INTRODUCCIÓN

El movimiento prohibicionista contra las drogas fue impulsado por los reformadores protestantes estadunidenses a finales del siglo XIX y principios del XX. Este se dio en un contexto complicado debido a las consecuencias sociales negativas resultado de la revolución industrial en Estados Unidos. La migración masiva y el crecimiento desbordado de las ciudades incrementaron la pobreza y el alcoholismo, empeorando las condiciones de vida de las clases populares. Tales fenómenos orillaron a iglesias y a grupos protestantes a plantear soluciones a estos problemas y de ello surgió el llamado Social Gospel. Este vigoroso movimiento evangélico de reforma moral con rasgos milenaristas buscaba la salvación de la sociedad en su conjunto, en la convicción de que, para ello, era fundamental eliminar el consumo de alcohol y drogas, vicios que de acuerdo con su visión representaban grandes males de la humanidad (^{Autrique, 2019}).

Los grupos y las iglesias protestantes impulsaron con fuerza el movimiento a favor de la prohibición del alcohol, que culminó en 1920 con la promulgación de la Enmienda XVIII a la Constitución de Estados Unidos, tras lo cual orientaron su lucha contra las drogas. Ambos movimientos fueron llevados más allá de sus fronteras y, en el caso de las drogas, se logró establecer su visión a nivel global, al aprovecharse el contexto político y económico que favoreció la hegemonía estadunidense al término de la primera gran guerra.

En este contexto es fundamental analizar la visión, el discurso y los objetivos del control de las drogas de los reformadores morales estadunidenses, con el propósito de identificar convergencias entre sus intereses y los de la industria farmacéutica, particularmente en referencia a los del reformador Richmond Hobson y a los del empresario Josiah K. Lilly, presidente del laboratorio Eli Lilly & Company (1898-1932). Se analizará su colaboración e influencia vinculada con el gobierno de Estados Unidos, en la etapa de construcción del sistema prohibicionista de las drogas que en esos años se estaba forjando en los distintos foros nacionales e internacionales.

El sistema regulatorio que dividió el mercado de las drogas en lícitas e ilícitas con base en su uso de acuerdo con ciertos criterios, sin duda ha generado desventajas para muchos países y no ha logrado eliminar la producción y el consumo de las drogas en el mundo, como se propuso en las distintas Convenciones de Estupefacientes de la Liga de Naciones y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tampoco se ha logrado el objetivo de asegurar el derecho humano de acceso a la salud. De suerte que el régimen prohibicionista de las drogas no ha mejorado las condiciones de vida de la humanidad y tampoco la ha “salvado de este mal”, como buscaban los reformadores morales estadunidenses. En cambio, ha generado enormes beneficios económicos a la industria farmacéutica en los países que conforman el Norte global, en detrimento de la salud y el bienestar de la mayor parte de la población del mundo.

ENTRADA EN MATERIA

En las primeras décadas del siglo XX se empezaron a establecer las bases de la regulación global de las drogas, proceso en el que desempeñaron un papel central los reformadores morales, las iglesias y los grupos protestantes de la sociedad civil y, asimismo, las empresas farmacéuticas de Estados Unidos. Los protestantes lograron imponer mediante intensas campañas a escala nacional y mundial el enfoque punitivo en relación con las sustancias psicotrópicas, mismo que desde entonces ha predominado en las convenciones internacionales.¹

Esos grupos reclamaron la intervención del Estado en la regulación del mercado de las drogas y del comportamiento de los consumidores, al tiempo que su activismo contribuyó a la formación del régimen regulatorio característico de la sociedad de consumo moderna que surgió en la época. También entonces comenzaron a multiplicarse de manera importante los fabricantes de medicamentos que, de pequeñas plantas, se convirtieron en grandes empresas, como los casos de Parke Davis, en Detroit (1866); el de Shering & Glatz, en Nueva York (1867); y el de Eli Lilly, en Indianápolis (1876); crecimiento que fue posible en virtud de la dinámica de la industrialización que incrementó el número de productos en el mercado y que disminuyó los costos de producción y los precios de bienes manufacturados (^{Gabriel, 2010}).

Los participantes en el proceso de legislación de las drogas se proponían el bienestar de la sociedad, pero también -y sobre todo- consolidar sus propios intereses, por lo que la industria farmacéutica, los médicos y farmacéuticos participaron activamente en él a través de sus organizaciones, entre ellas la American Medical Association (AMA, 1847) y la American Pharmaceutical Association (APA, 1852); proceso en el que también intervino la Food and Drug Administration (FDA, 1906), en su calidad de agencia gubernamental (^{Musto, 1999, pp. 1-23}).

Estas asociaciones de profesionales y los grupos de reformadores morales protagonizaron distintos tipos de iniciativas en relación con la problemática de los psicotrópicos. Por una parte, los activistas protestantes se sirvieron de la propaganda para infundir miedo a los adictos y minorías usuarias de drogas, en su propósito de justificar e impulsar la legislación prohibicionista y punitiva. Por otra, la AMA se propuso promover una medicina ética y científica y la APA se planteó la profesionalización de sus miembros mediante la certificación de capacidades. El esfuerzo común se orientó a controlar la venta de fármacos, con el fin de contener a las llamadas propietary medicines, remedios con fórmulas secretas o de autor que recurrían a la publicidad para su venta, misma que se llevaba a cabo en lugares diversos: en farmacias, supermercados o, incluso, a través del correo (^{Musto, 1999, pp. 3, 9-13}; ^{Escohotado, 1989, pp. 130-131}).

