Dossier: Despojo y comunidad

 

Claves para decodificar un actor colectivo: el caso del movimiento de San Salvador Atenco

 

Keys to decode a collective actor: the case of San Salvador Atenco movement

 

Edith E. Kuri Pineda*

 

* Maestra en Estudios Políticos y Sociales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

 

Resumen

En octubre de 2001, el gobierno panista de Vicente Fox emitió 19 decretos expropiatorios con el fin de realizar uno de los proyectos más ambiciosos y redituables: la construcción de una nueva terminal aérea en la zona de Texcoco, Estado de México. Frente a esta decisión gubernamental un grupo de ejidatarios organizados emprendieron una intensa movilización encaminada a echar abajo el entonces inminente despojo. Este artículo intenta dilucidar qué factores condicionaron la constitución del sujeto atenquense. La corriente historiográfica de los Estudios de Subalternidad (Subaltern Studies), junto con el trabajo del historiador marxista Edward P. Thompson nos brindan ciertas claves interpretativas para abordar a un actor colectivo tejido entre la tradición y la modernidad.

 

Abstract

In October 2001 the Mexican president Vicente Fox issued 19 expropriating decrees to carry out one of the most ambitious projects of his administration: the construction of a new airport in Texcoco, State of Mexico. Against this decision, a group of organized peasants (" ejidatarios") initiated an intense movement to revert the imminent despoilment of land involved in the government project. This article intends to elucidate the factors that conditioned the constitution of the atenquense subject. The historiographic trends of the Subaltern Studies and the reflections of the British historian E. P. Thompson serve as an interpretative framework to approach the analysis of this collective actor, produced by the intertwinement of tradition and modernity.

 

Résumé

En octobre 2001, le président Vicente Fox prenait 19 décrets d'expropriation, pour réaliser l'un de projets les plus ambitieux de son sexennat: la construction d'un nouvel aéroport international à Texcoco, dans l'Etat de México. Face à cette décision, un groupe de paysans organisés de la commune d'Atenco se sont engagés dans une mobilisation intense pour empêcher la perte de leurs terres que le projet du gouvernement rendait imminente. Cet article se propose d'analyser les facteurs qui ont déterminé la constitution du sujet "atenquien". Le courant historiographique des Subaltern Studies et les réflexions de l'historien anglais E.P. Thompson fournissent le cadre d'interprétation pour aborder l'analyse de cet acteur collectif, tissé entre la tradition et la modernité.

 

La acción colectiva constituye uno de los temas más discutidos en la sociología, la ciencia política y la historia. Posiblemente uno de los rasgos más notables sea su carácter multidimensional, que entrevera factores históricos, culturales, políticos y sociales. No obstante, al revisar las posturas teóricas que han abordado la acción colectiva, es común encontrarse con enfoques que priorizan el papel del Estado en los conflictos sociopolíticos, mientras que, por otro lado, existen esfuerzos teóricos que interpretan la acción colectiva a partir de la propia esfera sociopolítica, construida por el actor en un determinado espacio de confrontación. Ambas perspectivas teóricas, junto con otras existentes, denotan los posibles cortes analíticos que el investigador social puede hacer. Implican, finalmente, en dónde se deposita la mirada así como qué herramientas serán empleadas en dicha labor.¹

Tal vez no resulte descabellado señalar que la acción colectiva es una preocupación netamente sociológica: cómo se construye, qué condiciones posibilitan su irrupción, qué sentido le atribuyen los sujetos, etcétera. Sin embargo, el peso histórico de toda acción colectiva se refiere no solamente a la especificidad del momento en que un sujeto colectivo emerge, sino también a la acumulación histórica de saberes sobre cómo luchar. Dichos saberes organizativos y de resistencia nos permitan entender por qué un actor despliega un determinado repertorio de confrontación² en donde es posible encontrar innovación y continuidad en las formas organizativas.

Todo movimiento social, como modalidad de acción colectiva, está inserto en una dinámica de poder. Ello significa que debe enfrentarse a un adversario, que en la mayoría de los casos cuenta con más instrumentos políticos y económicos que él. Siendo así, ¿qué posibilita que un actor colectivo pueda conseguir sus demandas?, ¿en dónde reside su fuerza sociopolítica? Para muchos analistas, el caso de la movilización en contra de la construcción del aeropuerto en San Salvador Atenco representa un ejemplo de cómo un actor social pudo lograr su objetivo movilizatorio —la anulación del proyecto aeroportuario— como resultado del carácter errático en el manejo político del conflicto por parte del gobierno federal. Más allá de lecturas estadocéntricas —donde se enfatiza en la gobernabilidad democrática, o bien, en palabras de la teoría de movilización de recursos,³ en la estructura de oportunidades políticas—,⁴ es necesario señalar que los factores identitarios, la alianza con otros actores sociopolíticos, así como la solidaridad intra e intercomunitaria, junto con la limitada visión política del gobierno hicieron posible que uno de los proyectos más ambiciosos del sexenio foxista fuese cancelado. El presente ensayo, es un ejercicio analítico a partir de ciertas categorías conceptuales elaboradas por el historiador inglés Edward Palmer Thompson, algunos representantes de la Escuela de la Subalternidad —como Ranajit Guha y Partha Chatterjee— y algunos lineamientos propuestos por James Scott.

