Violencia y migración forzada a nivel global

Existen diversas causas por las que las personas migran dentro o fuera de sus países: desde causas sociales, económicas, laborales y familiares que incentivan a las personas a moverse (Acosta y Cruz, 2016; ^{Massey et al., 1993}), hasta conflictos, guerras, violencia generalizada, desarrollo de megaproyectos como presas, aeropuertos y minas, así como desastres por inundaciones, terremotos y sequías, entre otros fenómenos que pueden poner en peligro la vida de las personas, obligándolas a desplazarse de manera forzada (^{ONU, 1998}).

Los desplazamientos forzados, a diferencia de la migración que comúnmente se debe a determinantes laborales o familiares, responden a cambios de residencia obligada como resultado de uno o más factores estresantes. Según estimaciones de la ^{ACNUR (2018)}, entre 1996 y 2017 la población desplazada en el mundo pasó de 37.3 millones a 68.5 millones, es decir 83.6% más, mientras que, en el mismo periodo, según datos del ^{Banco Mundial (2018)} la población tuvo un crecimiento de 29.9%, al pasar de 5.8 mil millones a 7.5 mil millones de personas. Este incremento de los desplazamientos forzados se explica en su mayoría por las situaciones de violencia generalizada en diversos países y regiones de Asia, África y América Latina.

Del total de desplazados forzados hasta 2017, cerca de 40 millones no habían cruzado una frontera internacional, por lo que se les considera personas internamente desplazadas (PID); mientras que 28.5 millones sí cruzaron una frontera internacional, considerándoseles refugiados o solicitantes de asilo en los países de destino. Dentro de los países expulsores con más personas refugiadas se encuentran: Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia, cuyos conflictos, crisis y guerras han provocado la salida de más de 13 millones de personas. En tanto que los países con mayor número de desplazamientos internos fueron: Colombia, Siria, República del Congo, Irak, Somalia, Yemen, Sudán, Sudán del Sur, Afganistán y Ucrania, con más de 35 millones de personas que se desplazaron en gran parte por los mismos motivos que los refugiados (^{ACNUR, 2018}).

Incremento de la violencia y de los desplazamientos forzados en México

Pese a que los niveles de desplazamiento interno forzado en México no se comparan con los de países como Colombia o Siria, este fenómeno se ha dado en el país desde las décadas de los setenta y ochenta, resultado de conflictos comunales, territoriales y religiosos que provocaron el desplazamiento de cientos y miles de personas en entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Nayarit (^{CNDH, 2016}). Sin embargo, su principal crecimiento se dio a partir de la década de los noventa en el estado de Chiapas, a consecuencia de los enfrentamientos entre grupos militares e integrantes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que provocaron la migración interna municipal de hasta 30 mil personas entre 1994 y 2011 (^{CMDPDH, 2014}).

A inicios del siglo XXI las condiciones de seguridad y de violencia en México cambiaron particularmente en algunas regiones del norte y occidente como resultado de la estrategia de seguridad implementada por el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006, la cual consistió a grandes rasgos en el confrontamiento directo de las fuerzas armadas -el Ejército, la Marina y la Policía Federal- contra los grupos del crimen organizado, en especial contra algunos de los principales carteles de drogas en México al declararles la guerra y establecer como prioridad el abatimiento de sus líderes (^{CMDPDH, 2014}; ^{Martínez, 2016}).

Esto trajo como resultado el aumento de la violencia en diversas regiones del país, ante la captura o muerte de algunos de los principales líderes del narcotráfico y la posterior división y enfrentamiento entre las organizaciones criminales por la producción, distribución y venta de drogas en México y en Estados Unidos (^{IDMC, 2018}). Además, algunos de estos grupos diversificaron sus fuentes de ingresos al cometer otros delitos como secuestros, extorsiones, trata de personas y robos, lo que provocó el aumento de la violencia y de su percepción en diversas regiones del país, en especial en la región norte y en Guerrero, Michoacán y Jalisco (^{CNDH, 2016}; ^{Vélez et al., 2015}).

El aumento y concentración de la violencia e inseguridad en algunas zonas del país provocaron varios problemas: el incremento de los costos directos e indirectos de la delincuencia (^{Vélez et al., 2015}), la disminución de la esperanza de vida (^{Aburto et al., 2016}) y el desplazamiento forzado de personas dentro y fuera de México (^{Gutiérrez y Rivero, 2012}; ^{Ramírez y Meza, 2012}). En este sentido, trabajos como el de ^{Acosta y Cruz (2015)} han encontrado que las condiciones actuales de la calidad de vida de las personas han tenido un impacto significativo sobre los movimientos poblacionales recientes en el interior de algunas entidades mexicanas: la violencia y la marginación para el periodo 2005-2010 tuvieron efectos significativos en estados como Chihuahua y Durango, que sufrieron graves problemas de seguridad.

