Artículos

 

Bibliotecas públicas dominicanas

 

Public libraries in the Dominican Republic

 

Yumarys Alt. Polanco–Almonte*

 

* Departamento de Desarrollo de Colecciones. Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU), Ministerio de Cultura República Dominicana. Dirección residencial: Dirección residencial: Salomé Ureña No.54 Altos, San Francisco de Macorís, Provincia Duarte, República Dominicana Tel.: (809) 290–2440/732–3132 Ext.: 231/ 809–886–2266/(829) 988–9941. E–mail: yumarys@gmail.com

 

Artículo recibido: 6 de agosto de 2010
Artículo aceptado: 30 de noviembre de 2010

 

Resumen

Este artículo es una compilación sobre el estado del tema bibliotecas públicas dominicanas. Se exponen aquí los principales acontecimientos que han marcado el desarrollo de estas importantes unidades de información. La documentación recopilada sirvió para describir parcialmente el estado de las bibliotecas públicas y utilizar esta información para presentar algunas recomendaciones.

Palabras clave: Bibliotecas públicas; Bibliotecas públicas dominicanas; Historia de bibliotecas públicas dominicanas.

 

Abstract

This paper provides a historical overview and description of the current state of public libraries in the Dominican Republic. The events central to their development are also described. The documentation gathered has served to create a profile of the current state of public libraries and make some recommendations.

Keywords: Public libraries; Public libraries in Dominican Republic; History of the public libraries in Dominican Republic.

 

INTRODUCCIÓN

En los países desarrollados las bibliotecas son un vehículo idóneo para ayudar a enfrentar una de las problemáticas que hoy en día encaran todas las naciones del mundo: el acceso y uso efectivo de la información, esta última relacionada con las competencias informacionales. Las bibliotecas públicas, en particular, por ser las que se ocupan de atender las necesidades de la población general, juegan un papel muy importante en los planes y acciones, gubernamentales y del sector privado, orientados a influir en esta situación. Estas unidades de información tienen como parte de sus misiones proveer libre acceso a la información, al conocimiento y a las obras artísticas de la imaginación, con el motivo intrínseco de satisfacer las necesidades informativas, educativas, culturales y de uso del tiempo libre de las comunidades a las que sirven.

Además, según IFLA/UNESCO (1994), las bibliotecas públicas deben fomentar y promover el gusto y el amor por los libros y la lectura, desarrollar las competencias informacionales, alfabetizar (tradicional y tecnológica) y apoyar la educación, entre otras, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad ayudando en la formación de ciudadanos informados, íntegros, críticos, capaces de asumir responsabilidades y de tomar decisiones inteligentes en el ámbito personal, social, económico y político.

Por estas razones las bibliotecas públicas son claves en la planificación y el desarrollo económico, social y cultural sostenido de los países, en especial para aquellos en vías de desarrollo; así lo afirman Guinchat & Menou (1992) quienes indican que:

En los países en desarrollo, estas bibliotecas [públicas] pueden ser un factor importante para dicho desarrollo, para el mantenimiento de la alfabetización y también una fuente indispensable de información inclusive técnica, en zonas donde no existe otra infraestructura (p. 346).

Este trabajo presenta el desarrollo histórico y una descripción parcial del estado en que se encuentran operando las bibliotecas públicas de la República Dominicana. El objetivo del artículo es compilar datos históricos y recientes sobre la situación de las bibliotecas públicas dominicanas. Se describen las bibliotecas de acuerdo con los servicios que prestan, los usuarios que atienden, las colecciones, los recursos humanos, la administración y el apoyo gubernamental, las instalaciones físicas y la presencia que tienen estas bibliotecas en Internet. Al analizar esta información se han planteado algunos retos y problemas que confrontan las bibliotecas y a partir de éstos se esbozan algunas recomendaciones que podrían ser consideradas para trabajar con miras a mejorar su situación. El documento en sí mismo podría ser una fuente de referencia, única en su clase debido a que es el primero que compila una extensa cantidad de citas de fuentes y recursos de información sobre bibliotecas públicas dominicanas, por lo cual es un aporte que podría servir de ayuda a investigadores interesados en el tema.

 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y FUENTES

La investigación documental según Bosch García (1985) y Ávila Baray (2006) permite buscar, identificar, localizar, recopilar, describir, comparar y analizar información de fuentes documentales diversas para obtener documentos en los que se describe, explica, discute y critica, entre otras actividades intelectuales, un tema. Este texto fue guiado según esta técnica de investigación, por considerarla idónea para presentar este tipo de trabajo.

En el proceso, búsqueda, identificación y localización se hizo necesario visitar diversas unidades de información ubicadas en San Juan, Puerto Rico, y Santo Domingo, República Dominicana. Además se estableció contacto vía correo electrónico con profesionales bibliotecarios, periodistas y profesionales de otras áreas, lo que permitió auscultar documentos importantes sobre la temática. Se consultaron varias páginas Web, dentro de las cuales está una página informativa de la Biblioteca República Dominicana (nombre oficial de la biblioteca pública). Otras páginas accedidas fueron gubernamentales relacionadas con el Ministerio de Cultura, dentro de éstas, la página de la Dirección General de la Feria del Libro.

 

LAS PRIMERAS BIBLIOTECAS DOMINICANAS

En 1974, el historiador y profesor universitario Vetilio Alfau Duran señala que la primera biblioteca pública se fundó en la ciudad de Santo Domingo en 1867, que esta biblioteca fue fundada por un grupo de ilustres ciudadanos dominicanos y que fue alojada en una sala de La Casa del Sacramento, centro educacional, religioso y laico. Describe Valdez (1992) que el acervo de esta primera biblioteca pública se conformó con libros y documentos de la biblioteca personal de Rafael María Baralt, de nacionalidad venezolana, quien vivió por mucho tiempo en Santo Domingo. Según Floren (1986) y Jiménez, Gómez de Pérez & Méndez (cl986) esta biblioteca estuvo alojada además en el Palacio de Gobierno antes de ser ubicada en La Sala del Sacramento. Unos nueve años más tarde (1976), según Jiménez, Gómez de Pérez & Méndez (cl986), pasa a cargo de la Sociedad Literaria "Amigo del País". Esta primera biblioteca pública estuvo en funcionamiento hasta que en el año de 1904 se dispersaron sus fondos.

