Introducción

La Unión de Trabajadores Costureros (UTC) representa una experiencia organizativa en torno a la forma más cruda de explotación: el trabajo esclavo. Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) el trabajo esclavo es una de las formas tradicionales de trabajo forzoso, junto con el trabajo en servidumbre. Dicha organización advierte sobre la expansión del fenómeno, cuyas víctimas más vulnerables son las mujeres, las minorías étnicas, los niños, los pobres y los migrantes. Aunque hay diferentes tipos de trabajo forzoso, dos rasgos comunes los identifican: el ejercicio de la coerción y la denegación de la libertad.¹ La experiencia de la UTC se desarrolla en el marco de la lucha contra el trabajo forzado, y como tal comienza a gestarse a partir de la crisis de 2001 en Argentina. Tiene su centro de acción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque su influencia trasciende ese límite territorial. En este artículo pretendemos explorar el devenir de la experiencia de la UTC, y para ello presentaremos una historización de su posicionamiento en relación con otros actores involucrados en la problemática, como los talleres clandestinos, las grandes empresas de indumentaria, algunos organismos del Estado y los sindicatos, especialmente el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA). Proponemos tres objetivos específicos: analizar la particularidad de la industria textil y su relación con el trabajo esclavo en el marco de los procesos migratorios; caracterizar a la UTC teniendo en cuenta sus orígenes, sus actores, sus acciones y su desarrollo temporal, y dar cuenta de la red de relaciones en donde se inscribe la experiencia. Asimismo marcamos una serie de puntos problemáticos para proyectar la experiencia espacial y temporalmente, teniendo en cuenta la configuración de redes de resistencia global, la cuestión del sujeto (trabajador boliviano)² y la actividad gremial de la organización.

La metodología que seguimos consistió en recopilar información de fuentes secundarias, del material elaborado por la UTC, y entrevistar en profundidad a sus referentes; también se realizó observación participante en varias actividades. Sin embargo estamos en una etapa inicial de la investigación, y consideramos necesario profundizar el acercamiento al campo de estudio y realizar un abordaje más profundo sobre algunas aristas teóricas, como la cuestión migratoria, la construcción de la ciudadanía y los estudios sobre la industria maquiladora, entre otras.

El trabajo esclavo y la industria textil

Una de las características de la industria textil es que su cadena productiva está integrada: va de la obtención de fibras e hilados, a la manufactura de productos textiles y a la confección final de prendas; allí los trabajadores adquieren una relevancia particular, pues con su trabajo aportan 60% del valor agregado.³ La estructura productiva de esta industria se caracteriza también por el predominio de las micro, pequeñas y medianas empresas, generalmente familiares, y esto da lugar a una heterogeneidad de situaciones de trabajo en donde la regulación no aparece como variable común. El último eslabón de la cadena, el de la confección de prendas, es el escenario más propicio para que se den situaciones irregulares, tanto por la falta de regulación del Estado,⁴ como por las estrategias empresariales tendentes a tercerizar determinados procesos productivos y no responsabilizarse por lo que sucede en los espacios laborales.⁵ “Parece entonces que el subsector de la confección es un ámbito privilegiado para analizar la incidencia y orígenes de trabajo no registrado, y las estrategias laborales individuales y colectivas que se desarrollan en contextos de incertidumbre, crisis y reactivación” (^{Gallart, 2005}).

En cuanto al sujeto de referencia, quienes resultan más afectados por estas estrategias son en su mayoría trabajadores inmigrantes de los países vecinos (incluyendo Perú). El contingente de migrantes de las áreas contiguas al Gran Buenos Aires había compartido históricamente un conjunto de características comunes con los migrantes internos, como los bajos niveles educativos y la escasa calificación, y así se habían incorporado al mercado de trabajo en ocupaciones peor remuneradas que las que obtenían los nativos o los viejos residentes.⁶ Fueron en consecuencia relativamente más vulnerables que la población nativa a las oscilaciones cíclicas de la economía y al desempleo (^{Cortés y Groisman, 2002}).