Persecuciones directas versus desplazamientos indirectos o de contexto

La violencia puede tener tanto efectos directos como indirectos en el bienestar social y económico de las personas. Por un lado, los actores que generan violencia pueden ejercerla directamente sobre las personas a través de amenazas, extorsiones, secuestros, robos, lesiones e inclusive llegar al homicidio de algún conocido o miembro del hogar, lo que los obliga a salir de forma forzada y reactiva de sus comunidades de origen como estrategia para salvaguardar sus vidas (^{Ibáñez y Vélez, 2008}; ^{CMDPH, 2019}).

Sin embargo, los mismos actores generadores de violencia pueden llegar a repercutir en el contexto social y económico de terceros, al representar un factor estresante para el desarrollo social y económico de las personas que viven con el temor de ser víctimas de estos actores, particularmente en contextos prolongados de violencia generalizada y de diversos tipos de conflictos y guerras. A la larga esto puede motivar a las personas a abandonar sus lugares de origen, pese a no haber sido víctimas directas de la violencia (^{Bariagaber, 1997}; ^{Morrison, 1993}).

Lo anterior se complementa con investigaciones como la de ^{Morrison (1993)} en Guatemala, ^{Alvarado y Massey (2010)} en Norte y Centroamérica, y ^{Ramírez y Meza (2012)} en México, que concuerdan en que los desplazamientos forzados no se dan hasta que el nivel de violencia en una región es tal, que impide el pleno desarrollo económico y social de las personas, forzándolas a migrar a otros lugares dentro y fuera de sus países. Antes de este nivel, los altos costos sociales y económicos del desplazamiento superan a los costos de permanecer en los lugares de origen.

No obstante, la mayor parte de las investigaciones y encuestas tratan de medir los efectos directos de la violencia sobre la migración interna e internacional, sin tomar en cuenta que la violencia puede provocar cambios económicos y sociales que motivan a las personas a moverse de sus lugares de origen. Al respecto, ^{Bariagaber (1997)}, en una investigación sobre migración y violencia en Etiopía, menciona que la violencia puede provocar tanto desplazamientos directos como indirectos, resultado de la reducción o pérdida económica de las fuentes de ingresos de las personas o de sus medios de producción, lo que a largo plazo puede llevarlas a migrar sin que éstas fueran necesariamente amenazadas o violentadas.

En este sentido, ^{Gutiérrez y Rivero (2012)} buscan estimar los efectos tanto directos como indirectos de la violencia en México sobre la migración interna de los municipios más violentos de doce entidades del país para el periodo 2005-2010, en donde una vez controlando diversos factores asociados con la violencia, y mediante la creación de escenarios contrafactuales, estiman la emigración interna que estos municipios hubieran tenido de no haber experimentado altos niveles de violencia, llegando a la conclusión que en promedio su emigración, de haber tenido bajas tasas de violencia, hubiera sido 4.5 veces menor a lo observado.

Sin embargo, las autoras dejan fuera del análisis a otros municipios con altos niveles de violencia en México, además de sólo limitarse a 2005-2010, dejando fuera los periodos previo y posterior a la puesta en marcha de la estrategia de seguridad de 2007, que pudieron haber incrementado los efectos como resultado del aumento de los homicidios y de otros delitos relacionados con el crimen organizado.

Migración a Estados Unidos

Los incrementos de la violencia en algunas regiones de México, particularmente en la frontera norte del país, han provocado desplazamientos a Estados Unidos, cuya política migratoria en años recientes ha dificultado el acceso al estatus de refugiado, por lo que algunos mexicanos han buscado otras formas de poder ingresar, ya sea de manera documentada (visas de turista, negocios e inversiones) o indocumentada, dependiendo de sus recursos económicos y de las redes migratorias con las que cuentan, como lo han estudiado ^{Durin (2012)} y ^{Morales et al. (2013)}.

^{Ramírez y Meza (2012)} miden el efecto de la violencia sobre la migración mexicana hacia Estados Unidos para el periodo 2005-2010; encuentran que el aumento de la violencia en algunos municipios mexicanos ha provocado el incremento de la migración internacional hacia ese país. No obstante, observan que esta relación no es lineal sino en forma de U invertida, pues no es hasta que se supera un determinado umbral de violencia cuando ésta muestra un efecto significativo sobre el incremento de la migración internacional en los municipios de México.

