1. Introducción

La palabra riesgo es comúnmente concebida como la probabilidad de que ocurran efectos negativos como resultado de la exposición a algún peligro (^{Breakwell, 2010}). No obstante, para que una persona o comunidad experimente perjuicios, además de encontrarse expuesta a uno o varios peligros de cierta intensidad, es necesario que sea frágil o vulnerable a ellos. Por tal motivo, el concepto de riesgo se amplía para referirse a la probabilidad de que ocurran pérdidas y daños como producto del encuentro del peligro con una persona o comunidad vulnerable (^{Ley, 2011}), donde la vulnerabilidad se refiere a las características de una persona o grupo y su situación, que influyen en su capacidad de anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza (^{Wisner, Blaikie, Cannon y Davis, 2004}).

Cuando los efectos posibles de tal encuentro incluyen la seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad, con una gran cantidad de daños y pérdidas (materiales y humanas), entonces el término más apropiado es riesgo de desastre (^{EIRD, 2009}). Este tipo de riesgo está asociado a la exposición de grandes concentraciones de población y actividades económicas a agentes naturales y antropogénicos altamente peligrosos. Por tal razón, se considera que las ciudades son lugares propicios para la generación de desastres (^{Fernández, 1996}), no sólo porque están expuestas a múltiples amenazas, sino porque quienes las habitan y gobiernan presentan distintas capacidades para enfrentarlas.

Las amenazas con potencial catastrófico a las que se encuentra expuesta la población urbana son diversas: algunas se derivan de la estructura y composición de la corteza terrestre (geológicas) o se relacionan con los procesos atmosféricos, oceanográficos e hidrológicos (hidrometeorológicas); otras se originan por condiciones tecnológicas e industriales particulares (químico-tecnológicas) o por la acción patógena de agentes biológicos y contaminantes ambientales (sanitario-ecológicas); y algunas más se generan a partir de problemas y conflictos sociales en el marco de grandes concentraciones de población (socioorganizativas) (^{EIRD, 2009}; ^{Ley General de Protección Civil, 2014}). Es decir, cada ciudad posee un conjunto específico de amenazas, cuya acción combinada puede hacer más severas las consecuencias; sobre todo si no se cuenta con medidas apropiadas para mitigar el riesgo, hacer frente a la emergencia y recuperarse de los posibles efectos negativos.

En otras palabras, como señalan ^{Donahue, Eckel y Wilson (2014)}, entre más preparadas estén las personas, menos daños sufrirán cuando se suscite una emergencia, ya que la preparación implica que los sujetos pueden cuidar mejor de sí mismos y de quienes los rodean, de modo que dependen cada vez menos de la ayuda externa o del gobierno.

Desde este punto de vista, además de las acciones que deben implementar los gobiernos y organismos de protección civil en distintos ámbitos, es necesario que los ciudadanos asuman parte de la responsabilidad de su propia protección (^{Onuma, Shin y Managi, 2017}), ya que las comunidades son más resilientes (o menos vulnerables) cuando los esfuerzos de los ciudadanos y del gobierno están sincronizados (^{Donahue, Eckel y Wilson, 2014}).

De acuerdo con ^{Donahue, Eckel y Wilson (2014)}, una de las principales razones por las cuales las personas dicen que no se preparan para algún peligro es porque no piensan que les puede pasar a ellas. Este aspecto es importante ya que, como señala ^{Renn (2005)}, la conducta humana es orientada por la percepción, y no necesariamente por los hechos, en el sentido que le dan los científicos y los analistas del riesgo. En consecuencia, las políticas públicas deberían considerar lo que la gente piensa y siente si pretenden influir en el comportamiento del público (^{Donahue, Eckel y Wilson, 2014}), sobre todo tratándose de acciones que se orientan a la mitigación del riesgo y la prevención de desastres.

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que los desastres pueden reducirse considerablemente si la población está bien informada y motivada para actuar; es decir, “la reducción de riesgo de desastre requiere de la implicación y colaboración de toda la sociedad. Requiere también del empoderamiento y una participación inclusiva, accesible y no discriminatoria, prestando especial atención a las personas afectadas desproporcionalmente por los desastres” (^{ONU, 2015, p.13}).

Por lo anterior, la ONU exhorta a los países miembros a desarrollar una cultura de la prevención como componente esencial de un planteamiento integrado de la reducción de desastres (^{ONU, 1994}, ²⁰⁰⁵). Esto significa que, además de promover la generación de conocimiento técnico y científico sobre peligros y riesgos, los países deben impulsar el conocimiento de los habitantes y comunidades sobre éstos y la manera de prevenirlos y mitigarlos (^{Vargas, 2002}).

