La apertura comercial y la globalización

La apertura se acelera inicialmente por las presiones de los organismos financieros internacionales, principalmente el FMI y el Banco Mundial, responsables del rescate de las economías que enfrentan problemas de cumplimiento de pagos con sus acreedores, cuando ponen en riesgo el equilibrio de los mercados internacionales, como era el caso de México. Así, a cambio del rescate, tendrían que implementarse ajustes supervisados por los organismos mencionados. Se exigió al gobierno mexicano que cambiara su política proteccionista de la economía por una de apertura al mercado internacional, y es el Presidente Miguel de La Madrid a quien le toca acelerar el proceso de apertura (^{Tello, 2009}).

Ya en el Plan de Desarrollo de 1983 se contempla la reforma arancelaria que abre las puertas de México al mercado mundial; mientras que, en el Programa Nacional de Fomento a las Exportaciones se plantean los mecanismos para lograrlo ^{(Bravo, 1993} y ^{Zabludovsky, 1992}). Acorde con el Programa, durante 1984 se inicia el desmantelamiento del sistema de permisos previos para importar, logrando desgravar 2,844 fracciones en ese año, cerca del 25%, proceso que se aceleró en el siguiente año hasta desgravar 7,252 fracciones, llegando a 11,880 en 1988, prácticamente el total (^{Bravo, 1993}).

La adhesión de México al desaparecido Acuerdo General de Aranceles y Comercio -ahora convertido en la Organización Mundial de Comercio- en 1986, constituyó, sin duda, el factor cualitativo que requería el nuevo modelo, pues casi de manera inmediata se redujo el arancel de los bienes de consumo a un máximo del 20%. Un año después las fracciones arancelarias se redujeron a 329 y el arancel máximo pasó de 50% a 29%, con un promedio de 9.7% (^{Gittli, 1990}).

Al final de la década de 1980 se había eliminado prácticamente de la política comercial con el exterior el factor discrecional que representaban los permisos de importación, vigente por más de 3 décadas, quedando la política arancelaria como el marco de intercambio con el exterior. El siguiente paso se dio inmediatamente. La década de los 1990 trajo consigo globalización, y con ella la firma de tratados comerciales iniciados con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLC) en 1993, al que le siguieron los de Chile y la Unión Europea, Japón como los más relevantes, la apertura ya no fue producto de las presiones internacionales como ocurrió una década atrás, sino que el gobierno mexicano lo convertía en parte esencial de una estrategia deliberada del desarrollo económico de México, toda vez que mediante estos tratados se eliminaron prácticamente todas las barreras arancelarias, convirtiendo a México en uno de los países con el mayor grado de globalización económica, por llamarlo de una manera más correcta.

El crecimiento económico

Si el sector externo no mostraba los resultados del todo esperados al final de la década, en cuanto a la eliminación de las presiones externas al resto de la economía no le fue mejor, como se observa en la Tabla 1 (infra) que ofrece una síntesis de los indicadores de la economía: el crecimiento económico, el empleo, el salario y el gasto social, que servirán para conocer el impacto de las crisis.

Tabla 1 México. Efectos de las crisis en el crecimiento y en el mercado de trabajo. 

* Tasa media de crecimiento anual del producto interno bruto.

***Gasto en educación y salud. A partir de 1990 se crearon los programas para combatir la pobreza como Pronasol en la administración de Carlos Salinas, Progresa con Ernesto Zedillo y Oportunidades con Vicente Fox, y continuado por el Presidente Felipe Calderón, a través de los cuales se canalizó parte del gasto social, por eso no son del todo compatibles los periodos.

(+) A partir de ese año tomados de ^{Tello (2010)}.

n.d.: información no disponible.

Fuente: estimaciones propias basadas en ^{Camberos, 1994 (p. 136-138)} y ^{Camberos, 1995 (p.194)}. Para el desempleo de la década de 1980 y 1990 (1990 y 1995), Cámara de Diputados, CESOP (2004) e ^{INEGI (2008} y ²⁰¹¹⁾; Población (tmca) 1980-1990 = 1.97; 1990-1995 = 2.33%, 1995-2000 = 1.35%,; 2000-2005 = 1.14% y 2005-2010 = 1.66%, en función de INEGI, conteo de población (1995 y 2005) y censos de población y vivienda (1980, 1990, 2000 y 2010).

En primer lugar el crecimiento del PIB muestra un comportamiento irregular en el sentido de que junto con los aumentos leves y excepcionalmente elevados observados para algunos años, en 3 se registraron reducciones, como en 1982, 1983 y 1986; mientras que, la tasa media de crecimiento anual del PIB apenas llegó al 1.55%, muy por debajo del crecimiento de la población, que lo hizo a una tasa de 1.95%¹; por ello, la verdadera dimensión del retroceso de la economía se registra en el crecimiento económico o crecimiento del PIB per cápita real (Tabla 1, 4.ª columna), cuyo nivel más alto equivalente a 3,640 dólares de 1980 lo alcanzó en 1981, en tanto que el resto de la década se redujo a una tasa de -1.34%.

En las décadas de 1990 y 2000 el crecimiento económico no fue mucho mejor. La misma Tabla 1 muestra caídas mayores en 1995 de 8.53% y de 8% en el 2009, pero además hay otros años en los que también se registran retrocesos, de tal suerte que el crecimiento anual per cápita en las 3 décadas no alcanza siquiera el 1%. Estos resultados obviamente produjeron efectos negativos en el empleo, la desigualdad y la pobreza, como lo demostraremos en los apartados siguientes.

Los costos sociales: desempleo, salario, informalidad y gasto social

Los ajustes económicos impactaron fuertemente el mercado laboral. Por una parte, la orientación del mercado al exterior inició la ruptura de las cadenas productivas, particularmente en los sectores de bienes de consumo y en el campo, por las facilidades otorgadas para su importación, una vez eliminados los permisos. Pero también el adelgazamiento del Estado y luego la "privatización" impactaron al empleo, cuyos efectos podemos evaluar por medio de 3 indicadores que aparecen en la misma Tabla 1: a) la tasa de desempleo abierto o desempleo, b) el salario mínimo real, c) el ingreso medio real de los empleados; y como corolario, d) la informalidad.