Ahora bien, la trata⁷ para explotación laboral, es decir, el trabajo esclavo,⁸ es la forma más extendida y conocida de explotación de personas en talleres de confección de indumentaria textil. Específicamente los casos de trata para trabajo esclavo o servil en Argentina están focalizados en el norte del país y en los talleres de confección en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Se estima que la masa crítica de personas que se encuentran en esa situación de vulnerabilidad y explotación oscila entre 100 000 y 130 000 inmigrantes bolivianos.⁹ En una investigación al respecto se sostiene que la esclavitud se presenta en diferentes formas, pero que particularmente en el sector de indumentaria aparece la llamada servidumbre por deudas. Esta forma da cuenta de la situación de los trabajadores inmigrantes a quienes se explota en talleres clandestinos de confección de prendas:

Allí son obligados a trabajar junto a su familia para pagar los gastos incurridos en el traslado de su país de origen al lugar de trabajo de destino. Generalmente el empleador-tallerista retiene sus documentos de identidad, su sueldo y les entrega sumas pequeñas semanalmente. Esta situación otorga al empleador un alto grado de control sobre el inmigrante. En la mayoría de los casos, dado el nivel de informalidad, la falta de entendimiento del lenguaje, la situación de vulnerabilidad, el aislamiento en que se encuentran el trabajador y su familia, la deuda inicial en la que ha incurrido el migrante nunca es del todo clara y se acrecienta en función de los gastos de vivienda y comida que son provistos por el empleador-tallerista. De esta manera la retención de los salarios, los excesivos precios de los bienes que le son suministrados y las maniobras con los anticipos de sueldo y la amenaza de deportación o cárcel, se transforman en los mecanismos habituales para someter la voluntad del empleado al empleador [^{Cortés y Groisman, 2002: 280}].

Ahora bien, fue un hecho trágico el que puso en la agenda mediática la situación de muchos talleres clandestinos de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, en donde los trabajadores y sus familias desarrollaban tareas en condiciones de superexplotación. El jueves 30 de marzo de 2006 murieron seis personas tras un incendio en un taller clandestino que funcionaba en una casa particular en el barrio de Caballito. La denuncia que presentó la UTC por ese hecho nos da más precisión sobre las condiciones en que desarrollaban la actividad los trabajadores y sus familias:

Confeccionaban Jean para la firma JD que tiene locales en la Avenida Avellaneda por el mísero precio de 80 centavos por jeans. Los niños estaban encerrados y literalmente enrejados en la planta alta por orden de los talleristas a fin de no “obstaculizar” la producción. Aspirando polvillo, expuestos a tuberculosis y anemia. Víctimas de trata, traídos mediante engaños desde Bolivia con la promesa de un trabajo digno son esclavizados ni bien pisan la Argentina.¹⁰

Fue a partir de allí que la UTC adquirió presencia pública, y fue entonces cuando comenzó a articularse con otros actores vinculados a la problemática.

La UTC: su historia

La experiencia organizativa de la UTC muestra su tránsito por un recorrido que da cuenta de un proceso de aprendizaje en relación con los repertorios de acción, con la identificación del otro y con el tipo de alianzas necesarias para la consecución de unos objetivos que cada vez fueron precisándose más. Ese afianzamiento en el tipo y las formas de acción y en la identificación de los problemas influyó en la formulación de propuestas y acciones concretas para empezar a resolver la problemática del trabajo esclavo¹¹ y pretender también la necesidad de recuperar la forma organizativa que representa a los trabajadores: el sindicato.

