Introducción

La violencia criminal que actualmente se presenta en El Salvador, Guatemala y Honduras, países que conforman el Triángulo Norte Centroamericano (TNCA), ha alcanzado niveles descomunales y parece estar fuera de control. Los índices de homicidios dolosos en estas naciones han sido consistentemente altos durante las últimas dos décadas, en comparación incluso con los de los países que enfrentan un conflicto armado. En 2016 la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes se situó en 81.7 en El Salvador; en 58 en Honduras, y en 27.3 en Guatemala, muy lejos de la de 10 que, para la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la ideal (^{La Vanguardia, 2017}). Llama la atención que en 2014 esta tasa era, entre las víctimas masculinas de entre 15 y 29 años en la región, cuatro veces superior a la del resto del mundo.

La violencia registrada en el TNCA ha sido atribuida sobre todo a los grupos delictivos conocidos como “maras”. La presencia y capacidad criminal de este tipo de pandillas creció significativamente con la llegada a El Salvador, Guatemala y Honduras de miles de jóvenes pandilleros que fueron deportados de Estados Unidos durante los noventa y que culminó con la consolidación de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 (MS-18), las principales organizaciones pandilleriles de la región. Desde entonces, las maras le han dado un rostro a la violencia criminal y han marcado una fuerte interacción social como consecuencia, entre otras cosas, de su naturaleza territorial. Entre sus actividades criminales se encuentran la extorsión, el robo, los secuestros y los asesinatos, lo que representa consecuencias terribles para el desarrollo de la región, pues inhibe la actividad económica y muchas veces obliga a la población a huir. Sin embargo, las maras están lejos de ser la única fuente de violencia en la zona, ya que por el contrario, constituyen sólo una pieza más en este entramado cuyos actores y medios de producción son diversos y complejos. Es por ello que resulta relevante entender la violencia como fenómeno social que se produce y reproduce a través de las prácticas sociales resultantes del proceso de aprendizaje en un contexto particular. En este sentido, puede afirmarse que en el TNCA existen ciertas condiciones que han contribuido a la normalización de la violencia, incorporándola a las prácticas de interacción social. Aunque se incluyen algunas consideraciones sobre las violencias estructural y simbólica en torno a las maras y sus integrantes, los “mareros”, el énfasis del artículo se pone en la violencia criminal que es ejercida no sólo por las pandillas sino por el Estado mismo, para comprender por qué se dice que América Latina es la región más peligrosa del mundo.

En la primera parte se examina la noción de violencia, sus características, tipos y dimensiones y se hace una aproximación teórica a la violencia criminal, ubicándola como la piedra angular del entramado. En la segunda parte se revisan algunas cifras e indicadores que sustentan la idea de que el TNCA constituye la región más violenta del mundo, situándola en el contexto de América Latina. Dado que en este apartado se aborda el tema de la violencia medible a través del índice de homicidios de la Organización Mundial de la Salud, en las dos siguientes secciones se examina la que no es medible, vinculada a las maras y al Estado, actores claves en su producción y reproducción. Posteriormente, en la tercera parte se procura una aproximación a las maras desde una perspectiva sociológica, que da cuenta de su compleja naturaleza y su multidimensionalidad para, en el cuarto apartado, abordar las violencias desde el Estado que la repetición de este tipo de prácticas ha normalizado y parece perpetuarlas. Finalmente, se reflexiona sobre los factores asociados a las maras, mismos que explican la producción de las violencias que azotan el TNCA.

La violencia criminal como fenómeno social

No existe un consenso sobre el término violencia y pese a la relevancia que tiene para un número importante de disciplinas como la sociología, la política, la antropología y la psicología, entre otras, no se ha logrado desarrollar una definición que sea comúnmente aceptada. Esto se explica, por un lado, por el hecho de que no existe una violencia, sino muchas; y por el otro, porque las disciplinas que la estudian difieren en sus unidades de análisis y en las variables que observan, es decir, qué aspecto de la violencia quieren explicar y cómo. Así, por ejemplo, mientras que la psicología, a través de teorías como la de la agresión, buscan en la personalidad de los individuos su propensión a la violencia para explicar las conductas agresivas, desde la neurociencia se han desarrollado importantes estudios sobre las contribuciones genéticas implicadas en la conducta agresiva, violenta y antisocial, así como acerca de la interacción que tienen los factores genéticos con los ambientales (^{Rebollo, Polderman y Moya-Albiol, 2010}).

Sin embargo, en la acepción más básica de violencia que la refiere como “aquella interferencia física que ejerce un individuo o un grupo en el cuerpo de un tercero, cuyas consecuencias pueden ir desde una conmoción hasta la muerte” (^{Keane, 2000}) pueden identificarse algunas de sus características. Otro aspecto en el que parece haber coincidencia es en el sentido de que la violencia es usualmente ejercida a través de la fuerza, ya sea física, moral o psicológica, y en ella pueden participar y relacionarse individuos, grupos, instituciones o el Estado (^{Gutiérrez, Magdaleno del Río y Yáñez, 2010}). Por ello, puede afirmarse, en última instancia, que la violencia es la expresión más severa y directa del poder (^{Varela, 2004}).

En cuanto a sus diversas formas, el sociólogo noruego Johan ^{Galtung (2003}) distingue tres tipos de violencia: directa, estructural y simbólica. La directa existe cuando la ejerce un emisor o agresor, pero si el emisor personal no es identificable, entonces estamos frente a una violencia indirecta o estructural. Por ejemplo, la pobreza que produce dolor y muerte constituye una violencia estructural porque no es accidental, sino el resultado de un determinado modo de organizar la sociedad y de distribuir los recursos y las oportunidades. Finalmente, Galtung se refiere a la violencia simbólica o cultural como aquella que incluye los daños que se expresan en las mentalidades, las creencias y los valores. Estas maneras de pensar conducen a acciones y comportamientos que invitan a la violencia directa e intentan legitimar la estructural (^{Gamio, 2009}). En esa línea, ^{Žižek (2008}) desarrolla las nociones de violencia objetiva, que está constituida por la violencia simbólica que se ejerce sistemáticamente desde la política y la economía; y de violencia subjetiva, que es aquella determinada por la percepción de violencia del sujeto, es decir, aquello que los seres humanos, individualmente o en su conjunto, consideran como violento.

