I. Introducción

En este artículo presentamos un análisis antropológico sobre los procesos de rururbanización en la periferia de la ciudad de San Luis Potosí, centrado en el conflicto generado por la construcción del libramiento norponiente y en sus efectos posteriores en la localidad de Agua Señora, municipio de Mexquitic de Carmona.¹ El argumento clave que guía nuestro trabajo invita a pensar los libramientos como crisis territoriales específicas en la interfase urbano-rural, que no se agotan en sí mismas, sino que pueden considerarse como puntas de lanza o detonadores de nuevos procesos de disputa por el control del mercado de tierras rurales en el horizonte de la urbanización (^{Rodríguez, Vieyra, Méndez-Lémus, Hidalgo, Alvarado y Rodríguez, 2020}; ^{Villaseñor, Méndez, Vieyra y Ayala, 2019}; ^{Ávila, 2005b}, 2015; ^{Ramírez-Velázquez, 2005}; ^{Méndez-Lémus y Vieyra, 2014}).

El libramiento norponiente de la ciudad capital del estado de San Luis Potosí se efectuó en dos etapas: la primera, conocida como libramiento norte, consiste en un trecho de 31 kilómetros; y la segunda, el libramiento poniente, consta de 25 kilómetros. En total, el libramiento consta de 55 kilómetros. Su inauguración se llevó a cabo en febrero de 2017, con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto. Con esta obra prácticamente se concluyó la última y más importante obra de infraestructura vial para lograr la conectividad de la capital potosina con los principales ejes carreteros. En términos formales, constituye un anillo periférico mayor que se une al libramiento oriente, el cual ya se encontraba en funcionamiento desde 2008.

El libramiento norponiente permite hacer las conexiones con los entronques a las carreteras de Zacatecas, Aguascalientes y Guadalajara, y se conecta con la carretera 57 (México, Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, Nuevo Laredo), mientras que el libramiento oriente (33.7 kilómetros) dibuja un arco para completar el anillo que rodea la zona metropolitana de San Luis Potosí. En total suma 89.7 kilómetros, operados por la empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas (META), del grupo Valoran, propiedad del empresario potosino Vicente Rangel Lozano² (véase el Mapa 1).

Fuente: Marco geoestadístico nacional (INEGI, 2018). Proyección cónica de Lambert Datum WGS 1984. Elaborado por Gabriela Monreal Salinas.

Mapa 1 Libramiento norponiente, San Luis Potosí  

Desde la perspectiva del desarrollo del país y del proyecto de movilidad necesario por la dinámica de crecimiento y expansión urbana industrial de San Luis Potosí, este tipo de obras se justifican y su construcción refleja la concreción de intereses de distintos grupos políticos y económicos que se escudan en los programas, promesas de campaña y políticas de planeación territorial. Incluso, como lo asienta la empresa META en su página, la obra reditúa beneficios ecológicos-temporales, ya que el libramiento permite evadir la zona urbana de San Luis Potosí, y con ello se ahorra combustible hasta por 45 minutos de tiempo.

Por otra parte, el proyecto carretero en cuestión se encuentra en el contexto de las inversiones nacionales en el rubro de infraestructura, que entre 2006 y 2012 registró una inversión del gobierno federal por 229 mil millones de pesos para modernizar 16 mil kilómetros de la red ya existente y construir otros 3 mil kilómetros más (^{SCT, 2012, p.343}). En 2017 el gobierno de la República contemplaba 291 proyectos estratégicos en el Programa Nacional de Infraestructura, con una inversión de 1.44 billones de pesos (^{SCT, 2017, p. 7}).³

La construcción de infraestructura vial, a pesar de sus beneficios reales en términos de movilidad, inversión y planeación urbana, no debe sustraerse al análisis del conflicto social, los procesos de fragmentación socioespacial y los cambios en la valorización del suelo (^{Domínguez, Díaz y Lema, 2007, p. 10}). En éste, como en la mayor parte de los casos, la empresa META asumió el discurso de la utilidad pública por encima de cualquier valoración que limite o ponga en riesgo la consecución de su objetivo. De tal forma, los costos socioambientales pueden ser minimizados; e instrumentos como la Manifestación de Impacto Ambiental sirven para reforzar esa causa de utilidad pública y, con el respaldo total de las autoridades gubernamentales, la empresa fija y determina las reglas bajo las cuales se establece un supuesto proceso de negociación con los afectados. Esto tiene efectos concretos en los montos ofrecidos y finalmente pagados a los pobladores locales por sus predios afectados; tales montos son fijados regularmente en referencia a los niveles más bajos del mercado regional de tierras. Asimismo, este tipo de obras supone la aparición de obstáculos (barreras) físicos que, además de fragmentar el territorio, afectan la circulación cotidiana por los caminos y senderos tradicionales.

Los resultados de la investigación que presentamos a continuación ponen énfasis en tres aspectos: 1) resistencia-cooptación, 2) nueva ruralidad, y 3) mercado de tierras. El artículo se compone de cinco secciones incluyendo esta introducción. En la segunda, Ruralidades urbanizadas, definimos el problema y apuntamos las categorías de análisis. Nuestro objetivo es situar este tipo de proyectos como una muestra de intervenciones con impactos socioambientales multidimensionales. En la tercera, Agua Señora, su río, sus tunas…, ofrecemos un diagnóstico que nos permita apreciar el proceso de rururbanización en dicha localidad. En la cuarta, Alertas pero desunidos, presentamos un análisis etnográfico que nos ayuda a entender las características del conflicto, así como los problemas y limitantes que enfrentaron los pobladores para defender sus intereses: rechazar el proyecto o lograr un pago justo por sus predios. En Discrepancias y mercado de tierras, la quinta y última sección, analizamos el contexto poslibramiento, el cual se caracteriza por la inflación del mercado inmobiliario y el intermediarismo político.

II. Ruralidades urbanizadas

Desde el continuum folk-urbano propuesto por R. Redfield en la década de 1950, los antropólogos orientamos una mirada hacia los procesos de cambio sociocultural que tendrían algún punto claro de quiebre o inflexión, es decir, habría un punto de no retorno cuando las comunidades, por la complejidad de sus intercambios, densidad demográfica y complejidad funcional, se identificarían con estilos y modos de vida plenamente urbanos. Este principio se apega a la distinción clásica entre comunidad y sociedad (Gemeinschaft / Gesellschaft) propuesta por F. Tönnies a fines del siglo XIX. En la actualidad, esta dualidad o dicotomía se ha desgastado, y desde hace por lo menos tres décadas en la literatura especializada han surgido conceptos tales como: desruralización, periurbano, rururbano, nueva ruralidad y ruralidades urbanizadas, para destacar justamente la hibridación de realidades y de formas que anteriormente se asumían como entidades discretas y claramente distinguibles. Con ello, ha sido superada la visión unilineal del cambio, y en su lugar se ha propuesto una perspectiva territorializada, de interacciones y empalmes. En este sentido, las fronteras se tornan porosas, lábiles, y lo que caracteriza esta interfase es la constante circulación en ambos sentidos de agentes, servicios, materialidades y símbolos en espacios que se dibujan y desdibujan de forma acelerada bajo el efecto del mercado y las políticas neoliberales (^{Grammont y Tejera, 1996}; ^{Ávila Sánchez, 2005}, 2015; ^{Ramírez-Velázquez, 2003}, 2011; ^{Villaseñor, Méndez-Lémus y Vieyra, 2017}; ^{Torrez-Mazuera, 2012}; ^{Villaseñor, Méndez, Vieyra y Ayala, 2019}).

