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Introducción
La violencia social es una de las expresiones más brutales del ejercicio del poder que daña a personas, comunidades o Estados.1 En su acepción más abstracta, tiene como finalidad el mantenimiento del orden social; sin embargo, sus secuelas acarrean sufrimiento, dolor y muerte entre quienes la padecen (Rodríguez, 2002; Valencia, 2010; Domínguez, 2015; Salmerón, 2017). Tales consecuencias no permiten verla fuera de su contexto político-económico o, en otras palabras, las causas estructurales que intervienen en su creación y reproducción (Paley, 2018). En el presente trabajo se entiende como violencia social el contubernio estatal-criminal que afecta a la población mediante formas de represión, muerte, acoso, pobreza y secuestro.
Cabe aclarar que no se busca generalizar el proceso de violencia social en Guerrero; por el contrario, es sólo un acercamiento desde el punto de vista de dos personas que han vivido el despliegue violento de las organizaciones criminales y las fuerzas del Estado: un exdiputado y el director de una organización no gubernamental (ONG).
Existen aproximaciones a este problema que conducen a reflexionar sobre las condiciones estructurales -sociales, políticas y económicas- que hacen permisibles su reproducción y la espiral de esta violencia. Así, una serie de interrogantes orientaron el desarrollo de este trabajo: ¿cómo se percibe la violencia social en Guerrero?, ¿cuáles son sus causas?, ¿en qué medida han permeado sus experiencias y percepciones?, ¿cuáles son los actores sociales y cómo se relacionan en el contexto de la violencia social? Para dar respuesta se echó mano de una perspectiva fenomenológica con la finalidad de adentrarnos en las vivencias de las personas entrevistadas, examinando sus experiencias para conocer las causas y apreciaciones de tal proceso.
Lo anterior implica analizar la relación dialógica entre los aspectos objetivos (estructurales y de relaciones de poder) y su dimensión subjetiva (simbólica e identitaria) con la finalidad de aproximarnos al papel de la violencia en el orden social (Mendoza, 2017).
A continuación se proporcionan algunos antecedentes de la violencia social en México para comprender el lugar que ha tenido Guerrero en el escenario de la llamada guerra contra el narcotráfico. Como se verá, las condiciones sociohistóricas de la entidad: el punitivismo estatal, la guerrilla rural, los movimientos de autodefensa, la miseria y la corrupción crónica, han matizado el fenómeno de la irrupción de organizaciones criminales y, por lo tanto, el despliegue de la violencia.
Violencia social reciente en México: contubernio Estado-gran capital y el crimen organizado
Rita Segato sostiene que América Latina sufre un proceso de transformaciones que han privilegiado al orden neoliberal como proyecto económico y cuya característica más notoria es la violencia generalizada de tipo bélica con altos niveles de letalidad. La guerra intestina latinoamericana se caracteriza también por su complejidad de actores: fuerzas estatales y paraestatales cuyo objetivo ha sido mantener el privilegio de pequeñas élites poderosas (Segato, 2016).
En México, el despliegue de la violencia letal no apareció de manera espontánea en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), sino que sus inicios pueden situarse a mediados de los ochenta con el asesinato del agente Enrique Camarena de la Drug Enforcement Administration (DEA) en 1985, hecho que disparó los niveles de violencia con la finalidad de controlar las rutas de trasiego de drogas hacia Estados Unidos (Salmerón, 2017).
Sin embargo, este fenómeno tomó sus tintes actuales a partir de la administración calderonista. Dawn Paley explica que la violencia extrema perpetrada por el contubernio entre el Estado y los grupos criminales fue la estrategia para que la inversión extranjera entrara de lleno al país, sin omitir que las policías y el ejército funcionaran de manera simultánea a la par del sistema legal en favor de los intereses económicos de Estados Unidos.2 Lo anterior formó parte del shock para la apertura comercial de México al capital extranjero, es decir, la guerra antidrogas es parte de este complejo entramado entre política económica y seguridad interior y pública (Paley, 2018).
La autora también sostiene que la administración de Felipe Calderón se caracterizó por un despliegue de las fuerzas armadas a lo largo y ancho del país bajo la supuesta guerra contra el narcotráfico; sin embargo, en realidad perseguía la legitimidad perdida por el fraude electoral que impondría un segundo régimen del Partido Acción Nacional (PAN) en 2006 (Paley, 2018). Por su parte, Carlos A. Ríos Gordillo sostiene que el panista, en una búsqueda frenética por ganar credibilidad, la impulsó para justificar la violencia legítima estatal vía la militarización del territorio, que en su interior escondió un nuevo tipo de lucha de clases, la explotación, el despojo y la reproducción de la riqueza, en otras palabras, “la guerra contra los pobres” (Ríos, 2013).
Aproximaciones recientes sobre la violencia social en Guerrero
Guerra sucia
A lo largo de su historia la entidad suriana ha padecido diversos procesos de violencia social. Las décadas de los sesenta a los ochenta se caracterizaron por la represión política o guerra sucia, con una serie de persecuciones violentas en contra de los movimientos de las guerrillas rural y urbana. Como lo han señalado algunos autores, este despliegue violento por parte del Estado aplacó cualquier revuelta social (Illades y Santiago, 2014; Pantoja, 2015; Cruz, Santana y Alvarado, 2016).
