Introducción

La enorme importancia que en nuestros días han cobrado la información y el conocimiento impone desafíos mayores a las bibliotecas y a los bibliotecarios, que se han ido adaptando a la nueva “sociedad del conocimiento”, modernizando sus actividades y servicios (^{Mainka et al., 2013}; ^{Materska, 2004}) y democratizando el acceso a la información (^{Stilwell, 2018}; ^{Martin, 1990}). En este escenario, las bibliotecas académicas desempeñan funciones claves, pues operan en los entornos donde con mayor intensidad se utilizan, generan y transmiten los conocimientos. Así pues, en apariencia, habrían quedado atrás los tiempos en que estas bibliotecas funcionaban bajo modelos monacales, como celosas guardianas de saberes atesorados hasta con cadenas, a los que sólo pequeñas élites de privilegiados podían acceder. Actualmente, en cambio, en gran parte del mundo las bibliotecas universitarias se alinean decididamente con las funciones que por tradición se atribuyen a las universidades: la investigación, la formación profesional y la proyección social (^{Martin, 1990}; ^{Torres, 2005}).

Este trabajo se enfoca en este último punto, el de la proyección social universitaria, en su relación con los roles de las bibliotecas académicas. Si las universidades sólo tienen razón de ser en la medida en que se deben a las sociedades que las albergan, entonces cobra pleno sentido el que sus bibliotecas no limiten sus servicios a las pequeñas comunidades universitarias, sino que los extiendan también a las poblaciones de los contextos en que se desenvuelven. De hecho, esto es lo que típicamente ocurre en los países que con mayor ventaja participan en la sociedad del conocimiento. En Europa y Norteamérica, pero también en buena parte de Asia y América Latina, las bibliotecas universitarias son, a la vez, bibliotecas públicas abiertas a todos los ciudadanos (^{Atkinson, 2018}; ^{Courtney, 2001}; ^{Russell et al., 1992}; ^{Weare y Stevenson, 2012}).

Sin embargo, esta tendencia se da de manera desigual en el espacio latinoamericano, donde como se demuestra más adelante conviven dos grandes esquemas de doctrina y práctica bibliotecaria: por un lado, el enfoque que coloca a las bibliotecas universitarias como servicios públicos y punta de lanza de la proyección social universitaria (^{Herrera y Pérez, 2009}; ^{Torres, 2005}) y, por otro lado, el modelo premoderno en que se las concibe como espacios exclusivos de élites socioeconómicas o ilustradas.

Partiendo de estas ideas, este trabajo tiene como propósito describir y analizar el panorama latinoamericano, en materia de acceso a servicios de información, por parte de la ciudadanía en las bibliotecas universitarias de la región. La pregunta que guía esta pesquisa es ¿qué tan abiertas o restrictivas son las bibliotecas universitarias latinoamericanas frente a la posibilidad de ofrecer servicios de información a los ciudadanos de sus sociedades, más allá de los públicos afiliados a las instituciones académicas en que funcionan?

Para responder a esta pregunta, se realizó un estudio basado en un análisis de los reglamentos de servicios de sendos conjuntos de bibliotecas universitarias de siete países de América Latina, análisis que permitió construir un instrumento destinado a cuantificar los grados de apertura o restricción frente a los usuarios “externos”, que se definen en general como personas no afiliadas a las instituciones en que funcionan tales bibliotecas (^{Russell et al., 1992}). Dicho instrumento contempla cinco categorías que se ordenan jerárquicamente, con el acceso irrestricto en un extremo y la completa exclusión en el otro, escala que sirvió también para asignar puntajes a los conjuntos de bibliotecas de cada país, con lo que se obtuvo un panorama de las tendencias predominantes y diferencias entre ellos.

Como complemento, se analiza más en profundidad el caso de Perú, donde se encontró una situación extrema de barreras que las bibliotecas imponen a los usuarios externos. El carácter límite de este caso nacional amerita una consideración de algunos factores socioculturales y políticos que podrían estar interviniendo en el fenómeno hallado, cuestión que es objeto de discusión en la sección correspondiente.

El trabajo concluye con algunos comentarios acerca de las diferencias que se presentan entre los países de América Latina en relación con el acceso a la información en sus bibliotecas universitarias, tema que tiene hondas implicancias en el campo de la biblioteconomía y en el terreno de las políticas universitarias.