El desempleo

La tasa de desempleo constituye uno de los indicadores macroeconómicos más importantes, cuyas estadísticas oficiales más confiables empezaron a recopilarse apenas en la década de 1970 y que adquirieron mayor relevancia a raíz de las crisis, el subempleo y la informalidad.

Del análisis de los resultados sobre el mercado de trabajo que aparecen en la misma Tabla 1 (columna 6) se destaca la baja tasa de desempleo, menor al 4%, en los años que precedieron a la primera crisis de la década de los años 1980; como también su crecimiento hasta llegar al 6%, como una de las manifestaciones de la crisis que mayor perjuicio causa a la población, porque la deja sin una fuente segura de ingreso y en riesgo de reducir su bienestar.

Un aspecto por demás importante, que marca el inicio de este período, es la reducción de manera drástica del trabajo asalariado, junto con su participación en el PIB que siguió a la crisis de 1982, y que continuaría a lo largo 3 décadas.

Sobre este asunto Nora Lustig revela que la proporción de los asalariados bajó de 83.4% en 1982 a 76.2% en 1985, mientras que el número de trabajadores por cuenta propia aumentaba de 12.1% a 15%, y el de los trabajadores familiares no remunerados aumentaba de 2.1% a 4.6%. Cabe agregar que la proporción de asalariados continuó disminuyendo a razón de 1 a 2 puntos porcentuales (^{Lustig, 1993}), en la medida que el empleo informal llegó al 11% a finales de la década (^{Tello, 2010}). Más aún, de acuerdo con el criterio que menciona Lustig, la primera crisis de la globalización que sufrió México en 1995 empeoró la situación de los trabajadores, pues la proporción de quienes recibían remuneración respecto a la población económicamente activa (PEA), que incluye empleados, desempleados y subempleados (^{INEGI, 2009}) llegó a cerca del 23%, proporción que se mantuvo hasta el principio del siglo XXI, de acuerdo a estadísticas que presentan ^{Hernández y Velázquez (2003)}.

Cabe decir que el desempleo abierto se redujo a principios de la década de 1990; sin embargo, se intensificó el subempleo y la informalidad tomó carta de naturalización, como revisaremos con más detalle en el apartado de la informalidad. Lo que sí se convirtió en un fenómeno recurrente es el alza del desempleo con las crisis, tanto de 1995, originada internamente, como la más reciente de 2009, la primera del mundo globalizado. En este año la tasa de desempleo en México llegó a cerca del 6% (^{INEGI, 2010}), incremento fuerte si consideramos que en el año 2007, que precedió a la crisis, apenas rebasaba el 3% (^{INEGI, 2007}).

A diferencia de lo ocurrido en las crisis anteriores, la más reciente impactó fuertemente en los estados del Norte de México: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que rebasaron el 6% (^{INEGI, 2010}), en contraste con las entidades del Sur y Sureste, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, que registraron tasas de desempleo menores al 3% y Michoacán 4.10% (^{INEGI, 2009}), otrora más afectadas cuando las crisis eran originadas por factores internos.

La caída del salario real

En esta relación desempleo-salario real existen varios puntos a destacar en la citada Tabla 1 -columnas 7 y 8 (supra) - para objeto de nuestro trabajo:

1°. Paralelamente al aumento del desempleo se puede observar la caída del salario real, medido por la pérdida de valor real del salario mínimo y del ingreso medio de todos los empleados, con base en el índice 1980 = 100, para todos los años posteriores a la crisis -excepto para 1987 en que repunta, pero luego se desploma también- hasta quedar reducido a la mitad de su valor el salario mínimo y al 64% el salario medio. Al respecto, Francisco Alba anotaba desde las crisis de los años 1980, que en lo que se refiere a los salarios el deterioro de las remuneraciones de los trabajadores industriales llegó en 1987 a representar el 72.8% de las de 1980, en tanto que el deterioro de los salarios mínimos cayó al 60.6% del de 1980 (^{Alba, 1993. p. 189-190}). En otro trabajo de ^{Gil y Ramos, 1988 (p. 429)}, se confirma también el deterioro del salario real del sector manufacturero hasta representar solo el 63% del que tenía en 1980.

Existen varias explicaciones sobre la caída del salario. Una se fundamenta en la teoría neoclásica de la distribución con arreglo a la productividad, de la cual se desprendería que los salarios en México cayeron por efecto de la caída en la productividad (^{INEGI, 2013a}). Estudios que analizan la evolución de la productividad en México en el período señalan que en la manufactura, la actividad más regulada por los salarios contractuales, la productividad del trabajo se incrementó levemente en los primeros años del TLC 0.4% 1995-1999 (^{Casanueva y Rodríguez, 2009}), pero lo hizo en 33% en el período 1985-1990; mientras que ^{López (2003)}, también en un estudio para la manufactura por regiones que abarca el período 1993-1999, encuentra aumentos en la productividad en las regiones Norte, Centro, Ciudad de México, pero no en el Sur, que coincide con los respectivos incrementos en la productividad encontrados en otros estudios que aquí mencionamos.

Al respecto, ^{Varella y Cabral (2007)}, en un estudio de la manufactura antes y después del TLC para el período 1984-2000, estimaron aumentos en la productividad en la década de 1990.

Por su parte, el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (^{CIDAC, 2011}) en un trabajo más reciente calculó, por medio de una función producción, con datos de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE, por sus siglas en inglés), que la productividad del trabajo y sus resultados contrastan con los mostrados arriba, pues justamente en los años que siguieron a la firma del TLC, desde 1994, la productividad del trabajo se derrumbó a su nivel más bajo de las últimas 3 décadas y recuperó hasta el año 2000 el nivel alcanzado en 1991, año de inicio de la serie, registrando crecimiento continuo durante prácticamente el resto de la década hasta 2009; sin embargo, la productividad acumulada durante el período, aclara el ^{CIDAC (2011)}, fue de solo 2.1%.

