Introducción

En la historia reciente de país prácticamente se ha presentado un aumento sostenido de los indicadores en materia de delito, situación que puede corroborarse en múltiples fuentes de diversa índole. Dicha situación ha obtenido respuesta en distintos terrenos de la vida social, desde la población, con una serie de modificaciones en sus acciones cotidianas; la organización ciudadana, el debate académico y el diseño y ejecución de políticas públicas, como el Nuevo Sistema de Justicia Penal de 2008 (aplicado en todo el territorio mexicano en el 2016) o el despliegue de operativos conjuntos con la presencia de efectivos militares en tareas de seguridad pública, así como la creación y transformación de distintas agencias de seguridad en los tres órdenes de gobierno.

Siendo éste un fenómeno con presencia e impacto en las distintas entidades federativas, el caso de la Ciudad de México (CDMX) muestra una evidente variación temporal y espacial, ya que a mediados de la década de los noventa se consideraba prácticamente un territorio indómito, con altas tasas de delito. Con el paso del tiempo, y sobre todo tomando en cuenta la escalada de violencia registrada a nivel nacional, con énfasis en los estados del norte y de la costa del Pacífico mexicano, a partir de 2006 da la impresión de que la ciudad ha disminuido su contribución a la violencia y delincuencia en el país; sin embargo, esto no se debe a que la ocurrencia de delito se hubiera contraído, sino que los crímenes aumentaron de manera significativa en otras regiones del país (^{Alvarado, 2012}).

Para los años transcurridos durante el sexenio del doctor Miguel Ángel Mancera (2012-2018), la tendencia comentada se relativiza. De hecho, se aprecia un incremento sostenido en los indicadores delictivos. Si se toma como referencia el homicidio doloso, expresión máxima de crimen violento y violencia interpersonal, se pasó de una tasa de 8.61 por cada 100 mil habitantes en 2012 a una de poco más de 15.11 por cada 100 mil habitantes al finalizar el sexenio,¹ esto es un incremento de poco más del 75 por ciento en tan sólo un periodo de seis años.

La descripción previa reviste de un particular interés analítico al sexenio de Mancera, pues en la Ciudad de México, más allá de la primera Constitución de la Ciudad que se promulgó en 2017,² el descalabro político del Partido de la Revolución Democrática (PRD) -que se había mantenido hegemónico en la capital del país por dos décadas y que lo postuló para Jefe de Gobierno-³ y la baja aprobación de su gestión al frente del gobierno capitalino, durante los años de referencia se observa un incremento en la actividad delictiva. En particular, y allende al incremento del indicador señalado, se tienen indicios de la presencia y operación de organizaciones criminales (OC) en la ciudad, situación que fue negada de manera recurrente por el exmandatario capitalino (^{Almazán, 2019}); ello a pesar de contar con evidencia cada vez más recurrente de esta situación, misma que detonó señales de alarma en las autoridades y en la población en general.⁴ Y no es para menos tomando en cuenta incidentes como el secuestro masivo, y ulterior asesinato, de más de una docena de jóvenes, en 2013, en el Bar Heaven de la Zona Rosa y los macrooperativos de la Secretaría de Marina, en 2018, en busca de “El Ojos” que incluyeron el despliegue de vehículos tácticos y aeronaves navales en las alcaldías Tláhuac e Iztacalco.

Durante la administración capitalina precedente, las OC empezaron a cobrar cada vez mayor relevancia, en especial las que concentraban su actividad en materia de drogas. En términos generales, acorde a la evidencia acumulada, puede señalarse que operan dos tipos de organizaciones: las transnacionales y las de comercio al detalle (^{Alvarado, 2016}), y que entre ellas pueden guardar vínculos múltiples. Tales grupos suelen dedicarse no sólo a la venta y distribución de drogas -como usualmente se asume-, sino focalizarse en la venta de protección privada, extorsión en sus distintas modalidades, secuestro y contrabando, o, en su defecto, combinar actividades de diverso tipo. Sin embargo, y con base en la bibliografía reciente, “la disputa entre organizaciones criminales por hacerse con el control de puntos de venta de droga en la capital mexicana sea el factor que más aporte a la explicación de por qué en el año 2018 se registraron tasas de homicidio epidémicas en ciertas demarcaciones y no en otras” (^{Hernández-Gutiérrez, 2021: 149}).

Tomando en cuenta que uno de los posibles factores capaces de explicar el incremento de la actividad delictiva de la ciudad es la disputa por el control de los puntos de venta de drogas ilegales, mismos que son el objeto de investigación del presente artículo, en el que se persiguen dos objetivos: señalar la geografía de la venta de drogas mediante distintas técnicas de análisis espacial y mostrar cuáles son los factores asociados, a nivel agregado, a la presencia de dichos puntos de venta por medio del ajuste de modelos de regresión acorde a las características de los datos obtenidos. Para dar respuesta a los objetivos la argumentación se divide en tres partes. En la primera se hace un planteamiento fundamentado en teoría donde se encuadra analíticamente a la venta de drogas al menudeo con la literatura relacionada a mercados ilegales para posteriormente ubicar su especificidad y así poder discernir los factores asociados a la distribución de los puntos de venta en la ciudad. En la segunda parte se exponen los datos, las técnicas empleadas y los resultados obtenidos. En la última se enuncian las conclusiones y se discuten los hallazgos.