Para el caso particular de las ciudades en la frontera norte de México, ^{Ríos (2014)} encuentra que sus patrones de migración internacional a Estados Unidos responden principalmente a problemas de seguridad, violencia y temor a los grupos criminales, particularmente después de 2008, estimando que alrededor de 265 mil mexicanos en estas ciudades habían migrado por temor a las organizaciones criminales durante el periodo 2006 a 2010.

Datos

Esta investigación usa los microdatos de los Censos de Población y Vivienda (CPV) de 2000 y 2010 y de la Encuesta Intercensal (EI) 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dado que cuentan con un nivel de desagregación a nivel municipal de las características socioeconómicas, demográficas y migratorias del total de municipios en México.¹ Para poder llevar a cabo el análisis, se usan los datos ponderados a nivel municipal durante los tres periodos obtenidos: 1995-2000, 2005-2010 y 2010-2015. Además, estos datos se complementan con otras características socioeconómicas y demográficas de los municipios relacionados con los determinantes de la migración interna y de la violencia en México propuestos por ^{Acosta y Cruz (2015)}, ^{Gutiérrez y Rivero (2012)} y ^{Enamorado, López-Calva y Rodríguez Castelán (2014)}, que fueron obtenidos a partir de bases de datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de los registros administrativos del INEGI, y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) (véase el resumen de variables en el Cuadro 1).

Variables e indicadores

Esta investigación se centra en conocer los cambios en los niveles de emigración interna de los municipios de México, para lo cual se hace uso de las tasas de emigración interna municipal por años-persona construidas a partir de la pregunta de lugar de residencia (municipio) cinco años atrás, y de la población municipal contenida en los CPV 2000 y 2010, el conteo de población 2005 y de la EI 2015, en donde los años-persona de cada municipio se calculan a partir de:

AP _(t1,t2) son los años-persona del municipio i entre t1 y t2

N _(t2) es la población total del municipio i en el tiempo t2

N _(t1) es la población total del municipio i en el tiempo t1

T es el periodo de cinco años.

Y la tasa de emigración interna municipal en años-persona se calcula como:

donde:

TEIm _i es la tasa de emigración interna del municipio i en años persona

EMI _i es el total de emigrantes internos del municipio i en el periodo

AP son los años-persona del municipio i entre t1 y t2.

Respecto a la variable causal o de tratamiento de los municipios, ésta se construye a partir de la selección del 20% de los municipios con mayores niveles de violencia en México,² la cual se calcula a partir de las tasas de homicidios municipales por cada mil habitantes en periodos de cinco años a partir de los registros administrativos del ^{INEGI (2019)}. Esta variable ha sido utilizada en otros estudios que relacionan a la migración con la violencia e inseguridad (^{Alvarado y Massey, 2010}; ^{Ramírez y Meza, 2012}; ^{Gutiérrez y Rivero, 2012}; ^{CMDPDH, 2019}), dado el menor subregistro en comparación con otros delitos y por el impacto que tiene sobre la percepción de seguridad de las personas que habitan una comunidad o región.³

El resto de las características o variables de control que pueden llegar a estar asociadas con la violencia y la emigración interna en los municipios de México durante los tres periodos de análisis se dividen en tres dimensiones: social, demográfica y económica. Se sigue lo utilizado en las investigaciones de ^{Acosta y Cruz (2015)}, ^{Gutiérrez y Rivero (2012)} y ^{Enamorado, López-Calva y Rodríguez-Castelán (2014)}, las cuales hacen uso de los CPV 2000 y 2010, de la EI 2015 y de otras bases de datos de Conapo, Coneval e INEGI. En el Cuadro 1 se muestra cada una de éstas, su definición, operacionalización, fuente de datos y disponibilidad en el tiempo.

Además de estas variables, dado el interés de este trabajo por analizar la violencia ejercida por los grupos criminales y en particular de los grupos del narcotráfico en México, se hace uso de la base de datos del Programa de Política de Drogas (PPD) del CIDE, particularmente del registro de ejecuciones durante la denominada “guerra contra las drogas” para el periodo diciembre de 2006 a noviembre de 2011 y del registro de narcomensajes dejados en las ejecuciones durante este periodo.⁴

Método

Después de un análisis descriptivo de la evolución geográfica de la violencia y la emigración interna municipal en el periodo de estudio, y de las características sociodemográficas de los municipios con altos niveles de violencia, esta investigación procede a crear un escenario contrafactual para los municipios más violentos de México, lo cual ayuda a cuantificar los efectos de la violencia sobre las tasas de emigración interna municipal a través de la técnica de Propensity Score Matching y de distintos métodos de emparejamiento de los municipios.