También hay que mencionar que un estudio comparativo de México y Chile, realizado por Bourguignon (en ^{Varella y Cabral, 2007}), encontró una declinación en la productividad de México en la década de 1980 y principios de los años de 1990.

Parece más bien que la caída del salario puede ser explicada por el aumento del desempleo, y luego, por la generalización del subempleo y la informalidad desde mediados de la década. Esta relación empírica se ajusta más al modelo de la Curva de Phillips original (^{Dornbusch y Startz, 2000}) que establece una relación inversa entre desempleo y salario: a mayor desempleo, que significa mayor oferta, baja su precio, esto es, baja el salario, que es la forma que reviste en el mercado; sin embargo, su reducción es detenida, pero no de la forma como lo explican los clásicos con salarios flexibles hasta equilibrar los mercados, sino más bien por medio de la legislación laboral, que establece como límite inferior el salario mínimo, una suerte de rigidez salarial estilo keynesiana, que obliga a su observancia en la contratación formal.

2°. La realidad de las crisis de la economía mexicana que generan grandes masas de desempleados contrasta con las estadísticas, que muestran cómo en la segunda parte de la década el desempleo se atenúa; sin embargo, el salario continúa disminuyendo. En el deterioro del salario real también desempeñó un papel importante el proceso inflacionario, particularmente en la década de 1980, cuando en los años de 1983 y 1988 (Tabla 1 [columna 4]) se alcanzaron inflaciones anuales de 3 dígitos, que aunado a la política de contención salarial, produjo ajustes de los salarios, contractuales principalmente, por debajo de la inflación esperada, que siempre fue menor a la real. Esta política se mantuvo con mayor o menor rigidez hasta la presente década, lo cual explica el que el salario real, y en general los ingresos de los trabajadores, no se hayan recuperado 25 años después de iniciada esa política.

Con el propósito de abundar en evidencias empíricas sobre el deterioro del mercado de trabajo mexicano en la década de la globalización, tomamos los datos de un trabajo de ^{Hernández y Velázquez (2003)} (p. 216), y con ellos estimamos que la capacidad de compra de los trabajadores de menores ingresos, que incluye asalariados e informales, se deterioró en 37%; mientras que el ingreso promedio de todos los trabajadores sujetos a contratos lo hizo en 21%. Cualesquiera que sean los resultados que se tomen, comparado con los que se registraron en el inicio del actual período de análisis, las conclusiones que se desprenden son claras, muestran el grave deterioro de grandes capas de población ocupada, que una vez fue asalariada y muy probablemente ahora debe ser parte de la informalidad del mercado laboral (^{Huesca, 2005}), lo cual hace esperar fuertes aumentos en la pobreza, que habremos de probar en los siguientes apartados.

Estos resultados evidencian que la formalidad, sujeta a la legislación laboral mexicana, es solo una parte de la realidad del mercado laboral, la otra es la informalidad, que coadyuva a explicar, en el caso de México, la caída del salario real, razón por la cual pasamos en seguida a tratarla.

La informalidad del mercado de trabajo

La parte no formal del mercado se puede definir como aquella población subempleada que percibe un salario menor al que marca la ley, u ocupada que no está sujeta a una relación contractual, y que a falta de seguro del desempleo se muestra dispuesta a trabajar a cambio de un pago, por bajo que este sea, o decide autoemplearse antes que engrosar las filas del ejército laboral de reserva. Con estas características, es lógico comprender por qué la informalidad se convierte en un velo que oculta la verdadera magnitud del problema del desempleo (^{Tokman, 1993}), no solamente en México y América Latina, sino que se ha vuelto común en prácticamente todos los países pobres o subdesarrollados del mundo, a pesar de la modernización de la economía mundial, o quizás como uno de sus efectos, en los inicios del siglo XXI -así parecían señalarlo las estadísticas de la ^{OIT (2001)}.

Las evidencias empíricas del mercado de trabajo en México encontradas por diferentes autores también dan cuenta de este proceso de informalización que no se detuvo con la modernización de la economía, ni con el cambio estructural, tampoco con la globalización, sino que continuó a lo largo de las siguientes 2 décadas. Por ejemplo, ^{Alba (1993 p. 190)} señala que entre 1979 y 1986 el porcentaje de trabajadores asalariados se redujo de 81% a 75.5% entre los hombres y de 80.1% a 77.9% entre las mujeres; en cambio el empleo por cuenta propia pasa de 15.3% a 19.2% entre los hombres y de 18.8% a 21% entre las mujeres; se piensa que la mayor parte de estos últimos 7 puntos porcentuales en los que se incrementaron la últimas categorías, representen ocupación informal, que tiene la virtud estadística de reducir la tasa de desocupación abierta.

Para la década que marca el inicio de la globalización moderna, un estudio da cuenta de la informalidad medida con el método de ^{Jusidman y Eternod (1993)}, la cual aumentó en la primera mitad de la década de 1990 al pasar de 51.8% en 1990 a 54% en 1996 (^{Soria, 2001}). En otro trabajo que toma como período de referencia la segunda mitad de la década, se estimó que entre 1995 y el año 2000 se crearon 6.7 millones de empleos, de los cuales, 3.3 millones fueron formales, bajo el criterio de la formalidad de pertenecer al IMSS, ISSSTE o contar con cualquier otro sistema de seguridad social reconocidos legalmente (^{BBVA-BANCOMER, 2001. p. 35}). De lo anterior se desprende que los restantes empleos, poco más del 50%, resultaron ser informales.

Un análisis para toda la década considerando la informalidad bajo 2 criterios: a) por no pertenecer a un sistema de seguridad social legalmente reconocido; y b) por percibir un ingreso menor a 3 salarios mínimos en el año 2000, que de acuerdo al Consejo Nacional de Población (^{CONAPO, 2001}) resultaba, a inicios del siglo XXI, insuficiente para alcanzar un bienestar mínimo, estimó en el primer caso que el 60% de la población empleada era informal; mientras que en el segundo resultó la informalidad en 70% (^{Camberos y Yáñez, 2003. p. 31-9}).