En otras palabras, es necesaria una mayor toma de conciencia de las comunidades vulnerables y un mayor involucramiento de los medios de información, pero también una participación activa de la población en gestionar la seguridad propia y colectiva en el lugar habitado. Por ello, el esfuerzo de reducción de desastres debe combinar las culturas de prevención y de corresponsabilidad social para ser efectivo (^{Puente, 2010}).

Sin embargo, la participación activa de la población en garantizar su propia seguridad inicia con la posibilidad de que ésta identifique los peligros o amenazas a las que se encuentra expuesta, lo cual no siempre sucede o no concuerda con la exposición real u objetiva. Así, algunos peligros del entorno pueden ser ignorados o resultar invisibles, mientras que otros pueden ser sumamente visibles o sus efectos pueden ser exagerados por los habitantes (^{Kasperson et al., 1988}).

Ambas situaciones han sido catalogadas como desfases perceptuales con respecto a la realidad objetiva que conllevan al incremento del riesgo (^{Ley, Denegri y Ortega, 2015}) e implican un reto en materia de política pública, debido a que quienes no identifican los peligros del entorno, o los juzgan inofensivos e improbables, difícilmente estarán preparados o tomarán las medidas necesarias para hacerles frente (^{Ley, Denegri y Sánchez, 2016}); mientras que quienes tienen una apreciación excesiva de los peligros pueden tener reacciones exageradas (estampidas humanas, caos, disturbios sociales, entre otros) ante cualquier indicio de la presencia de éstos en el lugar.

En este sentido, se entiende que los habitantes urbanos no sólo se encuentran expuestos a un conjunto particular de amenazas, sino que presentan distintas percepciones del riesgo, las cuales ameritan ser indagadas para poder establecer rutas más precisas de acción en materia de socialización del conocimiento para la prevención y mitigación del riesgo de desastres.

2. Percepción del riesgo

La percepción se entiende como un proceso a través del cual los sujetos adquieren, procesan y evalúan la información (física y comunicativa) del entorno (^{Renn, 2005}). Con base en esto, la percepción del riesgo puede ser concebida como el proceso a través del cual los sujetos reconocen los peligros, identifican sus capacidades para enfrentarlos (resistir y recuperarse) y evalúan su situación de seguridad en función de ambos aspectos (estiman la probabilidad de efectos negativos, daños y pérdidas).

En este proceso, aunque los sentidos juegan un papel importante en la comprensión del evento, cuando la información del entorno es interpretada por las personas es susceptible de distorsión y, por lo tanto, puede llevar a una “falsa” percepción debido a su carácter altamente subjetivo (^{Hanna y Wozniak, 2013}). Entre las posibles distorsiones se encuentran la percepción exagerada (amplificación) y la percepción reducida (atenuación), que se inscriben en el marco de referencia de la amplificación social del riesgo o SARF (por las siglas en inglés de Social Amplification of Risk Framework) (^{Kasperson y Kasperson, 1996}; ^{Kasperson et al., 1988}).

En ese marco -que toma prestados conceptos de la Mass Communication Research-, un evento o manifestación de algún peligro actúa como una señal que puede ser captada de manera directa por los sujetos (la experiencia personal, donde el canal de información son los propios sentidos) o puede provenir de fuentes directas (donde el canal lo constituyen las redes sociales informales) o de fuentes indirectas (cuyos canales son generalmente las agencias profesionales de la información).

Tal información llega a lo que se denomina “estaciones difusoras”, que transmiten y procesan dicha señal, y así pueden intensificar o debilitar las señales, o pueden filtrar parte de la información con respecto a los atributos del riesgo y su importancia (^{Kasperson, 2012}; ^{Kasperson et al., 1988}), y hasta modificarla,¹ y propiciar conductas institucionales, grupales o individuales en relación con el riesgo percibido; es decir, pueden influir en los mecanismos de respuesta social.

Según el SARF, una vez configurada la percepción del riesgo, ésta puede tener efectos secundarios o no planeados, con impactos diferenciales en diversos ámbitos (las personas directamente afectadas, la comunidad local, los grupos de interés o la sociedad), lo que se conoce como efecto de onda (ripple effects) (^{Kasperson et al., 1988}).

