Introducción: el Estado argentino, un contrapeso histórico para el desarrollo de la educación superior privada

A diferencia de otros países del Cono Sur, donde el sistema nacional de educación superior se constituyó históricamente a partir de la coexistencia de un sector público y uno privado, este último vinculado habitualmente con grupos católicos, en Argentina (desde la sanción de la primera Ley Universitaria o Ley Avellaneda, en 1885) las instituciones de educación superior han sido siempre, en su mayoría, creadas, sustentadas y reguladas por el Estado. De hecho, según Emilio ^{Mignone (1998)}, dos de las instituciones más antiguas y prestigiosas del país: la Universidad de Córdoba y la de Buenos Aires, que provenían inicialmente de un contexto eclesiástico, se las apropió gradualmente el Estado, en el marco de las políticas de laicización de los siglos XIX y XX. Al perder las provincias su control por no poder sostenerlas financieramente, adquirieron el carácter de universidades nacionales, con una orientación acentuadamente “profesionalista”.¹

En este contexto, la autonomía universitaria estuvo fuertemente vinculada con la actividad académica y cultural en general, distinguiéndose con claridad tanto del otorgamiento de títulos profesionales como de la responsabilidad de habilitación y control de sus actividades, funciones que se consideraba debían quedar en manos del Estado. Esta tendencia se mantuvo prácticamente incólume hasta fines de la década de 1950.

La literatura especializada disponible² ha demostrado que los diversos intentos del clero y demás grupos de la sociedad civil por crear instituciones de educación superior padecieron innumerables reveses frente a un régimen educativo que facultaba exclusivamente a los establecimientos estatales a expedir títulos académicos. Entre las varias experiencias frustradas, pueden mencionarse:

Aunque fue recién durante la segunda mitad del siglo XX, en el marco de la creciente inestabilidad social por la que atravesaba el país y que implicó la recurrente intervención de las universidades públicas, cuando se elaboró una efectiva política universitaria tendente a reconstruir sobre nuevas bases la histórica relación-tensión entablada entre el Estado y la educación superior privada, que cristalizó en la configuración del “circuito universitario privado”. Si bien las instituciones que lo conforman reconocen diferentes tradiciones y procesos de legitimación, constituyeron entonces un espacio relativamente autónomo en el que cada una se diferenció, entre otras cosas, por su situación en la distribución de recursos (sean materiales o simbólicos) y sus redes de relaciones con grupos detentadores de poder (sean políticos, militares o de la Iglesia católica).

El presente artículo, a partir del análisis del conjunto de instituciones de gestión privada creadas entre 1955 y 1983,³ despliega una mirada reflexiva -en clave histórica y sociológica- sobre la institucionalización del locus universitario privado argentino. En líneas generales, procura poner de manifiesto el rol tutelar que desempeñó el Estado nacional respecto de los procesos de expansión y regulación del sector, al tiempo que describir el sitial preponderante que ocuparon las universidades católicas en su seno.

La cuestión se aborda a partir de un cruce analítico entre la sociología reflexiva de Pierre Bourdieu (^{Bourdieu y Wacquant, 1995}) y el enfoque histórico-estructural latinoamericano (^{Cardoso y Faletto, 1969}; ^{Beigel, 2013}). Mientras que la reflexividad bourdieuiana y el trabajo con los agentes del campo permiten explicar la autonomía relativa del espacio, la tradición histórico-estructural (que está orientada hacia la búsqueda de relaciones diacrónicas, históricas y comparativas entre las instituciones) pone en consideración los niveles de heteronomía presentes en el mismo. Una articulación de enfoques que resulta necesaria en el estudio de espacios universitarios como el nuestro, caracterizados por una gran “elasticidad” en su autonomía relativa (^{Beigel, 2013}), signada por una simultaneidad de expansiones y contracciones de fuerzas endógenas (tensiones académicas internas) y exógenas (presiones externas, producto del intervencionismo militar o la injerencia de la Iglesia católica, por ejemplo).⁴

Al utilizar como herramienta metodológica el “análisis factorial de correspondencias múltiples” (AFCM), fue posible acceder a la estructura del “circuito universitario privado” argentino y construir una tipología de sus instituciones, a partir de determinar analíticamente la posición distintiva que cada una de ellas ocupó durante el periodo en estudio.⁵ De allí se desprende que tanto las homologías como las oposiciones interinstitucionales estuvieron determinadas fundamentalmente por la cristalización de dos principios de jerarquización: uno “endógeno”, que da cuenta de la autonomía relativa que caracterizó dicho espacio académico, y otro “exógeno”, vinculado a su heteronomía respecto del campo del poder global. Precisamente, esta compleja convivencia de fuerzas endógenas y exógenas muestra la particularidad del “capital simbólico” disputado en este sector del mundo universitario, que se fue construyendo en forma simultánea a su mismo proceso de institucionalización. Se trata de un capital que otorgó a las instituciones y los agentes que lo acumularon una suerte de “prestigio institucionalmente reconocido”, concediéndoles además cierta “honorabilidad social e influencia política”.

En suma, el trabajo mostrará de qué manera se ejecutó una política universitaria en un espacio dinámico donde los agentes disputaban un tipo específico de capital simbólico, y cómo el resultado de esa competencia bajo un contexto de inestabilidad política devino en una distribución desigual del mismo, que terminó por dejar fuera de juego a algunas instituciones y posicionar a otras en sitiales privilegiados.

