En este libro se analiza la conformación oficial y social de las zonas patrimoniales y las áreas ambientales de México. El centro de esta obra es el proceso de construcción y difusión de dos nociones que permiten representar la organización del espacio: el patrimonio y el medio ambiente. Es un trabajo clave para el estudio de esos procesos, pero principalmente para el tan socorrido pero poco organizado debate sobre los conflictos socioterritoriales y socioambientales de México. Es clave pues reúne en forma lúcida y eficiente reflexiones que en diferentes estudios -principalmente del autor- apuntan a una explicación de los conflictos socioterritoriales en México. Si bien se trata de una reflexión tejida exclusivamente a partir de estudios de caso suscitados en México durante las últimas dos décadas, el alcance del trabajo trasciende el contexto mexicano: se trata indiscutiblemente de observaciones útiles para comprender fenómenos similares en otros países.

Desde el punto de vista metodológico Melé identifica, a partir de acciones concretas, la manera en que se despliegan los procesos de territorialización a través de las categorías relacionadas con el patrimonio y con el medio ambiente, y analiza cómo el proceso de difusión de esas categorías incide en la concepción que tienen los individuos sobre el territorio. Las acciones que interesan aquí son las de los poderes públicos, pero sobre todo las que éstos desencadenan, y que dan lugar a reacciones específicas de otros actores y, en fin, a lo que el autor llama "situaciones de acción pública" (p. 14). Estas situaciones interesan principalmente a propósito de controversias asociadas con las calificaciones jurídicas sobre el territorio o con las prácticas sociales que éstas afectan en tanto revelan una especie de intersección entre la presencia de valores y de representaciones divergentes sobre el territorio, el agenciamiento institucional y, en fin, la conformación de la acción colectiva. Se trata de una apuesta metodológica que presta igual atención al derecho y a las funciones que éste desempeña en los procesos por los que los territorios son objeto de calificación jurídica,¹ y desde un punto de vista social, objeto de litigio y transacción. Puesto que los casos revisados implican en cierta forma y en algún momento calificaciones jurídicas de territorios (de zona natural protegida o sitio de interés patrimonial), el derecho desempeña una importante labor cognitiva y opera como revelador de lo que hacen los poderes públicos, pero asimismo del estado de las relaciones entre las sociedades, las políticas locales y el territorio.² Uno de los cuestionamientos que en última instancia orientan la mirada del autor sobre los casos que revisa pretende develar la capacidad de las calificaciones jurídicas sobre los territorios para inducir las concepciones y las prácticas cotidianas de los actores involucrados (p. 20). Otro elemento que resalta en su marco analítico es la noción que propone de "conflicto de proximidad" (p. 24), de la que se sirve para examinar los conflictos y controversias relacionados con la implantación de grandes proyectos de infraestructura en el territorio.

En el primer capítulo, "Una posición constructivista", plantea una explicación parsimoniosa y eficaz de un elemento central del trabajo, a saber, el papel de la construcción social en la creación de espacios patrimoniales y ambientales. Con esta interrogante se propone ir más allá de constatar que dichas categorías de espacios protegidos son producto de una construcción social y política, para interesarse en los procesos de difusión de éstas en las modalidades de existencia de esos espacios por medio de las tipificaciones de las que son objeto en las calificaciones asociadas al patrimonio y al medio ambiente, para de esa forma allegarse algunos elementos que contribuyan a la comprensión del papel de esas categorías en las relaciones de los individuos y colectivos con el espacio.

En tanto busca despojar a esas categorías de su naturaleza, el enfoque está orientado por un propósito deconstructivista y a la vez constructivista, pues considera la realidad social como producto de una permanente construcción social. No se trata sin embargo de un constructivismo radical que cuestiona la existencia de una realidad externa al sujeto, sino, como lo apunta el autor, de un "constructivismo moderado" que se aproxima a la posición al respecto del trabajo de la sociología de la acción organizada de Crozier y Friedberg, que se ocupa de la construcción social de las organizaciones y de la labor del trabajo de actualización de éstas en el marco de los sistemas de acción (p. 34).