Sin embargo, no debe perderse de vista que este proceso de represión tuvo como finalidad, por lo menos oficialmente, combatir el narcotráfico, en particular el cultivo de goma de opio. Durante los años sesenta y setenta, la militarización del Estado favoreció a los caciques locales, fortaleció a los grupos paramilitares y exhibió la capacidad gubernamental para someter cualquier revuelta social. Sin omitir que la producción de amapola y marihuana y la contrainsurgencia vinculada al narcotráfico se desarrolló de manera importante en estas décadas (Illades y Santiago, 2014; Cruz, Santana y Alvarado, 2016; Hernández, 2019; Boston Dynamics, 2020).
Algunos investigadores reconocen que este despliegue estatal represivo fue la respuesta del gobierno mexicano ante la presión de Estados Unidos por la supuesta amenaza que representaban las drogas y la posterior guerra lanzada por Richard Nixon, que no sólo afectó a Guerrero sino a la mayoría de las entidades del país. Cabe señalar que las políticas antinarcóticos en nuestro país han estado supeditadas al control hemisférico de Estados Unidos, que busca garantizar países bajo su dominio, incluido México. Si bien existen antecedentes de cultivos de amapola desde la segunda mitad del siglo XIX, este fenómeno empezó a tomarse en cuenta por el gobierno mexicano hasta mediados del XX, y se debió principalmente al aumento en el consumo de drogas consideradas ilegales en el vecino país del norte (Illades y Santiago, 2014; Pantoja, 2015; Rosen y Zepeda, 2015).
Este proceso punitivo por parte del Estado en contra de la sociedad guerrerense, desde la segunda mitad del siglo XX, parece ser lo que perfiló parte de la violencia social que ha prevalecido al interior de la entidad; en otras palabras, Guerrero no ha dejado de sufrir los embates violentos de diferentes actores en los últimos sesenta años. La violencia ha favorecido a la oligarquía guerrerense, que ha mantenido una relación histórica de desprecio en contra de las demandas sociales, y que en un primer momento se adhirió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) con la finalidad de mantener sus privilegios políticos caciquiles (Aréstegui, 2013a, 2013b, 2013c; Russo, 2013a, 2013b).
La guerra por Guerrero
Según el informe del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de los derechos humanos relativo a su misión en México, en nuestro país persiste un alto nivel de violencia que se asocia a los cárteles de la droga y a los grupos del crimen organizado. Lo anterior ha generado una gran preocupación por el uso de las fuerzas armadas en el ámbito de la seguridad pública para enfrentar esta violencia criminal. En el caso particular de Guerrero, las personas defensoras de los derechos humanos enfrentan la desaparición de sus seres queridos y en su búsqueda han puesto en riesgo su integridad personal debido a que en muchas ocasiones revelan el contubernio criminal-estatal que existe en estas situaciones. Por ejemplo, en el municipio de Chilapa las desapariciones son de tipo colectivo y, generalmente, bajo la mirada de las autoridades (Asamblea General de la ONU, 2018).
Guerrero se ha caracterizado por ser una de las entidades más violentas durante las últimas décadas, pero antes de 2004 había tenido cifras de homicidios dolosos relativamente estables. A nivel estatal, junto con Colima, ha presentado el incremento más dramático de muertes por violencia letal en varones en edad productiva durante este periodo (Institute for Health Metrics and Evaluation, 2019) (gráfica 1).
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Institute for Health Metrics and Evaluation (2019).
Gráfica1 Cambio anual en las tasas de homicidio doloso en varones de 15-49 años, 2006-2016
A mediados de la década del 2000 aumentaron dramáticamente los homicidios que respondieron a las disputas, operativos y fragmentaciones de las organizaciones criminales en Guerrero (Pantoja, 2015, 2016; Boston Dynamics, 2020). Sin embargo, no debe perderse de vista que a partir del despliegue de efectivos de las agencias de seguridad estatales y federales la violencia aumentó (Carlsen, 2017; Paley, 2018).
Dimensión estructural
La mayoría de los trabajos recientes que documentan la violencia social en Guerrero han privilegiado la dimensión estructural, es decir, la relación entre elEstado y los grupos del crimen organizado (De la Torre y Navarrete, 2013; Rodríguez, 2013; Illades y Santiago, 2014, 2019; Rosen y Zepeda, 2015; Kyle, 2015; Pantoja, 2015, 2016; Trejo y Ley, 2016; Maldonado, 2018; Paley, 2018; Santiago e Illades, 2019; Boston Dynamics, 2020). Estas investigaciones han posicionado el papel de las organizaciones criminales como actores sustanciales que ejercen la violencia como mecanismo de dominación del mercado de drogas y otras actividades ilegales como el secuestro, la extorsión, el robo, etcétera. La dimensión estructural permite reflexionar sobre las relaciones que se establecen entre las instituciones reproductoras del poder (Estado y crimen organizado) y cómo éstas configuran formas de dominación entre sí mismas y la sociedad.