Configuración del circuito universitario privado en Argentina: etapa de “institucionalización regulada”

Debió comenzar la segunda mitad del siglo XX para que la creación de instituciones universitarias privadas -aunque con vaivenes legislativos- formara parte de la agenda educativa del Estado nacional argentino.⁶

En efecto, interrumpido el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, la larga tradición de educación pública y laica, característica de las universidades argentinas, comenzó a revertirse. Fue en el marco del gobierno militar de 1955, por inspiración del ministro de Educación, Atilio Dell´Oro Maini (destacado intelectual y nacionalista católico), que se previó por primera vez en la legislación universitaria la promoción de instituciones de gestión privada. Al respecto, la normativa en cuestión señalaba: “La iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir diplomas y títulos habilitantes” (^{Decreto-Ley 6.403/55}, artículo 28).

No obstante, el proceso de institucionalización del sector privado en el panorama universitario nacional no resultó un trámite fácil ni fue legitimado pacíficamente. Grandes polémicas y enfrentamientos se desataron entre sectores que defendían una educación superior de tipo “laica” (encabezados, fundamentalmente, por universitarios reformistas⁷) frente a aquellos que propugnaban por un espacio para las universidades “libres” (principalmente con referentes de la Iglesia católica). Dada la intensidad de los conflictos (que en sus momentos más álgidos incluyeron ocupaciones estudiantiles de establecimientos secundarios y universitarios), la propia gobernabilidad del régimen militar comenzó a desgastarse, por lo que las autoridades paralizaron finalmente la instrumentación de la conflictiva normativa.⁸

No obstante, tres años más tarde el gobierno constitucional de Arturo Frondizi retomó la iniciativa. De acuerdo con ^{Buchbinder (2010)}, el presidente decidió reconsiderar el proyecto de enseñanza privada en el sistema universitario desde su campaña electoral, entre otras razones, para dividir a la oposición, distraer a la fuerza estudiantil del problema del petróleo y superar su debilidad política, asegurándose el apoyo de la comunidad católica.

En este marco, la controversia en torno a la disyunción “monopolio estatal o libertad de enseñanza” alcanzó altos niveles de movilización y generó un escenario político universitario en permanente tensión. Un entrevistado,⁹ que entonces cumplía funciones en la Subsecretaría de Educación del gobierno de Frondizi, señalaba:

Profesores y estudiantes de la universidad estatal fueron abanderados de la lucha contra la libertad de enseñanza. De hecho, el rector de la UBA y hermano del presidente, Risieri Frondizi, encabezaba las manifestaciones callejeras con los profesores y alumnos. Fue una lucha política muy aguerrida. Verdaderas multitudes estaban a favor y verdaderas multitudes estaban en contra (^{José, entrevista, 2011}).

Fue un contexto de intenso debate cívico que en determinados momentos alcanzó importantes grados de violencia. Por ejemplo, los dos proyectos más emblemáticos de universidades confesionales que se esperaba autorizar, las futuras Universidad Católica Argentina en Buenos Aires (UCA) y Católica de Córdoba (UCCor), sufrieron graves atentados. En septiembre de 1958 tres bombas de alquitrán, presuntamente arrojadas por defensores de la universidad laica, impactaron en el Instituto Pro UCCor (^{González, 2006}); mientras que en la UCA una bomba destruyó vidrios y mampostería del edificio central. Según monseñor Derisi, su rector y principal mentor, “fue la cuota de martirio pagada por la UCA para alcanzar su libertad” (^{Derisi, 1983: 38}).

Finalmente, luego de un dificultoso tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación se sancionó la ^{Ley 14.557/58}, que resultó favorable a la oferta académica privada y significó el resquebrajamiento de la tradicional hegemonía estatal sobre las instituciones universitarias. Dado el protagonismo del diputado frondizista Horacio Domingorena en la redacción del texto definitivo, dicha ley fue conocida popularmente como “Ley Domingorena”. Según el testimonio de un intelectual católico, que entonces desempeñaba funciones en el Servicio Nacional de Enseñanza Privada (SNEP):

Desde la asunción del gobierno militar en 1955 estábamos esperando poder regularizar el decreto de autorización de las universidades privadas, en especial de las universidades de la Iglesia. Todos quienes teníamos formación católica creíamos, con fundamento, que la Iglesia tenía derecho a tener sus universidades. Cuando Domingorena presenta la apuesta, inmediatamente se gestiona la autorización de varias instituciones, como la UCA, que no tenían marco legal que las sostuviera (^{Roberto, entrevista, 2011}).

Fue bajo este marco regulatorio cuando el “circuito universitario privado” comenzó a conformarse oficialmente en el país. Si bien la normativa en cuestión autorizó a las instituciones a conferir el grado académico a sus egresados, las puso también bajo el estricto alcance del contralor público: por un lado, el Estado se resguardaba la efectiva “habilitación” para el ejercicio profesional de sus egresados, y por otro preestablecía una taxativa de prohibición a que recibieran recursos del tesoro público (artículo 1). Desde entonces, la base del financiamiento de estas universidades provendría de los aranceles pagados por los estudiantes, donaciones privadas, locación y tercerización de servicios, ingresos que inicialmente resultaron insuficientes para desarrollar actividades de investigación, además de las de docencia.¹⁰

En este contexto, la Inspección General de Enseñanza Universitaria Privada (dependencia estatal creada a través del Decreto Presidencial 1.404)¹¹ autorizó el funcionamiento de las primeras universidades privadas en el país, vinculadas mayoritariamente con emprendimientos de la Iglesia católica. Fue así que iniciaron formalmente sus actividades la Universidad Católica de Córdoba (UCCor) y del Salvador (Usal), vinculadas a la Compañía de Jesús, y la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Católica de Santa Fe (UCSF), ligadas al accionar del Episcopado.

