Introducción

Actualmente más de la mitad de la población mundial vive en centros que se consideran urbanos. Se piensa que el proceso de urbanización se incrementará en las próximas décadas y afectará sobre todo a las ciudades con menos de 500 mil habitantes y a los países en desarrollo (^{Martine, 2007}). En comparación con el porcentaje de la población que alberga, la extensión de la superficie urbana es mínima, pues ocupa entre 3 y 4% de la superficie global (^{Grimm et al., 2008}; ^{Martine, 2007}), aunque las tendencias del crecimiento urbano tienden a ser más dispersas y a abarcar una mayor superficie (^{Martine, 2007}).

Desde el punto de vista ecológico se asume que la urbanización ocasiona fuertes efectos ambientales sobre el medio local adyacente, como la contaminación del suelo y el agua, el cambio de uso de suelo y la pérdida de la biodiversidad local (^{Grimm et al., 2008}; ^{Morello et al., 2003}; ^{McKinney, 2002}). Las secuelas negativas del crecimiento urbano pueden abarcar áreas consideradas de relevancia ambiental y áreas naturales protegidas próximas a las ciudades (^{Mcdonald et al., 2009}); sin embargo también se reconoce que en un contexto de urbanización creciente los espacios naturales vinculados a las ciudades pueden desempeñar un papel fundamental para el mantenimiento de la diversidad natural y los servicios ecosistémicos locales, y que en algunos casos representan los únicos referentes de la experiencia natural para la población urbana (^{Goddard et al., 2010}; ^{Grimm et al.,2008}; ^{Wu, 2008}; ^{McKinney, 2002}). Las áreas arboladas y los bosques que se encuentran dentro o en la periferia de las ciudades proveen una variedad de beneficios a los ecosistemas urbanos, tanto ambientales (regulación del clima, reducción de la contaminación del aire, mitigación del ruido, protección contra escurrimientos de agua, hábitat para especies animales y vegetales, y recarga de acuíferos) como sociales (recreación y educación para la población urbana, abastecimiento de leña y otros recursos) (^{Wu, 2008}; ^{Godefroid y Koedam, 2003}).

A escala mundial se ha correlacionado positivamente el crecimiento urbano con la deforestación, ya que las ciudades demandan productos agrícolas provenientes de regiones distantes (^{DeFries et al., 2010}). En la escala local se advierte que el crecimiento urbano afecta significativamente los bosques periurbanos, ya sea por el cambio de uso de suelo o por la modificación de su estructura ocasionada por la extracción de madera, leña y otros recursos (^{Matlack, 1997}; ^{Murray, 1993}). En México los escasos trabajos disponibles indican que el efecto del crecimiento urbano sobre los bosques va antecedido en su mayoría por el cambio de uso de suelo con fines agrícolas, lo cual resulta a largo plazo en remanentes forestales fuertemente fragmentados y amenazados por la actividad agrícola, la explotación clandestina de madera, la construcción de viviendas y el desarrollo de la infraestructura urbana (^{Torres-Lima y Rodríguez-Sánchez, 2008}; ^{García-Romero, 2001} y ²⁰⁰²).

Desde el punto de vista social, el crecimiento urbano sobre el medio natural y rural circundante provoca una profunda transformación en las formas de propiedad, gestión y uso de la tierra y de sus recursos, que puede acarrear desde la pérdida de la propiedad de la tierra y el desplazamiento de la población local (^{Martínez, 2010}; ^{Cruz, 1996}) hasta el desarrollo de formas de integración socioterritorial de las lógicas urbanas y rurales que inciden en el manejo de los recursos forestales. Se ha observado que la gestión comunitaria de los recursos forestales periurbanos que llevan a cabo los ejidatarios y comuneros se debilita ante el surgimiento de identidades “urbanas” donde el valor monetario de la tierra favorece los procesos de apropiación individual y urbanización (^{Salazar, 2000}). Asimismo, la emergencia de nuevas formas de valoración de los recursos naturales como espacios de protección ambiental y conservación de la biodiversidad, permite a los campesinos integrarlas a sus formas de manejo tradicional para garantizar la propiedad y el control de sus recursos forestales (^{Estrada, 2002}).

De tal forma que se puede entender que el crecimiento urbano ocasiona diferentes efectos sobre el medio social y natural circundante, y que éstos dependen de las características propias del proceso de urbanización y también de los territorios rurales previamente existentes. Podemos considerar periurbanos tanto los espacios físicos como los procesos sociales en que se traslapan los ámbitos urbanos y los rurales, los cuales generan territorios complejos donde los actores, las actividades y el uso de los recursos responden a lógicas y normas diferenciadas que adquieren una dinámica propia (^{Ávila, 2005}). Sin embargo buena parte de quienes se refieren a este fenómeno en México se centran en los procesos de urbanización en las grandes ciudades y conglomerados urbanos del centro del país; sobre todo a partir de una perspectiva de tipo geográfico y regional que da cuenta de los aspectos espaciales del crecimiento urbano en su escala regional, pero con pocos ejemplos de la participación local en el proceso. Ante ello vemos la necesidad de reconocer la dinámica particular del crecimiento urbano de las ciudades medias¹ y su entorno rural, ya que será en éstas donde se concentrará el mayor crecimiento en las próximas décadas, y constituyen un espacio idóneo para analizar las implicaciones sociales y ambientales del crecimiento urbano sobre el medio rural debido a su propia dimensión y su posición intermedia entre las escalas de gobierno nacional y local (^{Grimm et al., 2008}; ^{Wu, 2008}; ^{Bellet y Llop, 2002}).

Los bosques y las áreas protegidas que se ubican en la periferia de los centros urbanos están sujetos a una dinámica periurbana que es necesario entender y reconocer para hacer posible su permanencia a largo plazo, ampliando las visiones ambientalistas que sólo conciben la integridad de las áreas naturales en función de su aislamiento, y considerando que incluso en las zonas urbanas pueden desarrollarse procesos de conservación de recursos y servicios ambientales. El objetivo del presente trabajo es analizar qué perspectivas hay para el manejo y la conservación de las áreas forestales que están presentes en las inmediaciones de una ciudad media con fuerte crecimiento, a partir del reconocimiento de las formas locales de propiedad y uso del territorio por los pobladores de los asentamientos rurales previos, y la forma en que responden a la integración al espacio urbano. Se analiza una zona ambiental relevante: el cerro Huitepec, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

San Cristóbal de Las Casas y el Huitepec

La ciudad de San Cristóbal de Las Casas fue fundada en 1529 por Diego de Mazariegos y fungió como capital de la provincia de Las Chiapas. Su delicada ubicación susceptible a inundaciones, su geografía montañosa de difícil acceso, así como su posición subordinada a la ciudad de Guatemala, influyeron en que esta ciudad mantuviera un ritmo de crecimiento lento e incluso en ocasiones regresivo durante la Colonia y el siglo XIX (^{Aubry, 2008}). En la segunda mitad del siglo XX el tamaño de la población aumentó y la ciudad se expandió espacialmente, sobre todo a partir de 1970, cuando se desecó buena parte de la cuenca a fin de evitar las frecuentes inundaciones de la ciudad (^{García, 2005}). Este factor, seguido en los años ochenta por una fuerte inmigración de población indígena proveniente de los municipios aledaños a raíz de los conflictos religiosos y sociales que sufrió la región, así como de una serie de ocupaciones ilegales de algunas zonas de la ciudad después de 1994, propició un fuerte incremento de la superficie urbana y un aumento de la población, la cual supera actualmente 158 mil habitantes (^{INEGI, 2010}). La tasa de crecimiento demográfico de San Cristóbal entre 1990 y 2000 fue de 4.4%, y con ello se situó en el cuarto lugar entre las ciudades medias del Sistema Urbano Nacional para ese decenio (^{Conapo, 2005}). Actualmente la ciudad alberga a una población multicultural de la cual 30% pertenece a grupos indígenas de la región (predominantemente tsotsiles), así como numerosos habitantes originarios de otros estados del país y del extranjero. La ciudad de San Cristóbal, que constituye el centro urbano del municipio del mismo nombre, concentra 85% de la población municipal, y el 15% restante habita en 96 localidades rurales dispersas dentro de sus límites (mapa 1). Es a su vez el centro rector de la región Altos de Chiapas, que agrupa 18 municipios cuya población es mayoritariamente indígena.