El tema de los libramientos -vías carreteras construidas para aliviar el tráfico vehicular de las ciudades- se vincula con la discusión sobre los efectos colaterales del desarrollo en general, y particularmente con los efectos socioambientales asociados a las obras de megainfraestructura, lo que en principio constituye una fuente de conflicto entre los propietarios de las tierras afectadas. Los conflictos socioambientales originados por la construcción de libramientos carreteros han sido un tema prácticamente ignorado en la literatura especializada en los procesos de rururbanización o periferia urbana. Los proyectos viales que comprenden la modernización de las principales zonas metropolitanas de nuestro país forman parte de las nuevas dinámicas de crecimiento de las ciudades medias y, como tal, perfilan nuevas tendencias de integración regional.⁴

El artículo que presentamos se basa en una investigación etnográfica realizada por los tres autores de manera independiente, aunque de manera preponderante en el estudio realizado por Juan Manuel Ávila, presentado en 2016 como tesis de maestría en Antropología Social (^{Ávila Cervantes, 2016}). La identificación de Juan Manuel con la localidad de Agua Señora como el asentamiento de origen de sus abuelos, lo llevó a tener una activa participación en el movimiento de resistencia y oposición. David Madrigal, por su parte, participó en un taller donde se recogieron los testimonios que ilustran las percepciones de los habitantes sobre su forma de vida y las amenazas ante la obra del libramiento, y más recientemente se ha involucrado en un proyecto para recuperar el cauce del río Paisanos, el afluente principal que hacía posible la actividad agrícola en el pasado. Mauricio Guzmán, al convertirse en vecino mediante la adquisición de un terreno en 2014, accedió de manera privilegiada a los procesos de compra y venta de tierra durante y después del conflicto. Todos practicamos observación participante, participamos en asambleas y aplicamos entrevistas formales e informales a cerca de veinte propietarios. En todo este tiempo hemos dado seguimiento a la información hemerográfica, e incluso en el primer semestre de 2020 realizamos una entrevista colectiva con los afectados para corroborar algunos datos.⁵

En este tenor, nuestra principal herramienta de análisis, el método etnográfico, adquiere relevancia al posicionar una mirada sobre dichos procesos socioterritoriales a partir de lo local, en una perspectiva sobre el espacio vivido que, a su vez, es condición para entender las construcciones identitarias, los procesos de resistencia y la valoración del patrimonio que entra en disputa. Aquí definimos los libramientos como intervenciones planificadas en y sobre los territorios que se gestan y promueven en el contexto de las políticas neoliberales. Esto explica el carácter difuso y escurridizo de los agentes que promueven el desarrollo; en este caso, la infraestructura vial y las dificultades que encuentran los grupos locales opositores para desnudar las intenciones ocultas, lograr una interlocución efectiva, y acceder a algún tipo de justicia o compensación frente a los daños y las pérdidas.

Hemos acudido al concepto de interfase, acuñado por el antropólogo inglés Norman ^{Long (2007}) dentro de su sociología del desarrollo, para destacar el carácter extendido del conflicto que se origina a partir del despojo, pero que no queda ahí, sino que se prolonga en la nueva valoración de los predios rurales después de construido el libramiento.⁶

Este conflicto muestra al menos dos vertientes: dentro de las propias familias, cuyos integrantes se disputan derechos de herencia, y la que promueven los agentes externos que operan tendencialmente a favor de un mercado de tierras. Aun cuando observamos un franco proceso de desruralización en Agua Señora, los actores locales no necesariamente comparten las prerrogativas de los agentes externos, y esto ha suscitado un clima de desconfianza en el que se expresan diferentes expectativas y percepciones sobre los procesos territoriales. En este artículo nos enfocamos en la reflexión de las ruralidades urbanizadas; mediante esta categoría de análisis entendemos los procesos de cambio que empujan el debilitamiento de los ejidos o comunidades como canales de mediación y que van configurando el nuevo orden social, económico y político de las zonas rurales en torno al poder de los agentes privados, empresariales, como los principales poderes sobre los territorios (^{Torres-Mazuera, 2012, p. 15}; ^{Serna, 2010}; ^{Cruz, 2002}).⁷ En las zonas rurales que gravitan en la esfera de influencia de grandes concentraciones urbanas, los procesos de cambio son multidimensionales y se presentan en diferentes escalas y con distintos grados de impacto y expresión.

[…] Esto supone considerar los análisis que identifiquen con mayor precisión las interacciones y los conflictos que se establecen entre los agentes y las instituciones, que a su vez se plasman en procesos socioterritoriales concretos: las disputas por las tierras y las aguas, el auge del mercado inmobiliario en las periferias, la gentrificación, la tercerización de los espacios rurales, la movilidad de la población rural, el fortalecimiento del mercado de tierras rurales, etc. [^{Ávila Sánchez, 2005a 26} ].

Un rasgo sobresaliente de las ruralidades urbanizadas es su tendencia a mantener y manifestar de diferentes formas los estilos de vida propios de su condición rural. Esto determina en buena medida las características de los paisajes rururbanos, pues lo que puede ser visto como precario o derivado de una deficiente urbanización y falta de servicios básicos, acaba por producir una coloratura rural particular a los paisajes: calles a medio pavimentar, zanjas abiertas para el drenaje, conexiones eléctricas improvisadas; cerdos, vacas y cabras que invaden calles y banquetas, etcétera.

La ruralidad urbanizada que nos inquieta es la relación estructurante que se genera a partir de la dialéctica laboral que supone una supremacía del sector secundario y terciario sobre las labores del campo (sector primario). El trabajo rural (agropecuario) sufre una desvalorización y, en ese sentido, nos interesa entender el despojo territorial a partir del libramiento, no desde una presuposición de una supuesta ideología campesinista. Por el contrario, nuestra hipótesis es que un “pueblo rural” ya atraído y envuelto en la atmósfera de la enajenación capitalista y los procesos de urbanización, tendrá menos oportunidades de articular un movimiento de resistencia en defensa del territorio y de su identidad. Esto que podría ser una contraargumentación a partir de la persistencia de los espacios rurales en una zona metropolitana como la de la Ciudad de México (^{Cruz, 2002}), nos ayuda en realidad a pensar el tipo de rururbanidad en las regiones semiáridas, donde las estrategias para reproducir la vida del campo parecen estrecharse, pero ello no cancela la hibridación de formas y estilos de vida que no son una cosa o la otra, sino una forma particular de vivir esta condición, ejerciendo y manifestando valores y derechos patrimoniales sobre la tierra de maneras singulares, como mostraremos en párrafos posteriores.