La violencia en sus diferentes formas ha acompañado a la historia de la humanidad; no se limita a una época, a un país o a un régimen determinado, sino que trasciende y atraviesa la interacción de los seres humanos. Sin embargo, establecer qué comportamientos son violentos e inaceptables sí está fuertemente influenciado por el contexto, la cultura, los valores y las normas jurídicas y sociales específicas, lo cual no es estático, sino que más bien es un proceso dinámico que se encuentra en constante cambio. De esta forma, la violencia subjetiva es cambiante y lo que hoy se considera violento no necesariamente lo era en otra época; o lo que para una sociedad es violento puede no serlo para otra. De igual forma, la incidencia de la violencia estructural puede ser más fuerte y profunda en algunos grupos o individuos más vulnerables que en otros.

Además de los tipos de violencia, ésta también tiene varias dimensiones, siendo particularmente relevantes para este artículo la política y la social. En la primera, la violencia se asocia fundamentalmente con el Estado. Desde una perspectiva weberiana se sostiene que éste detenta el monopolio de la fuerza y es el único facultado para su uso legítimo con el fin de defender y preservar la soberanía ante amenazas tanto externas como internas. Así, se ha estudiado la violencia en el contexto político de las guerras, los conflictos armados y las relaciones internacionales, entre otros. Por otro lado, en su dimensión social, el estudio de la violencia aborda las relaciones y los procesos de interacción de los actores sociales en un contexto determinado. Para ello, se requiere de un análisis complejo para identificar los orígenes y las causas de la violencia, explicar sus diferentes manifestaciones, así como también proponer alternativas para hacerle frente (^{Blair, 2009}). Ambas dimensiones dan cuenta de la violencia como un fenómeno social y de los factores sociológicos que determinan su producción y reproducción. La diversidad de tipos de violencia y los diferentes espacios en que se manifiestan hace imperativo delimitar su estudio. En este artículo se aborda el entramado que se construye a través de tres tipos: la criminal, la estructural y la simbólica, desplegadas todas en el TNCA durante las últimas dos décadas, tiempo durante el cual las maras se han configurado como poderosas bandas criminales, presumiblemente con alcance transnacional.

Para este propósito, el término violencia criminal se refiere al uso de la fuerza física, psicológica o moral que se ejerce para cometer actos que transgreden los marcos jurídicos establecidos. Dichos actos son delitos clasificados como crímenes violentos por las leyes de cada país o por los instrumentos jurídicos internacionales y, en general, incluyen el homicidio doloso, el robo con violencia y el abuso sexual, entre otros.

En términos teóricos, este trabajo se enmarca en la criminología y en la sociología criminal como bases del análisis contextual en el que las maras y el Estado constituyen los actores más significativos en la producción y reproducción de la violencia criminal.

Aunque la intención no es realizar una revisión exhaustiva al respecto, cabe mencionar que, en términos generales, los esfuerzos para explicar las causas de la conducta criminal, sobre todo la juvenil, se han centrado en el estudio de aspectos endógenos y exógenos con fundamentos psicológicos, biológicos y sociales. Un importante número de esas investigaciones ha recurrido al análisis empírico de estadísticas policiales, judiciales, penitenciarias, denuncias y encuestas de victimización para establecer los factores que originan y condicionan la comisión de crímenes violentos.

Así, ^{Vázquez González (2003)} propone un clasificación de las teorías de la criminalidad que las agrupa en tres grandes bloques. En el primero se ubican las clásicas e incluye una gran variedad de teorías que apuntan a la predisposición biológica al delito (escuela positivista italiana y sus máximos exponentes: Lombroso, Ferri y Garofalo, y las investigaciones sobre la personalidad criminal de Kretschmer, Sheldon y Eysenck). Algunas de ellas reconocen las distintas formas en que los factores exógenos, como los sociales o los ambientales (familiares), inciden en la violencia criminal. En este bloque se encuentran también las teorías sociológicas que conciben al delito como un fenómeno social y lo explican desde diversas perspectivas. Para éstas, la delincuencia es el resultado de procesos deficientes de socialización de los individuos, ya sea por un defectuoso aprendizaje en la infancia, o por imitar, asociarse o integrarse en diversos grupos o subculturas delincuenciales (^{Vázquez González, 2003: 9}). El segundo bloque está integrado por las teorías de la criminalización, también conocidas como criminología crítica. Estas no intentan explicar por qué las personas infringen las normas, sino cómo es que los mecanismos encargados del control social definen y sancionan a la delincuencia. Finalmente, en el último bloque se encuentran las teorías integradoras que, como su nombre lo indica, intentan compaginar los dos primeros enfoques y examinan la forma en que los factores individuales o personales pueden influir en el delito y cómo se relacionan con los elementos sociales y los estructurales.

En este artículo se destacan las teorías sociológicas, en particular las aportaciones de los sociólogos estadounidenses, que ubican a la sociedad y no al individuo, como el terreno de constitución del comportamiento delictivo y orientan el acercamiento a la conducta criminal. No obstante, también se retoma dentro de las teorías integradoras la tendencia en el estudio de la criminología desde la perspectiva latinoamericana, que enfatiza la respuesta social hacia la criminalidad, especialmente la relevancia que el sistema de justicia penal juega en el contexto de la comisión del delito.

La pregunta inicial para aproximarse a la construcción del entramado de violencias en el TNCA es: ¿qué factores inciden en la conducta criminal? ^{Sutherland (1924}), considerado pionero de la criminología, en su teoría de la asociación diferencial argumenta que la conducta delictiva es aprendida a través de la interacción entre personas mediante un proceso cara a cara. Dicho aprendizaje incluye tanto las técnicas para cometer el delito, como la dirección específica de los motivos, deseos, racionalizaciones y actitudes (^{Sutherland, Cressey y Luckenbill, 1992: 89}). Con esta postura, Sutherland parece restar importancia a los factores biológicos y psicológicos individuales, poniendo énfasis en el papel del aprendizaje de patrones delictivos como base de las prácticas sociales transgresoras de la ley (^{Sánchez, 2014: 312}), así como en los factores exógenos que la estimulan. Concluye que son mayores las posibilidades de que una persona incurra en conductas delictivas cuando las actitudes positivas frente al comportamiento desviado superan cuantitativamente a los juicios negativos (^{Lamneck, 1987: 22})

Sin embargo, ^{Sutherland (1924}) no se pregunta cómo o por qué la criminalidad es más alta en un país que en otro, sino que su verdadero interés es entender la razón por la cual unos individuos delinquen y otros no. Para ello, los analiza en sus interacciones, y sostiene que las teorías que intentan explicar los crímenes violentos en una sociedad determinada deberían ser consistentes con las teorías individuales de la conducta delictiva.

