Sobre el campo de la conservación

Las nociones de campo, capital y habitus son centrales en la obra de ^{Bourdieu (Bourdieu y Wacquant, 2005: 147)}. El campo se concibe como un sistema social concreto en el que las instituciones y sus reglas modelan las relaciones y las distancias sociales establecidas entre actores y definen la posición del agente en la estructura del campo. En él existen una serie de reglas específicas que regulan la red de relaciones sociales y objetivas entre los agentes sociales, y se traducen en las posiciones que ellos ocupan dentro de ese campo (^{Bourdieu, 1995: 64}).

Las reservas de la biosfera representan campos de conservación porque existen reglas que ordenan las relaciones de las personas con los ecosistemas y los recursos para su conservación, y de acuerdo con ^{Azuela (2006: 24)}, en ellos coexisten diversas visiones de lo que se reconoce como un problema ambiental. Como veremos en este trabajo, esas visiones, o lo que se reconoce como un problema ambiental, pueden ser próximas o lejanas, en resonancia o en abierta rivalidad, según la posición que ocupan los actores dentro de ese campo. Al respecto, Bourdieu llama la atención acerca de la importancia de preguntarse sobre las condiciones históricas que producen el campo (^{Bourdieu, 2007: 14}), sobre el proceso histórico de formación de las instituciones y reglas que lo estructuran, y acerca de las relaciones de fuerza que se sucedieron y empujaron por reproducir o transformar las reglas del campo (^{Bourdieu, 2007: 14}). Pero ¿cuáles son los instrumentos con los que cuentan los actores sociales para enfrentar y dar solución a lo que consideran un problema ambiental y así transformar la estructura del campo?

El capital se entiende como cualquier recurso capaz de producir efectos sociales con base en el poder (^{Medina, 2008: 115}). La posición del actor en el campo depende del volumen total y de la estructura del capital que posee, lo cual depende de los principios o criterios de diferenciación social más importantes dentro del campo (^{Bourdieu, 2003: 23-40}). Bourdieu reconoce cuatro tipos de capital: económico, cultural, social y simbólico. Estos capitales son transmutables, aunque no totalmente, en otras especies de capital (^{Bourdieu y Wacquant, 2005: 152-153}).

Los agentes cuentan con esas formas de capital como instrumentos para apropiarse de las oportunidades ofrecidas, y la estructura del capital poseído ordena el acceso a ventajas específicas que están en juego en el campo (^{Bourdieu, 1991: 109}; ^{Bourdieu y Wacquant, 2005: 150}). Así, las posibilidades de incidir en los procesos de manejo y conservación de los recursos naturales, y de obtener beneficios derivados de ello, dependerá de la estructura del capital que acumulan los actores y de las determinaciones que ejercen sobre ellos otros agentes o instituciones.

Los marcos conceptuales empleados coinciden en que la función social de las instituciones es acotar el margen de acción de los miembros del colectivo. A través de reglas las instituciones proporcionan un trasfondo estable para que no tengan que definir cada situación de nuevo, y liberan energía para aquellas decisiones que puedan requerirse en circunstancias específicas (^{Berger y Luckmann, 2011: 73}).

Los agentes cuentan con esas formas de capital como instrumentos para apropiarse de las oportunidades ofrecidas, y la estructura del capital poseído ordena el acceso a ventajas específicas que están en juego en el campo (^{Bourdieu, 1991: 109}; ^{Bourdieu y Wacquant, 2005: 150}). Así, las posibilidades de incidir en los procesos de manejo y conservación de los recursos naturales, y de obtener beneficios derivados de ello, dependerá de la estructura del capital que acumulan los actores y de las determinaciones que ejercen sobre ellos otros agentes o instituciones.

Los marcos conceptuales empleados coinciden en que la función social de las instituciones es acotar el margen de acción de los miembros del colectivo. A través de reglas las instituciones proporcionan un trasfondo estable para que no tengan que definir cada situación de nuevo, y liberan energía para aquellas decisiones que puedan requerirse en circunstancias específicas (^{Berger y Luckmann, 2011: 73}).

Berger y Luckmann hacen operativo el estudio de la construcción de las instituciones a través de dos conceptos: habituación e institucionalización. El primero se refiere al proceso de establecimiento de reglas que normarán las actividades de los agentes sociales en la institución; la interacción cara a cara de la habituación la llaman tipificación recíproca, y es la interacción la que define las acciones que se esperan de los distintos actores sociales. La institucionalización sería el resultado de esa tipificación recíproca, es decir “la institución establece que las acciones del tipo X sean realizadas por los actores de tipo X”, o expresado de otra forma, “las instituciones se constituyen por la tipificación de las acciones habitualizadas” (^{Berger y Luckmann, 2011: 74}).

El habitus es la interiorización de las normas ya institucionalizadas a las prácticas cotidianas; es el sistema de esquemas que estructura cada acción de acuerdo a las posiciones que los agentes sociales ocupan en el campo, y dada su calidad de actores, sus acciones también transforman las estructuras (véase ^{Bourdieu, 2002: 558}). “Es el sistema socialmente constituido de disposiciones estructuradas y estructurantes, adquirido mediante la práctica y siempre orientado hacia funciones prácticas” (^{Bourdieu, 1995: 83}).

Es posible establecer un vínculo entre los conceptos de habituación y habitus. La habituación es el proceso que lleva a la institucionalización de acciones, y el habitus representa la apropiación de los agentes sociales de las pautas conductuales establecidas mediante la tipificación recíproca. La habituación y el habitus también tienen efectos estructurantes. El primero como proceso y el segundo como resultado final de la incorporación de las normas sociales a las prácticas cotidianas, encuentran un cauce de acción a través del concepto de estrategias.

Las estrategias designan las líneas de acción que emergen del encuentro entre el habitus y una coyuntura particular (^{Bourdieu, 1995: 89}). Son prácticas que resuelven necesidades del presente con los esquemas heredados del pasado, y en función de su posición, establecen las potencialidades objetivas y futuras de la reproducción biológica, cultural y social de las unidades domésticas (^{Bourdieu, 2002}; ^{Bourdieu, 1997: 63}; ^{Wilkis, 2004: 126}). Las estrategias, a base de ser probadas y aprobadas (^{Bourdieu, 2002: 557-558}) mediante el proceso de habituación, pueden llegar a ser institucionalizadas. En tal sentido, el habitus “gestiona” las estrategias de los agentes porque establece las potencialidades objetivas dadas en el presente (^{Wilkis, 2004: 127}). “El éxito de las estrategias está dado por el ajuste entre las exigencias de las posiciones y las disposiciones adquiridas para actuar conforme a ellas” (^{Wilkis, 2004: 125}).