El trabajo aborda el medio ambiente así como el patrimonio como nociones que caracterizan una forma histórica, social e institucionalmente construida de concebir las relaciones entre sociedad y naturaleza, y entre seres humanos y no humanos. La hipótesis está orientada por la idea de que la generalización de la noción "medio ambiente" modela la forma de pensar esa separación entre sociedad y naturaleza. Con esa noción sería posible determinar en qué forma se hicieron de herramientas las sociedades contemporáneas para concebir esa relación. La hipótesis consiste pues en que las nociones de patrimonio y medio ambiente constituyen un nuevo ámbito de acción pública en cuyo interior se sitúa el debate de la construcción de modalidades de aprehensión de la naturaleza por la política. Implican la constitución de políticas pero asimismo cierta concepción de la responsabilidad y de la capacidad de actuar individualmente. El medio ambiente constituiría desde esa perspectiva una noción que da cuenta de la aprehensión de la naturaleza por la política (lo político) y del patrimonio como una modalidad moderna de producir una presencia del pasado (p. 38).

El enfoque que propone Melé en el capítulo "Presencia del patrimonio y del ambiente" identifica en estas nociones elementos que permiten reconocerlas como "valores", como "referenciales", como "grandeurs",³ e identificar en ellas cierta dimensión "paradigmática". Son valores en tanto que constituyen finalidades u objetivos ideales que orientan las acciones y las elecciones individuales. El autor las toma igualmente como "referenciales" toda vez que las concibe como nociones capaces de conducir un proceso cognitivo que difunde entre los actores de cierto sector de la administración pública una concepción del problema a resolver, y una causalidad que conduce a soluciones específicas. Como "grandeurs", pues, movilizadas en sus argumentaciones, estas nociones participan en el crecimiento y el reconocimiento social del valor de los individuos. Finalmente, el reconocimiento en estas nociones de cierta dimensión paradigmática obedece a que, asociadas a una argumentación trabajada por la ciencia y la política, cada una de ellas suscita un importante número de adhesiones por parte de la comunidad científica internacional y genera un número limitado de modelos de acción susceptibles de ser utilizados en cualquier contexto para resolver problemas cuya identificación está igualmente orientada por los paradigmas patrimonial y ambiental (p. 41). El reconocimiento de esos rasgos permite al autor interesarse tanto en el análisis de los poderes públicos en la producción de esos espacios patrimonial y ambiental, como en las interacciones entre los individuos y los colectivos. Gracias a ello el análisis va más allá de la producción centralizada de la definición legítima de patrimonio y de medio ambiente, y da cuenta de los debates y conflictos que se amplían a otros sectores sociales, especialmente a actores institucionales locales.

En el capítulo "Institucionalización del patrimonio y del medio ambiente" se analizan los procesos mediante los cuales se convierten en categorías el patrimonio y el medio ambiente, así como en ámbitos de intervención de los poderes públicos en el caso de contextos locales específicos de México; es decir, en categorías que estructuran una forma de ver y también una forma de actuar. Ese análisis concede un lugar central al derecho y a la administración pública, sin que ello se traduzca únicamente en una revisión mecánica de normas y de actos de la administración, sino en un esfuerzo por identificar las actividades cotidianas de los servicios administrativos que son creados a propósito de esos dos ámbitos de intervención pública, y de esta manera explorar la forma en cómo esos servicios administrativos van construyendo esos ámbitos de intervención: el patrimonio y el medio ambiente.

El análisis inicia con un repaso de las prácticas concretas por las que se fueron instituyendo los ámbitos de intervención pública de la protección patrimonial y ambiental en México. Es interesante apuntar aquí que el autor se interesa en identificar algunas prácticas aisladas, cuya existencia precede a la creación de estructuras administrativas específicas, que tienen objetivos claros de protección de elementos de esos dos ámbitos, y cómo esos elementos son posteriormente objeto de una agrupación en las categorías institucionales de patrimonio y de medio ambiente. Orientado por ese mismo propósito, Melé presenta la descripción de los procesos por los cuales aparecen y son objeto de institucionalización ciertas prácticas destinadas a la protección del patrimonio, por un lado, y por otro, a la protección del medio ambiente en México, prácticas que en cierta forma se ven afectadas por la tensión propia del contexto del sistema federal mexicano, de la centralización y de la descentralización. En cuanto a la protección patrimonial, en el capítulo se analiza la sucesión de tentativas para modificar la distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas por la vía de infructuosas iniciativas legislativas, así como ejemplos concretos de expresiones locales que contribuyen a la definición de la acción pública sobre los centros históricos (p. 59 y ss.).