La rápida institucionalización de estas casas de estudios superiores fue posible, entre otros motivos, porque disponían ya de espacios físicos y mobiliarios en colegios donde se impartían cursos de filosofía o teología y contaban, por tanto, con docentes católicos de reconocida trayectoria. De allí que la “catolicidad” operara en la mayoría de los casos como requisito excluyente en la selección del personal académico. Si bien los primeros docentes fueron -indefectiblemente- graduados de las universidades públicas, debieron contar además con formación humanista-cristiana complementaria en los “Cursos de Cultura Católica” o en las filas de Acción Católica (^{Zanca, 2006}).

Ahora bien, luego de instituidas aquellas primeras universidades confesionales en localidades centrales del país (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincias de Córdoba y Santa Fe), el Episcopado argentino optó por expandir la cultura universitaria católica hacia otras zonas más periféricas. Fueron creadas, entonces, la Universidad Católica de La Plata (Ucalp) en la provincia de Buenos Aires; la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), en la provincia de San Juan, y la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), en Tucumán. A ellas se sumaron posteriormente la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), la Universidad Católica de Salta (Ucasal) y la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (UPSJB).

Cabe destacar también que algunas de estas universidades (la UCA y la UCCuyo, particularmente), luego de instalar sus sedes centrales en capitales de provincias importantes extendieron su tradición hacia el interior del país, instituyendo varias subsedes, a las cuales les transfirieron no sólo su identidad sino también ciertas cuotas de prestigio.¹² Según los estatutos de la UCA (capítulo VI, artículo XX): “Las instituciones anexadas son aquellas que, constituidas con prescindencia de la universidad, coadyuvan por medio de su actividad específica al cumplimiento de los fines docentes o científicos de aquélla, y han sido admitidas a la tutela y dirección de la misma, conservando su propio gobierno y patrimonio”.

Fuente: ^{Algañaraz (2018: 68)}.

Gráfica 1 Universidades católicas creadas en Argentina entre 1955 y 1983, según zona geográfica y filiación eclesial 

Muy lejos de romper con este impulso estuvo el subsecuente gobierno constitucional de Arturo Illia, que no sólo ratificó las políticas de “libertad de enseñanza”, sino que además promovió la diversificación del sector. Prosperaron en esta etapa un número importante de instituciones no confesionales, ligadas más bien a grupos académicos, de la producción y empresariales: las universidades Argentina de la Empresa (UADE), de Belgrano (UB) o John F. Kennedy (UK) son claros ejemplos de esta nueva tendencia. De todos modos, el nuevo gobierno conservó el trato cordial con las universidades confesionales. Así lo puso de manifiesto el entonces rector de la UCA: “Ya que la Ley no le permitía dar un subsidio a la universidad, buscó la fórmula de hacerlo sin violar el texto de la Ley. Nos dio veinte becas para alumnos que no podían pagar, con lo cual ayudaba directamente a los estudiantes, pero indirectamente a la UCA” (^{Derisi, 1983: 142}).

Es importante destacar aquí uno de los puntos de mayor contraste entre las universidades públicas y las de gestión privada: la composición de su matrícula estudiantil. En las instituciones del Estado, la matrícula ha seguido históricamente un patrón de expansión consecuente con la creciente demanda de educación superior por parte de las clases media y obrera. En las privadas, en cambio, la tendencia ha sido emplazarse en regiones económicamente desarrolladas del país, estimando reclutar allí un cuerpo estudiantil con gran capacidad financiera para de esta forma poder sobrellevar el mentado “autofinanciamiento” al que habían sido condenadas vía la Ley Domingorena. De allí que ciertos grupos de élite fueron modificando su histórica predilección por las instituciones públicas, al tiempo que consideraron a las privadas como un nuevo sitial para ocupar y mantener su carácter exclusivo y elitista. Al respecto, diversos estudios (^{Zelaya, 2012}; ^{Del Bello, Barsky y Giménez, 2007}; ^{Calcagno, 2001}) han revelado que, mientras en las universidades públicas argentinas los estudiantes provenientes de hogares con ingresos relativamente altos representan cerca del 30 por ciento de la matrícula total, en las privadas ese porcentaje se eleva a poco más del 60 por ciento. Así, el estudiante de menor poder adquisitivo que se las ingenia para ingresar a estas instituciones constituye prácticamente un símbolo.¹³

Lo cierto es que cuando el sector universitario privado se puso en funcionamiento en 1958 se contabilizó un total de 1,536 estudiantes. Sin embargo, hacia 1965 la cifra había ascendido rápidamente a 15,309 (^{CRUP, 1978: 283}). Así, durante los años que median entre 1958 y 1965, el promedio de evolución anual de la matrícula fue del 38.8 por ciento, constituyendo el ritmo de crecimiento más acelerado del amplio periodo en estudio.

