Suelos y seguridad alimentaria

En esta segunda década del siglo XXI, se ha hecho más evidente la necesidad de conservar el suelo (y el agua), cuya salud ha sido seriamente afectada por el empleo de prácticas agrícolas escasamente sostenibles o francamente degradantes (^{FAO, 2020}). Este último organismo internacional señala que el manejo integral del suelo, al que debe sumársele el del agua, componentes básicos ambos de los sistemas de producción agrícola, son clave para aspirar a alcanzar la sustentabilidad en este sector, que hoy en día atiende a una población mundial de aproximadamente 7500 millones que se espera incremente a 9700 millones en los próximos 30 años (^{NU, 2019}).

La mayoría de los analistas que escriben y discuten sobre el aumento de la población en los años venideros, se preguntan si las fuentes de energía (petróleo, carbón y metales) alcanzarán para abastecer la demanda de tal incremento poblacional; sin embargo, no cuestionan si la tierra será capaz de alimentar a esos 9.5 o 10 mil millones de humanos, dada la tasa de degradación que ha experimentado y sigue experimentando el suelo. Ello es un indicador que el problema no está manejado de una manera sistémica sino con visiones economicistas acerca de los problemas del futuro.

Las cifras del Banco Mundial, Naciones Unidas y otros organismos internacionales, señalan que la superficie de la tierra es aproximadamente 127 341 millones de km² y que solo 11% es cultivable, lo cual indica que se dispone de aproximadamente 14 millones de km² para la agricultura, pero se pierden miles de kilómetros cuadrados cada año sólo por erosión, mientras que la población sigue aumentando. Todo ello invita a que esta nota sea un llamado de auxilio para que se tomen medidas inmediatas destinadas a reducir la pérdida del suelo y evitar una situación futura que se tornará más compleja y comprometedora con el paso del tiempo.

El buen funcionamiento de los suelos se encuentra en el centro de grandes temas como la seguridad alimentaria, la regulación hidrológica, el cambio climático; sin embargo, es difícil comunicar a la población y a los tomadores de decisiones estos vínculos. Ante esta deficiencia de la narrativa se han construido, desde la ciencia del suelo, varios conceptos como calidad de suelo, salud de suelo, protección del suelo y, el último, seguridad edáfica, como complemento de los anteriores. Este último concepto aborda de manera explícita la necesidad de comunicar con la sociedad la importancia de los suelos, así como mantener una relación horizontal con agricultores y generar conocimiento para mejorar políticas públicas (^{McBratney et al., 2014}).

La situación de los suelos en México

México cuenta con una superficie continental de 1 959 248 km², de esta superficie aproximadamente 22 millones se cultivan anualmente (^{SIAP, 2019}). El resto (ca. 1750 millones de hectáreas) son pastizales, bosque, matorrales y desiertos, muy importantes por su biodiversidad y con escasa vocación agrícola.

En las últimas décadas, el Estado Mexicano ha impulsado un modelo agrícola industrial que ha incrementado la dependencia de la agricultura hacia semillas híbridas, fertilizantes e insecticidas. Desde entonces, las prácticas de monocultivo, el laboreo intensivo, el uso de agroquímicos y determinadas modalidades de riego, han causado un gran deterioro de los suelos, de la salud humana y de los ecosistemas acuáticos y terrestres (^{Cotler et al., 2019}). En predios donde coexistía la producción agrícola y ganadera, se impulsó una agricultura empresarial, que busca maximizar el capital, sin considerar el impacto en el medioambiente de las prácticas empleadas. Un ejemplo de lo anterior es la disminución de los contenidos de materia orgánica del suelo, que se traduce en el deterioro de características físicas del suelo, como la estructura, la disminución de la capacidad de almacenamiento del agua, la pérdida de fertilidad, entre otras. El énfasis de la política pública sobre la productividad basada en insumos externos determinó también el tipo y el enfoque de las investigaciones que dominó la agenda científica en el ámbito académico.

El conocimiento sobre la degradación de suelos es escasa e incierta, lo cual también expresa el poco interés sobre este recurso natural. Las fuentes oficiales de información de México, esto es la SEMARNAT y el INEGI, muestran algunas discrepancias en las cifras reportadas sobre el grado de degradación y en particular de erosión, aunque, en términos generales, expresan la misma gravedad. Las diferencias estriban mayormente en el tipo y grado de erosión. La información más reciente proviene del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (^{INEGI, 2015}) que utilizó técnicas de fotointerpretación de imágenes de satélite y puntos de verificación en campo para realizar su estimación realizadas por ^{Bolaños et al. (2016)}. Este estudio muestra que a nivel nacional 1 027 611.50 km² (52.86%) de superficie territorial se encuentran afectados por la erosión hídrica.

