El tema de la vivienda ha despertado una gran variedad de discusiones sobre sus problemas más acuciantes (tales como el déficit, el acceso, los materiales de construcción, la localización, el hacinamiento, entre otros) y las acciones para atender dichas problemáticas. En esta última esfera, se han desarrollado diversos análisis sobre las políticas públicas, cuyo éxito o fracaso se mide en función de su incidencia en el problema. El déficit habitacional y el acceso a una vivienda son dos de los principales problemas discutidos, para los cuales se han desarrollado políticas que ponen el acento en la necesidad de incentivar la construcción de vivienda, así como en generar políticas de subsidios y créditos a la oferta y demanda.

En diversos países de América Latina se han implementado políticas para atender el déficit y el acceso a la vivienda a partir de la subsidiaridad estatal, incentivando su producción masiva en la periferia urbana (^{Gilbert, 2004}; ^{Held, 2000}; ^{Imilan, 2014}; ^{Sugranyes, 2011}), lo cual, lejos de resolver esta problemática, ha redundado en diversos problemas, que ya han sido abordados en diversos trabajos (^{Ducci, 1997}; ^{Rodríguez y Sugranyes, 2006}; ^{Siclari, 2012}).

Los distintos problemas en torno a la vivienda nos llevan a cuestionar si nos encontramos en una crisis habitacional; al recordar las distintas problemáticas ya mencionadas, la respuesta podría parecer obvia. David Madden y Peter Marcuse, en el libro En defensa de la vivienda, debaten sobre el término crisis de la vivienda y plantean, ¿de quién es la crisis? En distintas latitudes se han desarrollado discusiones sobre las características que debería tener una política de vivienda para aportar los mejores resultados, pero, ¿qué tan cierto es que una política de vivienda busque terminar con los problemas en torno a la misma? Más allá de esto, ¿se puede reflexionar que dichas políticas están diseñadas no para atender los problemas, sino para mantener un orden social? Chantal ^{Mouffe (2007a}; ^2007b), en su diferenciación de “lo político” y “la política”, entiende esta última como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, el cual es producto de “lo político”, entendido como la dimensión de antagonismos constitutiva de las sociedades humanas. Sin embargo, para Mouffe, lo que sucede actualmente es que “lo político” se expresa en un registro moral, “en lugar de una lucha entre ‘izquierda y derecha’, nos enfrentamos en una lucha entre el ‘bien y el mal’” (^{Mouffe, 2007a, p. 13}).

En este sentido, ^{Žižek (2008)} argumenta que el conflicto entre las visiones ideológicas globales queda sustituido por la colaboración entre los tecnócratas ilustrados (economistas, expertos en opinión pública, políticos, etcétera) y los liberales multiculturalistas: “mediante la negociación de los intereses se alcanza un acuerdo que adquiere la forma del consenso más o menos universal” (2008, p. 32), es decir, el conflicto y el disenso, que pueden caracterizar “lo político”, están dominados hoy en día por el consenso: la postpolítica.

En este contexto, la institucionalidad, reflejada en una política pública que deviene del consenso, más allá de construirse a partir de conflictos y disentimientos, se crea para mantener un orden social, que en última instancia se verá reflejado en los intereses dominantes. De esta manera, en el trabajo de Madden y Marcuse se argumenta que los debates sobre las políticas de vivienda se basan en el supuesto de que, independientemente de que haya tenido éxito o no, el Estado ha intentado solucionar tal problema; es decir, se ha construido (mediante consenso postpolítico) el mito del Estado benevolente, por lo que estos autores consideran que la política respectiva es un producto ideológico, no una categoría real:

En pocas palabras, el mito dice que el gobierno actúa guiado por una preocupación fundamental por el bienestar de todos sus ciudadanos y que sus políticas representan un esfuerzo por encontrar soluciones a los problemas sociales reconocidos. El que los esfuerzos del gobierno no consigan el éxito esperado, según esta narrativa, se debe sólo a la falta de conocimiento y no a intereses egoístas, incompetencia o falta de valor [...] El término política de vivienda en sí mismo constituye una prueba del mito [^{Madden y Marcuse, 2018, p. 135} ].