Entre las prácticas por las que se fue instituyendo el ámbito de intervención de protección ambiental, el autor señala la aparición de los servicios municipales, cuya creación no está necesariamente orientada por el ánimo de proteger al medio ambiente, sino de mostrar un carácter de innovación en la gestión local (p. 67); así como la emergencia de un proceso de judicialización, tanto de la protección ambiental como del patrimonio, proceso que genera una pluralidad de regulaciones jurídicas sobre ámbitos de intervención similares que, desde la perspectiva del autor, son una expresión del pluralismo jurídico mexicano. Pluralismo que, por cierto, al ofrecer variadas fuentes de argumentación jurídica constituye un recurso importante en las transacciones, negociaciones y adaptaciones locales de la protección patrimonial y ambiental.

Otro plano por el que se interesa el estudio de las acciones destinadas a la protección patrimonial y ambiental concierne al análisis de la relación de éstas con el sector del urbanismo y sus efectos sobre las dinámicas intraurbanas y el desarrollo urbano. El libro revela cómo las intervenciones en materia de patrimonio histórico generan una mayor interacción con el sector del urbanismo que las intervenciones en materia de protección ambiental. En el primer caso, resalta que tienen un efecto no sólo en la reorganización de los flujos y usos de la calle; se convierten también en referencia para los instrumentos de planificación y en espacio de organización de la administración pública local y modifican además la percepción sobre esos espacios, en especial sobre los barrios populares centrales. Sin embargo, observa el autor, se trata de una intervención que, a diferencia de países europeos, no se acompaña de acciones en materia de política de vivienda (p. 74). Complementa este análisis una interesante exposición sobre la pertinencia de aplicar el concepto "gentrificación" al caso de las ciudades mexicanas con acciones de renovación en espacios patrimoniales. En el segundo caso, el de las intervenciones públicas locales en materia de protección ambiental, el autor subraya cómo la acción local, al no respaldar los procedimientos de control de la urbanización, y al contentarse con crear estatus específicos de áreas periurbanas protegidas que muchas veces son territorio de urbanizaciones irregulares, se convierte en una acción pública que sólo sirve para canalizar demandas de la ciudadanía, realizando una función más simbólica que eficaz.

El análisis de la planificación ecológica del territorio y de la zonificación ambiental en México da cuenta de la manera en que se interrelaciona la intervención pública ambiental con el ordenamiento territorial: se trata de intervenciones que, al desplegarse de forma paralela, resultan poco eficaces para orientar el establecimiento de actividades sobre el territorio y para impedir la expansión urbana sobre áreas de interés ambiental; en fin, para evitar la aparición de diversas formas de ilegalidad en la ocupación de zonas protegidas, generalmente asociadas a la urbanización irregular, que suele ser, como lo apunta el autor, objeto de cierta estigmatización (p. 89 ). Los ejemplos del Ajusco en la Ciudad de México y del Parque Nacional Cumbres en Monterrey ilustran las contradicciones de la acción pública local y las dificultades suplementarias asociadas a la presencia del régimen de propiedad social en esos territorios.

La segunda parte del libro, "Conflictos, territorio y acción pública", abarca tres capítulos en los que se analizan las modalidades de territorialización asociadas a los conflictos, así como el papel del patrimonio y del medio ambiente en los procesos de territorialización. Los capítulos están precedidos por una valiosa explicación de la forma en que han evolucionado los conflictos asociados a la cuestión urbana y ambiental en el marco de la transición democrática puesta en marcha desde la última década del siglo pasado, y asimismo por una inteligente revisión de la literatura que se ocupa de las movilizaciones y los conflictos urbanos (p. 100).

