Introducción

A causa de su magnitud, intensidad e impacto, el delito en México se ha posicionado como la principal preocupación de la población y en un problema público de primer orden dentro de la agenda del Estado. Es un fenómeno que perjudica la reproducción y pervivencia de los sistemas funcionales de la sociedad, reduciendo la calidad de vida y limitando el pleno ejercicio de los derechos humanos.

Las ciencias sociales pueden contribuir a contrarrestar este escenario aportando evidencia empírica para el diseño de políticas públicas en la materia, y en este marco, el objetivo del presente artículo es identificar las configuraciones causales vinculadas con los altos niveles de homicidio doloso en las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX). Es por ello que para formular una hipótesis empírica recurrimos a la teoría de la desorganización social y para fundamentarla utilizamos el análisis cualitativo comparado desarrollado por ^{Charles Ragin (1987)}.

Por una parte, la teoría de la desorganización social (TDS) plantea que en determinados contextos existen condiciones vinculadas a las desventajas sociales y a la incapacidad de la comunidad para resolver problemas comunes. Cuando estas condiciones se combinan devienen en la formación de motivaciones delictivas, lo que se traducirá en altos niveles delictivos (^{Shaw y Mckay, 1942}; ^{Sampson, 1986}; ^{Kornhauser, 1978}; ^{Vilalta y Fondevila, 2014}). Desde esta perspectiva, para explicar los altos niveles delictivos resulta necesario identificar las combinaciones de las condiciones o configuraciones causales que las producen.

En la actualidad contamos con técnicas de investigación que permiten visualizar y comprender cómo múltiples condiciones se combinan para producir un fenómeno y cómo éste puede ser ocasionado por distintas combinaciones de condiciones dependiendo del contexto de los casos. Una de estas técnicas es el análisis cualitativo comparado (QCA) desarrollado por ^{Ragin (1987)}. No obstante, la agenda de investigación continúa centrándose en el análisis del efecto neto, aislado o sumatorio, más no combinatorio, que diversas variables independientes producen sobre una variable dependiente.

Aunque los métodos cuantitativos permiten identificar las variables con mayor impacto sobre un objeto de estudio, detrás de los mismos subyace una lógica lineal y sumatoria de la causalidad que no permite observar la manera en cómo distintas combinaciones de condiciones producen un fenómeno social, principalmente en estudios con una N intermedia (^{Ragin, 2000}; ^{Medina, et al., 2017}). Así, nuestra comprensión sobre la complejidad causal del delito en términos de equifinalidad, multifinalidad y asimetría continúa siendo escasa, pero para contribuir a reducir esta laguna en el campo del conocimiento utilizamos el QCA como estrategia metodológica.

Con respecto al resultado de interés, el estudio del homicidio doloso (HD) es socialmente relevante porque su magnitud e intensidad revelan la existencia de entornos extremadamente peligros para el bienestar físico y emocional de la población. Asimismo, en términos metodológicos, representa el mejor observable empírico del delito debido a su bajo nivel de subreporte.¹

Finalmente, en cuanto a las unidades de análisis, la selección de las alcaldías de la CDMX responde ante un criterio instrumental (^{Gundermann, 2004}), ya que proporcionan diversidad empírica, permitiéndonos comparar casos similares, en su estructura política, administración e integración socioeconómica, con resultados diferentes.² También consideramos relevante que esta ciudad es el principal centro de operaciones políticas del Estado mexicano.

Este artículo está organizado de la siguiente manera. Primero se presenta la evolución de los HD para el periodo 2015-2018 a nivel nacional en México. En la segunda parte se expone un panorama de los estudios recientes sobre homicidio, adscritos a la TDS, que nos permite desbrozar el camino para nuestra propia propuesta de investigación. En un tercer punto se resumen los supuestos de la TDS. Un cuarto apartado expone las condiciones explicativas e hipótesis formuladas para responder a la pregunta: ¿por qué en determinadas alcaldías de la CDMX se producen altos niveles de homicidio doloso? En la quinta parte se presentan las premisas de QCA. En la sexta, se enlistan los resultados, y por último, están las conclusiones.

