Editorial

 

Violencia de género: impunidad e injusticia como problemas estructurales

 

Gender violence impunity and injustice like structural problems

 

"Realmente no sé qué fue lo que aquella noche me
decidió a llamar a la policía,
pero siempre digo que fue
el verme limpiando mi propia sangre".

 

El Testimonio de Lorraine, una mujer
inglesa, quien durante ocho años
sufrió en silencio el maltrato de su pareja.
(Amnistía Internacional)¹

 

El testimonio de Lorraine, impresionante por su dramatismo, llama la atención además por venir del país donde empezó la Revolución Industrial y de la sociedad donde por vez primera se presenta la incorporación masiva de las mujeres a trabajos remunerados. Este cambio laboral, también implicó el comienzo de un cambio cultural fundamental: la conquista de los derechos civiles de las mujeres, esto es, el inicio del proceso gradual de empoderamiento de la mujer. El testimonio también nos señala la distancia que existe entre el mundo legal y el mundo real. En la cotidianidad, las mujeres de los países más desarrollados, sufren de los efectos de violencia intrafamiliar, como miles en el mundo... como en México.

Puede decirse también, que lo que sucede dentro de la intimidad del hogar no está alejado con lo que pasa fuera de él, en la calle, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad en general. Ya que en el fondo, el problema es el mismo: el problema del ejercicio del poder y la defensa de privilegios.

Es un lugar común afirmar que en la sociedad mexicana el clima de violencia ha aumentado en los últimos años. Documentos internacionales también consignan esta afirmación, el Informe de Davos (The Global Competitiveness Report 2005–2006) coloca a México, en orden al Crimen Organizado, en el lugar 113 de 117 países evaluados (detrás de Macedonia, Colombia, Jamaica y Guatemala), en relación con la confianza en los servicios policiacos, México aparece en el lugar 102 y en el costo del crimen y la violencia para los negocios en el puesto 115.²

Los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, también son reveladores. La prevalencia de robo, agresión o algún tipo de violencia, durante los 12 meses previos a la entrevista, entre la población de adolescentes mexicanos (10 a 19 años), fue 3.3 por ciento en los hombres y 1.3 por ciento en las mujeres, es decir, una de cada tres víctimas de la violencia en México era mujer. En relación con el tipo de agresión, las mujeres fueron víctimas de agresión sexual, con mayor frecuencia que los hombres (15.9 vs. 0.3 por ciento); más atacadas con objetos cortantes (10.3 vs. 7.5 por ciento); y víctimas de otro tipo de maltrato (20.9 vs. 9.7 por ciento). En cuanto al lugar de la agresión, las mujeres fueron maltratadas principalmente en el transporte o vía pública 49%, en la escuela 24.9% y en el hogar 21.1%.³

Los datos sobre la violencia que sufren las mujeres son preocupantes, no sólo por la magnitud de sus cifras, sino porque las acciones de impartición de justicia que el Estado mexicano realiza, muestran una inoperancia preocupante. Por ejemplo, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, han denunciado que de las más de 89 mil violaciones sexuales contra mujeres en el país, ocurridas durante el periodo 1997–2003, el Ministerio Público logró la consignación de la averiguación previa en 39 por ciento de los casos (con o sin detenidos), pero al final, sólo 25 por ciento de los detenidos recibieron sentencias condenatorias. Es decir, de las violaciones denunciadas, en 60 por ciento de los casos no hubo detenidos, pero cuando se logró hacerlo, 75 por ciento de los violadores lograron impunidad absoluta.⁴

La impunidad, que alcanzan niveles mayores al 90 por ciento, hace que este problema junto con el de la corrupción, sean características de nuestro actual sistema de justicia. Al respecto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia Nacional, José Ramón Cossio, ha reconocido en una reciente intervención pública, dos hechos preocupantes: el primero, que el sistema de justicia penal mexicano está en crisis; y el segundo, que la impunidad se genera porque se integran mal las averiguaciones y por razones de corrupción.⁵

El Informe 2006 de Amnistía Internacional sobre Violencia de Género en América, abunda más sobre el problema de la impunidad y falta de justicia en toda la región, al señalar que: "La violencia contra las mujeres continuó siendo uno de los desafíos más urgentes de América en materia de derechos humanos. Incontables mujeresy niñas se enfrentaban ala violencia diariamente y no podían confiar en sus gobiernos para recibir un grado básico de protección y seguridad, pese a ser uno de sus derechos fundamentales... los gobiernos de toda la región continuaron haciendo caso omiso de las disposiciones de los tratados relativos a los derechos humanos de las mujeres. Aunque la mayoría de los países poseían leyes para proteger a las mujeres de la violencia y prevenirla en el ámbito de la familia y la comunidad, las investigaciones policiales de las denuncias de violencia contra las mujeres pocas veces eran efectivas, los sistemas de justicia penal no se tomaban con seriedad este problema y los responsables rara vez eran castigados."¹