III. Agua Señora: su río, sus tunas. Cerca pero lejos de San Luis Potosí

Agua Señora se localiza al norponiente de la ciudad de San Luis Potosí, a 15 km del centro de esta ciudad, y a una altitud de 1 990 msnm. Es un poblado pequeño, casi como una colonia suburbana, tiene 1 200 habitantes, distribuidos en 250 viviendas y cerca de 180 solares, lo que nos permite inferir la composición de unidades domésticas con más de una familia nuclear. Dadas las relaciones cotidianas y la confianza, las familias acostumbran compartir la cocina, se apoyan para el cuidado de los niños y se dispensan varias formas de solidaridad, aunque tal convivencia también es el origen de diversas fuentes de conflictividad.

Agua Señora pertenece a Mexquitic de Carmona, uno de los 58 municipios que componen al estado de San Luis Potosí, y se ubica en la parte centro de dicho territorio. Mexquitic se subdivide en 120 localidades -89 de las cuales cuentan con menos de 500 habitantes- y, de acuerdo con el censo de 2010, poseía una población de 53 442 habitantes.⁸ Según esta misma fuente, los poblados de Maravillas y Estanzuela se encuentran entre las localidades más pobladas del municipio. Al igual que en Agua Señora, la generalidad de los habitantes de las localidades tiene educación básica, aunque la media superior (bachillerato) sólo se imparte en Maravillas y Estanzuela. La mayoría de las localidades cuenta con todos los servicios básicos: agua potable con tomas domiciliarias, drenaje y electricidad; no obstante, no es raro que las nuevas viviendas carezcan de diversos servicios, dado que la cobertura es deficiente.

Todos estos poblados tienen su propia iglesia o capilla y predomina la religión católica, lo cual se vincula a la celebración de fiestas comunitarias en honor a un santo patrón o a una virgen. Estos eventos son importantes en la medida que refuerzan los lazos identitarios y se redistribuye una parte de la riqueza en la forma de gastos de diversa índole. Algunos vecinos nos comentaron que ese sentido comunitario se ha perdido por la llegada de grupos protestantes, los cuales han creado divisiones: “Antes todos cooperábamos y participábamos en la organización; hoy se niegan pues afirman que ya no comparten esas creencias…” (Tomasa, 76 años, 18 de octubre de 2016).

Fuente: Marco geoestadístico nacional (INEGI, 2018). Proyección cónica de Lambert Datum WGS 1984. Elaborado por Gabriela Monreal Salinas.

Mapa 2 Agua Señora, Mexquitic de Carmona 

Agua Señora es una localidad, un asentamiento y podríamos decir que una comunidad, pero no porque ése sea su régimen agrario; tampoco es un ejido, pues la mayoría de las cabezas de familia son propietarios y sólo algunos se consideran ejidatarios. Hablamos de comunidad porque existe un reconocimiento entre sus habitantes en cuanto a que forman parte de un poblado integrado por familias emparentadas entre sí, que han convivido a lo largo de generaciones y que guardan entre ellas una memoria que les permite reconstruir vínculos, alianzas y conflictos. Por ejemplo, aún son identificados todos los miembros de la familia Pérez, y cuando un miembro ha estado ausente por varios años, no resulta complicado identificarlo a partir de sus vínculos consanguíneos con los adultos mayores de esa familia; incluso, hemos notado que entre las comunidades se da un reconocimiento entre miembros y familias. También existen sistemas de préstamo (endeudamiento) y compra mediante fiado, que se amparan en la confianza y vecindad.

En cuanto al nombre de Agua Señora, los abuelos cuentan que por ahí de 1930 se quiso hacer honor con ello a la abundancia de sus aguas. Impuesto, aunque al parecer metaforizado, el nuevo nombre da señal del pretérito “Viborillas”, que reconocía la abundancia de bífidos como la víbora de cascabel, la coralillo y las culebras afectas a los ambientes acuáticos.⁹

En el caso de la población de Agua Señora cobra vida el relato de una forma de vida que caracterizó a infinidad de poblados ubicados en las afueras de la capital del estado de San Luis Potosí. Este relato, construido con fragmentos de varios informantes, se sitúa por momentos a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Quienes testimonian, hombres y mujeres de más de cincuenta años, rememoran cosas que platicaban sus papás y que remontan a los abuelos o un poco más atrás. En ese entonces la urbanidad de San Luis capital compartía muchos rasgos que ahora definiríamos como rurales. Agua Señora forma parte de la región agavera productora de pulque; varias familias lo producían y lo comerciaban en el Saucito, periferia norte de San Luis Potosí, o lo vendían a las hoy extintas pulquerías de los barrios de Santiago, Tlaxcala y zona Centro. Hoy en día los magueyales han desaparecido prácticamente, aunque aún se encuentran manchones dispersos en donde se extrae aguamiel que, tras su fermentación, se vende en las pocas pulquerías que sobreviven en la región. También en varias localidades se continúa elaborando la bebida llamada colonche, a base de tuna cardona y pulque.

En la década de los años ochenta la antropóloga norteamericana Ruth Behar realizó trabajo de campo entre las familias rurales del municipio de Mexquitic y describía así lo que consideraba la forma tradicional de vida en esa región:

La forma más tradicional de vida en Mexquitic, descrita por Esperanza en su relato y practicada generalmente por la gente más pobre, se centra en el maguey, del que se extrae el aguamiel para destilar el pulque, una bebida alcohólica suave y nutritiva que se vende los domingos en Mexquitic y en los mercados de San Luis los otros días de la semana [...] Los campesinos modestos siembran maíz blanco, frijoles pintos y calabazas, pero su cosecha no dura el año entero, por lo que deben comprar sus alimentos básicos en la tienda [...] Incluso aquellos que trabajan en la agricultura tienden a tener otro trabajo también: laboran como guardias nocturnos, albañiles, mecánicos; mujeres con tienditas en el frente de sus casas, donde venden Coca Cola, cerveza y pan de bolillo, que siempre están un poco pasados. Fuera de la agricultura, hay un número grande de maestros de primaria y secundaria, muchos de los cuales son mujeres de familias de mejor posición que han luchado por su educación, criando varios hijos mientras enseñan en lugares lejos de casa. Los muchachos que no tienen tierra deben trabajar para otros en Mexquitic, o por salarios en la ciudad. Los hombres trabajan por lo general en la construcción, haciendo lo que se encuentren en el día; las mujeres limpian casas, venden mercancías o preparan gorditas a la plancha, en hornos de carbón en la calle. Y cuando la cosa se pone mala y el dinero no rinde, trabajan y trabajan y el dinero no alcanza, ahí está siempre el otro lado, sugiriendo los dólares en cada sorbo de Coca Cola [^{Behar, 2009, pp. 387-388} ].