Los datos que recogen el efecto de las crisis más recientes en la informalidad del mercado laboral son por un lado de ^{Tello (2010)}, quien la estima para el año 2008 en 55% el porcentaje de trabajadores urbanos en empresas formales, pero al margen de toda prestación de ley; por otro lado, en la actualidad la informalidad llega hasta el 60% (^{ILO, 2013}; ^{ILO, 2011} e ^{INEGI, 2013b}), niveles preocupantes, pues ello significa que la mayoría de la población trabajadora se encuentra marginada de los sistemas de seguridad social y con un futuro incierto.

Cabe señalar en este punto que el nuevo sistema de contratación, outsorcing, puede eximir a cierto tipo de empresas, o a algunas operaciones de la misma empresa, del pago de prestaciones a los trabajadores mediante la contratación a destajo, que pudiera asimilarse como una de las formas que adopta la flexibilización del trabajo en el siglo XXI. ¿Será este el futuro del mercado laboral mexicano?

La caída del gasto social

Un último punto a tratar en este apartado se refiere al impacto de las políticas de ajuste en relación con el uso de los recursos destinados a proteger algunas de las necesidades básicas de la población, como educación y salud, particularmente de la población que posee escasos recursos. En este aspecto destaca el hecho de que el gasto público se redujo en los años que siguieron a la crisis de 1982 (Tabla 1 [última columna]) en 7.6%, como respuesta a las exigencias que impuso, principalmente, el pago puntual de la deuda externa que creció en 25.5% entre 1983 y 1988 (^{Lustig, 1993. p. 218}).

El gasto social en educación y salud, respecto al gasto público, sufrió sensibles recortes, que aunado a la reducción del gasto público mismo, por la caída a su vez del PIB en el período señalado, explican la reducción todavía más drástica del gasto social destinado a las personas, que se redujo a una tasa anualizada de -13.1% a lo largo de una década. Resulta de la mayor relevancia señalar que esta medida se convirtió en una práctica del gobierno mexicano cada vez que se presentaba una crisis o recesión en México, solamente que se veía disfrazada en cada uno de los sexenios con programas de combate a la pobreza como el Programa Nacional Solidaridad (PRONASOL, ^{Salinas, 1989}), o focalizada como el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) (^{Zedillo, 1995}) y OPORTUNIDADES (^{Sedesol, 2003}).

Este último programa, iniciado con Fox en 2001, destinó recursos para los pobres por 36,000 millones de pesos en el año 2006 (^{Bracamontes et al., 2011}), lo cual significa que de no haber existido errores de focalización, es decir, de haber llegado en su totalidad a los pobres, cada uno hubiera recibido en el año transferencias monetarias para alimentación, salud y educación por $ 818.18, o $ 68.12 mensuales, claramente insuficientes para complementar la escasez de recursos que en promedio requerían los pobres para abandonar su situación de precariedad -como lo veremos en el apartado siguiente-, pero además con limitada incidencia en la desigualdad, toda vez que esta mostró elevados niveles a lo largo de las 3 décadas analizadas, comparado con 1977 y 1984, cuando observó los más bajos niveles.

Una nueva modalidad del gasto social la reviste el ^{Seguro Popular (2001)}, que fue creado apenas a inicios del presente siglo para dar servicios de salud, principalmente a la población que no pertenece a un sistema de seguridad social, por no ser asalariados o simplemente por estar en la informalidad, y si bien no es gratuito sus costos son mucho menores a los de la medicina privada. No obstante, lo noble del proyecto, contrasta con el deterioro que han sufrido en las últimas décadas los servicios de salud y protección de las grandes instituciones, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que protege la salud y la seguridad social de los trabajadores del sector privado, y el Instituto para la Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La consecuencia de esta política de gasto público se tradujo en: a) que el gasto social por mexicano, en términos reales, se redujera a una cuarta parte, al pasar de 2,388 pesos en 1980, a 587 en 1990 y hasta 818.18 pesos exclusivamente para los pobres en 2006; b) la aparición de enfermedades consideradas de la pobreza y la insalubridad como el cólera, el paludismo, la tuberculosis, la desnutrición severa y el dengue entre otras, que habían sido erradicadas hacía más de 20 años en México, regresaron a fines de la década de 1980 y continuaron en la década de la globalización y en el siglo XXI; c) la baja en la calidad de la educación pública, evidenciada más con el ingreso de México en la OCDE, organización de países desarrollados, en la que aparece con frecuencia colocado en el último lugar en aprovechamiento de acuerdo a la prueba internacional PISA (por sus siglas en inglés, ^{Tello, 2010. p. 298}); d) en general, los escasos logros en el desarrollo integral de los mexicanos constatados por organismos como las Naciones Unidas, con los estudios comparativos del Índice de Desarrollo Humano (^{Anand y Sen, 1993})², en los cuales ocupa México lugares por arriba del número 50, ordenados del mejor al peor en el ranking mundial, junto a países de un nivel de ingreso per cápita incluso menor que el nuestro³, lugar que no ha mejorado al final de la primera década del siglo XXI (^{PNUD, 2010}).

El impacto de las crisis en la desigualdad

¿En qué medida las crisis impactaron en la desigualdad y la pobreza de los hogares mexicanos en las últimas décadas del siglo XX y en la primera del siglo actual? ¿Empeoró o mejoró la desigualdad con las crisis? Para contestar la pregunta utilizamos inicialmente una medida muy simple, pero aceptada, el rango, que mide la diferencia de veces que participa de la distribución del ingreso el 10% más rico, respecto al 10% más pobre, con base a ella, 1984 es el año de la menor diferencia, menos de 20; mientras que en 1994 y 1992 (^{Camberos, 2012}), reconocidos como los años de consolidación del modelo, alcanza los valores más altos 51 y 50 veces más el valor del ingreso del grupo más rico respecto al ingreso del más pobre, nunca observada en las últimas 5 décadas del siglo XX en México (^{Camberos y Bracamontes, 2011}).