Planteamiento y fundamentación teórica

Sociológicamente los mercados pueden entenderse como un espacio de intercambio voluntario de bienes y servicios por dinero bajo condiciones de competencia. Así, los mercados ilegales comparten con los legales el hecho de que ambos surten la demanda de bienes o servicios específicos; sin embargo, en el caso de los últimos el objeto del intercambio viola estipulaciones legales. Como consecuencia de la ilegalidad “el Estado declina la protección de derechos de propiedad en tales mercados, no define ni aplica estándares de calidad al producto y puede perseguir a los actores del mercado” (^{Beckert y Wehinger, 2012: 3}). Ante tal situación, y sobre todo tomando en cuenta que las instituciones facultadas a la protección de los derechos de propiedad están fuera del alcance de los actores, “los vínculos sociales juegan un rol preeminente como sustituto, un sustituto funcional⁵” (^{Beckert y Wehinger, 2012: 7}) y, adicional a ello, la violencia se convierte en un mecanismo para hacer cumplir la cooperación entre actores. No obstante, “los estudios en mercados ilegales muestran que la violencia es usada de mala gana, probablemente para evadir problemas con el público y con la policía” (^{Beckert y Wehinger, 2012: 6}).

En el caso de los mercados ilegales que tienen por objeto el intercambio de drogas ilícitas, éstos pueden ir desde la producción y la transformación de las mismas, pasando por su trasiego, hasta su distribución y comercio al menudeo. Este último aporta en alto grado a la violencia visible y al desorden asociado con las drogas (^{Reuter, 2014}), y vuelve evidente el vínculo con las organizaciones criminales de carácter transnacional que cuentan con capacidad de transporte, almacenamiento y conservación. El comercio al menudeo es “el eje que articula la zona de producción con el punto de venta, por tanto, hace la interfaz entre el productor y el comprador/consumidor” (^{Cortés y Parra-Cely, 2012: 54}). En el punto de venta, en específico, se manifiesta “el equilibrio entre la fuerza laboral, la disponibilidad del producto, así como mantener y ampliar la población consumidora, como elementos básicos que deben concurrir en una especie de estructura espacial para que el sistema de producción se sostenga y genere acumulación de capital” (^{Cortés y Parra-Cely, 2012: 68}).

En términos analíticos, para el funcionamiento de la venta de drogas al menudeo se requiere, al menos, dar cumplimiento a dos requerimientos básicos: la organización técnica y la organización social. Con respecto a la primera se “refiere a asuntos tales como la ubicación física, políticas, procedimientos, tecnología y equipamiento empleado por los distribuidores” (^{Curtis y Wendel, 2000: 124}). La organización técnica parte de un planteamiento estratégico donde el objetivo es la maximización de beneficios, recurriendo a ubicaciones y métodos de distribución que les ofrezca condiciones básicas de cooperación en un entorno de ilegalidad. Así, las ubicaciones de venta se vuelven conocidas como lugares de intercambio de este bien ilícito, por tanto, éstas “atraen consumidores de áreas más amplias y se vuelven lugares más rentables y deseables para la venta de drogas” (^{Taniguchi et al., 2007: 675}). Sintéticamente se pueden mencionar al menos tres tipos de ubicaciones: venta a nivel de calle, venta al interior y ventas por entrega. En el primer caso, son las áreas de mayor importancia, ya que son lugares identificados por los consumidores, que a su vez muestran condiciones de protección para el comprador y son recurrentes. El segundo se refiere a puntos conocidos en un sistema de distribución en ubicaciones definidas al interior de edificios, comercios, etcétera. Mientras que el último implica la acción concertada entre vendedor y comprador en lugares y horarios determinados (^{Curtis y Wendel, 2000}), cabe resaltar que este último es cada vez más frecuente al día de hoy.⁶

En cuanto a la organización social, ésta concierne a “asuntos relacionados a la cooperación, responsabilidades diferenciadas y de poder y autoridad entre los distribuidores” (^{Curtis y Wendel, 2000: 128}), lo cual implica esquemas y estructuras de poder al interior de las organizaciones, al tiempo que crea formas de relación con integrantes de las comunidades urbanas donde se llevan a cabo las transacciones. Tipológicamente se pueden establecer al menos tres variantes: en la primera se ubican distribuidores freelance, usualmente consumidores y gente que experimenta con nuevas drogas, con una capacidad limitada de movilizar el bien de interés. En la segunda se encuentran distribuidores con base social, una organización cruzada por vínculos de amistad, parentesco o vecindad que les garantice, por un lado, coordinación y confianza al interior de las organizaciones y, por el otro, esquemas de parcial protección en las ubicaciones donde desarrollan sus actividades a cambio de eventuales beneficios compartidos con las comunidades urbanas. La última implica un modelo corporativo con alto nivel de organización técnica en la que el único objetivo es la consecución de ganancias sin el establecimiento de relaciones sociales de convivencia con los vecinos (^{Curtis y Wendel, 2000}).