Desde principios del siglo XX hasta la década de los cincuenta, los hogares dependían de la leña y el carbón, usaban sus pozos artesianos y su dieta no se diferenciaba mucho del menú de las familias rurales. Al respecto, Ruth Behar describe los cambios con los que se encontró cuando regresó cuatro años después de su última visita a finales de los años noventa:

La vieja carretera, que había sido cincelada en los imponentes cerros gracias a la dinamita, los picos y las palas, ya no era un estrecho camino de dos carriles [...] Altos postes de luz habían sido instalados en el separador de la carretera y el trayecto en las cercanías de San Luis Potosí se encontraba bien iluminado [...] En el tiempo en que yo llegué a vivir por primera vez en Mexquitic, hace veinte años, los lugareños solían ir a San Luis a trabajar y a hacer la mayoría de sus compras y negocios. Regresaban en el autobús o en la bicicleta cargados de bultos y paquetes [...] Me llamó la atención una modesta, pero significativa transformación del paisaje urbano de Mexquitic […] [^{Behar, 2009, pp. 19-21} ].

Desde nuestro análisis, los cambios a los que se refiere Ruth Behar remiten a los procesos de desruralización o, en otras palabras, a los procesos mediante los cuales la población fue atraída hacia un mercado laboral de tipo industrial. En este caso, la construcción del ferrocarril, que algunos lugareños comentan se dio en las primeras décadas del siglo XX, fue uno de los factores que impulsaron los cambios y la conformación del mercado laboral industrial. No se trató sólo de los empleos que muchos vecinos ocuparon en los distintos oficios demandados por la industria, sino de la movilidad y la facilidad del traslado de personas y mercancías tanto a la capital como a otras urbes en pleno crecimiento, como Aguascalientes. De hecho, Estanzuela fue la primera estación partiendo de San Luis Potosí con rumbo a Aguascalientes. El trayecto se realizaba en veinte minutos. Así sucedió con la otra vía con destino a Monterrey; aun cuando el trayecto conectaba directamente con la hacienda de Peñasco, todo esto supuso el abandono de la arriería y el comercio de pulque y tunas que se realizaba en burros, propiciando una intensificación de los intercambios con los centros urbanos.

El camino real a Saltillo atravesaba los poblados de Maravillas y Estanzuela, y esto había forjado un sistema o ruta de diligencias mediante el cual se había dado una integración económica entre las localidades de la región estudiada y los centros urbanos allende el territorio. Esta integración adquirió nuevos bríos y una forma distinta cuando el ferrocarril se impuso como la principal y definitiva forma de articulación regional. A partir de entonces los asentamientos florecieron en las márgenes de las vías, sobre todo alrededor de las estaciones de tren. Las viviendas, regularmente de adobe y paulatinamente de ladrillo, eran integradas por solares de una hectárea en donde se criaban animales domésticos de corral (gallinas, guajalotes, cerdos, chivas, vacas, burros y caballos).¹⁰

A finales de la década de 1970 y sobre todo en la siguiente, el Estado implementó una política de urbanización en los asentamientos de la región. A inicios de la década de 1990 el tren de pasajeros dejó de operar (nos referimos a la privatización en el gobierno de Ernesto Zedillo) y este hecho dio paso a la necesidad de las personas de adquirir camionetas, carros y motocicletas para poder continuar con sus actividades comerciales o para poder trasladarse a la zona industrial. Surgieron entonces las rutas de transporte público: a las 5:00 am sale el primer camión y a las 21:00 llega el último proveniente de la capital de San Luis Potosí.

En la actualidad el grueso de la población se traslada a la ciudad para emplearse básicamente en la construcción y la industria (hombres) y en el servicio doméstico (mujeres). Entre las ocupaciones preponderantes encontramos las ligadas a la construcción (albañil, concretamente), que ocupa más de 3 352 personas en Mexquitic, la agricultura, con 2 853 personas, y posteriormente, ocupaciones como mecánico automotriz, herrero, plomero, velador y comerciante, así como los involucrados en algún negocio, como ferretería, abarrotes, bodegas de pastura y venta de legumbres y vegetales (^{INEGI, 2010}). También cabe mencionar que un porcentaje minoritario de los pobladores han logrado desempeñarse como profesores, enfermeras, o han obtenido un título académico que los habilita como abogados, ingenieros, dentistas, etc. Pero, sin lugar a dudas, el rasgo más sobresaliente de la dinámica económica se relaciona con la migración y el envío de remesas de los migrantes a sus familias. No obstante, como puede apreciarse en el Cuadro 2, Mexquitic de Carmona, al igual que los otros cinco municipios que rodean a la capital de San Luis Potosí, aún mantienen actividades agrícolas importantes destinadas principalmente al mercado regional y a la producción de forrajes.

Con las aportaciones de los migrantes podemos observar una serie de transformaciones en los estilos de vida, pues nominalmente este recurso se aplica a la ampliación y mejoría de la vivienda, así como a sufragar los gastos de los hermanos menores en la escuela, quienes dependen de esas remesas para continuar con su educación superior.

En este contexto, la vida rural, los conocimientos y las prácticas vinculadas al trabajo con la tierra presentan diferentes sesgos y modalidades, dependiendo de la familia y del liderazgo del cabeza de la familia para continuar con el raspado del aguamiel, la cría de ganado vacuno, el pastoreo y las labores agrícolas. Todas ellas son actividades con las cuales se obtienen bajos rendimientos, pero aún suelen ser apreciadas: “con ellas no se hace uno rico, pero se pueden tener cosas que uno no necesita comprar: tunas, leche, aguamiel, maicito…”. Y a pesar de que la mayoría de las familias tiene estufa a gas, todavía existen fogones a leña con los que se prepara el nixtamal, se cuecen los frijoles o se elaboran platillos de la culinaria local para eventos como bodas o quince años.

Con respecto a la tenencia de la tierra, Agua Señora es uno de los seis anexos (localidades) que forman parte del ejido Maravillas del municipio de Mexquitic de Carmona, pero en Agua Señora la tenencia predominante es la propiedad privada. No obstante, algunos vecinos tienen derecho sobre partes de las 2 000 hectáreas que comprenden el ejido. Se puede especular que Agua Señora no fue primordial y su origen nos remonta a una historia secular, puesto que no fue un núcleo poblacional principal, sino más bien derivado.¹¹

Un rasgo particular que presentan estas localidades es tener un modelo combinado de propiedad de la tierra: ejidal y pequeña propiedad. Estas últimas han sido heredadas de generación en generación, y diríamos que, desde tiempos inmemoriales, pues los habitantes no saben remitir con precisión fechas o documentación que las avale. De hecho, sólo a partir de las últimas décadas del siglo XX, pero sobre todo a propósito del conflicto por la construcción del libramiento, algunos vecinos comenzaron a tramitar el empadronamiento de sus lotes en el catastro municipal. En el contexto de la construcción de este proyecto carretero, la regularización de los terrenos se tornó un aspecto crítico ante la necesidad de probar la condición de afectados y reclamar sus derechos.