Jiménez, Gómez de Pérez & Méndez (cl986) apuntan, por otra parte, que en 1874 la Sociedad Amantes de la Luz de la ciudad de Santiago de los Caballeros crea su biblioteca, la cual, ésa sí, sería considerada históricamente como la primera biblioteca pública dominicana por haber sido concebida con esfuerzo netamente dominicano, ya que la fundada en el 1867 se había conformado gracias a los recursos bibliográficos del venezolano–dominicano Rafael María Baralt. Las autoras apuntan en su libro que la Sociedad de Beneficencia La Libre Alianza fundó una biblioteca en la Villa de Salvaleón de la provincia de Higüey en el año de 1875, pero ésta había desaparecido para 1891.

En su recuento sobre las primeras bibliotecas públicas dominicanas Jiménez, Gómez de Pérez & Méndez (cl986) expresan que en 1888 Eugenio Deschamps fundó la biblioteca "Alianza Caribeña", bajo la dependencia de un Centro Artesanal de la ciudad de Santiago de los Caballeros, y que en 1908, se fundó en la ciudad de Mao, provincia de Valverde, la biblioteca pública "El Esfuerzo", establecida por la Sociedad que llevaba el mismo nombre. La biblioteca "El Esfuerzo" fue iniciativa de ciudadanos santiagueros entre los cuales se menciona a Manuel Francisco Evertz y a Amado Franco Bidó. Indican las autoras que para mediados de la década de 1980 esta biblioteca se encontraba en funcionamiento, aunque por los datos que apuntan los autores puedo decir que con un acervo muy limitado, ya que sólo disponía de unos 750 ejemplares para darle servicio a una población de aproximadamente 27,100 habitantes.

A estas primeras iniciativas de bibliotecas públicas las sigue el fenómeno de las bibliotecas municipales, las cuales, como su nombre lo indica, son financiadas por los ayuntamientos (actualmente alcaldías) de cada municipio.

En el 1979, Jiménez, Gómez de Pérez & Méndez (cl986) reseñan que las bibliotecas municipales surgen al ser instituido en 1910, el Reglamento para la Biblioteca Municipal, presentado textualmente por dos de los forjadores de la bibliotecología dominicana, Floren Lozano & Mella Chavier (1979) en su trabajo titulado Legislación bibliotecaria de América Latina: República Dominicana. El reglamento establece la organización de estas bibliotecas y los deberes de los bibliotecarios que laboran en ellas.

Floren Lozano & Mella Chavier (1979) citan en su publicación que en 1924 entró en rigor un reglamento que derogó al anterior (el de 1910). La última actualización de ese reglamento data de 1963 y fue la Resolución número 76/63, que sustituyó el antiguo reglamento del 7 de marzo de 1924. Sobre esta versión del reglamento, Jiménez, Gómez de Pérez & Méndez (cl986) reconocen que éste, para ese entonces, estaba acorde con la actualidad y las reglas modernas de la profesión. Lo cierto es que esa antigua reglamentación al no haber sufrido modificación o actualización alguna desde 1963, estaba completamente desfasada. Un intento más reciente que no guarda ninguna relación con los documentos anteriormente citados es el Reglamento orgánico para el funcionamiento de la biblioteca República Dominicana, sus dependencias y servicios, publicado en 1992. Ese mismo año el documento fue propuesto como modelo a replicarse en las demás unidades pares del país. Otra fuente normativa es el Reglamento general de los servicios de préstamos de materiales de la Biblioteca República Dominicana, segunda edición revisada, publicado en 1996. Ambos documentos fueron publicados por la Presidencia de la República Dominicana.

En la compilación sobre la legislación de bibliotecas de la República Dominicana de Floren Lozano & Mella Chavier (1979) figura el Reglamento Núm. 7135 de fecha 5 de febrero de 1951, que creó la Dirección General de Bibliotecas bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Cultura (actualmente Ministerio de Cultura). Jiménez, Gómez de Pérez, & Méndez (cl986) señalan sobre este particular que este organismo fue muy importante para alcanzar las metas propuestas por el estado en materia de educación y fomento del hábito de la lectura. Dentro de las funciones atribuidas al citado organismo estaban, entre otras: coordinar y cuidar el funcionamiento de las bibliotecas públicas y de las demás bibliotecas bajo su dependencia; velar por el cumplimiento de la legislación; orientar técnicamente a las bibliotecas escolares; formular un presupuesto anual; supervisar el desenvolvimiento, la creación y el mantenimiento de las bibliotecas escolares; formar y publicar el directorio de las bibliotecas del país; capacitar y formar bibliotecarios y auxiliares, y someter ante el Secretario de Estado del Ramo los anteproyectos de leyes, reglamentos y ordenanzas.

Jiménez, Gómez de Pérez & Méndez (cl986) apuntan que las bibliotecas populares tuvieron presencia en el país gracias a un proyecto educativo y cultural que implemento en 1986 el Ayuntamiento del Distrito Nacional. El proyecto tuvo como propósito generar un fondo para la creación de este tipo de biblioteca. Este fondo se nutriría con el 6% del monto de las contrataciones de obras municipales concedidas. Con dicho proyecto estuvieron funcionando 54 bibliotecas populares distribuidas en la ciudad capital y otras comunidades urbanas y rurales. Este aspecto sobre el financiamiento fue retomado por la nueva Ley del libro y bibliotecas (Ley núm. 502–08).

 

ALGUNOS DATOS SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS ENTRE 1965 – 2009

En 2007, Marisol Floren Romero afirmó que habían sido varias las publicaciones que han examinado el desarrollo de las bibliotecas y la bibliotecología dominicana. Las publicaciones examinadas por Floren Romero, todas ellas de autores extranjeros (de nacionalidad distinta a la dominicana), entre las cuales están Gropp (1941), Peraza Sarausa (1941), Baa (1964) y Foster (1987), aportan datos significativos sobre la historia de la bibliotecología dominicana al describirnos las instituciones que fueron visitadas por estos investigadores. También se han publicado escritos importantes que recogen datos históricos sobre la situación que prevalecía en diversos tipos de bibliotecas, incluyendo las municipales, populares y públicas, como el caso del estudio comparativo entre bibliotecas cubanas, dominicanas y puertorriqueñas, llevado a cabo por Freiband, Gómez, Gutiérrez, Lugo, Ortiz & Torres en el año de 1996; y la investigación sobre bibliotecas dominicanas de Lockward (1968).