Fuente: Laboratorio de Análisis de Información Geográfica y Estadística de ElColegio de la Frontera Sur (LAIGE-Ecosur).

MAPA 1 Zona urbana y localidades rurales del municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas  

Fisiográficamente la ciudad se asienta sobre un polje o cuenca endorreica situada a una altitud de 2 200 metros y rodeada por áreas montañosas que en sus puntos más altos superan los 2 700 metros (^{García, 2005}; ^{Mera, 1984}). En sus valles existían zonas inundables y humedales de montaña, y los cerros que la rodean forman parte de un macizo forestal donde se presentan bosques mesófilos de montaña, además de bosques de encino y asociaciones con pino, que son de reconocida importancia estratégica para la conservación de las aves, y según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) es una Región Terrestre Prioritaria (^{Arriaga et al., 2000}; ^{Vidal et al., 1999}).

En la intersección de los municipios de San Cristóbal, Chamula y Zinacantán se localiza el Huitepec, un volcán inactivo que se ubica en los bordes de la cuenca a escasos 6 km del centro de la ciudad y cuya mayor altitud alcanza 2 700 metros. Alberga un reducto de bosque mesófilo además de bosques de encino que son un refugio para numerosas especies animales y vegetales de la región, pero su permanencia está amenazada por la agricultura, por la sobreexplotación de sus recursos y por el crecimiento urbano (^{Henríquez y Rangel, 2009}; ^{Naranjo y Espinoza, 2001}; ^{Ramírez et al., 1998}). En esa zona se estableció la primera reserva natural de tipo privado en México, denominada Cerro de Huitepec (^{Pronatura, 1987}), y ha sido objeto de otros esquemas de protección del gobierno del estado y de la sociedad, que describiremos más adelante.

Nueva ruralidad, estudios periurbanos y conservación de bosques

Las profundas transformaciones que han ocasionado la globalización y la urbanización sobre las zonas rurales han dado lugar a la formación de nuevos espacios geográficos y al desarrollo de procesos sociales, en los cuales es difícil distinguir los elementos tradicionalmente asociados al medio rural o al urbano. Aunque son numerosos los conceptos que hacen referencia a estos procesos y espacios (^{C. de Grammont, 2010}; ^{Ávila, 2009}; ^{Ramírez, 2005}),² varios autores convergen en el término “nueva ruralidad”, con el cual aluden a las nuevas condiciones del medio rural ante el desdibujamiento de sus límites y el surgimiento de nuevas conexiones con el ámbito urbano (^{C. de Grammont, 2010}; ^{Gorenstein et al., 2007}). Pero también se afirma que la nueva ruralidad constituye un concepto genérico que requiere una mayor precisión teórica y conceptual en estudios concretos (^{C. de Grammont, 2010}; ^{Ruiz y Delgado, 2008}).

Para la presente investigación se abordan la conservación y el manejo de áreas forestales dentro de un entorno urbano como un caso que refleja esa nueva ruralidad, dada la relevancia que cobra la presencia de la ciudad para el manejo del bosque, y por lo tanto se hace necesario trascender las nociones que normalmente se consideran en la investigación forestal y de conservación de la biodiversidad. La mayoría de las áreas forestales de México se encuentran bajo formas de propiedad comunitaria y forman parte de territorios indígenas, de manera que en su estudio se incluye el análisis de las formas colectivas de apropiación y control de los recursos que son determinantes para la permanencia de los bosques (^{Merino y Barton, 2004}). Sin embargo en el contexto urbano las estructuras sociales de tenencia y manejo de los bosques se transforman drásticamente por la intervención de una multiplicidad de actores, la pugna por la propiedad, y los diferentes usos que se hacen de la tierra (^{Torres-Lima y Rodríguez-Sánchez, 2008}; ^{Salazar, 2000}). De igual forma, las áreas protegidas en un entorno urbano enfrentan distintas amenazas y oportunidades que aquellas áreas situadas en espacios naturales alejados de los centros urbanos y más relacionados con las localidades rurales (^{Macdonald, 2009}).

La nueva ruralidad puede adoptar diferentes acepciones y enfoques que han sido analizados y descritos por autores como ^{C. de Grammont (2010}), ^{Ruiz y Delgado (2008}), ^{Gorenstein et al. (2007}) y ^{Ramírez (2005}), quienes coinciden en al menos tres enfoques generales: el sociológico, que analiza los cambios y procesos sociales que ocurren en el medio rural y en menor medida en el urbano; el geográfico, que privilegia el análisis espacial de las interacciones urbano-rurales, sobre todo a partir del crecimiento urbano sobre su periferia; y el económico- normativo, que enfatiza la utilidad de la emergencia de conexiones urbano-rurales para un desarrollo rural territorial. Entre estos tres enfoques hay cruces y conexiones que pueden observarse en el uso de conceptos como “periurbano”, que deriva de un enfoque espacial y urbano,³ pero que aborda cada vez más el análisis de los procesos sociales que ocurren en estos espacios como consecuencia del crecimiento urbano (^{Ruiz y Delgado, 2008}).

Los estudios periurbanos han abordado temas diversos, como los cambios en el uso de suelo y el consumo de espacio, el cambio social, el régimen de propiedad, la agricultura periurbana, y los procesos de patrimonio territorial y preservación identitaria (^{Ávila, 2009}). Podemos encontrar este concepto en una vasta literatura que incluye la ecología urbana, los estudios agrarios, los fenómenos sociales de la urbanización y la forestería urbana. Para ecólogos como ^{Morello et al. (2003}) el concepto de “periurbano” se equipara con el de “huella del paisaje urbano”; que proponen para referirse a las apropiaciones y cambios permanentes en un territorio contiguo a la ciudad y que identifican como una interfase en la cual decrecen los servicios provistos por el centro urbano mientras aumentan los servicios ecológicos al alejarse de la ciudad. Por su parte ^{Banzo (2005}) considera que si bien la condición de periurbano corresponde a un espacio geográfico situado alrededor de las ciudades que se caracteriza por su discontinuidad, el fenómeno de periurbanización se debe entender como propio de un territorio en el que emerge una forma de vida vinculada a ese espacio.

Aunque la expresión territorial más clara del proceso de periurbanización es la conformación de coronas o espacios periféricos concéntricos en los grandes conglomerados urbanos (^{Ávila, 2009}; ^{Ruiz y Delgado, 2008}), si atendemos a la definición de espacio contiguo, y aun de forma de vida, el término puede aplicarse a cualquier urbe. Las ciudades pequeñas y medianas también poseen espacios periurbanos complejos y diversos, aunque en magnitud menor comparada con la de las grandes ciudades; muchas de las transformaciones descritas para áreas periurbanas de grandes ciudades en América Latina tienen su contraparte en ciudades pequeñas o medianas (véase el anexo). Consideramos por tanto que la noción de periurbano es aplicable al estudio de una ciudad media como San Cristóbal, y particularmente para analizar la permanencia de áreas de bosque, ya que alude al carácter espacial del lugar (periférico, contiguo o adyacente a la ciudad), forma parte de un lenguaje común con los estudios de ecología urbana del paisaje, la agricultura y la forestería periurbanas, y coincide con los procesos sociales descritos en el periurbano de grandes urbes.