Los estudios que abordan dicha dimensión del proceso de violencia social en Guerrero han señalado que prevalece un contubernio estatal-criminal, que guarda una estrategia en la última fase del capitalismo que pretende apropiarse de los recursos naturales de las naciones periféricas. Es decir, la violencia que ha azotado al país en las décadas recientes forma parte de un nuevo orden hemisférico que busca generar las condiciones necesarias para la entrada del gran capital a los espacios y territorios antes inaccesibles.3 Es decir, un orden económico mundial neoliberal caracterizado por un capitalismo salvaje basado en el despojo de los recursos naturales en las naciones periféricas (Harvey, 2005; Valencia, 2010; Calveiro, 2012; Paley, 2018; Benítez, 2019). Estas novedosas formas de acumulación de capital tienen como característica el autoritarismo, el permanente estado de excepción y la hiperviolencia. Sobre este último punto, en nuestro país las prácticas de violencia homicida en contra de la población civil son resultado de los enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado y con las fuerzas del Estado, las cuales forman parte de un complejo mecanismo de control que persigue desalentar la protesta social mediante el terror (Maldonado, 2010, 2018; Valencia, 2010; Illades y Santiago, 2014; Cruz, Santana y Alvarado, 2016; Paley, 2018; Fini, 2019; Santiago e Illades, 2019).
En esencia, las organizaciones criminales en Guerrero trabajan para intereses mucho más complejos que la mera disputa del mercado de drogas o la extorsión. El verdadero interés es generar las condiciones óptimas para imponer el gran capital en ciertas zonas estratégicas de gran potencial económico, por ejemplo, los megaproyectos mineros. Al respecto Dawn Paley (2018) sostiene que estos grupos que se encuentran en México, en particular en las zonas de estratégicas extractivistas, como Guerrero o Sinaloa, son el brazo armado de grandes empresas mineras que asedian a la población para despojarla.
Conviene profundizar en el estudio del papel que juega esta nueva fase del capitalismo, caracterizada por el uso de la violencia, como instrumento para favorecer la entrada del gran capital a territorios antes inexplorados, ya que tiene su origen en lo que David Harvey (2005) define como “acumulación por desposesión”, que se basa en los procesos que implican fraude, violencia y depredación. Lo anterior forma parte de una serie de medidas (procesos) a las que ha recurrido el capitalismo para aliviar la crisis por sobreacumulación de capital. Esto, según reconoce Harvey, requiere de la participación del Estado para que respalde estos procedimientos a través del marco legal y del monopolio de la violencia.
Como puede observarse, el contubernio estatal-criminal con fines de concentración de capital es fundamental para explicar el imperio de terror que prevalece en Guerrero.4 Algunos autores han señalado que, por ejemplo, en sus zonas rurales predomina la producción de droga, lo que ha provocado una lucha encarnizada entre grupos criminales que se ha traducido en elevadas tasas de homicidio. En el área urbana las disputas violentas de estas organizaciones tienen como objetivo apoderarse del mercado de la extorsión, el secuestro y el narcomenudeo, así como establecer alianzas con el poder político local (Kyle, 2015; Donoso, 2019; Boston Dynamics, 2020).
Otros trabajos, también de índole estructural, han documentado esta relación a partir de las respuestas sociales (Gasparello, 2010; Aréstegui, 2013a, 2013b, 2013c; Benítez, 2014; Benítez, 2019; Fini, 2019; Gatica, 2019), y documentan los procesos de resistencia ciudadana en un estado sumido en una añeja historia de abusos, pobreza y despojo. La violencia forma parte de la identidad de las y los guerrerenses y tiene su origen en la indiferencia de los gobiernos despóticos que han protegido a una élite poderosa, que ha hecho del poder público su modo de vida y que ha tratado, no siempre sin resistencias, de mantener sus privilegios ante una ciudadanía lastimada, hundida en la miseria y en la violencia. Los actores que han monopolizado el poder siempre recurren a prácticas añejas en la política del Estado, como la violencia, la cual busca limitar o bien anular a aquellos individuos que exigen el respeto a sus derechos elementales. Esto no significa que los ciudadanos se mantengan pacíficos, sino que existe una réplica ante tales agravios. Parte de la respuesta organizada de las comunidades ha consistido en la creación de numerosas organizaciones que han buscado hacer valer sus derechos; sin embargo, en la mayoría de los casos el gobierno ha respondido de forma brutalmente violenta.5
La organización social ha sido una constante en Guerrero, ante la arremetida de las fuerzas del Estado, proceso que se ha materializado en el despliegue de efectivos militares que se exacerbó a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero en la actualidad la respuesta comunitaria ha mutado a formas de autoprotección ante la violencia desmedida de las organizaciones criminales que han asolado sus territorios, en particular a finales del siglo XX y principios del XXI (Paley, 2018; Benítez, 2019; Fini, 2019).
Cabe señalar que desde hace más de veinte años, en algunos municipios guerrerenses funciona un sistema comunitario de seguridad, justicia y reeducación, que se conoce con el nombre de los dos órganos operativos que lo conforman: Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), cuyo antecedente son las organizaciones campesinas. Los miembros de estos grupos se habían visto afectados por la inseguridad (robo en particular) y la seguridad comunitaria fue su respuesta ante estos actos (Pantoja, 2016; Fini, 2019).
A diferencia de lo que sucedió en Michoacán, donde los grupos de autodefensa surgieron para hacer frente al crimen organizado, en Guerrero la situación es diferente y puede rastrearse su antecedente en organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), creada en 1995, con la finalidad de instituir una estructura regional que incorporara a numerosas poblaciones. La tolerancia a la militarización de las tierras comunales en la entidad implica una cada vez más complicada interrelación entre los diferentes territorios ya organizados. Debe señalarse que la permanente presencia de las fuerzas armadas bajo resguardo de las policías comunitarias tiene como propósito el enfrentamiento entre estos grupos organizados para facilitar el saqueo de los recursos naturales (Paley, 2018).