 

LA TIERRA COMO EJE ARTICULADOR Y COMO FUENTE DE LEGITIMACIÓN

La decisión del gobierno federal de construir un nuevo aeropuerto estuvo marcada por una intensa discusión técnica y política sobre cuál de las dos posibles sedes —Texcoco, Estado de México, o Tizayuca, Hidalgo— constituía la mejor opción, no sólo en términos argonáuticos sino también económicos. En numerosos medios informativos y en gran parte de la clase política nacional la entronización del proyecto aeroportuario fue una constante. Finalmente, en octubre de 2001, el gobierno federal dio a conocer que Texcoco sería la nueva sede aeroportuaria, al emitir 19 decretos expropiatorios que afectaban a tres municipios: Atenco, Texcoco y Chimalhuacán.⁵ Desde un inicio, la arbitrariedad sería el sello distintivo del manejo político que los gobiernos federal y estatal realizaron, al nunca haber consultado a los pueblos afectados. Contra el despojo de estas tierras ejidales, surgió la rebelión organizada de un conjunto de ejidatarios y avecindados de los pueblos de San Salvador Atenco, Acuexcómac, la colonia Francisco I. Madero, Magdalena Panoaya, Tocuila y un sector minoritario del pueblo de Nexquipayac. Desde el inicio del conflicto, los campesinos echaron a andar un repertorio de confrontación donde las marchas, los bloqueos carreteros, la retención de funcionarios gubernamentales, las barricadas y las guardias fueron el sello distintivo. Durante los nueve meses que duró el conflicto, las autoridades gubernamentales, tanto federales como estatales, desplegaron diferentes mecanismos orientados a desmantelar y cercar a aquellos ejidatarios movilizados que a lo largo del conflicto mantuvieron una postura que resultó inamovible: la no venta de la tierra. Tras casi un año de enfrentamientos, el gobierno federal decidió anular el proyecto aeroportuario.

No fueron pocos los medios informativos y algunos sectores de la clase política que señalaron que la llamada rebelión de los machetes no era más que otra materialización del México bronco, anacrónico e ignorante, siempre renuente a los proyectos de modernización del país. La ridícula tasación que el gobierno federal hizo de las tierras expropiadas —el metro cuadrado de las de temporal fue valuado en siete pesos, mientras que el de las de riego en 25— fue la causa aludida por numerosos analistas y políticos para explicar la aparentemente espontánea movilización colectiva. Evidentemente, en esta hipótesis, resultaba inconcebible cualquier expresión que se distanciara de la racionalidad del mercado. Así, la consigna Atenco no se vende fue leída no como una noción donde la tierra representa el arraigo material y simbólico de los pueblos, la fuente de seguridad ontológica⁶ para numerosos ejidatarios y residentes, sino como un desafío colectivo que conculcó la ley y puso en jaque la gobernabilidad del nuevo régimen.

Más allá de escenarios hipotéticos donde la pregunta reside en qué hubiera sucedido si los gobiernos federal y estatal hubiesen ofrecido una tasación más alta —o bien si hubieran consultado a los pueblos afectados por los decretos expro–piatorios—, lo cierto es que la movilización campesina atenquense representó una respuesta más a la constante histórica de despojo que el capitalismo supone. Atenco fue resultado del intento de poner en práctica una de las distintas formas de conversión del patrimonio común en mercancías ficticias, tal como diría Karl Polanyi.⁷

Pero, ¿qué supuestos hay en los 19 decretos expropiatorios en términos de la comunidad estatal mexicana, o sea, de la propia relación de mando–obediencia? Responder esta interrogante, exige ubicar la compleja transformación que el Estado mexicano ha vivido en las últimas dos décadas, en donde el régimen de acumulación neoliberal —amén de las evidentes consecuencias sociales, políticas y económicas— ha trastocado una de las estructuras en las que se sustentó la legitimación del mando estatal, no sólo del régimen posrevolucionario sino de la misma corona española: la tierra. En este sentido, el manto protector que la corona española entretejió durante tres siglos junto con sus súbditos, significó un complejo y largo proceso en el que pese a la disputa, la opresión y la violencia, existía un marco común material y significativo, un constructo hegemónico —tal como lo ideó Antonio Gramsci y lo resigni–ficó William Roseberry—⁸ hecho que, reiteramos, no significó que el despojo y la explotación estuviesen ausentes. De ese sui generis régimen de propiedad que la corona española desplegó —en donde, como se sabe, la corona era la propietaria original de las tierras— el régimen posrevolucionario apeló a partir de la figura del ejido, la cual fue una salida mediadora entre los reclamos de justicia social planteados por algunos sectores de las fuerzas revolucionarias y las propias directrices del capital. La dislocación de esta fuente histórica de legitimidad en la relación de mando–obediencia, fraguada tanto por los liberales decimonónicos como por los liberales contemporáneos, alcanzó una dimensión medular:

como en cualquier forma de propiedad, el del régimen de propiedad agraria no era un problema de relación hombre–cosas sino de relación entre hombres. El pueblo representaba no sólo un modo de posesión y usufructo de la tierra sino una forma de relación social: un modo de vinculación entre los hombres en el que estaban supuestos actitudes y sentimientos, una noción de la vida y de la muerte, una representación de sí mismos y de los otros, un código de conducta, una forma de hacer política y una moral pública. Tierra, trabajo, fiesta y política forman un mundo de vida coherentemente estructurado por lazos comunitarios.⁹