Otras publicaciones, tales como las de Floren Romero (2007,1993), Foster (1987) Jiménez, Gómez de Pérez & Méndez (cl986), Litton & Krzys (cl986), María (2004), Read & Ruiz (2007) y Marrero (2008) son reveladoras de las situaciones, la negligencia y la atención mínima que le prestaba el gobierno a estas unidades de información, dedicadas a satisfacer las necesidades de información de la población en general. Por su parte, Peralta Checo (2004), Read & Ruiz (2007) y Marrero (2008), manifiestan la falta de una política pública sobre las bibliotecas públicas del país.

Jiménez, Gómez de Pérez y Méndez (cl986) afirman que "las bibliotecas públicas no tienen ningún sistema de organización, ni fundamento". Read & Ruiz (2007), por su parte, al recoger la opinión de expertos dominicanos en bibliotecología encontraron que éstos concuerdan en que la falta de legislación en materia de bibliotecas o la de un órgano oficial que las regule, dificulta que se haga realidad el sueño de darles vida a estos centros y que puedan mantener una continuidad sostenida a través del tiempo. Asimismo, como parte de los datos que este reportaje periodístico compila, está la afirmación por parte de las autoras, de que

Ajenos a normativas o políticas de Estado, estudiantes y amantes de la lectura se acercan a las bibliotecas con la esperanza de que más que almacenes de libros, éstas operen como verdaderos centros culturales. (¶ 14).

Marrero (2008), quien fungiera como Sub–Directora Técnica de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU), de la República Dominicana, expresa en este sentido que las dificultades que confrontan las bibliotecas públicas se deben a:

La muy insuficiente integración o presencia de la biblioteca pública en las políticas públicas de carácter estatal y gubernamental; políticas que articulen efectivamente los planes, programas, proyectos y demás acciones encaminadas a desarrollar la biblioteca pública y a insertarla en la vida política de las personas. (¶ 7).

Esta atención insuficiente, evidenciada por la falta de una política pública, se traduce en el desarrollo de pocos y deteriorados recursos informativos, escasos servicios y falta de equipos, lo cual conlleva a que no se atiendan los requerimientos de información de los usuarios, ni en calidad, ni en cantidad. Una política bibliotecaria facilitaría un desarrollo coherente y sostenido de las bibliotecas públicas y el acceso a la información, pero esta política según Méndez & Montero (2007a), para ser eficiente necesita fondos adecuados y asegurar leyes y regulaciones (reglamentaciones) apropiadas. Todo esto debe estar en orden para garantizar el acceso a la información.

Marrero (2008) añade por su parte que

Deben formularse políticas nacionales para las bibliotecas públicas, estrechamente ligadas a una política específica de los servicios bibliotecarios públicos en ámbitos fundamentales como el intercambio entre bibliotecas y el establecimiento de una red interbibliotecaria, (¶ 5)

y que éstas deben tener una "estrecha relación con las políticas generales de un país, así como en las políticas públicas sobre educación y cultura y con las realidades históricas y sociales" (¶ 2). Lynch & Yang (2004) opinan, al igual que Méndez & Montero (2007a), que las normas son fundamentales para mejorar los servicios de información. Lynch & Yang afirman sobre este aspecto que la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas) trabaja incansablemente a nivel internacional por desarrollar estándares para mejorar los servicios de las bibliotecas; sin embargo IFLA también reconoce la importancia que tienen los estándares a nivel nacional, regional y local, y enfatiza que la difusión mundial del conocimiento y la información sobre el desarrollo de estándares de bibliotecas ha sido útil para preparar estándares a los niveles regionales y locales. Los mismos Lynch & Yang señalan que los estándares de la biblioteca a nivel internacional identifican las variables y los valores críticos necesarios para evaluar los servicios bibliotecarios, y permiten que la consideración de esas variables y valores para la evaluación de los servicios bibliotecarios se dé a nivel local, regional e internacional.

El resultado del análisis de la documentación sobre bibliotecas públicas, nos sugiere que este panorama podría deberse al desconocimiento general sobre la concepción y el desempeño que tienen las bibliotecas públicas en la sociedad, y la función protagónica que juega el gobierno como órgano encargado de gestar estas instituciones. Información consignada en el manifiesto sobre la biblioteca pública de la IFLA/UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura), documento que destaca el rol y la función importante que juegan los gobiernos, como órganos responsables del financiamiento, la legislación y, por ende, el buen funcionamiento de las bibliotecas públicas; y la importancia de las misiones, la función y el papel que deberían desempeñar las bibliotecas en las estrategias del gobierno a largo plazo para la cultura, la provisión de información, la alfabetización y la educación. (IFLA/UNESCO, 1994, Sección Financiación legislación y redes, ¶1).

Sobre este particular, Méndez Rodríguez & Montero de Jiménez (2007b) sostienen que para el 2004 las bibliotecas públicas se encontraban en un estado de indefinición en cuanto a sus funciones y procedimientos, y que en algunos casos se confundían con la Biblioteca Nacional. Este desconocimiento no es un caso particular de la República Dominicana ya que, por mencionar otro, Colombia, que goza de una vasta experiencia en el campo y tiene una buena tradición y cultura bibliotecaria, según Rodríguez Santamaría (2007) también lo experimenta en la actualidad:

En el caso particular de Colombia, se puede decir que por no tener la BN [Biblioteca Nacional] un buen desarrollo, ni existir claridad suficiente sobre el papel de la BP, esta relación [Biblioteca Nacional encargada de la biblioteca pública] no es conveniente para ninguna de las dos, y de esta doble funcionalidad de la BN, generalmente la perdedora es la BP. (p. 36).

En este mismo contexto, Marrero (2008) expone en las VIII Jornadas Para Bibliotecarios Dominicanos, organizadas por la Asociación de Bibliotecas Universitarias Dominicanas (ABUD) en noviembre de 2008, que:

Corresponde al Estado generar, cumplir y hacer cumplir políticas públicas orientadas a la creación y desarrollo de las bibliotecas en el país; pues su existencia y funcionamiento constituyen un factor decisivo para satisfacer las necesidades de información y conocimiento de las personas, aspectos esenciales para el desarrollo ... [y que] Las dificultades no solamente se encuentran en la esfera de la comprensión teórica sobre la biblioteca pública y sus objetivos (¶ 4, 8).