En sustitución de los dispositivos de regulación, protección y coordinación de los mercados legales, en el de las drogas, que forma parte de los mercados ilegales, se sustituye por la cooperación derivada de vínculos específicos, incluida la corrupción, y la presencia latente de la violencia. Adicionalmente, se requieren condiciones técnicas y de relaciones sociales, acompasadas con el contexto social en el que actúan para su funcionamiento y eventual reproducción en la medida en la que la venta de drogas al menudeo es el espacio donde pueden materializarse y llevar a cabo prácticas eventuales y orientaciones estratégicas de las OC; situación que, y en última instancia, podría derivar en lógicas de control territorial de las comunidades urbanas (^{Saborío, 2020}).

Empíricamente, las investigaciones sobre el tema reproducen la tendencia en materia de investigación social con abordaje empírico. Desde la óptica cualitativa se ha ponderado la descripción (^{Curtis y Wendel, 2000}; ^{Cortés y Parra-Cely, 2012}; ^{Hales y Hobbs, 2010}; ^{Martínez, 2017}; ^{Zamudio, 2009}; ^{Zamudio, 2014}), en algunos casos densa (^{Bourgois, 2010}), de casos específicos y usualmente se aborda la óptica de los consumidores o la de los vendedores, aunque raramente las dos. El problema con tal abordaje es que el campo ha estado caracterizado “por una gran descripción, pero relativamente con poco análisis que pueda ser útil para estudios comparativos” (^{Curtis y Wendel, 2000: 146}). En cuanto a los estudios orientados a variables, en algunos casos se pueden observar ejercicios descriptivos con base en la información disponible (^{Weisburd y Green, 1995}; ^{Taniguchi, Rengert y McCord, 2007}; ^{Vilalta, 2009}), y en otros la prueba expresa de teorías que tienen como objeto el análisis de la distribución del delito (^{Rengert, Ratcliffe y Chakravorty, 2005}; ^{McCord y Ratclifee, 2007}).

La evidencia acumulada para la CDMX manifiesta el abordaje empírico general. Desde la óptica cualitativa destacan los trabajos referidos. Desde una perspectiva etnográfica se destacan los trabajos de Carlos Zamudio, ya sea describiendo cómo algunos jóvenes se insertan en el mercado de las drogas ilícitas a pequeña escala y la manera en la que su participación influye en la expansión de los mercados locales (^{Zamudio, 2014}); o bien, analizando la función del ethos informal en la reproducción del tráfico de drogas al menudeo en barrios empobrecidos, observado desde la teoría de las redes sociales (^{Zamudio, 2012}); o señalando el rol de los vínculos y dinámicas familiares para maximizar las ventajas en el mercado de distribución de drogas (^{Zamudio, 2009}). El abordaje cuantitativo sobre el tema es escaso, destacando el trabajo de ^{Carlos Vilalta (2009)}; no obstante, y a pesar de realizar inferencias estadísticas, su abordaje se limita a la descripción de la distribución de detenidos -por notas de remisión de la Secretaría de Seguridad Pública- únicamente en una de las 16 alcaldías de las CDMX. Adicionalmente, no hace problematización teórica alguna puesto que su trabajo muestra un marcado enfoque descriptivo; sin embargo, sus hallazgos revisten un interés de primer orden, puesto que señala que su distribución no es aleatoria, no hay independencia del espacio temporal en el número de detenciones entre las colonias de la demarcación, además de que:

Las zonas de venta no parecen cambiar geográficamente, y los individuos que han sido detenidos por posesión tampoco muestran una tendencia a desplazarse o relocalizarse geográficamente. La información sugiere que el narcomenudeo parece una actividad criminal geográficamente inmóvil (^{Vilalta, 2009: 67}).

Tomando en cuenta tanto la pertinencia del tema al ser señalado como uno de los posibles detonadores de la crisis en materia de seguridad en la Ciudad de México, y en específico a la venta de drogas al menudeo como parte de una estructura que vincula los intereses y orientaciones estratégicas de las OC en el territorio, se observan vacíos en la generación de conocimiento. En especial si se toma en cuenta que no existen investigaciones que describan, de manera general para el conjunto de la ciudad, las dinámicas espaciales ni los factores asociados a la distribución diferencial de la venta de drogas al menudeo. Esto a pesar de la disponibilidad de fuentes con las que se cuenta hoy día,⁷ que permiten conocer los incidentes del narcomenudeo a nivel coordenada (X, Y). Sirva de ejemplo el mapa de calor 1, en el que se muestran las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por el delito de “narcomenudeo posesión con fines de venta, comercio y suministro”⁸ donde se destaca la concentración de eventos en el perímetro central de la ciudad, con algunos puntos de calor distribuidos en las distintas alcaldías; no obstante, son notables las concentraciones en la Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Coyoacán. A pesar de generar intuiciones del por qué en estas alcaldías y porqué en estos puntos en específico se puede concentrar este tipo de incidentes, hasta hoy en día no existe evidencia que dé nota de tal distribución no aleatoria del fenómeno de interés. Así, tomando en cuenta el vacío en la generación de conocimiento, la disponibilidad de información y la pertinencia contextual en un entorno con crisis por delito, se tiene la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son los factores asociados a la distribución no aleatoria de la venta de drogas al menudeo a nivel área en la Ciudad de México?

Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Mapa 1 

Sin embargo, para dar respuesta se recurre a una fundamentación teórica que permite definir variables explicativas, relaciones entre ellas y enunciar hipótesis que puedan ser probadas o no, mediante un conjunto de datos. Para el caso de la Ciudad de México no existe evidencia acumulada que haya hecho uso de orientaciones conceptuales específicas para estudios orientados a variables o, en su defecto, haya problematizado su objeto de estudio con base en teoría. A nivel internacional existen trabajos seminales que han tratado de dar nota de las condiciones ambientales proclives al establecimiento de concentración de venta de drogas al menudeo (^{Weisburd y Green, 1995}) y a diversos factores de composición sociodemográfica, así como de condiciones espaciales específicas (^{Rengert et al., 2000}; ^{Taniguchi, Rengert y McCord, 2007}); no obstante, la problematización específica desde la teoría deviene de planteamientos particulares que ayuden a explicar la distribución no aleatoria del delito. En ese sentido, una elaboración con suficiente poder explicativo sería aquella que pudiera dar nota sólo de los factores de composición sociodemográfica, de las características ambientales y los contextos de comunidades urbanas que son tolerantes a la venta de drogas o no pueden hacerle frente.

Así, la problematización teórica particular al tema planteado se puede abordar desde el enfoque de la criminología ambiental, en específico desde la teoría de la Desorganización Social (DS)⁹ y sus derivaciones puesto que:

[los] Factores asociados con la desorganización social se teorizan, también, como factores asociados con el establecimiento de mercados ilegales de drogas; sin embargo, las características urbanas de venta al menudeo pueden ser facilitadores y generadores de crimen y podrían incrementar la oportunidad de venta de drogas a los clientes porque clientes potenciales son atraídos por estos usos de suelo y facilidades urbanas (^{McCord y Ratclifee, 2007: 46-47}).

La DS es la principal herramienta teórica orientada en la distribución del delito en unidades agregadas de menor escala -barrios, colonias, vecindarios-. Parte del supuesto de que el crimen no se distribuye aleatoriamente y focaliza su atención en el vínculo entre la estructura de los vecindarios, el control social que se ejerce y el crimen (^{Kubrin y Weitzer, 2003}), puesto que a través de dicha relación es posible apreciar el enlace entre “los efectos de las características de los vecindarios en la capacidad y habilidad de los residentes de la comunidad en implementar y mantener normas públicas” (^{Kubrin, 2009: 227}), situación que teóricamente se verá reflejada en las tasas de delito. En otras palabras, se habla de DS cuando los residentes de una comunidad no pueden alcanzar un acuerdo para la solución de sus problemas en común.

En ese sentido, las variables estructurales de los vecindarios -estatus socioeconómico, movilidad residencial y disrupción familiar- intervienen porque ciertas características de los mismos impiden el desarrollo de lazos sociales (entramado asociativo) que logren que una comunidad sea capaz de resolver sus problemas en común (^{Kubrin y Wo, 2016}). En el fondo el mecanismo que explica la variación de las tasas delictivas es el control social ejercido por el entramado asociativo establecido entre residentes. Básicamente, la teoría considera las siguientes relaciones entre variables:

Las características del vecindario tales como familias desorganizadas, movilidad residencial y densidad estructural debilitan las redes de control social informal; los controles sociales informales están impedidos por débiles vínculos sociales, bajo apego comunitario, anonimato y capacidades reducidas para vigilancia [surveillance and guardianship]; otros factores tales como pobreza y composición racial probablemente afectan el control informal, aunque su influencia es probablemente indirecta; residentes en áreas caracterizadas por desorganización familiar, movilidad […] son menos capaces de actuar en actividades de guardia, menos probables de reportar desviación general a las autoridades, intervenir en disturbios públicos y asumir responsabilidad para la supervisión de las actividades de los jóvenes; el resultado es que la desviación es tolerada y las normas públicas de control social no son efectivas (^{Sampson, 1987}).

Existen distintas formas de conceptualizar y operacionalizar el entramado asociativo. Una de ellas es el modelo sistémico, cercano a las lecturas de capital social, el cual asume que a mayor densidad de redes y relaciones al interior de las comunidades se estará en mayores capacidades de ejercer control social, situación que redituará en menores tasas delictivas (^{Bursik y Grasmick, 1993}; ^{Bursik, 1999}). Otra, que parte precisamente del carácter subóptimo del modelo sistémico al señalar que mediante esa densidad de vínculos no sólo se puede ejercer control social tendiente a la inhibición del delito, es la eficacia colectiva, entendida ésta como las creencias compartidas en consonancia con la capacidad de agencia para la obtención de un fin deseado a nivel comunitario (^{Sampson, Raudenbush y Ears, 1997}).