La Unión de Trabajadores Costureros de la Cooperativa 20 de Diciembre La Alameda se conformó hacia finales del año 2004, pero hay en sus orígenes una historia corta que data del surgimiento de asambleas barriales luego de los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001.¹² Fue la Asamblea Barrial del Parque Avellaneda -ubicado en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- la que luego de la crisis de ese año empezó a desarrollar una tarea social, como muchas otras asambleas barriales de la ciudad. Luego de largos debates internos sobre la verdadera función de las asambleas, que osciló entre cubrir la necesidad de una alternativa política construida por los vecinos, o constituir una herramienta que empezara a tratar de solucionar los problemas básicos de un sector de la población (^{García, 2003}), dicha asamblea optó por el desarrollo de una tarea social¹³ y comenzó a establecer contacto directo con algunas personas que estaban siendo víctimas de explotación laboral en talleres de confección, pues el barrio era el centro geográfico de los terribles incidentes que solían ocurrir en los talleres clandestinos, y allí se concentraba una gran cantidad de establecimientos con estas características.

La primera acción concreta en relación con el trabajo esclavo fue la elaboración de un listado en el que se incluían 70 talleres que confeccionaban prendas para marcas muy reconocidas del mercado interno, luego vino el acercamiento a la Defensoría del Pueblo en tanto receptora de denuncias mediante su programa de asistencia al inmigrante; se logró también la vinculación a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que incluye un programa de asistencia a las víctimas de trata.

El año 2006 fue el de las denuncias y los intentos de deslegitimación del actor.¹⁴ Los asuntos más importantes de esas denuncias tenían como eje la existencia de violaciones a la dignidad del trabajador: extensas jornadas de trabajo, pago a destajo y por prenda, pago en negro, reclutamiento bajo engaños, retención de los documentos de identidad, explotación abusiva dadas las condiciones de vulnerabilidad de los trabajadores inmigrantes, situaciones de semiencierro o reducción a la servidumbre, exposición a enfermedades como la tuberculosis, alimentación precaria, e intimidaciones a los trabajadores.

También se adoptó una lógica de funcionamiento específica, caracterizada por la dinámica asamblearia para la toma de decisiones: se reúne una asamblea general una vez por semana, hay asambleas específicas de cada emprendimiento y un Consejo de Administración que se reúne una vez al mes con la asistencia de un representante de cada área de acción. Se propusieron dos objetivos formales:¹⁵

Esta colectividad fue logrando mayor participación y fue apropiándose del espacio barrial, y así pudo exponer las situaciones a las que eran sometidos sus miembros en los talleres y canalizarlos, y asimismo denunciar la complicidad de las marcas contratistas en dicha situación.

Hoy 400 personas están asociadas a la cooperativa, de las cuales 200 pertenecen a la Unión de Trabajadores Costureros. El Barrio Parque Avellaneda es uno de los lugares geográficos donde hay mayor concentración de inmigrantes de la colectividad boliviana; se estima que allí viven entre 3 000 y 4 000 inmigrantes entre peruanos, paraguayos y bolivianos (estos últimos son la mayoría). Hoy la UTC La Alameda es receptora de denuncias y las canaliza a la Defensoría del Pueblo, es testigo participativo en los “relevamientos” de los talleres clandestinos que ejecuta la brigada policial de la Subsecretaría de Trabajo, realiza “escraches”¹⁷ a las marcas involucradas con los talleres, y se articula con la OIM, que brinda soporte a las víctimas de trata.

Con relación a la actividad gremial, la UTC La Alameda promueve la conformación de comisiones internas en los lugares de trabajo. Desde septiembre de 2007 se edita un boletín que llama a los trabajadores a organizarse y denunciar al SOIVA porque realiza acuerdos con los patrones aunque perjudiquen en términos comparativos a los trabajadores de esa rama de actividad. La UTC se propone fungir como soporte y acompañamiento de estos procesos de organización dictando cursos de formación gremial, recibiendo denuncias y entregando folletos informativos en la puerta de las fábricas y talleres. Cabe destacar que el frente gremial de la UTC está pensado para apoyar a los trabajadores de las fábricas legalmente constituidas y a los de las fábricas textiles que estén en situación de fraude laboral a quienes no proteja el sindicato.¹⁸