Burgees y Akers (1966) se dieron a la tarea de revisar los planteamientos de Sutherland, proponiendo la teoría del reforzamiento de asociaciones diferenciales, la cual trata sobre el aprendizaje social que intenta identificar las variables que alientan y desalientan el comportamiento delictivo. Estos autores centraron su atención en la idea del refuerzo como aquello que aumenta o disminuye la fuerza de una conducta, e introdujeron la noción del condicionamiento operante como un mecanismo del proceso de aprendizaje que se produce por la observación de las consecuencias que tiene un comportamiento determinado (^{Sánchez, 2014: 317}).

En cualquier caso, si el comportamiento delictivo es resultante de los procesos sociales al igual que los no delictivos, una segunda pregunta relevante sería: ¿por qué y de qué modo los delitos se producen en un espacio social dado? (^{Sánchez, 2014: 315}). Los criminólogos latinoamericanos han puesto énfasis en la prevalencia de los factores socioeconómicos sobre los culturales para explicar la criminalidad (^{Gabaldón, 2010: 225}), apuntando a la pobreza y a las carencias, asociadas a la inequidad, a la concentración de la riqueza en unos cuantos, a la falta de oportunidades y al difícil acceso al empleo bien remunerado característico en la región. En términos de la perspectiva situacional del delito, mientras que los autores estadounidenses parecen concentrarse en su prevención, cuestionando rara vez al sistema judicial, los intentos latinoamericanos por explicar la conducta criminal han incorporado la corrupción, la injusticia y la discriminación como factores clave en la incidencia del delito (^{Gabaldón, 2010: 226-229}). Estos elementos cobran relevancia en el contexto aquí examinado y juegan un papel central para comprender las conductas de los actores sociales, no sólo en lo que refiere a la criminalidad, sino también en cuanto a la configuración de identidades a partir de las cuales dichos actores, principalmente las pandillas y los agentes del Estado, parecen inmersos en la cultura de ilegalidad y la violencia que se asimila y se normaliza. En la siguiente sección se analizan los datos que le han ganado al TNCA el mote de la región más violenta del mundo.

La región más violenta del mundo

La sociología criminal ha incentivado la producción de datos y estadísticas en torno al crimen para, entre otras cosas, comprender su impacto a nivel macro, su distribución y concentración en las ciudades y los países. Con ello, el fenómeno criminológico ha adquirido un significado y un sentido tanto en su dimensión política como en la social. En la primera de éstas, el Estado se posiciona frente a las fuentes de violencia criminal que le disputan el monopolio de la violencia legítima y establece las políticas públicas para hacerle frente. En la segunda dimensión, la sociedad reacciona y reconfigura su interacción sobre la base de prácticas sociales que responden a un entorno marcado por la violencia. Es por ello que en este apartado se revisan las estadísticas de violencia criminal, las cuales reportan los niveles alarmantes que se han alcanzado en el TNCA, con el fin de ubicarlos en los contextos regional e internacional, así como también para identificar sus fuentes inmediatas.

La interpretación de la violencia esta mediada por una serie de actores (ciudadanía, gobiernos, medios de comunicación y organizaciones internacionales, etcétera) y discursos que producen y refuerzan una forma determinada de calificar los hechos, a la vez que orientan las acciones que responden a ellos. Es por eso que tanto los gobiernos como los organismos internacionales se han visto en la necesidad de construir indicadores para medir la violencia, con el fin de ponerla en contexto, compararla y formular las medidas necesarias para enfrentarla. Con ese propósito, la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó el Índice de Homicidios Violentos para medir el número de asesinatos dolosos por cada cien mil habitantes (^{OMS, 2002}). Aunque este indicador sólo mide la violencia directa y deja de lado las violencias estructural y simbólica, que son casi invisibles en los discursos gubernamentales, ha sido ampliamente aceptado como parámetro estandarizado para dar cuenta de este fenómeno en el mundo.

De acuerdo con cifras de la OMS y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), más de ocho millones de personas fueron víctimas de homicidio doloso en el mundo desde el año 2000, lo que indica que la violencia criminal produjo más muertes que todas las guerras registradas en el mismo periodo (^{OMS y PNUD, 2014: 8}). En ese escenario, un dato alarmante es que casi la mitad de los homicidios a nivel mundial ocurrieron en sólo 23 países, muchos de ellos ubicados en América Latina y el Caribe, entre los cuales se encuentran los que forman el TNCA. Asimismo, algunos estudios reportan que 43 de las cincuenta ciudades más violentas del orbe se localizan en la región y, todavía más impresionante es que, con excepción de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, las veinte ciudades más violentas están ubicadas en esta zona geográfica (^{Insight Crime, 2014}). Otro dato relevante es que según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), América Latina posee los niveles de violencia juvenil más altos del mundo, de manera alarmante los de mayor impacto en el TNCA, donde el número de víctimas masculinas entre los 15 y 29 años es cuatro veces superior al del resto del planeta (^{ONUDD, 2014}).

Según las cifras anteriores, El Salvador, Guatemala y Honduras registran elevados índices de violencia homicida, incluso en el contexto latinoamericano, y se han publicado estudios que, empleando el indicador de la OMS, ubican a la región como uno de los lugares más violentos del mundo, lo cual se ha convertido en un cliché al referirse al TNCA, “distinción” que se ha disputado con el África subsahariana a lo largo de los años.