Los principales opositores a las medicinas de autor fueron las farmacéuticas y los boticarios y médicos que empezaron a abogar por que se transparentaran los ingredientes utilizados en la elaboración de los remedios y de otros productos, entre ellos bebidas, aunque muchas veces no eran muy distintos ni menos tóxicos que los medicamentos de laboratorio. En realidad, la pugna tenía lugar por el control de la venta de fármacos con psicotrópicos y por definir qué gremio quedaría autorizado para venderlos.

Los farmacéuticos y los médicos se dividieron entre quienes asumían una visión liberal y los que no. Los primeros sostenían que el consumidor debía ser informado para decidir libremente lo que habría de consumir, y en consecuencia abogaban por una legislación que se limitara a transparentar los ingredientes de los medicamentos. Para ello se fundó la FDA, agencia gubernamental encabezada por Harvey W. Wiley, que se encargaría del etiquetado necesario para informar a los consumidores, pero sobre todo para controlar a los médicos y boticarios, a quienes se exigió indicar sobre el contenido y la cantidad de psicotrópicos utilizados en sus medicamentos, como opio, cocaína o marihuana.² Además, a partir de 1908 se decidió que estos sólo podían venderse por prescripción médica y en farmacias.

En cambio, el otro grupo asumía una postura no liberal y opinaba que las drogas psicotrópicas debían estar restringidas y ser controladas por el Estado, de manera que su consumo debía ser permitido exclusivamente para usos médicos y supervisado por doctores y farmacéuticos. Al final, predominaría tal criterio y, además, las asociaciones de médicos y farmacéuticos acabaron por aceptar la visión y la propaganda de los reformadores morales sobre la amenaza social que, a decir suyo, representaban los psicotrópicos y, por tanto, sobre la necesidad de la intervención del Estado en su prohibición, excepto para usos médicos y científicos.³

LOS REFORMADORES MORALES Y EL MOVIMIENTO CONTRA LAS DROGAS

Los reformadores protestantes estadunidenses participaron en la construcción del andamiaje prohibicionista de las drogas a escala mundial. Desde finales del siglo XIX, estos grupos formaron organizaciones nacionales que, junto con las iglesias protestantes, se dedicaron a combatir los vicios de la sociedad, logrando conformar primeramente un movimiento nacional y global contra el alcohol y luego otro mundial contra las drogas.⁴ Los esfuerzos fueron exitosos a pesar de que sus campañas de propaganda se basaron más en premisas morales que en datos científicos o en estadísticas confiables.

Se hablará de tres personajes centrales en este movimiento contra las drogas y su legislación a nivel mundial, el reverendo Charles Brent, el doctor Hamilton Wright y el Capitán Richmond Hobson, a quien se analizará con más detalle.

Desde 1902 Brent estuvo al frente de la Iglesia Episcopal en Filipinas, amigo de Theodore Roosevelt (1901-1909) quien, por su experiencia en la región, le encargó coordinar la campaña contra el opio. El reverendo consideraba que Estados Unidos debía imponer su liderazgo en Asia -particularmente en China-, desplazando a los colonizadores europeos y posicionando a su país como un imperio moral con valores humanitarios para ser propagados e impuestos en el mundo. Brent consideraba que las drogas eran nocivas y que “esclavizaban” al hombre y que por ello su consumo no debía permitirse, excepto para fines médicos. Con esta visión se fundó en 1909 la Convención contra el Opio en Shanghái, con Estados Unidos como líder del nuevo movimiento multilateral y en alianza con China. Este sería el primer caso de cooperación abierta entre el gobierno estadunidense y los reformadores y las iglesias protestantes.

El doctor Hamilton Wright ejerció gran influencia entre los reformadores evangélicos, apoyado por el poderoso secretario de Estado y candidato presidencial William Jennings Bryan.⁵ Junto con Brent, Wright estuvo a cargo de las Convenciones Internacionales contra el Opio y fue el principal cabildero de los cambios legislativos en Estados Unidos, con el fin de restringir el uso no médico de las drogas.⁶

En opinión de los reformadores morales, el mal de las drogas debía contenerse en el exterior mediante la eliminación de las fuentes de producción, argumento que acabó por aceptar el gobierno de Theodore Roosevelt. Así la Convención de Shanghái propuso la supresión gradual del cultivo del opio, que las naciones no lo exportaran a países cuyas leyes prohibieran su importación, y que las exportaciones de opio, cocaína y morfina sólo fueran destinadas para fines médicos. Posteriormente, en 1912 la Convención de Opio de La Haya estableció el control de la producción y de la distribución de los estupefacientes (opio, morfina, heroína y cocaína) exclusivamente para usos médicos y legítimos, y que las naciones emitieran legislación para castigar la posesión ilegal del opio en bruto, opio preparado, morfina, cocaína y sus sales (^{Escohotado, 1989, pp. 237 y 248}; ^{Musto, 1999, pp. 51-53}).⁷