Como ejemplo de lo anterior, tenemos el testimonio de una familia que, en abril de 2013, un día después de que se publicó el decreto de expropiación de la zona para la construcción del libramiento en el Diario Oficial de la Federación, sufrió una invasión por parte de un grupo de hombres acompañados de policías municipales que se metieron con violencia a sus terrenos para instalar postes, cercar y colocar letreros que los delimitaban como “propiedad privada”. El avalúo que les mostraron y cuya oferta habían rechazado antes de la invasión era de seis pesos por metro cuadrado. Como resultado de la invasión, los terrenos quedaron devastados, con las nopaleras arrancadas y aplastadas, las biznagas y otras plantas silvestres desmontadas y aventadas entre los escombros del desmonte. Uno de los adultos mayores de esta familia comentó: “La naturaleza está llorando a lágrima suelta, nada más que no la escuchamos, pero la sentimos en el corazón” (Madrigal, diario de campo, abril de 2013).¹²

Aun cuando varios propietarios hayan logrado el empadronamiento municipal, en Agua Señora la gran mayoría aún carece de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, lo que equivale a decir que no existe certeza jurídica plena sobre la propiedad y esto se presta a una infinidad de embrollos, pugnas dentro de las familias, invasiones y otras formas de despojo, puesto que en algunos casos la herencia fue otorgada sólo verbalmente o mediante escritos que no fueron notariados por el abuelo o el padre ya fallecidos.¹³

La inscripción en dicho registro ahora es percibida por los propietarios como indispensable para zanjar diferencias dentro de las familias, pero el trámite es costoso y en ocasiones demorado. Se requiere la contratación de un abogado que inicie un juicio por la vía civil para que se pueda demostrar ante el juez la posesión plena, apelando a testimonios de vecinos y propietarios de los lotes colindantes, la publicación de edictos, la sentencia y la protocolización mediante notario público para arribar a una sentencia final que posibilite dicha inscripción.

En el caso de Maravillas, el expediente de la Comisión Agraria Mixta informa que se dotó, mediante Resolución Presidencial el 17 de septiembre de 1929, con una superficie de 1 700 hectáreas, repartidas entre 300 ejidatarios pertenecientes a los ejidos de Los Moreno, Maravillas, Cerrito de Maravillas, Colorada, Monte Oscuro y Agua Señora. Esta superficie es moderadamente inferior a las 2 000 hectáreas que se encuentran definidas como pequeña propiedad y que se encuentran distribuidas entre los ejidos mencionados. Estas tierras fueron tomadas de la hacienda El Peñasco y de lo que se colige del proceso de restitución (dotación) de tierras es una serie de conflictos, entre los cuales se reclamaba el uso de predios que la hacienda había confiscado o arrebatado a antiguos poseedores. Esto explica la convivencia de un territorio ejidal (dotado) y una pequeña propiedad (restituida), y nos permite especular sobre los orígenes de esta última en Agua Señora. Estos terrenos probablemente formaban parte de un condueñazgo comunal, en donde un agrupamiento corporado de familias mestizas regían y administraban un amplio territorio; y, lo más importante, reconocían la propiedad individual sobre partes bien delimitadas de ese territorio. Esto es posible, sobre todo, si vinculamos la fundación de estos pueblos a la política de colonización posterior a la conquista mediante la cual se otorgaron prebendas y beneficios a las familias de origen tlaxcalteca, otomí y tarasco, aliadas de los españoles.

Está claro que la sucesión de eventos históricos, como el periodo de Reforma, implicó diversos reordenamientos, quizás cierta disolución del proyecto comunal y una definición marcada hacia la constitución del régimen de la pequeña propiedad. Estos sucesos históricos son fundamentales para entender el desarrollo y las implicaciones del conflicto suscitado a partir de la construcción del libramiento norponiente. Aun cuando los vecinos de Agua Señora y las localidades vecinas recrearon una cultura campesina típica del semiárido, basada en la recolección de alimentos silvestres, el cultivo de nopales de tunas, la explotación del maguey, las parcelas de hortalizas y el complejo agrícola de maíz, chile, calabaza, verdolagas, frijoles, etc., así como el pastoreo de cabras y borregos, las rupturas o los débiles lazos para pensarse como colectividad política fueron aprovechados por la empresa constructora para marcar las diferencias y entablar negociaciones particulares con los propietarios.

IV. Libramiento norponiente: alertas pero desunidos

El relato que privilegiamos en esta sección es el testimonio del Huachichil, alias que adoptó Juan Manuel Ávila, uno de los autores de este texto, convencido del motivo que animaba la investigación sobre el proceso de construcción del libramiento y la amenaza de despojo territorial, si no de toda la comunidad, sí de predios pertenecientes a varias familias, entre ellas la suya. Para el Huachichil, tal posibilidad representaba un duro golpe a la cultura y la identidad campesina de estos habitantes, quienes en su mestizaje aún podían recuperar su pasado como pueblos originarios, una narrativa que data de tiempos de la conquista, cuando ofrecieron una férrea resistencia en la defensa de su territorio en contra de los españoles. En un sentido más directo, para el Huachichil la construcción del libramiento significaba el despojo de unas tierras que pertenecían a su abuela y a sus ancestros.

La noticia de la construcción de una carretera que pasaría por Agua Señora se comenzó a diseminar en el año 2009. Rumores y chismes hicieron pasar este proyecto como incierto entre los pobladores, pero adquirieron grado de certeza cuando se hizo evidente la presencia de técnicos que, desde el mes de febrero, estaban haciendo mediciones en ciertos predios, y que para ello habían hecho destrozos de nopaleras y magueyes. Al respecto, en una las familias afectadas recabamos el siguiente testimonio:

[…] me dirigía a mi trabajo de profesor a las 7:30 hrs. de la mañana, descubro a unos sujetos en la cima del cerro, cerca de donde vive doña Felipa. Yo no me podía detener en mi camino y justo veo a los hijos de Felipa y les comento que hay unos sujetos extraños allí en la cima, traen aparatos, al parecer son ingenieros topógrafos [^{Jacobo, 2015a, p. 31} ].¹⁴

La cuestión era saber si esas actividades se habían realizado con el conocimiento de las autoridades ejidales. Al calor de las discusiones informales se supo que la concesionaria y funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) habían entrado en contacto con las autoridades, pero éstas no habían dado parte para informar debidamente.