La teoría no sólo permite enmarcar la discusión, generar y darle sentido a la pregunta de investigación, sino que también habilita la elaboración de un conjunto de predicciones o hipótesis, esto es “simplemente formalizar las implicaciones de las proposiciones que cada teoría mantiene para las cuales se debe mantener si la teoría es cierta” (^{Bernad y Ritti, 1990: 7}). En criminología, así como en “la mayoría de las ciencias sociales, se pueden hacer predicciones sólo respecto de la direccionalidad del efecto; el tamaño del efecto es algo que se determina empíricamente más que una predicción teórica” (^{Krohn y Ward, 2016: 323}). Así, se espera que para el conjunto de variables estructurales se obtenga una correlación positiva con la variable dependiente; en oposición, se hipotetiza una correlación negativa entre la variable entramado asociativo y el observable empírico de venta de drogas al menudeo.

Para probar las hipótesis se ajusta un modelo de regresión en tesitura con la estructura de datos construida; sin embargo, antes de tal ejercicio se muestran y discuten el conjunto de observables empíricos, se expone el comportamiento espacial de la variable dependiente y, por último, se formula la idoneidad de ajustar el modelo bajo la técnica de la regresión binomial negativa tomando en cuenta la baja frecuencia y la alta concentración de ceros en la variable dependiente.

Datos, técnicas y resultados

El estudio de los mercados de drogas impone varios retos a la investigación, especialmente debido a la falta de información oficial y a la carencia de datos representativos o confiables, y como resultado, los análisis están basados en evidencia parcial o local (^{Cano y Rojido, 2016}). Así, para tratar de subsanar tal deficiencia se justifica cada una de las decisiones al amparo de criterios técnicos y/o teóricos con la intención de maximizar controles y obtener resultados con el menor sesgo posible. En ese sentido, se identifica con al menos cuatro retos que implican decisiones técnicas: unidad de análisis, variables independientes, variable dependiente y ajuste de modelo.

El primero es la definición de una unidad de análisis que permita tener un universo de observaciones lo suficientemente amplio para poder hacer inferencias estadísticas (n>2000) y con un buen nivel de desagregación territorial, al tiempo que permita colegir variables orientadas teóricamente. En esa tesitura se define como unidad el Área Geoestadística Básica¹⁰ (AGEB) del INEGI, pues habilita la colección de datos censales que muestren características de composición sociodemográfica, a la par que diversos registros administrativos empatan con tal unidad, los cuales hacen sentido con las variables estructurales de la DS, al tiempo que permite vincular datos mediante unión espacial de distintos repositorios y datos administrativos, como las carpetas de investigación del FGJ.

Las variables independientes fueron seleccionadas acorde a la exposición teórica del parágrafo que antecede.¹¹ De no indicarse lo contrario, su fuente es el XIII Censo del INEGI (^{INEGI, 2010}). En el caso de las variables estructurales, se operacionalizan del siguiente modo: Estatus Socioeconómico (ESE) con el Índice de Marginación Urbana del Consejo Nacional de Población del 2012,¹² Disrupción Familiar (DF) con la proporción de hogares con jefatura femenina y Estabilidad Residencial (ER) con la población residente en la misma entidad en el último lustro. La variable de Entramado Asociativo (EA) se construyó mediante el punteo manual de la ubicación de más de 400 módulos de prevención del delito y participación ciudadana de la entonces Secretaría de Seguridad Pública distribuidos en las 16 demarcaciones.¹³ Adicionalmente, se agregan dos variables, un observable de Venta de Alcohol (VA) visualizado con la cuenta de bares¹⁴ por el AGEB bajo el supuesto del carácter facilitador de la violencia causada por el consumo de alcohol y que en aquellas comunidades donde se asientan la población es menos proclive a la resolución de problemas públicos derivados de la operación de estos establecimientos, tomando en cuenta que se espera la eventual intervención de agentes públicos y/o privados (^{Escobar, 2012}) y una Variable de Rezago Espacial (VRE) estimada con una matriz reina de primer orden para observar si la dependiente exhibe autocorrelación espacial. Para finalizar, se agrega un par de variables de control clásicas en los estudios de distribución del delito, Razón de Sexo (RS) y Cohorte (C) que comprende a la proporción de la población en el grupo etario entre los 15 y 29 años. A excepción de la variable de rezago y de ESE, todas las demás son relativizadas poblacionalmente.

La variable dependiente, venta de drogas al menudeo (VDM), se operacionalizó con las carpetas de investigación¹⁵ integradas por la FGJ de la ciudad del tipo penal “narcomenudeo, posesión con fines de venta, comercio y suministro”.¹⁶ La información obtenida es para los años 2016 y 2017, mismos que se colapsan en una sola medición derivado de su baja frecuencia, la sobrerrepresentación de ceros, además de controlar posibles fuentes de error y de la posible volatilidad de la variable de un año a otro, además de ser un procedimiento usual en estudios de crimen y de baja frecuencia a nivel área (^{Messner et al., 1999}; ^{Escobar, 2012}).