Algunos ejemplos de las investigaciones que en los últimos años han reforzado la construcción de una imagen del TNCA como región altamente violenta son el Estudio mundial sobre homicidio 2013, que sostiene que en ciudades de Guatemala, Honduras y El Salvador la violencia ha alcanzado niveles de “epidemia” (^{ONUDD, 2013}); y el ^{Global Peace Index (2015: 32}), en donde se indica que las muertes violentas en el TNCA se equiparan con las producidas en países que se encuentran formalmente en situación de conflicto armado. En esta misma línea, el estudio Global Burden of Armed Violence 2015, ubica a Honduras como el segundo país más violento del mundo sólo después de Siria; a El Salvador como el sexto, y a Guatemala como el onceavo (^{Global Burden, 2015: 58}). Ahora bien, según información reciente, El Salvador se ubicó en el primer lugar con 6,657 asesinatos y un índice de 104/100,000, mientras que en Honduras el número de homicidios pasó de 5,891 a 5,047 y un índice de 57/100,000; y en Guatemala fueron 5,718 muertes violentas para un índice de 35.4/100,000. Estas cifras dan cuenta de un incremento en el número total de homicidios en el TNCA en 2015 respecto de 2014, pasando de 15,727 a 17,422 (^{El Heraldo, 2016}).

Desafortunadamente, la violencia no ha estado ajena a la historia de Centroamérica, y la criminal en específico ha sido consistentemente preocupante desde hace varias décadas. Esto se ilustra con el hecho de que el índice de homicidios actual es comparable con aquellos que se registraban durante la convulsionada época de los conflictos armados centroamericanos y la represión de los regímenes dictatoriales. Por ello, se ha sugerido que esos conflictos, que culminaron en los noventa, dejaron además del legado de normalización de la violencia, un importante número de armas en las calles. En la Gráfica 1 se aprecia que, mientras que en 1996, al finalizar la guerra en Guatemala, la tasa de homicidios en ese país era de 35/100,000, en 2015 fue de 36/100,000. Por su parte, El Salvador registra una alarmante tasa de asesinatos que tanto en 1996 como en 2015 rebasa los 100 por cada 100,000. Por último, aunque Honduras no experimentó un conflicto armado abierto como los otros dos países del TNCA, la información disponible arroja una incidencia alta de homicidios violentos, que se disparó en 2009 y alcanzó su máximo nivel entre 2011 y 2012, con una tasa superior a los 90/100,000. Si se toma en cuenta que en 2012 la tasa promedio mundial fue de 6.2 por cada 100,000 habitantes, resulta claro que en los países que conforman el TNCA la violencia es descomunal (^{UNODC, 2014}).

Fuentes: The World Bank, 2015; ^{El Heraldo, 2016}

Gráfica 1 Tasa de homicidios en el Triángulo Norte Centroamericano 1996-2015  

Si bien estos números sustentan la idea de que el TNCA es la región más violenta del mundo, no puede perderse de vista que en América Latina subyace una serie de violencias cuya expresión más lacerante sea quizá la criminal, pero que también es el resultado de prácticas políticas y sociales que, junto con las violencias simbólica y la estructural, integran el entramado de violencias al que se hace referencia en este artículo. En dicho entramado, las violencias asociadas al Estado son muchas, entre ellas están la estructural (desigualdad, pobreza, marginación); la simbólica (estereotipos, discriminación por razón de género, edad, pertenencia a una clase social o a un grupo étnico); aquella generada por la corrupción, la falta de justicia, la baja calidad democrática y, por supuesto, la violencia criminal, perpetrada por el Estado a través de sus fuerzas de seguridad y otros funcionarios gubernamentales.

Aunque es difícil establecer con certeza el origen de los actos violentos y criminales, dada la multiplicidad de actores que participan en ellos y las formas en que se producen, los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras los han atribuido a la proliferación de maras y pandillas juveniles, cuyas actividades se han ido articulando con las de otros grupos del crimen organizado. Según algunas estimaciones, las maras son responsables del 30 por ciento de los homicidios en la región. En consecuencia, estos grupos delictivos juveniles se han convertido, por lo menos en los discursos oficiales, en un referente simbólico de la violencia que azota al TNCA y de la compleja situación por la que atraviesa la región. En la siguiente sección se hace una aproximación a las maras desde una perspectiva sociológica, ya que si bien éstas constituyen una de las fuentes de violencia criminal más importante, en la configuración de lo que puede considerarse como un conflicto social en los tres países que conforman el TNCA, esta perspectiva da cuenta de que los jóvenes que las integran, conocidos como mareros, también se encuentran inmersos en la victimización que producen otros tipos de violencias.

Las maras: una mirada desde su complejidad

Las pandillas o gangs son un fenómeno complejo por la diversidad de elementos que se interrelacionan en su composición, y multidimensional porque en su existencia y funcionamiento intervienen en una serie nutrida de espacios, contextos y situaciones. Por ello, para hablar de maras y violencia es necesario comprender a estos grupos tanto en su papel de productores de violencia criminal, como en el de víctimas de las violencias estructural, simbólica y de aquellas asociadas al Estado; se requiere de una perspectiva amplia que dé cuenta y sea capaz de articular sus causas, los factores que convergen en su formación y determinan su funcionamiento, y que permita comprender el impacto de sus actividades.

Sin embargo, dadas la gran diversidad de los grupos pandilleriles y las abundantes diferencias existentes entre ellos, una de las dificultades iniciales para abordar su estudio ha sido definirlos. En la literatura sobre el tema se presenta un gran abanico de definiciones, ubicándose en un extremo aquellas generales, usualmente poco precisas, y en el otro, nociones más extensas de corte antropológico y sociológico que son las de mayor relevancia para el propósito de este artículo, porque desentrañan elementos propios de las relaciones sociales que explican el surgimiento y la proliferación pandilleril. Un referente histórico en esta línea es ^{Thrasher (1927)}, quien en su estudio sobre las pandillas de Chicago sostiene que éstas representan el esfuerzo espontáneo de niños y jóvenes por crear, donde no lo hay, un espacio en la sociedad adecuado a sus necesidades, encontrando allí lo que el mundo adulto no tuvo la capacidad de darles, que es el ejercicio de la participación, vibrando y gozando en torno a intereses comunes. Thrasher identifica así los factores de construcción de una colectividad en contextos que incentivan ciertas conductas para satisfacer necesidades.