En seguida, para precisar los resultados, elaboramos la Tabla 2 que contiene varias medidas de la desigualdad reconocidas por varios autores como recomendables (^{Atkinson, 1970}; ^{Atkinson y Bourguignon, 2003}; ^{Schorrocks, 1980}; y ^{Schorrocks, 1984}), los índices de entropía generalizada (GE), cuyos valores positivos captan más claramente los cambios en la parte alta de la distribución, pero no están acotados entre 0 y 1, ello dificulta su interpretación.

Tabla 2 La desigualdad en México 1977-2008*. 

Fuente: Estimaciones propias con base a INEGI, ENIGH 1984 - 2002 y Programas STATA 9 adecuado por Jenkins, S., abril del 2001, excepto para 1997, que fueron tomadas de ^{Hernández y Velázquez, 2003, cuadro 7, p.79}. Para los años 2000 y 2008, ^{Coneval (2009)}; ²⁰⁰⁵ y 2006, ^{Tello C. (2010) , p. 274}.

En la segunda columna de la Tabla 2 medimos primero los cambios en la desigualdad observados para cada uno de los años, por medio del índice de Gini, el más utilizado en estos casos, tomando como base 100 el año de inicio del período 1984, que registra un valor G = 0.511 (última columna de la Tabla 2) considerado como alto, pero que sin embargo, continuó creciendo a lo largo de las 2 primeras décadas del período, que como analizamos arriba, registró varias crisis hasta llegar en el 2000 a su mayor nivel G = 0.586, el año en que la desigualdad había alcanzado el mayor incremento global, más del 14% respecto al año inicial. No obstante, el año de la máxima desigualdad también depende de la medida que se escoja.

Al respecto, si nos guiáramos por el valor del índice de entropía generalizada GE (2) (^{Schorrocks, 1980} y ^{Schorrocks, 1984}) -también podemos mostrar gráficamente el mayor nivel de desigualdad en la Figura 1 curva punteada continua-, el punto más alto de la desigualdad es alcanzado en el año de 1989; en tanto que, medido con el índice A (2), resultó 1998, muy cercano el de 1992 y con el coeficiente de Gini G resultó el año 2000, casi igual al de 1994. Esto implica que no podemos deducir completamente cuál resultó el peor año de la desigualdad.

Fuente: Estimaciones propias en base a las ENIGH, 1984 - 2002.

Figura 1 México. Cambios en la desigualdad, 1977-2002. 

La diferencia de resultados en la medición de la desigualdad tiene que ver con en el grado de sensibilidad que representan las medidas a las transferencias del ingreso, de ahí la importancia de utilizar diferentes medidas. Así, podemos deducir que en los años de 1989 y 2000 el índice GE (2) indica que hubo transferencias muy fuertes hacia el grupo de más altos ingresos provenientes de los restantes. Estos como efecto de las políticas de apertura, de ajuste y la inflación.

En el caso del índice de Atkinson (2), que es más sensible a las transferencias en la parte baja de la distribución, muestra que en los años de 1992 y 1998 los grupos de bajos ingresos sufrieron un proceso de transferencia inverso al planteado por el principio de Pigou (1916, en ^{Schumpeter, 1975}), ^{Dalton (1920)}, por lo que su ingreso se deterioró aún más, seguramente como producto de los pactos que significaron la contención salarial, la elevada informalidad que alcanzó el mercado laboral en esos años y una mayor libertad en la fijación de precios para los empresarios. El resultado en ambos casos de transferencias es el aumento en la desigualdad.

Por último, el G nos dice solamente que la desigualdad alcanzó los niveles mayores en los años de 1994 y el 2000, como producto de la mayor dispersión del ingreso entre todos los grupos. Lo que se puede afirmar es que durante la etapa de desarrollo de México, en contraste con el modelo de desarrollo compartido, que la precedió (1970-1982), la desigualdad siempre ha sido más alta en las 2 últimas décadas, por la que esta se convierte en una característica del neoliberalismo, una de sus debilidades y fuente de las mayores críticas.

El efecto de las crisis en la pobreza 2006-2008 y el impacto de oportunidades en la reducción de la pobreza

Con ser preocupante el efecto negativo de las crisis en la desigualdad, lo es más el que produce en el nivel de bienestar, en tanto que al aumentar el desempleo y reducir el poder de compra de la masa asalariada los pone en riesgo de reducir su bienestar a niveles inaceptables, al grado de no conseguir con el ingreso monetario, producto de su esfuerzo, el mínimo de bienestar social recomendable (^{World Bank, 2005}; ^{UNDP, 2002}), por debajo del cual la población se encuentra en la pobreza, principalmente en la pobreza extrema o alimentaria, toda vez que ello significa que el ingreso de esa población es insuficiente para adquirir los alimentos que contienen los mínimos requerimientos nutricionales, que les proporcionan cuando menos la energía suficiente y las proteínas para el desarrollo de las capacidades individuales y los funcionamientos sociales (^{Nussbaum y Sen, 1996}) como el trabajo, el estudio, las relaciones sociales en general.

Por lo tanto, la siguiente tarea es mostrar el impacto de las crisis en la pobreza de México. Nos concentramos en la crisis más reciente y compararemos la situación existente antes de la crisis y los cambios registrados posterior a ella. Para ello, utilizamos el método Lp (Sen, 1976; ^{Sen, 1996}) para medir la pobreza, y las bases de datos de las Encuestas de Ingresos y gastos de los Hogares (ENIGH) de México (^{INEGI, 2006} e ^{INEGI, 2008}). Los resultados se contrastan con las estimaciones oficiales, y para medir el impacto de oportunidades en la reducción de la pobreza utilizamos la técnica de microsimulación (^{Bourguignon y Spadaro, 2006}; ^{Corak et al., 2005}).

