En una época en la que es difícil sustraerse al discurso de “las políticas basadas en evidencia” y en un ambiente marcado por el cierre de las campañas electorales, y con ello de cierta saturación de mensajes en el espacio público, El Colegio de México presentó, en junio pasado, el informe Desigualdades en México 2018.

Aunque sus páginas no presentan recomendaciones de política, el informe tiene el propósito manifiesto de alimentar la discusión pública y “las plataformas de los candidatos en las elecciones presidenciales de 2018”. Elaborado a partir de los trabajos que, de tiempo atrás y desde diversas disciplinas científicas, desarrollan investigadores de este centro de enseñanza e investigación, el informe constituye una suerte de libro blanco que presenta algunas expresiones concretas de la desigualdad en México, entre 2000 y 2017, y con ello conforma un diagnóstico amplio y ambicioso de ese problema social. La irrupción de este documento en el espacio público interpela con acierto y oportunidad pues, en medio de un ambiente cacofónico, la obra no sólo revela, sino que presenta una alerta informada e inteligente de una de las más lastimosas preocupaciones de nuestro tiempo.

El informe Desigualdades en México 2018 está organizado en tres temas: legados de desigualdad, nuevos desafíos para la equidad y el estudio de la temática en la agenda electoral. En el caso de los dos primeros, el informe presta interés a la manera en cómo esos legados y desafíos de la desigualdad tienen una dimensión particular si se les piensa en función del género y del lugar de origen: las condiciones diferenciadas de acceso a los bienes públicos, en función del lugar y del género, son subrayadas reiteradamente en el documento para poner en evidencia un efecto acumulativo no desdeñable. La segunda parte se interesa en revisar algunos de los nuevos desafíos para la equidad. Por un lado, se analizan los flujos de una migración creciente, cambiante y heterogénea de retorno de Estados Unidos, su impacto en los contextos de desigualdad y el reto de la integración social, económica y laboral, agudizado por la cada vez mayor involuntariedad en el retorno (p. 75). La integración social y educativa de un cada vez mayor número de niños nacidos en Estados Unidos, o la composición por edad de este flujo migratorio, estarían exigiendo medidas urgentes, especialmente cuando se piensa en la inserción al mercado laboral o en revertir el deterioro del ingreso salarial en los retornados.

El informe también examina algunos de los efectos previsibles del cambio climático y su capacidad para agudizar desigualdades. Los eventos climáticos extremos, que no dejan de aumentar en número e intensidad, suelen multiplicar las disparidades que existen en las condiciones de vulnerabilidad social. Esta dinámica implacable y difícilmente evitable supone retos mayores en cuanto a introducir modificaciones en la distribución de la población en el territorio, especialmente en cuanto a prevenir que esa distribución signifique una mayor exposición de la población que es más vulnerable.

La manera en cómo es abordado el tema de las desigualdades en las plataformas electorales de las coaliciones que compitieron por la presidencia de la república, y en los partidos que las conformaron, así como de las propuestas para hacer frente a ese problema, son el objeto de la última parte de este estimulante documento, del que me limito a formular algunas consideraciones, especialmente respecto a lo relativo a la primera parte, es decir, la concerniente a los legados de la desigualdad.

La parte inicial del informe se enfoca en analizar la forma en cómo recursos y oportunidades -en educación, ingreso y mercados laborales- han sido distribuidos entre la población durante el periodo de 2000 a 2015. La idea que orienta el análisis de estos legados consiste en que, en virtud del papel determinante de la adquisición de competencias para la inserción en los mercados laborales, la educación se revela fundamental.