En ese sentido, ^{Perea (2007}) identifica dos elementos causales en torno a las pandillas, uno de carácter estructural y otro sociológico. Según él, las bandas juveniles se construyen sobre una fractura en la estructura social que denomina “tiempo paralelo”, porque el tiempo de la pandilla es distinto, y está al margen del tiempo social establecido. En cuanto al elemento sociológico, está dado por una serie de características sociales que le resultan propias, lo que hace referencia a su multidimensionalidad (Perea, 2007: 4). De acuerdo con este autor (^{Perea, 2007: 5}), el tiempo paralelo tiene tres rasgos característicos: la ruptura con lo instituido; la entrega al grupo y la adopción de prácticas conflictivas; y el sentido de respeto.

Entre las dimensiones que acompañan al fenómeno de las pandillas se pueden señalar la económica, que tiene que ver con la falta de empleo bien remunerado para acceder a una mejor calidad de vida; la social, que se relaciona con los cambios en la estructura familiar, la migración, la deserción escolar, el crecimiento urbano acelerado y otros factores que han erosionado el tejido social; y la política, que se refiere a la incapacidad del Estado para imponer la ley y el orden; combatir la corrupción y la impunidad, y crear las condiciones de participación ciudadana vinculadas a la democracia. Estas dimensiones pueden vincularse con la violencia estructural generada por un sistema hegemónico que produce condiciones que de alguna forma incentivan la creación de las pandillas e inciden en su configuración.

Así, pese a que existen aspectos comunes a las pandillas, es a partir de los contextos específicos en que éstas surgen y se desarrollan que se determina su configuración. En Centroamérica, estas bandas juveniles han sido objeto de un importante número de investigaciones para entender su origen, organización, funcionamiento, etcétera (^{Cruz y Portillo, 1998}; ^{Bussi, Andino y Becker, 2002}). Se dice que las maras de El Salvador surgieron a finales de los ochenta, cuando la guerra civil estaba llegando a su fin. Sin embargo, otros autores sostienen que los dos grupos principales, la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio o Calle 18 (MS-18), fueron creados en Los Ángeles, por refugiados del conflicto o sus hijos, para protegerse de las pandillas locales (^{Falkenburger y Thale, 2008}: 48). En cualquier caso, no fue sino hasta la siguiente década, a partir de la llegada a El Salvador de miles de deportados de Estados Unidos, cuando las maras centroamericanas comenzaron a tomar su forma actual (^{Arana, 2005}).

Efectivamente, como resultado de la serie de políticas que Estados Unidos adoptó durante los noventa (Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante, de 1995; Acta Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva, de 1996), unos 200 mil jóvenes fueron deportados, de los cuales el 90 por ciento eran de origen salvadoreño, guatemalteco y hondureño. Para muchos de ellos, que habían dejado sus comunidades a una edad temprana, regresar a ellas significó llegar a un lugar casi desconocido. Muchos se unieron a las pandillas locales o crearon nuevas, y con ello se inició un proceso de transculturación grupal que gestó nuevas formas de ser pandillero, incorporando aspectos de la cultura pandilleril de Estados Unidos, como su vestimenta y el uso de señas; pero aún más importante fue el hecho de que emergieron las dos principales y antagónicas pandillas de la región: la MS-13 y la MS-18 (^{Portillo, 2003: 476}).

Tanto en Estados Unidos como en los países que conforman el TNCA, el surgimiento de las maras se dio en el contexto de la pobreza urbana, la marginación, el descontento social y la falta de oportunidades para los jóvenes (^{Mejía, 2007}). Si se retoma la noción del tiempo paralelo de Perea, puede decirse que las maras se configuran y reconfiguran, por un lado, en la fractura de la estructura económica capitalista que produce marginación y, por el otro, en la fractura política en el contexto de Estados débiles, en los que la baja calidad democrática no genera para sus ciudadanos las condiciones favorables para el ejercicio pleno de sus derechos. En esa dimensión estructural pueden identificarse algunos factores relacionados con el origen y desarrollo de las maras, tales como el fracaso y retirada del Estado; la institucionalización de la corrupción; las transformaciones económicas y sociales experimentadas en la región en las dos últimas décadas; la influencia y penetración del crimen organizado en la política y el gobierno; el narcotráfico, y las políticas de mano dura (^{Goubaud, 2008: 42}). A todo ello se sumó que el fin de las guerras en la región y los procesos de transición democrática no dieron los resultados esperados para sus habitantes, dejando a sectores como el de los jóvenes completamente desprotegidos. Como resultado de su vulnerabilidad en ciertos estratos sociales ante la violencia estructural, se creó un vínculo entre ellos que se materializó a través de las pandillas.

En ese escenario, las maras intentan romper con lo instituido, generando una organización con sentido paralelo al del la ley y el orden del Estado en el que se asientan, y desafiando su autoridad. Por su forma de organización, ^{Sampó (2006: 7}) sugiere que la mara funge como una familia sustituta que provee protección y afecto, ya que de alguna manera impone reglas de disciplina a través de un sistema de ascensos y castigos que permite que sus miembros crezcan y ganen reconocimiento. La lealtad del grupo hacia su líder es parte fundamental de la conducta entre los mareros, así como un estricto código de silencio por el que se rigen luego de la iniciación y que le cuesta sanciones severas a quien lo rompa (^{Sampó, 2006: 6}).

A diferencia de otros grupos delictivos, la naturaleza de las pandillas es de orden emotivo, ya que éstas no están directamente constituidas sobre la base de beneficios económicos sino más bien de satisfactores de necesidades personales, entre los que la afectividad es un importante lazo para las maras (^{Goubaud, 2008: 36}). Aunque es frecuente que muchos mareros terminen por ampliar los vínculos con la mara al obtener un ingreso a través de ella, es común que quienes se unen voluntariamente lo hagan buscando una identidad y un sentido de pertenencia, frecuentemente orillados por un entorno familiar o comunitario adverso. Esta reflexión nos conduce al aspecto sociológico de la noción de pandillas a la que se refiere Perea, y que está relacionado con características sociales específicas. En el caso de la MS-13 y la MS-18, se trata de organizaciones fundamentalmente masculinas y sus miembros tienen un rango de edad de entre los nueve y los treinta años. Aunque solían ubicarse en la periferia urbana o en los sectores pobres de las ciudades, su expansión ha sido tal que en El Salvador, por ejemplo, son pocos los lugares que no cuentan con la presencia de maras.