Métodos

Delimitación de la zona y localidades de estudio

Se definió como zona de estudio un área de aproximadamente 1400 hectáreas que incluye las laderas del Huitepec orientadas a la ciudad y que administrativamente pertenecen al municipio de San Cristóbal de Las Casas (mapa 2). El área está delimitada por la carretera a Chamula, la vieja carretera a Tuxtla, y el Periférico, que hasta hace poco representaba el límite externo de la ciudad. De acuerdo con la carta urbana vigente le corresponden usos habitacionales de muy baja densidad y de conservación ecológica; además incluye dos zonas de reserva natural.

Nota: Indica la traza urbana de San Cristóbal, las áreas de reserva ecológica y las localidades rurales: 1. Alcanfores, 2. Vistahermosa, 3. Santa Anita, 4. Las Palmas, 5. Ocotal I, 6. Selva Natividad II, 7. Ocotal II, 8. Selva Natividad I.

Fuente: LAIGE-Ecosur. Polígonos de reservas proporcionados por Pronatura-Sur.

MAPA 2 Localización de la zona de estudio  

Esta área de estudio constituye un fragmento del periurbano de la ciudad en donde ocurre la transición entre los servicios urbanos y los ambientales (Morello et al., 2008) y donde se dividen la zona urbana y la rural, aunque su delimitación precisa varía según las fuentes y criterios que se utilizan para diferenciarlas (áreas geoestadísticas del INEGI, Carta Urbana Municipal, delimitación de LAIGE de Ecosur). En la parte adyacente a la ciudad y las vías de acceso se ubican múltiples colonias, fraccionamientos, propiedades, escuelas, comercios, industrias y servicios diversos que claramente forman parte del área urbana. Arriba de éstas podemos encontrar ocho localidades rurales cuya presencia en la zona se remonta al menos a un siglo atrás; si bien pertenecen al municipio, no forman parte del área urbana a pesar de su cercanía. Finalmente están las áreas de reserva forestal en la parte alta. En este escrito nos centraremos en el análisis de la perspectiva de los pobladores de esas ocho localidades rurales sobre los cambios en su espacio ante el crecimiento urbano, así como en las áreas de reserva; aunque se reconoce la relevancia de los espacios y actores de origen urbano en la definición del paisaje ecológico y el entorno social del Huitepec y San Cristóbal,⁴ éstos no se abordan en el presente documento, pero habrá algunas referencias a ellos.

Herramientas

Se aplicaron entrevistas abiertas a 15 informantes clave para conocer la historia de la propiedad y el uso del suelo en la zona; tal información se complementó con la revisión de censos y literatura histórica de la ciudad, así como con la localización en el Archivo Municipal de San Cristóbal de los documentos a los que se refirieron las fuentes secundarias. Se llevaron a cabo 83 entrevistas estructuradas en las ocho rancherías del Huitepec, lo que equivale a 15.8% del total de las viviendas asentadas en la zona de estudio y a más de 10% en cada ranchería (cuadro 1). Se identificaron las características de la unidad familiar, las formas de propiedad y uso de la tierra, y se obtuvo información relativa al uso de los recursos forestales. Se caracterizó el uso actual del suelo de la franja periurbana utilizando una imagen spot de 2010 con una resolución de 2.5 metros, a la cual se aplicó una clasificación automática en el programa ArcView que fue revisada y complementada con la información de campo que se reunió en los recorridos y transectos en la zona de estudio.

Fuente: INEGI, 2010.

CUADRO 1 Información poblacional de las localidades rurales del Huitepec  

Antecedentes históricos del uso y propiedad de la tierra en el Huitepec: el bosque como reserva extractiva y frontera agrícola

Durante la Colonia y el siglo XIX se establecieron diversos ranchos y haciendas, también llamadas “labores”, en los alrededores del valle de San Cristóbal; se producía trigo, harina, pan, frutales y otros productos junto con la cría de caballos (mapa 3) (^{Pedrero, 1987} y ¹⁹⁸⁴). Las haciendas tenían un doble carácter económico: durante los periodos de expansión del mercado cumplían una función predominantemente mercantil, y en periodos de contracción eran una unidad autosuficiente; para ello debían contar con varias clases de tierra (agricultura, pastoreo y bosques), instrumentos de trabajo y mano de obra estable integrada por peones que provenían de los pueblos cercanos (^{Pedrero, 1987} y ¹⁹⁸⁴). El Huitepec constituía uno de los límites del parteaguas que divide el valle de San Cristóbal de los pueblos indígenas cercanos de Chamula, Zinacantán e incluso de San Felipe Ecatepec, que para ese entonces era un municipio independiente. A principios del siglo XX se hallaban en sus faldas por lo menos cuatro labores de propiedad privada de familias de San Cristóbal (Esquipulas, Las Ánimas, San José la Compañía y Molino de San Ramón), que abarcaban áreas forestales que seguramente se transformaron en áreas agrícolas. Otras zonas del Huitepec, cuya ubicación no es clara actualmente, pertenecían al Ejido de San Cristóbal, el cual representaba un territorio de reserva para el crecimiento de la ciudad y para la provisión de servicios a los pueblos en la época colonial.⁵

Fuente:^{Pedrero, 2010} (basado en Artigas, 1984), LAIGE-Ecosur.

MAPA 3 La ciudad de San Cristóbal y labores presentes en 1844, indicando la referencia del Periférico actual y la zona de estudio del presente trabajo  

A finales del siglo XIX tuvo lugar en México el proceso de desamortización, que afectó a los terrenos nacionales, a los baldíos, a las grandes propiedades religiosas y a las tierras ejidales. Su propósito fue impulsar la creación de pequeñas y medianas propiedades privadas como mecanismo para incorporar tierras “ociosas” a la producción (^{Pedrero, 2010}). En San Cristóbal este proceso comenzó en 1878 y terminó en 1910. Aunque su meta era dotar de tierras productivas a las familias pobres que las solicitaran para laborar, el proceso generó acaparamiento de la tierra, pues casi la mitad del Ejido quedó en manos de 14 familias pertenecientes a la clase alta de San Cristóbal (^{Pedrero, 2010}). Por ejemplo, la labor de Las Ánimas en Huitepec poseía 42 hectáreas hacia 1871, pero a partir del denuncio de baldíos se hizo de una superficie de 274 hectáreas que se le titularon en 1893 (^{Pedrero, 1984}).

Otras zonas del Huitepec que eran parte del Ejido de San Cristóbal también fueron objeto de reparto, como consta en diversas solicitudes disponibles en el archivo municipal en que algunas familias pidieron terrenos en aquel lugar a finales del siglo XIX y principios del XX (^{Pedrero, 2010}). Excede los propósitos de este escrito precisar la extensión, la ubicación y el número de beneficiarios del reparto del Ejido en la zona del Huitepec. Algunos datos extraídos de ^{Pedrero (2010)} indican que para 1899 se habían repartido 83 terrenos “en la zona oriente y el Huitepec”, que las superficies repartidas iban desde 600 m² hasta 15 ha, y que la mayoría de los solicitantes de tierra en el lugar pertenecían a familias de origen indígena.

En los censos de población de principios de siglo, de 1900 y de 1910, se registra la presencia del “Rancho El Huitepec” con 600 y 700 habitantes respectivamente. Cabe suponer que muchos de ellos fueron beneficiarios del reparto del ejido, aunque probablemente habitaron en ese lugar desde tiempo atrás, pues era común que se solicitaran porciones de tierra que ya se habían trabajado previamente. Además, otros pobladores habían laborado en las fincas ahí presentes, como lo indican los testimonios de algunos de los actuales habitantes cuyos abuelos compraron a los grandes propietarios los terrenos que cuidaban y se hicieron así de una propiedad en el lugar.

