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La década de 19301 exhibió un clima surcado de contrastes, paradojas y enfrentamientos en el que germinaban nuevos movimientos sociales. Se inició con el primer golpe de Estado del siglo y la declinación de la economía agroexportadora que empujó el surgimiento de una nueva estrategia de desarrollo (O’Connell, 1984). Las dificultades del Partido Radical para enfrentar la grave crisis económica de 1929, la actitud opositora de abierta conspiración, y el encumbramiento de las fuerzas armadas en una función preponderante son algunos de los elementos que precipitaron la ruptura institucional. Recordemos que el acontecimiento ocurrió dentro de un complejo contexto internacional caracterizado por un afianzamiento del estalinismo en la Unión Soviética, la emergencia y consolidación de los regímenes nazi-fascistas en Europa, el comienzo de la Guerra Civil Española y el inminente inicio de la Segunda Guerra Mundial (Cantón, Moreno y Ciria, 1990). En Argentina, dentro de este clima, la década acarreó consigo la restauración ilegítima del conservadurismo con el apoyo de los militares, de la Iglesia y de las clases dominantes tradicionales.
En el plano económico, el capital extranjero -de origen británico, estadunidense y francés- ejercía una considerable influencia. Sus principales inversiones se encontraban en ferrocarriles, electricidad, frigoríficos, tranvías, subterráneos, teléfonos, fábricas de cemento y explotaciones de quebracho. Sólo el petróleo era uno de los productos básicos que no estaban en manos extranjeras debido a la política estatal. Los inversores foráneos gozaban de una posición envidiable, acostumbrados a las grandes ganancias que invariablemente remitían al exterior (Weil, 1990; Musacchio, 1992). A diferencia de otros países latinoamericanos, en Argentina el proceso industrializador2 no se dio en el contexto de cambios democráticos o de contenido populista, sino con la dirección de elites dirigentes conservadoras y con un régimen político autoritario y represivo, aunque haya mantenido formalmente las instituciones democráticas (Rapoport, 1980). Sin embargo, el intervencionismo ideado (Rapoport et al., 2000)3 no tuvo el mismo sentido para el gobierno conservador que para los sectores económicamente dominantes. Al primero le aseguraba su poder político y burocrático, y a los segundos las políticas estatales debían garantizarles la preservación y expansión de sus beneficios económicos. Si bien en una primera etapa ambos coincidieron, luego los conservadores, al insistir en sus prácticas fraudulentas, se alejaron de la sociedad y de los sectores propietarios, ocasionando un resquebrajamiento en la clase dominante (Sidicaro, 1993 y 1995: 303 y ss.). Pero paradójicamente, durante este periodo se presentaron una mayor participación política de los partidos de izquierda, un crecimiento incipiente del empresariado industrial -conformado en la década de 1920 (Villanueva, 1972)- y un importante desarrollo del movimiento obrero. En efecto, la industrialización había creado un proletariado joven, integrado en su mayoría por migrantes internos, cuyas condiciones de vida empeoraron a partir de la crisis debida al decreciente nivel de salarios. Ambos factores contribuyeron a acrecentar las reivindicaciones y propiciaron la movilización en defensa de sus intereses: el número de huelguistas aumentó a partir de 1935 y alcanzó en 1942 su máxima expresión (Murmis y Portantiero, 1971; Rapoport, 1988).
El proyecto industrializador proponía aumentar el consumo, estimular la inmigración selectiva, expandir el mercado interno -junto con el empleo- y ampliar la demanda. Dicho proyecto coincidía con el militar, que abogaba por la industrialización y el autoabastecimiento ante la posibilidad de un conflicto externo. La coincidencia de los empresarios e industriales con el Ejército surgió de la percepción que ambos tuvieron acerca del agotamiento del modelo de crecimiento (Jáuregui, 1993: 163). Sin embargo los sectores obreros no apoyaban al capital nacional, pues consideraban que la explotación se daba cualquiera que fuera su origen, y no veían al proteccionismo como favorable a sus intereses, ya que traería como consecuencia un aumento de los precios internos y afectaría su nivel de vida.
Es posible identificar un “renacer” de la preocupación nacional por las políticas sociales estatales y también una “redefinición”, por la cual la caridad y filantropía estatales van siendo reemplazadas lentamente por el nuevo concepto de justicia social (Rigotti, 1988). Tanto en lo relativo a la educación, como a la salud y vivienda, los sectores privados se expanden y dan origen a sistemas y servicios alternativos en continuo crecimiento.
En el plano ideológico, si bien durante este periodo persistió, aunque modernizado, el pensamiento político de la burguesía liberal convertido en ideología de la clase dirigente, apareció de una “nueva derecha influida por el fascismo, el falangismo y el nazismo, constituida generalmente por miembros de la derecha tradicional”. Quizá lo más curioso haya sido su búsqueda de apoyo popular o de “soluciones nacionales que suponían la aceptación de los problemas de las clases populares” (Romero, 1970: 144-145).
Los cambios políticos y económicos fueron acompañados en lo poblacional con la ruptura de varias tendencias: se hizo visible el descenso de la fecundidad, los saldos migratorios europeos se volvieron negativos, comenzó la migración interna y se inauguraron los casamientos entre cónyuges pertenecientes a la primera generación de argentinos. El flujo migratorio de origen europeo, que había comenzado a declinar hacia 1914, acentuó dicha tendencia: los años 1931, 1932 y 1934 arrojan saldos negativos entre los migrantes de sexo masculino. Al declinar el ingreso de inmigrantes disminuyó el porcentaje de extranjeros sobre el total de la población y aumentó el de limítrofes sobre el total de extranjeros. Así, el crecimiento vegetativo se transformó en el principal factor de crecimiento poblacional. Simultáneamente, se observan un aumento constante de las migraciones internas y el comienzo de un proceso de relativo vaciamiento de algunas provincias (Rechini de Lattes y Lattes, 1971). En relación con la fecundidad se observa que la masiva llegada de inmigrantes desde fines del siglo xix, provenientes de países cuya fecundidad era menor que la argentina, tuvo un efecto deprimente en los niveles. En este periodo se sumaron los procesos de industrialización y urbanización, que al modificar las condiciones de vida de las familias y el rol social de la mujer, acentuaron la tendencia descendente (Pantélides, 1979: 4). En lo que concierne al ritmo de cambio, se produjo una notable reducción de la natalidad, quizá como efecto de la crisis económica.
Las políticas de población del periodo tienen una característica en común: la creciente preocupación por reglamentar y controlar la conducta de los ciudadanos. En relación con la inmigración, ya en 1916 se introdujeron trabas administrativas al ingreso de extranjeros, crecieron en 1923 y se endurecieron durante el gobierno de Uriburu (Devoto, 2001; 282-291).4 En efecto, se dictaron normas restrictivas argumentando en un primer momento el no deseado contenido ideológico que traerían los inmigrantes expulsados desde sus países de origen como consecuencia de la guerra, y posteriormente su estado sanitario. Luego el acento se colocó en la protección del nivel de empleo interno; de allí que para combatir la desocupación fuese necesario dificultar el ingreso de inmigrantes, pues ellos podían competir con la mano de obra local (Novick, 1997: 83-166).5 Estas políticas alentaron indirectamente las migraciones internas modificando la distribución espacial. En lo que concierne a la colonización -proceso asociado desde mediados del siglo XIX al migratorio-, el Estado creó un organismo autárquico, el Consejo Agrario Nacional, mediante el cual se propuso extender la actividad agrícola y poblar el país, ideando una fuerte política intervencionista (Novick, 1992: 163 y ss.).
Las normas referidas a la mujer enfatizaron su tarea productiva. En efecto, fueron las obreras y empleadas -de la actividad privada y posteriormente de la administración pública- las nuevas protagonistas. Con referencia a la nupcialidad, se dictaron normas que protegían el matrimonio: en el plano laboral se prohibió el despido por esa causa, y en lo sanitario se exigió el certificado prenupcial masculino obligatorio. También desde el mundo del trabajo se formuló la nueva política de protección a la maternidad: subsidio pecuniario, asistencia médica, prohibición de trabajo 30 días antes y 45 días después del parto, intervalo para amamantar, etc. Por último, se creó la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia que conjugó la preocupación por la reproducción biológica con la de disciplinar y normar conductas. El Estado declaró expresamente que garantizaba la salud del bi-nomio madre-hijo y elaboró una ambiciosa política sobre el tema (Novick, 1993).