Otro aspecto fundamental de las maras es que su identidad está fuertemente vinculada al territorio en el que se asientan, y al cual defienden hasta con la vida. También están conformadas por subgrupos conocidos como clikas, los cuales se encargan de proteger sus territorios o barrios, que incluso pueden llevar su propio nombre (^{Portillo, 2003: 476}). En estos espacios se despliega una forma de socialización alternativa a la tradicional, en donde se definen los significados que dan sentido a la pertenencia de los barrios, de la solidaridad, de la vida callejera, de la representación de las drogas, y de la idea de la vida y de la muerte (^{Valenzuela, 2009}). Así, como sugiere ^{Sutherland en su Teoría de la Asociación Diferencial (1924}), la producción de la violencia criminal de las maras es resultado de un proceso de aprendizaje a partir de la interacción de sus miembros, el cual se ha transmitido incluso a través de varias generaciones de mareros.

Con excepción de Panamá, las maras tienen presencia en prácticamente toda Centroamérica, pero los países más afectados son El Salvador, Guatemala y Honduras. Además de la MS-13 y la MS-18 existen muchas otras como Los Roqueros, Los Cholos, Los Poison, Los Macizos, Los Pitufos, o Los Batos Locos, cuya proliferación en las últimas dos décadas las ha convertido en el rostro de la violencia en la región. Las estimaciones sobre el número de pandilleros que operan en esos tres países son muy variadas, ya que van desde sesenta mil hasta 95 mil (^{Castañón, 2012}).¹ En términos de su financiamiento, las maras han instaurado un sofisticado sistema de extorsión, además de dedicarse al robo y reventa de coches, así como de otro tipo de mercancías, y al narcomenudeo.

Sus actividades criminales han tenido graves consecuencias sociales y económicas para las comunidades que viven bajo su dominio; entre ellas podemos señalar el desplazamiento forzado, que se estima en más de 550 mil personas (Consejo Noruego de Refugiados, 2014), y un número importante de refugiados. Cifras de la ACNUR dan cuenta del significativo aumento en las solicitudes de asilo de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, que pasaron de 12,454 en 2012 a 54,877 en 2015.

Las violencias desde el Estado

En la literatura sobre violencia en Latinoamérica son recurrentes ciertos factores que contribuyen a explicarla, reforzando las prácticas sociales que la producen y reproducen, y han generado una espiral que parece no terminar. ^{Cruz (2010: 69)} propone una forma adecuada para clasificar dichos factores. En primer lugar están los económicos, que generan una gran desigualdad, pobreza y exclusión; en segundo lugar se encuentran las variables de orden cultural, que se refieren a la propensión a la violencia como legado de la colonización, las guerras, los conflictos armados y la existencia de una serie de normas y valores que debilitan el capital social y normalizan la recurrencia a los actos violentos en la interacción y las prácticas sociales; tercero, los factores coyunturales, que se vinculan al crecimiento del crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas, y la elevada circulación de armas; por último, son constantes los factores relacionados con el deficiente funcionamiento del Estado en términos de protección ciudadana y seguridad pública, principalmente por la corrupción y por los sistemas de justicia incompetentes, que se traducen en altos índices de impunidad.

Aunque estos factores se encuentran presentes, en mayor o menor medida, en todos los países de América Latina, en El Salvador, Honduras y Guatemala, en conjunto con las consecuencias que se desprenden de ellos, se han agudizado como resultado de una serie de elementos endógenos y exógenos que han encontrado condiciones específicas. Dichos factores conforman un entramado que sostiene las prácticas sociales que han impedido revertir el ciclo de violencia en la región.

Recordemos, por ejemplo, que si bien en muchos países latinoamericanos la segunda mitad del siglo XX representó un periodo convulsionado por la violencia asociada a las dictaduras y los regímenes autoritarios que experimentó la región, éstos poco a poco fueron abriendo paso a los esfuerzos democratizadores que promovieron medidas para fortalecer las instituciones y el imperio de la ley. Sin embargo, en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, por el contrario, los contextos frecuentemente caracterizados por la lucha contra los grupos disidentes o las infames guerras de guerrillas dieron lugar a prácticas institucionales que, al margen de la ley, perpetraron al amparo del poder graves violaciones a los derechos humanos.

Tras finalizar los conflictos armados en la década de los noventa, que marcaron el inicio de los procesos de transición democrática, surgieron grandes expectativas entre la población. Sin embargo, en el TNCA no se ha dado lugar a una consolidación democrática. A pesar de las diferencias regionales, y salvo algunos casos excepcionales, persisten los altos niveles de pobreza e inequidad, lo que en general habla de una baja calidad democrática en la región, ya que si bien el reconocimiento de los derechos ha sido plasmado en los instrumentos jurídicos de cada país, su óptimo ejercicio dista mucho de ser alcanzado. Cabe señalar que en las naciones que conforman el TNCA, en Colombia o en México, la pobreza e inequidad se vinculan a la violencia relacionada con el tráfico de drogas, lo que además se ha convertido en un factor clave para explicar la inestabilidad política y social en dichos Estados.

Sin embargo, la violencia que nos ocupa en este apartado es aquella que se configura desde el aparato estatal, en aberrante contradicción con las funciones naturales del Estado, como lo es la estrategia de proteger a sus ciudadanos a través de prácticas represoras y criminales. Este tipo de violencia ha sido uno de los mayores obstáculos en la construcción de sociedades pacíficas.