Dimensión fenomenológica
Existen otras visiones que han documentado la forma en la que los habitantes viven, resisten e incluso reproducen la violencia social; los enfoques periodísticos muestran una realidad fragmentada, dejan de lado el proceso de violencia social y, por su naturaleza, no tienen un enfoque crítico (Cacho, 2016; Gallón, 2020). Las aproximaciones desde las experiencias de las personas en escenarios de violencia social como la que azota a Guerrero en realidad son escasas; sin embargo, dotan de sentido a los procesos estructurales que impactan en sus biografías. Algunos de los trabajos recientes han abordado la incorporación de los hombres, en particular los jóvenes, dentro de las organizaciones criminales en ciertas regiones bien delimitadas de la entidad (Estrada y Torres, 2019; Illades y Santiago, 2019; Medina, 2019; Ramírez, 2019). En concreto estas investigaciones han documentado cómo el crimen organizado administra las vidas de estos individuos ante un Estado que los ha dejado a su suerte en un contexto de miseria permanente.
Estrategia teórico-metodológica
Importancia de la visión fenomenológica en la violencia social
La dimensión social busca analizar tanto aspectos estructurales -materiales y de las relaciones de poder-, como particulares -subjetivos, simbólicos e identitarios-. Todo ello a partir de una relación dialógica entre sujeto y estructura, que permitirá reflexionar en torno a fenómenos como el crimen y la violencia, no de manera parcializada, fragmentada e individualizada, sino como partes de un proceso social largo y complejo. Algo fundamental de esta perspectiva se encuentra depositado en la visión cualitativa, es decir, las ciencias sociales apuestan a aspectos relativos al mundo real, en los términos de las propias personas. La realidad social se reflexiona a partir de la visión de los propios sujetos, de la forma en la que construye su pensamiento el actor. En oposición de la visión cuantitativa, en donde el mundo se abstrae a partir de lo que es medible y cuantificable (Schward y Jacobs, 2003).
Kenneth R. Tillman (2006) menciona que la fenomenología trata de explicar las experiencias de los sujetos en la vida social a través del diálogo y la reflexión. La tradición fenomenológica busca desentrañar los significados a partir de la percepción y el pensamiento mediante las experiencias de los sujetos, y en este sentido las entrevistas son el recurso por excelencia. La objetividad fenomenológica radica en tener en cuenta que las experiencias deben analizarse dentro un contexto determinado; de ahí que las condiciones contextuales son necesarias para poder interpretarse. De tal manera que la importancia de esta tradición consiste en que persigue desentrañar los significados de las experiencias de los sujetos a través del lenguaje. La dimensión personal subjetiva refleja una parte del entramado estructural y, por lo tanto, puede echarse mano de esta visión para desarticular parte de los procesos sociales a nivel macro.
En las ciencias sociales, la sociología incluida, se ha propuesto tejer un puente entre sujeto y estructura. Autores como Jeffrey C. Alexander reconocen que si bien existe una autonomía entre sujeto y estructura, esto no significa que no haya una correlación entre los diversos niveles analíticos, es decir, entre el sujeto y la estructura social. Según este autor, la organización social está conectada con el mundo individual, pues el sujeto recurre a ella para abstraer y entender el mundo: “Las personalidades que desarrolla la gente tienen que basarse en los objetos sociales y culturales que están disponibles para la interacción” (Alexander, 2000: 41).
Las dimensiones de la subjetividad no sólo reproducen o actúan en los procesos estructurales, sino que tienen autonomía y contribuyen directamente en la construcción de los procesos sociales (Saraví, 2015); por ejemplo, el crimen y la violencia. En este sentido, la participación individual es fundamental para la transformación de tales procesos. La dimensión subjetiva se expresa en las prácticas violentas, ya sean individuales o colectivas. Las experiencias y percepciones de los sujetos a través de sus narrativas se encuentran fuertemente influenciadas por sus patrones socioculturales y personales.
La violencia debe entenderse a partir de elementos concretos, de contextos históricos y culturales muy específicos. Las sociedades tienen sus propios mecanismos para comprenderla, resistirla, ejercerla y tolerarla. En una reflexión más general, la violencia se puede convertir en el vehículo para obtener poder y valor. De esta manera, el acceso a ciertos privilegios, ya sean materiales o no, se puede lograr a través del ejercicio de la misma (Herrera-Lasso, 2017).
Desde el punto de vista experiencial hay quienes reconocen que la violencia debe ser entendida como algo vivido, pero desde el ojo de la investigación social debe concebirse como un hecho que se significa así mismo desde los patrones sociales y culturales de quien la vive y encarna. De ninguna manera es arbitraria e irracional, sino que guarda significaciones sociales y culturales (Salmerón, 2017). Así, la forma en la que la persona vive y representa la violencia social está determinada socioculturalmente, es decir, la experiencia propia del sujeto sobre el proceso se significa a partir de un marco simbólico que permite entenderla (Saraví, 2015).
Metodología
A partir del análisis de entrevistas semiestructuradas que abordaron aspectos experienciales de la violencia social de las dos personas consultadas, este trabajo se desarrolló durante la primera temporada en campo en la ciudad de Chilpancingo, de septiembre a diciembre de 2017, que fue el primer acercamiento al estudio de caso. Las narrativas formaron parte del método etnográfico, el cual buscó entender el lugar que tenía la violencia en el orden social de las personas entrevistadas.6 La etnografía en contextos de crimen organizado permitió entender los significados de este fenómeno de la violencia en los órdenes social, cultural, político y económico (Mendoza, 2017). Como precisión metodológica y retomando a Natalia Mendoza Rockwell, no se cuestionó la veracidad de las verbalizaciones sino la recurrencia de ciertos discursos y su vinculación con la violencia.