Métodos

Se realizó un estudio exploratorio, cuantitativo y descriptivo, enfocado en los niveles de apertura o restricción que presentan las bibliotecas universitarias de siete países latinoamericanos respecto del acceso de usuarios externos a sus servicios. Para esto, se seleccionó una muestra propositiva y no probabilística de setenta bibliotecas “centrales” o núcleos de “sistemas de bibliotecas” de igual número de universidades de Perú, México, Colombia, Brasil, Chile, Argentina y Bolivia. Para la selección se tomó como referencia el QS World University Rankings 2018 para América Latina (<www.topuniversities.com>), de donde se eligió para cada país a diez universidades: cinco públicas y cinco privadas. Se hizo esto para evitar que el carácter público o privado de las instituciones introdujera un sesgo en los análisis, considerando que dicha característica influiría en las políticas de acceso a los servicios. Tomarlas de aquella clasificación sirvió como un criterio aproximadamente indicativo de que se trataba de las “mejores” universidades de cada país y que, consecuentemente, tendrían bibliotecas manejadas profesionalmente y con los más altos estándares de práctica bibliotecaria conocidos en sus contextos nacionales.

Acto seguido, se buscó en los sitios web de las universidades los reglamentos de servicios de sus bibliotecas centrales o sistemas de bibliotecas (disponibles en agosto de 2018); y de no haberlos, de al menos tres bibliotecas adscritas a dependencias académicas, o simplemente se descartó el caso por falta de información y se tomó a otra institución del posicionamiento.¹ Para cada biblioteca o sistema se analizó:

Se identificó así un extenso rango de situaciones, que fueron objeto de un subsecuente ordenamiento asociado a la construcción de una escala jerárquica con cinco categorías, a las que se atribuyó valores para representar los grados de apertura o restricción frente a los usuarios externos, de tal suerte que, a mayor puntaje, mayor sería el nivel de exclusión:

La información recopilada se ingresó a una hoja de cálculo de Excel, en la que se asignó a cada caso de observación un valor, según la escala, en atención a lo establecido en los diversos reglamentos, y se registró también la presencia o ausencia de requisitos específicos:

Luego, se efectuó un cálculo sumatorio con los valores correspondientes a los grupos de bibliotecas de cada país, obteniéndose medias aritméticas que se atribuyeron a los casos nacionales para fines de comparación.

Resultados

El Cuadro 1 presenta los resultados generales de la evaluación, con las siglas o abreviaturas de las setenta universidades representando a sus bibliotecas, más los valores asignados de acuerdo con la escala de acceso y restricción. En el Cuadro 1 identificamos tres grandes situaciones: en la primera, tenemos a las bibliotecas de Brasil, México y Argentina, donde los usuarios externos son ampliamente bienvenidos (con pocos casos fuera del patrón); en segundo lugar, vemos que en Colombia, Chile y Bolivia la situación es muy variada, con un buen número de instituciones que aceptan a los usuarios externos o les ponen pocas trabas, junto a otras que les colocan fuertes barreras, aunque en general las primeras dominan la escena. Y, finalmente, destaca en tercer lugar el singular caso de Perú, cuyas bibliotecas universitarias por lo regular han institucionalizado serios impedimentos al acceso de usuarios externos, cuando no lo prohíben casi por completo.

El Cuadro 2 recoge para cada país el cálculo de las medias aritméticas de los valores de la escala, lo que permite observar diferencias globales entre países. Pero, además, se observa aquí que las barreras y exclusiones son conside- rablemente más comunes en las instituciones privadas de casi todos los países. No obstante, también en esta categoría las diferencias son notables.

De hecho, la distancia entre los extremos se amplifica más aún en el análisis separado de las bibliotecas del régimen privado, con las de Perú sobresaliendo por su estrecha cercanía (4.8) al mayor extremo de exclusión.

El Cuadro 3 muestra cómo se manifiesta en Perú la pronunciada inclinación a establecer restricciones a los usuarios externos. Fuera del caso excepcional de la unsaac, las bibliotecas menos restrictivas (UNMSM y UNALM) solicitan dinero para permitir el acceso a sus servicios. Otras lo conceden previo cumplimiento de diversas condiciones, como estar afiliado a alguna institución que respalde la solicitud de atención (en todas las bibliotecas de universidades privadas), ser “investigadores”, ser estudiantes universitarios de determinado nivel (“a partir del 8vo ciclo”, PUCP), o ser “mayores de edad” (UNMSM).

En algunos escenarios, los usuarios externos deben tramitar carnés de biblioteca (que implican pagos, fotografías, solicitudes u otros documentos). La UNSA requiere una “carta de garantía” de “un docente o servidor administrativo titular” de esta universidad. También, en ocasiones, se exige que los solicitantes anuncien por anticipado sus temas de interés, mediante comunicaciones avaladas por una institución (UPC y UPacífico), pedidos que se evalúan para su aprobación o rechazo.