Ahora bien, tras una nueva interrupción del orden constitucional en 1966 y el acceso al poder de un régimen militar autodenominado “Revolución Argentina”, el campo universitario nacional padeció inicialmente una política de tipo coactivo tendente a frenar lo que, según el diagnóstico de la dictadura, significaba un inminente avance de la izquierda marxista en las diferentes casas de estudios. En este marco tuvo lugar la “Noche de los Bastones Largos”,¹⁴ uno de los episodios más violentos que se recuerde en la historia de las universidades argentinas, que dejó entre otros saldos la renuncia de más de dos mil profesionales de todo el país, muchos de los cuales recalaron en el exterior (^{Orione, 2008}). Algunos días después de aquel ominoso episodio, el régimen militar promulgó el Decreto-Ley 16.912, que determinó la intervención del conjunto de las universidades públicas.

Con respecto a las universidades privadas, proyectaban entonces una imagen de orden y previsibilidad que resultó atractiva para ciertos sectores del estudiantado y algunos profesionales. Así, según datos del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (^{CRUP, 1978: 283}), pasaron de controlar el 6.8 por ciento de la “matrícula universitaria total” en 1965 al 14.2 en 1971. En total, se incorporaron al sector 20,069 nuevos estudiantes. Además, en sus recintos se nuclearon también varios de los profesores de las universidades públicas que renunciaron o fueron cesados por el gobierno militar.¹⁵ Incluso, se crearon nuevas instituciones de gestión privada por el efecto mismo del intervencionismo autoritario; tal fue el caso de la universidad Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas (CAECE).¹⁶ De modo que, como hemos demostrado en otros trabajos, no todos los investigadores y docentes optaron por el exilio sino que muchos se incorporaron a universidades e institutos privados de investigación del país (^{Morales y Algañaraz, 2016}).

En lo particular, fueron años muy prósperos para las universidades católicas, en tanto que la cúpula militar entabló férreos vínculos con los sectores eclesiásticos. Dispuesta a brindar apoyo al “orden social” procurado por la dictadura y a enfrentar juntos al clásico enemigo comunista, la jerarquía eclesiástica demandó correlativamente la posibilidad de que un grupo de académicos nacionalistas, formado en sus filas, integrara el aparato burocrático. En gran medida, fueron las universidades confesionales quienes proveyeron varios de los profesionales que ocuparon posiciones clave de poder en el Estado durante la “Revolución Argentina”: de las carreras de Economía y Administración de Empresas de la UCA, por ejemplo, egresaron Jorge Salimei (ministro de Economía) y Felipe Tami (presidente del Banco Central), entre varios otros (^{Neiburg y Plotkin, 2004}).

Simultáneamente, un grupo de ideólogos y tecnócratas nacionalistas, junto con ciertos desarrollistas -ligados todos a la Iglesia católica- asumieron la dirección del aparato educativo. Destacan varias figuras clave del catolicismo preconciliar a lo largo del periodo 1966-1971: Carlos María Gelly Obes, José Mariano Astigueta y Dardo Pérez Gilhou, como ministros de Educación, y Juan Rafael Llerena Amadeo como subsecretario de Educación.

Fue por impulso de este grupo de asesores católicos que el régimen de facto sancionó en 1967 una nueva normativa para las universidades privadas: la Ley 17.604. Se concretó así el segundo marco regulatorio en la institucionalización del “circuito universitario privado”, que terminó por acentuar la injerencia del Estado nacional sobre sus actividades y modos de funcionamiento. De hecho, en su artículo 1° la norma establecía: “La creación y funcionamiento de establecimientos universitarios privados requerirán del otorgamiento de la autorización pertinente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Este ejercerá la fiscalización permanente del Estado sobre dichos establecimientos”.

En efecto, la nueva normativa significó un claro incremento de la regulación pública a partir de la instauración de mecanismos de evaluación tanto de procesos como de resultados (^{Krotsch y Atairo, 2008}). Uno de sus puntos más importantes es que reconoció oficialmente la labor del llamado Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), que funcionaba como tal desde 1962 en el país cuando las primeras instituciones privadas existentes se agruparon. No obstante, fue esta nueva Ley la que le otorgó el rango de órgano de coordinación, planeamiento y acción interinstitucional (artículo 17). Monseñor Derisi, rector de la UCA, se mantuvo como titular del organismo durante el extenso periodo comprendido entre 1962 y 1973, y desde entonces las autoridades de las instituciones confesionales monopolizaron su presidencia.¹⁷ Otro punto importante del nuevo marco regulatorio es que abrió la posibilidad para que las universidades privadas acordaran con el Estado algún tipo de contribución económica (artículo 16), situación que se reglamentó tiempo después vía el Decreto 8.472/69, en el cual se dispuso que debían presentar, por medio del CRUP, un “proyecto subsidiario”, donde solicitasen dicha contribución, aunque aclaraba que de ninguna manera ésta podría convertirse en un aporte de tipo regular.

En suma, bajo el contexto acumulativo en el que tuvieron vigencia ambos marcos legales regulatorios (^{leyes 14.557/58} y ^17.604/67), el “circuito universitario privado” logró expandirse acentuadamente en el país: se crearon más de una veintena de instituciones privadas (Cuadro 1); contaron con una progresiva afluencia de alumnos; muchas de ellas instalaron sedes o subsedes en zonas más periféricas; varios egresados de las universidades católicas desempeñaron funciones ejecutivas durante el gobierno militar, y todo ello mediante la promulgación de una malla legislativa que en gran medida les resultó favorable.