Este mapa general presentado por los últimos autores arriba mencionados no muestra las causas ni la situación particular de erosión que se experimenta a nivel regional, como se aprecia en la figura siguiente del Estado de Michoacán y en nivel local, en el Estado de Veracruz (Figura 1). La escala y la resolución del mapa es importante para conocer la situación del país; sin embargo, para una atención adecuada se requiere información de más detalle. Estudios a nivel regional y local son necesarios para entender de manera integral el fenómeno socio ambiental de la erosión.

Figura 1: Mapa de distribución de los suelos degradados en el Estado de Michoacán. La fotografía corresponde a un suelo del estado de Veracruz fuertemente degradado, por manejo inadecuado. 

Figure 1: Distribution map of degraded soils in the State of Michoacán. The photograph is an image of a soil in the State of Veracruz heavily degraded because of inadequate management.  

Adicionalmente, un aspecto escasamente estudiado y menos resuelto, mediante la formulación de políticas públicas basadas en ciencia dura, es la degradación química, particularmente de los suelos cultivables, causada por laboreo inapropiado o en ciertos casos por uso excesivo de agroquímicos, principalmente fertilizantes.

Si se considera que la población de México estimada en 125.9 millones (^{INEGI, 2019}), significa que la tierra arable disponible es de 1740 m² per capita. Sin embargo, se calcula que la población crecerá a 131.5 millones en 2024 y a 148 millones en el 2050, lo que reduce esa superficie a 1500 m² per capita. Dicha proyección, sólo comparable con algunos países sobrepoblados de Asia, obliga a prestar especial atención en la conservación de la calidad de esas 20-22 millones de hectáreas cultivables que tiene el país y evitar que, en aras de tener una cantidad mayor de suelo disponible para la agricultura, acabemos con el bosque, las selvas, con las praderas naturales. Tenemos la obligación moral como sociedad de conservar los capitales naturales, es decir, los bosques, las selvas y los manglares, refugios de la biodiversidad. Debemos que recordar que México es un país mega-diverso y que voluntariamente somos signatario de la Convención sobre la Biodiversidad Biológica (^{NU, 1992}).

Durante décadas, el gobierno mexicano no ha prestado atención suficiente al problema complejo de la degradación de los suelos, al avance de la desertificación, ni tampoco a la pérdida de la biodiversidad. Desde los años 40, el discurso gubernamental oficial ha reconocido la importancia de la erosión de suelos (^{Simonian, 1999}); sin embargo, a lo largo de todos estos periodos los fondos públicos asignados a la conservación de suelos son muy escasos y las instituciones y los enfoques creados para la atención del suelo, con algunas excepciones, se han orientado principalmente en la construcción de obras hidráulicas y medidas mecánicas, que en sí no mejoran la calidad de los suelos (^{Cotler et al., 2015}). Los problemas de erosión de suelos se han abordado desde una perspectiva técnica, sin entender que la erosión de suelos constituye un problema socio-ambiental complejo, cuya solución debe pasar por un entendimiento inter y transdisciplinario.

Suelos y desarrollo sostenible

Desde los años 70, numerosos foros internacionales han discutido sobre el impacto que el ser humano ocasiona en la naturaleza. El consenso siempre ha sido que muchos de los retos a los que se enfrenta nuestra especie, tales como el cambio climático, la escasez de agua, la degradación de suelos, las desigualdades o el hambre, solo se pueden resolver promoviendo el desarrollo sostenible, una apuesta por el progreso social, el equilibrio medioambiental y el desarrollo económico.

Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (^{NU, 1973}) en Estocolmo en 1972, se ha ido construyendo y complejizando el tema, así en Rio +20 (^{NU, 2012}) se acuerda la elaboración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), construidos a partir de los Objetivos del Milenio.

Este conjunto de objetivos globales busca erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una 972. Cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años (^{NU, 2015}).

Según ^{Bouma (2014)} estos ODS ofrecen una oportunidad única para que la ciencia del suelo demuestre el rol que desempeñan los suelos en nuestra calidad de vida. Las funciones y los servicios ecosistémicos que los suelos proveen, fundamentan su importancia en al menos siete de los ODS, a saber, fin de la pobreza (ODS 1), hambre cero (ODS 2), salud y bienestar (ODS 3), agua limpia y saneamiento (ODS 6), ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), acción por el clima (ODS 13) y vida de ecosistemas terrestres (ODS 15). Sin embargo, en la mayoría de las metas establecidas, los suelos no están presentes explícitamente.