En el cuarto capítulo, "Grupos locales, espacios en conflicto y construcción de colectivos", se ofrece una explicación acerca de la manera en que emergen algunos conflictos ambientales como una forma de resistencia a intervenciones exteriores al espacio local, sean del extranjero o del poder central, pero que en todo caso participan en dinámicas de la conformación de una identidad local. Mediante el análisis del conflicto suscitado a propósito de un confinamiento para residuos peligrosos en Guadalcázar, San Luis Potosí, durante la década de los noventa, así como el de la oposición a la operación de una mina en el municipio de Cerro de San Pedro, en ese mismo estado, Patrice Melé descifra las modalidades de constitución de colectivos asociados a la defensa de espacios específicos en cada caso, incluso cuando una concepción del espacio que suscita la movilización no se encuentra en el origen de ésta sino que es su producto (p. 106). Otra es la modalidad de constitución del colectivo que se constituye en torno al conflicto suscitado por el proyecto de implantar un campo de golf en Tepoztlán, Morelos, modalidad en la que concurren elementos y circunstancias que le exigen al autor un agudo análisis del conflicto, gracias al cual el lector encuentra poderosos argumentos para desdibujar el halo épico que caracteriza a su más difundida versión. El conflicto asociado al proyecto de minería a cielo abierto en la población Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, así como el que ocasionó el proyecto de la minera Hecla en el poblado la Choya en el desierto de Sonora, sirven para plantear algunas reflexiones respecto al uso de nociones próximas a la del patrimonio en la justificación de movilizaciones que se oponen a proyectos mineros. El argumento ambiental aparece como poco eficaz ante los recursos jurídicos que ofrece el derecho agrario, en el primer caso, y ante la fuerza de nociones como "lugares sagrados", que participan en la valorización patrimonial del espacio (p. 124). El análisis de los conflictos cierra con el caso de las instalaciones para confinar residuos peligrosos que se localizan en el municipio de Guadalcázar en San Luis Potosí, en donde la relación de los actores movilizados con el territorio en cuestión constituye un factor menos determinante, toda vez que son redes nacionales e internacionales las que se movilizan en contra de las instalaciones (p. 128). Para el autor, los casos evidencian elementos que ponen en duda la idea generalmente expandida a propósito de este tipo de conflictos, según la cual lo clave es que se trata de comunidades agraviadas por algún proyecto exógeno y que el territorio es un elemento central en la articulación de dichas comunidades: no se trata de una territorialidad preexistente a los conflictos, sino que éstos contribuyen a la construcción de la misma.

En el capítulo "Conflictos y territorios institucionales" Melé se ocupa de ajustes institucionales que si bien se realizan en el plano nacional, marcan el funcionamiento de los gobiernos locales: la descentralización iniciada en los ochenta, la entrada en vigor del TLCAN y la alternancia política de 2000. A partir del análisis de los casos de Tepoztlán y Guadalcázar, pero también de otros que ocurrieron por esos años, como el de Atenco en el Estado de México, el autor observa que la descentralización y la transición política crearon condiciones favorables para la emergencia de revueltas municipales. Esas condiciones no están sin embargo relacionadas solamente con las nuevas potestades municipales en materia de control urbanístico que empujan a las administraciones municipales a oponerse a proyectos diseñados desde el gobierno estatal, sino, y a pesar de ello, también a la inestabilidad y a la debilidad que las sigue caracterizando (p. 131).

Tras este planteamiento presenta un interesante análisis sobre el ejido y el papel que desempeña en el espacio local como actor institucional territorializado y especialmente como participante en controversias, a pesar de que formalmente no es un órgano de gobierno. Agudo observador de los procesos de calificación jurídica de territorios, el autor identifica una suerte de desplazamiento en el uso político de los reconocimientos estatales hacia la propiedad de la tierra: la gestión política de la regularización ha permitido a los intermediarios políticos pasar de cultivar relaciones clientelistas en torno a la regularización de tierras con los ejidatarios, a establecer otras relaciones clientelistas, pero ahora con los adquirientes de ese suelo en las periferias urbanas (p. 134). La reserva que constituye de facto el suelo ejidal para la urbanización periurbana otorga a los sujetos agrarios un poder de interlocución y confrontación que en el periodo postpriista se convierte en un elemento propicio al conflicto. Esa situación, aunada al hecho de que en numerosos casos son las autoridades agrarias quienes proveen de servicios públicos a los habitantes de sus territorios, convierten a estas autoridades en una especie de funcionarios de un cuarto orden de gobierno. Los casos analizados por el autor proveen elementos empíricos para abonar en la idea de que en numerosos conflictos territoriales el ejido y sus actores, así como los tribunales agrarios, adquieren gran relevancia en las transacciones territoriales, sea por las cuestiones de irregularidad implícitas o por la centralidad de esas y otras autoridades agrarias.