Read & Ruiz (2007) ponen de manifiesto en un reportaje periodístico que otra de las situaciones que aquejan a las bibliotecas son los escasos servicios que además evidencian, el deterioro de los materiales bibliográficos (Litton & Krzys, cl986) y la falta de equipos (Floren Romero, 2007). Los mismos Read & Ruiz señalan que las colecciones de estas unidades no llenan los requisitos de información de sus usuarios, afirmación que coincide con la publicada por Jiménez, Gómez de Pérez & Méndez en la década del 1980. Read & Ruiz (2007) destacan, además, que con el solo paso del tiempo las bibliotecas tienen que cerrar sus puertas dadas las dificultades en las que se encuentran funcionando. Otros autores comentan sobre la pobreza en la organización y cantidad de las colecciones, así como en la obsolescencia de éstas. (Litton & Krzys, cl986; Moushey, cl972; Peralta Checo, 2004; Méndez Rodríguez & Montero Morales, 2007b; Jiménez, Gómez de Pérez y Méndez, cl986) y añaden que:

1. El personal que labora en las bibliotecas adolecía de formación específica o suficiente. (Litton & Krzys, cl986); Peralta Checo, 2004; Méndez Rodríguez & Montero de Jiménez, 2007b).

2. Las colecciones contienen un gran número de libros de texto debido a que la biblioteca pública sirve como biblioteca escolar en todos los casos (Floren Romero, 2007; Rodríguez & Montero de Jiménez, 2007; Moushey, cl972).

3. El acceso a las colecciones obedece a la modalidad de estantería cerrada, donde los usuarios deben solicitarle los servicios a un bibliotecario, Moushey (cl972), modalidad que predomina aún en la actualidad.

4. Ninguna de las bibliotecas públicas dominicanas ofrece el servicio de préstamo de recursos a domicilio (Floren Romero, 2007; Litton & Krzys, cl986; Moushey, cl972; Méndez Rodríguez & Montero de Jiménez, 2007b) el cual es uno de los servicios básicos de las bibliotecas públicas.

5. Muchas de las bibliotecas se mantienen gracias a la caridad de la comunidad a través de donaciones y regalos. (Litton & Krzys, cl986; Moushey, cl972).

6. Las instalaciones son también deficientes y en algunos casos completamente inadecuadas, (María, 2004; Méndez Rodríguez & Montero de Jiménez, 2007b).

El Directorio de bibliotecas, centros de documentación y servicios de información publicado por Mirabal en el 2000 es otro de los trabajos que tiene alcance y profundidad, aunque limitados, nos muestra la ausencia de datos tales como la cantidad de recursos de información, o de los formatos y soportes de las colecciones, los servicios, etc., así como la limitada información que suministran las instituciones, y la deficiencia y el estado de pobreza en el que se desenvuelven actualmente las bibliotecas públicas dominicanas. Estas circunstancias han provocado que las bibliotecas académicas dominicanas asuman cierto grado de responsabilidad y estén tratando, en la medida de sus posibilidades, de satisfacer las necesidades de información del pueblo, quizá por eso Núñez de Taveras (2006, Sección Décadas de los 60 y los 70, 1 2) ha escrito: "ante la escasez de bibliotecas públicas han extendido sus servicios hacia la sociedad". Penkova (2007) por su parte, afirma igualmente,

las bibliotecas universitarias mantienen la responsabilidad de... atender una comunidad adoptiva de usuarios externos, que es una extensión de sus funciones y un aporte para el país en el defecto de sistema de bibliotecas públicas actualizadas y funcionales (p. 55).

Algunos datos compilados por el censo nacional de bibliotecas del 2000, muestran el panorama parcial de la realidad en que funcionaban las bibliotecas públicas dominicanas. Además, se pueden contrastar ahí algunos de los datos suministrados con los de artículos anteriores que datan de 1960 a 1990. Según este compendio, el total de bibliotecas de ayuntamiento asciende a 120, lo cual representa un 40% del total de las bibliotecas de la República Dominicana para el 1999. Muestra el censo también que de las 120 bibliotecas unas 108 están en pleno funcionamiento (el 90%) y las otras 9 (7.50%) se encuentran funcionando parcialmente, lo cual representa casi el total de las bibliotecas del ayuntamiento. Ahora bien, lo que no está claro en el documento es lo que significa en "pleno funcionamiento" y "funcionamiento parcial", debido a que en el glosario de la publicación no se definen o precisan dichos términos.

Sobre el presupuesto las estadísticas indican que de las 120 bibliotecas municipales sólo 15 de ellas (el 12.50%) tienen presupuesto propio, mientras que 103 (el 85.83%) no lo tienen.

A tenor con el censo, el total general de usuarios de bibliotecas de la República Dominicana (todas las bibliotecas del país) es de 4,214,175, y de esta cifra sólo 366,720 (el 8.70%) son usuarios de las bibliotecas del ayuntamiento.

En lo relacionado con el personal que labora en las bibliotecas, el documento citado anteriormente especifica que de un total de 1,549 empleados, sólo 345 trabajan en las bibliotecas de ayuntamientos, lo que equivale a un 22.27%. De éstos 345 solamente 27 (7.83%) son profesionales del campo de la bibliotecología (con grados de licenciatura o maestría), 59 (17.10%) provienen de otras áreas y 109 (31.59%) se clasifican como que "tienen experiencia en bibliotecología".

Al comparar la cifra de los bibliotecarios profesionales (27) que laboran para las bibliotecas de ayuntamiento, con el total de bibliotecarios profesionales del país (186) el porcentaje equivale a un 14.52%

La cantidad de profesionales que trabajan en las bibliotecas de ayuntamiento es de 86 personas (24.93% de 345), y la de no profesionales es de unas 259 (75.07% de 345); de los profesionales sólo son del campo de la bibliotecología 27 (el 31.40%) y los restantes pertenecen a otras disciplinas.

En muchos de los casos el censo sólo muestra estadísticas relacionadas con las provincias y no con el tipo de institución, por lo cual no se pueden apreciar datos que precisen el estado de los servicios que prestan las bibliotecas públicas y otros aspectos de ellas. Dentro de las informaciones que no provee el censo por tipo de institución (bibliotecas escolares, púbicas/municipales/ayuntamientos, académicas/universitarias y especializadas) se encuentran las siguientes:

1. Los servicios que brindan préstamos, referencia, reprografía, entre otros.

2. Los tipos de publicaciones y los volúmenes.

3. Las estructuras físicas, mobiliarios y equipos: dimensiones de las superficies de los locales, si están alojadas en locales propios o no, y si tienen abanicos y aires acondicionados.

4. La descripción de los recursos de información (libros), (con o sin las I Reglas de Catalogación Angloamericanas). El estudio no incluyó el aspecto correspondiente a la asignación de materias a los recursos de información.