Configuración del circuito universitario privado en Argentina: etapa de “desaceleración selectiva”

Hacia mayo de 1973 se abrió una nueva etapa constitucional en el país: primero tuvo lugar una brevísima pero intensa presidencia de Héctor J. Cámpora, dirigente político estrechamente vinculado con Juan Domingo Perón, y luego éste último accedió por tercera ocasión al poder del Estado. Durante ambas gestiones Jorge A. Taiana se mantuvo al frente del Ministerio de Educación y entre sus principales medidas se cuentan: la intervención a las universidades nacionales; la reincorporación de profesores expulsados de las universidades públicas entre 1955 y 1973; la consecuente cesantía de docentes identificados con la dictadura de 1966, y el establecimiento para 1974 de un ingreso irrestricto en las universidades del Estado.

En concordancia con este “Proyecto de Reconstrucción y Liberación Nacional”, proclamado por el tercer gobierno peronista, se realizaron una serie de estudios tendentes a reestructurar el conjunto de las universidades existentes en el país. En este marco, el Poder Ejecutivo sancionó el ^{Decreto 451/73} que, entre otras cosas, “detuvo” la creación de nuevas universidades en el territorio nacional. Desde entonces, en lo que respecta a las instituciones privadas, atravesaron por una etapa de ralentización en su crecimiento y fuerte contracción de su autonomía. Entre otras cosas, la normativa en cuestión determinaba: “[…] suspender todos los trámites referidos a la autorización provisional o definitiva de establecimientos universitarios privados dentro del régimen de la ^{Ley 17.604/67}” (Decreto 451, artículo 5).

Fue un contexto complejo, en el que algunas universidades privadas resultaron directamente intervenidas por el Poder Ejecutivo Nacional, en un proceso por demás polémico.¹⁸ Otro dato importante es que el grado de control del sector privado sobre la matrícula estudiantil disminuyó abruptamente: mientras que en 1971 controlaban el 14.2 por ciento del total de estudiantes universitarios matriculados, la cifra se redujo al 10.2 para 1974 (^{CRUP, 1978: 285}). Además, varios de sus académicos más prestigiosos optaron por trasladarse a las universidades nacionales, en una suerte de proceso inverso a lo ocurrido durante la “Revolución Argentina”.

Tras la muerte del líder peronista el 1º de julio de 1974 tuvo lugar un giro conservador y autoritario en la política universitaria. Al frente del Ministerio de Educación fue designado Oscar Ivanissevich, quien en poco tiempo dejó sin efecto los cargos interinos de docentes y no docentes de las universidades públicas designados por la gestión anterior. Se realizaron también masivas cesantías de profesores, expulsiones de alumnos y se interpuso nuevamente un sistema de cupos en el ingreso. Fueron años de persecución y represión que anticipaban el “terrorismo de Estado”.

En cuanto a la situación de las universidades privadas, estuvo muy lejos de reponerse. Tras el avance de los sectores de derecha luego de la muerte de Perón, la matrícula continuó con su tendencia de crecimiento lento al tiempo que prosiguió el freno impuesto a su expansión institucional (^{Decreto 451/73}), pero, aunque no se crearon nuevas universidades, sí se les otorgó “reconocimiento definitivo” a otras fundadas anteriormente, cuya autorización había sido objetada por el Estado. Vía “decretos de excepción” comenzaron a funcionar en esta etapa la Universidad de la Marina Mercante (UdeMM) y la Escuela Universitaria de Teología (EUT), por ejemplo. Tal fue la arbitrariedad de la política universitaria promulgada que en agosto de 1975, durante la gestión del ministro Pedro Arrigui, la Universidad Católica de Mar del Plata “Stella Maris” (UCMP) fue nacionalizada (^{Algañaraz, 2016b}).

Estas tendencias hacia un creciente e inusitado avasallamiento del Estado sobre el campo universitario en general se agudizaron tras el golpe militar del 24 de marzo de 1976. El nuevo gobierno de facto, autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, desplegó un nefasto régimen de disciplinamiento y control en las universidades públicas que padecieron disminución presupuestaria, sistema de cupos, cierre de institutos/centros de investigación y carreras de grado, etc. En complemento se desataron prácticas clandestinas de represión y muerte que alcanzaron a gran parte de la comunidad académica (^{Kaufmann, 2003}).

Aún lejos de lo esperado, y de la situación idílica que alcanzó el “circuito universitario privado” durante las dictaduras precedentes, atravesó aquí más bien por una etapa contradictoria: por un lado, persistió en cierta medida el “freno” interpuesto a su expansión institucional y, por otro, se fortaleció el subgrupo de las universidades católicas.