Las palabras de Roux cobran pertinencia al analizar los implícitos de la movilización social en contra de la construcción del aeropuerto a partir de un supuesto insoslayable y definitivo: de hacerse efectivos los 19 decretos expropiatorios, las trece comunidades afectadas desaparecían y con ello una forma societal. La evidente distancia entre la propuesta gubernamental —incluyendo la nueva oferta económica que el gobierno federal hizo a los ejidatarios en julio de 2002, donde el metro cuadrado fue valuado en 50 pesos— y la inamovible postura del actor atenquense constituían la existencia de códigos completamente diferentes; es decir, dos marcos de significación: por un lado la preeminencia del valor de cambio de la tierra y, por otro, el de su valor de uso.

Pese a dicha diferencia sustancial, los campesinos movilizados en contra de la terminal aérea apelaron a un recurso compartido tanto por los sectores dominantes como por los dominados: la legalidad. Las controversias constitucionales interpuestas por los ejidatarios atenquenses se dirigieron a evidenciar jurídicamente no sólo la arbitrariedad de la decisión gubernamental —al no haber tomado en cuenta a las respectivas autoridades locales— sino, especialmente, la violación constitucional cometida por la federación.¹⁰ No obstante, la batalla legal emprendida por los campesinos mexiquenses nunca significó abandonar la resistencia movilizatoria, tal como lo señalan los propios actores organizados del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), grupo hegemónico al interior de esta movilización social. Pese a ello, otro grupo de residentes de Atenco que se opuso a la edificación aeroportuaria no compartió que el eje de la resistencia fuesen los bloqueos carreteros y la retención de funcionarios gubernamentales, sino la demostración jurídica de las irregularidades cometidas por el gobierno. Las diferencias existentes entre ambos grupos denotan un elemento inherente a toda movilización social, su heterogeneidad constitutiva, la cual hace referencia a las distintas visiones que en un movimiento social pueden existir en torno a las formas de lucha, las estrategias políticas, los márgenes de negociación, los posibles aliados, el sentido de la acción, etcétera. Desde esta premisa, es pertinente preguntarnos: ¿cómo, pese a la heterogeneidad constitutiva, la acción colectiva es posible? Este planteamiento constituye, sin duda, una interrogante sociológica insoslayable para todo investigador interesado en interpretar cómo y por qué se erige la acción colectiva.

La apelación al discurso de la legalidad fue diferente tanto por parte de los gobiernos federal y mexiquense como de los actores movilizados. Como se sabe, las autoridades lo hicieron a partir de los presuntos delitos cometidos por numerosos participantes del movimiento atenquense. No obstante las diferencias citadas, podemos decir que la legalidad formó parte de un mismo marco común material y significativo tanto de los ejidatarios como del mismo gobierno, especialmente, al haber hecho de la ley un marco de negociación, tal como sucedió con las órdenes de aprehensión en contra de numerosos participantes del movimiento, las cuales fueron objeto de un complejo proceso de negociación política, incluso meses después de la anulación del proyecto aeroportuario.

Resulta claro que la acción colectiva en contra del aeropuerto constituye un desafío analítico en virtud de las diferentes vetas de exploración teórica y empírica. La imbricación entre rasgos tradicionales y modernos, entre caracteres urbanos y rurales confieren a la lucha atenquense una dimensión rica y compleja. Desde nuestra perspectiva, Atenco no está lejos de otras modalidades colectivas de resistencia frente a los procesos de modernización y liberalización, sin que ello signifique, claro está, prescindir de la especificidad sociohistórica que marca a cada sujeto colectivo en términos su visión del mundo y sus prácticas sociales. No obstante, existen ciertas directrices analíticas que posibilitan comprender al actor atenquense y que, pese a provenir de un panorama social, histórico, político, económico y cultural diferente —como la Inglaterra del siglo XVIII—, se distinguen por su flexibilidad y potencialidad explicativa. Ese es el caso de la categoría de costumbre, elaborada por el historiador inglés Edward P. Thompson, en la que es posible encontrar, tal como hemos sostenido, elementos evocativos de la respuesta colectiva mexiquense:

la cultura conservadora de la plebe se resiste, en nombre de la costumbre, a las racionalizaciones e innovaciones económicas que pretenden imponer los gobernantes, los comerciantes o los patrones. La innovación es más evidente en la cúspide de la sociedad que en sus capas inferiores, pero dado que esta innovación no es en ningún proceso tecnológico–sociológico sin normas y neutral ("modernización", "racionalización"), sino que es la innovación del proceso capitalista, la mayoría de las veces la plebe la experimenta bajo la forma de explotación, o de la expropiación de derechos de usufructo acostumbrados, o la alteración violenta de pautas de trabajo y ocio que para ella eran valiosas. Por consiguiente, la cultura plebeya es rebelde, pero su rebeldía es en defensa de la costumbre.¹¹