De acuerdo con lo anterior, para la primera mitad del siglo pasado la propiedad de la tierra en el Huitepec era ya predominantemente privada, y se podían distinguir dos tipos de actores sociales: por un lado los numerosos propietarios indígenas y mestizos que ocupaban los terrenos de superficies variables que habían adquirido por adjudicación o compra, y por otro los grandes propietarios de antiguas labores (al norte de la zona de estudio). Una porción de bosque remanente del Ejido colonial continuó siendo utilizada de forma colectiva por los pobladores del Huitepec, pero sin que se asignara formalmente como tal. El uso del suelo era agrícola en las partes bajas o accesibles, con producción de maíz y pasto para la cría de ganado (vacas, caballos, cabras), mientras los bosques situados en las partes altas eran de uso forestal, en particular la leña que extraían los pobladores para venderla en la ciudad, así como para su uso doméstico.

Transformaciones periurbanas en el Huitepec: el bosque como proveedor de servicios ambientales

La situación prevaleciente en términos de propiedad a principios de siglo representó tres procesos relativamente divergentes de apropiación territorial en el entorno urbano: la conformación de rancherías a partir de la población asentada ahí con pequeñas propiedades, la permanencia del Ejido como un área de usufructo forestal colectivo por parte de esas rancherías, y las transformaciones en las grandes fincas privadas. Abordaremos a continuación las dos primeras y retomaremos un caso del tercer tipo dada su relevancia para la presencia del bosque.

El crecimiento de localidades rurales

Después del censo de 1910, donde se registró que la ranchería El Huitepec tenía más de 700 habitantes, en las siguientes décadas no hubo información consistente hasta 1970, cuando se asienta la presencia de dos localidades diferentes: Huitepec Ocotal y Alcanfores Huitepec, con una población total de 870 habitantes. En los siguientes 40 años el número de localidades se incrementó hasta formar ocho, que en conjunto concentraban una población superior a 2 500 habitantes para 2010 (esquema 1 y gráfica 1).⁶

Fuente: Archivo Histórico de Localidades, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática <http://mapserver.inegi.org.mx/dsist/ahl2003>.

ESQUEMA 1 Formación de localidades rurales del Huitepec y población según datos censales para el periodo 1900-2005  

Fuente: INEGI.

GRÁFICA 1 Crecimiento poblacional del Huitepec de 1970 a 2010  

El surgimiento de estas nuevas localidades rurales o rancherías se ha dado a partir del incremento de la población y la consecuente necesidad de servicios (escuela y caminos, entre otros) de algún grupo que considera carecer de ellos. Con excepción de Selva Natividad,⁷ la formación de rancherías independientes no ha implicado el desplazamiento de la población ni la ocupación de nuevas áreas, sino que constituye una forma de organización y segmentación socioespacial que proporciona a los pobladores una mayor capacidad de gestión de servicios ante el municipio y una cierta autonomía respecto al uso de su espacio, al igual que ocurre, según reporta ^{Torres-Mazuera (2009)}, en un municipio del Estado de México. Cada ranchería nombra un representante que el gobierno municipal reconoce como agente rural,⁸ y los miembros de dicha ranchería se organizan localmente en comités para la construcción y mantenimiento de caminos, el apoyo de actividades escolares, la limpieza de manantiales y otras tareas que consideren necesarias. En cada ranchería se establecen reglas para participar en esos comités y desempeñar esos cargos, y se realizan asambleas para discutir los asuntos internos y tomar decisiones; debido al origen indígena de las localidades, las reglas de participación reflejan las estructuras tradicionales de usos y costumbres de la región.⁹ El siguiente testimonio refleja el primer proceso de separación de rancherías y las características que definen tal proceso.

En 1962 era un solo Huitepec que pertenecía hasta Alcanfores… pero en 1963 se hace la división... Resulta que los niños estaban muy lejos para llegar a la escuela… entonces tuvimos que hacer la división… Hacen la escuela y se empiezan a venir los niños para acá. Pero no había carretera. ¿Qué hizo la gente? Empiezan a trabajar con picos, palas y empiezan a hacer la brecha de la carretera, porque en aquellos tiempos los presidentes no ayudaban… Resulta que en los próximos años nombran ya aquí al Agente Auxiliar que… es el que ya ve la comunidad… y empiezan las ayudas. Al tener el agente ya dan el sello, ya se puede gestionar, lleva usted el documento, va a la Presidencia y ya le dan el tractor o algo, pero ya lo apoyan… Entonces en 1973 rompen el cruce del camino, que ya fue gestión del agente. Entonces como fue creciendo la población vienen las [otras] divisiones [informante clave, Ocotal 1].

En este testimonio se advierte que los pobladores de las localidades han desempeñado un papel significativo en la provisión de los servicios urbanos con que ahora cuentan (escuelas preescolar y primaria, energía eléctrica en las viviendas, vías de acceso que funcionan todo el año, alumbrado público, tomas de agua en las viviendas), pues casi todos fueron realizados o gestionados, al menos inicialmente, por los pobladores, quienes los planearon según sus propias necesidades; actualmente ellos mismos se organizan para su mantenimiento. Si bien el trazo de los caminos en la zona se realizó durante un proceso lento y continuo desde décadas atrás, el crecimiento de la red de servicios urbanos ha sido relevante a partir de la división del espacio en varias localidades. Cabe afirmar que los pobladores locales han representado el principal motor para la integración del Huitepec al área urbana de San Cristóbal por medio de sus gestiones y sobre todo de su trabajo para construir caminos y ampliar la red de servicios. Contra lo que afirma ^{Zárate (2008)}, los pobladores no se han visto afectados pasivamente por el crecimiento urbano, sino que han participado plenamente en el proceso, aun cuando esto haya implicado otros costos, como se verá más adelante.

Llegada de pobladores urbanos al Huitepec

Los procesos de crecimiento urbano que se presentaron en San Cristóbal a partir de 1970 (mapa 4) favorecieron la llegada de pobladores de origen urbano al Huitepec, situación que se intensificó a partir de 1994 cuando la incertidumbre política del estado propició la venta a bajo costo de numerosos terrenos en la zona, algunos de los cuales fueron fraccionados años más adelante por quienes los adquirieron en mejores condiciones.¹⁰ Después del año 2000 se ha incrementado notablemente la llegada de pobladores urbanos atraídos por la presencia de servicios, por los recursos naturales y por el precio relativamente bajo del terreno. De acuerdo con las entrevistas que realizamos para esta investigación, actualmente 67.5% de las familias que habitan en las rancherías son originarias del Huitepec, mientras 32.5% llegó de fuera, sobre todo de San Cristóbal y Chamula, aunque varias provienen de otros estados del país o del extranjero. El tiempo de residencia de los pobladores de origen externo va de uno a 25 años, y con 10 años en promedio.

El atractivo del lugar como polo de crecimiento urbano favorece un mercado de tierras cada vez más fuerte, y en algunas zonas se está generando una urbanización selectiva de tipo “campestre” cuya principal virtud es la presencia combinada de servicios y áreas verdes, sobre todo en las localidades que cuentan con mayor presencia de servicios y están cerca de la ciudad, como Alcanfores y Vistahermosa. Sin embargo al Huitepec también han llegado indígenas y mestizos de la región debido a que adquirieron pequeños lotes de terreno a bajo costo; el caso más relevante es Selva Natividad, localidad formada en su totalidad por indígenas tsotsiles de Chamula, aunque hay familias de la región dispersas en el resto de las rancherías.

Fuente: LAIGE, Ecosur.