La guía de entrevista se basó en diferentes ítems que buscaban analizar la violencia social desde la visión particular de los entrevistados, quienes han estado inmersos en el contexto: causas, actores, consecuencias, afectaciones personales y colectivas, y regiones especiales en donde el clima violento (homicidios) es más agudo. En este sentido, se recurrió a dos informantes clave: un exdiputado que ha tenido numerosos cargos dentro del gobierno del estado y el director de una ONG. El análisis con ambos fue clave, ya que, por un lado, permitió un primer acercamiento al fenómeno violento que azota a Guerrero y, por otro, como intermediarios que facilitaron el trabajo con las autoridades locales de seguridad pública para desarrollar el tema central de esta investigación.
Las entrevistas fueron grabadas con su consentimiento y después transcritas en su totalidad. En un sentido ético debe señalarse que al ser éste un estudio voluntario y anónimo los nombres de los participantes fueron omitidos.
Resultados
Los orígenes: contubernio Estado-crimen organizado
En cuanto a las causas de la violencia social, los entrevistados reconocen que forma parte de una relación tanto antagónica como simbiótica entre el Estado -en sus tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal- y los grupos del crimen organizado. Sin embargo, ésta no se presentó de manera lineal, sino que se trata de procesos que deben analizarse como si fueran mosaicos en los que cada fragmento forma parte de un entramado de poder. En otras palabras, fenómenos que se van entrecruzando en la medida en que existen pactos, fracturas, reacomodos y alianzas entre las organizaciones criminales y el Estado. Veamos algunos puntos medulares del análisis:
…así como se ha avanzado [en] el control de la zona, [en] el control de los territorios, debemos entender que los grupos de la delincuencia organizada lo primero que empezaron a controlar fueron las ciudades, las áreas urbanas. Pero en la medida en que han crecido, en que han expandido sus territorios, cualquiera puede ser víctima potencial, cualquier joven, en cualquier región del estado, todos son víctimas potenciales de la delincuencia organizada. ¿Víctimas en qué sentido?, bueno sabemos que los grupos de la delincuencia organizada realizan actividades ilícitas. Esto primero llegó a las ciudades y después a las zonas rurales y a las comunidades indígenas (director de una ONG).
Según la visión anterior, las personas tanto de las zonas urbanas como de las rurales se encuentran igualmente vulnerables a la violencia criminal. Como puede verse, el grado de penetración de las organizaciones delincuenciales en el territorio no es algo homogéneo, sino que comenzó en áreas densamente pobladas (ciudades) y de allí se expandió a las menos habitadas.
Ahora bien, la espiral de violencia empezó a ascender a partir de los enfrentamientos de los grupos del crimen organizado con las fuerzas del Estado (marina, ejército, policía federal) desde que inició la llamada guerra contra el narcotráfico, que provocó que algunos líderes de estos grupos fueran abatidos o capturados:
Los grupos de la delincuencia organizada se atomizaron, se hicieron muchos pequeños grupos y todos ellos están peleando por controlar una pequeña región y esto hace que la lucha de éstos […] sea cada vez más sangrienta y […] van a pasar varios años para que esto de alguna manera pueda superarse […]. A largo plazo llegaríamos a una especie de dictadura militar para combatir a los grupos de la delincuencia organizada […]. Hablamos [de que] es una cuestión de contrainsurgencia, de baja intensidad, […] de una cuestión abierta, […] porque se busca inhibir la protesta social y se pretende garantizar que el sistema capitalista siga vigente en nuestro país (director de una ONG).
…debido a que los diversos gobiernos en turno, tanto el estatal como los municipales, tuvieron que pactar con grupos diversos […], como las organizaciones que se dedicaban en principio […] al cultivo y trasiego de enervantes. Después de que se da una división en estas organizaciones dedicadas a esta actividad y emergen otras sentimos, o [vemos], que empieza a pactarse con grupos distintos […] la disputa por los territorios […]; ocurre la división de las organizaciones delictivas y aparecen otras (exdiputado).
El vacío de poder y la posterior fragmentación de dichas organizaciones criminales se tradujo en enfrentamientos sangrientos por el control del territorio para actividades como el cultivo, el trasiego, la venta de drogas, la extorsión, el tráfico de influencias, el reclutamiento forzado, entre otras. Los grupos de menor tamaño que actualmente se disputan el territorio son: “Los Ardillos”, “Los Rojos” y “El Tequilero”. Existe la percepción de que ciertos municipios son más violentos que otros, como Coyuca de Benítez y Chilapa de Álvarez, que figuran en el imaginario social, y también debe señalarse que si bien son zonas urbanas su número de habitantes no excede a los de Acapulco o Chilpancingo.
Cabe destacar el planeamiento sobre la dictadura militar que comenta uno de los entrevistados, ya que desde su punto de vista la situación descrita forma parte de un entramado de poder que busca desalentar la protesta social a través del terror que provocan los grupos del crimen organizado y así justificar la violencia que ejercen las fuerzas del Estado.