Puede afirmarse que en América Latina el Estado juega un papel primordial en la producción y reproducción de la violencia criminal, que no solamente es resultado del deficiente diseño de políticas públicas o de fuerzas de seguridad poco profesionales, sino también de los gobiernos democráticamente electos, que han seguido marcados por las prácticas autoritarias del pasado (^{Cruz, 2010: 69-71}). En este sentido, la violencia criminal en la que incurre el Estado en los países del TNCA se da de diferentes formas, entre ellas la que es ejercida en el marco de las políticas y los programas de la lucha contra el crimen; la que es perpetrada por agentes del Estado sobrepasando cualquier marco legal vigente; y aquella que es ejecutada por representantes del Estado que es abiertamente criminal (^{Cruz, 2010: 71}). Ejemplo de estas tres diferentes formas de producción de violencia son las detenciones arbitrarias, frecuentemente realizadas con uso excesivo de la fuerza, mediante la tortura, con ejecuciones extrajudiciales, y las desapariciones forzadas.

La política de mano dura empleada contra las maras da cuenta de una violencia institucional que además de ser tierra fértil para los abusos policiales, poco o nada atiende al respeto y protección de los derechos humanos de los mareros, ni a las causas de la violencia estructural que de alguna manera la incentivan.² En el caso de El Salvador, por ejemplo, la declaración de guerra contra las maras se dio a través del endurecimiento de las condiciones para su aprehensión, las sanciones y el confinamiento; se creó un batallón de acción rápida para responder a la emergencia causada por el alza de homicidios; se incrementó el número de efectivos para enfrentarla, y se envió al ejército a las calles tras los paros del transporte público impuestos por las maras en 2015. En este país sigue existiendo la pena de muerte en tribunales militares, y el uso de la violencia física y la tortura son acciones frecuentes entre las fuerzas de seguridad en la detención e investigación de presuntos mareros, sin que quienes las ejercen sean juzgados o castigados por ello. De hecho, la definición jurídica de tortura es imprecisa y restrictiva; es posible suspender o limitar los derechos civiles fundamentales en determinadas circunstancias (por ejemplo, la lucha contra las pandillas juveniles), y prevalecen ciertas prácticas como la detención por tiempo excesivo de personas en espera de juicio o en prisión preventiva (^{Morlino, 2014: 81}). La violencia de Estado es claramente visible e incluso se sabe de la existencia de escuadrones de la muerte con conexiones con la policía que realizan operaciones de “limpieza social” contra las pandillas, en lo que constituye una violencia abiertamente criminal que se agudiza al no ser investigada ni castigada. Los medios de comunicación han reportado varios crímenes múltiples de pandilleros con sellos de tortura (^{Bargent, 2014}). En Guatemala, en un contexto de criminalización juvenil se adoptó el programa antipandillas PANDA, a través del cual se capacitó a policías y fiscales, y creó unidades especiales para lanzar operaciones de captura de hasta setenta pandilleros a la vez, reforzando un enfoque de mano dura. Las maras fueron identificadas como la mayor amenaza a la seguridad del país (^{Cruz, 2010: 74}), lo que sin duda da cuenta de una violencia simbólica que refuerza la idea de los jóvenes violentos, criminales y a quienes hay que combatir, haciéndose habituales las torturas y los abusos de poder por parte de las fuerzas de seguridad, así como las detenciones arbitrarias o contrarias a los términos de la ley (^{Morlino, 2014}). Por su parte, en Honduras se reformó el Artículo 332 del Código Penal también conocido como Ley Antimaras, estableciendo un aumento de las penas carcelarias que pasaron de nueve y doce años, a entre veinte y treinta años, y hasta cincuenta para los líderes. Al igual que en El Salvador, se permite la aplicación de penas a menores de 18 años y se otorgaron poderes discrecionales a la policía para la detención de cualquier sospechoso de ser marero. Con ello, se criminalizó duramente la pertenencia a las maras, permitiéndose la detención sin orden judicial, lo que resultó en operativos policiales de arrestos masivos en los que participaron unidades del ejército y, en algunos casos, vehículos de artillería de asalto (^{Cruz, 2010: 74}).

Asimismo, en el ejercicio de una violencia simbólica, a través de su discurso criminalizante, el Estado ha reforzado la configuración de una idea particularmente compleja en torno a las maras, lo que ha construido la imagen negativa de estos grupos que predomina en los diferentes sectores sociales, refiriéndose a los mareros como terroristas, capos del crimen organizado, poseídos por el demonio, y nueva mafia, entre otros nombres (^{Aguilar y Carranza, 2008: 3}). El uso de este lenguaje ha convertido a las maras en el principal foco de inseguridad e inestabilidad en Centroamérica y una de las mayores amenazas a la seguridad hemisférica (Aguilar y Carranza, 2008: 3). Es evidente que en el TNCA el Estado juega un importante papel en el entramado de violencias que enfrenta la región en tanto que constituye uno de los actores de producción y reproducción de prácticas que lejos de promover la justicia y la legalidad criminalizan a sectores vulnerables y desprotegidos, como los jóvenes; crean las condiciones en que se cometen los abusos, y fracasan como garantes de los derechos humanos hacia su población.

Conclusiones

La violencia criminal asociada con las maras ha marcado la interacción social en los países que conforman el TNCA y, en los últimos años, las ha posicionado como la causa de sus “grandes males”. Esta representación de las maras se ha dado a partir del reforzamiento discursivo de los gobiernos y los medios de comunicación que frecuentemente las colocan en el centro de la producción de la violencia criminal que afecta a la región, subestimando la participación de otros actores y la incidencia de otros factores que incentivan y prolongan las prácticas sociales a través de las cuales se produce y reproduce la violencia. Como se abordó en el presente artículo, las fuentes de la violencia son muchas y muy diversas, y de ninguna manera se limita solamente a aquélla producida por las maras, por lo que difícilmente conteniéndolas cesará la violencia.

En cualquier caso, considerando su relevancia en el entramado de violencias en la región, vale la pena preguntarse ¿qué violencias están asociadas a las maras? La respuesta puede articularse en torno a tres factores. Primero, los que se vinculan directamente con las maras y los procesos endógenos de la interacción pandilleril; segundo, se incluyen los elementos exógenos que intervienen, condicionan y determinan la explosión de la violencia en los países del TNCA en las últimas décadas; y por último se encuentran los fenómenos estructurales de producción y reproducción de la violencia.