Así, toda costumbre se erige por un carácter ambivalente, en donde la rebeldía es una respuesta colectiva frente a las decisiones o procesos que son leídos por los actores sociales como una imposición, como una amenaza al orden social del cual son, a la vez, productores y producto. La rebeldía organizada de los ejidatarios en contra de la construcción del aeropuerto en su territorio, fue el medio para conservar un orden societal que, a fin de cuentas, representa para los mismos actores un horizonte de certezas ontológicas: "de aquí soy y aquí nacieron mis padres; si hubiese vendido mis tierras, capaz que me acabo el dinero y luego qué hago...".¹² Como en muchas movilizaciones colectivas, en la de San Salvador Atenco subyace en sus participantes, además de los evidentes rasgos político–ideológicos, un sentimiento de agravio ante la decisión expropiatoria del gobierno. Este factor confiere a la acción colectiva una dimensión psicoemocional digna de considerar en la investigación empírica, a partir del sentido atribuido por los actores a su propia acción. Esto, a su vez, nos conduce a pensar que en algunas movilizaciones colectivas está presente una preocupación de orden moral, tal como señala Thompson refiriéndose a los motines de subsistencia en la Inglaterra del siglo XVIII:

Es cierto por supuesto que los motines de subsistencia eran provocados por precios que subían vertiginosamente, por prácticas incorrectas de los comerciantes o por hambre. Pero estos agravios operaban dentro de un consenso popular en cuanto a qué prácticas eran legítimas y cuáles ilegítimas en la comercialización, en la elaboración del pan, etc. Esto estaba a su vez basado en una visión tradicional consecuente de las normas y obligaciones sociales, de las funciones económicas propias de los distintos sectores dentro de la comunidad que, tomadas en conjunto, puede decirse que constituyen la economía moral de los pobres. Un atropello a estos supuestos morales, tanto como la privación en sí, constituía, la ocasión habitual para la acción directa.¹³

De esta manera, la economía moral de la multitud, es un concepto que posibilita romper con visiones reduccionistas en donde, como asevera Thompson, la irrupción colectiva es explicada solamente a partir de la escasez o bien de la fluctuación de los precios del pan. ¿Qué supuestos teóricos hay en la aserción de este historiador? Uno de medular relevancia concerniente a que el investigador social debe tomar en cuenta los distintos elementos de mediación existentes entre aquello que puede ser considerado como el "detonante" de la irrupción colectiva (el alza de los precios, la exportación de los granos, por ejemplo) y la propia movilización social. Desde esta misma línea argumentativa nos atrevemos a señalar que en el conflicto por la edificación aeroportuaria en Texcoco, los 19 decretos expropiatorios constituyeron el gran detonante de la acción, mientras que el sentimiento de agravio, los antecedentes históricos de orden organizativo, así como la especificidad cultural y política de las comunidades afectadas fueron los elementos de mediación que resultan insoslayables al intentar explicar y comprender al sujeto atenquense. Considerar esta constelación de factores sociales, históricos, culturales y políticos, junto con el campo de confrontación construido con los gobiernos federal y estatal, permiten tener una visión más rica sobre la experiencia de movilización en Atenco.

Así como Thompson menciona que detrás de todo motín opera un consenso popular sobre lo que era o no legítimo, en las comunidades mexiquenses que se opusieron a la construcción de la terminal aérea existió un "tácito acuerdo" sobre la ilegitimidad de las acciones y decisiones desplegadas por los gobiernos federal y estatal. Dicho con otras palabras, ese "acuerdo tácito" denotaba la existencia de un marco común material y significativo al interior de las mismas comunidades, hecho que posibilitó la propia organización y movilización colectiva. Ese marco hegemónico fue construido a lo largo del tiempo a partir de la misma interacción subjetiva en la vida cotidiana. Las fiestas patronales y el trabajo comunitario forman parte de ese proceso.

 

LA ORGANIZACIÓN EN CONTRA DEL AEROPUERTO DESDE LA MIRADA DE LOS ESTUDIOS DE LA SUBALTERNIDAD

Los Estudios de la Subalternidad (Subaltern Studies) son una corriente histórica formada en la India y en el sureste asiático. Surgida en la década de 1980, los fundadores de esta escuela, como Ranajit Guha y Partha Chatterjee, iniciaron su trabajo historiográfico incluyendo en su marco de interpretación la huella del pensamiento de Antonio Gramsci. Haciendo una revisión crítica de la historiografía colonialista y nacionalista india, estos autores encontraron que ambas se distinguían por una lectura elitista en donde, para la primera, la historia de la India había comenzado tras el proceso de colonización británica, mientras que la segunda entronizaba la historia de la élite nacionalista india. Para los historiadores de la Escuela de la Subalternidad, una y otra soslayaban de manera clara y evidente el papel clave que los sectores subalternos habían desempeñado en el devenir histórico. Dicho con otras palabras, la inquietud principal de estos historiadores marxistas consistía en construir una historia de los sujetos subalternos en donde la conciencia, la agencia y la autonomía tenían un peso fundamental y no una en donde los actores aparecieran como meros reproductores de los dictados de los sectores dominantes. La empresa realizada ha representado un viraje metodológico y teórico para todo investigador interesado en estudiar la forma en que los actores subalternos deliberan, interactúan, ejercen la política y reproducen lo social. Es relevante considerar, sin embargo, que tomar en cuenta los lineamientos teóricos y metodológicos de los Estudios de Subalternidad no significa hacer una extrapolación ahistórica. Sin embargo, resulta insoslayable mencionar cómo esta corriente historiográfica sensibiliza al investigador sobre una serie de prácticas sociales que, desde otra mirada explicativa, posiblemente podrían pasar desapercibidas.