MAPA 4 Crecimiento del área urbana de San Cristóbal de 1973 a 2005  

El origen de los pobladores permite hacer una primera distinción entre los actores sociales que actualmente intervienen en la apropiación del espacio y el manejo de los recursos naturales de las rancherías. Por un lado están los pobladores originarios del Huitepec que han habitado allí desde al menos un par de generaciones, quienes se identifican a sí mismos como “nativos”, y por otro lado están los pobladores externos que han llegado a vivir en el lugar procedentes de la ciudad de San Cristóbal (a quienes en este escrito denominaremos “pobladores urbanos”) y otros pobladores de la región provenientes de distintas localidades de Los Altos, en su mayoría indígenas. El incremento de la población nativa y la llegada de los nuevos pobladores propician el surgimiento de conflictos entre ambos sectores, sobre todo por el acceso al agua, recurso cuya disposición es cada vez menor ante el incremento de los usuarios. Otros conflictos derivan de la participación en la toma de decisiones en las asambleas, el uso de los servicios urbanos y la forma en que coopera y participa cada sector. Los recién llegados tienen que cubrir una cuota de acceso, participar en las actividades de mantenimiento de los caminos y acatar las disposiciones de la asamblea local, integrada en su mayoría por pobladores nativos, que se rigen por usos y costumbres, quienes reivindican lo que consideran su derecho para tomar decisiones sobre diferentes aspectos de la comunidad, así como exigir la contribución de los recién llegados al mantenimiento de los caminos que ellos realizaron. Los siguientes testimonios dan cuenta del conflicto y de la perspectiva de cada sector:

¡Sí, nosotros lo hemos hecho! Y por eso, mire… si usted quiere comprar un terreno allí… van a ir a hablarnos… “mire usted señor, voy a comprar un terreno con fulano de tal, yo quiero ingresarme con ustedes, ¿cuánto va a ser mi ingreso?… ¿y a ese dinero qué le hacen si la carretera ya está?”… Ese dinero que usted va a aportar va servir para la misma carretera, nosotros jamás tocamos un peso del dinero que le pedimos a alguien. Cuando metimos esos postes de luz, los trajimos cargando sobre los hombros, éramos como 12, pelados llegaron nuestros hombros. Por eso es que cobramos ese dinero, por motivo de que nosotros cargamos los postes y pagamos a la comisión. Ahora hay carretera, hay luz ¡cualquiera quiere llegar! [informante clave, Vistahermosa].

¡Se sienten dueños de los caminos! [pobladora reciente en Ocotal 1].

Ante el incremento de la población y de los servicios urbanos presentes, la propiedad privada se ha multiplicado en numerosos dueños, pues se han ido fraccionando los terrenos en lotes cada vez más pequeños al heredarse o venderse la tierra. Algunos de los primeros compradores habían adquirido terrenos de más de 10 o 20 hectáreas, pero hoy el tamaño más común de lote es de 300 m² y sólo unas cuantas familias poseen terrenos que miden más de una hectárea. La propiedad y la compraventa de la tierra se acuerdan mayormente mediante transacciones locales y contratos privados, y sólo algunos propietarios (sobre todo los de origen urbano) poseen escrituras notariadas de sus terrenos. Lo anterior no impide que en los hechos las propiedades se dividan entre los miembros de una familia o que se vendan a terceros, dado que internamente se reconocen sus límites. Sin embargo la propiedad privada que se sustentaba en arreglos internos y relaciones de confianza está cambiando, ya que muchos pobladores están tratando de legalizar sus posesiones, en parte debido a la limitante que este hecho representa para el precio de venta de las mismas.

En términos de uso de suelo se deben resaltar los cambios en las actividades agrícolas y forestales. Si la agricultura era uno de los rasgos característicos del medio rural, sus transformaciones son uno de los aspectos más significativos de la nueva ruralidad. Todavía en la década de los cincuenta esta actividad tenía relevancia en el Huitepec entre la población nativa, ya fuera que se realizara en parcelas propias o en los terrenos que rentaban los grandes propietarios para la producción de maíz y la cría de ganado. Con la reducción del tamaño de los terrenos, la conexión al centro urbano y el incremento de las fuentes de empleo no agrícola, esta actividad sufrió dos cambios relevantes y opuestos: fue abandonada por un amplio sector de la población, y hubo una especialización cada vez mayor de algunas familias que disponían de fuentes de agua para la producción de hortalizas destinadas a los centros urbanos cercanos (Tuxtla, Ocosingo, San Cristóbal). Actualmente la principal fuente de ingresos para los miembros de las familias del Huitepec son los empleos en la zona urbana de San Cristóbal (albañiles, jardineros, mecánicos, músicos, carpinteros, profesionistas o comerciantes). La agricultura tiene gran relevancia cultural, dado que en 57.8% de las viviendas todavía se cultivan algunos productos, pero sólo 32% recibe ingresos por esta actividad y su aporte a la economía familiar en general es de 17%, el cual es bajo en comparación con 71% que aporta el empleo urbano y local, y es apenas superior al 11.8% que aportan los programas de apoyo social gubernamental (Oportunidades y Apoyo a Adultos Mayores).

La actividad agrícola permite introducir una segunda distinción en los actores sociales y la forma en que se relacionan con el espacio del Huitepec. La agricultura comercial se desarrolla sobre todo en las rancherías Ocotal 1, Ocotal 2, Las Palmas y Santa Anita (en la ladera sur), donde 74% de las familias siembra algún producto y el aporte a la economía familiar alcanza 39% del ingreso total. Aún siembran pequeñas áreas de maíz de temporal, pero la producción principal corresponde a hortalizas y flores, ambas destinadas al mercado urbano. Los agricultores cuentan con propiedades de mayor tamaño (3 800m² en promedio) y frecuentemente poseen un segundo terreno. La mayoría de las áreas de cultivo se intercalan con fragmentos forestales que se dejan para obtener abono o proteger los cultivos contra plagas, o al menos se favorece la presencia de árboles frutales y cercos vivos en torno a ellos. Algunos agricultores se han vinculado a un mercado urbano que valora las limpias condiciones de producción de este lugar (agua limpia y uso de abonos naturales), con lo cual obtienen mejores ingresos, pero mediante acuerdos de confianza y verificación interna se comprometen a mantener ciertas condiciones en su producción. Sin embargo la mayoría continúa vendiendo en el mercado convencional valiéndose de intermediarios. Cabe mencionar también que algunos de los pobladores de origen urbano están incursionando en las actividades agrícolas en pequeña escala y cultivan pequeños huertos para consumo propio.

Respecto al uso forestal podemos reconocer que estos recursos aún son relevantes para la población, ya que 81.9% de las familias utiliza leña, la mayoría diariamente; además 40.7% obtiene otros recursos, principalmente del suelo para los cultivos, plantas medicinales y hongos comestibles (véase el cuadro 2). La mitad de las familias (50%) compra su leña, una tercera parte (33%) la obtiene del terreno propio y 17% la recolecta de propiedades cercanas que aún mantiene en el bosque, lo cual refleja la escasa disponibilidad del recurso en sus terrenos y las dificultades que enfrentan para abastecerse en las zonas de reserva. La percepción de la población en general es que en las rancherías se está acabando el bosque en comparación con épocas pasadas: “Nos va a ir muy mal, viene mucha sequedad acabando los árboles. No tumban uno y resiembran otro. Ya hicieron demasiadas casas, antes todo estaba arbolado” (Ocotal 1).

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo.