Una vez definidas las variables se procede a probar los objetivos de investigación. Para el caso del primero se analiza espacialmente a la dependiente bajo el enfoque del análisis espacial, en específico, y tomando en cuenta el precepto del cual parte la teoría del DS -el crimen no distribuye aleatoriamente- se busca probar si la distribución del narcomenudeo en la ciudad es aleatoria o no. Así, se recurre a técnicas relativas a autocorrelación espacial, esto es, considerar si los valores de la observación “A” dependen, hasta cierto grado, de los valores de las observaciones que han sido determinadas como sus vecinas de tal modo que se pueda comprobar un agrupamiento no aleatorio (frente a la hipótesis nula de aleatoriedad) de los valores de la variable en cuestión (^{Morenoff, Sampson y Raudenbush, 2001}). En primer término, se aplica una prueba de I de Moran,¹⁷ esto es, una medida global para el conjunto de datos donde se expresa si éstos manifiestan o no autocorrelación espacial. El valor obtenido fue 0.266975. Posteriormente se aplica una prueba LISA, similar a una prueba de Moran local, donde se identifican de manera puntual agrupamientos con valores altos y con valores bajos y donde sus valores se correlacionan con los valores de las ubicaciones que le rodean (^{Anselin, Lozano y Kosckinsky, 2006}). Los resultados se encuentran en el mapa 2, en el que resultan de particular interés las ubicaciones en color rojo intenso, esto es, valores altos rodeados de valores altos, puesto que confirma, por un lado, el precepto teórico de DS y, por el otro, arroja resultados intuitivos, es decir, colonias donde históricamente se cuenta con problemas relacionados al delito, por ejemplo, las ubicadas en el perímetro central, incluyendo la colonia Doctores, al norte la zona escolar, la San Felipe de Jesús y Pradera, al oriente Santa Martha Acatitla y al sur el perímetro de Santo Domingo.

Fuente: Elaboración propia

Mapa 2 

Para probar el segundo objetivo, y con ello el grupo de hipótesis definidas al final de la exposición teórica, se recurre al ajuste de un modelo de regresión binomial negativa. La dependiente, al ser una variable de baja frecuencia y con alta concentración de ceros,¹⁸ es altamente probable que en caso de ser modelada bajo alguna técnica basada en una distribución gaussiana no se cumplan los supuestos. Frente a tal hecho, técnicamente, se sugiere asumir como cuenta, esto es, bajo un modelo de la familia Poisson (^{MacDonald y Lattimore, 2010}), en específico uno apto a la alta concentración de ceros y resistente a problemas de sobredispersión (^{Osgood, 2000}; ^{Osgood y Chambers, 2000}); así, el binomial negativo se muestra como una opción factible, mismo que cuenta ya con evidencia acumulada para el análisis de venta de drogas al menudeo (^{Rengert, Ratcliffe y Chakravorty, 2005}; ^{Rengert, Ratcliffe y Chakravorty, 2005}). Adicionalmente, tal modelo puede ser objeto de un ajuste bajo el criterio de exposición al riesgo, con lo cual se le pude visualizar como tasas.¹⁹ La ecuación es:

Donde:

α: Intercepto

x´: Variables de x1…xn

D²: Parámetro de control por sobredispersión

A la izquierda de la igualdad se muestra la distribución en su forma de logaritmo y con una base poblacional.

Los resultados se muestran en la tabla 2, en la cual para procurar una interpretación un poco más asequible los resultados se presentan como riesgos relativos, mismos que se interpretan similares a una razón de momios, esto es, que si el coeficiente muestra un valor <1 se tiene una correlación positiva, en oposición, si el valor es >1 la correlación es negativa. Adicionalmente, el estadístico de dispersión es cercano a 1, con lo cual se garantiza un ajuste adecuado del modelo (^{Hilbe, 2014}). Por otro lado, y por coeficiente, se realizaron pruebas de Wald obteniendo resultados satisfactorios.

En términos generales todas las variables, salvo el control de razón de sexo, fueron estadísticamente significativas puesto que cuentan con un valor p >.05. Por otro lado, las variables estructurales, tal y como lo hipotetiza la teoría, manifiestan una correlación positiva con la dependiente, esto es, que a mayor pobreza, disrupción familiar y movilidad residencial se incrementa el indicador de narcomenudeo. En contraposición a la predicción teórica, el modelo señala que a mayor entramado asociativo, operacionalizado con los módulos de prevención del delito, se tendrá un incremento en la variable dependiente. Adicionalmente, se obtiene que el delito de narcomenudeo da muestra de dependencia espacial tomando en cuenta el nivel de significancia de la variable y la direccionalidad del coeficiente. En cuanto a la variable de bares, tal como se esperaba, se reporta que a mayor cantidad de bares se aumenta el observable de VDM. Por último, la variable de control de cohorte exhibe que a mayor cantidad de jóvenes se espera un aumento en el delito de narcomenudeo.