Homicidio doloso en México, 2015-2018

Para aproximarnos al contexto del homicidio doloso en México utilizamos la tasa por cada 100,000 habitantes; coeficiente que expresa la relación entre la incidencia delictiva en un territorio y la poblacional que lo habita. Al considerar el factor poblacional, este indicador nos permite comparar unidades espaciales con las diferentes prevalencias delictivas (^{Frissard, 2019}).³

La fórmula es:

En donde:

Se utilizaron los datos de incidencia delictiva reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y las proyecciones de crecimiento poblacional a mitad de año, proporcionadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO).⁴

De 2015 A 2018, a nivel nacional se registraron anualmente, en promedio, 30.87 asesinatos por cada 100,000 habitantes. El registro aumentó 37.48 por ciento en dicho periodo. El promedio de HD fue de 18.28, aumentando 74.77 por ciento. Éstos representaron el 59.18 por ciento de los asesinatos totales registrados en el país (gráfica 1). Finalmente, se registró un promedio anual de 12.60 homicidios culposos, que disminuyeron 2.04 por ciento en el mismo periodo (tabla 1).

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SESNSP y el Conapo.

Gráfica 1 Homicidios por cada 100,000 habitantes a nivel nacional en México 2015-2018 

A nivel subnacional, observamos que el promedio más alto de la tasa por cada 100,000 habitantes de los HD se registró en Colima (66.29), mientras que en Yucatán (2.16) encontramos el más bajo (véase gráfica 2).

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SESNSP y el Conapo.

Gráfica 2.  Tasa por cada 100,000 habitantes de homicidio doloso a nivel estatal (promedio) 2015-2018 

La tabla 2 también muestra que la tasa por cada 100,000 habitantes de HD presentó un comportamiento hacia la alza en la mayoría de las entidades federativas, ya que once de éstas registraron incrementos por encima del 100 por ciento: Colima (260.92 por ciento); Baja California (224 por ciento); Zacatecas (135.82 por ciento); Quintana Roo (210.17 por ciento); Guanajuato (193.10 por ciento); Oaxaca (379.77 por ciento); Veracruz (178.62 por ciento); Nayarit (278.38 por ciento); Tabasco (110.26 por ciento); Puebla (117.07 por ciento), y Tlaxcala (101.95 por ciento). Únicamente Durango (-26.01 por ciento), Coahuila (-21.08 por ciento) y Yucatán (-11 por ciento) mostraron una tendencia decreciente.

La distribución territorial de los HD tampoco es homogénea al interior de las entidades federativas, como lo evidencia el caso de la CDMX, donde observamos que el promedio más alto de la tasa por cada 100,000 habitantes se presentó en la alcaldía de Cuauhtémoc (20.50), Cuajimalpa registró la tasa más baja (4.82), y cinco alcaldías superaron el promedio local. La mayoría de las demarcaciones registró un aumento de HD (véase tabla 3); siete de ellas presentaron aumentos por arriba del 100 por ciento: Miguel Hidalgo (102.40 por ciento), Tláhuac (128.46 por ciento), Xochimilco (145.15 por ciento), Tlalpan (135.75 por ciento), Iztacalco (156.72 por ciento), Magdalena Contreras (132.71 por ciento) y Coyoacán (121.46 por ciento). Y sólo dos alcaldías presentaron una reducción: Benito Juárez (12.06 por ciento) y Azcapotzalco (16.55 por ciento).

Diversas cuestiones aparecen frente a este contexto: ¿por qué determinadas demarcaciones cuentan con mayores niveles de HD?, ¿por qué en ciertas demarcaciones los niveles de HD aumentaron descomunalmente?, ¿por qué en pocos casos se presentó una reducción de HD?, ¿estos fenómenos se explican por las condiciones axiológicas, socioeconómicas o físico-ambientales del entorno o son producto de la presencia de estructuras criminales, de la impunidad o de la existencia de asimetrías sociales?

Y como nos interesa responder por qué en determinas alcaldías de la CDMX se presentan altos niveles de HD, recurrimos a la TDS, como marco teórico, y al QCA, como estrategia metodológica.