En otros trabajos (^{Algañaraz, 2016b}) hemos demostrado que pese a una supuesta tendencia general hacia la privatización del sistema y a la alternancia de católicos conservadores en el área educativa,¹⁹ la expansión del sector continuó “refrenada” aun en la dictadura. En efecto, la vigencia del Decreto 451, establecido en julio de 1973 -mediante el cual se suspendieron todos los trámites de autorización transitoria o definitiva de universidades privadas- atravesó todo el periodo de la última dictadura militar y de hecho se mantuvo hasta la sanción del Decreto 23.330/93. Su extendida vigencia durante el periodo 1974-1983 se debió, en cierta medida, a que operó en complemento de las estrategias de reducción (desmasificación) de las dimensiones del sistema universitario (tales como la fijación de cupos de ingreso y arancelamientos) interpuestas primero por la “Misión Ivanissevich” y luego por el régimen militar, que procuraron mermar la cantidad de estudiantes, pues eran asumidos como amenazas para la “seguridad nacional”. Además, según Fabiana ^{Bekerman (2011)}, la tendencia fue más bien concentrarse en controlar y disciplinar las universidades estatales, a la vez que estimular espacios selectos de investigación en el país, a partir de descentralizar el principal organismo científico existente: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

En efecto, durante estos oscuros años no se crearon nuevas universidades privadas ni se generó ninguna legislación específica para el sector. Incluso, la Iglesia católica, que ya había fundado instituciones confesionales en la mayoría de las ciudades del país estimuló también el “freno”,²⁰ evitando así la concentración de estudiantes y reduciendo en consecuencia toda posibilidad de politización en sus claustros. La UCA, por ejemplo, recomendaba la máxima concentración de sus actividades y recursos: “La Universidad suspenderá en adelante la anexión de instituciones y reconsiderará las condiciones de las anexiones acordadas […]. La suspensión obedece al hecho de haberse creado universidades católicas en todas las regiones del país” (^{UCA, 1977: 511}).

En cuanto a la evolución de la matrícula universitaria privada, si bien experimentó una tendencia progresiva durante los años de la última dictadura (Gráfica 2), su tasa de crecimiento anual fue bastante limitada (9.96 por ciento) en relación con periodos precedentes.

Fuente: Elaboración propia, con base en el Centro de Investigación y Acción Educativa (^{Cinae, 1984}).

Gráfica 2 Comportamiento de la matrícula universitaria argentina, según tipo de institución (1976-1981). En valores absolutos 

Durante los años de la última dictadura militar, la matrícula de las universidades estatales disminuyó abruptamente por efecto de la aplicación de una política educativa de tipo autoritaria y restrictiva. Algunas de las medidas implementadas entonces por el régimen de facto, en pos de reducir las dimensiones del sistema universitario, ya han sido mencionadas: el cierre de determinadas carreras, la imposición del examen de ingreso y de un sistema de cupos por carrera y universidad, así como el arancelamiento de los servicios educativos. Entre otras, estas medidas retrotrajeron las cifras de los estudiantes matriculados a los niveles registrados una década atrás, revirtiéndose el proceso de expansión experimentado previamente. Así, entre 1976 y 1981 se produjo un descenso de más de 150 mil estudiantes universitarios en las instituciones públicas. Sin embargo, este no fue un proceso indiscriminado, sino que afectó particularmente a las universidades más densamente pobladas. La UBA, por ejemplo, pasó de 21,059 nuevos inscritos en 1976 a 13,312 en 1977.

Ahora bien, tal como lo evidencia la Gráfica 2, la matrícula estudiantil de las instituciones privadas experimentó correlativamente una línea creciente durante los años de la última dictadura. Sin embargo, este crecimiento no puede entenderse meramente como una transferencia directa de alumnado proveniente de las universidades públicas. Más bien, la tremenda reducción de estudiantes inscritos en estas últimas colaboró de forma indirecta con el relativo aumento que experimentaron las privadas. Además, algunas de estas instituciones particulares padecieron también una fuerte contracción de su matrícula durante la etapa en estudio: la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), por ejemplo, pasó de registrar 2,074 alumnos en 1974 a 1,674 en 1977; mientras que la UADE disminuyó de sus 7,750 matriculados en 1974 a 5,648 en 1977 (^{CRUP, 1978: 283}).

Entonces, aunque las instituciones privadas experimentaron en general una mayor participación respecto del total de alumnos registrados en el sistema universitario nacional, las públicas conservaron durante todo el periodo su tradicional hegemonía en la captación de matrícula universitaria, pese a las políticas restrictivas que padecieron a manos del régimen militar. En efecto, según datos aportados por la Secretaría de Políticas Universitarias (^{SPU, 1994}), la cobertura por parte de las universidades privadas hacia 1983 (año en que finalizó la dictadura) alcanzó sólo el 15 por ciento respecto del total de estudiantes registrados.

Respecto de los campos de conocimiento en las universidades privadas, la Gráfica 3 evidencia que la tendencia de la matrícula fue concentrarse en torno a la oferta académica de las ciencias sociales. Tendencia que responde, en gran medida, al proceso más general de modernización académica acaecido en América Latina desde mediados del siglo XX, y que incluyó la institucionalización de disciplinas como la Sociología, la Economía, la Psicología y la Ciencia Política.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ^{SPU (1994)}.

Gráfica 3 Distribución de la matrícula de las universidades privadas argentinas, según disciplinas (1985). En valores absolutos 

No obstante, también influye el hecho de que la dictadura se ensañó en las universidades nacionales contra un “enemigo” que estaba mal herido: las ciencias sociales (^{Vessuri, 1992}). Los militares y sus grupos académicos allegados consideraban prioritario recortarlas/limitarlas del ámbito público en tanto que podían constituir un peligroso instrumento de transformación social. Por su parte el circuito privado, aprovechando esta dinámica, tendió a fortalecer su oferta académica en torno a estas disciplinas, que además implicaban un relativo bajo costo en su desarrollo -eran menos experimentales y, por tanto, menos demandantes de recursos de infraestructura y de investigación en comparación con las llamadas “ciencias duras”-, lo que convenía directamente a su necesidad de “autofinanciamiento”. Además, como lo afirma ^{Atilio Borón (2010: 73)}, los promotores de las instituciones privadas, especialmente las católicas, “intuían que la nueva dirigencia que requeriría Argentina debería irremediablemente contar con sociólogos y economistas católicos capaces de encauzar a nuestro país por el rumbo correcto”.