Como actor independiente se articula con diversos actores e instituciones vinculados directa o indirectamente con la problemática, como la Organización Internacional de Migraciones (OIM), que brinda asistencia a las víctimas de trata; la Defensoría del Pueblo, desde donde se canalizan las denuncias por trata y trabajo esclavo; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que otorga asesoramiento técnico y soporte institucional en lo que se refiere al rubro corte y confección; el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), que brinda apoyo y colaboración valiéndose de la brigada policial de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo; el Ministerio de Desarrollo Social, en donde se canalizan los pedidos de recursos materiales y económicos por distintas líneas de subsidios.¹⁹

El entramado: el Estado, los sindicatos y las empresas

En la historia corta de la UTC La Alameda se puede apreciar el entramado de actores vinculados con la problemática de la esclavitud laboral.²⁰ Sus acciones fueron desde buscar responsabilidades empresariales, regularizar la situación de los talleristas y denunciar los abusos contra ellos, intentos de reglamentación sobre huecos legislativos, y procurar la instalación de la temática en los medios de comunicación y en la agenda pública. Una primera aproximación a las fuentes secundarias nos permite periodizar algunos momentos de la historia de la UTC que dan cuenta de un mejoramiento de su lógica de acción y de la identificación de los actores con quienes debía vincularse y a quienes había que denunciar.

En un primer periodo, desde octubre de 2005 hasta marzo de 2006, la lógica de la acción fue la denuncia, en articulación con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Organización Internacional de Migraciones y la Procuración General de la Nación. Como ya se refirió, mediante un trabajo territorial se recopiló información y así se detectó y luego se denunció a más de 70 talleres clandestinos.²¹ En ese momento las demandas se dirigían a las instancias estatales para instarlas a cumplir con el tratado de asistencia a la víctima y garantizar la protección social a los miles de costureros sometidos a la servidumbre, y también para agilizar el acceso a la documentación masiva y gratuita de los inmigrantes. Como exigencia concreta con relación a la continuidad del trabajo en condiciones dignas se solicitaba la confiscación de las maquinarias de los talleres clandestinos y su entrega a las víctimas directas para que en el marco de un plan de reinserción laboral conformaran cooperativas de trabajo.

Un segundo momento fue la llegada de la problemática a los medios de comunicación a partir del incendio de un taller clandestino del Barrio de Caballito en donde murieron dos adultos y cuatro niños el 30 de marzo de 2006. Fue entonces cuando varios organismos de la esfera estatal fijaron su posición. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un plan de inspecciones contra el trabajo esclavo, y dos meses después de la tragedia ya había clausurado 40 talleres clandestinos de costura cuyos trabajadores eran en su mayoría extranjeros indocumentados. El gobierno boliviano de Evo Morales envió una delegación a Buenos Aires para comenzar a desarrollar una política más activa en relación con la problemática.

En el año 2007 las relaciones con los organismos del Estado habían adquirido cierta fluidez y la problemática estaba presente en la agenda gubernamental y en los medios de comunicación. Así, el 8 de marzo de 2007 mediante un proyecto de resolución de la Cámara de Diputados de la Nación, se le exigió al Poder Ejecutivo que tomara cartas en el asunto con propuestas de acción concretas, muchas de ellas extraídas de las demandas de origen de la UTC. En el cuerpo del proyecto se sostiene:

En los talleres textiles clandestinos hombres, mujeres y niños trabajan extensas jornadas, con pago a destajo y por prenda, pago en negro, reclutamiento mediante engaños, superexplotación abusando del altísimo nivel de vulnerabilidad social de los costureros y sus familias. La Unión de Trabajadores Costureros denunció las situaciones de semiencierro o de reducción a la servidumbre, exposición a enfermedades pulmonares, tuberculosis, alimentación precaria y situaciones de intimidación bajo diversas formas. Las grandes marcas compran la ropa confeccionada en estas condiciones tratando de eludir toda responsabilidad frente al fraude y los delitos cometidos.²²

Es innegable la clara influencia de la acción de la UTC en las tomas de posición del poder legislativo al instalar la problemática en el debate de los funcionarios, también al incidir en las propuestas de acción pues en el cuerpo del proyecto se insertaron algunas de las demandas históricas de la UTC.