Una de las características del crimen organizado es su capacidad de corromper a las autoridades. Se tiene documentado que en Guerrero diferentes actores políticos han ocupado a estos grupos paralegales para el ajuste de cuentas entre adversarios. Estas alianzas consisten en dar protección al equipo político en campaña, coaccionando el voto de los ciudadanos para que, una vez que asuman el poder, dejen las instituciones de seguridad pública en manos de estas organizaciones: “…inmediatamente cuando asumen el cargo son visitados, son citados por las organizaciones delictivas, aquellas que controlan el territorio, para establecer una serie de acuerdos y cuotas para que [les] brinden seguridad a ellos como funcionarios, al gobierno municipal y a la ciudadanía” (exdiputado).
Así, algunos actores particulares se benefician de estos pactos, como se ha informado respecto del sector minero, que rrecurre a estos grupos armados para extorsionar a la población a la que previamente se les ha dado una compensación económica en usufructo de sus territorios, entre otras formas de acoso.
Juventudes y crimen organizado
Una de las principales preocupaciones es la afectación que este clima de violencia tiene en la vida de los jóvenes guerrerenses. La incorporación de éstos a las organizaciones criminales se hace mediante dos formas: una de ellas es el reclutamiento voluntario, que se da principalmente en los centros urbanos como Acapulco o Chilpancingo, y se lleva a cabo mediante la invitación de amigos dentro de las escuelas de nivel básico -primaria o secundaria-. Es de llamar la atención que también dentro de estas instituciones es donde tiene presencia el narcomenudeo:
…normalmente aquellos que son cooptados son contactados por alguna amistad, por […] muchachos que están en esas cuestiones. No es muy complicado, ya saben quienes andan en eso y hablamos de que es un reclutamiento casi casi de cuates […]. Hay comunidades donde uno no se imagina que se practica el narcomenudeo, en las secundarias, en las primarias, en las preparatorias, hasta allá están penetrando los grupos, las organizaciones, y ahí obviamente a este nivel de población quieren acceder con la actividad del narcomenudeo y usan a jóvenes […] que buscan incidir, convencer y contaminar […] a sus pares (director de una ONG).
…[los] ocupan […] para ubicar a otros jóvenes en situación de vulnerabilidad que no estudian, que no trabajan, que no tienen oportunidad [de ir a la escuela…] se vuelven [piensa] actores atractivos para ser ubicados por la delincuencia porque no tienen los recursos ni los medios para continuar sus estudios de nivel medio superior o superior y mucho menos [para acceder a] fuentes de empleo […]. Son […] sujetos [a quienes] les pintan que van a ganar dinero fácil, que en poco tiempo van a contar con bienes, […] con una serie de comodidades, de lujos, que no van a conseguir en otro lado […], son sujetos que se vuelven potencialmente objetos de convencimiento […], la misma vulnerabilidad [permite] que se puedan enrolar en cosas de este tipo (exdiputado).
Si bien puede hablarse de que se incorporan de manera voluntaria, según los actores consultados, el Estado no les está brindando las condiciones necesarias de acceso al empleo, a la educación y a la seguridad. El crimen organizado se vuelve el satisfactor de estas carencias, además de ofrecerles una vida llena de placeres y excesos.
La otra forma de reclutamiento es la de tipo forzoso y se da mediante amenazas o extorsiones a las familias donde se sabe que hay jóvenes. Si bien en la mayoría de los casos se sabe que lo ejecutan hombres, también participan mujeres en esta modalidad:
…hay una cosa que en tiempos de la revolución se llamaba “leva”. Aquí también se ha practicado porque de repente por las tardes-noches se [da] lo que se llama “levantón”: [a] jóvenes estudiantes, [de] dieciséis años, dieciocho años […], se los llevaban y no necesariamente para asesinarlos, era parte de incorporarlos mediante amenazas a los grupos de la delincuencia organizada. ¿Qué amenazas?, pues que van a matarlos, que van a matar a su familia, que ya saben dónde vive toda su familia. Les quitan el celular, tienen los números y bueno, los obligan a realizar esas labores. Después [se] pasó a la etapa [en la] que empezaron a visitar los domicilios [donde] sabían que había muchachillos de catorce, quince años, hombres o mujeres, y simplemente es decirles a los papás: “nos vas a dar a tu hijo o a tu hija […]; mañana vamos por él o ella”, y bueno, ese reclutamiento obligatorio se está dando prácticamente en todas las regiones y todo el tiempo (director de una ONG).
…la región de Chilapa de Álvarez es […] eminentemente pobre, con población mayoritariamente indígena nahua, que se dedican a actividades agrícolas en […] la montaña, donde no hay terrenos propicios para ello. Donde las comunidades están desoladas […] llegan los grupos delictivos [y] tienen presencia permanente, los ven ya como algo natural porque además también se dedican al cultivo de los enervantes que surten a estos grupos; entonces, van no sólo a que cultiven sino [a] que sus hijos se enrolen a las fuerzas, a las actividades delictivas […]. En algunos casos llega a ser una presión, digamos, sutil, pero de eso a que llegue un grupo armado y te diga que tu hijo se enrole a estas actividades, ya es [más que] una presión, ya es de que uno quiera entrar porque quiera entrar […]. Te dicen que te vas a enrolar porque […] ahí hay futuro, además […] llega un grupo armado: “venimos la siguiente semana por ti para que ya te incorpores”. Es a la fuerza […]. En donde el gobierno, las autoridades no tienen ninguna capacidad de incidencia, [a] las comunidades las dejan totalmente a la buena de Dios (exdiputado).