Entre los factores endógenos se encuentran los antagonismos, las rivalidades y los ajustes de cuentas entre las pandillas a las que los gobiernos atribuyen la mayoría de los homicidios. En general, los países de la región reportan frecuentes enfrentamientos entre clikas de la MS-13 y clikas de la MS-18, las pandillas más grandes y poderosas. Como ya se dijo, el dominio territorial suele ser una de las razones principales de disputa y está asociado con el poder simbólico de la conquista de territorios, así como con la ampliación de operaciones que éstas constituyen. En 2012, en El Salvador se auspició una tregua entre las maras que duró unos quince meses, y aunque durante ese tiempo la tasa de homicidios disminuyó, cuando la tregua se rompió el país alcanzó una cifra récord de asesinatos. Otro factor endógeno señala al relevo de los líderes mareros como resultado del aislamiento en que se tiene a los que han sido encarcelados o extraditados, y que ha forzado su sustitución por otros más jóvenes e inexpertos, y por lo tanto más agresivos, lo cual produce inestabilidad y ha desencadenado diversas pugnas internas.

Entre los factores exógenos de producción de violencia se encuentra, en primer lugar, la guerra entre las maras y las fuerzas de seguridad de los Estados involucrados. Como ya se dijo, pese a que la política de mano dura ha probado sistemáticamente ser ineficiente e inadecuada, se han retomado este tipo de medidas, incluso recurriendo al ejército. Así, las fuerzas de seguridad sirven a una estrategia que algunos especialistas consideran peligrosa porque propicia las condiciones que favorecen las prácticas de violencia criminal desde el Estado en sus diferentes formas. Otro factor exógeno lo constituye la cantidad de armas que circulan en la región, la mayoría de manera ilegal. Según un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) de 2012, anualmente unas trescientas mil armas ilegales salen de Estados Unidos hacia Centroamérica, a las que deben sumarse las provenientes de otros países. Se estima que un 77 por ciento de los homicidios en los países del TNCA se cometen con un arma de fuego (^{ONUDD, 2013: 59}), por lo que el tráfico de armamento es un recurso clave en la reproducción de la violencia.

Sin duda alguna, el crimen organizado también constituye otro factor exógeno. Por su fuerte orientación territorial las pandillas concentran sus actividades delictivas en el ámbito local, por lo que se cree que de alguna forma éstas se han insertado en la lógica de las redes criminales que operan a nivel transnacional y cuyas actividades se relacionan principalmente con el tráfico de drogas, la trata y el tráfico de personas, y el robo de automóviles. Como ya se dijo, las maras se han involucrado en el narcomenudeo, aunque se sabe también que desempeñan funciones de asesinato a sueldo o sicariato para los cárteles. Para examinar el posible nexo entre drogas y violencia en el TNCA es conveniente desglosar el análisis de los homicidios a nivel subnacional, porque con ello se pueden ubicar los focos rojos de la violencia que, sobre todo en Honduras y Guatemala, no surgen en las áreas urbanas sino en las provincias, muchas de ellas de importancia estratégica para los narcotraficantes, como los cruces fronterizos y los puertos y, por ello, puntos de ofensivas policiales a operaciones de contrabando (^{Velde, 2012: 3}). Y es que la relación de las maras con el crimen organizado es poco clara. Si bien, como ya se mencionó, éstas tienen una orientación territorial, tradicionalmente han concentrado sus actividades delictivas en el ámbito local, por lo que se cree que su inserción en la lógica de las redes criminales ha sido a través de la diversificación de sus actividades ilícitas, principalmente el narcomenudeo y los asesinatos a sueldo, pero también en las que se encuentran vinculadas a la trata y tráfico de personas, así como también al robo de automóviles.

Aunque de acuerdo con el Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), no puede probarse que exista una estructura operativa que vincule a las maras centroamericanas con las de sus contrapartes en otros países o con el crimen organizado (2013), el gobierno estadounidense sostiene que las clikas de El Salvador mantienen relaciones estables y organizadas con sus contrapartes en Washington, D. C. Y es que este país constituye un atajo controlado por las estructuras criminales locales con poder y recursos para, apoyados por funcionarios del Estado, articularse con otras redes del crimen de tipo transnacional (^{El Faro, 2017}).

Por último, los factores estructurales también juegan un papel relevante si se considera que la violencia estructural crea una violencia reactiva, criminal o política, por parte de quienes son excluidos (^{Interpeace y Poljuve, 2009}). Algunos autores como ^{Zinecker (2012}) cuestionan la causalidad de los factores estructurales, como la pobreza, y apuntan que otros países con similares índices de desigualdad, como Nicaragua, no sufren la violencia epidémica del TNCA. No obstante, más allá de determinar su poder causal, resulta innegable su influencia en la producción y reproducción de la violencia a partir de la falta de acceso a oportunidades, la marginación y la exclusión. Entre los datos para contextualizar este punto puede mencionarse el hecho de que Centroamérica es una de las zonas que posee las tasas más altas de analfabetismo y desigualdad social en el mundo, y en esa región los países del TNCA registran las más elevadas. Según cifras del Banco Centroamericano de Integración Económica, Guatemala tiene el mayor índice de analfabetismo, con el 16 por ciento; Honduras, 14.6 por ciento; y El Salvador, 11.8 por ciento, mientras que Nicaragua y Costa Rica registran tasas de 8 y 2.1 por ciento, respectivamente (^{Mediolleno, 2015}). Los índices de pobreza también son altos: 45.3 por ciento en El Salvador; 54.8 en Guatemala, y 67.4 en Honduras. A esta violencia estructural se suma la falta de programas y políticas públicas de prevención y atención a los jóvenes, lo que favorece que éstos se unan o sean obligados a formar parte de las maras.

La combinación de estos factores constituye un entramado de violencias que se normaliza y empeora y que determina muchos aspectos de la interacción social. A menos de que se den ajustes profundos desde el Estado, empezando por reconocer la existencia de una diversidad de violencias y no sólo la criminal por parte de las maras, resulta difícil vislumbrar mejores condiciones de vida para el TNCA en un contexto de paz y seguridad para sus ciudadanos.