Los resultados obtenidos por el modelo son de pertinencia teórica, empírica y analítica, además de llenar un vacío de primer orden en la literatura especializada. Quizás el de mayor interés sea el relativo al del entramado asociativo, ya que aparte de estar en oposición a la hipótesis teórica puede llegar a ser contraintuitivo. A continuación se exponen las conclusiones y se discuten los resultados a la luz de la evidencia acumulada, así como de las características contextuales particulares de la CDMX.

Conclusión y discusión de resultados

Ante el alza del delito durante los últimos años, tanto en la CDMX como en el resto del país, una de las principales preocupaciones de la sociedad ha sido precisamente la de combatir y darle respuesta a dicha situación. Desde múltiples ámbitos de la vida social se han buscado explicaciones que atiendan el problema de la seguridad. Para la capital del país, en particular, se ha señalado como una de sus posibles causas la presencia de grupos del crimen organizado, donde una de sus principales actividades es la intervención en los mercados ilegales, dentro de los cuales se destaca el comercio de drogas ilícitas. Entre las varias formas en las que estos grupos participan de los mercados de drogas ilegales se destaca, por su alta aportación a los índices de violencia, el llamado narcomenudeo. En términos generales, la discusión ha centrado sus esfuerzos en el estudio de los grandes grupos criminales (cárteles), dejando un poco de lado el análisis a menor escala. Así, siendo el comercio de drogas al menudeo una de las operaciones primordiales del crimen organizado, ya que es el eje que articula producción, distribución y venta, además que la lucha por el territorio de los puntos usualmente se acompaña de altas dosis de violencia, resulta pertinente realizar investigaciones que den nota no sólo del comportamiento sociológico del fenómeno, sino que también sean capaces de explicar el porqué esta actividad se distribuye de manera no aleatoria y se encuentra concentrada en ciertos puntos de la Ciudad, es decir, ubicar sus particularidades y así poder discernir los factores asociados a la distribución de dichos puntos de venta de droga.

El presente estudio centró sus esfuerzos en dar respuesta, más allá de valoraciones intuitivas, a cuáles son los factores asociados a la distribución no aleatoria de la venta al menudeo de sustancias ilícitas en la CDMX. Para subsanar la carencia de trabajos que hayan hecho uso de herramientas conceptuales específicas para estudios orientados a variables, o problematizado su objeto con una base teórica sólida, enfocados en la ciudad, se realizó un planteamiento teórico con la finalidad de definir, en un primer momento, a los mercados ilegales y, como parte de los mismos, a la venta de drogas al menudeo; para posteriormente ubicar la especificidad de los puntos donde usualmente se concentra la venta minorista de sustancias ilícitas con el propósito de descifrar los factores asociados a la distribución de dichos puntos de venta. De tal manera, la problematización teórica se tomó desde el enfoque de la criminología ambiental, en concreto de la teoría de la DS y sus derivados, ya que es la principal herramienta teórica que toma en cuenta la distribución del delito en unidades de menor escala (vecindarios, colonias, etcétera), con lo cual es posible comprender las características de los puntos de venta, ya que las variables estructurales de un vecindario tienen un vínculo estrecho entre el control que se ejerce dentro del mismo y el crimen, situación que se ve reflejada en las tasas delictivas. Así, pues, se definió la unidad de análisis (AGEB); se construyó, desde la teoría, el conjunto de observables empíricos (variables independientes); se expuso el comportamiento espacial de la variable dependiente (venta de drogas al menudeo) y se ajustó un modelo de regresión en tesitura con la estructura de datos construida.

Los resultados obtenidos amplían la evidencia acumulada y solventan los vacíos detectados en la generación de conocimiento. Derivado de las pruebas LISA, se muestra que el narcomenudeo no es un incidente geográficamente aleatorio en la CDMX, situación que no sólo empata con los hallazgos previos (^{Vilalta, 2009}), antes bien, los amplía tomando en cuenta que el ejercicio de Vilalta se realizó para una sola demarcación (Cuauhtémoc) mientras que el presente es para el conjunto de las 16 alcaldías. Los resultados del modelo de regresión empatan con los supuestos teóricos, así se tiene que tanto las variables estructurales, las de control (salvo razón de sexo), el rezago espacial y la presencia de bares se correlacionan positiva y significativamente con el narcomenudeo; en oposición, para la variable central del modelo de DS se obtuvo una correlación estadísticamente significativa, pero de direccionalidad opuesta a la teoría, lo cual coincide con investigaciones previas que hacen uso de este enfoque teórico para la ciudad (^{Díaz, 2021}), donde se encuentra que a mayor cantidad de módulos de prevención del delito se incrementan los homicidios dolosos; adicionalmente, el resultado puede apuntar a dos situaciones adicionales: quizás el enfoque de prevención del delito promovido con los módulos policiales por la administración capitalina no sea suficiente para delitos como el narcomenudeo con conexiones con organizaciones criminales con capacidades tácticas y operativas desarrolladas, además de limitaciones en materia de generalización de la teoría, pues como apunta Robert ^{Sampson (2006)}: uno de los retos de la DS es la generalización de sus resultados, mismos que se acrecientan en contextos latinoamericanos donde la evidencia apunta a un generalización limitada en el supuesto teórico central de la DS (^{Sampson, 2013}). Entonces la investigación muestra evidencia de una distribución no aleatoria y de los factores asociados a tal comportamiento.