El concepto de estrategia ha sido criticado porque implica conciencia de fines, medios, plazos y resultados, planteando la duda del grado de racionalidad involucrado en la elección de las acciones desarrolladas (^{Torrado, 1981}; De ^{Oliveira y Ariza, 1999: 100}). Para Bourdieu, el estudio de la acción social en el marco del habitus despoja de sentido la cuestión de la conciencia o la inconsciencia de las estrategias. El habitus permite a los agentes engendrar, sin cálculo racional de medios, unas estrategias adaptadas y renovadas dentro de los límites de las imposiciones estructurales de las que son producto y que los definen (Bourdieu,1999, en ^{Vizcarra, 2002: 67}). La noción de habitus explica que sin ser propiamente racionales, las acciones de los agentes son razonables en función de la posición desde la cual se desarrolla la acción (^{Bourdieu, 1995: 89}). En torno a esto es relevante el señalamiento de ^{Bourdieu (1995: 89)}: las estrategias deben ser entendidas y estudiadas en relación con las acciones que los actores desarrollan en el contexto de las prácticas cotidianas, y bajo la especificidad del campo.

A lo largo de este texto abordaremos el proceso de habituación de las estrategias empleadas por los ejidatarios para la protección de sus bosques, como fue el establecimiento de comisiones de vigilancia, la colecta de leña muerta, reducir el volumen de aprovechamiento forestal y aprovechar árboles mal conformados; y en cuyo proceso de habituación estuvieron involucradas las normas establecidas por los distintos decretos de creación de la Reserva de la Mariposa Monarca y los planes de manejo forestal.

Estrategia metodológica

Para el desarrollo de este trabajo se recurrió a diversas herramientas de recopilación de información: revisión documental, observación participante, conversaciones informales y entrevistas a profundidad. El primer paso fue la revisión documental, la cual consistió en el análisis del Decreto de Dotación del Ejido El Paso (^{Diario Oficial de la Federación, 1936} y ¹⁹⁴⁰), el Programa de Manejo Forestal del Ejido (^{Sánchez Concha, 2004}) y el Manifiesto de Impacto Ambiental del Ejido (^{Mass Porras, 1996}). Dicha revisión fue complementada con observación participante y entrevistas informales aplicadas a 30 adultos miembros del ejido. Esta primera etapa del trabajo fue desarrollada en el año 2006, y la información recabada permitió una primera reconstrucción histórica y aproximación a la organización de las actividades de protección y manejo del bosque, así como a la organización del trabajo en el ejido.

La información recabada en la primera etapa permitió diseñar el cuestionario de las entrevistas a profundidad, las cuales fueron aplicadas en 2007 a un total de cinco adultos mayores (tres ejidatarios, una ejidataria y un no ejidatario). La guía que sustentó las entrevistas a profundidad tuvo por objetivo ampliar la información requerida para reconstruir la historia del ejido y analizar el proceso de institucionalización del aprovechamiento y la conservación forestal comunitaria. Los informantes fueron identificados usando el método de muestreo bola de nieve, para lo cual se pidió a los entrevistados la recomendación de personas que gozaran de prestigio en el conocimiento sobre la historia del ejido y del manejo de sus recursos naturales. Ello se ajustó a un principio fundamental de la conversación etnográfica, “que consiste en obtener de un informante el saber socialmente confirmado de su comunidad: sus descripciones, sus explicaciones, son reconocidas como válidas por los demás miembros competentes de la comunidad” (^{Coulon, 1988: 95}).

Los apartados temáticos y las preguntas que conformaron el cuestionario de las entrevistas a profundidad se ordenaron cronológicamente, y según los acontecimientos históricos que, a partir de las entrevistas no estructuradas y la revisión documental, se identificaron como los más importantes; en cada uno de los apartados se puso atención en captar la importancia del recurso forestal como estrategia de reproducción familiar. La guía se estructuró en los siguientes apartados temáticos: el proceso de conformación del ejido y la reserva; el impacto histórico de las políticas federales, estatales y municipales en la organización comunitaria del aprovechamiento y la conservación forestal; los desastres naturales; las transformaciones en las actividades de manejo y conservación forestal; y la historia de la industrialización y venta de la madera del ejido.

Caso de estudio: el ejido El Paso

Este ejido pertenece al municipio de Ocampo, en el estado de Michoacán. Se localiza a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Zitácuaro. Está parcialmente ubicado en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca (RBMM), la cual se localiza entre los estados de México y Michoacán, en la provincia fisiográfica del eje volcánico transversal (Mapa 1).

Fuente: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Registro Agrario Nacional-Núcleos Agrarios.

Mapa 1 Ubicación del ejido El Paso en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca 

El ejido tiene una extensión de 834 hectáreas; la zona de asentamiento humano y sus parcelas (polígono 1 del Mapa 2) tienen una extensión de 367.12 hectáreas y están ubicadas fuera de la jurisdicción de la reserva. Los bosques del ejido polígono 2 del (Mapa 2) se ubican en la zona de amortiguamiento de la reserva, en la subzona de aprovechamiento sustentable de recursos naturales, y el polígono tiene una extensión de 460.22 hectáreas.

Fuente: Carpeta básica del ejido El Paso, obtenida del Archivo General Agrario.

Mapa 2 Polígonos que conforman el territorio del ejido El Paso 

Entre los dos polígonos que conforman el ejido hay una distancia de 12 kilómetros, que se recorre en 45 minutos en automóvil y entre dos y tres horas caminando.

Sus bosques colindan al noreste y este con el ejido El Rosario, al sur con la comunidad agraria Donaciano Ojeda, al oeste con la comunidad agraria San Cristóbal, y al noroeste con el ejido El Asoleadero.

Los sujetos de derecho agrario del ejido son 36 ejidatarios (más la parcela escolar), 5 posesionarios y 50 avecindados, los cuales no cuentan con los mismos derechos y obligaciones de acceso y uso de las tierras ejidales (parcelas, tierras de uso común y solares), ni los mismos derechos para participar en la asamblea ejidal (Cuadro 1).