Este tipo de técnicas cuasi experimentales surge del problema de los trabajos observacionales para poder tener dos grupos seleccionados de manera aleatoria, en donde a uno se le da un tratamiento y al otro no, por lo que pueden llegarse a generar resultados sesgados acerca de los efectos del tratamiento dada la existencia de factores de confusión que estén ligados a que un individuo reciba o no el tratamiento (^{Esquivel y Huerta-Pineda, 2007}).

Esencialmente, esta metodología parte de suponer a los municipios del país con los mayores niveles de violencia como municipios con “tratamiento”, para posteriormente compararlos con otros municipios de iguales características, pero con niveles menores de violencia o “sin tratamiento”. No obstante, dada la dificultad de poder hallar a municipios tratados y no tratados con iguales características socioeconómicas y demográficas observadas, es que se hace uso de la técnica de Propensity Score Matching para generar un índice de propensión que permita emparejar a municipios tratados y no tratados con características similares, en donde sólo varíe su nivel de violencia observado.

La técnica de Propensity Score Matching resume las características socioeconómicas y demográficas de los municipios en un índice que permite comparar a municipios tratados y no tratados con similares características para así obtener el efecto promedio del tratamiento; en donde el Propensity Score se define como la probabilidad condicional de que un municipio pertenezca al grupo de tratamiento (^{Esquivel y Huerta, 2007}; ^{Rosenbaum y Rubin, 1983}), en este caso al 20% de los municipios más violentos del país, dado un conjunto de variables observadas X:

donde:

p (X) = F (h (X ))

F (.) es la distribución logística acumulada

T = 1 si el municipio recibió tratamiento y 0 si no lo recibió

X es el vector de características socioeconómicas y demográficas antes del tratamiento.

Posteriormente, una vez computada la puntuación de la propensión, el efecto promedio de los municipios tratados (ATE) puede ser estimado según ^{Baum (2013)} como:

donde:

Y(1) es el resultado posible si el municipio recibió tratamiento

Y(0) es el resultado posible si el municipio no recibió tratamiento.

Mientras que el efecto promedio del tratamiento entre los tratados se calcula como:

Una vez que se tienen los índices de propensión, el emparejamiento de municipios tratados (violentos) con municipios no tratados (no violentos), pero con similares características observables, se puede realizar mediante diversos métodos de coincidencia, entre los que se encuentran el de vecino más cercano, radio y Kernel.

El método del vecino más cercano consiste esencialmente en evaluar las diferencias absolutas entre los puntajes de propensión y emparejar a los municipios con puntuaciones de propensión lo más cercanas posibles, para lo cual se toman k vecinos para cada uno de los municipios tratados, en este caso dos vecinos, y se excluye al resto de los municipios no tratados y no emparejados (^{Baum, 2013}). Por tanto, en este método cada municipio tratado tiene a dos municipios no tratados lo más cercano posible a su índice de propensión.

Una variante a este método es el método del radio, que consiste en definir un vecindario dentro del cual los municipios de control puedan considerarse como vecinos para el emparejamiento con los municipios tratados, en donde es necesario considerar el tamaño del radio (0.01 en este caso) ya que si éste es muy pequeño, pueden quedar fuera municipios con tratamiento; mientras que si es muy grande, se incluye a todos los municipios tratados, pero pueden ser mayores los rangos de sobreestimación de los parámetros (^{Esquivel y Huerta, 2007}).

Finalmente, en el método de Kernel todos los municipios tratados se comparan con un promedio ponderado de todos los municipios de control no tratados; para ello se utiliza una ponderación inversamente proporcional a la distancia entre las puntuaciones de propensión de los municipios tratados y los de control (^{Esquivel y Huerta, 2007}).⁵

Este trabajo hace un emparejamiento con reemplazo para el método del vecino más cercano; es decir, un municipio no tratado puede ser emparejado con uno o más municipios tratados, lo que reduce los problemas de pruning o de descarte de municipios no violentos para el emparejamiento, pero que a su vez se traduce en un incremento de overlapping o traslape de casos. No obstante, en las pruebas estadísticas se muestra que el uso de reemplazo mejora significativamente el emparejamiento de los municipios, lo que resulta en estimadores más confiables del efecto promedio de la violencia sobre la emigración interna municipal.