La edad promedio de reclutamiento es variable, ya que se tiene documentado que la más temprana es de nueve a diez años, para hacer funciones de vigilancia o “halconeo”, mientras que de diez en adelante incluso pueden ser “sicarios”, aunque otra fuente revela que esto último oscila entre los trece a los quince años.
…hay chamacos que pueden tener nueve, diez años, [otros] quince a veinte años y hasta gente, digamos, ya muy grande […], porque una cosa son los halcones, las panteras y otra son los sicarios. Porque el halcón es el que está en una esquina, […] en una tienda, es el que vende bolillos, [o] gelatinas, es el que nada más anda checando, son los que están en las gasolineras […], en números concretos [van] de los diez años en adelante. Ya para el sicariato hay chamacos que empiezan de trece, quince años a incursionar ahí [y] cuando llegan [a los] dieciocho años, veinte años, […] ya tienen un cargo, una responsabilidad, ya mandan a otros, siempre va a depender para ellos [de] la disciplina y […] la decisión con la que realicen las ejecuciones (director de una ONG).
¿[Cuál es] la población que engrosa las filas de estas organizaciones delictivas y los brazos armados […] como sicarios y para el halconeo?, jóvenes en su mayoría, ¡niños, algunos de ellos […] de escasos trece o catorce años, dieciocho años, veinte años!, y ¿quiénes se meten a estas actividades? Hay casos en [los] que obviamente el promedio de vida [es] bajísimo […]: si se enrolan a una actividad delictiva a los catorce-quince años, a los veinte años, cinco años es [el] promedio máximo de vida de muchos jóvenes […]. Con esta saña que ahora se ve y por eso traen grupos armados, jóvenes, sicarios, que los entrenan para eso, que unos sí son del territorio, son gente pobre, vulnerable, [a la] que transforman y les venden la ilusión de tener dinero fácil, pero ya no son chavos que piensan [ya] que fueron entrenados […] de manera muy sanguinaria (exdiputado).
También es posible que algunos ya tengan una larga experiencia en estas actividades cuando alcanzan la mayoría de edad, lo que favorece el hecho de tener mayores responsabilidades dentro de la estructura del grupo criminal: como dirigir a otros para realizar actividades de extorsión o ejecución. Es importante destacar, como lo señala el exdiputado, que el promedio de vida de los jóvenes que se encuentran inmersos en estos grupos es bajo, ya que según se tiene documentado no supera los cinco años.
Discusión
A partir de los datos empíricos producto de las entrevistas y con base en lo consultado en la literatura pueden establecerse una serie de puntualizaciones sobre la violencia social que se vive en Guerrero. En primer lugar, la irrupción de las organizaciones criminales en la entidad no fue homogénea, sino que comenzó en áreas bien delimitadas y densamente pobladas como Acapulco y se extendió a las rurales. Ahora bien, la espiral de violencia en la entidad comenzó a mediados de la década del 2000, lo que se corresponde con una serie de operativos que originaron los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado (cárteles). Así, en la medida en la que se capturaba o abatía a los líderes, estas agrupaciones se fueron fragmentando en células más pequeñas que diversificaron sus acciones ilegales para sobrevivir: narcotráfico, extorsión, secuestro, robo, cobro de piso, etcétera, sin omitir que éstas han sido desarrolladas con altos niveles de violencia sádica. Es importante señalar que a este tipo de actividades se les suele llamar “predatorias” (Pantoja, 2015, 2016; Illades y Santiago, 2019; Boston Dynamics, 2020; Serrano, 2020). Como lo señala Chris Kyle, el proceso de fragmentación de los cárteles no sólo favoreció la diversificación de las actividades de los grupos criminales, sino que también permitió que se distribuyeran a lo largo de las siete regiones del estado (Kyle, 2015).
Como lo reconocen los entrevistados, este proceso violento no puede pensarse sin la participación de los diversos actores sociales que se encuentran en la disputa y negociación del poder. En este sentido, hay quienes consideran que el clima de violencia que se vive en Guerrero es resultado de la pugna por el poder de ciertos grupos como las empresas, las organizaciones del crimen organizado, y las élites políticas, entre otros, que buscan poner al Estado a su servicio con la finalidad de imponer sus intereses económicos (Maldonado, 2010, 2018; Illades y Santiago, 2014, 2019; Santiago y Illades, 2019).
Sin embargo, no es una disputa entre estos actores, también existen relaciones simbióticas que los benefician, lo que los entrevistados refieren como “pactos” entre élites políticas y organizaciones criminales. Al respecto, Renato Sales Heredia (2020) sostiene que en estados como Michoacán y Guerrero son los grupos del crimen organizado los que financian las campañas de los candidatos a presidentes municipales, quienes no cuentan con recursos económicos y recurren a aquellos de procedencia ilícita. De esta manera, después de ganar la elección, sin mayor dificultad las organizaciones criminales que los apoyaron cometen una serie de ilícitos como robos, secuestros, extorsiones y venta de drogas; en otras palabras, se aplica la célebre consigna: “plata o plomo”.
Como se puede reflexionar en este punto, los grupos del crimen organizado toman el control total del territorio a partir de los pactos que contrajeron con los actores políticos del municipio con la finalidad de administrar las diversas actividades económicas ilícitas. Además, como se ha documentado en éste y otros trabajos, las organizaciones criminales mantienen una relación simbiótica con el Estado en la que ambos administran la violencia para sus propios intereses. Es decir, no puede establecerse que hay una confrontación entre el Estado y esos grupos, sino una disputa por el poder mediante el control del territorio entre facciones criminales que pactan con las autoridades y otras organizaciones que no cuentan con ese respaldo.