Los intelectuales que debatieron sobre los problemas poblacionales -entre ellos Alejandro Bunge,6 Gregorio Aráoz Alfaro77 y Carlos Bernaldo de Quirós-8 se adhirieron a los modelos eugenésicos. Estos ideales, explicitados ya en 1909 por Sir Francis Galton, excedían lo meramente científico para transformarse, según él, en un dogma o una religión. Dicho autor define la eugenesia como la ciencia que intenta por todos los medios mejorar las cualidades raciales de la población. Podríamos afirmar que este ideario se asocia a la contemporánea expansión del poderío anglosajón, coincidente con la clasificación utilizada de razas superiores e inferiores, y con la alarma proclamada ante la decreciente reproducción de la raza blanca (Galton, 1909: 36-43).9 En América Latina, sin embargo, los postulados eugenésicos tuvieron su sello propio. Como explica Stepan, aquí ese discurso, en el cual se basaron buena parte de la política legislativa referida a la reproducción humana, la política migratoria y la política sanitaria, no partía de la concepción genética mendeliana dominante en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, sino que se suscribió a las nociones hereditarias del naturalista francés Lamarck, en las cuales también se incluía el ambiente como variable determinante, y no sólo lo genético. Asimismo, éstos nunca alcanzaron el impulso observado en Europa y Estados Unidos (Stepan, 1991: 8).
En Argentina, Víctor Delfino participó en el Primer Congreso Internacional de Eugenesia que se realizó en Londres en 1912, y fundó seis años más tarde la Sociedad Argentina de Eugenesia, de corta vida, que fue seguida en la década de 1920 por la Liga Argentina de Profilaxis Social (Zimmermann, 1993: 583). Incluso los anarquistas y los “librepensadores” fueron influidos por los ideales eugenésicos, un discurso modernizante esencialmente médico, profiláctico e higienista que se confunde con los postulados de la salud pública. Barrancos sostiene que el peso del eugenismo asumió diversas modalidades -aspectos alimentarios, programas de vida sana o natural, derecho a limitar el número de hijos, enseñanza racionalista- con una clara preocupación por la descendencia y los problemas de población. Hacia 1932 se advertía en los anarquistas una franca adhesión a la propuesta eugenésica inclinada al control de la natalidad (Barrancos, 1990: 239 y ss.).
El periodo histórico 1930-1943 ha sido extensamente estudiado. Una línea de investigación se preocupó por la crisis mundial y sus efectos en el sistema económico argentino y en la estructura social: comprende análisis sobre las políticas y planes económicos, la creación de las Juntas Reguladoras, los problemas de desocupación, la negociación sobre las carnes con Inglaterra, la política exterior en relación con la Segunda Guerra Mundial, la neutralidad y sus efectos sobre el mercado argentino, etc.10 Otra perspectiva se concentró en las ideologías; el sistema político y de representación política abarca estudios sobre el fraude electoral, la concordancia, el contubernio, la proscripción del radicalismo, la alianza de diferentes sectores políticos y económicos, la evolución ideológica del movimiento obrero, etc.1111 Para una línea más reciente el foco de atención está en las condiciones materiales de existencia de los trabajadores; destacan los estudios referidos a su salud, incluidos los planteamientos médico sociales de los higienistas de este momento histórico.12 Los estudios de Halperin Donghi sobre las ideas de los diferentes grupos y actores nos iluminan acerca de las transformaciones, ambigüedades y vacilaciones de la época (Halperin, 2003).
A diferencia de algunos trabajos anteriores en que estudiamos largos periodos históricos y consideramos al Estado como productor de normas y políticas, en éste nos proponemos indagarlo como receptor de las ideas, demandas y presiones que sobre temas demográficos le exponían diferentes actores sociales. Nos preguntamos cuáles eran los “problemas” y las “soluciones” que planteaban al Estado los industriales, los militares, los obreros y los profesionales de la salud pública; y también qué políticas formuló el Estado en respuesta a estos reclamos y cuáles eran sus relaciones y discursos en el marco de los intensos debates poblacionales del periodo.13
La hipótesis que guió inicialmente nuestra indagación puede resumirse en los siguientes términos: durante el periodo 1930-1943 los enfrentamientos entre los grupos y las clases sociales portadores de diferentes ideologías fueron profundos y violentos, agravados por la crisis económica y el agotamiento del modelo de desarrollo agroexportador. Sin embargo, en el campo poblacional esas oposiciones y visiones contrapuestas se desvanecieron por diversas causas (históricas, ideológico-políticas y económicas). Así, el consenso que se forjó entre los actores sociales -industriales, militares, obreros y profesionales- le imprimió a sus reclamos de intervención estatal un fecundo grado de realización. Esta singularidad nos muestra a un Estado que concibe una abundante producción legislativa que si bien pretende controlar y disciplinar, tiene como eje la mejoría de las condiciones de vida de la clase trabajadora, dejando de lado la filantropía y basándose ahora en la justicia social; circunstancia que “incorpora” y “revalora” socialmente a los trabajadores y alienta paradójicamente su protagonismo político, consumado en la década siguiente.
Al tomar como objeto de análisis la relación entre el Estado y los actores citados, en nuestra hipótesis decidimos privilegiar algunos aspectos y temáticas específicos de la escena político-social del periodo, sin ignorar por ello la existencia de otros objetos igualmente reveladores que pueden explicar los cambios que ocurrieron durante esta etapa.1414 La variación de nuestra opción radica en que los estudios difundidos sobre lo que aconteció en esta época coincidieron en otorgar escasa importancia al carácter multisectorial e interrelacionado de las políticas de población, que afectan y a su vez son afectadas por las cuestiones económica, social, política y cultural.
Los industriales
Durante la década de 1930 el sector empresarial no poseía instituciones monolíticas; constituía un complejo grupo integrado por la Unión Industrial Argentina (UIA); la Confederación Industrial Argentina del Comercio, la Industria y la Producción (CACIP); la Federación Argentina de Entidades Defensoras del Comercio y la Industria; y la Asociación del Trabajo. A pesar de la escasa homogeneidad de estas asociaciones, tenían un rasgo común: le demandaban al Estado políticas para la protección de sus intereses sectoriales, aunque éstos fueran de disímil naturaleza. La UIA sostenía que la realización de la nación se basaba en el fortalecimiento del mercado interno y el autoabastecimiento, antes que en la producción agrícola y ganadera para el mercado internacional.15 Consideraba que la baja densidad poblacional constituía un factor que obstaculizaba el desarrollo industrial.
En sus publicaciones los temas generales recurrentes giraban en torno al debate entre librecambio o proteccionismo, defensa de la industria nacional y necesidad de una complementación entre los sectores agrarios e industriales. El tema migratorio, aunque con menos insistencia, fue tratado a lo largo de todo el periodo. A diferencia de la Asociación del Trabajo, que veía en la inmigración un factor negativo, la UIA elogiaba la disposición laboral del inmigrante y su contribución al progreso nacional: la inmigración impulsaría la expansión industrial, agrícola y del mercado interno. Quizá se manifestó más favorable al fomento de la inmigración porque gran cantidad de sus afiliados eran inmigrantes. Sin embargo debía procurarse un tipo de flujo: “una inmigración europea, sana, no puede sino favorecer económica y socialmente al país”. La institución la asociaba al proceso colonizador: ante los saldos migratorios negativos observados durante el primer tramo de la década propuso un pujante desarrollo de la manufactura junto a un extenso plan de colonización de granjas para el productor-consumidor. Se aseguraba así un crecimiento poblacional que acarrearía un positivo incremento de la capacidad consumidora de la sociedad y se especulaba sobre el aumento de toneladas de trigo, carne, litros de vino, etc. que en cinco años podría producir el ingreso de 500 000 extranjeros (Oficina de Estudios Económicos de la UIA, 1934; Argentina Fabril, 1937a: 5). El inmigrante se integraría no sólo como trabajador rural, sino también en tareas relacionadas con la economía en general, evitando los “trabajadores golondrinas” (Argentina Fabril, 1940a: 5-11). La entidad observaba atentamente la evolución de los saldos migratorios, examinaba los cambios en la política, y criticaba las normas que la tornaban más restrictiva (Argentina Fabril, 1938a: 32-33).16 El contexto internacional estuvo siempre presente en los diagnósticos y propuestas de la entidad. Si bien en un principio la institución sostenía que a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial se produciría un fuerte aumento del flujo migratorio europeo,17 dos años más tarde aquella esperanzada perspectiva había cambiado. Un artículo escrito por Germinal (seudónimo), afirmaba que el crecimiento de la población sería por mucho tiempo el problema más vital para Argentina, y que no debía esperarse un flujo importante de inmigrantes europeos por cuanto la desocupación en Europa no sería elevada. Aseguraba que fomentar la inmigración poco después de la guerra sería demasiado tarde: “La Argentina, hoy mismo, debe abrir sus puertas a la inmigración. Que deje entrar incondicionalmente toda persona de raza blanca, cualquiera sea su origen”. Pocas eran las exigencias que se debían plantear: un buen estado de salud y haber residido en zonas rurales durante determinada cantidad de años. Incluso la ideología que trajeran los inmigrantes no sería concluyente, pues no había que sentir “temor al comunismo”. Argentina era un “asilo de paz, tierra de trabajo y felicidad”, por lo que si hubiera entre ellos inmigrantes comunistas, dejarían de serlo poco tiempo después de arribar al país (Germinal, 1944: 19). Terminada la guerra, Luis Colombo, el presidente, consideraba negativa la política migratoria restrictiva e insistía en la relación aritmética entre consumo, producción y ocupación: con un mayor consumo se elevaría la producción y por ende la ocupación. Así, le escribió al ministro de Relaciones Exteriores y Culto rogándole facilitara la entrada al país a obreros italianos, considerando su “pujante esfuerzo, su probidad, su afecto y su lealtad solidaria” (Argentina Fabril, 1945b: 89-90).