El Gobierno Nacional puso en marcha el programa “Patria Grande”, cuyo objetivo es erradicar el problema de la indocumentación de los trabajadores. También lanzó el Plan Nacional de Regularización del Trabajo, que apunta a lograr un registro pleno de los trabajadores, con los correspondientes beneficios vinculados a la protección laboral y a las prestaciones sociales así como a la reducción de la evasión de aportes y contribuciones. El plan perseguía el objetivo de regularizar formas atípicas de empleo²³ como el trabajo no registrado, el trabajo parcialmente registrado y el trabajo a domicilio, entre otros. Se propuso fiscalizar en un plazo de 12 meses aproximadamente 200 000 empresas en todo el país. El Ministerio, mediante la Ley núm. 25.877, asumió competencias para fiscalizar y sancionar en el país entero, y así logró acuerdos y consensos entre las áreas interesadas del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Provinciales (Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- y administraciones provinciales).

Asimismo la Secretaría de Derechos Humanos organizó un “Observatorio”²⁴ para documentar la violación de los derechos de los inmigrantes bolivianos, y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) se autoimpuso la tarea de enfrentar este problema. La justicia nacional comenzó a intervenir, ya fuera procesando a los encargados del taller de la calle Luis Viale por homicidio culposo, o llevando a cabo una investigación sistémica de la trata de personas con fines de explotación laboral. La Procuración General de la Nación dispuso crear una dependencia a cargo de la lucha contra la trata de personas.²⁵

Sin embargo, para abril de 2007 Gustavo Vera, vocero de la UTC y claro referente, mencionaba en la revista Saber Cómo del INTI que ninguno de los tres poderes del Estado había avanzado sobre la resolución del problema en lo referente a la asistencia a las víctimas ni en la posible reinserción laboral de los afectados. Dirigió las denuncias hacia las grandes marcas y hacia un “sistema delictivo” que permite la existencia de trabajo esclavo con la connivencia de los funcionarios de migraciones, con talleres que sobornan a las comisarías, a los inspectores, e incluso a los medios de comunicación -por medio de los condicionamientos publicitarios de estas empresas-. Según Vera no sólo están confabulados los talleristas, sino que existe un sistema “delictivo y mafioso” en donde ni siquiera el Estado está al margen.

En ese momento la UTC seguía articulando sus acciones con la Defensoría del Pueblo, con la OIM, con el INTI²⁶ y con la Subsecretaría de Trabajo porteña. Mario Ganora, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sostenía en un artículo publicado en la misma revista:

El Gobierno de la Ciudad Autónoma tuvo que hacer de la necesidad virtud e iniciar una campaña con la consigna El trabajo esclavo mata, organizando un sistema de recepción de denuncias y de inspecciones, modificando la legislación y recuperando la competencia de policía del trabajo delegada inconstitucionalmente en la Nación. También debió reconocer formalmente la importancia de la Cooperativa “20 de diciembre” y de la Unión de Trabajadores Costureros en la lucha contra el trabajo esclavo. La propia Legislatura de la Ciudad los reconoció, al expropiar y entregar a ambas organizaciones sociales el predio que ocupan en el ex bar La Alameda.

El 1 de mayo de 2005 se le entregó el predio a la UTC para su uso por dos años. También en esos días se comenzaron a realizar allanamientos con fundamento en las denuncias que se habían presentado en abril del 2006, y más allá del retraso de dichos allanamientos se ejecutaron 19 detenciones.²⁷ El 29 de mayo de 2007 se presentó en el local de La Alameda el informe de una investigación sobre la problemática del trabajo esclavo en la industria de la indumentaria, ampliamente citado en este trabajo. Allí se dieron a conocer algunas cifras relativas a la explotación laboral:

El acercamiento a la acción gremial de la UTC fue paulatino. El 15 de julio de 2007, en una medida de acción directa en un taller textil irregular que abastece a grandes marcas, empezaron a destacarse ciertas situaciones ligadas a lo que la UTC denomina fraude laboral, que se caracteriza por la precarización de las relaciones laborales mediante una alta rotación de trabajadores, el despido antes de cumplirse el tercer mes de contrato para evitar hacerlo efectivo; una categorización menor por el tipo de tarea realizada; la inexistencia de aportes o contribuciones patronales. En relación con el trabajo esclavo, el taller en cuestión tercerizaba una parte de la producción a talleres clandestinos y contrataba personal sin documentos, violando claramente la Ley de Migraciones, la Ley de Trabajo a Domicilio, y el Convenio Colectivo de Trabajo.

En septiembre de 2007 la UTC emitió un boletín con un destinatario: los trabajadores de los talleres clandestinos y de las fábricas y talleres registrados, y con un antagonista: el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA). Se argumentaba que pese a que muchos de los costureros que trabajaban en talleres clandestinos comenzaron a laborar en fábricas con un contrato típico de empleo a partir de las denuncias y el tratamiento mediático del tema, allí también fueron víctimas de fraude laboral, pues se les asignó a categorías que no les correspondían, no se les pagaron horas extra, y se les sometió a malas condiciones de higiene y seguridad y a numerosas violaciones al convenio colectivo de trabajo. Ante el desamparo del SOIVA, la UTC decidió desempeñar una participación activa en esta nueva situación y fomentó que los costureros eligieran delegados del SOIVA en muchos espacios laborales. Los referentes de la UTC reconocen la autoridad legal del SOIVA porque es el único sindicato autorizado para elegir delegados, negociar los convenios, pactar salarios y disponer de medidas de fuerza, pero observan que no cumple con esa función al tolerar situaciones irregulares y no actuar en función de los intereses de los trabajadores. Por eso la UTC se propone seguir organizando a los trabajadores en los lugares de trabajo, elegir delegados pese al no reconocimiento del SOIVA y “sumar fuerzas” con el objetivo de que en el mediano plazo el sindicato responda a las verdaderas necesidades de la rama. No se cuestiona la forma sindical, pero sí a su dirección: “el SOIVA fue y será de y para los trabajadores y no para que los dirigentes vivan cómodos”, se sostiene en el mismo boletín.

Ahora bien, en estos años de aprendizaje, tras percibir la complejidad de la trama empresarial vinculada al trabajo forzoso, los participantes de la organización se percataron de que los talleres clandestinos no son un fenómeno aislado, sino un verdadero sistema clandestino de producción basado en el trabajo esclavo, en donde uno de los claros beneficiarios son las grandes marcas. A partir de este reconocimiento la UTC plantea la existencia de un sistema neoesclavista de producción en donde hay muchos intereses en juego, en donde la cuestión de la trata de personas es central, en donde el beneficiario final es quien obtiene la mayor parte del beneficio: el empresario. Así, la red de relaciones de la organización se fue ampliando cada vez más como una forma de enfrentar la complejidad del fenómeno. Su articulación con el Movimiento de Trabajadores Excluidos, sus estrechas relaciones con organismos del Estado, con funcionarios, con ex funcionarios, y con la Iglesia católica, entre otros, fueron configurando un entramado de actores cuyo objetivo es luchar contra toda forma de explotación.

De esta manera la proyección organizativa de la UTC vislumbró una nueva iniciativa destinada a conformar un espacio capaz de coordinar los esfuerzos hasta ahora desarticulados. El 18 de diciembre de 2007 se creó la Fundación Alameda, con objetivos más amplios y líneas de financiamiento y de acción mejor articulados. Incluyó múltiples formas de asesoramiento gremial y jurídico a los costureros, el acompañamiento y la capacitación de los delegados de fábricas y talleres para que puedan constituirse en querellantes en todas las causas vinculadas al trabajo esclavo y seguir los casos, e incluso ser agentes difusores de la problemática. Otro de los objetivos de la Fundación fue incorporarse en un marco de alianzas más amplio con otros movimientos que luchan contra el trabajo esclavo, la trata y el tráfico de personas en Argentina y en el mundo.

