El 20 de enero de 2011 se llevó a cabo en el auditorio Alfonso Reyes de El Colegio de México la presentación del libroFamilias en el siglo XXI: realidades diversas y políticas públicas,publicación en la que se recopilan artículos derivados del seminario del mismo nombre que se realizó dos años antes. La finalidad del seminario fue analizar el problema de la diversidad familiar y su relación con las políticas públicas en México desde un punto de vista académico, manteniendo un marco de pluralidad y de diálogo con distintos actores de la sociedad. Se organizó como un foro alternativo al VI Encuentro Mundial de las Familias que apoyó el Vaticano e inauguró el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. En el libro se reúnen estudios y ensayos de alta calidad académica.

Susana Lerner Sigal y Lucía Melgar Palacios coordinaron la publicación. Silvia Giorguli, directora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México moderó la presentación. Como comentaristas participaron Diego Valadés, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Emilio Álvarez Icaza Longoria, consultor independiente en Derechos Humanos; Clara Jusidman, presidenta honoraria de Incide Social, e Ivonne Szasz, profesora investigadora de El Colegio de México.

Giorguli destacó entre los aportes de este libro el valioso ejemplo de diálogo y colaboración plural entre la academia, las organizaciones civiles y algunas instituciones que con el enfoque de políticas públicas ofrecen diferentes miradas en cuanto a las necesidades cotidianas y emergentes de las familias en México. Asimismo se refirió a la concepción de las familias como estructuras que se adaptan a los cambios sociales, culturales, políticos y económicos, y que adoptan distintas estrategias para adecuarse a esos cambios con acciones de solidaridad pero también con conflictos. En ese sentido, dijo, es importante valorar a las familias como entes diversos y cambiantes para lograr una mejor planeación y mayor éxito en la aplicación de las políticas públicas.

Tras esta introducción tomó la palabra Lucía Melgar, quien esbozó un marco contextual para la lectura del libro. Expuso que los artículos que reúne muestran hallazgos y necesidades relevantes en el contexto socioeconómico, político y cultural actual. Mencionó que en medio de las celebraciones del centenario de la revolución mexicana el discurso hegemónico se ha centrado únicamente en el combate al crimen organizado que afecta la situación general y el bienestar de las familias en el país. Planteó que, aunado a eso, en los dos años anteriores se vivieron profundas crisis económicas dentro de un clima de violencia generalizada, muy intensa en algunas regiones del país. Llama la atención que en ese complicado contexto las voces de organizaciones, grupos corporativos, partidos políticos e instituciones sigan sosteniendo una ideología conservadora y neoliberal que contrapone una idea atemporal, ahistórica y simplista de la familia a la realidad cotidiana de las niñas, los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos que conforman una pluralidad de arreglos familiares.

Así, en el libro se rescata sobre todo la diversidad de arreglos familiares. Algunos artículos hablan de una sociedad desigual, con una numerosa población joven, con cada vez más personas de la tercera edad y con la problemática que eso conlleva. También se refieren al proceso de privatización que han implantado las políticas neoliberales y que afecta el bienestar de las familias y sus integrantes; por ejemplo, remite los costos de salud y cuidado a los grupos familiares. La autora cuestiona también la intervención de las políticas públicas que se diseñan desde el escritorio y que ignoran o pasan por alto la realidad cotidiana de las familias.

Melgar subrayó que en este país existe un abismo en términos legales entre hombres y mujeres, homosexuales y heterosexuales; entre el derecho de las mujeres a decidir y a vivir una vida libre de violencia, y el bloqueo legal a éste. Cuestionó que en algunos estados de México la legislación no permita la interrupción del embarazo, incluso en caso de violación o cuando la vida de la mujer peligra; o no se permitan los matrimonios entre personas del mismo sexo; o no exista la posibilidad de acceder a una vida libre de violencia y, en cambio, se criminalice a la mujer que aborta, incluso de manera espontánea. Reprobó asimismo que en el caso de los feminicidios las autoridades denigren a la mujer asesinada para restarle importancia a este fenómeno y a la impunidad que lo rodea; y criticó que se niegue la educación sexual a los niños, las niñas y los jóvenes, y se pretenda restringir el acceso de la juventud a la información respecto al uso del condón y los métodos anticonceptivos, con el afán de sostener valores que atentan contra la pluralidad y la libertad de conciencia y los principios del Estado laico.