^a Los avecindados pueden o no tener acceso a una parcela, dependiendo de que algún ejidatario o posesionario le preste, rente o venda un pedazo de la suya.

^b La asamblea toma todas las decisiones relativas al aprovechamiento y la conservación de los bosques comunitarios del ejido.

^c La asamblea vigila y sanciona los acuerdos comerciales (compra-venta) y la sucesión de derechos de las parcelas; sin embargo, las formas de organización del trabajo son competencia exclusiva de la familia.

^d La asamblea tiene incidencia sobre los servicios y equipamiento, y en la forma de organización del trabajo en estos espacios, pero no sobre las actividades que se desarrollan en el interior de los solares.

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas en campo.

Cuadro 1 Estructura del ejido El Paso, de acuerdo con los sujetos agrarios y sus derechos sobre los recursos presentesen los espacios socioterritoriales del ejido y su acceso a los espacios de toma de decisión 

Las tierras de uso común están destinadas al aprovechamiento y conservación colectiva de los bosques. Sólo los ejidatarios están a cargo de ello, y si cumplen con las obligaciones de conservación tienen derecho a una parte proporcional del ingreso económico proveniente de la venta en pie de oyamel y pino a un concesionario. Los avecindados y posesionarios pocas veces son incorporados como peones al aprovechamiento forestal maderable, y pueden aprovechar hongos y leña para autoconsumo, pero la distancia provoca que sólo los pobladores de ejidos y comunidades aledañas al bosque aprovechen esos recursos.¹

Los ejidatarios y posesionarios son los únicos con titularidad de derechos sobre las parcelas, donde desarrollan actividades agroforestales que organizan a nivel de hogar y familia, mas su distribución no es equitativa: cada ejidatario cuenta con ocho hectáreas, y los posesionarios entre dos y cuatro hectáreas. Los avecindados llegan a tener hasta dos hectáreas de parcela gracias a la renta, venta o préstamo, siendo el último el más común.

Las actividades agrícolas se desarrollan en condiciones económicamente deficitarias y de incertidumbre: la baja fertilidad de los suelos, la ausencia de regadío, las heladas y los vientos provocan que esas actividades se destinen principalmente al autoconsumo.

En las tierras de asentamiento urbano los ejidatarios, avecindados y posesionarios tienen derecho a un solar, ámbito de la vivienda donde desarrollan actividades secundarias y terciarias organizadas a nivel de hogar, que suelen combinar con la cría de animales de traspatio. Los negocios con mayor valor agregado pertenecen a ejidatarios, y la inversión proviene del ingreso obtenido del aprovechamiento forestal. En contraparte, la inversión en los negocios de los hogares no ejidatarios proviene de sus ahorros y de préstamos de algún familiar ejidatario.

Los ejidatarios son los únicos sujetos agrarios con derecho a participar en la Asamblea de Ejidatarios, órgano interno en el cual se construyen las reglas, se aplican sanciones y se eligen los representantes del ejido. Los miembros del Comisariado Ejidal son los representantes del ejido y administradores de los recursos económicos del aprovechamiento forestal; se encargan de hacer cumplir los mandatos de la Asamblea y vigilar el cumplimiento del reglamento interno. El Consejo de Vigilancia, por su parte, observa el desempeño de los miembros del Comisariado Ejidal e informa a la Asamblea sobre los malos manejos que éste realice.

Una característica importante es que los bosques comunitarios del ejido se encuentran en buen estado de conservación (véase ^{Lugo, 2009}). Grosso modo, la conservación se refiere a las acciones desarrolladas para evitar la destrucción o degradación del hábitat, procurando mantener las condiciones ecológicas originales (véase ^{Rozzi et al., 2001}); de esa forma, el buen estado de conservación de los bosques de este ejido es producto de las actividades de manejo (saneamiento, reforestación, evitar la erosión de suelo y los incendios), y las acciones realizadas para su protección, como es enfrentar la tala clandestina u hormiga mediante comisiones de vigilancia (diariamente un grupo de cinco ejidatarios sale a cuidar los límites de sus bosques durante un lapso de al menos tres horas). Ello les ha redituado en el prestigio que tienen frente a las autoridades de la reserva y otras comunidades locales, y que han construido por más de sesenta años. ¿Cuáles fueron las experiencias y procesos que los llevaron a incorporar las actividades de manejo y conservación de los bosques a sus rutinas cotidianas?

Habituación e institucionalización de las actividades de aprovechamiento y conservación forestal

El Cuadro 2 resume cronológicamente los eventos históricos más relevantes sucedidos en la historia social, agraria y forestal del ejido El Paso, y los pone en contexto respecto a la historia de la Reserva de la Mariposa Monarca.

La población de El Paso tiene sus orígenes en la comunidad otomí-mazahua de San Felipe de los Alzati. Dentro de esa comunidad, los fundadores del ejido vivían en el poblado de San Cristóbal, que en el año de 1923 contaba con una población de 628 personas,² y una superficie de 2 596 hectáreas.

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas en campo y la consulta de los decretos publicados en el ^{Diario Oficial de la Federación (1936}, ¹⁹⁴⁰, ¹⁹⁸⁰, ¹⁹⁸⁶, ²⁰⁰⁰).

Cuadro 2 Orden cronológico de acontecimientos concernientes a la historia social, agraria, institucionaly de creación de la Reserva de la Biosfera del Ejido El Paso, 1910-2004 

Tenían bosques y 500 hectáreas se dedicaban al cultivo familiar. No obstante, las condiciones de minifundio los obligaban a sembrar en los solares y a emplearse como medieros en la hacienda que posteriormente serviría para dotar de tierras al ejido. Los habitantes que no tenían tierras se contrataban como peones para trabajar en las parcelas de otros comuneros, en los bosques de la comunidad y en ciertas épocas del año se contrataban para trabajar en otros ejidos (véase el Cuadro 2).