Los impulsores de la Fundación explican que ésta es el resultado de los dos años de “lucha” contra el trabajo esclavo que vienen desempeñando los actores participantes: la Cooperativa 20 de diciembre, la UTC, el Centro Comunitario la Alameda y varios profesionales e intelectuales que se interesaron en la causa, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo de la ciudad primero, y de la Subsecretaría de Trabajo porteña y el INTI después. Más allá de los logros que se han alcanzado, estos actores consideran que la lucha apenas comienza, porque aún está lejos la erradicación del trabajo esclavo, porque los responsables raras veces son penalizados, y porque el trabajo sigue siendo para muchos una carga. No pocos talleres clandestinos siguen funcionando en todo el país y cientos de migrantes siguen trabajando en condiciones de servidumbre. Según los argumentos de su constitución,

La Fundación Alameda se constituyó para centralizar y potenciar la lucha contra el trabajo esclavo, conscientes de que con la voluntad y la pasión se ha llegado lejos, pero que es necesario dotar de tiempo y recursos al seguimiento de las querellas, de los cientos de juicios laborales, al tiempo necesario para la investigación y la capacitación de profesionales costureros, a la difusión y sostenimiento de emprendimientos que potencien la perspectiva del trabajo digno y de un mundo sin esclavos.²⁸

Conclusiones

El objetivo de este artículo ha sido explorar el devenir de la experiencia de la UTC, y para ello se presentó una historización de su posicionamiento en relación con ciertos actores involucrados en la problemática del trabajo esclavo. Realizamos una caracterización de la particularidad de la industria textil y su relación con el trabajo esclavo en el marco de los procesos migratorios; narramos la historia de la UTC teniendo en cuenta sus orígenes, los actores que intervinieron, su desempeño y su crecimiento como organización, e intentamos dar cuenta de la red de relaciones en donde se inscribió la experiencia.

Ahora bien, se plantean varias cuestiones por resolver. Para conocer el entramado en torno al trabajo esclavo y el posicionamiento de la UTC en el mismo, se refirió cómo fue ganando protagonismo y legitimidad en el tratamiento de la cuestión, cómo fue logrando un aprendizaje, un conocimiento de la esfera estatal y fue delineando las estrategias para determinar con qué organismo o funcionario se podía resolver cada problema y quiénes o qué áreas eran cómplices por acción u omisión del sistema de explotación. También nos referimos a su posicionamiento ante las empresas, que osciló entre la acción directa y la legalidad al promover la apertura de algunas causas y la intervención de diferentes jerarquías del Estado; se percibió la necesidad de emprender una acción gremial concreta con la meta de formar en las fábricas y talleres delegados capaces de confrontarse con la llamada burocracia sindical.

La creación de la Fundación aparece como un factor relevante, y el desarrollo del Polo Textil en Barracas²⁹ como la materialización de una alternativa a la modalidad de trabajo esclavo: el trabajo cooperativo. Estos elementos contribuyen a situar la experiencia en una proyección de largo plazo, con una lógica más estructurada y con un conocimiento que deriva del trabajo cotidiano de la organización y de su capacidad para posicionarse estratégicamente ante los otros actores.

Con la intención de seguir profundizando en el estudio de estas experiencias podemos plantear algunas cuestiones que merecen un análisis más profundo. Una de ellas es el tipo de vínculo que se establece entre los trabajadores directamente afectados por el trabajo esclavo y los militantes que por una y otra razón comienzan a generar acciones colectivas en torno al problema. Una de las hipótesis que planteamos es que el proceso organizativo de estos trabajadores se relaciona con una acción militante externa, con una construcción de la ofensiva de “afuera hacia adentro”: la resistencia no se gestó en el propio lugar de trabajo, sino que la conciencia del trabajador de su condición precaria o de que era explotado partió del proceso organizativo que se dio fuera del lugar de trabajo, en el espacio de organización externa, y justamente este proceso requiere un análisis más profundo.