Más adelante en el capítulo se amplía el examen de los estudios de caso al poner en perspectiva las convergencias y las diferencias entre los niveles de gobierno involucrados en cada proyecto, sea que se originen en la distribución de competencias, o bien en la filiación política de las autoridades en turno. Sin que se trate de apuntes concluyentes en la revisión se identifican elementos empíricos del desmoronamiento del sistema priista y de sus capacidades de cooptación o concertación en el espacio local. El análisis del TLCAN en la cristalización y arbitraje de los conflictos revisados sugiere que si bien sus alcances son limitados en lo estrictamente ambiental, como en el caso de Minera San Xavier, tratándose de aspectos comerciales como en el de Guadalcázar, la intervención de los órganos y procedimientos de arbitraje derivados del TLCAN puede incidir en el desarrollo de esos conflictos al convertirse en una arena de resolución de disputas comerciales, pero asimismo como un recurso de negociación en tanto la amenaza de su uso constituye una moneda de cambio ante las autoridades locales (p. 150).

El sexto capítulo, "Conflictos y territorialización de la acción patrimonial y ambiental", trata sobre los estudios de caso en tanto modalidades de territorialización de la acción ambiental y patrimonial. Aquí la revisión de los estudios de caso pone en el centro de la atención las diferentes formas en que el derecho es utilizado, el despliegue de los procesos de control de los impactos ambientales, así como el papel que juegan las diferentes calificaciones jurídicas del territorio. El caso de Guadalcázar pone al descubierto un elemento que atraviesa las controversias a propósito de las intervenciones ambientales y patrimoniales en el espacio local: la desconfianza. Llama la atención al autor cómo en el contexto mexicano la intervención del conocimiento experto para abonar en la construcción de la certidumbre respecto a los impactos ambientales de los proyectos en cuestión no constituya un elemento de peso en las controversias sociotécnicas, y menos aún cuando dicha tarea es confiada a consultores privados. En todo caso, como señala el autor, aun tratándose de opiniones de instituciones académicas, únicas que conservan cierto crédito ante las poblaciones, los opositores a los proyectos suelen refutarlas, pues operan con una lógica disidente.

Respecto a los usos sociales del derecho, en el trabajo se advierte que su utilización en tanto recurso y en tanto arena para dirimir conflictos de intereses legítimos es tan solo una modalidad. El recurso táctico y simbólico de leyes y procedimientos jurisdiccionales parece ser más recurrente en las controversias que la judicialización misma de los conflictos. Desde la perspectiva del autor, es la evocación al derecho y sus normas, y no la movilización de los tribunales para que dicten normas concretas a los casos, lo que contribuye más a la existencia social del derecho. Aun si el efecto de dicha movilización es precisamente que el conflicto parece no arbitrarse definitivamente, en Cerro de San Pedro se presenta una intervención del derecho y sus tribunales administrativos y agrarios para dirimir un conflicto entre las pretensiones jurídicas de promotores y opositores. Por su parte, en los otros casos la movilización del derecho funciona únicamente como arena de resolución de controversias. En Tepoztlán el recurso al derecho versa más sobre cuestiones relativas a la legítima propiedad del suelo: es finalmente en el marco de los tribunales en materia agraria que el conflicto es objeto de cierta judicialización. En Guadalcázar en cambio, los usos sociales del derecho son variados pero las implicaciones de recurrir al derecho se dan más por medio de efectos colaterales -léase perversos- de la utilización del procedimiento de amparo, que por medio de una genuina judicialización del conflicto. Otro uso definitorio en este caso es aquel que consiste en valerse del derecho para encontrar una salida convencional al conflicto, o bien para clausurar definitivamente el proyecto a través del otorgamiento de una calificación jurídica al territorio en el que se ubicaba el confinamiento del proyecto (p. 160).