Discusión y conclusiones

Este estudio de los reglamentos de setenta bibliotecas universitarias de siete países de América Latina revela que existen amplias diferencias en las posturas que éstas asumen frente al acceso de usuarios externos a sus servicios: en Brasil, México y Argentina, las bibliotecas universitarias suelen acoger a cualquier ciudadano; en Colombia, Chile y Bolivia se presentan variados niveles de apertura y restricción en distintas universidades, y en Perú, las bibliotecas por lo regular imponen a los usuarios externos múltiples requisitos para ac- ceder a la atención, ubicándose en su mayoría próximas al mayor extremo de exclusión definido en la escala utilizada para la evaluación.

Por otra parte, las restricciones son más comunes en las instituciones privadas, cosa que se ha identificado en investigaciones previas (^{Weare y Stevenson, 2012}) y que sería esperable, aunque no lo es tanto si considera- mos que, en conjunto, las bibliotecas de universidades privadas latinoamericanas son en promedio menos restrictivas que las públicas de Perú.

Éste es el primer estudio que analiza, describe y compara la situación del acceso por parte de usuarios externos a los servicios de bibliotecas universitarias a nivel de América Latina. En tal sentido, constituye una contribución original al conocimiento sobre este tema. Los hallazgos indican que en una parte importante de esta región dichas bibliotecas operan bajo una filosofía de proyección social universitaria que tiene una larga tradición en el mundo bibliotecario. Por ejemplo, ya en 1775 la biblioteca de la Universidad de Salamanca según el reglamento de ese año ofrecía sus servicios a “los naturales, i personas aficionadas de el pueblo” (^{Becedas, 1995: 48}). Asimismo, ^{Waggoner (1964)} señala que, en Estados Unidos, desde inicios del siglo XX, los bibliotecarios de muchas universidades han abogado por la apertura de sus servicios a la comunidad. En este país, un estudio de 1965 encontró que, en ese año, el 94 por ciento de 783 bibliotecas académicas ofrecía sus servicios a usuarios externos (^{Josey, 1969}), mientras que otro estudio de 2001, esta vez con 527 bibliotecas académicas, halló que todas atendían a usuarios externos, siendo el acceso “irrestricto” en el 89 por ciento de los casos (96 por ciento en instituciones públicas) (^{Courtney, 2003}). Resulta entonces que, a escala latinoamericana, al menos en Brasil, México y Argentina, se ha adoptado esta doctrina de apertura y proyección a la sociedad que está ya bien establecida en los países más desarrollados (^{Atkinson, 2018}; ^{Russell et al., 1992}) y que se asume incluso como una obligación “ética” de los bibliotecarios (^{Martin, 1990}).

En contraste, se da en Perú una situación diametralmente opuesta, con restricciones múltiples para el acceso de usuarios externos, o su completa exclusión en no pocos casos (como cuando el término “usuario externo” se refiere únicamente a ciertos tipos de personas, mas no a cualquier ciudadano del país). Este escenario se asemeja ligeramente a lo que ^{Herrera y Pérez (2009)} han encontrado en España, aunque anotando que allí los condicionamientos son “asequibles en la mayoría de los casos”.

Es preciso reconocer algunas limitaciones del estudio. Su metodología no está exenta de sesgos y errores en los procedimientos de análisis o en las propias fuentes de información. Como en otros trabajos basados en reglamentos de bibliotecas (^{Herrera, 2001}; ²⁰⁰³), también en éste los documentos fueron de calidad desigual, algunos con ambigüedades o hasta contradicciones, lo que exigió esfuerzos de interpretación que, en ciertos casos, pudieron haberse apartado de las intenciones originales de sus autores. Asimismo, los reglamentos no necesariamente reflejan las labores reales de las bibliotecas. Por ejemplo, algunos muy restrictivos serían empleados de manera flexible en los servicios. O quizás ocurriría también que normas favorables al libre acceso de usuarios externos no sean cumplidas por algunos operadores especialmente celosos e inclinados a establecer barreras informales a la atención. Sea como fuere, el método ofrece ventajas nada desdeñables, como la de facilitar la comparación de numerosos casos y la identificación de diferencias a escala nacional.