En páginas anteriores hemos visto cómo Edward P. Thompson encontró que, contrariamente a lo que se suele pensar, los motines de subsistencia contaban con un rango organizativo sellado por la disciplina y por llevar la impronta de un patrón de acción anclado siglos atrás. Al igual que este historiador, Ranajit Guha sostiene que en las distintas insurrecciones de la India estudiadas por él había un proceso colectivo de deliberación sobre los riesgos y los alcances de su hacer. Desde una clave explicativa diferente a la de los Estudios de Subalternidad y al de Thompson, James Scott¹⁴ sostiene que en el mundo de los dominados existe un grado de autonomía en el que los sectores subalternos elaboran un discurso oculto en donde los códigos de deferencia son subvertidos. De acuerdo con los planteamientos de los tres autores citados, conciencia, agencia y disciplina están presentes en gran parte de las insurrecciones colectivas:

como ha dicho Gramsci, cuyas palabras acabo de citar, no hay lugar para la pura espontaneidad en la historia. Aquí es precisamente donde yerran los que no saben reconocer la impronta de la conciencia en los movimientos aparentemente no estructurados de las masas. El error deriva, por lo general, de dos nociones casi intercambiables de organización y política. Lo conciente se supone, en esta perspectiva, que es idéntico a lo que está organizado en el sentido de que tiene, un "liderazgo conciente", en segundo lugar, algún objetivo bien definido, y en tercer lugar, un programa que especifica los componentes de este programa como objetivos particulares, así como los medios para alcanzarlos (la segunda y tercera condición se funden en algunas versiones). La misma ecuación se escribe a veces con la política sustituyendo la organización. Para aquellos que lo usan, este recurso ofrece la ventaja especial de identificar la conciencia con sus propios ideales y normas políticos, de forma que la actividad de las masas que no cumplen estas condiciones puede caracterizarse como inconsciente y por lo tanto prepolítica.¹⁵

A diferencia de muchos pensadores, Guha da un paso más allá al caracterizar las insurrecciones campesinas estudiadas por él como expresiones de la política del pueblo. Regresando al caso que nos ocupa, calificar como política un tipo de acción colectiva como la atenquense, en donde la movilización contó con un objetivo claramente delimitado —anular el proyecto aeroportuario— sin duda alguna puede generar recelo en muchos analistas. Sin embargo, los procesos colectivos de deliberación y de toma de decisiones, los repertorios de confrontación desplegados, las redes sociales intra e intercomunitarias y los mecanismos de presión y negociación hacia las autoridades locales y federales tal vez conduzcan a caracterizar a esta movilización como política, o mejor dicho como sociopolítica. En este mismo sentido, el hecho de que tras la abrogación de los decretos expropiatorios un sector importante del Frente Popular en Defensa de la Tierra decidiera instaurar un concejo popular autónomo, representa una veta a explorar en función del legado sociopolítico que la experiencia del movimiento ha representado para sus participantes.

Por otra parte, en este documento hemos enfatizado en el peso clave que tiene lo histórico en los procesos de constitución del sujeto colectivo. Desde una mirada superficial, la movilización atenquense pudiese parecer como espontánea, en la que la radicalidad de las formas de lucha fue el elemento distintivo. Sin embargo, en esta zona mexiquense existe una historia de organización y participación sociopolítica, la cual remite a 1929, cuando un grupo de campesinos consiguió que el entonces presidente Pascual Ortiz Rubio les otorgara los títulos ejidales. Décadas más tarde, en los noventa, un grupo de ejidatarios y residentes de Atenco, junto con algunos de otras comunidades mexiquenses, formaron la organización Frente Popular Regional de Texcoco, la cual se encargaba de realizar gestiones jurídicas y sociales. Pero el antecedente movilizatorio más cercano de lo que años más tarde sería la lucha en contra del aeropuerto, fue la movilización en contra de la edificación de un club campestre en Acolman —zona mexiquense que también es ejidal—, lucha en la que participó uno de los principales líderes de la acción en contra de la terminal aérea, Ignacio del Valle. De manera semejante a lo sucedido en Atenco, los ejidatarios recurrieron a la retención de funcionarios gubernamentales como un mecanismo que les posibilitó negociar con las autoridades y echar atrás el inminente despojo.

El despojo cometido en zonas adyacentes hace algunos años, como en Ixtapan, posiblemente tuvo un papel importante en la postura que sostuvieron los pueblos afectados por los decretos expropiatorios. Este pueblo que hace unas décadas fue despojado por compañías fraccionado ras de una parte importante de sus tierras, a lo largo del conflicto por la edificación del aeropuerto se mostró dispuesto a vender. El desgaste y la represión experimentados, junto con otros factores, influyeron tal vez para no querer apostar de nueva cuenta a la organización y movilización en defensa del patrimonio.