Como se puede observar, en este modelo la comunicación tiene un papel importante ya que, además de la experiencia directa, existen dos principales vías para obtener la información: los medios de comunicación y las redes personales informales (vínculos entre amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc.), que proveen puntos de referencia para la elaboración de visiones compartidas sobre el riesgo (^{Kasperson et al., 1988}).

En este sentido, la percepción individual es “una función de las características del sistema cognitivo y motivacional, como también de las condiciones del ambiente social, político y cultural” (^{Jungerman y Slovic, 1993, p. 93}). De tal forma que, independientemente de la precisión del contenido de la información o de la peligrosidad real del evento, éste puede tener significados distintos según las características sociales y culturales entre diversos grupos de habitantes de una ciudad.

3. Método para la construcción de las clases

Para obtener la clasificación arriba mencionada, se utilizó como insumo la encuesta “Percepción local del riesgo” (^{UABC, 2011}) que se aplicó a dos muestras aleatorias, de 385 y 405 viviendas de la ciudad y el valle de Mexicali, Baja California, México. En este trabajo se tomó sólo la muestra de la ciudad que incluye las localidades de Mexicali, Santa Isabel, Progreso y Puebla.

El tamaño de la muestra se calculó a partir de la fórmula de ^{Scheaffer, Mendenhall y Ott (1987)} para estimar proporciones poblacionales, con un error de estimación de 0.05 y un nivel de confianza de 0.95, a partir de la población total de viviendas particulares habitadas (749 320) que reportó el censo de ^{INEGI (2010)} para el conjunto de las cuatro localidades que forman la mancha urbana.

La muestra se obtuvo de la siguiente manera: en un primer momento se realizó la selección aleatoria de 385 manzanas de uso de suelo habitacional, las cuales fueron verificadas y, en su caso, sustituidas según su condición de ocupación. Posteriormente, de cada manzana se seleccionó aleatoriamente una de las viviendas. En el caso de que la vivienda estuviera desocupada o de que los ocupantes no desearan participar en la encuesta, se realizó la selección aleatoria de otra vivienda y, en caso necesario, de otra manzana.

El instrumento de recolección estuvo integrado por 36 reactivos divididos en cinco secciones: 1) características generales del respondiente, 2) tipología de la vivienda (para determinar la fragilidad), 3) peligros del entorno identificados (percepción), 4) situación de emergencia (exposición y daños registrados, información recibida), y 5) medidas de mitigación y prevención (conocimiento de ellas, disposición a acatarlas, identificación de autoridades encargadas de aplicarlas, etcétera).

De los 36 reactivos del cuestionario se obtuvo un total de 158 variables, de las cuales se seleccionaron 123 para ser trabajadas mediante la técnica de análisis de correspondencias múltiples, a fin de construir una tipología aplicable a los individuos encuestados en la ciudad de Mexicali (sobre la utilidad de esta técnica en el tratamiento de grandes matrices de datos cualitativos, consúltese a ^{Moscoloni, 2005}).

Para la construcción de las clases se utilizó el software SPAD v. 5.6 (^{Lebart, Morineau y Lambert, 2003}) que, a través del procesamiento de las modalidades de las variables -los diferentes tipos de respuesta a cada pregunta-, clasifica a los individuos de acuerdo con el principio de que

éstos formen grupos que sean lo más diferentes posible entre ellos y lo más homogéneos posible dentro del grupo […] Las clases construidas en este enfoque serán clases de bordes difusos (o politéticas) en el interior de las cuales encontraremos modalidades de variables asociadas por el hecho de presentarse juntas en los mismos individuos [^{Moscoloni, 2005 p. 175.}]

Lo anterior se lleva a cabo a partir de comparar las medias o los porcentajes en el interior de las clases con las medias o los porcentajes del conjunto total a partir del valor-test, de modo que aquellas modalidades con valor-test ≥ 2 son las que tienen mayor presencia en el grupo que en el total de la muestra; y, al contrario, las que tienen valor-test ≤ -2 es improbable que se presenten en esa clase, por lo que también pueden ayudar a la descripción de la misma.

Las variables que se tomaron en cuenta para el procesamiento fueron de carácter sociodemográfico (edad, sexo, nivel educativo, lugar de nacimiento, situación laboral y tiempo de residencia en Mexicali), de características de la vivienda (estado de la vivienda, material constructivo, localización segura y resistencia ante peligros), de relación con el peligro (exposición y daño, haber tenido situación de emergencia, tener información, medio por el que se informa, si busca información), y acerca de medidas de prevención y mitigación (conocer tales medidas, disposición a acatarlas, identificación de autoridades encargadas de aplicarlas, a quién acudiría en caso de emergencia por alguno de los peligros).