Homicidio y desorganización social en México: estudios recientes

La producción de estudios que intentan explicar los altos niveles de HD en México tomó fuerza a partir del sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012), cuando comenzaron a registrarse los máximos históricos de violencia homicida.⁵ El propósito de estos trabajos ha sido aportar evidencia relevante para el diseño de políticas efectivas para la contención, reducción y prevención de este flagelo social.⁶

Dentro de la literatura nacional reciente, adscrita a la TDS, encontramos principalmente estudios cuantitativos (^{México Evalúa, 2018}; ^{Vázquez y Corrales, 2017}; ^{Díaz, 2018}; ^{Romero 2012}; ^{Sánchez, 2014}; ^{Fuentes y Sánchez, 2015}; ^{Vilalta y Muggah, 2016}), que si bien emplean diversas técnicas estadísticas, la mayoría analizan el impacto individual de variables independientes sobre los niveles de homicidio con la intención de encontrar la variable explicativa fundamental.

En términos generales, dichos análisis han permitido conocer que variables como la presencia de jóvenes, la disrupción familiar, la densidad poblacional y la movilidad residencial cuentan con un impacto positivo y estadísticamente significativo sobre los niveles de homicidio en México, mientras que la evidencia es mixta para variables como el estatus socioeconómico y la eficacia colectiva.⁷

No obstante, el análisis centrado en el impacto de variables independientes no permite visualizar y comprender cómo distintas condiciones explicativas se combinan para producir un resultado de interés. El análisis de configuraciones causales es fundamental puesto que la TDS sostiene que la combinación de factores detona los procesos que devienen en la concentración territorial del delito.

En suma, en la literatura todavía existe una laguna importante en cuanto a la naturaleza configuracional del fenómeno delictivo; no obstante, nosotros intentamos abonar al respecto.

Teoría de la desorganización social

La teoría de la desorganización social tiene por objeto “la explicación de la distribución espacial del crimen entre áreas urbanas y permite entender la relación entre las características de las comunidades con los niveles de delincuencia” (^{Kubrin y Wo, 2016: 121}). En su concepción clásica, la TDS plantea que el delito no se distribuye de forma aleatoria sino que se concentra en territorios socialmente desorganizados y con un alto grado de personas en situación de pobreza (^{Shaw y Mackay, 1942}; ^{Sampson, 1986}; ^{Sampson y Groves, 1989}; ^{Cid y Larrauri, 2014}; ^{Díaz, 2018}; ^{Kornhauser, 1978}; ^{Vilalta y Fondevila, 2014}; ^{Sánchez, 2014}).

Esta teoría apunta que es posible que las personas en situación de pobreza intenten satisfacer sus necesidades, materiales e inmateriales, por medios ilegales, no obstante, lo que conduce hacia la actividad delictiva es la combinación de condiciones vinculadas a las desventajas socioeconómicas con la desorganización social. Este proceso combinatorio lleva a la formación de motivaciones delictivas; y es posible que, en espacios socialmente desorganizados, ellas interactúen con personas con valores delictivos, accedan a técnicas delictivas, encuentren redes de complicidad, carezcan de la supervisión por parte de la comunidad, no cuenten con el apoyo de instituciones formales e informales o carezcan de reconocimiento social, propiciando su incursión en actividades delincuenciales.

Así, la desorganización social puede entenderse como la incapacidad de las instituciones sociales para canalizar la conducta de los individuos hacia estilos de vida convencionales, al mismo tiempo que es producto de la combinación de condiciones ecológicas (^{Shaw y Mckay, 1942}; ^{Sampson, 1986}; ^{Kornhauser, 1978}; ^{Vilalta y Fondevila, 2014}). En un principio, ^{Shaw y Mckay (1942)} encontraron que la desorganización social era ocasionada por condiciones como alta movilidad residencial, heterogeneidad étnica y delincuencia adulta. Estos factores impiden que los residentes de una localidad resuelvan sus problemas colectivos de desorden e incivilidad, puesto que deterioran los vínculos sociales, resquebrajan el compromiso de los residentes con la comunidad y minimizan la capacidad de supervisión (^{Cid y Larrauri, 2014}; ^{Díaz, 2018}; ^{Shaw y Mckay, 1942}), produciendo “un debilitamiento de las comunidad para autorregularse, socializar y supervisar el comportamiento de sus miembros” (^{Vilalta y Fondevila, 2014: 32}).