Por último expuso que llama la atención que se presente la misma omisión en distintos ámbitos, pues desde la elaboración de los planes hasta la legislación, el discurso oficial niega la pluralidad de las familias y no se supedita a algún sistema de evaluación de las políticas públicas. Lo anterior implica que para la elaboración de diagnósticos y perspectivas alternativas es fundamental contar con análisis críticos, así como disponer de instrumentos de acceso a la información para dar un mejor seguimiento a la aplicación de los recursos públicos.

Finalmente Lucía Melgar enfatizó que corresponde a la academia, junto con la sociedad civil y las organizaciones civiles, contribuir con estudios de rigor científico para acceder a un mejor conocimiento de la realidad de las familias en México, uniendo esfuerzos y compartiendo experiencias.

Además de presentar el libro con elogios hacia los autores, Diego Valadés expuso una serie de reflexiones a partir de la lectura de los artículos. Según su parecer se pueden atribuir dos características generales al contenido del libro:1)que alude al concepto de laicidad, y2)que se refiere al concepto de bienestar social. A lo anterior habría que agregar que trata sobre una situación actual caracterizada por la inequidad y la exclusión, expresada como violencia contra los niños, los jóvenes, las mujeres, los ancianos y la población en su conjunto.

Observó que hay una contraposición entre los marcos legales del país. Por ejemplo, en el Distrito Federal se han modernizado las legislaciones, algo que incide en la vida de las familias, mientras que en el resto del país se han adoptado medidas represivas, como lo muestra la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en acciones de inconstitucionalidad contra los derechos de las mujeres y de los homosexuales.

Por tanto el análisis debe emprenderse más bien dentro de un marco que abarque el sistema constitucional del país, pues las condiciones de rezago son desiguales y hay cuestiones que se traducen en una especie de petrificación de los criterios institucionales. Por ejemplo, respecto a las funciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que fue establecido en 1967, convendría indagar ¿a qué tipo de familia se refiere?, ¿cuáles son las funciones que desempeña este servicio público?, ¿qué tipo de función pública? Tales interrogantes están más vinculadas con los criterios de gobierno que con los de políticas públicas.

Agregó Valadés que la idea de laicidad en México, que se ha venido debatiendo desde el siglo XIX y se consolidó con las Leyes de Reforma, implicó un cambio en la noción de familia, que se ha modificado paulatinamente y que se puede apreciar en los códigos civiles. Además, ya en el siglo XX se introdujo en las instituciones sociales el concepto de laicidad en los ámbitos educativo, laboral, jurisdiccional, patrimonial y electoral, y se integró la principal aportación de los liberales con la secularización.

Sin embargo en nuestro sistema constitucional aún no existe secularidad en cuanto a la familia y a la salud. Esto tiene que ver con que el artículo 4 constitucional que alude a los temas familiar y de salud no se refiere a la secularidad del Estado, cuestión que como se expone en el libro no está consolidada en las leyes y es una tarea que está pendiente y que subyace en las reflexiones que plantean los autores en esta obra.

En cuanto al tema del bienestar, que está vinculado con la justicia y la equidad, encontramos que el rezago se da sobre el régimen político. De forma tal que si distinguimos entre las políticas gubernamentales y de Estado -como plantea Jusidman en su artículo- encontramos que las gubernamentales hacen referencia a las decisiones que toma un gobierno en cada momento, en tanto que en nuestro sistema constitucional se establece que el Poder Ejecutivo corresponde a una sola persona, por lo que las decisiones de política pública las toma sólo ésta (artículo 82 constitucional). Una pluralidad de actores ejerce dos de los poderes de la unión, pero en la Constitución todavía se reconoce que el poder de poderes, el supremo Poder Ejecutivo, recae en una sola persona.