La historia forestal de San Cristóbal tuvo fuerte influencia en la forma de organización de las actividades de aprovechamiento y conservación forestal que a la postre realizarían los fundadores del ejido. Entre 1917 y 1936 los pobladores de San Cristóbal aprovechaban los recursos forestales mediante una solicitud verbal de permiso a las autoridades comunales, ya fuera para el autoconsumo o para la venta. Para el autoconsumo prevalecían la caza de venado y gallina de monte, la colecta de hongo y leña, y el aprovechamiento de madera para construir sus viviendas. Para la venta aprovechaban madera sin aserrar, carbón y elaboraban durmientes de ferrocarril. La demanda maderera de la población local, de los pueblos de Tuxpan, Jungapeo, Ocampo y de la pequeña estación de ferrocarril de la vecina Hacienda de Hernández, provocaron la sobreexplotación de los bosques de la comunidad, al grado que el decreto de dotación de tierras de El Paso señala que en 1922 San Cristóbal abandonó el aprovechamiento forestal “por haberse agotado los montes”.

Un aspecto a destacar es que en la zona únicamente había dos predios afectables que podían satisfacer la demanda de tierras para propiedad social. En tal contexto, la dotación agraria a nuevos ejidos fue un catalizador para apresurar la solicitud de tierras de los fundadores de El Paso, quienes hicieron su solicitud formal el 17 de noviembre de 1922. La escasa disponibilidad de tierras provocó que los bosques del ejido se ubicaran a 12 kilómetros de distancia de las tierras de asentamiento humano y parcelas, y que de los 130 peticionarios el decreto dotara de derechos a sólo 42 ejidatarios. Entre la fecha de solicitud (1922) y la dotación efectiva de las tierras transcurrieron cerca de catorce años (Cuadro 2), y el 20 de febrero de 1936 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la dotación de tierras ejidales a este núcleo de población.

Entre 1936 y 1940 el ejido funcionó como una extensión de San Cristóbal, ya que los ejidatarios siguieron viviendo en San Cristóbal y permitieron que el resto de los pobladores realizaran actividades agrícolas en las tierras parceladas del ejido. Es indicativo que algunos de los entrevistados señalaran que “el ejido se peleó a nombre de San Cristóbal” y que algunos documentos oficiales le llamen “El Paso de San Cristóbal”.

Durante ese mismo periodo la falta de cuidado de los bosques de San Cristóbal provocó graves incendios, a raíz de ello la fauna y el agua en los manantiales disminuyeron. En contraste, los bosques de El Paso se encontraban en buen estado de conservación y no sufrieron incendios, razón por la cual los pobladores de San Cristóbal comenzaron a explotarlos sin permiso.

^{Berger y Luckmann (2011: 111)} señalan que “la relación entre el conocimiento y su base social es dialéctica […] que el conocimiento es un producto social y un factor de cambio social”. En tal sentido, los incendios y la pugna de sus pobladores por la explotación de los bosques de El Paso generaron que los ejidatarios organizaran comisiones de vigilancia para controlar mejor la tala clandestina y evitar incendios forestales.

La acción colectiva en torno a sus bosques cohesionó a los ejidatarios y legitimó la conservación como una actividad propia de la institución, que en ese momento encontró en la organización y práctica de las comisiones de vigilancia el acto de su fundación, actividad que más tarde sería complementada con prácticas de saneamiento.

La exclusión de los pobladores de San Cristóbal del uso de sus bosques provocó fracturas, a lo que se sumaron los conflictos políticos asociados a la victoria de Manuel Ávila Camacho frente a Juan Andrew Almazán. Esa división llevó a una confrontación armada entre los ejidatarios (que eran camachistas) y los almazanistas de San Cristóbal. Para evitar una escalada de violencia, el ejército convocó a una asamblea y con la lista de la Reforma Agraria invitó a los ejidatarios de El Paso a ocupar sus tierras. Sin embargo, por temor a represalias no todos los beneficiarios se presentaron; de los 42 peticionarios originales únicamente 36 personas obtuvieron derechos como ejidatarios.³

Fue a partir de 1940 que el ejido dejó de fungir como una extensión de San Cristóbal e inició su vida independiente con una alta cohesión social; todos eran camachistas, simpatizantes del partido oficial,⁴ el manejo y la conservación de sus bosques eran parte de su nueva identidad y, aunque provenían de una comunidad mazahua, las entrevistas señalan que ningún ejidatario se consideraba indígena. Parte del proceso de diferenciación también transitó por establecer sus propios órganos de gobierno, elegir sus representantes, y cambiar la forma de nombrar al ejido. Los primeros representantes del comisariado decidieron dejar de llamarle “El Paso de San Cristóbal”, para llamarle ejido El Paso.

Además de continuar con las comisiones de vigilancia, los incendios sucedidos en los bosques de San Cristóbal llevaron a los ejidatarios a iniciar trabajos de saneamiento (principalmente recolección de leña) para prevenir incendios forestales. Desde entonces, esas actividades se han llevado a cabo con la conciencia de que ello beneficia la infiltración del agua, ya que, después de tres o seis meses de lluvias torrenciales, cada año los manantiales “sacan el agua a borbotones […] y desde esos años [...] ha estado respetándose y trabajándose el bosque. Cuidando el bosque”.

La dotación de tierras ejidales fue positiva en múltiples dimensiones. En términos de estrategias, las familias de los ejidatarios accedieron a una parcela de extensión suficiente para asegurar su sobrevivencia, y sus miembros ya no tuvieron que contratarse como peones en otras comunidades. Por otra parte, la conservación les permitió el aprovechamiento continuo de sus bosques y generó un ingreso anual que les facilitó desarrollar actividades agrícolas en la parcela familiar, establecer algún negocio y brindar ayuda económica a familiares. En 1940 se inició la construcción de la escuela primaria, a la cual la asamblea le reconoce el derecho de recibir, como cualquier ejidatario, una parte proporcional del aprovechamiento forestal, lo que ha permitido que la escuela cuente con la infraestructura y equipamiento necesarios para albergar a los niños del ejido y de las comunidades aledañas.

Los ingresos obtenidos del aprovechamiento forestal también sirvieron para financiar los servicios del ejido.⁵ Entre 1949 y 1952 se introdujo la tubería para agua potable, así como luz en las viviendas. En 1990 se pavimentaron las calles y se introdujo el drenaje. A principios del año 2000 se mejoraron los servicios de bombeo de agua para abastecer a la mayoría de las viviendas.