En este orden de ideas, la explicación al objeto de estudio no se encuentra en la relación directa entre la pobreza y el delito, sino en los procesos sociales que se detonan cuando la pobreza se combina con los factores que producen desorganización social; procesos que dificultan que las personas en desventaja socioeconómica adopten un tipo de vida convencional debido a la falta de redes informales de contención o de regulación de comportamiento.

El principal soporte empírico de la TDS es Juvenile delinquency and urban areas de ^{Clifford Shaw y Henry Mckay (1942)}, un estudio cuantitativo-correlacional,⁸ en el que se fundamentó que las áreas con mayor desorganización social y altos niveles de pobreza presentaban las tasas delictivas más altas dentro de la ciudad de Chicago, a principios del siglo XX. Y para llegar a este resultado, los autores definieron la tasa juvenil por áreas y después analizaron las características de las áreas que presentan mayor delincuencia. En su análisis descriptivo llegaron a tres conclusiones: a) existe alta variación de las tasas delictivas entre las áreas de la ciudad; b) las tasas delictivas se concentran en las áreas centrales de la ciudad, y c) las tasas delictivas no presentan variaciones significativas a lo largo del tiempo. Por otro lado, también encontraron que los espacios con la mayor actividad delictiva: a) se ubicaron en las zonas de transición; b) contaron con población mayoritariamente migrante; c) mostraron una población decreciente; d) contaron con las rentas más bajas de la ciudad, y e) experimentaron otros problemas sociales como alta delincuencia adulta, mayores porcentajes de mortalidad infantil y de contaminación.

La conclusión del estudio es que los delincuentes concentran sus actividades “cerca del área de la ciudad zonificada para la industria […] caracterizada por el deterioro físico, malas condiciones de vivienda, familias incompletas y rotas; altas tasas de nacimientos ilegítimos y mortandad infantil; y una población inestable y heterogénea” (^{Akers y Sellers, 2013: 163}).

La combinación de estos factores puede “tener un efecto en la producción de comunidades desorganizadas […] hecho que podría impactar negativamente en la efectividad de las instituciones sociales de ejercer control social informal sobre la conducta de los individuos, lo cual se traduciría, eventualmente, en una mayor ocurrencia de delitos” (^{Díaz, 2018: 24}).

Durante la década de 1980, ^{Robert Sampson (1986)} refinó la teoría con la inclusión de la condición de eficacia colectiva, la cual se define “como el grado de cohesión social entre los vecinos de una comunidad con voluntad para intervenir en favor del bien colectivo” (^{Vilalta y Fondevila, 2014: 34}). La hipótesis es que a mayor grado de eficacia colectiva se presentarán menores niveles delictivos, “pues los habitantes estarán en mayores condiciones de involucrarse en la vida colectiva, situación que debería impactar en un fortalecimiento del control social” (^{Díaz, 2018: 109}).

Con respecto a la vigencia de la teoría, se ha mencionado que actualmente los planteamientos de la Escuela de Chicago son anacrónicos, pues se concibieron a principios del siglo XX para explicar la desorganización social en el marco del crecimiento de las grandes ciudades de Estados Unidos en la época de la industrialización. Empero, de acuerdo con José ^{Cid Moliné y Elena Larrauri Pioján (2014)}, la TDS continuará siendo vigente siempre que se fundamente que las zonas urbanas, independientemente del modelo de crecimiento, siguen caracterizándose por contar con condiciones desorganizadoras como la pobreza o la disrupción familiar. Recientemente, la TDS ha sido fundamentada en contextos latinoamericanos desde una perspectiva cuantitativa-correlacional, aunque con ajustes contextuales (^{Escobar, 2012}; ^{Díaz, 2018}; ^{Sánchez, 2014}; ^{Vilalta y Muggah, 2016}; ^{De Oliveira y Corenni, 2013}; ^{México Evalúa, 2018}).

Condiciones explicativas e hipótesis

Para responder a la interrogante de por qué determinadas alcaldías de la CDMX cuentan con altos niveles de homicidios dolosos, empleamos condiciones utilizadas en la bibliografía reciente adscrita a la teoría de la desorganización social.