Por otro lado, una de las limitaciones de este tipo de técnicas es el uso de una variable binaria (dummy) para medir el efecto de la violencia, lo que provoca la pérdida de detalle de los niveles de violencia experimentados por los municipios al sólo dividirlos por alta y baja violencia. Por lo anterior, se opta por analizar sólo al 20% de los municipios con mayores tasas de homicidios en cada periodo, ya que, como lo demuestran trabajos previos, no es hasta que se rebasa un umbral de violencia cuando ésta tiene un efecto sobre las tasas de emigración interna, por lo que partimos del supuesto de que al seleccionar al 20% de los municipios más violentos de México, todos éstos han superado el umbral de violencia. No obstante, en el desarrollo del trabajo también se hicieron pruebas con el 10 y el 25% de los municipios más violentos del país.

Una vez obtenido el grupo de municipios de contraste o el llamado escenario contrafactual de bajas tasas de violencia, se procede a comparar las tasas de emigración interna municipal de los municipios tratados con las tasas de emigración de los municipios emparejados, en donde la diferencia de tasas entre ambos grupos serán los efectos promedio del tratamiento sobre las tasas de emigración interna municipales para los municipios más violentos de México. El supuesto fundamental de esta metodología radica en asumir que el nivel de violencia de los municipios no es aleatorio y depende en última instancia de variables socioeconómicas y demográficas observables. Además de que la eficacia de esta técnica estará condicionada porque el grupo de tratamiento tenga observaciones de comparación cercanas o similares respecto a su puntaje de propensión.

Por otro lado, debido a los problemas que podría ocasionar el tamaño de los municipios y de sus respectivas tasas de homicidios en el análisis, este trabajo optó en principio por utilizar las tasas de homicidios de cada periodo, es decir el acumulado de cinco años con el propósito de reducir las variaciones ocasionadas por el tamaño de los municipios. Además, se hicieron pruebas de modelos descartando a los municipios con las menores poblaciones de la nación. No obstante, los resultados de estas pruebas no mostraron diferencias significativas con los modelos completos, por lo que se prefirió tomar al total de municipios del país.

Panorama geográfico de la violencia y la emigración

En los mapas siguientes (Mapa 1) se muestran las tasas de homicidios por cada mil habitantes a nivel municipal por quinquenios, con el propósito de identificar las regiones y los municipios del país con mayores niveles de violencia y su evolución en las últimas dos décadas. Para el periodo 1995-1999 se observa que la violencia en México se concentraba en municipios de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, además de diversos municipios vecinos entre Sinaloa, Chihuahua y Durango en el denominado triángulo dorado, donde históricamente se han cultivado grandes cantidades de mariguana y amapola. Posteriormente, para el periodo 2000-2004 se observa un descenso en las tasas de homicidios de algunos de los municipios de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, aunque sigue persistiendo la violencia en municipios del triángulo dorado, sobre todo en algunas regiones de Sinaloa y Chihuahua.

Fuente: Elaboración propia con datos de los registros administrativos del ^{INEGI (2019)} y el software QGIS V 2.18.

Mapa 1 Tasas de homicidios municipales por cada mil habitantes, 1995-2014  

Para el periodo 2005-2009, en el que se da el inicio de la denominada guerra contra el narcotráfico, hay un incremento de la violencia hacia diversos municipios del noroeste del país en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Sonora y Baja California. Además, aumentó la violencia en municipios de Guerrero y Michoacán como resultado de los operativos de las fuerzas armadas para abatir a los líderes de organizaciones criminales en estas entidades, lo que provocó la división de los grupos criminales y su enfrentamiento por el control de los territorios (^{CMDPDH, 2014}).

Finalmente, en el periodo 2010-2014 se da un incremento y expansión de las tasas de homicidios en diversas regiones del país, y se propaga la violencia hacia otros municipios de Chihuahua, Sinaloa, Durango y Sonora, con una concentración de altas tasas en municipios cercanos al triángulo dorado y en algunos de los municipios frontera con Estados Unidos, que es explicada en mayor parte por los enfrentamientos de los grupos criminales en busca del control de la producción y el trasiego de drogas hacia ese país (^{IDMC, 2018}). En Guerrero y Michoacán se extiende la violencia hacia otros municipios y hacia otras entidades como Colima y Jalisco; es en este periodo cuando surgen diversos grupos de autodefensas comunitarias ante la creciente violencia en sus comunidades y la incapacidad de las autoridades para brindarles seguridad (^{Cherem, 2016}).