Aunado a esta idea del mito del Estado benevolente, el consenso en la conformación de la política de vivienda, además de la reproducción de capital por parte del sector inmobiliario privado, tiene como objetivo establecer un control social. Los diversos mecanismos que se han implementado para “solucionar” los diversos problemas en torno al tema -los cuales pueden ser construcción de vivienda pública, regulación del precio del alquiler, medidas para garantizar la construcción de vivienda social, entre otros-, se han constituido más en términos de mantener un orden social, que en la búsqueda de mejorar las condiciones de los residentes. “Las motivaciones reales de las acciones del gobierno en el sector de la vivienda están más relacionadas con el mantenimiento del orden político y económico, que en la búsqueda de soluciones para la crisis habitacional” (^{Madden y Marcuse, 2018, p. 135}).

Siguiendo a ^{Žižek (2008)}, en este contexto postpolítico hay una despolitización de la economía en la cual se reafirma la idea generalizada de que el capital y los mecanismos del mercado son instrumentos o procedimientos neutros que hay que aprovechar, a lo cual Žižek llama a una radical repolitización de la economía. En ese sentido, Maddens y Marcuse establecen la necesidad de politizar la dimensión económica de la vivienda, pues subrayan que se suele pasar por alto en los análisis; afirman también que resulta muy pertinente discutir cómo el espacio habitacional estructura las relaciones de poder y puede utilizarse para mantener el orden social, gestionar los conflictos y prevenir la insurrección.

La ausencia del análisis político, además de la discusión en torno a la conformación de la política de vivienda en el contexto postpolítico, impide percibir el objetivo en tanto orden social, así como opresión residencial, concepto propuesto por los autores. Argumentan que este tema puede constituir la base material de la opresión, la dominación y la desigualdad.

La idea de la opresión residencial apunta al vínculo entre la oferta de viviendas y el poder de gobernar. El concepto de la opresión residencial hace referencia a los esfuerzos sistemáticos por utilizar la localización en la calidad de la residencia para reforzar la estabilidad política, intensificar la explotación, debilitar la resistencia, imponer la uniformidad cultural o apuntalar la legitimidad del sistema imperante. Recalca el aspecto de la vivienda que restringe las oportunidades, dicta los roles, inhibe las protestas, produce conformidad, debilita la resistencia e integra a las familias en un sistema social jerárquico [^{Maddens y Marcuse, 2018, p. 106} ].

Ligado a la importancia del ámbito político, los autores también explican las maneras extremas mediante las cuales la vivienda está dominada por parte del sector inmobiliario -lo que llaman hipermercantilización-; mediante éstas, todas las estructuras físicas y jurídicas de la vivienda, como los edificios, el suelo, la mano de obra y los derechos de propiedad, se convierten en artículos de consumo. Esta situación evidencia que, lejos de pensar la vivienda y lo que la engloba en su función elemental como un hogar para la reproducción social, lo que importa es la manera en la que ésta funciona en los circuitos de la acumulación de capital.

Además de la introducción, en la que los autores discuten la importancia de la dimensión política de la vivienda, el libro está organizado en cinco capítulos. En el primero analizan su mercantilización, con el concepto mencionado de hipermercantilización y el proceso de financiarización. Continúan con el desarrollo de la noción de alineación residencial y, en seguida, la opresión y liberación de la vivienda, lo que conforma el tercer capítulo. En el cuarto, desarrollan la tesis sobre los mitos de la política de la vivienda y el Estado benevolente, para finalizar con los movimientos por la defensa de la vivienda en Nueva York. Cabe mencionar que, a pesar de ser un texto que se enfoca en las condiciones de la vivienda para el contexto neoyorquino, los argumentos principales sobre los cuales gira la obra se pueden reflexionar para cualquier latitud.

Hacia el final del libro, los autores establecen algunas posibles vías con direcciones alternas a lo que existe actualmente sobre la vivienda: desmercantilizar y desfinancierizar el sistema habitacional, desarrollar, defender y mejorar la vivienda de titularidad pública, privilegiar a los habitantes, dejar que prosperen miles de opciones de vivienda de diseño, democratizar su gestión, ampliar las luchas por la vivienda, democratizar la política respectiva y globalizar los movimientos para obtenerla.

El análisis crítico que proponen estos autores rompe con el conformismo y las valoraciones positivas que se han construido a partir de discursos políticos y académicos sobre las intervenciones en materia habitacional. Y más allá de asumir esos discursos, establecen que los problemas de la vivienda no son el resultado de la avaricia o de la falta de honestidad, sino consecuencia de la lógica estructural del sistema habitacional actual. “La crisis de la vivienda no se produce como consecuencia de un fallo en el sistema, sino porque el sistema funciona como debe” (^{Madden y Marcuse, 2018, p. 35}).