "De la tierra y otros sueños enfrentados al Leviatán. La reciente cuestión agraria en Chiapas", en José Flores y Ramón Tirado (comps.), Economía industrial y agrícola en México, UAM–Xochimilco, México, 2001, pp. 42 y ss.

24 Véase Fernández y Tarrío, op. cit., capítulo IX.

25 Juan Pedro Viqueira y Mario Humberto Ruz, op. cit., p. 9.

26 Ibidem, p. 104.

27 Procuraduría Agraria, artículo 27 constitucional, fracción XV, Nueva Legislación Agraria, p. 34.

28 Joel Rojo Orta, La situación, op. cit., p. 105.

29 Al respecto véanse Joel Rojo Orta, op. cit., y Luciano Concheiro y María Tarrío, "De la tierra...", op. cit., pp. 42–45.

30  Joel Rojo Orta, op. cit., p. 122. Al respecto véase Maya Lorena Pérez Ruiz, ¡Todos somos zapatistas! Alianzas y rupturas entre el Ejército Zapatista y las organizaciones indígenas, tesis de doctorado en Ciencias Antropológicas, UAM–Iztapalapa, México, 2000, capítulo III.

31  Maya Lorena Pérez, op. cit. p., 136.

32 Idem.

33 A la sazón, secretario de la Sedesol.

34 Maya Lorena Pérez, op. cit., pp. 137 y ss.

35  La Jornada y El Universal, 13 de junio de 1994, en Maya Lorena Pérez, op. cit., p. 151.

36  Maya Lorena Pérez, op. cit., pp. 51–52.

37 Joel Rojo Orta, op. cit., pp. 109 y 111.

38 Gobierno del estado, Secretaría de Desarrollo Rural y Ganadería, Padrón de Rentas Compensatorias, 1994.

39 Joel Rojo Orta, op. cit., p. 123.

40 Secretaría de Desarrollo Agrario, Gobierno del estado de Chiapas, Diagnóstico de la situación agraria de Chiapas, enero de 1995, y Memoria de Gestión, 1996.

41  María Eugenia Reyes, "Los Acuerdos Agrarios en Chiapas: ¿una política de contención social?", en María Eugenia Reyes et al., Espacios disputados. Transformaciones rurales en Chiapas, UAM/Colegio de la Frontera Sur, 1998, p. 21.

42  José Becerra, et al., "Los Acuerdos Agrarios en Chiapas", Estudios Agrarios, Procuraduría Agraria, núm. 3, abril–julio de 1996, pp. 155–156.

43  Daniel Villafuerte Solís, "El problema agrario en Chiapas durante el primer año del nuevo milenio", mimeo, México, 2003, p. 4.

44 Idem.

45  "Proceso de conclusión de los Acuerdos Agrarios: la producción, el nuevo reto", Estudios Agrarios, núm. 9, 1998, p. 170.

46 José Becerra O'Leary, "Proceso de conclusión de los Acuerdos Agrarios: la producción, el nuevo reto", Estudios Agrarios, núm. 9, 1998, p. 170.

47 Villafuerte, op. cit., p. 5.

48 Antonio Cruz Coutiño, "Chimalapas y Montes Azules", mimeo, 2002.

49 Laura Ruiz Mondragón y Guadalupe Ángeles Sánchez, Guía de expropiación de bienes ejidales y comunales del Archivo General Agrario, Registro Agrario Nacional/Ciesas, México, 2001, pp. 25–27.

50 Sector Agrario y Procuraduría Agraria, "Ejido tipo por estado. Tendencias del campo chiapaneco", Estadísticas Agrarias, 2000, p. 37, disco compacto

51 Estimado a partir del INEGI, VII Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal, 1994, t. I, p. 32.

52 Villafuerte, op. cit., p. 1.

53 INEGI, op. cit., p. 32.

54 A pesar de que no sabemos cuál ha sido el régimen de tenencia, nos imaginamos que se reconocieron derechos individuales y el dominio pleno.

55 Esta parte fue tomada del documento del Sector Agrario y Procuraduría Agraria, op. cit., 2000, pp. 38–39.

56 Idem.

57 Sector Agrario y Procuraduría Agraria, op. cit., p. 293.

58  Cuarto poder, 18 de agosto de 1997, p. 9, en Daniel Villafuerte, Posibles efectos de la integración comercial México–Centroamérica en los espacios rurales de Chiapas, tesis para obtener el grado de doctor en Ciencias Sociales, México, 1998, s/p.

59 Idem.

60 Villafuerte, op. cit., p. 233.

61 María Tarrío, Luciano Concheiro y Sonia Comboni, "La biopiratería en Chiapas: un análisis sobre los nuevos caminos de la conquista biológica", Estudios Sociales, vol. XII, núm. 24, julio–diciembre de 2004, p. 71.

62 Santiago Levy, et al., El sur también existe: un ensayo sobre desarrollo regional en México. Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 2000, en Armando Bartra, op. cit., pp. 37–38.

63 Hermann Bellinghausen, La Jornada, 9 de diciembre de 2002, p. 13.

64 José Antonio Román, "Especulación turística en Montes Azules", La Jornada, 17 de diciembre de 2002.

65 Idem.

66  Hermann Bellinghausen, La Jornada, 11 de febrero de 2003, p. 8.

67 Idem.

68 Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, La Jornada, 12 de febrero de 2003, p. 8.

69 Idem.

70 Información del biólogo Germán Méndez Cárdenas, investigador en el estado de Campeche, enero de 2003.

71 Al respecto véanse Orlandina de Oliveira y Vania Salles, "La reproducción de la fuerza de trabajo: reflexiones teóricas", Argumentos. Estudios críticos de la sociedad, núm. 4, UAM–Xochimilco, México, junio de 1988, pp. 19–43. Ladislau Dowbor, La reproducción social, Siglo XXI Editores, 1999.

72 María Eugenia Reyes Ramos, Conflicto agrario..., op. cit.

73 Alicia Castellanos, "Asimilación y diferenciación de los indios en México", mimeo, s/f y s/p.

74 Véase Luis Téllez, Nueva legislación de tierras, bosques y aguas, FCE, México, 1993.

75 Armando Bartra, op. cit., p. 39.

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