Además, en este último periodo de análisis es donde se consolida y propaga una nueva zona con altos niveles de violencia al noreste del país, constituida por diversos municipios de Tamaulipas y Nuevo León, que si bien ya mostraba algunos brotes de violencia desde quinquenios anteriores en algunos de sus municipios fronterizos, no fue hasta el periodo 2010-2014 cuando la violencia alcanzó niveles iguales o superiores a los registrados en la zona noroeste y cuyas causas principales responden a problemas similares, como son los enfrentamientos armados entre grupos criminales por el control del territorio y de las rutas de trasiego de drogas hacia Estados Unidos (^{Zárate y López, 2016}).

Para poder describir los cambios en la migración interna en México durante el periodo 1995-2015 usamos tasas de emigración interna municipales en años-persona. La disponibilidad de información permite generar mapas para tres quinquenios, en donde se puede observar un panorama general de las regiones del país con mayores niveles de emigración interna y sus cambios en las últimas dos décadas (Mapa 2). En el periodo 1995-2000 se observa que las mayores tasas de emigración interna municipal se localizan en el norte del país en municipios de Sinaloa, Sonora, Durango, Coahuila y Zacatecas; mientras que en la región del Pacífico se encuentran municipios de Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Para el centro del país se da una enorme concentración de altas tasas en las alcaldías de la Ciudad de México, y en el sur de la nación hay altos niveles de emigración en municipios de Veracruz, Tabasco y Chiapas. La mayor parte de estos movimientos responden al cambio del modelo económico del país y a los procesos de urbanización y metropolización que se han dado en los últimos años, al ser mayoritariamente una migración urbana-urbana que se da de ciudades de gran tamaño a ciudades de mediano tamaño (^{Sobrino, 2010}).

Fuente: Elaboración propia con datos de los CPV 2000 y 2010, la EI 2015 y el software QGIS V 2.18.

Mapa 2 Tasas de emigración interna municipal por cada mil habitantes, 1995-2015 

Para el quinquenio 2005-2010 se observan reducciones en la región centro y sur del país, mientras que en la zona norte de México y en municipios de las costas de Colima, Jalisco y Michoacán se da una persistencia de altas tasas en algunos de sus municipios. Además, hay una propagación hacia municipios al norte de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, en este periodo también se ven altas tasas de emigración en algunos municipios de Campeche y en algunas de las alcaldías de la Ciudad de México. Así, la emigración sigue respondiendo a los factores anteriores, como son los procesos de metropolización y urbanización del país, pero también puede llegar a estar relacionada con la crisis financiera y económica de 2008-2009, cuyos problemas se agudizaron en las ciudades fronterizas del país ligadas a la industria maquiladora de exportación, y con la estrategia de seguridad implementada en 2007 que trajo consigo problemas de seguridad y de violencia que repercutieron en distintos municipios del norte de la nación y de Guerrero y Michoacán (^{IDMC, 2018}).

Finalmente, en el periodo 2010-2015, pese al descenso general de la emigración interna municipal en la mayoría de los municipios del país, se dio un incremento y cambios en las tasas de emigración en diversos municipios de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, con un ascenso particular en municipios del triángulo dorado o cercanos a éste. También hubo una concentración e incremento de las tasas en algunos de los municipios de Jalisco y Guerrero, que si bien no pueden explicarse en su totalidad por las secuelas de la crisis financiera de 2008-2009 y del aumento de la violencia a partir de la guerra contra el narcotráfico, pueden explicar en parte el incremento de la emigración en algunos de estos municipios.

Características socioeconómicas y demográficas de los municipios con mayores niveles de violencia en México, 1995-2015

A partir de las tasas de homicidios municipales por quinquenios, se seleccionó al 20% de los municipios con mayores tasas de homicidios (quintil V) para cada uno de los periodos analizados. Así, se seleccionaron 484 municipios en el periodo 1995-2000, 487 municipios en el periodo 2005-2010, y 491 municipios en el periodo 2010-2015. En principio se procede a comparar las características socioeconómicas y demográficas de este grupo de municipios respecto al resto de los municipios del país (quintiles I al IV), así como los cambios en su composición y en las características socioeconómicas y demográficas.

Como se puede ver en el Cuadro 2, el 20% de los municipios con mayores niveles de violencia en el periodo 1995-2000 muestran un promedio de tasa de emigración de 51.78 emigrantes por cada mil habitantes, un nivel 7.70% mayor al registrado por el resto de los municipios del país. El 37.7% de los municipios del quintil V tuvieron una población de 15 mil o más habitantes en 1995, mientras que para el resto de los municipios el porcentaje fue de 42.2%. Respecto al grado de marginación, los municipios con mayores niveles de violencia tuvieron en promedio niveles altos, mientras que el resto mostraron niveles medios de marginación.