La inmigración también contribuiría al incremento poblacional deseado. El Estado debía garantizar a los inmigrantes tres puntos: trabajo, un buen nivel de vida que no difiriera del de los nativos, y el acceso a la propiedad. Un “programa de colonización” que distribuyera tierra fiscal o fraccionara una parte de los latifundios de los grandes terratenientes era una positiva solución para integrar a los extranjeros. Y serían el Estado, los bancos, las compañías de seguros, las grandes empresas, etc. las instituciones que se harían cargo de las inversiones para llevar a cabo este ambicioso proyecto. Estas ideas, inspiradas en Alejandro Bunge (1939: 42-44), consideraban graves problemas la rápida urbanización y el lento crecimiento de la población, y advertían la paradoja de que las 11 provincias argentinas más pobres y con menor población extranjera fueran las de mayor fecundidad. Tales diagnósticos sombríos, que la UIA había hecho propios, perduraron en el tiempo (Argentina Fabril, 1941: 21). La escasa densidad poblacional colocaba a Argentina en situación desfavorable respecto a las naciones europeas y a otras de América, circunstancia que era consecuencia del carácter agrícola y ganadero del país. La solución residía en la expansión de la industrialización, que acarrearía un aumento de la población, del consumo interno y de las exportaciones, así como un abaratamiento de los costos de transporte y de las obras públicas que emprendiera el Estado, especialmente en la construcción de rutas, embalses, canales de riego, etcétera.
Por otra parte, la institución le planteaba al Estado propuestas sociales tendentes a mejorar la calidad de vida de la población para favorecer el crecimiento vegetativo.18 Sin embargo la legislación sobre maternidad generó debates entre la UIA y el Estado. En 1936 Colombo realizó gestiones ante el presidente de la Cámara de Diputados a propósito de un proyecto que pretendía modificar la Ley 11.933, mediante la cual se había creado la Caja de Maternidad para madres obreras.19 Los beneficios establecidos por la norma se financiaban mediante un fondo al que debían entregar aportaciones obligatorias cada tres meses las obreras, los empleadores y el Estado. La UIA exigía la incorporación de multas como pena ante las infracciones, pues las obreras se resistían al descuento del aporte por considerarlo excesivo y amenazaban con la huelga; era preciso dejar claro cuál debía ser el rol de las mujeres en la sociedad: “el trabajo de la mujer, en fábricas y talleres es circunstancial; no importa que algunas de ellas lleguen a hacer del oficio fabril una ocupación permanente; su misión social, dentro del régimen de la familia es otra...” (Anales de la Unión Industrial Argentina, 1936: 53-57). Curiosamente tres años más tarde se adhiere al proyecto de ley presentado por el senador Alfredo L. Palacios20 para la creación de una Caja de Fomento de la Natalidad; proclama que está en total acuerdo con los objetivos del proyecto -aunque sugiere algunas modificaciones- y reconoce la necesidad de incrementar la natalidad (Argentina Fabril, 1939a: 41-42).
En el contexto del distanciamiento entre la clase política y la clase económica dominante, las presentaciones ante el Estado crecen a partir de 1939. Tres temas eran conflictivos: a) Un proyecto de ley por el cual se establecía que como mínimo 85% de los empleados y obreros de un mismo empleador deberían ser de nacionalidad argentina. La UIA consideraba que el proyecto no era una solución a la desocupación de los obreros argentinos dado el bajo nivel de especialización de éstos. Un año después, ante una iniciativa semejante, sostuvo que las cifras del último censo industrial “demuestran que la mayoría de los establecimientos del país han sido creados por los recién llegados, es decir, que nuestra economía se encuentra aún en periodo de formación” (Argentina Fabril, 1939b: 26-29). b) La modificación de la ley que regulaba el trabajo de menores para que se les permitiera el aprendizaje en los talleres a partir de los 15 años (Argentina Fabril, 1940c: 55-57). c) La aplicación de la ley de profilaxis de enfermedades venéreas. La UIA era contraria a la instalación de consultorios en las fábricas y talleres, aconsejaba que los dispensarios dependieran del Departamento Nacional de Higiene y se obligara a los obreros a presentar periódicamente a sus patrones un certificado médico expedido por autoridad competente (Argentina Fabril, 1939a: 41-42).21
Un año más tarde un extenso artículo enfatizaba la necesidad de una ley de emergencia sobre colonización e inmigración (Argentina Fabril, 1940a: 5-11). El tema central en discusión giraba en torno a la política migratoria restrictiva. Los empresarios sostenían que un aumento de la población constituiría una ventaja en lo que hace al potencial militar del país: “Porque la población y las armas, como potencia política, son fundamentales para resguardar al país en el libre goce de todas sus riquezas y en el libre arbitrio de sus derechos institucionales”. El aumento de población conduciría igualmente a lograr la “independencia económica (y política además) por el equilibrio de la producción y el consumo”. Los industriales coincidían con los socialistas en lo relativo a la inmigración europea y la natalidad.
Al comparar la situación demográfica argentina con la de Estados Unidos se argumenta que la actividad industrial creció mucho menos en nuestro país debido a su menor densidad poblacional. La UIA criticaba a los políticos por la ley de colonización -aprobada en la Cámara de Diputados y debatiéndose en ese momento en la de Senadores- por beneficiar a los bancos, quienes otorgan créditos que después no pueden cobrar, resultando el colono establecido perjudicado al verse invadido por nuevos colonos que lo desplazan. De igual manera reprochaba la tardanza en aprobarse un convenio de inmigración y colonización para recibir inmigrantes suizos, dado que se trataba de una inmigración de gran calidad y con patrimonio propio (Argentina Fabril, 1940b: 11-20).
En 1944 la inquietud se concentró en las características generales que debería tener la legislación social de posguerra. La UIA creía necesaria una nueva ley de inmigración y una actualización de todas las normas que modificaron la ley sancionada en 1876, que plasmó la política de “puertas abiertas”; asimismo apoyaba las leyes de fomento dictadas por diferentes provincias para aumentar la población rural (Argentina Fabril, 1944: 28-32). Por último, los empresarios le reclamaban al Estado en 1933 y en 1945 que actualizara la información estadística oficial mediante la realización de un censo, con lo cual demostraban una vez más su fuerte preocupación por los aspectos sociodemográficos (Yantorno, 1933; Argentina Fabril, 1945a: 2-11).