Si bien hay metas para cada uno de los ODS, cada gobierno establece los indicadores que medirán el avance obtenido. Al respecto, México ha establecido sus propios indicadores (^{NU México, 2015}). En ellos no existe ninguna mención sobre los suelos, ni siquiera para la ODS 15, donde la meta 15.3 establece que para 2030, se debe “luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo”, México no cuenta con indicador para esta meta.

Esta ausencia abrumadora del papel de los suelos en el desarrollo sostenible nos tiene que hacer reflexionar sobre el tipo de estudios que estamos realizando, su divulgación y la actitud proactiva, que, como investigadores, debemos mantener frente a la construcción de los programas de políticas públicas.

En ese sentido, distintas voces (^{Lang et al., 2012}) expresan que la investigación debe incorporar el diálogo inter y transdisciplinario, donde las visiones, percepciones y conocimientos de otros sectores (profesionistas no-edafólogos, agricultores, ganaderos, urbanistas, políticos, entre otros) son esenciales para abordar la naturaleza compleja de problemas como la degradación de suelos. Igualmente se requiere impulsar estudios de suelos relacionados con otros componentes de los eco- y agro-ecosistemas, así como con la calidad de vida de la población. ^{Bouma y Montanarella (2016)} proponen generar información apropiada para mejorar las políticas públicas, en todo su ciclo, considerando diseño, implementación y evaluación.

En México se han elaborado estudios e informes que presentan las relaciones intrínsecas entre la degradación del suelo con temas relacionados con los ODS. Algunos de ellos son, la disminución de los rendimientos de los cultivos (^{Álvarez et al., 1992}; ^{Pérez et al., 1998}; ^{Francisco-Nicolás et al., 2006}), la contaminación por solidos de ríos y cuerpos de agua (Tapia, 1999¹; ^{Villegas et al., 2004}), la contaminación atmosférica por partículas erosionadas (^{Návar y Treviño, 1998}), las pérdidas económicas por erosión de suelos (^{Margulis, 1992}; ^{McIntire, 1994}; ^{Cotler et al., 2011}) y la incidencia de la erosión de suelos en la pobreza alimentaria (^{Cotler et al., 2020}). Se han proporcionado elementos con el grado de incertidumbre propio de la ciencia, que evidencian la estrecha relación entre la degradación de suelos y nuestra calidad de vida. Nos falta pues, traducir estos conocimientos para acercarlos a las instituciones públicas como INEGI, CONEVAL, CONAPO y tomadores de decisión, con la finalidad de generar los indicadores que incorporen a los suelos en las políticas públicas.

Los estudios sobre problemas de sostenibilidad, como es el de erosión de suelos, requieren de la integración de varias áreas del conocimiento y grupos de actores relacionados con el problema. Estos esfuerzos colaborativos entre investigadores y actores locales, además de permitir un entendimiento mejor de las causas del problema, también incrementan la legitimidad y la apropiación tanto del diagnóstico, como de las soluciones posibles.

Una visión holística de la funcionalidad de los suelos está presente aún en la cultura de muchos campesinos del país que reconocen los servicios ambientales múltiples que ofrecen los suelos y cuyo manejo potencia. Los procesos de adaptación y selección fueron y siguen siendo los mecanismos más importantes para obtener sistemas agrícolas sustentables; de allí́ que el manejo del suelo haya tenido expresiones como las chinampas, las terrazas, las milpas y el entarquinamiento, técnicas con las cuales se mantienen las propiedades y las funciones de los suelos. Por ello, la conservación de suelos no será posible sin la participación activa y el involucramiento de campesinos y agricultores que han mantenido y adaptado sistemas de producción que conservan suelos, al tiempo que incrementan la agro-biodiversidad. Durante varias décadas se han implementado programas asistencialistas fallidos que deberían ser suficientes para entender que los campesinos y los agricultores deben participar desde el diseño de los programas -los cuales deben estar adaptados a sus condiciones socio-ambientales, culturales, institucionales particulares- de modo de posibilitar su adopción a lo largo del tiempo.

¿Qué estamos haciendo como país para apoyar la soberanía alimentaria conservando los suelos?