Los acuerdos internacionales obligaron a Estados Unidos a alinear su legislación sobre las condiciones de elaboración, distribución, venta y consumo de las drogas y sería el Departamento de Estado quien encabezaría esta negociación. En este proceso de definición las organizaciones de reformadores morales y las iglesias protestantes alzaron la voz con el fin de imponer su criterio, aunque en él también participaron de manera activa las asociaciones médicas y de boticarios, y la industria farmacéutica. Los reformadores influyeron en la clasificación de psicotrópicos y en el consumo que se aceptaría como legal y en el que se clasificaría como ilegal. Asimismo, intervinieron en el establecimiento de las cantidades de opio, morfina, cocaína y marihuana que podrían ser utilizadas en la elaboración de los medicamentos. Es decir, impusieron la división de las drogas en dos mercados: por una parte, el de “medicamentos” (psicofármacos) o drogas lícitas, producidas en laboratorios y controladas por el gremio médico y farmacéutico, que el historiador David Herzberg llama “mercados blancos” y que están dirigidos a las necesidades de salud de las clases medias y altas; y, por otra, el de las drogas ilícitas, que eran las que sobre todo consumían las clases populares, con menor acceso a los servicios formales de salud (^{Herzberg, 2020, pp. 13-45}).

Esta división del mercado en drogas legales e ilegales fue resultado de un proceso de construcción en donde la semántica desempeñó un papel central para influir en la percepción y finalmente en la cultura sobre las drogas. En consecuencia, se distinguirían las “drogas” de los “medicamentos”, las ilícitas y los lícitos, dependiendo de los canales de producción, transformación, comercialización y uso. A partir de esa época habría empresas farmacéuticas “éticas” que serían las autorizadas para comprar y transformar las materias primas con psicotrópicos destinadas para el uso médico, único que se consideraría como aceptable para la sociedad civilizada. Es decir, se construyó una semántica de acuerdo a quién producía y consumía los psicotrópicos, los medicamentos eran para usos médicos, mientras que el uso de las drogas, utilizadas históricamente en la medicina tradicional, en contextos religiosos o recreacionales, se convirtieron en ilegítimas e inmorales. Este movimiento fue encabezado por los reformadores protestantes y Hobson es un ejemplo ilustrativo, como se explicará más adelante.

La regulación culminó en 1914 con la aprobación de la Harrison Narcotics Tax Act, que estableció un régimen de impuestos sobre las drogas y la restricción del uso del opio, la morfina y la cocaína para usos médicos, y consolidó el camino hacia la prohibición de las drogas en el caso de otros usos. Como parte del proceso de negociación, en 1909, 1913 y 1914 los departamentos del Tesoro y de Estado sostuvieron conferencias consultivas con la industria farmacéutica, lo que apunta su activa participación. Paul Gootenberg describe dicho proceso como una transacción de negocios (a business like give-and-take relationship) entre los ejecutivos de las farmacéuticas y los funcionarios públicos (^{Gootenberg, 2008, p. 197}). Aprobada ya la Ley Harrison, las partes sostuvieron otras reuniones en 1917 y 1922. Cabe mencionar que esta ley fue promulgada sin dificultad ni polémica en los medios, en mucho debido a que durante los debates legislativos se logró la colaboración de la industria. Al final, las farmacéuticas se comprometieron a ser escrupulosas en materia de importación de sustancias psicoactivas y producción de psicofármacos, para evitar que estos se desviaran hacia el mercado ilegal.⁸

La política exterior de Estados Unidos respecto a las drogas fue complicada. La decisión del gobierno de no participar en la Liga de Naciones representó un reto para influir en la política global de los estupefacientes que, por su iniciativa, se estaba discutiendo en la Comisión de Opio de la Liga y la Convención de Ginebra (1925-1928). El senador Stephen Porter, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso, se opuso a que su país participara -de manera formal- en estos foros, por lo que Estados Unidos envió “consejeros”.⁹ Con todo, el gobierno de Calvin Coolidge (1923-1929) estaba convencido de que era importante impulsar su postura para contener el tráfico de drogas y prohibir la producción en el lugar de origen, por lo que debió flexibilizar su posición frente a la Convención de Ginebra.

En consecuencia, en 1928 el Departamento del Tesoro decidió colaborar y envió información estadística sobre la producción y la importación de psicotrópicos como requerían las Convenciones; y asimismo a la Conferencia de 1930 en Ginebra, se envió una delegación encabezada por John Caldwell, cuyo objetivo era establecer medidas para limitar la producción mundial de drogas.¹⁰

También propusieron que se controlara la producción de las materias primas y sus derivados y con ello su oferta, en contra de la idea de prohibir con base en una lista específica de psicofármacos, pues siempre habría nuevos que añadir. Asimismo, sostuvieron que limitar la producción de plantas psicotrópicas como el opio “no afectaría económicamente a los países productores”, afirmación que hoy en día continúa siendo muy controversial.¹¹ En suma, la participación de Estados Unidos en este foro internacional le permitió retomar el liderazgo mundial del movimiento contra las drogas (^{Walker, 1989, pp. 60-71}).