Los militares
Durante la década de 1930 las fuerzas armadas acrecentaron su capacidad de presión y ocuparon más espacios dentro del aparato estatal. Su poder se basaba en las inquietudes que el periodo de entreguerras había originado acerca de la provisión de armamentos. Si bien reconocían la importancia de las tradicionales exportaciones agrícolas y ganaderas, proponían un modelo basado en las industrias que pudieran garantizar el abastecimiento interno y generar empleos en situaciones de emergencia. Partían de una hipótesis de conflicto exterior y estaban convencidas de que la posguerra reafirmaría las tendencias hacia el autoabastecimiento (Swiderski, 1993: 237-239).
En sus publicaciones advertimos que las ideas eugenésicas habían penetrado y poseían amplia vigencia dentro de la institución militar. Al comenzar la década su preocupación por el estado sanitario de la tropa los llevó a emprender acciones concretas tendentes a mejorarlo. Con ese propósito la Dirección General de Sanidad del Ministerio de Guerra elaboró detalladas estadísticas comparativas sobre morbilidad y mortalidad desde 1918, diferenciando algunas enfermedades como paludismo, influenza, fiebre intermitente y neumonía (Memoria del Ministerio de Guerra, 1930: 83-93). Producto de sus afanes logró un mejoramiento de la situación sanitaria mediante la asistencia médica a los tuberculosos, la creación del Instituto de Higiene y la fundación de un museo de formaciones de campaña para capacitar al personal. Con idéntico objetivo ideó un “cuaderno sanitario” en el cual el médico militar del cuartel consignaba todos los datos sobre la situación y la historia sanitaria de la guarnición (Memoria del Ministerio de Guerra, 1932: 45-48).
Con el correr del tiempo las actividades de profilaxis social posibilitaron un descenso de la mortalidad y una mejora en el estado sanitario del ejército, con lo que aumentó el porcentaje de soldados aptos (Memoria del Ministerio de Guerra, 1933: 41-47). Entre tales actividades destacan: a) tareas con soldados analfabetos; b) conferencias -204 en total- expuestas en forma sencilla por los cirujanos y dentistas de cada unidad; c) profilaxis de la tuberculosis mediante las prácticas tuberculínicas; d) examen radiográfico obligatorio; y e) reconocimientos médicos (Memoria del Ministerio de Guerra, 1935: VII-XXIII). Asimismo, “la profilaxis de las enfermedades venéreas ha constituido, más que una tarea, una obsesión, por el deseo evidente que existe de ver disminuir año a año el número de casos producidos” (Memoria del Ministerio de Guerra, 1936: 45 y ss.). El éxito de sus trabajos se ve reflejado en la Memoria de 1936-1937, que refiere un hecho auspicioso: la declinación de la morbilidad general, “francamente reducida en relación con la del año anterior” (Memoria del Ministerio de Guerra, 1937: 45-55).
Por otra parte, las fuerzas armadas no pudieron escapar a uno de los debates esenciales de la época: el debilitamiento de la raza.
año tras año, se produce un sensible aumento en las cifras de los ciudadanos que, al ser sometidos al examen médico, son declarados ineptos [...] en forma paulatina pero real, se está manifestando un debilitamiento de la raza, tanto más digno de tenerse en cuenta si se considera que ese examen o selección se realiza entre jóvenes de 20 años. Entre las distintas causas de este debilitamiento se encuentran: el pauperismo, el alcoholismo, la toxicomanía, etc., agravados por enfermedades endémicas que azotan algunas regiones de nuestro país [...] todo lo cual plantea un serio problema de orden social que debe resolverse a corto plazo [Memoria del Ministerio de Guerra, 1938: XV-XVI].
Si bien poco tiempo después se observa un descenso en el número de ciudadanos declarados no aptos, los militares reiteran su reconocimiento de los problemas de alimentación y citan las conclusiones de la Tercera Conferencia Internacional de la Nutrición, donde se hace referencia a la verdadera tragedia de subalimentación que sufre América Latina (Memoria del Ministerio de Guerra, 1940: 58-59).
Al comenzar la década de 1940 la discusión sobre la necesidad de “vigorizar” la población continúa (Memoria del Ministerio de Guerra, 1941: VIII-X).22 Los datos estadísticos militares acusan aún una alta proporción de ciudadanos no aptos para el servicio de las armas, situación que se explica porque las restricciones presupuestarias obligan a rechazar a todos los ciudadanos que no presenten una salud excelente. En síntesis, sobre el debate acerca de la debilidad de nuestra raza y su necesidad de “vigorización” mediante el llamado a extranjeros, los militares sostienen que tal idea es errónea y que mejorando las condiciones de vida de la población se soluciona el problema.
El general de división Ramón Molina -quien se desempeñó como jefe del Estado Mayor General del Ejército entre 1932 y 1934- postulaba, en el campo social, la dignidad de los seres humanos, la sanción de leyes obreras, y la adopción de medidas de salud pública que fomentaran la constitución de las familias. Consideraba, además, que debía alentarse el aumento de la población mediante el crecimiento demográfico y la inmigración (Potash, 1981: 141). Coincidentemente, otro representante de las Fuerzas Armadas, el teniente coronel Franklin Eduardo Reyes publicó un artículo en que presentó su ponencia ante el Congreso de Población de 1940, donde especifica algunas fuentes estadísticas sobre producción, riqueza, analfabetismo, etc. Cita un trabajo de Bunge: “Más allá de una Argentina sin analfabetos”, que publicó la Revista de Economía Argentina en octubre de 1939, donde explicita el esfuerzo que se ha realizado con el propósito de eliminar el analfabetismo de nativos y extranjeros. El autor reclama la necesidad de disponer de información censal para elaborar políticas; articula los factores económicos con los culturales, según regiones del país; y propugna una visión nacionalista de los problemas poblacionales. No obstante, Reyes admite la complejidad de la problemática:
Desconocemos nuestras leyes de la población y sus diversos procesos (vegetativos y migratorios) y conocemos poco acerca de los valores culturales, sociales y económicos, en los cuales ellas deben estructurarse [...] Es también forzoso encontrar la solución más conveniente para la política de población [Reyes, 1941: 1281].
Al definirse a favor de la inmigración, el militar considera alarmante el despoblamiento rural y el crecimiento acelerado de las ciudades, pues asocia el “factor demográfico” con la seguridad nacional. Dedica todo un apartado al estudio de la evolución étnica de la población argentina y su composición según nacionalidades. Al cuestionar si es aplicable la ley de Malthus en Argentina concluye que no lo es por varias razones: no hay superpoblación, son grandes las extensiones de tierras cultivables, y la producción es de óptima calidad. Se muestra partidario de la industrialización y comenta positivamente la creciente cantidad de estudiantes que optan por la instrucción técnica. Coincide con la uia en lo relativo al trabajo de jóvenes aprendices y en su gestión para que se modifique la ley que regula el trabajo de menores, pero disiente respecto a las ventajas de atraer inmigrantes obreros industriales especializados. Sostiene que la maquinaria evoluciona técnicamente en forma constante y el obrero argentino está perfectamente capacitado para asimilar rápidamente su manejo. Considera que el proceso migratorio debe ser asociado al colonizador y se debe seleccionar a los inmigrantes (Reyes, 1941: 1279-1302). Esta perspectiva selectiva perduró por mucho tiempo y fue compartida durante el primer gobierno peronista por funcionarios civiles, como el director de Migraciones Santiago Peralta (Peralta, 1946: 567-585).
El movimiento obrero
Complejo y fragmentario, el campo obrero sufrió profundas transformaciones durante la década de 1930. En él coexistieron varias corrientes ideológicas -anarquismo, socialismo, sindicalismo y comunismo- que lo mantuvieron lejos de la unidad. Por otra parte, los trabajadores fueron afectados por la crisis económica y los acontecimientos políticos internacionales, que agravaron sus condiciones concretas de existencia. En 1929 los comunistas crearon su propia central obrera con el nombre de Comité de Unidad Sindical Clasista (CUSC) y se sumaron a las otras tres centrales: la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), la Confederación Obrera Argentina (coa) y la Unión Sindical Argentina (USA). Al año siguiente la coa y la usa crearon la Confederación General del Trabajo (CGT), agrupación autónoma e independiente de toda ideología política. Como resultado de posteriores enfrentamientos23 nacieron a mediados de la década la CGT Catamarca y la CGT Independencia, pero a partir de 1937 esta última se llamó simplemente CGT. En 1942 nuevos conflictos acarrearon otras rupturas, y así surgieron la CGT número 1, caracterizada por su independencia de los partidos políticos, y la CGT número 2, que tendía a vincular el movimiento obrero con el político. El balance de la década puede resumirse en dos procesos: la creciente participación política y el despertar de la conciencia nacional. El debate cardinal en el seno de la clase obrera fue sobre su posición frente al capital (extranjero y nacional) y su relación con los partidos políticos para lograr sus reivindicaciones concretas. Se produjo una creciente movilización por demandas largamente maduradas y varias centrales obreras pujaron por representarla (Matsushita, 1987).