Tres indicadores sirven a los autores del informe para proponer un diagnóstico de la desigualdad educativa: acceso a la educación secundaria (conclusión del primer año de secundaria), logro de aprendizajes a los 15 años y acreditación del nivel medio superior. El análisis respecto a las disparidades en la conclusión del primer año de secundaria entre los jóvenes en función de su ingreso, su residencia -sea en localidad urbana o rural-, o bien, en función de su lengua (español o indígena), revela que es respecto a este último criterio donde la desigualdad aumentó: en 2010, un joven hablante de lengua indígena tendría 29% menos probabilidades que el resto de concluir el primer año de secundaria, mientras que en 2015 tendría 38% menos probabilidades (p. 37). En lo que respecta a las habilidades cognitivas en matemáticas, lenguaje y ciencias, de los jóvenes de 15 años inscritos en el sistema educativo, además de documentar la baja calidad del aprendizaje, el informe señala que quienes están en el grupo de ingresos altos tienen entre cuatro y cinco veces más probabilidad de obtener buenos aprendizajes en comparación con quienes están en el nivel más bajo de ingresos. En cambio, aunque no sabríamos cuál es el nivel de calidad de la educación a la que tuvieron acceso, el porcentaje de jóvenes en este estrato de ingreso en el sistema educativo se incrementó del 54.4 al 77.7% (p. 38).

Al considerar la condición lingüística y el tipo de localidad, también se manifiestan desigualdades en el aprendizaje a los 15 años. En cuanto a la conclusión de la educación media superior, “poderoso indicador de la igualdad de oportunidades”, el informe muestra que mientras en 2010 los jóvenes ubicados en el estrato de altos ingresos (quintil 5) tenían una probabilidad 5.6 veces superior de terminar ese nivel educativo que los de ingresos más bajos (quintil 1), en 2015 esa ventaja era sólo de 2.6 veces (p. 42). Las conclusiones respecto al acrecentamiento de la desigualdad atendiendo a estos indicadores son, por tanto, matizadas; toda vez que, si bien las desigualdades en el aprendizaje se han reducido, lo cierto es que el ingreso sigue asociado a las disparidades en los resultados educativos.

En cuanto al ingreso, el análisis se interesa en las desigualdades que prevalecen en los ingresos laborales por género. El interés de esta parte del informe por los patrones de movilidad estaría revelando, con cierta claridad, una transmisión intergeneracional de la desigualdad que parece arraigarse en el México del siglo XXI. El tercer componente de estos legados de las desigualdades se interesa en la capacidad de los empleos de reciente creación para incidir en la calidad de vida de las familias de los empleados. La rareza del empleo de calidad y sobre todo bien remunerado, la dificultad para acceder a ello y, en general, la dificultad de la inserción laboral, estarían instituyéndose como factores claros en la reproducción de las desigualdades. El informe muestra una cifra que marca claramente el dramático estancamiento de la movilidad social en México: sólo el 2.1% de los hijos nacidos en hogares de menor ingreso (quintil 1) experimentaron una movilidad social ascendente para alcanzar el grupo de mayor ingreso (quintil 5) (p. 49); porcentaje que, por otro lado, se encuentra pronunciadamente por debajo del que presentan países como Canadá (13.5), Francia (11.2), Reino Unido (9.1) o Estados Unidos (7.5), que están menos alejados de la tasa de movilidad ascendente estimada como deseable, que es de 20%. Aquí el estudio da cuenta de que la reducción, que en algún momento se percibió de la brecha salarial promedio entre hombres y mujeres, se ha detenido en los últimos años (p. 54).

La provocación que supone la publicación de este informe no se limita al plano de la preocupación y responsabilidad social. El estímulo, además de cívico, es intelectual. Por un lado, el estudio documenta fehacientemente ámbitos en los que el modelo social vigente en México habría estado descompuesto, suscitando interrogantes, pero también la frustración del lector ávido de detalles y explicaciones. Sin abundar en éstas, resulta enigmático el silencio que parece envolver el hecho de que, en la mayoría de sus datos, el informe parece documentar una desigualdad menos penosa que aquella que prevalece en nuestros prejuicios alimentados por la narrativa política y mediática. El volumen también multiplica la curiosidad por conocer la situación de quince, treinta, quizá cincuenta años antes del periodo del que da cuenta. Conocer datos para esbozar una idea sobre la progresión o disminución de las desigualdades, bien podría confirmar o terminar por desbaratar los prejuicios que han modelado nuestra mirada sobre dicha situación, pero también sobre el modelo de justicia que hemos forjado.