Las vedas forestales impulsadas entre 1940 y 1970 a nivel nacional y estatal no afectaron al ejido (véase ^{Barton y Merino, 2004: 49-72}; ^{Merino y Hernández, 2004: 268}), y entre 1950 y 1980 los ejidatarios consolidaron sus conocimientos sobre el manejo de sus bosques, modificando las actividades asociadas a su conservación y aprovechamiento: la asamblea prohibió el uso de recursos forestales no maderables para la venta, y el uso de recursos maderables para hacer vigas y durmientes de tren. Desde entonces, a los avecindados, posesionarios y personas de comunidades aledañas únicamente se les permite ingresar a los bosques para la colecta de recursos no maderables para el autoconsumo (hongos y plantas), y de madera muerta del suelo para leña.⁶ Respecto a las parcelas, uno de los problemas referidos fue que al principio la superficie de tierras parceladas no era equitativa para cada ejidatario; no obstante, en 1950 se acordó asignar ocho hectáreas a cada uno, lo que puso fin a las pugnas internas y aumentó la cohesión social.

A partir de que los ejidatarios tomaron posesión de sus tierras, una buena parte de sus acciones se centró en lograr que las comunidades vecinas, así como los avecindados y posesionarios, reconocieran la legitimidad de sus restricciones. Esa legitimación ha surgido de tres elementos. Una parte del reconocimiento y respeto lo lograron entre 1940 y 1950, cuando algunos formaron parte de la Defensa Nacional y fungieron como policías encargados de guardar el orden. Otro elemento fue la autorización a los vecinos de colectar hongos y leña en sus bosques. El tercer elemento lo constituye el hecho de que los manantiales del bosque proveen de agua para uso doméstico a algunas manzanas de la comunidad de San Cristóbal y el ejido El Rosario; de estas comunidades sólo los pobladores de El Rosario aprovechan los hongos y la leña de los bosques del ejido, de manera que si los usuarios no cumplen con el cuidado de los bosques, entonces podrían perder sus derechos al agua. Los intercambios simbólicos entre ejidatarios y vecinos sirvieron para establecer relaciones duraderas de dominación simbólica (^{Bourdieu, 2007: 169}), lo que fortaleció el capital social que actualmente emplean los ejidatarios para combatir eficientemente los incendios y la tala clandestina. Como señalan ^{Berger y Luckmann (2011: 112)}, el uso de símbolos de prestigio jugó un papel central para conseguir esa legitimación.

El concepto de legitimidad también es útil para entender los procesos de institucionalización.⁷ A partir del año 1950 la distribución de poderes entre los órganos de gobierno interno del ejido experimentó importantes cambios. En un principio la organización del aprovechamiento y la conservación forestal dependían más de las decisiones del presidente del comisariado ejidal y menos de las decisiones tomadas en asamblea. Con el tiempo, los acuerdos alcanzados en asamblea tuvieron mayor peso para dictar las acciones desarrolladas por los comisariados ejidales, lo que se percibe como resultado de una actitud más responsable por parte de los ejidatarios:

El acuerdo ahora ya está más reglamentado. También se levantaban papeles [actas de asamblea], me acuerdo [...] no, ahora ya está más reglamentado. Que llegamos a un acuerdo de esto... ¡la asamblea! No el comisariado, y en aquel entonces el comisariado representante era el que se metía en todo. Y si le gustaba aflojarse [...] ya no avanzaba su trabajo. No, ahora se lleva.

Dentro de la legitimación, la figura simbólica de San Cristóbal se posiciona como un referente para entender la dialéctica en la integración de procesos institucionales dispares, en este caso expresados por la organización comunitaria y el liderazgo del comisariado ejidal:

En San Cristóbal se acabaron los bosques porque [la gente de ahí] son desidiosos, no son gente responsable. Aparte, la autoridad que entra como representante, como gestor o cuidar para dirigir el pueblo, no le echa ganas, deja la cosa que se acabe.

Así, el orden institucional instaurado en torno a la conservación de los bosques, encontró en la división de poderes el medio para legitimar las acciones de los comisariados, ya que la asamblea se convirtió en el órgano institucional encargado de orientar y tener mayor control sobre sus acciones y manejos administrativos: cada mes el Comisariado debe presentar un informe general de actividades desarrolladas a la Asamblea de Ejidatarios, y el Consejo de Vigilancia revisa esos informes, las cuentas y las operaciones que el Comisariado presenta a dicha asamblea. Adicionalmente, ésta puede remover de su cargo a los representantes del Comisariado que no cumplan adecuadamente con sus funciones.

Otro aspecto que facilita trabajar y gobernar mejor los bosques es el bajo número de ejidatarios: “se trabajaba más tranquilo” porque es más fácil ordenar y controlar sus actividades, así como llegar a acuerdos. Además, permite aumentar las ganancias per cápita del aprovechamiento forestal.

El capital económico que obtienen los ejidatarios del aprovechamiento forestal les permite satisfacer sus necesidades alimenticias y les ha evitado recurrir a la emigración como estrategia de sobrevivencia:

Desde que se fundó el ejido, ese bosque se sigue conservando y se sigue comiendo. Es como decir un árbol que tiene fruta. Vamos a cuidar el árbol porque cada año nos da. Así cuidamos el bosque [...] realmente nuestro bosque es el que nos da de comer. Si no fuera por el bosque, ¿qué haríamos?, ¿con qué cultivaríamos las tierras? Pero entonces el ejido se quedaría sólo, porque todos los hombres saldrían a trabajar para traer un centavo para comer, pero nosotros gracias a Dios que cada año tenemos nuestro aprovechamiento.

No sucede lo mismo con los avecindados y posesionarios. Las restricciones establecidas por los ejidatarios han provocado que, a lo largo de la existencia del ejido, las actividades de aprovechamiento y conservación forestal sean marginales para la sobrevivencia de sus familias.

La estructura en la distribución de los capitales, especialmente el capital cultural, representado por los derechos de acceso al bosque y a las parcelas, ha llevado al desarrollo de distintas estrategias familiares. Entre los avecindados favoreció la emigración, estrategia que ha tenido tres grandes momentos. En 1950 el programa Bracero impulsó la primera experiencia emigratoria. La segunda se registró en 1980, cuando algunos de ellos se fueron como jornaleros agrícolas a Baja California y en menor medida a Estados Unidos. Finalmente, la tercera ola inició en 1990 y continúa hasta la fecha, nuevamente emigrando a Estados Unidos.