Resta señalar que, aunque no se crearon nuevas instituciones ni se expandió considerablemente la matrícula de las ya existentes, el régimen militar promovió la consolidación de las universidades católicas en el seno mismo del “circuito universitario privado”; de allí que nos refiramos a esta etapa como de “desaceleración selectiva”.

En el marco de una estratégica alianza entablada con el gobierno de facto, las instituciones de la Iglesia emprendieron una etapa de crecimiento económico que en la mayoría de los casos se tradujo en un incentivo a la investigación científica. Frente al desmantelamiento de las universidades estatales, que no obedeció unilateralmente a los dispositivos de disciplinamiento y depuración, sino también a un reordenamiento de los recursos financieros del Estado, el Conicet incrementó considerablemente su presupuesto (^{Bekerman, 2011}). En líneas generales, muchos de los subsidios que otorgó este Consejo Nacional de Investigaciones durante la dictadura contribuyeron a fortalecer, en el conjunto de las universidades confesionales, el germen de la investigación científica, siendo la UCA y la Usal las principales destinatarias de los mismos.²¹

Ahora bien, más allá de estos subsidios para investigación, ciertas universidades católicas fueron beneficiadas también en el marco de la Ley 22.207/80, que reactivó el artículo 16 de la ^{Ley 17.604/67}, lo que les permitió obtener una contribución económica del Estado. Por ejemplo, las universidades católicas de Salta (Ucasal) y del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) recibieron entonces cuantiosos aportes monetarios de origen público, que se extendieron más allá del tiempo estipulado por la normativa (^{Algañaraz, 2016b}).

El mapa del “circuito universitario privado” en Argentina y la tipología de sus instituciones

Hasta aquí fuimos testigos de cómo fue configurándose históricamente el locus universitario privado en Argentina, que si bien convivió adaptativamente bajo los mismos contextos sociales y marcos institucionales que condicionaron al conglomerado universitario público, fue desarrollando una orientación particular que le imprimió un importante grado de diferenciación y autonomía respecto de aquél. Regido por una lógica propia, con historias y tradiciones específicas, el “circuito universitario privado” fue desplegando diferentes grados de interacción con la sociedad civil y el Estado.

Se trata de un complejo mapa institucional cuya pluralidad de actores y parámetros legitimadores justifican recurrir al análisis factorial de correspondencias múltiples (AFCM). Esta herramienta fue desarrollada en 1973 por el matemático y lingüista francés Jean-Paul Benzècri y ha sido utilizada especialmente por Pierre Bourdieu y su equipo como eslabón fundamental del llamado “relacionismo metodológico” (^{Bourdieu y Wacquant, 1995}).²² De acuerdo con ^{Alicia Gutiérrez (2002: 17)}, “en un trabajo empírico, construir el espacio de las posiciones […] supone utilizar el análisis de correspondencias múltiples, el nudo metodológico de la construcción relacional”.

A diferencia del análisis estándar de variables que pretende determinar los efectos producidos por unas variables sobre otras, con lo que en definitiva son estas últimas -y no las unidades de análisis- las que intervienen en el proceso, el plano factorial que expresa el AFCM representa la superposición y articulación de dos espacios o nubes de puntos: la nube de las unidades de análisis o individuos y la nube de las propiedades (o modalidades de las variables). De este modo, admite analizar la interrelación entre varias de ellas al mismo tiempo y superar así la habitual distinción entre variables dependientes e independientes.

El carácter sociológico-estadístico asumido por esta herramienta multivariada factorial abre la posibilidad de pensar la problemática bajo estudio en términos de “relaciones”. Permite posicionar relacionalmente las unidades de análisis consideradas en función de las diferentes modalidades que presenta un conjunto determinado de variables, para luego describir las correspondencias y relaciones de homología, así como los principios de diferenciación y jerarquización devenidos entre ambos espacios (el de las unidades de análisis y el de las variables). Se opera, así, en un nivel avanzado de síntesis teórica y empírica, reduciendo significativamente las dimensiones de la información inicial.

En efecto, a partir de identificar factores latentes en el conjunto de los datos disponibles, el AFCM procede a resumir el espacio de propiedades, generando nuevas variables-resumen denominadas factores (o ejes), que ponen en evidencia las diferencias entre las unidades de análisis de acuerdo con las combinaciones de las características que presentan. Así, las tablas de datos originales se transforman en gráficas o diagramas, permitiendo visualizar las distancias existentes entre las modalidades y entre los individuos.

En el marco de este trabajo, el AFCM ha permitido acceder analíticamente a la estructura del espacio universitario privado, plasmar gráficamente las múltiples relaciones existentes entre las instituciones que lo componen, y construir una tipología de ellas. Dados los límites de extensión de este escrito, sólo diremos que la instrumentación de esta herramienta conllevó el despliegue y articulación de las siguientes instancias metodológicas:

Fuente: Elaboración propia, con base en ^{Algañaraz (2016a)}.