5. La clasificación de las colecciones, con o sin sistema de clasificación; y cual sistema de clasificación utilizan.

6. La disponibilidad de computadoras.

La ausencia de estos datos hace imposible tener un cuadro completo de la situación en que se encuentran funcionando las bibliotecas de los ayuntamientos (públicas), ya que no se cuenta con la información fundamental por tipo de institución, como tampoco con información relacionada con la organización las colecciones, los servicios y las actividades que se llevan a cabo.

Con los datos estadísticos recopilados por el documento República Dominicana en cifras 2007 se puede apreciar que en el 2006 se registró un total de 425,539 visitas a las bibliotecas dominicanas. Al contrastar este dato con lo publicado por Floren (1986), quien detalla que el número de visitas a las bibliotecas ascendió a 425,874 usuarios, se demuestra que la cantidad de usuarios ha seguido siendo la misma a través de los años. Otros datos encontrados describen que para 1966 existían unas 96 bibliotecas de ayuntamiento, Moushey (cl972) y Floren (1980) y, en la actualidad, el total de estas bibliotecas asciende a 120, por lo que en 42 años el incremento en la cantidad de bibliotecas públicas ha sido de sólo 24. Distintamente Floren (1986) sostiene que para 1956 existían unas 110 bibliotecas públicas en la República Dominicana, lo que implica que se han establecido y cerrado muchas bibliotecas entre 1956 y 1966. Floren (1980) dice, además, que el periodo de mayor crecimiento de las bibliotecas públicas fue 1959, cuando se registró que existían unas 136 bibliotecas (que servían a un total de 569,903 usuarios).

Según Moushey (cl972) muchos de los volúmenes de las colecciones son del área de las humanidades, información que concuerda con los datos presentados en el Censo de bibliotecas de uso público en República Dominicana (2000), donde unos 45,809 volúmenes (80.30%) de los 57,044 que componen la colección de las bibliotecas de ayuntamiento corresponden al área de las humanidades.

A continuación se presenta la relación de las obras de las bibliotecas de ayuntamiento por áreas temáticas:

El censo realizado en 1999 no provee información que permita visualizar la cantidad de préstamos que se han llevado a cabo en las bibliotecas públicas de ayuntamiento para poder comparar el dato con las cifras de hace 40 y 20 años atrás suministradas por Moushey (cl972) y Floren (1980,1986).

Nos resulta importante mencionar los avances positivos que se están dando en el país en aras de mejorar las bibliotecas públicas. Dentro de estas iniciativas podemos mencionar que algunos directivos de estas bibliotecas están interesados en generar un cambio. Este fue el caso del poeta Juan Freddy Armando, quien mientras dirigió la Biblioteca República Dominicana tuvo un enfoque visionario en cuanto a las bibliotecas públicas, a las que concibe como un centro dinámico cultural de encuentro para la comunidad, que es lo propuesto en el Manifiesto de la IFLA/UNESCO para la biblioteca pública (1994). Las acciones de este director a favor del modelo que propone han dejado hondas huellas y por ello la Biblioteca Pública República Dominicana ha sido objeto de reportajes y artículos periodísticos a nivel nacional (David 2006). El modelo de biblioteca pública pensado por Armando (2005) para el país lo esboza a través de siete retos 1) Darse a conocer; 2) Recursos que atraigan; 3) Medios de difusión propios, 4) Irse a casas y barrios; 5) Educar con deportes y juegos; 6) Desarrollar autogestión; 7) Tener gerentes creativos. Algunos de estos retos son descritos por Méndez Rodríguez & Montero Morales (2007b), en donde indica que:

Las bibliotecas se han convertido, o se están convirtiendo poco a poco en CRAIs (Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación). Las bibliotecas modernas deben incluir no sólo libros, sino todo tipo de materiales audiovisuales, sonoros y multimedia, así como el acceso a Internet y a todos los servicios de información electrónica (bases de datos, colecciones virtuales, etc.) que caracterizan el universo de información digital, debidamente procesada o tratada para su consulta, (p. 3).

Otra acción que demuestra una actitud positiva hacia las bibliotecas públicas es la organización y participación de autoridades gubernamentales en eventos internacionales, como los Encuentros Iberoamericanos de Responsables Nacionales de Bibliotecas Públicas, bajo la coordinación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Sin embargo, al revisar las actas de los encuentros celebrados no se encontró disponible ningún escrito sobre las bibliotecas públicas dominicanas, y también se pudo observar que el país no envió representantes a dos de los encuentros (2000 y 2002 respectivamente). En este sentido es importante destacar la realización del Seminario Internacional de Bibliotecas Públicas, celebrado del 1ro. al 3 de noviembre de 1999 en Santo Domingo, República Dominicana, en el cual se presentaron trabajos sobre las bibliotecas públicas en diferentes países iberoamericanos, incluyendo una ponencia sobre República Dominicana que fue imposible localizar para los fines de esta revisión.

Dentro de las iniciativas positivas se puede mencionar el diseño y puesta en marcha del Plan quinquenal del libro y la lectura (2007) y la promulgación de la Ley del libro y bibliotecas, en diciembre de 2008 (impresa en marzo de 2009), a través de los cuales se puede corroborar la preocupación y el interés del gobierno en los últimos años por favorecer las bibliotecas públicas. El plan quinquenal es de magnitud nacional y tiene como objetivo principal incrementar el nivel de lectura de los dominicanos. Dentro de sus estrategias el documento anuncia la necesidad de crear unas cien (100) bibliotecas en provincias y municipios de la República Dominicana, lo cual está amparado por la Ley del libro y bibliotecas. Dicho plan representa un avance significativo en el área de bibliotecas públicas y el acceso a la información en beneficio de toda la comunidad. Sin embargo, el Plan no incluye las instrucciones para el diseño, la creación, la implantación y el mantenimiento de las bibliotecas.