 

LA TERRITORIALIDAD DE LA LUCHA EN ATENCO

Hemos sostenido que uno de los rasgos que hacen posible la constitución de la rebeldía colectiva es un grado de autonomía en la conciencia y en las mismas prácticas sociales. Esa autonomía, empero, no significa la ruptura o la independencia absoluta con aquello que de una u otra manera constituye a los sectores dominados, las relaciones de poder:

Los grupos subalternos sufren siempre la iniciativa de los grupos dominantes, aun cuando se rebelen y sublevan: sólo la victoria permanente rompe, y no de inmediato, la subordinación. En realidad, aun cuando parecen triunfantes, los grupos subalternos están sólo en situación de defensa activa [...] por consiguiente, todo rastro de iniciativa autónoma de parte de los grupos subalternos debería ser de valor inestimable para el historiador integral.¹⁶

Esta relativa autonomía en el mundo de la subalternidad, sostiene una relación íntima con la construcción social de comunidad, la cual es resultado de la interacción subjetiva en la vida cotidiana. Así, los lazos sociales de camaradería o parentesco existentes en un determinado espacio, en muchas ocasiones suponen la edificación simbólica de la comunidad. Desde esta perspectiva, es factible hablar de la comunidad estudiantil o bien de una fabril. En una coyuntura de movilización social, las relaciones intersubjetivas previas a la acción colectiva pueden desempeñar un papel relevante al constituir un nosotros y, por ende, un ellos.

El peso que la comunidad tiene en muchas modalidades de insurrección colectiva fue subrayado por Guha y Chatterjee, los ya citados historiadores de los Estudios de la Subalternidad. El primero encontró que en la heterogeneidad de insurrecciones campesinas indias existían una serie de prácticas sociales recurrentes a las cuales denominó aspectos elementales de la conciencia del campesino insurgente: negación, ambigüedad, solidaridad, transmisión y territorialidad.¹⁷A partir de algunos de estos rasgos señalados por ambos historiadores podemos abstraer aquellos que concuerdan con la lucha atenquense:

• Por negación, Guha se refirió a que la conciencia insurgente campesina estaba en gran parte erigida por la relación de poder sostenida con los sectores dominantes. De ese modo, podemos decir que la negación constituyó un factor claramente discernible en el conflicto en contra del aeropuerto; los ejidatarios tenían una conciencia, en la que la relación de oposición entre ellos y las autoridades gubernamentales implicaba su propia identidad.

• La ambigüedad en el caso concreto de Atenco se relaciona con el discurso de criminalización que los gobiernos federal y estatal elaboraron sobre los mecanismos de presión desplegados por los ejidatarios. Si bien Guha enfatizó que las prácticas criminales y las relativas a la insurrección colectiva parten de dos códigos completamente diferentes, podemos decir que en el conflicto aeroportuario hubo una clara tensión entre la legalidad —a la que ambos actores apelaron— y la legitimidad.

• En un marco de confrontación sociopolítica es común encontrar que el rumor es un medio de descalificación del adversario. Su carácter anónimo hace posible, sin peligro, la transmisión de mensajes que subvierten un determinado orden social. Al igual que Guha, James Scott encontró que el rumor en muchas ocasiones lleva la huella social de aquellos que lo reproducen. Durante la movilización atenquense, en las comunidades afectadas uno de los principales rumores se relacionaba con la posible traición de uno de sus principales líderes, Ignacio del Valle. Evidentemente, este tipo de mensajes era la manifestación del recelo y temor que muchos participantes del movimiento experimentaban ante una situación que, como dice Scott, constituía una ruptura de la propia normalidad en las comunidades:

Los acontecimientos en que hay peligro de perder la vida, como las guerras, las epidemias, las hambrunas y los motines, son en general los marcos sociales más fértiles para la producción de rumores. Antes del desarrollo de los modernos medios de comunicación y en todos aquellos lugares donde hoy en día se desconfía de esos medios, el rumor fue y es prácticamente la única fuente de noticias sobre el mundo exterior: la transmisión oral del rumor propicia la aparición de un proceso de elaboración, distorsión y exageración que, por lo difuso y colectivo, hace imposible identificar a su autor.¹⁸

• Por otra parte, como en todo movimiento social, las expresiones de solidaridad fueron fundamentales en la constitución y mantenimiento de la acción colectiva atenquense. En esta tónica, es necesario distinguir entre las manifestaciones de solidaridad que la resistencia en contra del aeropuerto generó en otros actores sociales —organizaciones y movimientos sociales, actores políticos—, de aquella gestada desde el seno mismo de las comunidades, la cual guarda una relación íntima con los mismos lazos intersubjetivos de camaradería y de parentesco. Con base en testimonios de algunos de los participantes del movimiento, podemos afirmar que muchas de las expresiones de solidaridad entre los habitantes de San Salvador Atenco se sustentaron no en una racionalidad político–ideológica —la defensa en contra del gobierno, por ejemplo— sino en las relaciones amistosas forjadas en el tiempo. Así, hemos encontrado anécdotas sobre la ayuda que algunos integrantes de la resistencia recibieron por parte de militantes panistas, o de algunos priístas, residentes de Atenco. Esta situación tal vez sea un indicio del papel articulador que la tierra ha desempeñado al interior de los pueblos, más allá del interés partidista. Empero, ¿hasta qué punto la sociología de la acción colectiva, marcada por el pensamiento liberal, puede sensibilizar al investigador social que estudia modalidades de acción colectiva construidas en formas societales donde lo comunitario tradicional–moderno tiene un peso considerable? Como dice Chatterjee:

lo que hace el principio de comunidad como rasgo unificador característico de la conciencia campesina es situarla directamente en el polo opuesto a la conciencia burguesa. Esta última funciona a partir de la premisa del individuo y la noción de sus intereses (o en un vocabulario más de moda sus preferencias). En la política burguesa las solidaridades se construyen mediante un proceso de agregación a partir del cual los individuos se reúnen en alianzas basadas en intereses comunes (o preferencias compartidas). El proceso es completamente opuesto en la conciencia de un campesino rebelde. Allí las solidaridades no crecen porque los individuos sientan que deben reunirse con otros con base en intereses individuales comunes, por el contrario, los individuos están obligados a actuar dentro de la colectividad porque se cree que los lazos de solidaridad que los unen ya existen. La acción colectiva no fluye de un contrato entre individuos, antes bien, las identidades individuales mismas derivan del hecho de ser miembro de una comunidad.¹⁹

• Al igual que otras manifestaciones de acción colectiva, la de Atenco se asentó en la territorialidad de la lucha. Las respectivas comunidades organizadas —especialmente el pueblo de San Salvador Atenco, núcleo de la movilización en contra de la terminal aérea— fueron no sólo el espacio físico, sino también el anclaje simbólico de la resistencia colectiva. La propia delimitación espacial significó la demarcación del margen de acción sociopolítico de los ejidatarios y los gobiernos federal y estatal, respectivamente, lo cual también implicó la constitución de un nosotros y un ellos. Es importante destacar que durante el conflicto los pueblos movilizados vivieron un cambio, una suerte de reconstitución territorial, vinculada con el proceso de (re)significación que muchos de los ejidatarios y avecindados realizaron. Así, las barricadas y las guardias instaladas fueron una expresión de la forma en que los atenquenses movilizados asumieron el poder en un territorio (re)conocido como propio, amén de la evidente función de control y defensa de las comunidades. Los acontecimientos generados a partir de la represión del 11 de julio de 2002 —el gran parteaguas en la historia del conflicto aeroportuario— fueron la expresión clara y evidente de que la confrontación por la construcción de la terminal aérea era una disputa material por el territorio: el sitio que los integrantes del ejército mexicano y la Policía Federal Preventiva desplegaron en los alrededores de las comunidades no sólo era una amenaza, una reafirmación del poder estatal, sino la posibilidad real de que en cualquier momento el gobierno decidiera entrar a las comunidades; situación ante la cual los ejidatarios y avecindados responderían con la defensa del territorio.

En este texto, se ha enfatizado que al hablar de la acción colectiva atenquese resulta insoslayable considerar el sentido que para los ejidatarios representaba la resistencia en contra del aeropuerto: el resguardo de un orden societal. Ese orden societal comunitario dista mucho de ser una forma homogénea, un reducto idílico de igualdad ante el embate de los procesos de mercantilización y modernización. Por el contrario, tal como señala Partha Chatterjee, la comunidad es una unidad diferenciada en la que, añadiríamos, existen estructuras de jerarquización, de estratificación social. Pese a que la tierra fue el eje que aglutinó a un grupo de ejidatarios y avecindados —los organizados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y los que conformaron Atenco Unido— existían claras diferencias sobre las formas de lucha. ¿Hasta qué punto dichas divergencias partían de las propias estructuras de diferenciación social, como las de clase por ejemplo? La respuesta a esta interrogante posiblemente conduzca a pensar, de manera hipotética, el peso que la estratificación social tuvo en los procesos de organización sociopolítica atenquense.

Los elementos enunciados son una señal de la complejidad y riqueza empírica y teórica que muchos tipos de acción colectiva encierran. El desafío que representan para los pensamientos sociológico e histórico, puede ser enfrentado sólo a partir de un esfuerzo comprensivo del mismo sujeto colectivo, hecho que exige distanciarse de miradas estadocéntricas y economicistas, donde se ignore la forma en que el actor se construye, sus derroteros, limitaciones y posibilidades ante un escenario de confrontación política.

 

BIBLIOGRAFÍA

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Giddens, Anthony. La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración, Amorrortu Editores, 1998.        [ Links ]

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NOTAS

¹ De manera sintética podemos sostener que mientras algunas perspectivas teóricas se han dirigido a explicar cuándo irrumpe la acción colectiva —Sidney Tarrow con su concepto de estructura de oportunidades políticas— otras se han interesado en enfatizar la necesidad de explicar el cómo se forma —el trabajo de Alberto Melucci. Véase Alberto Melucci, Acción colectiva, vida cotidiana y democracia, El Colegio de México, México, 1999; Sydney Tarrow, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Alianza Universidad, Madrid, 1997.