Fue así como se convocó a una reunión el 18 de marzo de 2009, a la que asistieron los ejidatarios y funcionarios de la Procuraduría Agraria y de la SCT. La presentación del proyecto fue ambigua pues los funcionarios comentaron que, aunque ya había un trazo, éste podría modificarse por motivos técnicos; se dijo que los indemnizarían conforme a la ley y que, para negociar los precios, entrarían de manera particular en contacto con cada uno de los afectados. Tres personas, entre ellos el Huachichil, manifestaron su descontento, dejando bien en claro que no estaban interesados en una carretera y que no veían el beneficio del que se jactaban las autoridades. El punto crucial de esta reunión fue cuando dijeron que la obra era de utilidad pública y que, con el consentimiento o no de los dueños, la medida que podría imponerse era la expropiación. Esta afirmación dejó mudos y desalentados a los asistentes. Una de las personas que estuvieron en la reunión comenta que meses después confirmaron el asunto de la utilidad pública:

El compañero Juan Manuel se comunicó con la abogada de México, diciendo ésta que necesitaba vernos, por lo que acudimos el 12 de diciembre a la Ciudad de México y la abogada nos dijo que ya no había nada que hacer con la lucha de nuestras tierras, que estaba declarada la utilidad pública y eso se imponía por sobre todo; que aunque amolaran a las familias, que iba a haber más gente beneficiada y por lo tanto ya no había nada que hacer, sólo buscar un precio justo por las tierras [^{Jacobo, 2015b, p. 45} ].

El argumento de la utilidad pública fue decisivo pues definió las formas de cooptación y operación de la empresa para dividir a los pobladores. Por medio de la empresa JUMSA se realizaron encuentros por separado con grupos de ejidatarios, a quienes se les indujo a aceptar los términos de las afectaciones. Esto dio paso a las primeras manifestaciones de repudio a dicho proyecto. Pero también desde ese momento, un grupo de ejidatarios mostró su aprobación de manera explícita al hacer entrega de su documentación (copia de credencial del Instituto Federal Electoral y de títulos parcelarios) a los gestores de la empresa. Estos recorridos y la obtención de información se realizaban desde el ejido Palma de la Cruz, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, hasta “el callejón del beso” en la localidad de Estanzuela, en la cual se sitúan los límites de la propiedad privada y la ejidal de esta localidad.

La inquietud del Huachichil lo llevó directamente a las oficinas de la SCT-Gobierno del Estado de San Luis Potosí para informarse de las características oficiales de la obra y de la magnitud de las afectaciones. Descubrió que dicha obra había sido proyectada y propuesta desde hacía varios años atrás y que su construcción había sido otorgada en concesión al grupo Valoran, quien se encargó del libramiento oriente en 1990. Asimismo, se encontró que otras empresas, como META, JUMSA y Estudios Atlalli, estaban participando en el proyecto y su labor se enfocaría en la realización de los estudios topográficos preliminares y en la colecta de la información sobre la situación social. En esa ocasión la posición del residente de obra fue la misma que antes; cuando se le informó acerca de los pobladores que no estaban de acuerdo, respondió: “Prácticamente se trata de un beneficio y no de una afectación, por eso queremos llegar a un acuerdo, pero en caso de que esto no se logre, el gobierno se decidirá por la expropiación” (^{Ávila Cervantes, 2016, pp. 189-196}).

En el transcurso de seis años la tónica de la participación política local fue transformándose hasta deshabilitar por completo la oposición. Asimismo, observamos la circulación difusa y contradictoria de la información y descubrimos las dificultades para concertar una acción política con intereses colectivos entre la población. Notamos también el surgimiento de liderazgos que reforzaron el sentimiento identitario y de defensa de la vida ligada al campo; éste es el caso de don Pablo de Jesús, habitante de la localidad Cerrito de Maravillas, quien se animó a pedir audiencia directa en el palacio de gobierno con el entonces gobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos. Algunos otros vecinos no dudaron y de la misma manera presentaron denuncias penales por allanamiento de morada y despojo, relativas a la colocación de estacas dentro y fuera de su propiedad, sin su consentimiento.

La empresa diseñó varias estrategias de cooptación y disuasión de los individuos opuestos al emprendimiento, como contratar “coyotes” y “paleros” para que desplegaran labores de convencimiento y de intimidación. En algunos casos, ellos mismos se presentaron como compradores de los predios, que en realidad pasaron al control de la constructora. Un hombre integrante del núcleo de resistencia que trabaja como mecánico de bicicletas en la ciudad de San Luis lo relata de la siguiente forma:

Según ellos, venían directamente de Comunicaciones y Transportes, y también intimidándonos, de forma de que, si no los dejábamos medir nuestro terreno, iban a traer a la policía y al ejército. Esto inició hace tres años. Y siguió la presión por parte de los que se decían ser de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y no eran más que trabajadores de la empresa META, entre ellos ingenieros y coyotes engaña pendejos, incluyendo mi propia comunidad. Lo digo con tristeza, que se convierte en amargura por la impotencia, por querer salvar a mi propia tierra, a mis propios hermanos de lucha, por salvarla de la invasión de los que llegaron como buitres carroñeros sobre lo que anhelábamos [^{Vázquez, 2015, pp. 245-246} ].

La oposición local al libramiento se debilitó paulatinamente: eran 120 en el año 2009 y luego se redujeron a 90 en 2010, puesto que muchos habían negociado directamente con la empresa. La fractura se hizo evidente cuando los asesores del Frente de Mexquitic en Defensa de la Tierra, una asociación surgida al calor del conflicto, terminó por favorecer los intereses de la empresa concesionaria al enfocarse en aglutinar y convencer a los críticos más radicales y a aquellos que se mostraron adversos al movimiento de resistencia.

Alertas pero desunidos, los inconformes quedaron reducidos a un pequeño núcleo de resistencia que se mantuvo en la lucha durante los momentos más dramáticos del conflicto, es decir, entre 2013 y 2015, justo durante la construcción y entrada en operación del proyecto carretero. Un agricultor integrante de este núcleo de resistencia nos cuenta:

Alguna vez nos dijeron que íbamos a la lucha contra un monstruo de muchas cabezas y así fue. El poder, el dinero, la avaricia, la injusticia. Está difícil. Aunque nos pusimos, según nosotros, muy fuertes, fuimos vencidos, ya que al pasar esta carretera nos damos cuenta de que en realidad ya sabemos quién manda. Y da rabia, da coraje porque nuestra gente nunca nos apoyó, nunca nos echó la mano, tal vez tuvieron razón o tal vez no, pero la fuerza nunca llegó [^{Romero, 2015, p. 184} ].

V. Discrepancias y mercado de tierras

La construcción del libramiento exhibió el complejo entramado de profundas divisiones que se formó entre los pobladores de Agua Señora y otras localidades de los alrededores a partir de que se iniciaron los trabajos de desalojo y desmonte para este proyecto carretero. Tanto en la comunidad como dentro de las familias, sucedieron discusiones y pleitos. El hijo de una familia de la localidad de Estanzuela, que vive en Estados Unidos, le reclamó a su papá por teléfono por haber vendido sus tierras a seis pesos el metro cuadrado: “¡Ahora pregúntales a cuánto te dejan el metro cuadrado y verás que te lo dan a más de 400 pesos!” (diario de campo de David Madrigal, mayo de 2013).¹⁵ En la familia de una de las integrantes del núcleo en resistencia, el pleito entre los que estaban a favor de vender y quienes querían defender su propiedad había llevado a que hermanos se dejaran de hablar, o bien, a disgustos entre padres e hijos porque estos últimos se juntaban con algún hijo, hija o familiar de alguna autoridad municipal, de cierta diputada o de determinado trabajador de la empresa que construía la carretera: “El hijo de la maestra se junta con los hijos de los ‘malosos’” (diario de campo de David Madrigal, septiembre de 2013).