Las proyecciones de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU), expuestas por Marrero (2008) son propuestas que se podrán en marcha con el interés de beneficiar a las bibliotecas públicas. Las proyecciones incluyen a) planificar y poner en marcha el primer curso piloto de Auxiliar en Bibliotecología y Ciencias de la Información [en la actualidad, se han concluido dos promociones del programa para un auxiliar y otra para un técnico; se están evaluando ambos programas para ofrecerlos nuevamente]; b) planificar y llevar a cabo el segundo censo nacional de bibliotecas dominicanas y hacer un diagnóstico sociocultural de las bibliotecas públicas [en este momento está ya concluida la etapa del censo y se ha iniciado la del diagnóstico, cuyos resultados serán la base para planificar un plan de acción sustentado en las prioridades a atender para mejorar el estado de las bibliotecas públicas]; c) proyectar la atención a las bibliotecas: Juan Sánchez Lamouth de Villa Duarte, Provincia Santo Domingo Este; Rafael María Baralt de Maimón y la de Piedra Blanca de la Provincia Monseñor Nouel, así como contar con la colaboración de las bibliotecas creadas por ONG. En estos momentos la BNPHU se encuentra trabajando en los aspectos metodológicos del Proyecto de bibliotecas pilotos, que intentará posicionar a 12 bibliotecas del país como modelos que siguen las directrices para el servicio de bibliotecas públicas de la IFLA/ UNESCO; y ha impulsado el Proyecto de Diseño de la Carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la UASD (Universidad Autónoma de Santo Domingo), a través del cual, para el segundo semestre del año 2011 se podrá iniciar la capacitación de bibliotecarios dominicanos, e incrementar de este modo la calidad de los servicios y el funcionamiento de las bibliotecas del país. El proyecto se propone posicionar mejor a los bibliotecarios y la profesión, dignificando su imagen y mejorando sus condiciones de trabajo.

La Ley del libro y bibliotecas, que viene a fortalecer el Plan quinquenal del libro y la lectura y las bibliotecas en general, también plantea el establecimiento de una biblioteca pública por cada jurisdicción territorial. Esta ley, impulsada por Basilio Belliard, que fuera originalmente un anteproyecto netamente sobre bibliotecas (Ley general de bibliotecas (s. f.)) fue fusionado con el anteproyecto de la ley del libro para convertirse en lo que es hoy la Ley del libro y bibliotecas de la República Dominicana (2009). Ambos documentos (ley y plan) sugieren que el gobierno está consciente de la importancia y necesidad de proveerles a las bibliotecas dominicanas las políticas y normativas que garanticen el avance sostenido de estas instituciones. Aunque éstas necesitan además documentación complementaria, como reglamentos para la aplicación de la ley (que se encuentran en proceso de redacción), y también las políticas, los manuales de procedimientos y las directrices o normas que guíen la creación y el funcionamiento de estas bibliotecas.

Éstas y otras iniciativas gubernamentales denotan que se están haciendo esfuerzos por mejorar el estado en el que se encuentran las bibliotecas públicas dominicas, lo que es asegurado por Méndez Rodríguez & Montero Morales (2007b) cuando expresan que:

La realidad de las bibliotecas y servicios de información públicos está cambiando en el país. En la actualidad, se están experimentando cambios sustanciales en la infraestructura e infoestructura¹ de los centros de información de carácter público y titularidad estatal, creando, modificando mejorando la calidad de estos servicios (p. 5)

 

Ley del libro y bibliotecas, y las bibliotecas públicas

La Ley del libro y bibliotecas se propone regular los sectores que intervienen en el proceso de acceso al libro y la lectura, dentro de los cuales están el sector del mercado editorial y el funcionamiento de las bibliotecas. Para lograr este objetivo la ley dicta normas para organizar el mercado editorial y lograr un desarrollo armónico de este sector; así como del bibliotecario (de todos los tipos).

Un objeto de la ley es:

Estructurar un Sistema Nacional de Bibliotecas, como medio necesario para el desarrollo social, educativo, cultural, científico, tecnológico y económico de la nación y para su integración con el mundo (p. 30).

Esta ley visualiza a las bibliotecas como un conjunto al que denomina Sistema Nacional de Bibliotecas, que abarca todos los tipos de bibliotecas (la nacional, las públicas, las escolares, las universitarias, las especializadas y los centros de documentación).

La ley establece y define la biblioteca pública, sus funciones, su estructura básica y cómo se va ésta a articular, así como otros aspectos relacionados con la administración, el financiamiento y los recursos humanos. La finalidad de la ley es transformar las bibliotecas en medios para el desarrollo social, educativo, cultural, científico, tecnológico y económico del país, y establece la creación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP), de la cual serán filiales todas las bibliotecas públicas existentes y las que se creen en el futuro. Dentro de los aspectos que la nueva ley aborda se menciona la relación de la legislación con la Ley que crea la Secretaría de Estado de Cultura de la República Dominicana (Ley 41–00) (actualmente Ministerio de Cultura) en su generalidad, sin especificar la vinculación con el artículo 41² de la Ley núm. 41–00, que detalla la creación de la Red Nacional de Bibliotecas

Públicas y del Sistema Nacional de Bibliotecas Móviles, pero éste último refleja una visión equivocada de lo que deben ser las bibliotecas móviles, pues todas las unidades móviles son parte de lo que se conoce como servicios de extensión a la comunidad y dependen en lo inmediato de una biblioteca pública; es decir, que este servicio (bibliotecas móviles) existe para extender el alcance de los servicios de la biblioteca en su comunidad. La ley vincula de manera categórica la política del libro y la lectura con las bibliotecas, las trata como co–dependientes. Especifica que se creará el Consejo Intersectorial para la Política del Libro, la Lectura y las Bibliotecas (CONLIBRO), organismo que asesora el Poder Ejecutivo, y que definirá y velará por la ejecución de las políticas de acceso al libro y promoción de la lectura, la industria editorial y el Sistema de Nacional de Bibliotecas. La ley indica que el CONLIBRO estará compuesto por los ministros de Cultura, de Educación y Educación Superior Ciencia y Tecnología, más el director del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, un representante del Ministerio de Hacienda (SEH), una persona designada por el Presidente de la República (con experiencia en las actividades que aborda la ley), el director de la Dirección General del Libro y la Lectura (DGLL), el director de la BNPHU, tres representantes de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (lo que aún no se ha conformado), dos representantes de la Cámara del Libro, un representante de las universidades privadas y un representante de los colegios privados. Sin embargo, no forman parte actualmente de CONLIBRO representantes de la Biblioteca Pedro Mir de la UASD ni de bibliotecas escolares públicas, sectores vitales, porque primero, la biblioteca de la UASD representa a la casa de altos estudios que tiene el mayor número de estudiantes universitarios del país y porque ésta funciona como una gran biblioteca pública; y segundo, porque las bibliotecas escolares públicas serían las más numerosas del sistema y éstas tienen muchas carencias y necesidades que no pueden ser olvidadas por la mayoría de las iniciativas en beneficio de las bibliotecas.