Otra de las cuestiones es el tipo de vínculos que se generan en estos procesos de trata y resistencia: redes delincuenciales por un lado, y redes de resistencia por el otro, que generalmente adquieren un carácter internacional. Saskia Sassen presenta tres tipos de actores en el contexto actual de la globalización: un estrato conformado por los profesionales y los ejecutivos transnacionales, otro integrado por funcionarios públicos que son parte de redes también transnacionales, y un último estrato, el de los grupos de trabajadores migrantes desfavorecidos, en donde hay activistas con escasos recursos, ciertos sectores clave de la sociedad civil, las redes de diásporas, y los hogares y las comunidades transnacionales de inmigrantes. En los tres casos se observan formas de la globalidad que no corresponden a lo cosmopolita porque cada una está inserta en ámbitos locales densos, cada una tiene su propia lógica y no la guía una multiplicidad de lógicas (^{Sassen, 2007: 210}). En relación con la incidencia de los estados nación sobre las cuestiones de pertenencias e identidades, Sassen plantea que en los estratos más altos y en los más bajos del sistema social los estados han perdido su poder de modelación (^{Sassen, 2007: 213}). La “nueva clase global de los desfavorecidos”, así llamada por la autora, está integrada por individuos o por grupos cuya situación les dificulta la movilidad pero participan sin embargo de ciertas formas específicas de la globalidad, sea de manera subjetiva u objetiva. La categoría de desnacionalización propuesta por Sassen intenta captar estos tipos de redes transfronterizas que pueden construir e integrar las personas y las organizaciones de bajos recursos aunque no tengan movilidad. En términos de anclaje, la autora plantea que hay localizaciones de la sociedad civil global o microestructuras localizadas de la sociedad civil global, y que son justamente las comunidades de inmigrantes quienes producen formas específicas de participación transnacional, como la formación de las diásporas globalizadas. Por ejemplo, dice Sassen, se observa un aumento en la cantidad de redes de inmigrantes dedicadas a ciertas causas específicas, como a denunciar a las organizaciones irregulares que trafican personas (^{Sassen, 2007: 228}). Este fenómeno produce el efecto de reorientar parcialmente a dichas comunidades, que dejan de tener una relación exclusiva con sus lugares de origen y se conectan con activistas de otros países y del suyo propio. Un transnacionalismo in situ, que surge cuando grandes cantidades de personas provenientes de distintas partes del mundo se reú-nen por primera vez en la calle, en su lugar de trabajo o en el barrio. Se trata de un nuevo reconocimiento de la globalidad de los desfavorecidos, reconocimiento que tiene que ver con la conciencia de que en todas partes del mundo existen luchas y desigualdades similares (^{Sassen, 2007: 229}).

Otra de las cuestiones está relacionada con la necesidad de establecer instrumentos de medición para precisar el verdadero alcance del fenómeno y definir cuáles son las mejores herramientas para combatirlo. Hay que comenzar a pensar en los instrumentos de medición existentes y ver hasta qué punto pueden dar cuenta de la situación real de muchos trabajadores superexplotados que ejercen su actividad en condiciones de servidumbre.

Lo cierto es que en el siglo XXI perviven las formas de trabajo esclavo, más allá de que se hayan logrado avances legislativos en la materia. La invisibilidad del fenómeno dificulta el desarrollo de estrategias de acción dirigidas a enfrentar el problema desde la esfera estatal y desde la llamada sociedad civil. Sin embargo son muchos los esfuerzos que realizan las mismas comunidades afectadas, las organizaciones, los movimientos sociales, y los intelectuales comprometidos para revertir la situación. En ese sentido, el dar cuenta de las experiencias colectivas que se gestan en una escala micro en el marco de la lucha contra el trabajo esclavo es un primer paso para exhibir la problemática, encontrar a los responsables, desentrañar las diferentes formas de sometimiento y buscar las mejores herramientas para enfrentarlas. Éste ha sido el espíritu del presente trabajo.