RICHMOND HOBSON Y LA CAMPAÑA CONTRA LAS DROGAS

La postura ambivalente del gobierno estadunidense ante la Liga de Naciones no contuvo el activismo de sus reformadores en Europa, ya que, por el contrario, aprovecharon la posición hegemónica de Estados Unidos tras la gran guerra.¹² De hecho, las negociaciones de paz representaron para ellos una nueva oportunidad, de intensificar la lucha contra las drogas a escala mundial. En esta etapa destacó Richmond Hobson, quien consideraba que, además de ocuparse de la seguridad colectiva, la Liga de Naciones debía defender la moral de la humanidad. Con este objetivo, los reformadores convencieron a Gran Bretaña y, como resultado de ello, lograron sumar la Convención de Opio de La Haya al Tratado de Versalles bajo la sección 295, de suerte que la cooperación en el tema de las drogas se consolidó; los firmantes tendrían que aceptarla y la administración de la Convención quedó bajo la responsabilidad de la Liga de Naciones (^{Collins, 1919, p. 369}).

El Capitán Hobson fue un personaje polémico, con mucha iniciativa, que destacó entre los reformadores morales en Estados Unidos.¹³ Miembro del Partido Demócrata e impulsor importante de la Prohibición del alcohol en el país, participó activamente como conferencista de la poderosa Liga Anti-cantinas y, después de 1920, ya con la Prohibición del alcohol establecida en la Constitución, dirigió su activismo hacia las drogas, batalla que llevó al exterior, pues consideraba que su uso representaba un “mal para la humanidad”.¹⁴

La visión, las actividades y el discurso de Hobson son representativos del debate que sobre las drogas y la adicción tuvo lugar en esa época en Estados Unidos y que aún predomina. En esa polémica, por una parte participaba un reducido grupo de médicos y funcionarios públicos representados por el doctor Lawrence Kolb, Surgeon General que encabezaba los Servicios de Salud Pública, grupo que pretendía atender la problemática de las drogas con una mayor objetividad y metodologías basadas en la ciencia. El grupo abogaba por cierta tolerancia hacia el consumo de los adictos y consideraba que la adicción era una enfermedad que debía ser tratada por médicos. Asimismo, reconocía la necesidad de mejorar los estándares profesionales y éticos de los médicos y farmacéuticos y señalaba que la prohibición total sería un fracaso.

Por otra parte, los reformadores morales como Hobson se proponían a toda costa la eliminación de las drogas del mundo, para lo cual recurrían a una propaganda alarmista, al exagerar la dimensión del problema del consumo y las adicciones e intentar construir una imagen del adicto que generara miedo para justificar su propósito de legislar en un sentido punitivo contra los consumidores (^{Musto, 1999, pp. 10-11}). En el mismo sentido, sus ideas reflejaban un matiz racista al tratar de convencer que era fundado temerles a los chinos y a los negros, consumidores de opio y cocaína, respectivamente, y más tarde a los mexicanos, asociados al consumo de la marihuana. Hobson y su grupo distorsionaban la realidad de esta manera, con el propósito de demostrar la necesidad de legislar con base en premisas morales más que en datos objetivos y científicos.¹⁵ Los reformadores consideraban el consumo de drogas para usos no médicos como un problema social que debía resolverse mediante la prohibición y la limitación de su comercio; de hecho estaban convencidos que eliminar el cultivo de las plantas con sustancias psicotrópicas (es decir, la oferta) en los países de origen, terminaría con el problema de las drogas en el mundo (^{Musto, 1999, pp. 11, 198}; ^{Rosenfeld, 2001, p. 213}).

Así, pues, los protestantes se dedicaron a presentar el consumo de las drogas como una amenaza creciente para la humanidad y sobre todo para Estados Unidos, asociando la adicción al crimen y a la decadencia moral, y señalando como principales y proclives consumidores a los pertenecientes a pueblos o razas que consideraban “menos civilizados”, como los chinos, los europeos del sur y del este, los judíos y los católicos.

En 1923 Hobson fundó la International Narcotic Education Association (INEA) en Los Ángeles, California, para promover estas ideas y educar a los estadunidenses sobre el peligro del consumo y la adicción a las drogas. En 1924 desató un debate entre los expertos médicos y funcionarios de gobierno por la publicación del panfleto The peril of narcotic drug addiction, ilustrativo de las posturas contrarias que sostenían los grupos ya mencionados, uno encabezado por el doctor Kolb y el otro por el propio Hobson y los reformadores. En el panfleto Hobson recurre a explicaciones pseudocientíficas y a estadísticas inconsistentes sobre las drogas y la adicción en Estados Unidos. Kolb criticó duramente su metodología y aproximación al problema de las adicciones, mientras que Hobson acusaba al médico de “simpatizar con los adictos” y oponerse a que se les retiraran los “narcóticos”, porque, a decir suyo, Kolb no creía que estos causaran “deterioro moral”.¹⁶ Hobson distorsionaba lo que el médico sostenía, en el sentido de que “los narcóticos tenían efectos que deterioraban y por ello su uso debía restringirse”, pero a discreción médica.¹⁷