Para el periodo 2005-2010, el 20% de los municipios con los mayores niveles de violencia en México reportaron en promedio una tasa de emigración interna de 49.96 emigrantes por cada mil habitantes, mientras que el 80% restante de los municipios mostraron una tasa promedio 13.1% menor. La presión demográfica fue 5.3% mayor en los municipios más violentos, comparado con el resto del país. Respecto a la mediana del salario, en los municipios del quintil V ésta fue en promedio 11.1% mayor que en el resto de los quintiles. Además, los municipios con alta violencia mostraron niveles altos de marginación, menores porcentajes de población nacida fuera de estos municipios, y un mayor índice absoluto de intensidad migratoria (IAIM) hacia Estados Unidos.

Finalmente, para el periodo 2010-2015 se observa que las tasas de emigración interna del quintil V fueron en promedio 32.3% mayores a las del resto de los municipios; se siguió observando más presión demográfica en los municipios de menor violencia, y siguen persistiendo los mejores salarios en los municipios de mayor violencia. Además, el porcentaje de desocupación y el índice de Gini muestran mayores niveles para los municipios con mayor violencia. Por último, el promedio en el índice de intensidad migratoria a Estados Unidos y del porcentaje de población nacida en otro lugar dentro de México como proxys de las redes migratorias internas e internacionales, son mayores para los municipios con altas tasas de violencia. El Cuadro 2 nos permite identificar algunas de las diferencias observables de los municipios con alta violencia respecto a sus contrapartes de menores tasas de homicidios para cada uno de los tres periodos analizados, concluyendo que en los periodos 2005-2010 y 2010-2015 los municipios de mayor violencia tienden a mostrar mayores tasas de emigración interna, mayor presión demográfica, menor porcentaje de municipios urbanos, mayor nivel de ingresos, mayor porcentaje de desocupación, mayor desigualdad, niveles medios y altos de marginación, y mayor índice de intensidad migratoria a Estados Unidos. No obstante, dado el sesgo de selección en los grupos analizados, no es posible concluir que los efectos promedio de la violencia sobre la tasa de emigración interna sean la diferencia entre estos dos grupos, dado que quedan fuera otros factores que pueden llegar a afectar el que un municipio tenga o no altas tasas de violencia.

Ubicación de los municipios con muy alta violencia en México para los tres periodos de análisis

Como se mencionó en el apartado anterior, la selección de los municipios de tratamiento, es decir, de los municipios con mayores niveles de violencia en México, se hizo a partir del 20% de los municipios del país con las mayores tasas de homicidios por quinquenio, lo que arroja un grupo de tratamiento en el periodo 1995-1999 de 484 casos, de 487 para 2005-2009, y de 491 municipios para 2010-2014. Más adelante se muestran los mapas en donde se ubican tanto los municipios tratados como los no tratados para cada periodo, con el objetivo de identificar su distribución y concentración a lo largo y ancho del territorio nacional.

Para el periodo 1995-2000 las entidades con mayores porcentajes de municipios seleccionados respecto al total de sus municipios fueron: Guerrero (72.4%), Baja California (60.0%), Sinaloa (55.6%), Chihuahua (37.3%), Morelos (36.4%), Oaxaca (35.8%),Durango (30.8%), Michoacán (28.3%) y Estado de México (26.2%). Estas nueve entidades concentraron al 79.4% del total de municipios seleccionados, es decir, con las mayores tasas de violencia durante este quinquenio.

Posteriormente, en el periodo 2005-2010 hubo una concentración de la violencia y de los municipios seleccionados en las siguientes entidades: Sinaloa (83.3% del total de sus municipios), Chihuahua (79.1%), Durango (71.8%), Guerrero (67.9%), Baja California (60.0%), Michoacán (41.6%), Sonora (38.9%) y Oaxaca (27.19%). Ello provocó que estas ocho entidades contuvieran al 78.4% de los municipios con tratamiento en este periodo.

Nuevamente, en el periodo 2010-2015 hubo un crecimiento de las tasas de homicidios y su concentración en algunas regiones y entidades del país, provocando que los mayores porcentajes de municipios seleccionados respecto al total de sus municipios se dieran en: Chihuahua (91.0%), Sinaloa (88.9%), Guerrero (67.9%), Durango (64.1%), Nuevo León (62.8%), Tamaulipas (53.5%), Sonora (47.2%), Nayarit (45.0%), Baja California (40.0%), Colima (40.0%), Morelos (33.3%) y Michoacán (27.4%), que en conjunto sumaron el 61.7% de los municipios con mayor violencia.