La primera condición explicativa es el alto grado de población joven masculina (PJM), ⁹ cuya presencia puede explicar los niveles de HD porque durante esta etapa del ciclo de vida es más probable experimentar situaciones sociales que pueden propiciar su integración a la actividad delictiva, principalmente en América Latina. Por ejemplo, la ausencia de canales legales para satisfacer las expectativas sociales (^{Jiménez, 2005}), la carencia de supervisión por parte de las instituciones sociales como la familia para regular el comportamiento individual (^{Tenenbaum, 2018}) o la exposición ante valores delictivos (^{Benda, 2003}).

La segunda condición es el alto grado de pobreza (PB), y aunque ello no implica que se conviertan en delincuentes, puede suscitar situaciones criminogénicas más allá de su relación directa con el delito; provoca que las personas perciban más necesidades aumentando las probabilidades de desarrollar motivaciones para cometer delitos, en comparación con las más favorecidas (^{Merton, 1968}); propicia que perciban que la desigualdad es injusta (^{Quinney, 1969}); incrementa la posibilidad de que establezcan asociaciones diferenciales con delincuentes (^{Sutherland, 1947}) y reduce el control social informal, deteriorando las redes sociales de contención (^{Wilson, 1987}). De tal suerte que, por ejemplo, las oportunidades económicas para satisfacer las necesidades que aportan las estructuras criminales representan una vía alterna para escapar de la marginalidad y la pobreza (^{Jiménez, 2005}).

La tercera condición explicativa es alto grado de disrupción familiar (DF), que explica las altas tasas delictivas porque los padres solteros, al cumplir la doble función de mantener el hogar y buscar los recursos para subsistir, cuentan con menos tiempo para corregir el comportamiento de los miembros de la comunidad (^{Sampson, 1986}; ^{Díaz, 2018}). La falta de supervisión aumenta la probabilidad de iniciar procesos de asociación diferencial con delincuentes, especialmente entre los jóvenes (^{Reiss, 1986}).

La cuarta condición es alto número de estructuras criminales (EC). En América Latina se ha encontrado que la presencia de éstas incide positivamente en el aumento de los HD (^{Cubides, 2014}; ^{Llorente et al., 2002}; ^{Núñez et al., 2003}). Los vacíos de control formal e informal instaurados por dichas estructuras, por mediación o cooptación, producen geografías de impunidad que son aprovechadas para la comisión de una amplia variedad de delitos (^{Escobar, 2012}). Asimismo, en espacios con presencia de estructuras criminales es más probable establecer procesos de asociación diferencial con delincuentes, cuyo comportamiento puede ser reconocido como un modelo de vida aspiracional, principalmente cuando la sociedad tradicional no le ha permitido cubrir sus necesidades (^{Jiménez, 2005}). Además, la presencia de tales estructuras puede suscitar disputas violentas por el control de los territorios que son clave para la producción y distribución de las drogas y otras actividades ilícitas como la extorsión o el secuestro (^{Alvarado, 2014}). Esta ha sido una de las principales explicaciones sobre el incremento de la violencia homicida en México (^{Zepeda, 2018}).

La quinta condición explicativa es el alto grado de la densidad de la población (DP, la cual ocasiona múltiples efectos desorganizadores que contribuyen con la formación de motivaciones delictivas: el control social es más impersonal y abstracto conforme aumenta el número de personas en la localidad (^{Sampson, 1986}); en territorios densamente poblados en más probable establecer procesos de asociación diferencial porque se incrementa la exposición ante tales motivaciones (^{Stark, 1987}; ^{Akers, 1994}); una mayor densidad poblacional provoca que los actos desviados sean más visibles ante los demás, propiciando su normalización y fomentando la impunidad por la no denuncia (^{Vilalta y Muggah, 2016}); asimismo, una mayor cantidad de personas facilita el anonimato de los delincuentes (^{Entorf y Spengler, 2000}).

La sexta condición explicativa es el bajo número de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la construcción de la seguridad ciudadana (SC). Esta condición se relaciona con el entramado asociativo, y la consideramos un proxy de participación ciudadana. Suponemos que la presencia de este tipo de agrupaciones incentiva la participación de la población en la construcción de entornos más seguros. No obstante, la ausencia de éstas puede indicar un involucramiento débil de la población en la solución de sus problemas de inseguridad, lo que se traduciría en una mayor cantidad de delitos (^{Sampson, 1986}; ^{Díaz, 2018}; ^{Vilalta y Fondevila, 2014}).