El Informe de Amnistía también hace referencia a los homicidios ocurridos en Ciudad Juárez: "El número de mujeres y niñas asesinadas en Ciudad Juárez, México, continuó creciendo, y no se hicieron progresos suficientes para poner fin a la impunidad de los autores de los secuestros y asesinatos cometidos en el pasado, tanto en esta ciudad como Chihuahua."¹

De acuerdo con la información del Colegio de la Frontera Norte, en Ciudad Juárez, en el periodo de 1993 a 2005, se registraron 442 homicidios y durante 2006 se sumaron a la lista 22 casos más. El recuento (obtenido de fuentes hemerográficas) difiere de los datos de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, la cual registra 398 casos, en donde 177 personas purgan penas como homicidas vinculados a los hechos. Los homicidios de Juárez, han sido motivo de al menos 10 recomendaciones de organismos nacionales e internacionales defensores de derecho humanos, por ejemplo, aDato Peran, relator de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, le sorprendió la absoluta ineficacia, incompetencia, indeferencia, insensibilidad y negligencia de la policía mexicana.⁶ Al respecto, el entonces Secretario de Gobernación, Carlos Abascal, reconoció en un acto público que el Estado tiene como primera misión garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y mencionó que: "...desde este punto de vista, el Estado está en deuda de justicia con las familias de las víctimas" y a nombre del Estado mexicano pidió "perdón" por los errores y omisiones de los hechos de violencia contra las mujeres, y en particular, los feminicidios en Ciudad Juárez.⁷

El hecho de que la impunidad sea un elemento característico del sistema de justicia mexicano, es algo que poco abona en la credibilidad de las instituciones mexicanas. Más aún, cuando los delitos no se castigan y a veces ni siquiera se investigan, lo cual constituye una invitación para que aquellos que cometen actos de violencia hacia las mujeres, sigan haciéndolo. Si la violencia que ciudadanos comunes ejercen contra las mujeres preocupa e indigna, la reacción es mayor aún, cuando los que ejercen la violencia contra mujeres, son quienes deben garantizar el cumplimiento de las leyes.

No obstante, el desolador panorama que existe en nuestro país en relación con la violencia de género, un evento reciente que nos muestra que no todas son malas noticias, lo constituye la aprobación por mayoría (105 votos a favor por uno en contra) por el Senado de la República, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La nueva Ley crea, entre otras cosas, el Sistema Nacional de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Dicho sistema se integrará por la participación de dependencias y organismos descentralizados del nivel federal y por instancias de las mujeres en cada entidad.⁸ La Ley propone, entre otras medidas, la creación (como ya viene ocurriendo en algunos estados de la República) de refugios en donde se proporcione alojamiento, asistencia médica, psicológica y legal a las víctimas de violencia intrafamiliar y a sus hijos.⁹ La Ley en cuestión tipifica y define (Capítulo II) la violencia laboral y docente, así como de la violencia en la comunidad e institucional de que pueden ser víctimas las mujeres.¹⁰ Asimismo, la Ley define la violencia fe–minicida, (Artículo 21) como: ".. la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres".

Sin duda, contar con un instrumento legal, como el descrito, constituye un avance de suma importancia, para una sociedad cuyos ciudadanos e instituciones, ven con indiferencia la violencia de la cual son víctimas las mujeres.

Dr. José Luis Torres Cosme
Investigador en Ciencias Médicas Subdirección de Investigación en Salud Pública del
INPerIER

REFERENCIAS

1. Amnistía Internacional. Informe 2006. América Perspectiva General. Disponible en: www.amnesty.org/report2006.

2. World Economic Forum. Global Competitiveness Report 2005–2006. Disponible en: www.werorum.org.

3. Olaiz G, Rivera J, Shamh T, Rosas R, Villalpando S, Hernández M, Sepúlveda J (eds.). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Instituto Nacional de Salud Pública, México. 1a. Ed. 2006.

4. Ballinas V. QR y Edomex, los estados con más violencia contra mujeres. Tienen los primeros lugares en violaciones y homicidios. La Jornada. 14 de enero de 2005.

5. Méndez OA. En crisis, el sistema para impartir justicia, admite el ministro Cossio. La Jornada 17 de noviembre de 2006. Martínez F. Los feminicidios en Juárez, de tipo "sexual sistemático", señalan expertos. La Jornada 16 de noviembre de 2006.

7. Martínez F. Pide Abascal perdón a madres de víctimas de feminicidios en Chihuahua. La Jornada 24 de noviembre de 2006.

8. Zárate A. Senado crea un sistema nacional de prevención de violencia contra mujeres. El Universal. 20 de diciembre de 2006.

9. Ballinas V, Becerril A. Aprueba el Senado ley para una vida sin violencia contra las mujeres. La Jornada 20 de diciembre de 2006.

10. Senado de la República. Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Senado de la Republica. Disponible en: www.senado.gob.mx