Con apoyo del senador Arthur Capper, Hobson cabildeó para que el Congreso imprimiera 50 000 000 de ejemplares de su panfleto, a lo que el doctor Kolb se opuso con determinación, señalando que el gobierno no debía gastar recursos en un documento escrito por alguien que no era científico, y que, en cambio, era “deshonesto”, además de que los datos y la metodología educativa utilizados en su formulación eran cuestionables. Un ejemplo de ello radicaba en el hecho de que sin fundamento alguno Hobson afirmaba que una onza de heroína generaba 2 000 adictos en una semana; que en Nueva York había “17 mil niños en edad escolar adictos a la heroína; y que el número de adictos [en el estado] era de 200 mil; datos que fueron refutados por el Comisionado de la Policía de Nueva York, quien aseguró que no había registro alguno de menores de edad “adictos a la heroína”, como señalaba Hobson, y que el número de adictos era una “cifra ridícula”.¹⁸

Kolb explicaba que el capitán exageraba el problema de las drogas y la adicción en el país, que a decir de Hobson suponía la existencia de “cuatro millones a un millón de adictos” y que Estados Unidos era la nación con el mayor número en el mundo, cifras que distaban radicalmente de los 150 000 adictos planteados por el National Health Service.¹⁹ En opinión de Kolb, las exageraciones del capitán respondían al objetivo de recaudar 1 000 000 de dólares para su asociación, la INEA. Otros funcionarios federales también criticaban las actividades de la Asociación, como Andrew Mellon, secretario del Departamento del Tesoro, quien señaló que “Hobson no [entiende] lo que sostienen los expertos del gobierno sobre los adictos y las drogas”, y calificó su artículo como “inexacto”.²⁰

Kolb y otros especialistas reprobaban el programa educativo de la Asociación por su “tono alarmista” en relación con muchas afirmaciones; por ejemplo, que los adictos trataban de meter droga en los dulces y alimentos de los niños, lo que, en opinión de Kolb, lo único que lograba era “asustarlos” con historias inventadas, pues no había nada que comprobara estos supuestos hechos. Kolb insistió en que el panfleto estaba “repleto de errores” y que sería desafortunado que el Congreso lo publicara.²¹ Cabe mencionar que, con el apoyo de la Universidad de Columbia, Hobson y su asociación publicaron un libro de texto para la “educación narcótica” con este tipo de ideas, mismo que se distribuyó entre maestros de escuelas y que también fue causa de críticas por parte de los expertos (^{Rosenfeld, 2001, p. 208}).

La INEA organizó dos conferencias mundiales encabezadas por el capitán: en 1926, en Filadelfia, y en 1927, en Nueva York (World Conference on Narcotic Education). En la primera de ellas, México envió a un representante, el cónsul Basilio Bulnes;²² participaron organizaciones como la Cruz Roja Americana, la American Legion, los clubes Rotarios Internacionales, las universidades de Brown y de Cornell, la Sociedad Química Americana, entre otras, aunque “no asistieron más de cincuenta personas en cada uno de los distintos comités”.²³ La conferencia fue muy debatida, pues como ya se describió, había desacuerdos importantes entre las agencias del gobierno y las actividades de la INEA, razón por la que el gobierno no participó en la conferencia.²⁴ Para Kolb y otros, en la oficina de Narcóticos del Departamento del Tesoro, Hobson era un charlatán que manipulaba datos con el propósito de servir a sus propios fines de propaganda, y que, a pesar de los señalamientos que se le formularan con respecto a sus errores, se negaba a corregirlos. Al respecto, un editorialista del Journal of American Medical Association señaló que parecía que la INEA “requería de información y educación antes de postularse como [maestra] del mundo”.²⁵

Sin embargo, las críticas no detuvieron los planes de Hobson ni modificaron su perspectiva. En la conferencia de Nueva York se fundó una segunda organización consagrada a la lucha contra el consumo de drogas: la World Narcotics Defense Association (WNDA), con oficinas en Nueva York y en Ginebra, ciudad sede de la Conferencia Internacional del Opio y, por tanto, lugar estratégico para cabildear e influir en la política mundial sobre las drogas.²⁶ Al igual que la INEA, la WNDA también sería una organización sin fines de lucro, con la misión de combatir la “adicción a los narcóticos” para “inmunizar al mundo” contra esta “amenaza racial universal”.²⁷ Su trabajo sería organizar y dirigir la educación con respecto a los narcóticos para influir en la opinión pública en Europa y en Estados Unidos y facilitar los “procesos de salvación” espiritual y, asimismo, orientar esfuerzos para homologar las leyes antinarcóticos de los estados y promover la hospitalización de los adictos (^{Rosenfeld, 2001, p. 212}). En el cumplimiento de sus tareas, la asociación contaba con el apoyo de grupos de activistas de la lucha contra el alcohol y las drogas, como la WCTU.²⁸

Como parte de sus iniciativas, Hobson propuso la construcción de un hospital para adictos en la ciudad de Nueva York. También en febrero de 1928 llevó a cabo la Semana de Educación Narcótica -difundida en la prensa y en la radio-, ya que argumentaba la necesidad de promover “urgentemente” dicha educación por el deterioro social causado por el consumo de drogas, pues según él, “50 mil niñas desaparecían anualmente en el camino de las drogas”, por lo que era fundamental destruir las fuentes de la oferta (^{Rosenfeld, 2001, p. 213}).