Así que cuando se habla de políticas gubernamentales se trata de políticas unipersonales, y mientras no se cambie ese régimen unipersonal por un régimen de responsabilidades políticas en que los integrantes del gabinete constituyan el gobierno y sean responsables ante el resto de los representantes políticos, la sociedad no contará con otra forma de influir en las decisiones del Ejecutivo que organizar seminarios como el mencionado para generar una corriente de opinión. Valadés sostuvo que es necesario reformar el artículo 24 de la Constitución y no el 40, como se ha pretendido, para así proteger la libertad de escoger en materia religiosa, pero también y principalmente en materia de convicciones éticas y filosóficas, y así completar la idea de secularidad. De no llevarse a cabo esa reforma deberá agregarse a la Constitución un preámbulo que enuncie los objetivos generales de la sociedad mexicana e incluya el concepto de laicidad para abarcar la totalidad del texto constitucional.

En este sentido, añadió Valadés, si se pretende hacer una modificación sobre las políticas públicas, tal reforma debe considerar dos aspectos esenciales:1)la responsabilidad política del gobierno ante el Congreso, y2)la institucionalización de la función de la sociedad. Para ello se debe crear un consejo nacional de representación ciudadana, ya que los instrumentos actuales por sí solos no son confiables y se requiere su supervisión, función que debería recaer en este consejo para que quienes tomen decisiones lo hagan con fuentes confiables tanto para los funcionarios como para los ciudadanos. Esto conduciría a alcanzar dicho anhelo de responsabilidad política.

En su participación Emilio Álvarez Icaza aclaró que más que hablar de los derechos de la familia, se debe hablar de los derechos en la familia, pues los sujetos son los titulares de los derechos y no las familias. Lo anterior se sustenta en el artículo 19 de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas -que México suscribió y ratificó hace más de 20 años- que se refiere a esta etapa de la vida como un asunto de interés público. Conforme a este mandato todas las instancias relacionadas con el bienestar social deben atender de manera primordial el interés superior del menor y garantizarle en el ámbito de la toma de decisiones el acceso a una vida libre de violencia. A partir de los instrumentos internacionales y de las obligaciones que ha suscrito el Estado mexicano bajo el principio de autosumisión se reconoce que en la familia hay titulares de derechos y que no se debe considerar a ésta como un ente ni tampoco sólo a los padres.

En 2006 el comité de la mencionada Convención llevó a cabo una revisión y emitió comentarios basados en cuatro criterios rectores:1)la no discriminación,2)el interés superior del menor,3)la supervivencia y el desarrollo, y4)la participación infantil. Las conclusiones principales de dicho comité fueron:

El Consejo Nacional de Población ha informado que en 2008 ocurrieron casi 1 600 000 nacimientos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 450 000 mexicanos no tenían acta de nacimiento y casi la tercera parte no estaban registrados. Se estima que en algunas entidades como Oaxaca, Chiapas o Guerrero, 25% de los niños y las niñas carece de acta de nacimiento, por lo que jurídicamente no existen y no se les puede incluir en algún programa social. Además esto les acarrea una serie de problemáticas muy complejas asociadas a la ausencia de documentación oficial, como por ejemplo su indefensión ante el tráfico o trata de personas.

El problema va mucho más allá de la igualdad jurídica ante la ley, ya que atañe a la igualdad en el ejercicio de los derechos humanos, donde el pacto social es insuficiente para garantizar que todas las niñas y todos los niños ejerzan sus derechos humanos al ser reconocidos como sujetos moralmente autónomos y con libertad de ejercer sus derechos.

Los datos recabados hasta ahora muestran que cerca de 20 millones de niños viven en situación de pobreza multidimensional. Esta evidencia permite determinar cuál es el tipo de problema que se presenta y el tipo de política pública que conviene adoptar. Otro ejemplo: la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh, 2006) revela que quien ejerce la violencia más frecuentemente es el cónyuge o esposo, de ahí que el lugar más peligroso para las mujeres de este país sea su propia casa y que el agresor más común sea el hombre que está cerca de ellas. En ese sentido las políticas públicas deben abocarse a generar las condiciones idóneas para proteger a las mujeres que están en situación de riesgo. Habrá que cuestionar el diseño institucional del DIF, que por ser anacrónico no garantiza la protección requerida; a ello se agrega la descoordinación entre los institutos federales y los estatales, por lo que su diseño no responde a un enfoque ni a un modelo de diversidad que garantice los derechos que puede tener y ejercer la familia. Otros casos más graves son consecuencia de la violencia que se vive en el país; así, ¿qué se va a hacer con todos los niños y niñas huérfanos que la guerra contra el narco ha dejado?, ¿cómo se va a generar una protección de sus derechos?