El aumento de la pobreza en México 2006-2008

En el año 2008 la recesión económica global lanzó a millones de personas al desempleo (^{ILO, 2009}) despojándoles de su fuente de ingresos, lo que en el mundo y también en México significó un mayor riesgo de empobrecimiento para la población, aunque no sólo a causa del desempleo (^{INEGI, 2009}), también por el incremento en los precios de los alimentos (^{Valero-Gil y Valero, 2008}). Por ello, para contrarrestar los efectos de la recesión a partir de 2008 el programa Oportunidades, iniciado en el 2002 (^{Sedesol, 2003}), incluyó también el componente Vivir Mejor⁴, que consiste en 2 transferencias más: un apoyo monetario en virtud al alza en los precios de los alimentos, y otro para las familias beneficiarias con hijos de 0 a 9 años (Sedesol, 2007), montos que son incluidos como fuentes de ingreso de los hogares en las ENIGH (^{INEGI, 2008}).

Para sintetizar mejor los resultados elaboramos la Tabla 3, en la que se muestran los cambios ocurridos en los niveles de pobreza con la crisis. Así, de no haberse aplicado el programa Oportunidades (columnas 2.ª y 3.ª) los porcentajes de hogares pobres en México, cualquiera que sea el tipo de pobreza en el periodo 2006-2008, hubieran aumentado. La pobreza alimentaria hubiera aumentado 3.5 puntos porcentuales, lo cual significaría que los hogares que padecían este tipo de pobreza se habrían incrementado en un 25.1% de 2006 a 2008; mientras que, la pobreza de capacidades podría haberse incrementado 3.8 puntos porcentuales, lo que implicaría que los hogares en pobreza de capacidades se incrementarían en 19.7%. De igual manera, se hubiera observado un aumento de 3.7 puntos porcentuales respecto a la pobreza patrimonial, es decir, los hogares en este tipo de pobreza se hubieran incrementado un 9.5% para 2008.

Tabla 3 México. Índices de pobreza alimentaria, capacidades y patrimonial FGT(0), 2006-2008. 

Las estimaciones se hacen con las nuevas bases de datos del ENIGH que incorporan la conciliación demográfica realizada por el ENIGH y el CONAPO.

La cifra que aparece entre corchetes es el dato del error estándar.

Fuente: Cálculos propios en base a la metodología del CTMP, el método de Líneas de Pobreza, Micro-simulación Estática y las ENIGHs 2006 y 2008.

a)La pobreza alimentaria se refiere a los hogares cuyo ingreso per cápita es menor al necesario para cubrir las necesidades de alimentación correspondientes a los requerimientos establecidos en la canasta alimentaria INEGI-CEPAL

b)Se refiere a los hogares cuyo ingreso per cápita es menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, salud y educación.

c)Se refiere a los hogares cuyo ingreso per cápita es menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, vestido y calzado, vivienda, salud, transporte público y educación.

d)Según el programa Oportunidades en el año 2006 el monto máximo mensual que se podría asignar a una familia eran $1,855.00 pesos (1.31 SMM), es decir $475.64 por persona mensual; mientras que, en el 2008, este monto eran $2,220.00 pesos (1.46 S.M.), lo que significaba $569.23 pesos por persona al mes.

Datos tomados de las estimaciones hechas por el CONEVAL.

Pero ¿qué ocurrió con la aplicación de Oportunidades? Al respecto en un estudio para Brasil del impacto del programa Bolsa escola, que realiza transferencia monetarias, como Oportunidades, los autores (^{Bourguignon et al., 2003}) encontraron bajo nivel de impacto en la reducción de la pobreza. ¿Contrarrestó Oportunidades el impacto de la crisis? Para responder a los cuestionamientos regresemos a la Tabla 3 (columnas 4.ª y 5.ª). En la misma se observa un incremento en los porcentajes de hogares según el tipo de pobreza una vez que se aplica el Programa. La pobreza alimentaria aumentó 2.8 puntos porcentuales, lo que significa que los hogares que padecían este tipo de pobreza se incrementaron en un 22.3% para el 2008; mientras que, la pobreza de capacidades, aumentó en 3.5 puntos porcentuales, lo cual implicó un incremento de 19.3% en los hogares que vivían este tipo de pobreza de 2006 a 2008. La pobreza de patrimonio aumentó 3.6 puntos porcentuales, por lo que los hogares en tal condición de pobreza se incrementaron en 9.3% para 2008.

Como puede desprenderse de los resultados mostrados, el programa Oportunidades no logró impedir sustancialmente el empobrecimiento de los hogares mexicanos; sin embargo, cabe decir que sí ayudó, si bien es cierto marginalmente, a una mayor reducción de la pobreza alimentaria, no así en la de capacidades y patrimonial, en las cuales su impacto fue de casi 0.

El impacto de Oportunidades

Pese al aumento observado en el porcentaje de hogares según tipo de pobreza (22.3%, 19.3% y 9.3%), en el contexto de la recesión económica internacional y el aumento en precios de los alimentos, el programa Oportunidades muestra cierto impacto al amortiguar de manera marginal la incidencia en los 3 tipos de pobreza. Así, se observa que la aplicación de Oportunidades, si bien no contrarrestó el incremento en los niveles de pobreza, al menos evitó que la proporción de hogares mexicanos en pobreza alimentaria se incrementara en 2.73%, y las familias en pobreza de capacidades en 0.34% durante el periodo 2006-2008. Igualmente, las transferencias monetarias de Oportunidades evitaron que los hogares en pobreza de patrimonio se incrementaran en 0.17% durante el periodo 2006-2008.

El efecto de una política de monto máximo

En caso de que el programa Oportunidades se hubiera aplicado de manera focalizada, pero en lugar de dosificar los apoyos transfiriera el monto máximo a todos los hogares identificados como pobres, es decir, al universo de hogares en pobreza durante el periodo 2002-2006 y que esta modalidad de intervención hubiera tenido continuidad en el 2006-2008, los hogares que padecían los 3 tipos de pobreza habrían presentado un inevitable incremento en el contexto de la recesión económica para 2008; sin embargo, los niveles de pobreza hubieran sido mucho más bajos a los que en realidad se presentan con la política social actual en 2008.