Los usos estratégicos del derecho se extienden a algunos de los instrumentos de gestión y control de la protección ambiental, especialmente a la autorización de impacto, la cual suele funcionar menos como un instrumento para detener proyectos de alto impacto ambiental que como espacio para negociar el establecimiento de medidas compensatorias a los impactos, e incluso de acciones para su mejoramiento, como ocurrió en los casos de Tepoztlán (p. 165), de Cerro de San Pedro (p. 166) y de Monterrey (p. 167). Se trata de una ocasión en la que la autoridad, a través de este instrumento, lleva a cabo una función normativa, toda vez que en la definición de los compromisos o condiciones que acompañan la autorización de impacto se introducen prescripciones específicas que en ocasiones operan como modalidades de intervención sobre espacios en sustitución de la ordenación ecológica del territorio, hasta hoy inoperante.

Si bien no se trata de una aplicación del derecho en el sentido que se mencionó, el recurso a las calificaciones jurídicas de los espacios es una situación recurrente en los conflictos territoriales de los que se ocupa este libro. Se echa mano de las calificaciones jurídicas para construir la legitimidad de las reivindicaciones en los casos de Monterrey, Tepoztlán y Guadalcázar (p. 172), especialmente a propósito del decreto que declaró la zona como área natural protegida, e incluso en Cerro de San Pedro, donde se apela a la calificación del espacio prevista por un plan de conurbación de la ciudad de San Luis Potosí. Pero asimismo, como sucede en este último caso, en el recurso a la calificación jurídica del lugar con sentido patrimonial participa una función simbólica de construcción de la identidad local (p. 180). El derecho, en suma, opera en dos momentos: el de las autorizaciones asociadas a la calificación jurídica de la que es objeto dicho espacio, y por otro lado el de los conflictos, pues es ahí donde se invocan las consecuencias jurídicas de dicha calificación.

La obra propone valiosos elementos para el estudio de las categorías de medio ambiente y patrimonio y conduce a repensar el estudio de los conflictos que enfrentan intereses articulados en torno a lo que esas nociones evocan. No se trata de un asunto menor en el contexto mexicano, donde se observa un interés creciente por los llamados "conflictos ambientales" pero en el que los enfoques teóricos y las preguntas que animan dichos estudios se asocian mayoritariamente a preocupaciones de la antropología. Este estudio amplía de esta forma la posibilidad de abordar el análisis de ese tipo de conflictos. Junto a las notabilísimas aportaciones de la obra, su lectura también genera algunas interrogantes. La cuidadosa reconstrucción de los procesos de institucionalización del patrimonio y del medio ambiente contiene pasajes que reproducen cuestionamientos y modos de investigación de la sociología histórica, disciplina de la que sin embargo el libro no contiene referencias. Varios pasajes de este libro hacen pensar en otras investigaciones, como por ejemplo las realizadas por ^{F. Buton (2004)} alrededor de la construcción de categorías de acción pública y de los fenómenos de "burocratización". De forma similar a este libro, ese tipo de estudios ilustra bien los aportes de la sociohistoria al estudio de la institucionalización. Por otro lado, si bien no constituye un elemento en el que el autor insista claramente al plantear el enfoque y los objetivos de su investigación, la transición democrática aparece como el referente a partir del cual se formulan observaciones sobre el comportamiento y la dinámica de los sistemas de acción local en que se despliegan los conflictos analizados. En esta dirección, sobresale la idea según la cual la transición democrática ha introducido cierta complejidad respecto a la acción del poder político en los conflictos: mientras que el sistema monolítico y vertical pierde fuerza, los actores institucionales federales de tipo técnico y los niveles subnacionales de gobierno ganan autonomía (p. 185), lo cual se manifiesta en las crecientes divergencias entre éstos. Los conflictos que enfrentan no sólo al gobierno con comunidades agrarias o indígenas, sino también a los niveles de gobierno entre sí, revelan en este sentido una nueva dimensión de la disputa por el monopolio de la definición del interés público en el espacio local. Disputa que algunas veces se cristaliza en la tentativa, o bien de limitar la cuestión ambiental a puntos concretos en el espacio, o bien de ampliarla a consideraciones más generales. Se trata en todo caso de una tensión entre territorializar y desterritorializar lo que está en juego en cada uno de los conflictos que se analizan en este interesante libro.