Además, entre las variables se cuenta un listado de 33 peligros (de tipo geológico, hidrometeorológico, químico, sanitario y socioorganizativo), de los cuales 21 se encuentran presentes en el entorno urbano y sobre los cuales se preguntó a los encuestados si consideraban que estuvieran presentes en el lugar.

3. Resultados

Como resultado del procesamiento se obtuvieron cuatro clases o clusters de individuos. Aunque la construcción de las clases involucra un conjunto de variables de percepción, para fines de este documento la descripción de aquéllas se llevará a cabo de la siguiente manera: en una primera parte se presentarán las características generales de los sujetos que componen la muestra; posteriormente, se contrastará la percepción de los peligros entre los grupos y, finalmente, se presentará la información relativa a situaciones de emergencia y medidas de mitigación y prevención.

4. Discusión

La percepción del riesgo es diferencial, como ya lo han señalado algunos autores, pero no solamente a partir de que se trate de especialistas y públicos legos (^{Slovic, 1987} y ²⁰⁰⁰), sino también entre grupos de habitantes de una ciudad, los cuales presentan diferencias derivadas del nivel educativo, de la valoración de la calidad y fragilidad de la vivienda, como también de la vía por la que se recibe la información que se tiene acerca de los peligros, especialmente de la experiencia previa de daño.

En este trabajo se encontró que distintos grupos de habitantes identifican diferentes peligros en la ciudad. Pero, mientras que dos grupos focalizan su atención en un conjunto reducido de peligros, especialmente aquellos que les han causado daño, los otros dos no establecen diferencias (identificando todos o ningún peligro en el lugar), ubicándose en los extremos perceptuales de la amplificación y la atenuación. En este sentido, no se puede afirmar que el tipo de peligro orienta la percepción en general, particularmente en las clases de los extremos, cuya situación podría ser efecto de lo que ^{Sjöberg (2000)} denomina “sensibilidad al riesgo” (risk sensitivity), la cual puede ser excesiva en amplificadores y limitada en atenuadores.

Por otra parte, se observó que no todas las características sociales de los sujetos son relevantes para explicar su pertenencia a un grupo perceptual, ni las acciones o medidas que implementan ante las amenazas. Por ejemplo, no se encontraron diferencias de percepción asociadas al sexo ni a la situación laboral del informante. En cambio, el lugar de procedencia es característico de los grupos de percepción focalizada y de los atenuadores, pero el resultado es contradictorio, pues quienes no identifican los peligros son principalmente los nativos del lugar. En este sentido, se puede considerar que, en este grupo, los eventos o manifestaciones de los peligros no actúan como señales que revelen su presencia en el entorno. O bien, puede indicar la existencia de familiaridad, negación u olvido del peligro, derivada de la constante exposición a este tipo de estímulos (^{Tversky y Kahneman, 1973}).

Por su parte, el nivel educativo es característico de los cuatro grupos, pero su influencia en la percepción es contradictoria pues, a diferencia de lo que sugieren ^{Rowe y Wright (2001)}, ^{Sund, Svensson y Andersson (2017)} y ^{Savage (1993)}, los grupos con menor promedio de escolaridad no identifican el mayor número de peligros; en cambio, su percepción es selectiva. Y aunque los atenuadores presentan los mayores promedios de escolaridad, los amplificadores también se ubican en estos niveles. Ante este resultado, concordamos con ^{Sjöberg (2004)}, quien no encontró relación alguna entre ambas variables.

No obstante, el papel del nivel educativo en la percepción es complejo, ya que puede actuar como mediador de la información y otorgar elementos para discriminarla, por lo que la atenuación y la amplificación pueden ser efecto del acceso y procesamiento de cierta información sobre los peligros, como sugiere el modelo SARF. Entonces, es comprensible que quienes tienen un promedio de escolaridad primaria no se mantengan informados, o que quienes tienen nivel de preparatoria o carrera técnica se informen por vías convencionales (televisión y radio), mientras que los universitarios lo hagan por internet.