² El concepto de repertorio de confrontación fue elaborado por Charles Tilly y ha sido retomado por Sydney Tarrow entre otros sociólogos de la acción colectiva. Su relevancia reside, como sostiene Tarrow, en ser "un concepto estructural y un concepto cultural. Las acciones establecidas de Tilly no son sólo lo que hace la gente cuando entra en conflicto con otros; es lo que sabe hacer y lo que los otros esperan que haga". Véase Sydney Tarrow, op. cit., p. 66.

³ La teoría de movilización de recursos es un amplio modelo explicativo en el que convergen autores como Sydney Tarrow, Oberschall, Mc Carty y Zald, entre otros, y constituye una referencia obligada al hablar de la acción colectiva en general. Para una visión introductoria sobre este modelo analítico se puede consultar, entre otros textos, el de Jean Cohen y Andrew Arato, Sociedad civil y teoría política, Fondo de Cultura Económica, México, 1992.

⁴ Tarrow define la estructura de oportunidades políticas como "dimensiones consistentes –aunque no necesariamente formales, permanentes o nacionales– del entorno político que fomentan o desincentivan la acción colectiva entre la gente". Véase Sydney Tarrow, op. cit., p. 49.

⁵ Del municipio de Texcoco: San Felipe, Santa Cruz, La Magdalena Panoaya, Santiago Cuauhutlalpan, Boyeros, Huexotla y Tocuela. De Atenco: San Salvador Atenco, Nexquipayac, Ixtapan, la colonia Francisco I. Madero, y Acuexcómac; del municipio de Chimalhuacán: Santa María Chimalhuacán.

⁶ Utilizo el término seguridad ontológica desde el seno de la tradición fenomenológica. Tal como lo define Anthony Giddens: "certeza o confianza en que los mundos natural y social son tales como parece ser incluidos los parámetros existenciales básicos del propio ser y de la identidad social". Anthony Giddens, La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración, Amorrortu Editores, 1998, p. 399.

⁷ En su marco conceptual, Karl Polanyi distinguió entre las mercancías reales y las ficticias. Las primeras son aquellas que fueron creadas para circular en el mercado, mientras que las ficticias, como el trabajo, la tierra y el dinero, no fueron producidas para tal efecto. Karl Polanyi, La gran transformación, Fondo de Cultura Económica, México, 2001.

⁸ William Roseberry presenta una interesante y sugerente (re)significación del concepto de hegemonía a partir del término marco común material y significativo, el cual lleva la impronta gramsciana: "propongo que utilicemos ese concepto no para entender el consenso, sino para entender la lucha; las maneras en que el propio proceso de dominación moldea las palabras, las imágenes, los símbolos, las formas, las organizaciones, las instituciones y los movimientos utilizados por las poblaciones subalternas para hablar de dominación, confrontarla, entenderla, acomodarse o resistir a ella. Lo que la hegemonía construye no es, entonces, una ideología compartida, sino un marco común material y significativo para vivir a través de los órdenes sociales caracterizados por la dominación, hablar de ellos y actuar sobre ellos". William Roseberry, "Hegemonía y lenguaje contencioso", en Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (comps.), Aspectos cotidianos de la formación del Estado. La revolución y la negociación del mando en el México moderno, Era, México, 2002, p. 220.

⁹ Rhina Roux, "Historia y comunidad estatal en México", Viento del Sur. Revista de ideas, historia y política, núm. 15, México, junio de 1999, p. 51.

¹⁰ Diversas comunidades afectadas por los decretos expropiatorios interpusieron controversias constitucionales, como el municipio de Acolman, Texcoco, los pueblos de Atenco, Acuexcomac y otros más, además del Gobierno del Distrito Federal. Desde esta perspectiva jurídica, el gobierno federal había violado los artículos constitucionales 4, 16, 27 y 115 al no haber sustentado la utilidad pública ni el beneficio social de la construcción aeroportuaria, amén de no haber consultado a los municipios involucrados.

¹¹ E.P. Thompson, Costumbres en común, Crítica, Barcelona, 1995, p. 22 (cursivas mías).

¹²  Estas frases aisladas las he encontrado en el trabajo de campo a partir de conversaciones informales sostenidas con algunos actores que participaron en el movimiento en contra de la construcción del aeropuerto.

¹³ E.P. Thompson, "La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII", en E.P. Thompson, Obra esencial, Crítica, Barcelona, 2002, pp. 365–366.

¹⁴ Recordemos que James Scott utiliza los términos discurso público y discurso oculto en el marco de las relaciones de dominación y resistencia. El primero se refiere a las relaciones explícitas entre los subordinados y los dominantes, mientras que el discurso oculto supone toda acción o enunciación discursiva que los sectores dominados y los dominantes producen en ausencia del otro. Véase James Scott, Los dominados y el arte de la resistencia, Era, México, 2000.

¹⁵ Ranajit Guha, Las voces de la historia y otros estudios subalternos, Crítica, Barcelona, 2002, p. 99.

¹⁶ Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, t. 6, Era, México, 2000, pp. 178–179.

¹⁷ Partha Chatterjee, "La nación y sus campesinos", en Silvia Rivera y Rossana Barragán (comps.), Debates postcoloniales, una introducción a los estudios subalternos, Editorial Historias, La Paz, 1997, pp. 199–200.

¹⁸ James Scott, op. cit., p. 175.

¹⁹ Chatterjee, op. cit., p. 201 (las cursivas son mías).