CUADRO 2 Uso de recursos forestales y fuente de acceso al agua de las familias encuestadas en las localidades  

Más allá de su uso directo, actualmente el bosque se valora por su papel en la captación del agua, recurso que depende exclusivamente de la presencia de manantiales y pozos en la zona, los cuales se manejan de forma individual, familiar o colectiva según su tamaño y localización (cuadro 2). Otras fuentes de agua incluyen la captación de lluvia en forma individual y colectiva, y la compra de pipas. Ya sea que se trate de un pozo en los terrenos propios, de un manantial compartido entre un grupo pequeño de familias o vecinos, o bien de un manantial comunitario o colectivo de múltiples usuarios, las personas involucradas se autoorganizan en sistemas más o menos complejos, según sea el caso, para limpiar el manantial, mantener la red de distribución y celebrar rezos y fiestas en el mes de mayo. El mantenimiento del manantial generalmente implica el cuidado del bosque que lo rodea. En la localidad de Selva Natividad, por ejemplo, las familias han comprado colectivamente los árboles que rodean el manantial, ya que éste se encuentra en una propiedad privada. De tal modo el mantenimiento de las fuentes de agua, vitales para las localidades, implica el establecimiento y la adopción de ciertas reglas que indirectamente inciden en el uso de la tierra y el cuidado del bosque en el Huitepec.

No es clara la existencia de normas específicas que regulen el uso de suelo en los terrenos de propiedad privada en las rancherías. La mayoría de los habitantes considera que no se pueden imponer reglas sobre lo que los propietarios pueden o no hacer en sus terrenos, ya que se trata de propiedad privada; algunos agentes mencionaron que si bien existen ciertos lineamientos para regular el desmonte o el fraccionamiento de los terrenos, no se cuenta con mecanismos de control o sanción específicos, salvo los que puedan generarse a partir de los derechos de uso de los servicios colectivos, tales como los caminos o el abasto de agua.

Ahora bien, hay una normatividad municipal que en teoría es aplicable en la zona, la cual se sintetiza en la Carta Urbana Municipal, donde se indica cuál es el uso de suelo que se ha determinado para este espacio: habitacional rural de baja densidad y de conservación ecológica. Sin embargo en la localidad es evidente la falta de presencia del gobierno municipal, tanto en lo que se refiere a la dotación de servicios como a la regulación del uso de suelo, ambos determinados por la población local. En los hechos la figura del agente rural es más una representación de la localidad ante el municipio, que viceversa. Sin embargo existe la posibilidad de recurrir a la reglamentación oficial, que se utiliza según convenga a distintos sectores. Por ejemplo, algunos propietarios han gestionado permisos de cambio de uso de suelo o construcción ante las instancias municipales sin acatar las disposiciones de la asamblea local:

Sí, hay reglas, por ejemplo en el bosque se puede ir tumbando a cada diez árboles cortar uno, pero ve usted que las autoridades son canijas, han dado permiso de que tumben por hectáreas... cuando fue presidente Enoc Hernández… imagínese ¡dio permiso para que talaran dos hectáreas de bosque! Entonces nosotros no podemos sancionar, como son propiedades privadas no podemos entrar, pero las autoridades competentes sí pueden entrar. Pero se hacen de la vista gorda y ahí queda [informante clave Ocotal 1].

Ante la nula existencia de reglas internas y la falta de una efectiva presencia de una regulación municipal para el control del bosque en el terreno de las rancherías, su mantenimiento depende exclusivamente de las decisiones que sobre su espacio tomen los dueños de los terrenos que aún tienen áreas arboladas. Sin embargo, el reducido tamaño de los terrenos que posee la mayoría de los pobladores hace que las áreas de interés para la conservación se trasladen hacia las zonas de reserva o hacia las propiedades privadas que aún tienen bosques, lo cual incrementa la tensión entre los distintos actores de este espacio.

El paisaje periurbano del Huitepec

El análisis de uso del suelo del Huitepec revela la presencia de un paisaje diverso que incluye áreas arboladas, acahuales, zonas agrícolas, pastos y zonas urbanizadas, en una combinación que resulta difícil identificar en términos precisos para cada categoría (mapa 5). Según el análisis de la imagen de satélite, apenas una pequeña proporción de la zona corresponde a construcciones, caminos o suelo desnudo que se pueden categorizar como de uso urbano, pero ésta se incrementa significativamente cuando consideramos la zona definida por la presencia de calles y servicios o reconocida como tal por el municipio.¹³ De manera contraria, las áreas aparentemente agropecuarias disminuyen en forma relevante si se considera que ya no corresponden a ese tipo de uso, sino que forman parte de los jardines y áreas de esparcimiento de las propiedades campestres de la zona (cuadro 3). Es decir, aun cuando ya se considere integrado al área urbana, el tipo de desarrollo que hay en el Huitepec es distinto del que se observa en otras áreas de esta ciudad, y del que se encuentra en los grandes conglomerados urbanos.

Fuente: Elaboración propia.

MAPA 5 Uso de suelo y áreas urbanas en el Huitepec, 2010  

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 3 Uso actual del suelo en el Huitepec, 2010 

En el paisaje del Huitepec hay amplios espacios verdes; puede considerarse como una matriz agroforestal caracterizada por la presencia de parches de bosques, frutales, pastizales, cultivos y jardines, además de las viviendas y construcciones. Se observa un gradiente de cambios donde las zonas más bajas, adyacentes al periférico, se han convertido en un espacio urbano, industrial, comercial y de servicios (gasolinerías, viveros, restaurantes, embotelladoras, venta de material de construcción, escuelas, colonias de alta densidad, etc.). En la parte alta están las zonas de reserva donde se mantienen las áreas compactas de bosque que aparentemente han permanecido sin cambios en su superficie en los últimos años¹⁴ de acuerdo con los resultados de ^{Morales et al. (en prensa)}. En el espacio ubicado en medio de estos extremos se encuentra el territorio de las rancherías, que puede ser típicamente rural y fragmentado en la mayor parte de las cuatro secciones de Ocotal y en la parte alta de Alcanfores y Vistahermosa (viviendas rodeadas de áreas agrícolas y pecuarias, árboles y fragmentos forestales); rural compacto en Selva Natividad (viviendas compactas con pequeños traspatios, rodeadas por acahuales); campestre en las propiedades fácilmente delimitables de Alcanfores y Vistahermosa (viviendas con amplios jardines, pastizales y setos arbóreos), e incluso campestre-arbóreo (viviendas que tratan de mantener los elementos del bosque) en Alcanfores (mapa 5).

Discusión

El paisaje que se manifiesta actualmente en el Huitepec refleja las formas de propiedad y manejo que se han adoptado en el área a través de la historia, su relación creciente con el centro urbano, y la incidencia de los diversos actores que convergen en este lugar. Responde a la dinámica periurbana en donde la interacción de los espacios urbano y rural se manifiesta en una serie de cambios físicos y sociales que son observables tanto en las grandes ciudades como en otras de menor tamaño, aunque con manifestaciones particulares en este lugar (véase el anexo).

Se advierte un decremento en los servicios urbanos y un incremento en los servicios ambientales y los elementos arbóreos al avanzar hacia las partes más altas, y alejadas del centro urbano, que corresponde a las reservas naturales del Huitepec (^{Morello et al., 2003}; ^{McKinney, 2002}). Las localidades rurales que están presentes en el espacio intermedio entre el área urbana y la zona de reservas mantienen jardines, huertos, cercos vivos y otras áreas de uso que se combinan con fragmentos forestales remanentes, y forman así un paisaje agroforestal que es relevante tanto para el mantenimiento de la diversidad en las áreas de reserva como para el cultivo de productos agrícolas y para la generación de servicios ambientales locales y hacia la ciudad (^{Goddard et al., 2010}; ^{Wu, 2008}; ^{González-García y Gómez, 2008}; ^{Morales et al., en prensa}). Sin embargo cabe preguntarse ¿en qué medida su permanencia constituye una nueva forma de integración urbano-rural? o bien, ¿se trata sólo de un momento transitorio hacia su desaparición por procesos de urbanización?