En su afán de que la lucha contra las drogas se extendiera a escala global, Hobson propuso que el gobierno de Herbert Hoover (1929-1933) involucrara a la Liga de Naciones en una conferencia mundial sobre “educación narcótica”. La colaboración del gobierno con la INEA conflictuaba a los funcionarios públicos, pues como se le explicaba a Hobson, estos no podían participar en una organización privada.²⁹ En 1930 el capitán organizó un “grupo auxiliar” en Ginebra -el Geneva Center for International Relations- para coordinar los esfuerzos contra el contrabando de drogas; centro financiado por la WNDA, del que varias naciones fueran asociadas.³⁰

En el verano de 1931 Hobson de nuevo mostró su liderazgo y organizó su conferencia en Ginebra, a la que, según él, habrían asistido “muchos delegados” de la Liga; conferencia que tuvo lugar paralelamente a la Conferencia Internacional del Opio, en la que 57 países firmaron la Comisión para Limitar la Producción y Regulación de la Distribución de las Drogas Narcóticas. Hobson expresó que era difícil saber en qué grado había influido la asociación que él encabezaba en los resultados de dicha Comisión, pero en su perspectiva el trabajo realizado había ejercido presión en los delegados oficiales. En todo caso, cuando el tratado se formalizó en 1933, el presidente Franklin D. Roosevelt felicitó al capitán Hobson por su “contribución a [ese] gran logro”; reconocimiento que con claridad indicaba que el gobierno se había alineado con la postura de los reformadores, misma que había triunfado en Estados Unidos y en el resto del mundo (^{Rosenfeld, 2001, pp. 215-216}; ^{Tyrrell, 2010, p. 232}).

El interés y las actividades de Hobson en el exterior se reorientaron hacia Corea y China, pues de acuerdo con su percepción, en esos países radicaba la “siguiente amenaza”. Su última batalla en Estados Unidos consistió en cabildear a favor de una ley que armonizara las distintas legislaciones estatales: la Uniform Narcotic Act, aprobada en 1936. Hobson murió unos meses después, en marzo de 1937.

BREVE HISTORIA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN ESTADOS UNIDOS

La industria farmacéutica de Estados Unidos empezó a desarrollarse durante la guerra civil (1861-1865) en respuesta a la falta de medicamentos, pues la gran mayoría se importaba de Gran Bretaña. En ese contexto se fundó en Pensilvania el primer laboratorio de producción de medicamentos a gran escala, a iniciativa del Ejército Continental. Antes de la guerra existían laboratorios pequeños, por ejemplo, Powers and Weightman (1818) o Rosengarten & Sons (1822), que producían sulfato de quinina y que en 1927 se fusionaron, adquiridos por Merck & Company. Otro laboratorio importante fue Edward Squibb (1858), que producía éter y cloroformo (^{McCarthy, 2016}).

La producción de medicinas de patente (proprietary medicines) se inició en el siglo XIX mediante la elaboración de fórmulas compuestas por alcohol, agua y saborizante y cuya venta dependía de la publicidad y no estaba exclusivamente reservada a las farmacias. En contraste con estas, estaban las drogas producidas por las farmacéuticas “éticas”, como Sharp and Dohme (1860), Burroughs, Wellcome & Company (1863), Davis & Company (1866), Lloyd (1870), Parke, Smith Kline and Company (1875), Eli Lilly & Company (1876) y Seabury & Johnson (1885). Pero en Estados Unidos la investigación en esta industria inició su franco desarrollo tras la gran guerra, y no sería sino después de la segunda guerra mundial que surgiría la llamada big pharma; es decir, la consolidación de la industria farmacéutica nacional como resultado de la cooperación de los laboratorios, gobierno y universidades.

En la época progresista de los reformadores morales dio inicio la práctica de que las empresas solicitaran la intervención del Estado para que este estableciera medidas que propiciaran la estabilización de la economía y la generación de condiciones sociales favorables, con el fin de poder maximizar las ganancias en un entorno más predecible.³¹ En tal contexto, las demandas de los activistas para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, por una parte y, por otra, los intereses de la industria, encontraron recepción en distintos gobiernos. Un ejemplo de ello remite al hecho de que el presidente Theodore Roosevelt se propuso defender el bienestar público por encima de los intereses de las grandes corporaciones, lo cual llevó a cabo con la participación activa de la industria. Pero Roosevelt no sería en tal sentido la excepción, pues los gobiernos de Taft, Wilson y Harding, también colaboraron con la industria farmacéutica y las asociaciones profesionales para impulsar sus intereses, mismos que serían plasmados en la política exterior y en el sistema prohibicionista de las drogas de Estados Unidos y del mundo.

Como ya se ha señalado, durante el proceso de construcción de la legislación de las drogas el gobierno y las farmacéuticas sostuvieron varias reuniones consultivas.³² De hecho, desde 1909 las empresas compartieron información sobre sus actividades comerciales con los departamentos del Tesoro y de Estado para establecer las bases del sistema normativo para la producción y la venta de los psicofármacos, así como la clasificación y la prohibición de las drogas ilegales, por lo que el gobierno y los empresarios definieron las cuotas de importación de los distintos psicotrópicos, así como las medidas para su control (^{Gootenberg, 2008, pp. 194-197}).