De tal suerte que nuestra hipótesis es que los altos niveles de homicidio dolosos se producen en contextos en donde se combinan un alto grado de población joven masculina, un alto grado de pobreza, un alto grado de disrupción familiar, el alto número de estructuras criminales, un alto grado de densidad poblacional y un bajo número de asociaciones de la sociedad civil.

El cuadro 1 resume las condiciones explicativas, la operacionalización y las fuentes de datos correspondientes. Procuramos utilizar mediciones válidas y comparables de acuerdo con la revisión de la literatura.

Metodología: análisis cualitativo comparado

Para fundamentar empíricamente la hipótesis utilizamos el análisis cualitativo comparado (QCA) desarrollado por ^{Ragin (1987)}, que parte de un supuesto epistemológico fundamental: los fenómenos sociales cuentan con una causalidad múltiple coyuntural; son producto de combinaciones de condiciones (equifinalidad), distintas combinaciones pueden producir el resultado (multifinalidad) y la presencia y ausencia del resultado requieren de explicaciones diferenciadas, pues las relaciones causales son asimétricas (^{Ragin, 1987}). En consecuencia, en el QCA lo más importante no es encontrar la variable explicativa fundamental, sino las “combinaciones de condiciones que conducen a un resultado, con una particular atención a cómo las condiciones se combinan y a cómo y por qué las combinaciones conducen al resultado de interés” (^{Medina et al., 2017: 22}).

Específicamente, el QCA permite explicar la variación de un resultado estableciendo relaciones causales en términos de necesidad y suficiencia, con base en la teoría de conjuntos y el álgebra booleana, conjuntando el análisis complejo de los casos con cierto grado de parsimonia (^{Ariza y Gandini, 2012}; ^{Medina et al., 2017}). Por una parte, la teoría de conjuntos permite identificar las condiciones que están presentes (1) o ausentes (0) cuando también se presenta un resultado y, por otro lado, el álgebra booleana permite visualizar y comprender cómo distintas condiciones se combinan para producirlo y cómo el mismo puede ser ocasionado por distintas configuraciones causales.

Estos fundamentos devienen en una serie de premisas epistemológicas que diferencian claramente al análisis configuracional del análisis estadístico correlacional y del análisis cualitativo convencional. De acuerdo con ^{Medina et al., (2017)}, las asunciones epistemológicas del QCA se resumen cuatro puntos:

Seleccionamos el QCA porque permite proveer evidencia empírica a favor de los planteamientos configuracionales que subyacen de la TDS. Específicamente, utilizamos la técnica de los conjuntos nítidos (csQCA) para examinar la existencia de condiciones individualmente necesarias para la ocurrencia de un fenómeno y las configuraciones causales que lo producen, ubicando a los casos claramente dentro de un conjunto teórico determinado.

Resultados

Los resultados se presentan en cuatro secciones: a) calibración de los datos; b) análisis de condiciones necesarias; c) construcción de la tabla de la verdad, y d) minimización booleana. De esta manera se expone el proceso que atendimos para identificar las configuraciones causales, cumpliendo con los principios de transparencia y replicabilidad que exige todo trabajo científico (^{King, Keohane y Verba, 2012}). La base de datos utilizada se encuentra disponible en: <https://drive.google.com/file/d/1SZ4OMM5FVVBkznSA6oLg-_CCTeo6HMvo/view?usp=sharing>.

Conclusiones

¿Por qué se producen altos niveles de homicidio doloso en las alcaldías de la Ciudad de México? El análisis empírico permite concluir que en Iztapalapa y Gustavo A. Madero esta situación se explica por la combinación de condiciones vinculadas con la formación de motivaciones delictivas, derivadas de la teoría de la desorganización social.

Aunque no identificamos condiciones individualmente necesarias, encontramos que éstas se vuelven determinantes en la producción del resultado cuando alcanzan cierta magnitud, de acuerdo con los criterios de calibración establecidos, y se combinan o interactúan en este nivel de agregación de los datos. Lo anterior constituye evidencia empírica a favor de la hipótesis del trabajo.