La información histórica disponible nos indica que desde hace mucho tiempo el Huitepec se encuentra bajo la influencia de la ciudad de San Cristóbal: sus actividades productivas han sido orientadas en buena medida por las necesidades urbanas; los actores urbanos han adquirido posesiones en aquella zona desde hace al menos un siglo, y la ciudad ha representado una fuente de ingresos que forma parte de las estrategias económicas de la población rural de Los Altos. La nueva ruralidad de este espacio periurbano radica, como han afirmado algunos autores, en el cambio cuantitativo y cualitativo de las actividades que realizan y en la dependencia de los centros urbanos; si una de las características más sobresalientes de la ruralidad era la manera en que la agricultura ordenaba la forma de vida campesina, hoy son muchas las localidades rurales carentes de agricultura y con una fuerte dependencia de las actividades manufactureras y de servicios, mientras que donde ha pervivido, la actividad agrícola ha sufrido una modificación trascendental (^{Arias, 2005}; ^{Benitez, 2006}). En las últimas décadas la agricultura ha perdido relevancia para ordenar la vida social y económica del México rural y los elementos asociados a las formas de vida urbanas se encuentran incluso en las localidades que están distantes de los centros urbanos (^{Torres-Mazuera, 2009}; ^{Arias, 2005}). Las localidades rurales del Huitepec reflejan la dependencia de las fuentes de trabajo urbanas, así como la especialización agrícola hacia las demandas urbanas particulares de San Cristóbal.

Por otra parte, el uso de los recursos forestales también presenta notables modificaciones, al reorientarse su función principal: de proveedor de leña y madera en beneficio de la población del Huitepec, pasó a la prestación de servicios ambientales como la captación de agua, de la cual depende la población local e incluso la urbana (^{De la Mora, 2010}; ^{Zárate, 2008}; ^{Estrada, 2002}). La transformación de la actividad agrícola también tiene efecto sobre las áreas forestales: si bien la extensión del bosque en el Huitepec se redujo y se fragmentó en el siglo pasado, en los últimos diez años la superficie que ocupa parece no haber cambiado drásticamente. Esto puede ser resultado de la transformación de una economía agrícola que favorecía la conversión del suelo forestal a agrícola extensivo (milpa), por el abandono de esta actividad ante su baja rentabilidad y el incremento de fuentes de empleo urbano (^{Cortina, 2007}), así como la especialización en cultivos que requieren una menor superficie (hortalizas), y en cambio necesitan el agua y el abono procedentes del bosque. Otro punto relevante es que una parte de la población urbana valora positivamente los bosques (^{Mcdonald, 2009}), y particularmente el del Huitepec, que la ciudad percibe como un patrimonio natural, lo que parece concretarse en la presencia de áreas protegidas en este lugar (^{Morales et al., en prensa}).

Las áreas protegidas en la zona revelan las nuevas modalidades que puede adquirir la conservación del bosque en un escenario periurbano. La Reserva Ecológica Cerro del Huitepec es una clara muestra de la incidencia urbana en el mantenimiento de áreas naturales, ya que la creación de este sitio fue resultado de la iniciativa de ciertos actores urbanos para quienes la modalidad de tenencia privada de la tierra fue una ventaja que hizo posible su compra; esta iniciativa ha sido efectiva al garantizar el mantenimiento del bosque en la zona. Por su parte el “Ejido” adyacente es una propiedad colectiva en la cual la poca claridad respecto a su legalidad, la diversificación social y la presión urbana por la tierra han favorecido los procesos de ocupación y apropiación irregular. Actualmente los zapatistas ejercen un control sobre el territorio que se basa más en sus redes externas (movimiento zapatista, bases de apoyo regionales, sociedad civil nacional e internacional) que en el establecimiento de acuerdos locales, a pesar de que consideran que se trata de una reserva “comunitaria”. Las formas tradicionales de control local se traslapan con las nuevas perspectivas de conservación ambiental, y los actores locales asumen una u otra lógicas para asegurar su dominio del espacio (^{Estrada, 2002}). El futuro de esta zona dependerá del tiempo en que sus ocupantes actuales puedan asegurar el control mediante su presencia, o bien de que se llegue a consolidar una propuesta de manejo que incluya la participación de los distintos actores involucrados, incluyendo a los pobladores de la ciudad.

Un tema que merece abordarse a la luz de la perspectiva de la nueva ruralidad y los espacios periurbanos es el referente al papel de las formas de propiedad y su efecto para la conservación de las áreas forestales. La investigación sobre el manejo forestal en nuestro país indica que la propiedad social y el manejo comunitario constituyen los pilares o condiciones más relevantes para el mantenimiento a largo plazo de los recursos forestales (^{Cortina, 2007}; ^{Merino y Barton, 2004}). Sin embargo la propiedad comunal no es por sí misma garantía de un manejo efectivo, sino que requiere una serie de condiciones que determinan su éxito, las cuales están relacionadas con una claridad en la base de los recursos, los usuarios, las reglas de apropiación y la obtención de beneficios (^{Ostrom, 2000}). Los estudios de la nueva ruralidad en espacios periurbanos indican que el crecimiento urbano acelerado, sobre todo en las grandes ciudades, ha ejercido un papel devastador sobre las formas de control social de las tierras ejidales y comunales, lo que ha llevado a su pérdida, ya sea mediante la ocupación ilegal o el fraccionamiento legalizado por los mismos ejidatarios (^{Aguilar y Escalona, 2000}; ^{Cruz, 1996}). El surgimiento de formas “urbanas” de valoración de la tierra en un contexto periurbano propicia la incorporación de estos elementos en la apropiación del territorio, lo cual puede apuntar tanto al mantenimiento de las áreas forestales (por ejemplo en áreas protegidas) como a su pérdida (mercado de tierras) (^{Estrada, 2002}; ^{Salazar, 2000}; ^{Velázquez, 1997}). En algunos casos las tierras comunales han pervivido y se han transformado en espacios híbridos que recrean en la ciudad los elementos comunitarios y mantienen zonas agrícolas en el área urbana haciéndolas incluso exitosas (^{Torres-Lima y Rodríguez-Sánchez, 2008}).

En el caso analizado se puede considerar que ante una propiedad social debilitada o poco clara, con la presencia de normativas urbanas y de actores diversos en un espacio, y con la puesta en juego de intereses económicos muy fuertes, la propiedad privada puede ser una forma de conservación de los recursos por exclusión que está dentro de los nuevos esquemas que apuntan a la diversificación de estrategias y a la protección privada voluntaria (^{Kauneckis y York, 2009}). Sin embargo, tal como lo afirman ^{Weber y Reverte (2006}), “la propiedad es una herramienta entre otras cuya eficacia depende del contexto en que se instituye” (^{Weber y Reverte, 2006}: 123). Si consideramos que la conservación debe ampliarse desde la perspectiva de la protección en reservas hasta la diversificación del paisaje en torno a éstas, es necesario tomar en cuenta la participación de los propietarios.