Por otro lado, el informe incita intelectualmente la formulación de algunas consideraciones relacionadas con las decisiones que son propias de este tiempo de cambio. Podríamos tomar cualquiera de los temas incluidos en él y proponer algunas reflexiones a propósito del acceso a la educación, de las condiciones de la infraestructura escolar, del empleo, de los salarios equiparables entre hombres y mujeres, o entre trabajadores del medio rural y el urbano, en fin, de las disparidades en la exposición de las personas ante los riesgos por desastres naturales (relacionados con el cambio climático).

Cualquiera de esos temas sería pertinente para abundar en la elaboración del diagnóstico de la atrofia que afecta el modelo de justicia social. La forma y el funcionamiento del modelo de organización del empleo, del acceso a la educación y a la protección social (con especial atención en la salud) estarían llamando con urgencia a una corrección de sus componentes y dinámicas. Me limito a plantear algunas consideraciones sobre qué ajustes serían necesarios en los instrumentos por los que los poderes públicos han buscado tradicionalmente construir oportunidades en condiciones de equidad. Esa intervención pública no debería, sin embargo, dejar de considerar que, en el marco de una democracia liberal, el principio estructurador de un modelo social se ve confrontado a conciliar la meta de la igualdad de oportunidades con otras consideraciones que, a los ojos de otros miembros de la comunidad política, son tan legítimas como ésta: la libre empresa, pero también la solidaridad y la protección ante riesgos; es decir, la seguridad social y la competitividad económica.

Uno de los propósitos de la publicación de este informe fue reabrir el debate sobre las medidas de igualamiento de oportunidades en México. Se trata de examinar el modelo social que ha adoptado la nación y de repensar el papel del estado en la reducción de las desigualdades. La pregunta sobre el modelo social no puede, desde luego, desvincularse del modelo político que, de forma declarativa y aunque con numerosos cuestionamientos, parece haber sido el adoptado desde hace varias décadas y que es el de una democracia liberal.¹ La pregunta que podría servir de punto de partida de un debate sobre el igualamiento de oportunidades en México sería a propósito de cómo transitar a una sociedad más justa en el marco de una democracia liberal; es decir, de una democracia en la que el estado deja margen e incluso salvaguarda la autonomía de la sociedad. Qué puede esperarse del estado en este marco para avanzar hacia una sociedad justa, en un espacio social fragmentado en sectores que, al perseguir sus intereses legítimos, producen y reproducen tensiones a propósito de los derechos de las mujeres, de los niños, de los homosexuales, de los adultos mayores, de los inmigrantes, de las minorías étnicas y de las minorías lingüísticas.

La pregunta sobre cómo transitar a una sociedad que satisfaga esos intereses divergentes gana en complejidad al tratarse de un contexto en el que ha sido elegido el modelo de una democracia liberal: significa introducir la exigencia de justicia social, o, en otros términos, de introducir ajustes para reducir las desigualdades en un marco en el que importa el funcionamiento de la economía de mercado. Si se acepta que, en el marco de una democracia liberal, el papel del estado se limita a proteger, mediante sus instrumentos -legislativos, presupuestarios, en fin, simbólicos-, el libre desarrollo y la buena marcha de la economía de mercado, se estaría definiendo la adhesión a eso que es subrayado como propio de un modelo neoliberal. En cambio, si en ese mismo marco de un estado liberal, el estado está autorizado a introducir, a través de esos mismos instrumentos, cambios en aras de procurar justicia social -es decir, reformas para mitigar las desigualdades-, entonces parece que se justifica plantear, a propósito de la presentación de este informe, ¿cuáles serían las modificaciones posibles para transitar a un modelo de justicia social aceptable? ²

Responder a esta pregunta aconseja pensar sobre la integración del imperativo de justicia social con los valores del liberalismo. Este informe da elementos para documentar cómo está hoy en día la distribución de los beneficios y las cargas, para entonces conocer en dónde deben introducirse medidas de compensación. La respuesta no es sin embargo una. Tomar con seriedad los ajustes que supone mitigar cada una de esas expresiones de la desigualdad, presume más bien abundar en las posibilidades para cada ajuste, en sus efectos previsibles y en nuestras capacidades para ponerlos en práctica.