Este último punto pone de relieve los extremos de la comparación. No cabría sacar aquí conclusiones sobre el porqué de la singularidad del caso peruano, debido al carácter exploratorio de este estudio, pero se puede ade- lantar al menos algunas hipótesis. Para empezar, no parece que estemos ante un problema de formación bibliotecaria. En diversos campos específicos (co mo el desarrollo de colecciones y bases de datos, o el manejo gerencial), los bibliotecarios peruanos exhiben desempeños comparables a los de sus colegas de Brasil, México o Argentina, y no son ajenos a la participación en foros internacionales donde se discuten las novedades de su disciplina. Además, nos referimos a una élite profesional ubicada en las universidades más importantes y prestigiosas del país, incluyendo a las que ofrecen formación en bibliotecología (UNMSM y PUCP). Luego, la comparación entre países lleva a relativizar las justificaciones que desde las propias bibliotecas se alegarían para imponer barreras de acceso (como costos, recursos, personal, espacio, etc.), pues a primera vista nada lleva a pensar, por ejemplo, que las bibliotecas peruanas tengan en general más limitaciones que las bolivianas.

Lo observado en Perú se explicaría por las condiciones de la ciudadanía y la democracia en este país. Las ciencias sociales peruanas han insistido en señalar que existen aquí enormes carencias en la aceptación de valores cívicos y democráticos, como la igualdad de las personas y los derechos ciudadanos, sosteniendo que predomina, en cambio, la valoración de los individuos de acuerdo a su estatus social, su “educación”, su etnicidad, su procedencia geográfica y hasta su apariencia física, tanto en las interacciones cotidianas (^{Santos, 2002}), como en espacios institucionales. Y aun cuando estos problemas se dan en todo el espacio latinoamericano, diversos análisis coinciden en colocar a Perú entre los países latinoamericanos donde menor fuerza y relevancia tienen las instituciones democráticas y los valores ciudadanos (^{Carrión et al., 2012}).

Conclusiones

La comparación de las políticas de acceso a los servicios en las bibliotecas universitarias latinoamericanas revela que entre sí existen enormes diferen cias en sus formas de relacionarse con los ciudadanos de sus países. El panorama mostrado invita a nuevas indagaciones para esclarecer lo que estaría detrás de esas diferencias, prestando atención tanto a las políticas y prácticas bibliotecarias, como a las filosofías que las definen, no sólo en materia de doctrina bibliotecaria, sino también en lo que concierne a criterios de proyección social, democracia, ciudadanía e igualdad de las personas.

Al respecto, en el caso extremo de Perú, no parece casual que los reglamentos de sus bibliotecas universitarias señalen en su mayoría y tan enfáticamente que los usuarios externos deben pertenecer a determinadas categorías sociales (indicadoras de su estatus) para merecer atención, o que necesiten acreditar sus antecedentes educativos y de procedencia institucional, dejándose relegada casi siempre su sola condición de ciudadanía como un criterio para aceptarlos en los servicios. En estos aspectos, las actitudes de los biblio tecarios, reflejadas en sus reglamentos, son en realidad muy similares a las que comúnmente gobiernan numerosos ámbitos institucionales en que se mueven los peruanos (en los servicios de salud, la administración de justicia, etcétera). Desde esta perspectiva, tales prácticas restrictivas no serían más que la reproducción, en el ámbito específico de la biblioteca universitaria, de los esquemas sociopolíticos y culturales que típicamente regulan las relacio nes sociales entre las personas de este país.

Otra posible explicación estaría en las diferencias en los roles desempeñados por élites políticas e ilustradas en los arreglos institucionales y normativos de los países, en vista de que justamente Brasil, México y Argentina se han caracterizado por tener élites intelectuales y modernizantes con gran peso histórico y presencia política, mientras que en Perú los espacios de poder han acogido muy poco la participación y las propuestas democratizadoras de los intelectuales más progresistas.

Finalmente, no menos importantes son los impactos sociales derivados de los dos esquemas de práctica bibliotecaria identificados: por un lado, la proyección social universitaria a través de las bibliotecas beneficia a las universidades que la practican, fortaleciendo sus relaciones con las sociedades de sus entornos (^{O’Kelly, 2017}; ^{Torres, 2005}) y enriqueciendo su imagen pública, ambas cosas a un costo muy bajo (^{Courtney, 2001}; ²⁰⁰³; ^{Weare y Stevenson, 2012}), sin contar los beneficios que esto significa para la comunidad y su desarrollo; y por el otro, la exclusión de los usuarios externos y las negativas experiencias de ellos por su segregación, lógicamente generan justificadas percepciones masivas de desagrado, dirigidas no sólo a las bibliotecas y los bibliotecarios, sino también a las universidades implicadas, sin beneficios evidentes para estos actores.