Los avecindados o posesionarios que no emigraron, entre 1950 y 1980 principalmente, se contrataron como peones en las parcelas de ejidatarios y posesionarios, y marginalmente se incorporaron a las actividades forestales, ya que los ejidatarios, hasta la fecha, prefieren contratar peones provenientes de otros ejidos.⁸

Para los ejidatarios, disponer de un pedazo de tierra no siempre ha sido suficiente para obtener un ingreso. Si bien entre 1970 y 1990 la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) fue de gran ayuda para que algunos ejidatarios pudieran vender su maíz, con su desaparición los ejidatarios disminuyeron su producción agrícola, y sus tierras de temporal ahora sólo producen para el autoconsumo. Adicionalmente, la falta de agua en las tierras parceladas ha impedido una producción agrícola rentable y competitiva en los mercados locales. Así, el aprovechamiento forestal ha sido importante para financiar las actividades agrícolas de la parcela, lo que ha influenciado significativamente en la construcción de la identidad y las obligaciones propias del ejidatario. En 1950 algunos ejidatarios quisieron implementar como regla que, para obtener beneficios económicos del aprovechamiento forestal, todos los ejidatarios debían sembrar la parcela:

[...] porque así es la obligación de nosotros, de estar cuidando nuestro bosque y trabajar nuestras parcelas, para eso nos las dio el gobierno, para trabajarlas. Y yo me lleno de orgullo señor, que soy mujer y no puedo, y siembro como cuatro y medio [hectáreas] [...]

[…] la obligación de nosotros es cultivar la tierra, por eso vienen los frutos forestales, para cultivar la tierra.

En 1993 inscribieron en su reglamento interno que todo ejidatario está obligado a sembrar la mitad de su parcela, o se haría acreedor a una sanción de diez salarios mínimos, regla que continúa vigente y fortalece la identidad campesina del ejidatario. No obstante, persisten desacuerdos respecto al uso de las parcelas: unos han preferido reforestar, otros siembran maíz y forraje, y otros desarrollan actividades agrosilvícolas. Algunos ejidatarios opinan que la reforestación es una inversión que a mediano y largo plazos les traerá ganancias económicas; otros consideran que la parcela debería sembrarse con productos agrícolas, ya que ante la necesidad que otros tienen de tierra, tener la parcela arbolada es como si estuviera vacante.

En este apartado se aprecia que el capital cultural y social construido a lo largo de los años de la historia de El Paso, permitió generar el capital económico que aseguraría la sobrevivencia del ejidatario como campesino,⁹ reforzando el valor simbólico del bosque bien conservado como parte de esa identidad.

El ejido en la Reserva de la Biosfera: adaptación y continuidad

A partir de 1960 y hasta mediados de los ochenta, la política forestal mexicana fomentó el desarrollo de empresas paraestatales (^{Merino y Segura, 2005: 54}) orientadas a articular los servicios técnico-forestales en ejidos y comunidades con bosque. Además de esas funciones, entre 1974 y 1986 la Unión de Ejidos Melchor Ocampo industrializó la madera del ejido -y buena parte de la producción del oriente de Michoacán-. ^{Merino y Alatorre (1997: 77)} reportan que esa empresa forestal se caracterizó por su corrupción e ineficiencia; por ello en 1986 el ejido rompió relaciones comerciales con aquélla, y se asoció con la Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal (Ucodefo) núm. 1, con quien ejerció el aprovechamiento forestal hasta 1992. De acuerdo con ^{Merino y Segura (2005: 55)}, estas paraestatales ejercían alto control en las decisiones comunitarias relacionadas con los planes de manejo y los volúmenes de aprovechamiento forestal.

El 9 de abril de 1980 el ejecutivo federal decretó como zonas de reserva y refugio de fauna silvestre los lugares donde migra, hiberna y se reproduce la mariposa monarca, y decretó veda por tiempo indefinido sobre su caza y captura en todo el territorio nacional. Este decreto no fue ejecutado por ninguna instancia gubernamental a nivel local, de forma que no tuvo incidencia en los bosques del ejido y los ejidatarios siguieron aprovechando sus bosques normalmente.

El 9 de octubre de 1986 otro decreto definió como Área Natural Protegida las zonas donde hiberna y se reproduce la mariposa monarca. De esa forma, y de acuerdo con el manifiesto de impacto ambiental del ejido, de las 460.22 hectáreas de bosque, 161.77 hectáreas quedaron en zona núcleo, 153.26 hectáreas en zona de amortiguamiento y 145.17 en zona libre de la reserva.

Durante 14 años de vigencia del decreto, en la zona núcleo se prohibieron actividades productivas, de aprovechamiento forestal, poda y limpia del bosque. En el área de amortiguamiento se redujeron los volúmenes de madera aprovechados, y en la zona libre las actividades de aprovechamiento forestal se desarrollaron conforme al plan de manejo.

Las entrevistas a ejidatarios indican que el decreto de 1986 tuvo poca difusión, y se enteraron tardíamente del interés del Estado por ampliar la zona de veda forestal. Adicionalmente, el criterio de veda sustentado en la presencia de la mariposa monarca en sus bosques sorprendió a los ejidatarios pues ésta nunca ha llegado ni hibernado ahí. A pesar de ello, los ejidatarios percibieron más beneficios que perjuicios, estimando que la nueva normativa facilitaría la participación de los gobiernos municipales y estatales en las actividades de conservación. Además, en aquel entonces evaluaron positivamente que una porción de sus bosques quedara en zona libre, porque ello ayudaría a seguir aprovechando una parte de sus bosques de acuerdo al plan de manejo y sin ninguna restricción, y así “compensar” el efecto negativo de la veda en la sobrevivencia familiar. Finalmente, en 1986 los ejidatarios consiguieron un permiso de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos para aprovechar sus recursos forestales hasta 1995, y aunque la reserva los obligó a disminuir los volúmenes de aprovechamiento (véase ^{Merino y Alatorre, 1997}), ese permiso les dio la certeza para seguir aprovechando el bosque. Ello dista mucho de las conductas adoptadas por las comunidades vecinas (San Cristóbal y El Asoleadero), que, a raíz del decreto de 1986, y probablemente frente a la falta de oportunidades laborales a nivel local (^{Boyer, 2007: 67}), destruyeron sus recursos forestales (^{Merino y Alatorre, 1997: 77}).