Desde los años 80, con la entrada de México al GATT², el Estado se retiró gradualmente tanto de la producción agrícola, como del acopio, la regulación de precios y la estructura de créditos y subsidios, así la producción alimentaria dejó de ser parte de la estrategia de desarrollo nacional (^{Cotler et al., 2019}). Durante las décadas siguientes, los subsidios se concentraron en la agricultura industrializada que realizan los productores grandes, abandonando a los agricultores pequeños, así como a prácticas de manejo sostenibles.

La herencia del impacto ambiental, económico y social de esas políticas sigue vigente en nuestra sociedad en términos de degradación de suelos, contaminación de cuerpos de agua, pérdida de agro-biodiversidad, emisión de gases de efecto invernadero, pobreza, migración, monopolización del sistema agro-alimentario por corporaciones transnacionales, avance de enfermedades crónico-degenerativas, obesidad y desnutrición, entre otros.

Este diagnóstico ha originado el cambio de rumbo en las políticas agrícolas actuales (2018-2024), en el cual los programas están enfocados hacia productores pequeños (menores a 20 ha). Programas como Sembrando vida y Producción para el bienestar promueven agrodiversidad y algunas prácticas agroecológicas, a través de una capacitación permanente. El impacto que estos programas puedan generar sobre la calidad de los suelos deberá ser evaluado y monitoreado a través de estudios e investigaciones transdisciplinarias, con la finalidad de mejorar el diseño de estos programas.

Por otro lado, programas como Crédito ganadero a la palabra y Fertilizantes para el bienestar también pueden generar impactos en ámbitos sociales y ambientales, específicamente en la calidad de los suelos, que deberán ser monitoreados.

Se desconocen acciones concretas de compromisos firmados por México, como por ejemplo el suscrito en el marco de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de París, en relación a la llamada iniciativa 4 × 1000 (iniciativa del Gobierno de Francia) (^{4 per 1000, 2016}), para contribuir al incremento de la materia orgánica en el suelo y mitigar así las altas concentraciones de anhídrido carbónico (CO₂) en la atmósfera. La protección de la materia orgánica presente en el suelo y la que le podamos adicionar, es la mejor manera de conservar la sustentabilidad del suelo para proteger su estructura, que favorece la acumulación de agua útil para la plantas porque incrementa la porosidad y mejorar la estructura, además de incrementar la estabilidad de sus agregados, previene la erosión, suministra energía a la biota que habita el suelo, suministra nutriente para las plantas. Se desconocen proyectos oficiales relacionados con esta iniciativa.

En la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 20 de Lima, se firmó la iniciativa denominada 20 × 20 (^{WRI, 2020}) destinada a recuperar 20 millones de hectáreas de terrenos degradados y deforestados en América Latina y el Caribe. Esta iniciativa está anclada en el World Resource Institute (WRI). México se comprometió a restaurar aproximadamente 8.5 millones de hectáreas de terrenos degradados. En el acuerdo solo se incluyeron áreas al cuidado de programas públicos y no proyectos de campo operados por otras instancias, lo cual limita la iniciativa, pero como se anticipó en párrafos anteriores, debería bajarse a niveles municipales. A la CONAFOR se le asignaron cerca de 600 millones de dólares, para que reforestara un millón hectáreas de suelos degradados del país, meta que supuestamente habría sido alcanzada en el año 2018; casi medio millón de dólares se le asignaron a una empresa privada para reforestar el Lago de Texcoco, entre otras.

La Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo (SMCS) tiene muchas posibilidades de contribuir tanto para mejorar el diseño de los programas de políticas públicas nacionales como para dar seguimiento a los acuerdos internacionales, lo cual garantizaría, además el uso correcto de los recursos. La magnitud del deterioro de nuestros suelos demanda que la SMCS diversifique sus actividades académicas para acercarse a la sociedad mexicana y al Gobierno de la Nación. Su involucramiento podría darse a distintos niveles, como promover foros, generar publicaciones de divulgación, participar en discusiones de política actual y actuar como consultores en programas como los señalados más arriba. Estas y otras actividades pueden facilitarse mediante el uso de redes y medios de comunicación, al mismo tiempo que la participación directa de manera proactiva junto con agricultores, en escuelas campesinas, asociaciones, cooperativas, así como con las autoridades político-administrativas del sector, responsables de las políticas públicas y los programas que se implementen.

Estas actividades estarían alineadas al esfuerzo a nivel internacional, con casos como la Agenda Mundial de Suelos impulsada por la Unión Internacional de Ciencias del Suelo, que está centrada en tres tareas, ciencia, política e implementación (^{McBratney et al., 2014}).