Pero, como informarse sobre los peligros del lugar es la primera acción que se debe llevar a cabo en materia de prevención, sucede que los grupos de percepción focalizada, aunque hayan sufrido daños y pérdidas, no se informan de los riesgos, no saben qué hacer durante una emergencia, ni aplican alguna otra medida de prevención de daños. Por su parte, los atenuadores, a pesar de no reconocer los peligros del entorno, se mantienen informados y aplican diversas medidas preventivas. Entonces, mantenerse informado puede ser parte de una actitud hacia las amenazas del entorno, siendo reactiva en los grupos intermedios (2 y 3) y proactiva en los extremos (1 y 4).

El nivel educativo también se relaciona con el nivel socioeconómico de los informantes, ya que facilita el acceso a mejores condiciones materiales de existencia; de tal forma que se refleja en la vivienda que habitan, donde los grupos extremos, con niveles más altos en educación, tienen acceso a viviendas resistentes, en buen estado y localizadas en zonas seguras, mientras que los niveles más bajos poseen viviendas frágiles y en mal estado.

De esta manera, los grupos extremos no han sufrido pérdidas directas ni situaciones de emergencia por la acción de los peligros y, como señalan ^{Sund-blad, Biel y Gärling (2007)}, pueden desarrollar un sentido de control del riesgo, mientras que los grupos intermedios (especialmente el 2) han padecido la presencia de ciertos peligros en el lugar, los identifican a partir de la experiencia directa del daño y perciben su fragilidad ante estas amenazas. Aun así, los grupos intermedios no hacen algo para evitar ser afectados nuevamente.

Entonces, el problema no sólo radica en la percepción selectiva de amenazas, sino en la actitud que tienen ante ellas, de la cual valdría la pena indagar si se trata de la resignación al daño, producto del reconocimiento de la propia vulnerabilidad como incapacidad de cambiar las condiciones inseguras en que viven.

Por lo anterior, la experiencia directa de daños sí se asoció con las diferencias en la percepción entre los grupos, lo que coincide con los hallazgos de ^{Weinstein (1989)} y ^{Basha y Maiti (2013)}. Así, no basta con estar expuesto a un peligro para percibirlo; es necesario que éste se traduzca en daños y pérdidas, lo cual es una forma desafortunada de aprendizaje de las amenazas del entorno.

5. Conclusiones

La atenuación y la amplificación de la percepción del riesgo aparecen aquí como extremos de un continuo donde encontramos también combinaciones de percepción selectiva cuando se abordan diversos peligros, y que se relacionan con la manera en que se obtiene información sobre ellos, por lo que se apunta a la necesidad de indagar aún más en las variables que podrían estar incidiendo en tales diferencias perceptuales.

En el caso del extremo de la amplificación, las diferencias de percepción que se encontraron en este trabajo no están referidas a los diferentes peligros, ni a las características de los sujetos perceptores, sino podría tratarse de un caso de sensibilidad al riesgo que se asocia a las características individuales o psicológicas de los sujetos, o donde la manifestación de un peligro detona la percepción de otros.

Por lo que se refiere al extremo de la atenuación, la baja percepción se relaciona con ventajas socioeconómicas (nivel educativo, vivienda resistente, en buen estado y con localización segura), que puede interpretarse como un sentido de control o invulnerabilidad ante las amenazas del entorno, como se mencionó anteriormente.

A partir de los hallazgos se observa cómo una sociedad estructurada construye contextos de fragilidad que aumentan la proclividad al desastre entre quienes son menos favorecidos socioeconómicamente, aunque la percepción del mismo no se ve amplificada por las situaciones vividas, como tampoco conlleva medidas que disminuyan la vulnerabilidad.

En este trabajo se han mostrado algunos elementos que pueden contribuir a una mayor o menor percepción de las amenazas en el entorno, pero, sin duda, es éste un campo en el que aún hay mucho que investigar a fin de entender la complejidad de la percepción del riesgo y explicar las contradicciones inherentes a las variables que puedan explicarla.

Si bien no ha sido el objetivo de este trabajo, los resultados apuntan a la necesidad de considerar los perfiles de los habitantes en la implementación de políticas públicas que permitan reducir la vulnerabilidad social, donde además de atender las fragilidades física y social, es importante considerar estrategias comunicativas particulares en materia de riesgo y prevención de desastres, si se desea influir en el comportamiento de los distintos públicos ante las amenazas del entorno.

En ese camino, es importante retomar el exhorto que hace la ONU sobre el desarrollo de una cultura de la prevención que busque la participación más activa de la población en la gestión de los riesgos, en un marco de corresponsabilidad social. Este reto tiene como un paso indispensable la promoción de la apropiación del conocimiento por parte de los distintos grupos que conforman la población de las ciudades.