Como parte de su nueva normativa, la Reserva les brindó capacitación para mejorar sus prácticas de conservación e iniciar nuevas actividades destinadas a la reforestación, la prevención de incendios y la erosión de suelos, todas recomendadas en los planes de manejo. De esa forma, el decreto de 1986 legitimó las prácticas comunitarias de conservación, integrando el orden institucional comunitario al orden institucional gubernamental (^{Berger y Luckmann, 2011: 119}). Otra forma en la cual se expresó dicha integración fue que trabajadores de la reserva se sumaron a los ejidatarios para supervisar que los árboles marcados por el prestador de servicios técnicos efectivamente correspondieran a la zona de amortiguamiento.

Aunque los ejidatarios procuraron ajustar el manejo forestal a las disposiciones ambientales, gracias al conocimiento acumulado sobre sus bosques y en contra de la normativa de la reserva, se negaron a dejar de sacar leña muerta de la zona núcleo y así evitar incendios. Además, dejaron de aplicar el tipo de cortas recomendadas por la Ucodefo (Método de Desarrollo Silvícola), lo que les permitió conservar en buen estado la composición y estructura de sus bosques.¹⁰ En 1992 los ejidatarios mostraron inconformidad con la actuación del Ucodefo por sospecha de corrupción, y ese mismo año rompieron relaciones con esta unidad de administración forestal.

No obstante, la veda repercutió negativamente en la conservación del bosque de la zona núcleo. El incremento de muérdago enano aumentó el número de árboles muertos; la falta de manejo favoreció que los árboles crecieran muy juntos y en competencia por recursos, provocando que sus diámetros fueran más pequeños y que el volumen de extracción disminuyera en años subsecuentes.

^{Merino y Alatorre (1997: 79)} reportan que la falta de manejo provocó que en la zona núcleo la presencia de árboles jóvenes fuera de la mitad de la que se podía encontrar en zonas de amortiguamiento bajo manejo forestal, comprometiendo la renovación de las áreas forestales de la zona núcleo; otra consecuencia fue que, además de reducir los volúmenes de aprovechamiento, aumentaron los costos de producción, combinación que hizo incosteable mantener el aserradero del ejido, lo que les llevó a venderlo.

A partir de 1986 hubo importantes modificaciones en materia ambiental. Entre otras,¹¹ se modificó la Ley Forestal anulando las concesiones y se proscribió el rentismo forestal, para así reconocer el derecho de las comunidades a aprovechar directamente sus bosques. Esta ley obligó a éstas a elaborar sus planes de aprovechamiento forestal y les reconoció la titularidad de los servicios técnicos forestales (^{Merino, 2004: 191}). Desde 1992, a raíz de la ruptura con Ucodefo, los ejidatarios han contratado un bufete independiente para desarrollar y ejecutar sus programas de manejo, alcanzando mayor autonomía y control sobre las decisiones que antes eran impuestas por los servicios técnicos de las paraestatales. Ello les permitió plantear nuevos criterios técnicos (Método de Manejo de Bosque Irregular) y aprovechar árboles mal conformados o en situación de competencia. En años anteriores el sistema de manejo fomentaba la eliminación de esos árboles por ser comercialmente indeseables (^{Merino y Alatorre, 1997}); no obstante, un estudio demuestra que este método ha dado buenos resultados para la conservación del bosque (véase ^{Lugo, 2009}).

La veda impuesta a sus bosques, la desaparición de Conasupo, el crecimiento poblacional y sus obligaciones como ejidatarios se conjuntaron para transformar los volúmenes y destinos de la producción forestal y agrícola. Muchas de estas transformaciones respondieron al proceso de liberalización de la economía del país impulsado por Miguel de la Madrid en 1982 (^{Salazar, 2004}; ^{Merino y Segura, 2005: 57}). Durante la veda, el bajo ingreso obtenido del aprovechamiento forestal redujo el financiamiento de las actividades agrícolas de las parcelas. Los ejidatarios señalan que el mayor monto económico obtenido del aprovechamiento forestal fue de 9 000 pesos, aunque lo normal era obtener 3 000 o 4 000 pesos anuales. Aunque la producción agrícola se mantuvo constante, entre cuatro y ocho toneladas de maíz por ejidatario al año, la ausencia de Conasupo provocó que sus cosechas no se vendieran. Un ejidatario comentó: “La producción ya no tiene salida [...] Antes sí se vendía el producto. Cada quien vendía sus cinco, seis toneladas, cuatro de maíz”.

Para cumplir con la regla de sembrar al menos el 50% de la parcela, las estrategias de los ejidatarios consistieron en redistribuir el destino y cambiar el volumen de producción de maíz y forraje. Por una parte, la producción se destinó en mayor medida al autoconsumo, sobre todo para el forraje de animales (como avena, trigo y cebada), provocando que aumentara la producción de forraje y se redujera la de maíz. Por otra parte, la creciente población de hijos demandando tierras para trabajar,¹² tuvo por efecto la reducción de la superficie de parcela por hogar y el incremento del minifundio, provocando una menor producción de forrajes y la consecuente reducción de la producción pecuaria. Algunos ejidatarios señalaron que en 2006 la producción de animales equivalía a la mitad de lo producido antes de 1986, cuando tenían reses, borregos y cabras. Respecto a las parcelas, otro ejidatario mencionó:

Todo eso se va utilizando y ya viene la familia, entonces uno va distribuyendo la poquita de tierra, por eso nos hacía falta tierra. Y ¡ya viene el hijo! Ya también tiene otra vida, entonces siémbrate dos hectáreas, ahí están dos hectáreas, siémbrate dos, dos de forraje y dos de maíz pa’ que no falte.

Las obligaciones de los ejidatarios respecto a las actividades de protección y conservación de sus bosques les impidieron recurrir a la emigración como estrategia familiar de orden económico. Sin embargo, dicha acción fue emprendida por los miembros del hogar que no tenían derechos reconocidos. Con el dinero de las remesas y los ingresos del aprovechamiento forestal, se sembró la parcela y algunos ejidatarios establecieron los negocios que actualmente complementan sus ingresos. Así, la emigración sirvió como una estrategia familiar para amortiguar los efectos económicos negativos causados por la incorporación de sus tierras a la zona núcleo.

Desde 1986, los aprovechamientos forestales deben acompañarse de actividades de reforestación (Artículo 62 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable). Entre 1986 y 1995 el compromiso del ejido con la reserva fue reforestar diez plántulas de viveros por cada metro cúbico de extracción forestal autorizado. Ello les ha impedido sistematizar el uso de especies de su mismo bosque para reforestar. Desde la perspectiva de los ejidatarios, esta obligatoriedad ha sido un inconveniente para mejorar el estado de conservación y la composición biológica de sus bosques. ^{Chapela y Barkin (1995)} señalan que las plántulas de este ejido podrían ser colectadas en áreas donde existen renuevos, y sembrarlas en otras, mejorando la composición genética y la productividad forestal.