Lo anterior tiene que ver con la ausencia de apreciación y discusión de la realidad de las familias y con la necesidad de adoptar un modelo de familia democrática. Al respecto Álvarez Icaza comentó que en efecto existe una pérdida de valores, pero no en el sentido que le dan algunos grupos conservadores; están en crisis los valores autoritarios y lo que se requiere y está en proceso es la construcción de nuevos valores democráticos, algo que tiene que ver con la disminución de los estados de excepción y el aumento del ejercicio de derechos.

Finalmente Álvarez Icaza mencionó que estamos en un proceso de transformación y construcción de una nación democrática que va de los espacios públicos a los espacios privados y por eso es importante organizar este tipo de foros.

Clara Jusidman reiteró la importancia de articular la academia, los activistas y las organizaciones de la sociedad civil. Hizo énfasis en que la familia es un asunto complejo, no considerado en la agenda pública, donde existen controversias que conducen a posiciones encontradas entre diversos sectores de la sociedad mexicana. Expuso que este libro busca permear las políticas de gobierno e influir en su concepción de las familias para evitar la imposición de un solo modelo, el de la llamada “familia natural”. El Estado debe reconocer la importancia de las familias en la vida de las personas y de la sociedad, y en consecuencia es indispensable que se piense en ellas cuando se realizan intervenciones gubernamentales de distintos tipos.

Mencionó algunas de las conclusiones que comparten los autores del libro:

Jusidman aseguró que las familias integran una de las estructuras sociales en donde es urgente actuar para colmar varias aspiraciones, como generar una sociedad democrática en que se superen las violencias estructurales y se respeten los derechos humanos, pues la resolución de conflictos y el reconocimiento de las diversas identidades son cuestiones que aprendemos en el grupo primario al que pertenecemos. Por eso es importante trabajar en una cultura de paz donde se resuelvan pacíficamente los conflictos, en la promoción de los derechos humanos de los grupos familiares, y en un análisis claro del efecto perverso de algunas políticas sobre la dignidad de la familia, entre ellas la política de aumento de precios y contención de salarios, la de crecimiento lento sin creación de empleos suficientes y dignos, los programas de combate a la pobreza que generan dependencia a su conveniencia, los programas masivos de viviendas que esparcen por todo el territorio nacional moradas mínimas dentro de grandes conjuntos habitacionales donde no hay cuidado de los espacios públicos, así como la privatización creciente de guarderías.

Jusidman invitó a los lectores a reflexionar sobre la importancia de las familias en la vida de cada uno, sobre cómo se han visto afectadas por la acción u omisión del Estado y por los cambios tan dramáticos del contexto actual de la sociedad mexicana. Felicitó a las coordinadoras porque lograron que varias instituciones académicas coeditaran el libro y apuntó la necesidad de ahondar en el tema de las masculinidades.

La última comentarista fue Ivonne Szasz, quien reiteró que el gran mérito del libro es haber promovido el diálogo entre la investigación rigurosa que se hace en la academia y otras voces que tienen mayor participación en la sociedad civil. Es necesario que la academia lleve a cabo investigación social para que fundamente su participación en los debates públicos. La publicación aparece en un momento en que se han logrado lentos avances en materia de derechos humanos, derechos de las mujeres y actualizaciones de legislación para limitar la discriminación, y otro momento en que ciertos sectores sociales poderosos y amplios se aferran a un modelo único de familia supuestamente basado en leyes naturales.

Szasz planteó las siguientes interrogantes: ¿qué características de las familias mexicanas las hacen sujetos de debate público el día de hoy?, ¿por qué en estos debates existen voces que hablan sobre desintegración familiar y descomposición social? Las investigaciones que presenta este libro afirman que las familias mexicanas están afectadas por muchas tendencias contradictorias. Existen grandes tensiones entre las fuerzas socioculturales que impulsan a México a una democratización de las relaciones y hacia una mayor justicia social, tomando en cuenta la división del trabajo por género, la división del trabajo doméstico, las divisiones entre los sexos y entre generaciones. Todo esto implica una mayor equidad de género y justicia social, una división de tareas más equitativa, un mejor ejercicio de los derechos humanos y la autonomía, una mejor comunicación y una resolución de conflictos por medio de la palabra, no sin el reconocimiento de sus condiciones de posibilidad.