Tras estudiar sus publicaciones podemos afirmar que la CGT abordó algunos temas en forma constante durante todo el periodo: desocupación, carestía de la vida, salarios, desnutrición infantil, legislación laboral, reclamos para la derogación o modificación de leyes, etc. La problemática migratoria apareció tempranamente asociada con la desocupación. Así, en 1932 se comentaban en un artículo los decretos firmados por el Poder Ejecutivo que establecían una política migratoria restrictiva con el fin de evitar el aumento de los desocupados.24 Al año siguiente una nota25 agregaba cifras suministradas por la Dirección General de Inmigración que revelaban un flujo en notable descenso, tendencia que se ha prolongado en el tiempo.26 La central obrera sostenía que debía protegerse el nivel de los salarios impidiendo la entrada de inmigrantes: “Facilitar la inmigración mientras existan desocupados es una maniobra patronal que provocaría la inmediata reducción de los salarios ya miserables que hoy se pagan”.27 Así, polemizaba con la UIA y rebatía su aspiración de expandir el consumo interno mediante la incorporación de inmigrantes:
no es necesario apelar a esos centenares de miles de inmigrantes para que el volumen del consumo del país aumente [...] Bastaría que la nación incorporase al trabajo a los varios centenares de miles de obreros que, según las deficientes estadísticas oficiales, están sin ocupación y se le asegurase trabajo a los que lo tienen a medias; bastaría que fuese aumentada y no disminuida la capacidad de compra de los obreros, para que tuviese salida toda esa cantidad, y más todavía, de productos nacionales.28
La CGT aportaba sus propias soluciones: reducir la jornada de trabajo sin disminuir los salarios y establecer las vacaciones anuales pagadas, lo cual llevaría a reabsorber en el mercado a millares de obreros sin ocupación y determinaría automáticamente el aumento de los consumidores.
En relación con la nacionalidad de los obreros desocupados (Benítez, 1933), la institución rechazó un estudio que la Junta Nacional para combatir la Desocupación realizó en Puerto Nuevo, el cual concluía que la mayoría de los desocupados eran extranjeros. La CGT criticaba que la investigación no se hubiera realizado en las provincias del interior, donde seguramente una gran cantidad de desocupados era nativa. Asimismo puntualizaba que el organismo encargado de estudiar las causas de la desocupación y proponer remedios a la misma, pretendía demostrar “que los accidentes de carácter étnico influyen en los hechos económicos”. La Junta partía de un profundo error: contrariamente a lo que ella suponía la desocupación afectaba más a los argentinos que a los extranjeros, excepto en la capital federal. Para la CGT la desocupación era un problema económico y por ello no debía intentarse su solución mediante la política migratoria, sino con una mejor distribución de las riquezas, lo que llevaría a superar la crisis.29
En 1943, ya superado el grave problema de la desocupación, la CGT cambió su perspectiva. Al debatir con la Dirección de Inmigración las causas de la disminución del flujo, no aceptó que esto fuera consecuencia de la situación internacional. Para la central obrera era el resultado de la restrictiva política migratoria que el país había formulado desde 1930: “mientras otros países (como México y Australia) han sabido aprovechar del aporte de capacitados contingentes de extranjeros, en la Argentina se han cerrado absurdamente las fronteras, cuando nuestra extensión territorial nos permitiría albergar a más de 200 millones de habitantes”.30
Coincidentemente, en el artículo “El éxodo de los trabajadores” se manifiesta alarma ante la cantidad de familias del interior del país que se trasladaban a la Capital Federal, fenómeno originado en la carencia de trabajo, “consecuencia de la mala organización social que impide explotar nuestras riquezas en forma racional, metódica y conveniente”.31 En comparación con el exitoso crecimiento en Estados Unidos, la CGT visualiza el estancamiento de la población en términos dramáticos: “los argentinos tenemos en nuestra contra que las defunciones superan proporcionalmente las cifras de la natalidad. ¿Es que somos un país decrépito que ha terminado su curso histórico?”. Y la responsabilidad de la disminución de la natalidad la tiene “la oligarquía criolla que gobierna al país como clase selecta”.32
En relación con la fecundidad, ya en 1932 la CGT elaboró su Programa Mínimo, mediante el cual le reclamaba al Estado la protección de la maternidad, especialmente ante las actitudes discriminatorias de las empresas extranjeras:
A pesar de haberse proclamado que el arte de gobernar se sintetiza en el arte de poblar los vastos territorios y señalado el desierto como el enemigo más formidable del progreso, el gobierno nacional ha tolerado y tolera que grandes empresas que explotan servicios públicos condenen a su personal a una forzada esterilidad, por no admitir en el trabajo a las mujeres que cometan el delito de casarse o de engendrar.33
En 1934 se refería positivamente a la sanción de la ley por la cual se establecía que las empleadas u obreras del Estado gozarían de seis semanas de licencia, antes y después del parto, y debían ser mantenidas en su puesto y durante la licencia recibir su salario íntegro.34 Un año más tarde la CGT insistía en la política de protección a la maternidad como alternativa frente a la atracción de inmigrantes.35
Al comenzar la década siguiente la central obrera promovió una campaña para reformar la normativa vigente sobre maternidad. Se creó la Comisión Femenina de la Unión Obrera Textil, que junto con otros gremios y organizaciones entrevistó al senador Alfredo L. Palacios. La CGT ironizaba: así como el Estado se preocupa por mejorar la “noble raza caballar” y estimular la “cría y el perfeccionamiento del ganado mayor y menor”, es necesario proteger a los ciudadanos, “razón de ser y bien supremo de las naciones”.36
El debate racial, asociado en aquella época con el crecimiento poblacional, no estaba ausente en el movimiento obrero. Así, en 1943 la CGT glosaba una noticia que se publicó en La Nación (fechada en Salta, donde se había celebrado el Día del Indio), que informaba acerca de la muerte de muchos indígenas argentinos envenenados tras comer carne de animales atacados de carbunclo. La CGT responsabilizaba a la oligarquía:
Esta oligarquía utiliza al indígena para hacerlo trabajar como bestia; al hombre, a la mujer y a los hijos. Las crónicas de las muertes en los ingenios, en las explotaciones forestales, en los algodonales, etc., van unidas con el sistema de explotación a que son sometidos. El hijo del país, de origen indígena, es tratado por la oligarquía criolla peor que las bestias, porque a éstas por lo menos las valoriza en su rendimiento económico.37
Finalmente, al igual que otros actores sociales, la central obrera expuso la necesidad de levantar un censo para disponer de datos exactos y manifestó que el mal que padecía el país y se agravaba año a año -la explotación- llegaría a su fin “cuando las fuerzas populares desempeñen el rol histórico de dirección que les corresponde”.
Profesionales relacionados con la salud pública
Los profesionales médicos, que representan una fracción particular del campo intelectual, conformaban ya desde principios del siglo XX un grupo capacitado para articular de manera muy sólida las políticas estatales orientadas a controlar y paliar los problemas que aquejaban a los sectores populares (González Leandri, 2000: 242). Durante la década de 1930 actuaban en el contexto de una política sanitaria que tenía como intereses centrales el saneamiento ambiental y la lucha contra las endemias y epidemias; en esa época se fue consolidando un sector privado al cual acudían los grupos sociales de mayores recursos con capacidad de pago directo (Marconi et al., 1985).
Las preocupaciones de los médicos higienistas fueron cambiando con el correr del tiempo: hacia fines del siglo XIX impulsaron la construcción de redes de drenaje y agua potable; en 1920 sus esfuerzos se dirigían a la creación de instituciones de asistencia y prevención destinadas a contener los efectos no deseados de la modernización; y para la década de 1930-1940, ese asistencialismo comenzó a incorporar explícitamente su preocupación por la reproducción de la fuerza de trabajo (Armus, 2000: 194). Por otra parte, las primeras reglamentaciones sobre el servicio doméstico, los prostíbulos, los dispensarios de salud y otras, denotaron la inquietud por reglamentar la sanidad física y mental de la sociedad (Pagani y Alcaraz, 1988: 37).