En abril de 2015 ejidatarios y propietarios de Guadalupe Victoria, una comunidad vecina a Agua Señora, denunciaron un despojo de tierras en los límites con la comunidad de Escalerillas, y en su testimonio afirmaron que con el libramiento había quienes están especulando con el valor de los terrenos (^{Estrada, 2015}). Otras tierras en litigio en Suspiro Picacho, al parecer, vinculan a familias renombradas en San Luis Potosí, como los Torres Corzo (empresarios, dueños de concesionarias automotrices y constructores inmobiliarios), los Meade, Pizzuto, De la Maza y quienes se agrupan en la corporación “Mexicanos al 100”; se dice que estos últimos han promovido la compra y escrituración de 400 hectáreas.

María Félix García Pardo, una persona que podría ser prestanombres, litiga 1 933 hectáreas supuestamente de su propiedad, de las cuales 931 se encuentran dentro de las comunidades Paisanos, Maravillas, Colorada, Monte Oscuro, Salazares, Jesús García, María Cecilia y La Unión (^{Tristán, 2019}). Una vez aparecida la denuncia de este caso en la prensa, la diputada por Morena, Marité Hernández, presentó ante la LXIII Legislatura local un punto de acuerdo para llamar a comparecer al Secretario de Gobierno del Estado y a los/las titulares de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), del Instituto Registral y Catastral, y de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), para esclarecer las anomalías en el cambio de uso de suelo, la expedición de títulos de propiedad aparentemente de forma irregular, y por el hecho de haber dejado terrenos fuera de un decreto de creación del área natural protegida de la Sierra de San Miguelito, que podrían entonces prestarse para proyectos inmobiliarios (^{Potosí Noticias, 2019}).

El conflicto socioterritorial posterior al libramiento se ha manifestado de diversas formas y no sólo involucra intereses inmobiliarios disfrazados de supuestos propietarios particulares. Grupos de Antorcha Campesina, presuntuosamente amparados en el presidente municipal Rafael Pérez, afiliado al mismo, han promovido ocupaciones ilegales de predios, al parecer en donde se han detectado dificultades de los dueños para demostrar la propiedad con papeles, aun cuando los vecinos reconocen a los propietarios por derecho consuetudinario. Particularmente en Agua Señora, varias familias protestaron frente a la presidencia municipal de Mezquitic y, además de señalar al munícipe, acusaron a la directora de Catastro Municipal de querer despojarlos de 58 hectáreas (^{Vuelo Noticias, 2020a}; ^2020b).

Las relaciones correlativas entre el espacio rural y el espacio urbano, así como entre las distintas escalas de la producción del espacio, suelen ser conflictivas y complejas (^{Flores, 2015, p. 123}; ^{Cruz, 2002, p. 46}). No se trata simplemente de una condición dual del desarrollo que implique la urbanización como parte de la expansión del modelo industrial y sus requerimientos viales. El modo en que suelen ventilarse los conflictos por despojo territorial en las periferias hace evidente, como en Agua Señora, el carácter híbrido de las relaciones en los espacios rururbanos potencialmente valorizados en el propio proceso de expansión (^{Cruz, 2002}).¹⁶ De igual forma, en esta perspectiva local el conflicto relaciona a los agentes con su patrimonio, y la parte afectiva ayuda a entender una condición más amplia, regional, del propio conflicto (^{Ramírez-Velázquez, 2011, p. 559}).

En realidad, el conflicto forma parte de las nuevas determinaciones y organizaciones del espacio productivo que impone el modelo económico neoliberal, el cual afecta todos los ámbitos de la vida de las poblaciones rurales, sin que esto provoque un proceso de descampesinización, pero tampoco implica la urbanización total o el abandono de ciertas actividades, percepciones y estilos de vida vinculadas a la ruralidad. Las formas que asumió la defensa del territorio por parte de campesinos obreros comerciantes, es decir, sujetos en condición de rururbanidad, involucran el discurso del patrimonio, del legado agrario como herencia en donde se funda la identidad local (^{Garibay, 2010, p. 180}; ^{Lucio, 2019}, pp. 365-366). Pero en su desenlace adverso, muestra la fragmentación política de los inconformes (ejidatarios y propietarios privados), quienes en el momento más álgido del conflicto no logran siquiera elevar el monto de las indemnizaciones y se deciden por tratos individuales con la empresa.¹⁷

En el caso de la construcción de carreteras en México, la producción y fragmentación del espacio deriva en muchas ocasiones en distintas formas de conflictividad de acuerdo con los tipos de afectación que se presentan: 1) La conflictividad generada por las condiciones de la misma carretera, tales como inseguridad, congestión, falta de servicios básicos, o inconformidad con el estado general de la infraestructura. 2) La conflictividad que surge durante el proceso de construcción de la infraestructura vial y que está asociada directamente con la desregulación del sector de transportes y el aumento de la competencia en el mercado de trabajo. 3) Los daños que provoca la construcción de carreteras sobre los poblados y los caminos que atraviesa. 4) La combinación de tipos de afectaciones: la inconformidad por el monto o por la falta de retribución económica por la afectación de los terrenos que atraviesa la construcción de la carretera. 5) La oposición a los proyectos carreteros incluyendo en una sola coalición afectaciones de todos los grupos precedentes, e integrando las afectaciones de tipo ambiental. 6) Y un último tipo se presenta en una fluctuación entre el primero y segundo tipos, cuando se trata de afectaciones laborales o inconformidades relacionadas con el estado general de una carretera (^{Flores, 2015, pp. 137-141}).

El caso de Agua Señora puede ubicarse en el tipo de conflictividad, oposición y aceptabilidad en donde los daños abren nuevas arenas de disputas al estilo de los dramas sociales estudiados por Victor Turner (tipos 3, 4 y 5). Un drama en este sentido puede formar parte de un ramillete de dramas asociados, pero diferenciados de acuerdo con los contextos particulares y el tipo de afectaciones. No obstante, cabe destacar el tipo de conflictividad que se destapa en torno al mercado de tierras.

En general, es muy complejo el conjunto de razones por las que un grupo social puede oponerse o no a una infraestructura que, a priori, parecería acercar el desarrollo económico y cultural, o por lo menos podría argumentarse que es un medio para lograrlo. Los movimientos contra las infraestructuras adoptan con frecuencia un discurso indigenista -como en el caso del Huachichil-, o ambientalista, como el lenguaje de valoración utilizado por algunos de los integrantes del núcleo en resistencia a partir de la expropiación y el desmonte de los terrenos. Pero lo indígena y lo ambiental resultan insuficientes en sí mismos para contrarrestar la ideología del desarrollo que se encuentra representada en la infraestructura carretera (^{Flores, 2015, p. 134}). El alcalde de Mexquitic en el año 2013 traducía muy bien esto en una declaración que hace alusión a la forma en que la ideología del desarrollo justifica sus formas de despojo:

Lo que nosotros como autoridades hemos hecho es recomendarles tanto a ellos, los propietarios, como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que traten de llegar a un acuerdo, en el sentido de que se trate de mejorar el precio a esas personas que, realmente, toda su vida han vivido allí [...] Aquí desafortunadamente, en este tipo de proyectos, ya cuando sale un decreto, ya no se puede hacer gran cosa para desviarlos o respetar esas propiedades [diario de campo de David Madrigal, junio de 2013].