Desde el punto de vista del director de la ONG entrevistado, la supuesta política de seguridad que representa la guerra contra el narcotráfico esconde tras de sí acciones de contrainsurgencia de baja intensidad que persiguen generar un estado permanente de excepción que garantice la desarticulación de la protesta social. Diversos estudios han reflexionado en torno a los orígenes de la violencia social en México y en otros lugares del mundo. Así, lo anterior forma parte de una serie de procesos que facilitan la entrada del gran capital a las regiones antes inexploradas o poco atractivas para el capitalismo (Cruz, Santana y Alvarado, 2016; Maldonado, 2010, 2018; Paley, 2018; Ríos, 2013; Valencia, 2010).
Como se puede establecer, existe la percepción de que la entrada de las organizaciones criminales en ciertas regiones de Guerrero y el despliegue de las fuerzas del Estado está más orientada a favorecer al gran capital para el despojo y la rapiña de sus recursos naturales. Esto también ha sido coherente en la administración del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) encabezada por Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y al respecto Zósimo Camacho (2019)) ha documentado que el despliegue desmesurado de las fuerzas federales, en particular de la Guardia Nacional, obedece más a la intención de militarizar ciertas zonas de interés económico para detener las protestas sociales que para combatir a los grupos del crimen organizado.
Queda claro que ambos entrevistados señalaron la participación de los jóvenes en las estructuras criminales como una de las principales preocupaciones de este entramado violento, con particular énfasis en que el reclutamiento forzado en las regiones rurales es algo que poco se ha documentado en el estado. Sin embargo, concuerdan en que su incorporación a estos grupos delictivos se debe a las condiciones de precariedad económica en las que viven y que los obligan a insertarse en ellos. Al respecto, las investigaciones que han documentado este nexo han mostrado que existe un fuerte componente de carencia material que arroja a los jóvenes a las organizaciones del crimen organizado con la única intención de obtener sustento (Estrada y Torres, 2019).
Por su parte Illades y Santiago (2019) reconocen que las oportunidades a las que los jóvenes pueden acceder en el contexto de violencia y miseria que ha caracterizado a Guerrero son relativamente pocas, entre otras migrar a Estados Unidos, enrolarse en el ejército o incorporarse a la delincuencia organizada. Esto es una clara muestra del limitado o nulo acceso que tienen a otras opciones de movilidad social y empoderamiento.
Queda claro que los jóvenes son las personas más susceptibles de ser víctimas y victimarios de esta violencia social. Debe reconocerse que la vulnerabilidad, producto de la precariedad económica, así como el reclutamiento forzado son las principales causas que favorecen el hecho de ser presa fácil de esta violencia letal. Sin embargo, poco se ha documentado en Guerrero acerca del papel de la narcocultura como dispositivo de precarización juvenil y que requiere reflexionarse desde los elementos identitarios y culturales.
Conclusiones
Este trabajo fue un acercamiento, desde el punto de vista de dos personas que han vivido de cerca el proceso de la violencia social en Guerrero, con el fin de desenmarañar parte de los significados que en ocasiones pasan inadvertidos para las narrativas oficiales.
Sobre esto conviene hacer una serie de puntualizaciones según los hallazgos y la reflexión con otros trabajos. En primer lugar, puede establecerse la percepción de la violencia social como un contubernio entre el Estado y el crimen organizado que busca administrar la violencia y las actividades ilegales como justificación para el establecimiento de un estado de excepción permanente con la finalidad de desactivar la movilización social. Debe tomarse en cuenta que los procesos sociales se hicieron más evidentes en la segunda mitad del siglo XX con la guerra sucia, lo que moldeó parte de la subjetividad de los guerrerenses.
Como lo menciona Mendoza Rockwell, este tipo de acercamientos permite entender cómo se construye y se reproduce la violencia social, lo cual puede ayudar a comprenderla fuera de las narrativas hegemónicas que la vinculan a actores sociales determinados (grupos criminales) y dejan fuera la participación del Estado y las élites política y económica (Mendoza, 2017).
Mediante el nexo entre juventudes y violencia fue posible conocer que tanto el sicariato como el halconeo en algunas regiones de Guerrero muestran dos características: en su gran mayoría se componen de varones jóvenes y pobres cooptados voluntariamente por amistades cercanas que generalmente los contactan en las escuelas de los centros urbanos, y en las zonas rurales y/o indígenas este reclutamiento se da de manera forzosa,7 aunque en menor medida. La segunda es la motivación que les ofrecen para incorporarse: la promesa de una vida corta pero llena de placeres, la sensación de impunidad y de una masculinidad dominante que reta al Estado en la hegemonía de la violencia.
La visión fenomenológica permitió aproximarse, desde el punto de vista de los entrevistados, a los procesos de violencia social de la entidad suriana. Se puso de manifiesto que el clima violento es producto de un contubernio entre el Estado y los grupos criminales para facilitar la entrada del gran capital a las zonas antes inexploradas. Esto también pone de relieve que las actividades criminales y la violencia forman parte un mecanismo de control social con la finalidad de crear un estado de excepción permanente para ciertos sectores de la población considerados desechables o residuales.