Esta normativa establece, además, que la BNPHU asistirá y coordinará con el Ministerio de Cultura–DGLL lo perteneciente a la adopción de normas técnicas destinadas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

La ley instituye también el Sistema Nacional de Información y Registro Bibliotecario (SINIREB), organismo que llevará un registro de información integral sobre la operación, el cierre y el funcionamiento de lo que sucede en el Sistema Nacional de Bibliotecas.

En cuanto al financiamiento de la RNBP y de las propias bibliotecas públicas, la ley establece la creación de un fondo especial (FONDOLIBRO – Fondo Especial para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bibliotecas) que se obtendrá del 0.5% de toda obra pública que contraten las entidades estatales cuyo valor total ascienda a una cifra mayor de mil (1,000) salarios mínimos del escalafón salarial dominicano. Se contempla además un incentivo (exoneración del pago del impuesto sobre la renta) a las empresas y personas que realicen donaciones de dinero para la construcción, dotación o mantenimiento de bibliotecas públicas. Igualmente hace alusión a la exclusión del pago de los impuestos de las importaciones de bienes y equipos destinados a la dotación bibliotecaria y a la exoneración del pago del ITBIS (Impuesto de Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios).

Los gobiernos municipales también son llamados a participar como responsables, en algunos aspectos, de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas; dentro de las funciones consignadas sobre este particular se encuentran:

1. Coordinar y aplicar en el ámbito de sus competencias territoriales, la política estatal en lo referente a dicha red y su funcionamiento.

2. Orientar los planes y programas sobre creación, fomento y fortalecimiento de las bibliotecas públicas en su jurisdicción territorial.

3. Establecer regulaciones, de conformidad con la Ley núm. 502–08, respecto a la prestación de los servicios bibliotecarios en su jurisdicción territorial.

4. Destinar los recursos suficientes e incluir las apropiaciones presupuéstales necesarias para establecer, ampliar y mantener la infraestructura bibliotecaria de su jurisdicción, lo cual puede hacerse, de ser el caso, en co–financiación o concurrencia con el Gobierno Central.

5. Financiar el funcionamiento de las bibliotecas públicas en su jurisdicción.

La Ley núm. 502–08 contempla la creación de bibliotecas como parte del equipamiento urbano mínimo para las provincias y municipios.

Acerca del ejercicio profesional de la bibliotecología, la norma del Capítulo VI del Ejercicio Profesional de la Bibliotecología plantea que:

Para ejercer la profesión de bibliotecólogo se requiere haber obtenido el título en la modalidad de formación universitaria en bibliotecología, haber efectuado el registro del título ante la autoridad competente y obtener, en caso necesario, la matrícula profesional expedida por la autoridad competente. [Detalla además] [... ] que sólo las personas con experiencia de 5 años o más, que presenten prueba y aprueben el examen ante la SEE siempre y cuando así lo soliciten dentro de los dos (2) años siguientes a la vigencia de esta ley podrán trabajar en bibliotecas, (p. 62).

 

LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS, OTROS DATOS INTERESANTES

Tras examinar el Directorio de bibliotecas, centros de documentación y servicios de información de la República Dominicana, otras fuentes y algunas páginas publicadas en Internet, se podría decir que las colecciones y servicios ofrecidos por las bibliotecas públicas son, en general, de préstamo interno, referencia e información, búsqueda bibliográfica, reprografía y acceso a las computadoras y la Internet, esto último en un número muy limitado de bibliotecas.

Las colecciones de las bibliotecas públicas dominicanas son en su mayoría muy pequeñas. La cantidad de títulos oscila entre los 400 y 10,000, pero predominan las colecciones de entre 400 a 2000 títulos. Las colecciones más comunes son: general, de referencia, hemeroteca, dominicana, de audiovisuales y la infantil.

Las bibliotecas públicas dominicanas no cuentan con presencia en la Internet, sólo se pudo localizar información básica mínima de la Biblioteca República Dominicana (la cual no se encuentra funcionando en la actualidad, ya que fue transformada en una biblioteca infantil–juvenil) y de la Biblioteca Pública de Villa Duarte a través de un artículo publicado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina (CERLALC), Programa Iberoamericano de Cooperación de Bibliotecas Públicas PicBip, Correo de Bibliotecas Públicas Iberoamericanas.

A través de las publicaciones en los diarios de circulación nacional se pudo apreciar que existen actualmente muchas iniciativas para apoyar la creación y desarrollo de bibliotecas públicas, pero ninguna de ellas consensuadas, por lo que cada iniciativa es independiente una de la otra. A esta situación no escapan las dependencias gubernamentales ya que varios departamentos llevan a cabo proyectos relacionados con bibliotecas públicas que no tienen vinculación alguna uno con el otro; ni tampoco siguen un plan estratégico general que guíe y oriente sus acciones. Todas estas iniciativas, incluyendo las gubernamentales, se forjan sobre la intención misma de concebir una biblioteca, pero sin considerar hasta el momento ley, norma o política alguna, debido en general a la ausencia de estos documentos (aunque se cuenta con una ley, aún no se ha completado y aprobado el reglamento general para su aplicación). En el futuro se espera que las iniciativas se regulen con la puesta en práctica de la Ley del libro y bibliotecas a través de la redacción, promulgación, difusión y aplicación de los reglamentos de ésta; y también con la redacción y promoción de políticas y directrices complementarias. Regular la creación de las bibliotecas permitirá primero, que se aúnen esfuerzos y, segundo, le dará legitimidad y credibilidad a las bibliotecas públicas que se creen, puesto que éstas funcionarán observando criterios internacionales que garantizarán el éxito de sus propósitos.

 

CONCLUSIONES

La ausencia de datos empíricos impide presentar un pronunciamiento apropiado del estado de las bibliotecas públicas dominicanas, sin embargo, las publicaciones y recursos de información consultados son fuentes de referencia que ponen de manifiesto las condiciones en las que se encuentran operando estas unidades de información.

La documentación examinada evidencia, aunque de manera parcial, que las bibliotecas públicas no han tenido un nivel de avance y desarrollo progresivo, ya que hoy día contamos con bibliotecas públicas:

• Que han sido abandonadas por la autoridades gubernamentales.

• Que funcionan sin una política pública de carácter estatal, coherente con el plan de país y del gobierno, y que esté articulada con otras políticas conexas.

• Que cuentan con una ley que las ampara, pero que ésta aún no se ha aplicado (dos años después de su promulgación).