Claro, todo ello bajo el supuesto de que la transferencia del monto máximo se hace de manera eficiente, lo que a su vez implicaría que se minimizan lo errores de inclusión y exclusión en el ejercicio de focalización de la política social. De tal manera, esta modalidad de intervención podría haber puesto al país en la senda de la principal meta del milenio para el 2015: la erradicación de la pobreza extrema y el hambre⁵, incluso el porcentaje de hogares en pobreza de capacidades se hubiera reducido más de la mitad respecto a los niveles de 2002, ya que como se aprecia en la misma Tabla 3 (columnas 6.ª y 7.ª), solo el 5.4% de los hogares mexicanos viviría en pobreza alimentaria, el 9.5% en pobreza de capacidades y el 27.4% en pobreza patrimonial con esta política social para el 2008, a pesar del incremento en el costo de los alimentos y de la crisis financiera global.

Las estimaciones oficiales

De acuerdo a las estimaciones del Coneval (Tabla 3, columna 9.ª), también hubo un incremento en los porcentajes de hogares por tipo de pobreza en el país durante el periodo 2006-2008⁶. Los hogares que vivían en pobreza alimentaria se incrementaron en 34.9%, los que estaban en pobreza de capacidades tuvieron un incremento del 24.8%, mientras que los hogares en pobreza patrimonial se incrementaron en 13.2% para 2008; sin embargo, al comparar la variación porcentual con la situación "sin oportunidades" se puede ver que con las estimaciones oficiales, y pese a las transferencias del programa Oportunidades, los hogares en pobreza alimentaria aumentaron en 9.9%, los hogares en pobreza de capacidades en 5.2% y las familias en pobreza patrimonial en 3.7% durante el periodo 2006-2008.

Dos explicaciones del limitado impacto de Oportunidades en la reducción de la pobreza

¿A qué se debe el reducido impacto de oportunidades? Dos de las explicaciones más consistentes son: a) la insuficiencia de recursos que se dedican al programa; y b) los errores de focalización en la aplicación del mismo. Respecto al primer punto tomamos como referencia el año 2006 cuando el monto total asignado al programa Oportunidades ascendió a casi 33,000 millones de pesos (0.40% del PIB de México).

Para evaluar si los recursos destinados son suficientes, compárense con aquellos que hipotéticamente deberían destinarse al combate a la pobreza, recursos que son estimados de la siguiente manera: CP = (q) (I) (Z), donde CP son los costos económicos para que los hogares puedan superar la condición de pobreza; q , es la cantidad de hogares en pobreza, I es la brecha de pobreza estandarizada y Z la línea de pobreza según el tipo de pobreza. De acuerdo a esta forma de estimación, la magnitud de los recursos requeridos para el combate a la pobreza en el país ascendían a 168,142 millones de pesos -equivalentes al 2.05% del PIB nacional-, los que resultan ser 5 veces mayores a los que la Sedesol asigna al programa Oportunidades, por lo puede resultar que el programa sea excluyente dada la insuficiencia de recursos.

En lo que se refiere al problema de la focalización, los autores ^{Cornia y Stewart (2015)} advierten sobre la existencia de 2 errores en la focalización de la política social: el error de omisión o exclusión de los pobres (error de tipo I) y el error de inclusión de los no pobres (error de tipo II), los cuales se reconoce que existen en la implementación de la política social en el país (^{Boltvinik, 2004}). De acuerdo con ^{Pérez et al., 2010}, el error de exclusión es la proporción de hogares pobres no-beneficiarios respecto al total de la población pobre: representa la sub-cobertura; mientras que el error de inclusión representa la filtración, que es el número de hogares beneficiarios no pobres dividido por la población total de beneficiarios. La tasa de inclusión en la focalización es la relación de los hogares pobres beneficiarios respecto al total de hogares pobres, y la tasa de exclusión es la relación de los hogares no beneficiarios que no son pobres respecto al total de hogares que no están en pobreza.

En términos más específicos, el error de inclusión comprende el porcentaje del total de hogares beneficiarios que no son pobres; mientras que el error de exclusión es el porcentaje de hogares pobres que no son cubiertos por el programa Oportunidades; por lo tanto, para un mejor desempeño en la focalización o selección de hogares beneficiarios del programa se deben minimizar estos errores, lo cual no solo depende de la línea de pobreza y de la forma en que se mide ésta.

Para mostrar que tan real y persistente ha sido este problema, realizamos un análisis de la década que incluye los años previos a la crisis reciente y el de inicios de la misma por medio de la Tabla 4, en el que se muestra al comparar el ejercicio de focalización del programa Oportunidades en los años 2002, 2006 y 2008, tasas de exclusión por encima del 95%, las cuales son muy altas dada la escala del programa y, aunque la tasa de exclusión disminuyó al 91% en el 2006, se observa que hubo un deterioro en términos del error de exclusión o porcentaje de sub-cobertura y la tasa de inclusión en este mismo año, para luego mejorar de manera importante en 2008.

Tabla 4 México. Errores en la focalización del Programa Oportunidades 2002, 2006 y 2008. 

Fuente: Estimaciones propias con base en las ENIGH 2002, 2006 y 2008.

De esta manera, la proporción de hogares pobres no beneficiarios se incrementó a 78.5% para 2006 y luego disminuyó a 68.8% en 2008, lo cual inicialmente se reflejó en una disminución de la tasa de inclusión (21.5%) y luego en un incremento hasta del 31.2% en 2008. Por otra parte, se hace evidente un deterioro sustancial respecto al error de inclusión en la implementación de Oportunidades: el 40.7% de todos los hogares beneficiarios no eran pobres en el año 2006, esta cifra disminuyó a 16.9% para 2008, pero prácticamente representa el doble respecto al error de inclusión de 2002.