Para reducir los altos niveles de homicidio doloso en estas alcaldías de la CDMX es necesario romper la combinación entre densidad poblacional, población joven masculina, pobreza, estructuras criminales, disrupción familiar y bajo grado de eficacia colectiva. Intervenir de manera aislada y territorialmente homogénea sobre cada uno de estos factores puede conducir, en el mejor de los escenarios, a un despilfarro de recursos públicos o, en la peor de las situaciones, en la aparición de nuevos problemas para la población.

Asimismo, la naturaleza de la intervención gubernamental dependerá de la función específica de las condiciones dentro de la configuración causal en los contextos particulares de Iztapalapa y Gustavo A. Madero, pero de manera general, las políticas públicas deberán combinar acciones orientadas al fortalecimiento del control social informal, la ampliación de las oportunidades para el desarrollo social y humano, la reducción de la impunidad y el desmantelamiento de las estructuras criminales, de modo que sea posible reducir las condiciones presentes en el contexto que favorecen la formación de motivaciones delictivas en los individuos, asociadas con la debilidad del control social informal y la operación del crimen organizado.

Lo anterior implica, por ejemplo, la instrumentación de acciones para reconstruir los vínculos de los jóvenes con la sociedad, reducir la pobreza individual y colectiva y rehabilitar los espacios públicos a favor de la cohesión social, las cuales deberán combinarse con estrategias para fortalecer la operación de las instituciones formales como la policía y el sistema de procuración de justicia, intentando reducir la corrupción e impunidad que alimentan al crimen organizado.

Por otro lado, a nivel teórico, también es importante poner énfasis en que la configuración identificada no explicó todas las alcaldías con altos niveles de homicidio doloso. Esto evidencia que los altos niveles de violencia letal pueden estar produciéndose en el marco de otras combinaciones de condiciones explicativas que no necesariamente se desprenden de la teoría de la desorganización social, incluso en una misma entidad federativa como la CDMX. Estos resultados, en última instancia, representan un llamado a evitar el uso acrítico de teorías de base empírica extranjera como insumos para el diseño de políticas públicas territorialmente homogéneas.

En los casos no explicados será necesario incluir nuevas condiciones explicativas o recurrir a otros marcos teóricos como anomia institucional, actividades rutinarias o patrones delictivos, lo cual ilustra que un mismo fenómeno criminal, como el homicidio, responde ante dinámicas contextuales diferenciadas.

En este sentido, nuestro trabajo sugiere que la cantidad de homicidios dolosos se puede explicar por las operaciones y disputas del crimen organizado en los contextos de alta debilidad del control social informal, lo que se traduciría en una participación más intensa de los jóvenes dentro de las estructuras criminales, eventualmente, en la construcción de redes delictivas más amplias y una mayor capacidad para iniciar y sostener violentas disputas territoriales con los carteles rivales, la comunidad y las autoridades, por ejemplo. Empero, en otros casos, como puede ser Miguel Hidalgo y Benito Juárez, es posible que los homicidios dolosos dependan más de las actividades económicas de las víctimas debido a la intensa actividad económica que se registra en estas demarcaciones.

Por otro lado, los resultados también ilustran cómo los supuestos de teorías de base empírica extranjera no siempre se corresponden con los hechos en el ámbito de los contextos locales en América Latina. En este orden de ideas, además de sumarse a la escasa literatura configuracional sobre temas de inseguridad pública en Latinoamérica (^{Cubides, 2014}), nuestro trabajo dialoga con los estudios empíricos que establecen límites contextuales a los supuestos de teorías estadounidenses en contextos latinoamericanos. (^{Díaz, 2018}; ^{Escobar, 2012}; Oliveira y Correni, 2013; ^{Sánchez, 2014}). Es fundamental considerar con mayor ahínco el papel del contexto en el estudio de las tasas delictivas para explicar más unidades de análisis dentro de una misma población de casos.

De acuerdo con las condiciones, datos, calibraciones y metodología empleados, es evidente que las alcaldías de la Ciudad de México cuentan con dificultades distintas, por lo que requieren de políticas diferenciadas para enfrentar una misma problemática: la violencia letal. Aquí se encuentra la relevancia de los estudios locales de tipo configuracional como el que hemos desarrollado.