El material recopilado (véase el cuadro 1), que abarca el periodo 1920-1948,37 revela claramente que la actividad editorial siguió un ritmo ascendente a partir de 1935, para llegar a un máximo en el año 1939, momento de inflexión de una tendencia que comenzó a decrecer en 1941.38 Así, el último año de la década de 1930 resultó el punto culminante de un fenómeno que se había iniciado anteriormente: el interés de la sociedad -representada por instituciones oficiales y privadas- por los problemas poblacionales y sus soluciones. Los debates desarrollados en el marco del Primer Congreso de la Población, que fue organizado por el Museo Social Argentino en octubre de 1940, pueden considerarse una síntesis y una culminación de tal proceso.39
CUADRO 1 Publicaciones de la biblioteca de la Facultad de Medicina UBA: 1920 a 1948
| Publicaciones | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 |
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| Total | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 19 | 25 | 25 | 26 | 24 | 24 | 18 | 17 | 14 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| 1 Acción Médica | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Administración Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Anales de la Agrupación Médica del Patronato de la Infancia | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Anales de Clínica Médica | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Anales del Hospital de Niños | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Anales del Instituto de la Maternidad y Asistencia Social | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Anales del Instituto de Pediatría y Puericultura de la Facultad de Ciencias Médicas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Anales de la Sociedad Argentina de Criminología | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Revista de Estadística Municipal de la Ciudad de Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Anuario Estadístico de la República Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Archivos Argentinos de Pediatría | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Archivos de Medicina Legal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 La Alimentación de la Familia en Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Boletín del Patronato de Recluidos y Liberados | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Anales y Boletín Sanitario del Departamento Nacional de Higiene | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Hijo Mío | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Infancia. Revista Médica de la Casa de Expósitos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Infancia y Juventud, 1938-1944 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Informaciones de Profilaxis, Medicina Social y Medicina del Trabajo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Instituto de Pediatría y Puericultura de la Facultad de Ciencias Médicas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Madre y Niño | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 La Medicina Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Monitor de Enfermedades Sociales y Endémicas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Mundo Hospitalario. Órgano Oficial de la Asociación de Médicos Municipales de la Capital Federal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Mundo Médico | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Presente. Revista Oficial del Patronato de Leprosos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Revista Argentina de Venerología y Profilaxis Social | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Revista de la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Servicio Social | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Investigaciones Sociales, DNT-División de Estadística | |||||||||||||||||||||||||||||
FUENTE: Elaboración propia basada en la exploración bibliográfica realizada en la biblioteca de la Facultad de Medicina, UBA.
Revista de la Sociedad Argentina de Venerología y Profilaxis Social
La asociación científica y social, fundada en noviembre de 1936, tenía por objeto contribuir al estudio y progreso de esta rama de la medicina. Su revista aspiraba a fomentar el intercambio científico y a estrechar vínculos con entidades extranjeras y nacionales que persiguieran fines análogos; de ahí que en una de sus secciones se comentaran los materiales provenientes de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos .40
La institución seguía minuciosamente las políticas. En 1937, un día antes de que entrara en vigencia la ley sobre enfermedades venéreas, llamó la atención de las autoridades sanitarias sobre algunas ambigüedades y defectos del texto legal en cuanto al modo de otorgar el certificado prenupcial. Así, elaboró las “reglas generales a que habrán de sujetarse los médicos” encargados de otorgarlos, dado que la negativa a hacerlo traería graves consecuencias para las personas, y la ley no preveía un modo de apelación ante tal negativa (Massolo, 1937: 151-154). Asimismo un artículo reclama del Estado mejorar el servicio que prestaba la Asistencia Pública (Massolo y Panizza, 1937: 175-176).41 Meses después se enfatizó el rol de la Asistencia Social en el tratamiento de los enfermos de sífilis -pedido que se reiteró posteriormente (Cremona, 1939)- y se reprodujo la ficha médico-social mediante la cual se facilitaría el trabajo de los visitadores sociales (Fiscina, 1937: 133-137). A un año de aplicación de la ley antivenérea, en 1938 se realizó un balance para apoyar la creación de dispensarios antivenéreos en todos los establecimientos comerciales o industriales que poseyeran más de 50 empleados u obreros. Pero su aporte no quedó allí: dos años más tarde elaboró un plan integral de profilaxis venérea para la ciudad de Buenos Aires que no escapa al discurso eugenésico vigente: “La cuestión es ardua y espinosa [...] Están en juego los intereses más caros de la colectividad y el porvenir de un conglomerado racial que necesita ser fuerte y sano para ser generoso y noble” (Russo y Pisetta, 1938: 245).
El plan consta de cuatro etapas y detalla acciones concretas de la política a seguir: distribución de preservativos y pomadas profilácticas, creación de preventorios, instalación de aparatos automáticos en todos los mingitorios de locales públicos, etc. (Dicovsky, 1940: 425-437).
Finalmente, en diciembre de 1940 la asociación presentó tres iniciativas: a) elaboró sus propias estadísticas sobre la evolución de la enfermedad, realizando una evaluación de la política aplicada; b) propuso, a partir de la experiencia clínica, modificar el texto legal que instrumentaba la política; y c) interpretó, en un marco que excedía lo meramente científico-técnico, el objetivo final que debería alcanzar la política instrumentada por el Estado. La evolución declinante de las enfermedades venéreas en los dispensarios de la ciudad de Buenos Aires -según sus estadísticas desde 1936 hasta 1940- se explica por la menor frecuencia de los contactos sexuales desde el cierre de los prostíbulos en todo el territorio de la República, y por la implantación del Certificado Prenupcial, que obligó a algunos pacientes a acudir a los médicos a fin de tratarse adecuadamente y prevenir o curar cualquier enfermedad venérea (Garfunkel y Araníbar, 1940). El proyecto de reforma de la ley antivenérea (Ley 12.331) que fue elaborado por una comisión de cinco miembros de la asociación, debatido en asamblea extraordinaria y aprobado por unanimidad con el fin de presentarlo ante los poderes públicos, contiene los cambios que surgieron tras dos años de vigencia de la ley (Revista de la Sociedad Argentina de Venerología y Profilaxis Social, 1940: 399-402).
Si bien esta norma persigue el combate de los males venéreos y la abolición de la prostitución autorizada, también se propone “fomentar los matrimonios en el país [...] combatir la denatalidad y propender a la salud de la raza”. Por ello, después de que fue aplicada, y ante una estadística del Registro Civil de la Capital Federal que muestra que los enfermos disminuyeron y los matrimonios aumentaron -hasta el comienzo de la guerra europea-, para luego decrecer gradualmente, la asociación planteó la siguiente política:
un país como el nuestro, extenso y escasamente poblado, con una inmigración restringida, necesita fomentar el matrimonio y la natalidad en tal forma que el crecimiento demográfico sea una realidad tangible. Las leyes, por bien inspiradas que estén, nada pueden cuando factores económicos sustanciales atentan contra su finalidad, como lo demuestra en este caso la Ley de Profilaxis de las Enfermedades Venéreas [p. 591].
La revista muestra alarma por el aumento de las uniones ilegales y las relaciones sexuales temporales y aisladas, y sostiene, ante la existencia de un nexo directo entre el aumento de los matrimonios y la prosperidad ciudadana individual, que es necesario construir casas baratas y combatir la desocupación.
Revista Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social
Publicada desde 1933 hasta 1941, esta revista era el órgano de la Asociación Argentina de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social. En sus páginas dominaba el discurso eugenésico impregnado de un espíritu cristiano y católico.42 Su interés giraba en torno a la higiene, la legislación social, la ingeniería sanitaria, la psicología, la criminología y la educación física. Muchos de los artículos aparecían en francés o italiano, y recogían comentarios sobre experiencias en Europa, Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica.4443 Una de sus obsesiones era el “progreso de la especie humana”, para lo cual resultaba conveniente “que el hijo sea engendrado con el máximum de garantías físicas y morales”. Este deseado perfeccionamiento debía también transformarse en un objetivo “que los gobiernos están en el deber de cuidar con el mayor celo” (Picarel, 1937: 5). En esa línea de ideas se publicó un artículo firmado por el doctor Eugenio A. Galli, médico cirujano y director general de Sanidad del Ejército (1932-1939), que explicita la coincidencia de discursos entre ambos actores sociales (Galli, 1937: 25).44
La revista refleja asimismo la actividad de la época: las Segundas Jornadas Biotipológicas en Función de Asistencia Social al Cardíaco y a la Madre Soltera, desarrolladas en los hospitales municipales; la Semana de la Maternidad e Infancia (Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, 1938b: 7); la Primera Conferencia de Asistencia Social de la Lepra; todas acciones que enfatizan la relación entre las instituciones públicas, el desarrollo científico y el mejoramiento del estado sanitario de la población (Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, 1939: 1-4).