Fuente: Elaboración propia con datos de los registros del INEGI, los CPV 2000 y 2010, la EI 2015 y el software QGIS V 2.18.

Mapa 3 Municipios seleccionados para tratamiento a partir de sus tasas de homicidios por cada mil habitantes, 1995-2000, 2005-2010 y 2010-2015 

Al comparar los municipios con tratamiento en los diferentes quinquenios, sobresalen los casos de Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Colima, Durango, Sinaloa y Sonora, que mostraron importantes crecimientos en su porcentaje de municipios seleccionados a lo largo de los tres periodos, y por ende del incremento de la violencia dentro de sus territorios, llegando a seleccionar a por lo menos el 40% de sus municipios durante el último periodo de análisis.

Efectos de la violencia sobre las tasas de emigración interna municipal para los municipios más violentos de México

Una vez controladas las características socioeconómicas y demográficas, y después del emparejamiento de los municipios con altas tasas de violencia con otros con características similares pero que no muestran altas tasas de violencia, se procede a comparar las tasas de emigración interna municipales de los municipios con tratamiento (violentos) con las tasas de emigración interna de los municipios emparejados (con menor violencia). El Cuadro 4 muestra las diferencias de tasas sin el emparejamiento por puntuación y la diferencia de tasas una vez emparejados los municipios mediante los tres métodos de emparejamiento utilizados.

El resultado es que para el periodo 1995-2000 los efectos promedio de la violencia sobre las tasas de emigración interna del 20% de los municipios con mayores tasas de homicidios fueron de entre 1.06 y 1.41 unidades, por encima de los 0.41 que se obtenían de sólo comparar las tasas promedio de ambos grupos sin tomar en cuenta las demás variables relacionadas con los niveles de violencia municipal. Estas diferencias obtenidas implican que, en promedio, entre el 10.4 y el 13.9% de la emigración interna municipal en estos municipios fue explicada por sus altos niveles de violencia.

Por otro lado, para el periodo 2005-2010 inicialmente la comparación de las tasas entre los municipios con alta violencia y el resto de los municipios arrojaron una diferencia de tasas de 1.08 unidades. Sin embargo, una vez controladas las variables socioeconómicas y demográficas de los municipios asociadas a sus altos niveles de violencia, se puede observar que la diferencia de tasas fue de entre 1.53 y 1.57 unidades, lo que quiere decir que en promedio entre el 16.9 y el 17.3% de la emigración interna en estos municipios fue explicada como consecuencia de sus altos niveles de violencia.

Para el periodo 2010-2015, cuando se registraron las mayores tasas de violencia municipal, se tiene que los efectos promedios de la violencia sobre las tasas de emigración interna de los municipios con tratamiento fueron de entre 1.80 y 2.02 unidades, cifra menor a las 2.37 unidades obtenidas de comparar las tasas de emigración de los municipios más violentos con el resto de los municipios del país; estimando que, una vez controlando los factores socioeconómicos y demográficos asociados, el resultado es que la violencia explicó entre el 18.8 y el 20.8% del total de la emigración interna en los municipios más violentos de México de 2010 a 2015.

En tanto que para el modelo 2 del periodo 2010-2015 se tiene que los efectos promedios de la violencia sobre las tasas de emigración interna en los municipios tratados, una vez incluida la variable referente a los enfrentamientos criminales dentro de las características observadas de los municipios, fueron de entre 1.96 y 2.09 unidades, lo que explica entre el 20.2 y el 21.8% del total de la emigración interna de los municipios más violentos de México para el periodo 2010 a 2015.

Estos resultados del análisis contrafactual muestran que la violencia, y en específico los homicidios, han tenido un impacto importante sobre la emigración interna de los municipios con mayor violencia en el país en las últimas dos décadas. Tal efecto es mayor a lo estimado por algunas organizaciones y encuestas que sólo hacen referencia a las víctimas directas de la violencia que fueron desplazadas de manera forzada como resultado de algún acto violento o de una amenaza directa en contra de ellos o de alguno de los miembros de su familia, dejando fuera a todas las personas que, ante contextos prolongados de violencia generalizada, vieron reducir su bienestar social y económico, lo que a largo plazo los motivó a dejar sus lugares de origen, sin que fueran necesariamente amenazados o violentados.