Cabe mencionar que el marco temporal empata con la administración de Miguel Ángel Mancera como Jefe de Gobierno, periodo que en materia de seguridad se caracterizó por la negación sistemática de la presencia de organizaciones criminales encargadas del tráfico, producción y distribución de droga al interior del territorio capitalino. A lo sumo, por parte del discurso emanado de fuentes oficiales, se llegó a reconocer que únicamente había venta de sustancias ilícitas al menudeo. Las bases con las que sustentaban esta ausencia de grupos criminales era que, en palabras del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam: “no es una ciudad de tráfico hasta donde tenemos inteligencia y no es una ciudad de producción” (^{Pantoja, 2014}). Es decir, que al presuntamente no existir laboratorios clandestinos o cultivos ilícitos, ni ser una plaza importante para el trasiego de sustancias, era motivo suficiente para negar cualquier sospecha de la filtración del crimen organizado, dejando exclusivamente la venta al menudeo como la única manifestación ilícita en materia de drogas. No obstante, esta supuesta ausencia de OC ha sido objetada tanto por la evidencia acumulada como por los propios tomadores de decisiones; además que desde postulados teóricos se ha señalado como evidente el vínculo indivisible entre organizaciones criminales de tráfico, producción y distribución de drogas con la venta al menudeo de las mismas (^{Astorga, 2016}).

La actual administración, encabezada por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum (2018-2024), tiene ante sí un reto mayúsculo en materia de seguridad. Basta señalar el atentado con armas de uso exclusivo del Ejército que sufrió el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, a mediados de 2020, presuntamente cometido por elementos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la evidencia creciente del peso de los grupos criminales en la ciudad. Por su parte, la titular del Ejecutivo capitalino ha dado un giro al discurso pretérito y en un esfuerzo por darle respuesta al problema de seguridad que arrastra la Ciudad de México en los últimos años, más allá de simplemente reconocer la presencia de organizaciones criminales, presentó el Comando de Operaciones Especiales, así como la Unidad Táctica de Auxilio a la Población para combatir a los grupos delincuenciales de la capital del país (^{Almazán, 2019}), así como una importante participación de elementos de la fuerza semicastrense creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Guardia Nacional, sobre territorio capitalino. Además, se ha realizado una serie de operativos en varias demarcaciones, destacándose los efectuados en la alcaldía Cuauhtémoc, específicamente en el barrio de Tepito, y los golpes tácticos tanto a la Unión Tepito como a la Anti Unión.

El principal desafío que un trabajo de investigación debe sortear, cuyo propósito sea hablar de mercados ilegales o actividades ilícitas, es la carencia de información oficial y la falta de datos representativos o confiables, por las propias características del objeto de estudio. En ese sentido, la variable dependiente, venta de drogas al menudeo, se construyó mediante las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX de delitos denunciados ante las autoridades cuya tipología penal hubiese sido infracciones relacionadas con venta de drogas al menudeo. Si bien se reconoce que el nivel de confianza ante los datos emanados de fuentes oficiales puede variar, se justifica la elección de las carpetas de investigación de infracciones que se llevaron a proceso, pues las estadísticas judiciales tienden a ser más confiables que las policiales debido a que en ocasiones una denuncia podría o no vincularse a un delito real. Además, aunado a la poca información pertinente para el análisis, actualmente los mercados ilegales, entre ellos la venta de drogas al menudeo, se han venido modificando por situaciones relacionadas con la pandemia de Covid-19, donde cada vez más se presenta la venta por entrega, muchas veces hasta el propio domicilio del comprador y donde el contacto entre vendedor y consumidor se realiza mediante dispositivos digitales como las redes sociales o los mensajes de WhatsApp, compitiendo con el punto venta a nivel de calle como el área de mayor importancia para llevar a cabo esta actividad.

En suma, la investigación da nota de un problema de agenda pública de primer orden que se puede abordar desde una óptica teórica, metodológica y técnica. Los resultados no sólo abonan a la generación de conocimiento, de hecho, arrojan evidencia sobre las eventuales limitaciones de esquemas de prevención del delito a nivel comunitario ante un fenómeno, con posibles vínculos con la criminalidad organizada, como lo es el narcomenudeo. Adicionalmente, muestran la factibilidad de investigaciones orientadas a variables, con sus limitaciones, con lo que se señala la necesidad, para la academia y el gobierno, no sólo de explotar los repositorios públicos de la información recientemente publicada -2019- con la intención de generar iniciativas públicas basadas en evidencia susceptibles de ser analizadas y evaluadas a la luz del escrutinio experto, antes bien, son un recordatorio a la apertura y la transparencia de la información en torno a problemas públicos que aquejan la cotidianidad de la población.