Gráfica 4 Mapa del circuito universitario privado y tipología de sus instituciones, dado su posicionamiento en el espacio de los ejes 1 y 2 

El eje 1, denominado “Prestigio”, establece oposiciones entre las instituciones que tienen mayor reconocimiento académico, capital político y están más internacionalizadas, ubicadas desde el punto de origen hacia la izquierda, respecto de las ubicadas en la parte derecha, que muestran características opuestas. El factor del prestigio se encuentra fuertemente asociado con la antigüedad de las instituciones, que adquirieron como correlato la posibilidad de montar institutos de investigación y contaron a lo largo del periodo con una gran afluencia de alumnos.

El eje 2 da cuenta del proceso de “Institucionalización” del circuito. Las instituciones ubicadas desde el punto de origen hacia la parte superior del espacio se caracterizan por tener una estructura de gobierno top down o jerárquica, además de que contaron no sólo con fuentes privadas de financiamiento sino que también recibieron subsidios oficiales. Son las universidades católicas tradicionales que, habiendo instalado sus casas centrales en capitales de provincias importantes, extendieron luego su tradición hacia el interior del país mediante la fundación de subsedes. En contraste, las instituciones ubicadas en los cuadrantes inferiores presentan un perfil más moderno-profesional (se crearon después de que ya estaban instaladas las universidades confesionales), se ubican mayoritariamente en la región metropolitana y bonaerense y cuentan con fuentes de financiamiento predominantemente privadas. Además, presentan una estructura de gobierno híbrida, es decir, que si bien las decisiones más importantes las toman el Consejo Superior y/o de Administración, se destaca algún tipo de participación de los demás estamentos universitarios.

En el seno de este espacio es posible identificar claramente tres grandes tipos de instituciones:

Consideraciones finales: el “prestigio institucionalmente reconocido” como capital en disputa

Este trabajo procuró capturar algunos rasgos de la especificidad de un (complejo) periodo y de un grupo de instituciones universitarias (privadas), que hasta ahora representaban un terreno muy poco explorado en nuestro país.

Mientras que las instituciones que componen el espacio universitario público “forman una compleja red a partir de la cual se tejen múltiples y variados circuitos de producción, circulación y usos de conocimientos” (^{Palamidessi, Suasnábar y Galarza, 2007: 21}), el mapa institucional de las universidades privadas (si bien no está compuesto por compartimentos estancos o independientes) es mucho más reducido y con vínculos más débiles entre las instituciones que lo integran. Todo lo cual impulsa a pensarlo como un espacio constituido en torno a la actividad de agentes institucionales cuyas prácticas crean y reproducen los instrumentos, los contextos y las posibilidades del bien simbólico que está en juego. La especificidad de esas prácticas no reside únicamente en la naturaleza predominantemente privada de sus recursos típicos, sino primordialmente en el medio fundamental que moviliza la cooperación y el conflicto: el “prestigio institucionalmente reconocido”, capital simbólico que se fue construyendo en forma simultánea al proceso de institucionalización del mismo espacio.

Al analizar su estructura (obtenida vía el AFCM) fue posible advertir que las diferencias más relevantes entre los tres grupos de instituciones que lo integran están determinadas por sus trayectorias y la desigual distribución de dicho capital simbólico. Se diferencian, fundamentalmente, por la cristalización de dos principios de jerarquización fundamentales: uno endógeno y otro exógeno.

El primero, vinculado claramente con la antigüedad de las instituciones (muchas de ellas desarrollaban sus actividades con antelación al funcionamiento-reconocimiento oficial del Estado), que da cuenta de la tradición académica, lazos construidos y capitales adquiridos. De modo que la antigüedad efectivamente funcionó como factor de prestigio. Así, las instituciones creadas antes de 1958 resultaron ser las más prestigiosas y consagradas del espacio; tales son los casos de la UCA y la UCCor, por ejemplo. El segundo principio de jerarquización es resultado directo de la intervención externa del poder militar y de instituciones que cobraron gran relevancia en ese contexto, como la Iglesia católica. Principio que atravesó todo el periodo en estudio (1955-1983) y que cristalizó, fundamentalmente, en el cierre o nacionalización de algunas entidades que quedaron prácticamente “marginadas” o “fuera del juego”, mientras que otras (algunas universidades confesionales) fueron dotadas de mayores recursos financieros e incluso detentaron posiciones de poder en el Estado.

Coexistieron entonces dos situaciones que parecen irreconciliables en el estado del campo universitario actual. Por un lado, la autonomía universitaria y una illusio académica que funcionó para acceder a determinadas posiciones en el espacio y, por otro lado, una pérdida de la autonomía más elemental, ocasionada principalmente por el intervencionismo militar.

Aunque se trata de un espacio que constantemente fue asediado por una acentuada heteronomía respecto del campo de poder (cúpulas militares, Iglesia católica, CRUP, etc.) forma parte del mundo universitario y, como tal, se constituyó en la lucha por otorgar títulos y habilitación profesional. Si bien inicialmente adquirió su identidad en la búsqueda del capital más puramente académico, conformándose como un espacio refractario de lo político (en el marco de la lucha por la educación “laica o libre”), la illusio constitutiva del circuito se fue construyendo de manera simultánea a su proceso de institucionalización e implicó que el “prestigio institucionalmente reconocido” se convirtiera en el capital simbólico más importante en juego. Ello quedó evidenciado en la acumulación de capital por parte de las instituciones más antiguas, lo que posibilitó, incluso, el acceso de sus miembros más destacados a cargos jerárquicos o directivos, así como su participación en instancias de consagración internacional.