En el territorio de las rancherías del Huitepec no hay un procedimiento de regulación local ni municipal sobre el uso del suelo privado, por lo que éste depende de las decisiones particulares de cientos de pequeños y medianos propietarios y de pocos grandes propietarios. Para el desarrollo colectivo de los servicios urbanos se ha requerido cierta organización local que de alguna forma incide sobre la tierra y sus recursos. El caso más evidente se presenta debido a que la necesidad de agua (un recurso común) está generando acciones grupales, y en última instancia regionales, a favor del mantenimiento de áreas arboladas aún presentes y de posible recuperación (como la reforestación y los proyectos de restauración) (^{Zárate, 2008}). Asimismo han emergido conflictos sociales entre los diversos actores (nativos y recién llegados, agricultores y no agricultores) que son característicos de los espacios periurbanos, como la disputa por el agua y la toma de decisiones (^{Ávila, 2009}; ^{Aguilar y Escalona, 2000}). A pesar de que espacialmente la zona urbana puede ya considerarse dentro del Huitepec, los pobladores nativos mantienen y reafirman la posición de que sigue siendo una ranchería, pues esto les da un mayor control local; en cambio los pobladores urbanos manifiestan la intención de convertir el área en una colonia urbana, pero no porque se perciba que son mejores la regulación y la dependencia municipal, sino porque así habría reglas más claras de participación en la localidad, hasta ahora dominada por la población nativa.

Por diferentes razones la urbanización del Huitepec está tomando matices distintos de los de otras zonas, pues a este lugar llegan pobladores interesados en su espacio boscoso y sus características rurales, quienes intentan mantenerlos en sus propiedades integrando nuevos elementos ecotecnológicos. Estos procesos han sido identificados en México y Europa, donde el periurbano constituye no sólo un espacio, sino una forma de vida en la que se integran elementos de sustentabilidad ambiental y organización social recreados por el imaginario urbano (^{Hiernaux, 2000}; ^{Banzo, 2005}). De la misma manera, la vinculación de los agricultores con un mercado urbano le ha dado un nuevo vigor a esa actividad, que al combinarse con enfoques agroecológicos y de comercio justo representa una posibilidad radicalmente diferente de la producción comercial convencional de flores, también orientada por el mercado urbano, que se presenta en otras laderas del Huitepec. Estos espacios neorrurales pueden representar la posibilidad de mantener un entorno agroforestal que le dé mayor viabilidad a las áreas protegidas. Sin embargo es necesario diferenciar a los nuevos actores que llegan a este lugar con la intención de establecerse y vivir ahí, de aquellos que participan en un mercado de tierras, para quienes lo “sustentable” representa apenas una ventaja que les conviene mantener hasta que obtengan las ganancias económicas que esperan. Para el sector inmobiliario cualquier terreno adyacente a la ciudad es susceptible de anexarse a la misma. En sitios como Morelos este proceso fue tan devastador que expulsó a la población local (^{Ávila, 2009}; ^{Martínez, 2010}). Si bien los pobladores nativos no han sido afectados pasivos del avance urbano sobre sus tierras, puesto que han participado activamente de dicho proceso y han favorecido la urbanización desde dentro de las propias localidades, la valoración económica derivada de esa urbanización está siendo capitalizada principalmente por actores externos mediante la compraventa de lotes y una mayor promoción inmobiliaria.

Todo lo anterior nos indica que en el contexto periurbano las áreas protegidas y forestales presentan características muy particulares que normalmente no se toman en cuenta desde la perspectiva de las estrategias de conservación. En este trabajo se ha planteado la posible utilidad de enfocar la nueva ruralidad a partir de una perspectiva más social que geográfica para entender su dinámica y su posible mantenimiento a largo plazo con fines de conservación. Nos propusimos, de acuerdo con ^{C. de Grammont (2010}), utilizar conceptos más específicos -como el de periurbano- para referirnos a la condición del caso analizado en el Huitepec. Entonces, ¿la nueva ruralidad es un concepto adecuado para analizar el problema de la conservación de espacios forestales periurbanos? Si su utilidad consiste en afirmar que todo es integral y que se han diluido las fronteras entre lo urbano y lo rural, no parece servir de mucho; sin embargo cada vez se utiliza más en distintas disciplinas el concepto de nueva ruralidad para analizar múltiples casos, lo cual permite poner problemas semejantes ante otros referentes. Del mismo modo, con el concepto de periurbano que se utiliza en este trabajo es factible identificar elementos comunes entre diferentes temáticas (aspectos agrícolas, ecológicos y sociales) que ocurren en un mismo espacio. En todo caso la nueva ruralidad permite trascender fronteras teórico-académicas más que físicas y sociales. En este análisis se ha de evidenciar la necesidad de ir más allá de la conservación de áreas relevantes mediante la protección de sitios, para adoptar esquemas adecuados a las nuevas condiciones integrales del campo y la ciudad, considerando los distintos usos de suelo, las actividades económicas, las formas de propiedad, las normas urbanas y rurales, y la participación social de diferentes actores. La protección de espacios ambientalmente relevantes en un contexto periurbano debería conducir a la creación de redes locales de participación social que tomen en cuenta a los distintos actores involucrados y sus expectativas del mismo espacio, sobre todo en un contexto en que las autoridades formales (municipales) son las grandes ausentes en las localidades.

Conclusión

El Huitepec constituye un ejemplo de los complejos procesos socioambientales por los cuales atraviesan los espacios que rodean a las urbes de cualquier tamaño. Desde la época de la Colonia el Huitepec recibía la influencia del centro urbano, pero actualmente ya es una parte plena de la ciudad, no sólo porque contiene espacios urbanizados o construidos, sino sobre todo por los espacios no edificados, que son cruciales para la viabilidad ambiental urbana (^{Banzo, 2005}), para la producción de alimentos, y para la preservación del paisaje sancristobalense (^{Morales et al., en prensa}).

Se puede afirmar que la presencia de áreas forestales y agroforestales en el Huitepec no sólo responde a un proceso de transición temporal hacia su desaparición debido al crecimiento urbano, ni tampoco se les puede ver como parte de un proceso de mantenimiento y conservación de los recursos forestales impulsado por una comunidad rural fuertemente consolidada en un territorio. Corresponde a la integración espacial de procesos socioambientales históricos donde el bosque y la agricultura tienen un sentido y un valor específico para los actores presentes; valor y actores que de hecho también están cambiando constantemente.

Aunque los habitantes manifiestan que actualmente en el Huitepec se disfruta de un estado ideal que combina los servicios urbanos con un ambiente natural, pocos tienen la capacidad de decidir entre distintas formas de uso de suelo en sus terrenos, dado su reducido tamaño. Tampoco existen reglas locales efectivas para garantizar la permanencia futura de un paisaje diversificado en torno a las reservas, y éste depende de las decisiones de uso y de las valoraciones de cada poblador. Hasta el momento las áreas de reserva han sido efectivas para mantener el bosque, pero es preciso buscar estrategias para el espacio circundante que minimicen los efectos negativos de la urbanización sobre las áreas protegidas y les brinden cierta integridad ecológica dentro de la región (^{Morales et al., en prensa}; ^{Mcdonald et al., 2009}). Cabe recordar que el Huitepec es sólo una sección del espacio periurbano de San Cristóbal, donde la ocupación del territorio siempre ha sido irregular y caótica. Si bien los bosques del Huitepec son muy relevantes, no son los únicos en el entorno de la ciudad, y sólo tendrán viabilidad a largo plazo en tanto estén vinculados en una escala espacial mayor con otros fragmentos de bosque en la región.

Se requiere ampliar las nociones de conservación y sustentabilidad de forma que incluyan otros espacios o esquemas fuera de la conservación típica en áreas protegidas; han de establecerse reglas y sanciones relativas al uso de suelo y al manejo que hacen los actores locales de los recursos naturales; y han de favorecerse diversos vínculos con los sectores urbanos conforme a un esquema de corresponsabilidad ambiental y social. Si bien la urbanización representa una amenaza para la protección de áreas ambientalmente relevantes, dentro de ciertas modalidades puede ser también un incentivo para su mantenimiento, y en última instancia las áreas de urbanización campestre o rural que integran elementos arbóreos, fragmentos de bosque y áreas agrícolas son una mejor opción que la urbanización compacta densamente poblada que se presenta en otras áreas del periurbano de San Cristóbal.