La asociación recibió aportes ideológicos de Francia e Italia. La influencia de las ideas francesas quedó plasmada en un artículo que informaba acerca de la inauguración del Instituto Francés de Biotipología. El texto describe los cuatro tipos morfológicos de la clasificación francesa basados en la antropometría clínica: el respiratorio, el digestivo, el muscular y el cerebral (Rossi, 1937: 7). La vertiente italiana se advierte en dos artículos del doctor Pende y uno de Gino Arias. En el primero de ellos el profesor Nicolás Pende comenta desde Roma las experiencias eugenésicas en la provincia de Buenos Aires, inspiradas en los modelos italianos cercanos al fascismo. La noticia anuncia: “el gobierno de La Plata hará construir un gran instituto biotipológico-ortogenético que llevará el nombre de nuestro gran clínico Nicolás Pende, creador de esa ciencia tan fundamental para todo el Estado moderno, cual es la ortogénesis de la estirpe” (La Valle, 1937: 7).
Pero fue un extenso artículo del profesor Pende acerca de la hiponatalidad (disminución de los nacimientos) -problema que afectaba el porvenir de la nación italiana-, su contribución esencial a la revista. El autor habla de una “santa campaña para el aumento de los nacimientos”, y al preguntarse por las causas del descenso de éstos concluye: “el número de los nacimientos va disminuyendo a medida que crece el bienestar de las poblaciones [...] la hiponatalidad resulta la enfermedad de Occidente [...] En otros términos, la hiponatalidad sería tanto mayor cuanto más alto es el nivel de civilización de una raza o de una nación” (Pende, 1938: 9-11).
Finalmente sostiene que estas tendencias traen como consecuencia que millones de hombres queden sin trabajo y millones de mujeres sin niños.
Este trágico panorama coincidió con la perspectiva del doctor Gino Arias (ex decano de la Universidad de Florencia), que dejó plasmada en un apasionado artículo donde se reproduce la conferencia sobre la natalidad que pronunció en los cursos de Cultura Católica (Arias, 1939: 3). Alertaba sobre los problemas de la despoblación y el envejecimiento y sus graves consecuencias morales, políticas y económicas. Observaba que si bien en ese momento el índice de natalidad en Argentina (con grandes diferencias regionales) era un poco superior al de Italia, la disminución de la natalidad desde 1920 hasta 1937 era allí mucho más rápida. No se trataba de probar la existencia del fenómeno, sino de averiguar sus causas.
Yo soy contrario a la interpretación meramente económica de la natalidad. El caso de la Argentina confirma mi opinión. Entre 1930 y 1937 no hay en la Argentina una transformación económica que pueda explicar una disminución tan rápida e imprevista de la natalidad.
Consideraba erróneo el pensamiento del pastor evangélico Tomás Roberto Malthus, a quien acusa de hipocresía utilitaria. A estas nefastas enseñanzas oponía “las límpidas enseñanzas de la Iglesia católica”. Afirmaba que el problema de la población y de la natalidad es fundamentalmente un problema moral y, por consiguiente, religioso; es decir, un problema de responsabilidad social. Arias propugnaba por una política de Estado que promoviera el máximo incremento de los nacimientos, dado que no es lo mismo poblar un país mediante el crecimiento vegetativo que con el llamado saldo migratorio. La inmigración tiene sus ventajas, como también sus peligros. Coincidía con Monseñor Franceschi45 acerca de que el fenómeno debía ser valorado como parte de la crisis cultural y moral: “El aumento de la criminalidad, el de los suicidios y divorcios, de la pornografía en todos sus aspectos e, inversamente, la disminución de los nacimientos y de la nupcialidad son hechos que se presentan juntos”. En síntesis, la educación moral y religiosa constituía la verdadera solución del problema, lo que parecía seguro en un país fervientemente católico como Argentina.46
Las reformas propuestas -que tuvieron eco en la clase política- se enmarcaron en un clima de renovación científica definida hacia la bioquímica, la biofísica y la medicina constitucional. Así, la Ficha Biotipológica Escolar se presentaba como la estrategia adecuada para el cuidado y control de los niños y los adolescentes, y este control debía ser estatal (Rossi y Franco, 1938: 7-8).47 Tanta era la esperanza puesta en los ideales eugenésicos, que algunas estrategias higiénicas, como los lactarios públicos, se vieron como instrumentos capaces de garantizar la armonía social. El doctor Bettinotti, creador de los lactarios en Argentina, les atribuye las siguiente funciones sociales: “El Lactarium viene a ser un ente regulador, de justicia y equidad social, que suprime la lucha de clases” (Bettinotti, 1936: 46-47).48
Finalmente, la revista nos muestra las fluidas relaciones que existían entre los actores estudiados. Así como se habían divulgado anteriormente las ideas sanitarias de un representante de las fuerzas armadas, en 1940, en ocasión de realizarse el Primer Congreso Argentino de Sociología y Medicina del Trabajo se publicó la ponencia que presentó la uia titulada: “Fijación de salarios mínimos para los obreros de la industria”,49 en la cual se sostenía la necesidad de una legislación que garantizara un ambiente de paz “propicio para el rápido progreso de la manufactura argentina”.
Reflexión final
Los cambios en el ámbito internacional y la gran crisis que acaecieron en nuestro periodo de estudio provocaron en el orden interno profundas transformaciones económicas, políticas y sociales que se desarrollaron en el marco de violentos enfrentamientos entre grupos y clases sociales portadores de diferentes ideologías. En relación con lo poblacional, la perspectiva histórico-estructural postula que no necesariamente los problemas de población constituyen un objeto de la acción política. Se deben vincular las cuestiones de población al carácter concreto del Estado y a las ideologías con las cuales se formula el problema y se orienta la acción estatal. La ideología posee no sólo un carácter deformador, sino además una autonomía relativa que configura un elemento del complejo explicativo de los procesos políticos (Yocelevzky y Rodríguez, 1983). Conforme a la definición de políticas de población elaborada por Miró (1971 y 1998): el “conjunto de metas a ser alcanzadas en relación con el tamaño, composición, distribución y ritmo de cambio de la población que mejor se adecue a los objetivos declarados de las políticas de desarrollo y a las estrategias para lograrlos”, podemos apuntar que el Estado intervencionista, conservador y autoritario de nuestro periodo de estudio formuló una nueva estrategia de desarrollo -industrialista sustitutiva de importaciones- donde la expansión del mercado interno resultaba imperiosa para sortear la crisis y salvar al sistema económico. El emergente nacionalismo aristocratizante consideraba que la escasa población del país ponía en peligro la continuidad de la nación. La temática poblacional -incorporada a través del discurso higiénico, moralizador, proestatista, pronatalista, protector de la clase obrera, educador de la conciencia de las masas-, surgió en el ámbito del aparato estatal y de la clase dirigente como una variable esencial. Fue un discurso propagado insistentemente desde el catolicismo social, el nacionalismo oligárquico y el socialismo anticomunista.
Los industriales propiciaron siempre una política migratoria abierta al flujo europeo, pero selectiva, basada en la necesidad de la mano de obra calificada que la actividad industrial en expansión requería y que la escasa población nativa no podía cubrir, y consideraban también que ese flujo acrecentaría el mercado interno y el consumo para beneficio de los intereses de los empresarios. Por otra parte suponían que tal inmigración aceleraría el crecimiento poblacional y fortalecería el potencial militar del país, así como su soberanía económica. Criticaban la política migratoria restrictiva y proponían la concesión de tierras públicas dentro un proceso colonizador liderado por el Estado. Propugnaban por el rol tradicional de la mujer como madre, coincidiendo con los militares en su preocupación por los efectos negativos que podría ocasionar la posguerra, y con los médicos en la necesidad de una legislación social armonizadora.