VI. Conclusiones

En este texto hemos propuesto un debate novedoso en el contexto de los estudios sobre la desruralización, nueva ruralidad o lo rural-urbano, al contemplar la construcción de los libramientos carreteros como particulares crisis socioterritoriales que se amplifican y repercuten a través del tiempo. A partir de un estudio de caso, el libramiento norponiente en San Luis Potosí, hemos presentado un análisis etnográfico de los efectos en la comunidad de Agua Señora, prestando atención a tres aspectos: 1) resistencia-cooptación; 2) nueva ruralidad; y 3) mercado de tierras. Nuestra etnografía contempló de manera central el periodo más álgido del conflicto; recurrimos a diferentes testimonios para entender la resistencia-oposición social a dicho proyecto como parte de la interfase que se desata justo en la emergencia de controversias y discrepancias del desarrollo rururbano.

El enfoque metodológico que seguimos nos permitió contemplar la movilización como la cauda rural que identifica a los pobladores como poseedores de un patrimonio que vale la pena defender, pero al mismo tiempo, como sujetos en un proceso de desagrarización que se caracteriza por una estrategia de sobrevivencia que no descansa únicamente en el trabajo del campo y que, por lo tanto, les impidió gestar una protesta unificada y, en el último de los casos, obtener el pago justo por las tierras afectadas.

El caso discutido exhibe la fase neoliberal de los macroproyectos de desarrollo: la población descubre que el Estado, las autoridades gubernamentales, operan para favorecer los intereses privados y que el margen que corresponde a la justicia se emplea para amagar y amenazar. Dicen los operadores e intermediarios contratados por la empresa constructora: “Acepten el pago, de otra forma el gobierno expropiará por causa de utilidad pública”, y en Agua Señora este argumento no fue confrontado, resultó fulminante y desmovilizador (^{Ávila Cervantes, 2016, pp. 189-196}).

Pero la utilidad pública en sí, como concepto jurídico, nunca ha sido sometida a revisión o crítica, y tal parece que su ejercicio, su simple invocación, resume los atributos de poder que emanan del Leviatán. Es curioso y merece la pena hacer notar la ausencia de estudios sociales sobre las afectaciones socioambientales de los libramientos como formas emblemáticas del crecimiento urbano y de su importancia en la constitución de las periferias. Su discusión tampoco la encontramos en exposiciones que pretenden avalar la lógica del automóvil, y por ello toda reflexión justificativa sobre el ahorro en los tiempos para transitar y cruzar una zona urbana parece sensata y coherente con las demandas de “los ciudadanos sobre ruedas”, a quienes la utilidad pública de los libramientos está dedicada. Los pobladores locales no se beneficiaron y los puentes de la supervía carretera que cruzan sus terrenos simplemente se han superpuesto como parte del paisaje cotidiano sobre lo “que antes era el canto de los pájaros y el silencio aromático del campo”.¹⁸ El beneficio incidental, o mejor, el efecto contraproducente, es la elevación del valor de la tierra; en este sentido, el libramiento debe contemplarse como una última fase en el proceso de expansión de la periferia urbana.

¿Qué se altera cuando la urbe engulle la periferia rural? Creemos que el análisis presentado nos habilita para sugerir algunas respuestas. El tramo norponiente culmina la última fase moderna de la planeación urbana en San Luis Potosí, gobernado por el modelo productivo neoliberal, que requiere la movilización más precisa de bienes, materias y servicios y que, al mismo tiempo, ha provocado la expansión de la urbe capital y una nueva organización del espacio mediante la localización estratégica de la mano de obra.

La comunidad de Agua Señora, como otras tantas localidades en la región norte de la principal urbe potosina, apenas comienza a vislumbrarse como nueva frontera territorial y de especulación inmobiliaria. Sin duda, el libramiento abrió el mercado de tierras, invisible o poco atractivo mientras no culmine la urbanización al oriente y sureste de la ciudad (aledaño a la zona industrial). No obstante, los anuncios de venta de terrenos a la entrada por la carretera a Zacatecas dan señales de un cambio interesante en la actitud de los propietarios campesinos-comerciantes proletarizados, que consideran que éste es un buen momento para obtener un beneficio del patrimonio inmobiliario. Al mismo tiempo, esta valorización de antiguos terrenos agrícolas al pie de la carretera y alejados del centro urbano de Agua Señora, ha propiciado la emergencia de nuevos intereses entre los propietarios, quienes han convocado a varias reuniones con el objetivo de solicitar, cooperar y, finalmente, introducir los servicios de electricidad para aumentar el valor de sus predios. Esta nueva valorización de los espacios rurales de la periferia urbana ha puesto en febril actividad a los intermediarios y coyotes al servicio de los corporativos que controlan el mercado de tierras para una desapropiación y despojo “legal”, aprovechándose de las lagunas y la falta de documentos que acrediten la propiedad sobre los predios en posesión y heredados por generaciones, pero no registrados públicamente. Como lo mencionamos, las tensiones entre las familias y dentro de éstas, han favorecido los enfrentamientos y las disputas, los cuales, en algunos casos, incluyen al lenguaje y práctica de la brujería para sacar del juego a los competidores.

El análisis de este conflicto, cuyo desenlace expone la fragmentación política y quizás la erosión de la ideología campesinista y de los proyectos colectivos, no puede, sin embargo, atribuirse simplemente a la acentuación de intereses individualistas ni a la penetración del capital que ya desde años previos había jugado una suerte de descampesinización. Aquí, nos parece, el entorno ecológico ambiental es fundamental. Agua Señora se localiza en un territorio semiárido, no cuenta con sistemas modernos de irrigación, y los sistemas hidráulicos tradicionales se encuentran cancelados por la falta de lluvias. A estas alturas nadie es ajeno al cambio climático: “A lo mejor porque nos portamos mal, pero sí puede ser, como dicen, el mentado cambio climático”.¹⁹ En estas condiciones, la agricultura de temporal prácticamente desapareció, los magueyales que antiguamente le daban fama como región pulquera casi se han extinguido. Razones todas ellas para que las actividades productivas primarias se reduzcan a pocas unidades familiares y toda la estrategia se oriente al trabajo asalariado y la migración. Lo anterior sería quizás tan sólo una hipótesis para explicar la debilidad del movimiento en contra del libramiento y la desesperación del Huachichil al ver tanta desunión entre sus paisanos.