• Que no cuentan con un órgano oficial en el estado dominicano que las represente y se encargue de gestionarlas, mantenerlas, y de regular su establecimiento y funcionamiento.

• Que el gobierno y el sector privado tienen interés en apoyar, pero cuyas iniciativas en este sentido están completamente desarticuladas y no se apegan a un plan general que permita aunar esfuerzos y evite duplicar las acciones y los esfuerzos.

• Que no cuentan con independencia administrativa y que no tienen presupuesto asignado.

• Que poseen colecciones limitadas en cuanto a tamaño, y están desactualizadas, desorganizadas, deterioradas, y cuyo acceso se rige bajo la modalidad de estantería cerrada; y que en muchos casos sus colecciones no responden al perfil de biblioteca pública sino al de biblioteca escolar.

• Que funcionan más bien como escolares que como públicas.

• Que son visitadas por usuarios que no pueden satisfacer sus necesidades de información.

• Que ofrecen servicios muy limitados y mínimos.

• Que ofrecen el servicio de préstamo a domicilio.

• Que cuentan con recursos humanos que no tienen formación profesional en el campo de la bibliotecología y ciencias de la información.

• Que dependen para la adquisición de sus recursos, de los regalos de la comunidad.

• Que están alojadas en locales inadecuados, inseguros, en condiciones físicas precarias y en algunos casos infrahumanas.

• Que no tienen presencia en Internet.

El lamentable estado actual de las bibliotecas públicas ha sido ocasionado por la falta de atención que le han prestado las autoridades gubernamentales, prueba de lo cual es la carencia de una política de bibliotecas públicas. Sin embargo, en los últimos años las autoridades gubernamentales han iniciado el camino para establecer una política de bibliotecas públicas, como la Ley del libro y bibliotecas, acción que traerá consigo el desarrollo próspero y sostenido de estas bibliotecas y propiciará que éstas cumplan con sus misiones y función en la sociedad dominicana.

Para alcanzar esto las recomendaciones son que es necesario:

1. Instituir (las autoridades gubernamentales dominicanas) un órgano independiente de la Biblioteca Nacional, por las razones señaladas por Rodríguez Santamaría (2007), adscrito al Ministerio de Cultura, que se encargue tanto de crear la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) como de su buen funcionamiento. Será necesario también que lo integren profesionales bibliotecarios y de otras áreas (especialistas en literatura infantil, juvenil y de adultos, educadores, psicólogos, entre otros). De igual forma se recomienda que el gremio profesional del país se entregue a esta dependencia. Sus primeras acciones se encaminarían a:

a. Establecer la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y a redactar normativas para la misma.

b. Elaborar un plan estratégico para guiar las acciones y las de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

c. Redactar las directrices o normas para la formación de bibliotecas públicas dominicanas.

d. Determinar las políticas generales para el desarrollo de las colecciones multitipo.

e. Crear la lista básica de los títulos de recursos informativos multitipo para las bibliotecas públicas dominicanas, considerando los modelos que tienen otros países como Colombia, Cuba, Venezuela entre otros, y la metodología que siguieron para elaborar tal lista.

f. Redactar las políticas para la creación y el desarrollo novedoso de los servicios de información, en atención a la diversidad de usuarios y al contexto del país.

g. Generar los indicadores para evaluar las bibliotecas públicas. Para llevar esto a cabo será necesario tener primero un diagnóstico de las comunidades y de las bibliotecas en sí mismas, lo cual deberá incluir un estudio exhaustivo de las estadísticas. Además será necesario hacer una revisión de los ejemplos de los indicadores desarrollados por otros países. Estos indicadores irían al detalle de cada aspecto y deberán especificar por ejemplo: la cantidad de personal profesional según el tamaño de la población a servir; la estructura física, el mobiliario; los espacios en metros cuadros según la cantidad de habitantes; los puestos de lecturas según la población a servir; la cantidad de documentos según la comunidad a servir, entre muchos otros aspectos.

h. Crear y desarrollar un programa de evaluación de las bibliotecas públicas.

i. Proporcionar las políticas para el desarrollo de actividades y programas novedosos, multiculturales en relación con las necesidades de las diversas comunidades, atendiendo lo expuesto en el manifiesto de la biblioteca multicultural.

j. Llevar a cabo una campaña de concientización sobre el valor y la relevancia de estas unidades de información para el país. Promoverlas como el centro cultural de las comunidades donde infantes, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad tengan un espacio. Esta campaña debe tener entre sus objetivos cambiar la percepción negativa sobre la biblioteca pública y la errada concepción que se tiene de ella, que es considerada como una biblioteca escolar. La campaña podría incluir el desarrollo de portales web de las bibliotecas públicas.

k. Establecer un mecanismo que permita evaluar las propuestas e iniciativas para desarrollar bibliotecas públicas, con el fin primero de que se aúnen esfuerzos y segundo de impedir que se creen bibliotecas que no cuenten con los elementos necesarios para su buen funcionamiento.

l. Estudiar las distintas comunidades para obtener un modelo de los usuarios y sus necesidades de información, y de este modo adecuar las bibliotecas públicas a los entornos y establecer los servicios y actividades que esa población necesite.

2. El gobierno dominicano está mostrando interés en impulsar el cambio que necesitan las bibliotecas públicas dominicanas. Prueba de ello son las acciones ejecutadas a partir del paso más importante que es darles un amparo legal y financiero a las bibliotecas públicas dominicanas a través de la Ley del libro y bibliotecas. Ahora será tarea del gremio ocupar su papel protagónico, siempre y cuando las autoridades lo permitan, y colaborar de manera cercana con el gobierno, integrando y formando parte de los comités y grupos de trabajo para redactar el reglamento que complementará la ley.

 

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NOTAS

¹ "Infoestructura deriva de la idea de que la riqueza de un país con infraestructura no se genera como simple consecuencia de tenerla, sino de usarla, de explotarla. La infoestructura consiste en todo aquello que permite sacar rendimiento de la infraestructura, porque aunque tirar cables es básico, no es suficiente" (p. 6).

² Artículo 41.– El Estado consolidará y desarrollará la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, así como el Sistema Nacional de Bibliotecas Móviles con el fin de promover la creación, el fomento y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas y mixtas y de los servicios complementarios que a través de éstas se prestan. (República Dominicana, 2000, Sección Capítulo I Del Fomento y los Estímulos a la Creación, a la Investigación y a las Actividades Artísticas y Culturales y de la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, ¶ 9)