Los militares poseían una visión geopolítica de los problemas poblacionales. Observaban alarmados la rápida urbanización del país y consideraban que la población era escasa. Al igual que los industriales preferían una inmigración seleccionada que arribara a poblar el campo. Valoraban positivamente la migración latina, católica y rural, que debería incorporarse a la sociedad mediante un proceso colonizador. Si bien eran partidarios de la industrialización, rechazaban la necesidad de atraer obreros extranjeros pues consideraban que la mano de obra nativa estaba suficientemente calificada, de allí que enfatizaran la importancia de una educación técnica para los más jóvenes. No pensaban que imperara un decaimiento racial y confiaban en las prácticas eugenésicas para mejorar el nivel sanitario de los soldados.
El sector obrero presentaba un complicado y dinámico panorama que se reflejaba en sus numerosas fracturas y divisiones. La central obrera estudiada se preocupaba por la desocupación y a partir de allí tomó posición respecto de los flujos migratorios internacionales. Rechazaba la idea de los empresarios industriales, pues consideraba que la llegada de inmigrantes agravaría la desocupación. Proponía como alternativa la reducción de horarios de trabajo y una más justa distribución de la riqueza con el fin de aumentar el consumo del mercado interno. Consideraba que la política migratoria no solucionaría la crisis económica, y se inclinaba por la protección de la maternidad como vía para lograr el crecimiento poblacional. Sin embargo, hacia el final del periodo se lamentaba de que el país no hubiera incorporado extranjeros calificados a su sociedad.
Los profesionales relacionados con la salud pública constituían un sector numeroso y con un alto grado de organización. Al estudiar sus publicaciones se advierten una clara influencia del pensamiento eugenésico francés e italiano y una coincidencia manifiesta acerca de la necesidad de desarrollar políticas de profilaxis social para mejorar la raza y el nivel de vida de la población, y acerca de las ventajas de la intervención del Estado mediante leyes sociales para lograr el perfeccionamiento del sistema social. Percibían la disminución de la natalidad (hiponatalidad o denatalidad) como un fenómeno dramático y extremadamente desfavorable. En cuanto a sus causas, existía consenso respecto a que lo moral es determinante. Evaluaban los factores económicos en forma diversa: los venerólogos enfatizaban que un mejor nivel de vida de los trabajadores traería un incremento de la tasa de nupcialidad y por ello un crecimiento vegetativo; los biotipólogos sostenían que justamente en los países más ricos se observa una tasa de fecundidad declinante; éstos parecieran adoptar una posición contraria al desarrollo del capitalismo -o quizá una postura antimoderna-, adversa al industrialismo y su consecuencia inevitable: la urbanización.
Los cuatro actores estudiados reclamaban la realización de censos para disponer de datos y elaborar políticas públicas, pero la clase dirigente se resistía a hacerlo. Fue apenas en 1947 cuando se levantó el IV Censo Nacional, luego de 33 años de espera. Todos citaban a Alejandro Bunge, compartían el discurso eugenésico, debatían sobre el tema migratorio, manifestaban su inquietud por las enfermedades venéreas e intentaban llevar a cabo acciones para vencerlas. En síntesis, los actores concordaban en la necesaria intervención del Estado para remediar los problemas poblacionales (denatalidad, mortalidad infantil, alcoholismo, enfermedades venéreas, ilegitimidad, despoblamiento rural, urbanismo, envejecimiento) y sugerían mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora como uno de los caminos para mejorar física y moralmente la sociedad.50
Entre las causas del consenso que se forjó acerca de lo demográfico podemos mencionar: a) Las históricas, que hacen referencia al origen mismo de Argentina como país: en el grupo que conducía la construcción de la nación lo poblacional jugó un rol fundacional. En efecto, las migraciones fueron consideradas un factor benéfico y modernizador contra la herencia colonial, un factor que transformaría a la sociedad en todos los aspectos. b) Las político-ideológicas, que se apoyan en el modo en que el discurso eugenésico había permeado desde arriba hacia abajo, dado que las mejoras y el perfeccionamiento social que propugnaba dejaban intactas las estructuras de poder económico y político existente. Tal ideología la compartían, aunque con matices, los conservadores, radicales, socialistas, católicos, anarquistas, comunistas, nacionalistas y liberales pertenecientes a diferentes estratos sociales. c) Las económicas se sustentan en que la nueva estrategia necesitaba garantizar la reproducción de una mano de obra que se percibía como escasa, la cual también aseguraría un consumo creciente en el mercado interno.
Nos preguntamos si el consenso de los actores implicó un tipo particular de política pública. El Estado, que aparece colocado permanentemente en el centro de las discusiones político-sociales y en el que se delega con firmeza la solución de los problemas,51 articula un intervencionismo poblacional mediante una legislación autoritaria de fuerte control social y de ambiciosas proyecciones. En efecto, una recopilación realizada entre 1922 y 1941 nos demuestra que durante el periodo 1932-1938 se observa comparativamente la mayor actividad, y que fue la salud5352 el tema que concitó una prioritaria preocupación, seguido por la educación, el trabajo, las obras sanitarias, los censos y la colonización (Novick, 2003).
Cabe cuestionar si las políticas formuladas durante este periodo fueron exitosas. En lo que atañe a la mortalidad infantil podemos afirmar que lograron su objetivo dado que el ritmo de reducción de la tasa se aceleró entre los años 1930 y 1949 (Mazzeo, 1993). Las enfermedades venéreas fueron rápidamente dominadas, y de igual modo el crecimiento de la natalidad -y quizá de la fecundidad- observado hacia fines de la década de 1940 podría ser consecuencia de la intensa política que se llevó a efecto a partir de mediados de la década de 1930 (Pantélides, 1992: 87-106). La migración tuvo un saldo negativo durante el periodo, aunque algunos autores sostienen que no como consecuencia de la política restrictiva argentina, sino de la situación europea.
El grupo dirigente creía en la posibilidad de “perfeccionar” armónicamente la sociedad dadas las grandes riquezas que el país poseía. No obstante construyó un estilo de gestión estatal basado en el “disciplinamiento”. No podía ser de otra forma, pues “científicamente” estaba probado que la “raza blanca” reducía inexorablemente su número y por ello debía garantizarse que los menos dotados, que se reproducían ampliamente, no pusieran en peligro esa nueva sociedad que se intentaba formar. En ella los sectores populares eran necesarios, y no sólo porque se requerían sus brazos para consolidar el proceso de industrialización y para participar en factibles conflictos bélicos o rivalidades en tiempos de paz, así como para constituirse en potenciales consumidores de un mercado interno en crecimiento; sino también por causas políticas, dados el avance del comunismo y la erosión creciente de la legitimidad del gobierno conservador frente a su ruptura con los sectores económicamente dominantes. Múltiples circunstancias originaron políticas públicas poblacionales que “integraron” y “revaloraron” a la clase trabajadora fortaleciendo su participación política: la interrupción del flujo migratorio, las migraciones internas que la hicieron más visible, el nacionalismo y el horizonte de atraso y pobreza en la escena nacional, los ideales reformistas eugenésicos, y una derecha que buscaba el apoyo popular y soluciones nacionales para sus problemas. Dicha participación fue consumada tiempo después con la experiencia del peronismo.
En el pensamiento eugenésico yacía una profunda contradicción que se reflejaba en sus propuestas. Si bien éstas se basaban en el cúmulo de optimistas y promisorias ideas científicas desarrolladas por los europeos, sus soluciones apelaban a la moral, la ética y la religión, factores que los llevaron a proyectar una perspectiva de algún modo contraria a las consecuencias del desarrollo capitalista, a pesar de su visión conservadora de la sociedad. Donde claramente quedó expuesto su fracaso ideológico fue en relación con el papel tradicional de ama de casa y reproductora genética que insistentemente se le intentó imponer como modelo a la mujer. Los discursos que apelaban a su moral, a su patriotismo, a su abandono de los fáciles y egoístas deseos de obtener bienes materiales y confort, se desplomaron ante la continua incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y su declinante fecundidad.
Por último, si bien las ideas de justicia social, independencia económica, desarrollo industrial, protección del obrero, etc., estaban presentes en las invocaciones de la década que estudiamos, fue el peronismo el que las tomó de los discursos vigentes y las transformó, otorgándoles un sentido social y político diferente.