Dado que la regeneración natural ha sido buena y tiene mejores resultados que los obtenidos por reforestación, los ejidatarios encuentran innecesario introducir variedades de árboles ajenos a las especies nativas. Sin embargo, siguen reforestando con individuos provenientes de viveros “por el deber que tenemos con la reserva”. Así, la reforestación es percibida más como un trámite burocrático que como una obligación para la conservación.

Durante el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari se agudizaron las políticas de ajuste estructural y de apertura comercial financiera. Una de las modificaciones más relevantes para incentivar el mercado de tierras fue la reforma al Artículo 27 constitucional y a la Ley Agraria mexicana (^{Merino, 2004: 194}; ^{Appendini, 2001}). Con ese objetivo y para dar “certeza” al sector agrario, en 1992 el Gobierno Federal puso en marcha el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) para delimitar la propiedad social y otorgar certificados y planos parcelarios, certificados de uso común y títulos de propiedad de solares a los sujetos agrarios (^{Warman, 2001: 21-26}). Aunque estas reformas implicaron mayor fragilidad, también hubo menor intervención del Estado en el orden interno de los ejidos, particularmente en los procesos de toma de decisión y el acceso a sus bienes y servicios públicos (^{Merino y Segura, 2005: 59}), incrementando su grado de autonomía.

Acorde con lo anterior, en 1993 los promotores de la Procuraduría Agraria alentaron al ejido a inscribirse al Procede, y con ello inició una discusión acerca de las ventajas y desventajas de este programa respecto al orden de las relaciones internas del ejido. Algunos ejidatarios estaban en desacuerdo, pues temían que algún representante ejidal pudiera vender sus tierras a alguien del ámbito privado. Otros entendían que ello no era fácil, pues las acciones de dominio pleno tenían que ser previamente discutidas y acordadas en asamblea. Otros consideraron que el hecho de obtener certificados les daría más certeza a las familias sobre la titularidad de sus derechos y de cómo ejercerlos:¹³ “un certificado legalizado de acuerdo con el artículo. Entonces tú [...] ya eres libre de hacerle un documento a tu hijo y a tu hija, a colocar tu misma familia. ¿Por qué? porque ya te autoriza todo esto”.

El Paso se inscribió al programa en 1994 y no presentaba conflictos internos por el uso y destino de sus tierras, y tampoco por las superficies asignadas, indicio de la alta cohesión social alcanzada en ese momento.¹⁴ Adicionalmente, desarrollaron un primer reglamento interno que institucionalizó los derechos y obligaciones que habían construido desde 1940. Con la incorporación al Procede, el número de avecindados se incrementó de 26 a 50 y se entregaron los certificados correspondientes a avecindados, posesionarios y ejidatarios.

La obtención de certificados parcelarios institucionalizó el préstamo de un pedazo de parcela para ser cultivado por algún familiar avecindado, trato agrario que de antaño ya realizaban. Por su parte, antes de inscribirse al Procede, la renta o venta de las parcelas no era una práctica congruente con la ley agraria del momento. Paradójicamente, la inscripción al Procede permitió que un expresidente municipal comenzara a acaparar tierras parceladas mediante el uso de prestanombres, lo cual se convirtió en un importante conflicto que actualmente ya se ha resuelto. Algunos ejidatarios consideran que la venta de parcelas no es buena estrategia: “los que piensan en vender su parcela es porque tienen serios problemas económicos, y piensan que vendiéndolas van a salir del problema, pero les acaba yendo peor”.

Existen otros factores que inhiben la venta de parcelas como estrategia económica. En primera instancia, la titularidad de la parcela es una parte fundamental de su identidad campesina, y esa titularidad está simbólicamente ligada al aprovechamiento forestal, lo cual es altamente valorado entre los ejidatarios y los distingue del resto de los miembros de la comunidad. Adicionalmente, la liga simbólica entre la parcela y los recursos forestales ha creado la idea de que la venta de la parcela implica la transferencia de derechos sobre los bosques y con ello aumentaría el número de ejidatarios, lo que provocaría la reducción de los ingresos económicos del aprovechamiento forestal y dificultaría llegar a acuerdos por consenso. Por esas razones, los ejidatarios prefieren prestar la parcela a parientes para que ellos la usen, lo que adicionalmente es visto como una obligación entre hermanos, pues “el papá luchó para todos sus hijos”, por ello es que el nuevo ejidatario tiene que ayudar a sus hermanos permitiéndoles el acceso a un pedazo de parcela.

Antes del decreto del año 2000, por el cual se creó la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, las autoridades ambientales establecieron mesas de discusión en las que algunas comunidades participaron para expresar su postura frente a la nueva propuesta de modificación de la normativa de la reserva. En esas mesas, los representantes del ejido argumentaron que la totalidad de sus bosques debía quedar en zona de amortiguamiento porque la mariposa monarca no hibernaba en ellos. Tras una inspección con representantes de la Semarnat, se validó la propuesta y sus bosques fueron reclasificados en zona de amortiguamiento.

Esa reclasificación permitió aumentar al doble los volúmenes de corta respecto 1996 y 2003 (Gráfica 1).¹⁵ Ello se tradujo en un ingreso hasta 16 veces superior al obtenido durante la veda forestal y en mayores inversiones en las actividades agrícolas de las parcelas y en la escuela.

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa de Manejo Forestal (^{Sánchez Concha, 2004}) y el Manifiesto de Impacto Ambiental (1996) del ejido El Paso.

Gráfica 1 Volumen de corte (m3) autorizados al ejido El Paso entre 1996 y 2015 

A pesar de ello, la dirección de la reserva les impuso reducir el volumen de aprovechamiento forestal. ^{Lugo (2009: 98, 108)} señala que esas regulaciones son un requisito burocrático y que podrían extraer mayor volumen sin comprometer el estado de conservación del bosque. Sin embargo, los ejidatarios han preferido mantener los volúmenes de corta que establece su plan de manejo, lo que habla de un alto grado de institucionalización de los comportamientos referidos a la conservación.