Como a continuación se evidenciará, en este proceso los empresarios y las asociaciones profesionales aceptaron la postura de los reformadores morales, que calificaban el consumo de drogas como un mal social y asignaban la responsabilidad de ese mal a grupos raciales minoritarios y a consumidores recreativos, a los que se estigmatizaba como criminales.

RICHMOND HOBSON Y JOSIAH K. LILLY. INTERCAMBIO EPISTOLAR

El fundador de los laboratorios Eli Lilly and Company (1876) fue el coronel Eli Lilly, metodista y veterano de la guerra civil. Como solía suceder en la época, la empresa de Indianápolis era un negocio familiar tradicional en el que las medicinas se producían a mano, a base de plantas y alcohol. Los extractos, jarabes y elixires se presentaban en forma de pastillas azucaradas y jarabes embotellados que se vendían al mayoreo en Indianápolis. Lilly fue secretario de la Asociación Farmacéutica Americana y estaba a favor del etiquetado y de transparentar los ingredientes contenidos en los medicamentos.³³

La modernización y expansión transnacional de la empresa comenzó en 1907 bajo la dirección de Josiah K. Lilly, hijo del fundador, y la participación de sus hijos Eli jr. y Josiah jr.³⁴ Eli jr. se graduó del Colegio de Farmacéutica de Filadelfia con la tesis “The comparative physiological effects of several varieties of cannabis sativa”. Eli buscó transformar la manufactura de remedios caseros a medicamentos basados en investigación científica y se encargó de introducir muchos de los cambios en los procesos de producción del laboratorio.³⁵ En 1912 la farmacéutica estableció una granja de marihuana llamada Lilly Farms, en Greenfield, Indiana, donde Eli experimentó producir cannabis con propiedades similares a la indica, logrando cultivar con éxito cannabis sativa. También adquirieron otra granja de cannabis en Ohio, la Conner Prairie. En 1935 el laboratorio vendía 23 medicamentos con cannabis sativa a precios menores que la indica.³⁶

En 1919 la empresa comenzó a trabajar en conjunto con investigadores y universidades; el primer investigador fue George Henry Alexander, quien estudió bioquímica en Alemania y posteriormente colaboraron con investigadores de la Universidad de Toronto, lo que los llevó a descubrir la insulina para tratar la diabetes, un parteaguas en la historia médica. Otros descubrimientos fueron medicamentos con efedrina, barbitúricos (Amytal y Tuinal) y la variante procaína penicilina. Los avances fueron tales que en 1926 Lilly and Company se consideraba la tercera farmacéutica más grande del mundo, y para 1930 la empresa era una corporación moderna, con procesos de producción mecanizados y de larga escala.³⁷

Analizar la relación de Richmond Hobson con el farmacéutico Josiah K. Lilly es central para tratar de identificar la colaboración de farmacéuticos con los reformadores protestantes influyentes como Hobson, y su apoyo a la división del mercado de las drogas en lícitas e ilícitas. A Lilly le convenía que se prohibiera a otros países cultivar, por ejemplo, cannabis, pues esto le daba el control de la producción de este psicotrópico para sus medicamentos legales y le quitaba competencia del exterior. De ahí que resultaba congruente con sus intereses económicos apoyar el sistema prohibicionista de las drogas que impulsó Estados Unidos desde principios del siglo XX.

Cabe destacar que Hobson sostenía una relación de trabajo y respeto con Josiah K. Lilly, el presidente del laboratorio. En sus comunicaciones se refleja una confianza recíproca y se evidencia la consulta de temas científicos en relación con las propiedades de sustancias químicas, lo mismo que el abordaje de aspectos relacionados con el control y la regulación de las drogas.³⁸ Además, durante varios años Hobson recibió apoyo financiero de Lilly, por un monto de 1 000 dólares anuales para la INEA, y también hizo contribuciones económicas a la WNDA. El reformador apreciaba el “poderoso apoyo” que el empresario ofrecía a su “difícil tarea”.³⁹

Es posible confirmar que Lilly trató de promover las actividades de los reformadores y de la INEA entre los farmacéuticos; en tal sentido intentó convencer a George Merck, presidente de los laboratorios Merck, con el fin de que se involucrara con el “movimiento global”⁴⁰ impulsado por Hobson, tras explicarle que el objetivo de este, era “divorciar el uso legítimo de los narcóticos, del ilegítimo y dañino”, y que la “cooperación de empresas como las suyas”, dedicadas a “proveer narcóticos para usos médicos, sería tremendamente positiva”. De hecho, Lilly intentó que Hobson y Merck se conocieran personalmente, al tiempo que le explicara a este último la importancia de Hobson en relación con las actividades que desarrollaba su empresa, pues lo mantenía bien informado sobre el tema de las drogas, además de que simpatizaba con el trabajo y con el “deber ético” de ambos laboratorios.⁴¹ Merck respondió a Lilly que conocía bien el movimiento de Hobson, pues seguía “con mucho interés las actividades de su asociación”.⁴²