Los programas de transferencias monetarias focalizadas se enfrentan a la disyuntiva entre la eficacia (llegar a los pobres) y mejorar la eficiencia (la eliminación de los no pobres). Si un programa concede menos importancia a los errores de inclusión (es decir, en beneficio de los no pobres), tendrá que gastar más dinero para tener el mismo impacto sobre la pobreza como un programa más eficiente. Por el contrario, si un programa concede menos importancia al hecho de llegar a la mayor cantidad de hogares pobres posible, su impacto sobre la pobreza global podrá ser inferior, incluso si es capaz de mejorar su eficiencia (^{Pérez et al., 2010}).

En este sentido, en lo que concierne al país el error de exclusión (68.8%) sigue siendo casi igual que el de 2002, lo cual significa que en realidad se atiende a 31 de cada 100 pobres, por ello la tasa de inclusión (31%) sigue siendo baja en 2008; mientras que el error de inclusión (16.9%) prácticamente se duplicó, lo cual influye en el exiguo impacto de Oportunidades en la reducción de la pobreza en México.

En resumen, en el periodo analizado no se observa una mejora sustancial en la eficacia del programa (cobertura de los pobres), como tampoco en la eficiencia (eliminación de los no pobres), lo que se refleja en un alto error de exclusión o subcobertura de hogares en pobreza y también en un alto error de inclusión o filtración de hogares no pobres en la focalización del programa Oportunidades en el periodo 2002-2008, lo que constituye, de suyo, el error de focalización, un factor que impide al programa operar con la eficiencia y eficacia necesarias para reducir más rápido la pobreza; por lo tanto, en un escenario futuro debe atenderse este problema paralelamente al del aumento de los recursos destinados al Programa, y con ello incrementar las transferencias monetarias a los hogares pobres de México, 2 factores que contribuirán al cumplimiento de las metas del milenio de reducir la pobreza en 2015 a la mitad de la existente en 2000 (^{United Nations, 2000}).

La crisis, el crecimiento económico, la desigualdad y su impacto en la pobreza

El crecimiento económico es un mecanismo que puede ser la base para reducir la pobreza; pero la desigualdad podría aumentar la pobreza. Bajo este escenario, la crisis reduce el crecimiento a cero y deja prácticamente a la desigualdad el papel de actuar sobre la pobreza. Explicamos a continuación cómo se da la relación, y al final mostramos la aplicación para México de cómo la desigualdad pudo haber impactado a la pobreza.

La relación entre pobreza (P), crecimiento económico (G) y desigualdad (I) puede establecerse de manera sencilla (^{Fuentes, 2005}) por medio de una función, que representa la condición necesaria:

(1)

De (1) se desprende fácilmente que la pobreza disminuirá con el crecimiento económico, manteniéndose constante la desigualdad (I); sin embargo, de los estudios del desarrollo basados en ^{Kuznets (1955)} y las experiencias de América Latina hemos aprendido que I no siempre permanece constante en el proceso de desarrollo; por lo tanto su efecto puede ser diverso: a) la pobreza se reduce si al crecer la economía (G) no cambia I , siempre y cuando el valor de I al inicio del proceso de desarrollo sea bajo;b) la pobreza disminuye más rápido si a la par de G baja la desigualdad; c) la pobreza puede aumentar, a pesar de G , si la sensibilidad del cambio de P es mayor a I que al crecimiento económico, de tal suerte que inhiba el efecto de G .

Luego tenemos dos casos extremos: d) la pobreza puede reducirse aunque no haya crecimiento económico o este fuera negativo, si tras una reducción generalizada del ingreso, como ocurre con las crisis, se diera una redistribución desde los grupos más ricos a favor de los pobres y de los grupos de ingreso medios bajos que los mantuviera por encima de la línea de pobreza; y e) caso contrario, la pobreza podría crecer aunque se redujera la desigualdad, pero el ingreso sufriría una caída drástica.

Por lo tanto, dada la complejidad de la relación proveniente de la desigualdad, deberá buscarse su optimización combinando los 3 elementos, tal y como lo contemplan las políticas conocidas como pro-poor (^{Kakwani y Son, 2008}), que permiten maximizar la combinación de los 3 componentes para constituir la condición suficiente:

(2)

Esto es, (2) significa que la mezcla de políticas no solamente busca la reducción de la pobreza, sino su mayor disminución en un período de tiempo, por ejemplo 2000-2015, en el que se planteó la meta del milenio.

El impacto de la desigualdad en la pobreza

Una estimación gruesa de cómo la desigualdad ha propiciado el aumento en la pobreza, basada en (1) y (2), la podemos obtener de la Tabla 5, bajo la hipótesis de que el valor de la desigualdad, medido por el coeficiente de Gini (G), representa la proporción con la que contribuye al nivel de la pobreza, bajo el razonamiento de que si G = 0 el solo crecimiento económico abatiría la pobreza; sin embargo, en la medida que G es diferente de cero, su contribución es creciente a medida que se acerca a 1; es decir, por sí misma, la desigualdad duplica la pobreza cuando adquiere valores G cercanos al 0.5.

Tabla 5 Contribución de la desigualdad a la pobreza. 

Fuente. No. De pobres 1984-1989, CEPAL-INEGI (1993); propia: 2005 y 2010, ^{Coneval (2009 y 2011)} ; 2008, World para 1992-2006, ^{Coneval (2009)}; Gini 1984-2002 estimación Bank, 2006 y ^{Tello (2010), p. 274}.

De la Tabla 5 se desprende claramente cómo en la medida en que se incrementó la desigualdad entre 1984 y el 2000 la pobreza alcanzó altos niveles que superaron los 50 millones. Si bien es necesario reconocer que la falta de crecimiento entre 1984 y 1996 contribuyó también a esos niveles. Lo que debe quedar claro es que el efecto negativo de la desigualdad en el bienestar, señalado páginas arriba, particularmente cuando producto de la crisis no hay crecimiento económico, se constituye en un factor que contribuye, a su vez, al empobrecimiento de la población, y que por lo tanto debe ser objeto de la política social (^{Bracamontes et al., 2012}) implementar medidas para su reducción de manera sistemática muy por debajo de G = 0.5, consolidando los programas como Oportunidades.