Afirmó que los factores socioeconómicos están afectando fuertemente a las familias. Se observa una mayor variedad de arreglos residenciales, mayor movilidad territorial, más migraciones, más personas que buscan trabajo fuera del lugar en donde viven, muchos desplazamientos cotidianos en función del trabajo. Todos estos cambios socioeconómicos, que conllevan una mayor inserción de las mujeres y de otros miembros de las familias en las actividades remuneradas, acarrean mayores dificultades para la convivencia y más aislamiento de las personas. Se advierten también grandes desigualdades socioeconómicas que se combinan con cambios en la función social del Estado y con el aumento de responsabilidades para las familias y los hogares, en especial para aquellas familias que cuentan con menos recursos materiales y simbólicos. Las interacciones de las clases sociales, las etnias y los géneros resultan en relaciones contradictorias y conflictivas dentro del grupo familiar -más intensas en algunos sectores sociales- que con frecuencia derivan en relaciones violentas, sobrecarga de trabajo para las mujeres y aumento de sus responsabilidades, así como desprotección de los derechos de ellas, de los menores y de los ancianos.

Como si estas contradicciones no fueran suficientes, las tendencias socioculturales presionan hacia la construcción de una imagen única de familia que no expresa la realidad social. En ese sentido, un punto muy relevante del libro es que muestra la profunda discrepancia entre los hallazgos científicos y ese supuesto ideal de familia que todos deberíamos alcanzar, construido por tendencias homogeneizadoras que ocultan las desigualdades, las diferencias, los conflictos, las luchas, los intereses diversos, la violencia, las relaciones de poder, y no aceptan la diversidad, las variaciones y la riqueza cultural como algo de igual valor.

Szasz subrayó la importancia de continuar profundizando en esta temática y apuntó algunas cuestiones críticas que es preciso investigar con más profundidad:

Actualmente los procesos de construcción social de estas ideas de la familia, que influyen en los debates públicos y en las políticas públicas, parecen dirigirse más a satisfacer las necesidades de esas familias inexistentes que hacia las de las familias reales. El problema no es trivial; dado que hay perspectivas, actores, ámbitos de conocimiento e intereses que contribuyen a construir los problemas sociales, entonces ¿cómo se construyó este problema social que enfrenta a las familias normales con las familias desviadas? Al tratar de responder a esa pregunta se ha de seguir el rumbo señalado en esta publicación: una práctica de investigación rigurosa y crítica que parte de enfoques interdisciplinarios y está integrada y situada en la experiencia local mexicana y latinoamericana. Se trataría de continuar una forma de investigación social con importantes implicaciones teóricas, epistemológicas y metodológicas, la cual genera investigaciones, resultados y explicaciones afirmativas que enriquecen considerablemente la comprensión del problema de las familias y lo sitúan en una perspectiva radicalmente diferente.

Este ejemplo muestra cómo varía el conocimiento de las familias si se agregan los enfoques de la desigualdad socioeconómica, la inequidad de género, las disparidades técnicas, las relaciones sociales, las relaciones de poder. ¿Cuáles son las estructuras, características, tipos de relaciones y significados de distintas formas de familias en diversos contextos sociales y culturales? Si se dota de una historicidad a la diversidad de arreglos familiares se vuelve un problema social; y si es un problema, ¿para quién lo es?, ¿de qué naturaleza?

Szasz sugirió retomar la propuesta estratégica de este libro -que es de diálogo entre la academia y otros sectores sociales, y de mayor participación de la academia en los debates públicos-, como vía para conseguir que las políticas gubernamentales se vuelvan más públicas, más basadas en la realidad de las familias, y más cercanas a las necesidades de las personas a quienes afectan, pues si la legislación estuviera fundamentada en investigaciones críticas como éstas, cambiaría radicalmente. Es necesario entrar en los debates públicos partiendo de la perspectiva de la academia, es decir, en una forma independiente que no se vincule necesariamente con las relaciones de poder, sino que busque develar realidades y construir argumentos y establecer un diálogo con otros sectores de la sociedad para lograr una mayor comprensión de los problemas.