En un inicio los reformadores criticaron a las farmacéuticas por su codicia y ambición, así como por la promoción del uso de la cocaína, aunque después estas cambiaron de estrategia, ya que los fabricantes de la droga y sus cabilderos se sumaron a las campañas anticocaína encabezadas por los activistas morales con el objetivo de “limpiar su imagen”; lo que asimismo facilitó a la FDA el trabajo de limitar los productos derivados de la hoja de coca (^{Gootenberg, 2008, p. 194}). En cuanto al uso de la cocaína, Lilly comentó a Hobson que los mayores consumidores de hojas de coca en el mundo era “la gente de CocaCola” -en uso no medicinal-, misma que, según Lilly, era “la única que la importaba en Estados Unidos”, con el fin de utilizar la cocaína en la elaboración de un extracto que añadían a su refresco; ello se hacía en la planta de Nueva Jersey y se distribuía a las distintas sucursales en el país, en la comprensión de que el alcaloide restante se “[vertía] al drenaje”. En su intercambio epistolar con Hobson, Lilly concluía que en Estados Unidos el uso de la cocaína para fines médicos no había aumentado y que “posiblemente había disminuido”.⁴³ Asimismo se sabe que Lilly invirtió recursos en una investigación para tratar de producir un anestésico no-narcótico, en apoyo a las ideas de Hobson; y que en su afán de eliminar el uso no medicinal de psicotrópicos, Hobson y Lilly trataron de que CocaCola retirara el contenido de cocaína de su refresco (^{Rosenfeld, 2001, p. 213}). Sin embargo, el gobierno con Harry Anslinger como Comisionado del Federal Bureau of Narcotics (FBN) de 1930 a 1962, extendieron su protección a la empresa (^{Gootenberg, 2008, pp. 198-205}; ^{Reiss, 2014}).

Lilly y Hobson intercambiaban comunicaciones sobre las propiedades de algunos psicotrópicos, como, por ejemplo, la efedrina, que era utilizada por los laboratorios Lilly. Josiah refutaba los argumentos del doctor Kauffman, expresados en un artículo publicado por la revista Ladies Home Journal, en la que el médico afirmaba que el alcaloide conocido como “Ma Huang-Ephedrine” producía efectos similares a los de la cocaína, “exhilarating, habit-forming, deadly”. En contraste, Lilly aseguraba a Hobson que la efedrina no causaba dependencia ni generaba efectos dañinos y que dicha sustancia era utilizada por muchos médicos que “no eran partidarios de otra cocaína”.⁴⁴ Hobson puso esta controversia a consideración del médico que trabajaba para su Asociación, el doctor John A. Killian, quien, a decir de Hobson, se encargaría de publicar en el boletín mensual que los argumentos del doctor Kauffman sobre la efedrina eran equivocados.⁴⁵

Respecto a la política global de lucha contra las drogas, Hobson se proponía que Lilly le brindara su apoyo, al tiempo que describía el trabajo que su equipo “humanista” de reformadores morales realizaba en Ginebra; de manera que en julio de 1932 Hobson trató de involucrar a Lilly para que, en efecto, apoyara financieramente a otra asociación del capitán, la WNDA, pues existía la premura de hacer campañas ya que ese año se ratificaba la Convención de Ginebra, firmada un año antes, en la que se requería que al menos cuatro de los ocho países reconocidos como “productores legales de drogas en el mundo” suscribieran la respectiva ratificación, pues de lo contrario la Convención “sucumbiría por default”.⁴⁶

Como presidente de la empresa, Josiah Sr. se interesó por expandir su negocio, y como parte de sus proyectos se propuso que Lilly tuviera presencia global y que sus productos se exportaran a todo el mundo. Su proyección era que hacia 1920 los medicamentos producidos por la empresa generarían ventas en el exterior por un valor de 25 000 000 de dólares, cifra superada en 1940. Entre otros, desde 1924 Lilly estuvo en México, Cuba, Filipinas y China, y en estos dos últimos, los reformadores morales tenían misiones importantes (^{Kahn, ca. 1975, pp. 56-59}). El directivo de Lilly Charles J. Lynn, a quien se describía como “misionero fanático”, promovió la empresa en el exterior y financió paralelamente misiones protestantes (^{Bodenhamer et al., 1994, p. 940}; ^{Kahn, ca. 1975, pp. 52-63}).

Estos proyectos y la postura favorable de Josiah Lilly en relación con las campañas de los reformadores morales sugieren que la farmacéutica buscó ejercer influencia en la legislación que se discutía en los foros internacionales. Su participación en la organización del mercado mundial de estupefacientes era crucial, pues de ello dependía lograr la maximización de los beneficios económicos de la empresa. Además, como se mencionó, las farmacéuticas estadunidenses negociaron con su gobierno la clasificación de las drogas en lícitas e ilícitas, así como la regulación y las cuotas de importación de drogas que se permitirían para elaborar medicamentos, prerrogativas que sin duda representaban grandes ventajas.⁴⁷

La visión de los reformadores acabó por convenir a los intereses económicos de los empresarios, además de que oponérseles suponía un alto costo político y mediático, por lo que terminaron por sintonizar con la posición de los activistas y por negociar con el gobierno. De suerte que las farmacéuticas obtuvieron grandes ventajas y ganancias económicas y, sobre todo, el control del comercio de psicofármacos; así quedaron protegidas por el gobierno que, por un lado, garantizaría su acceso a los mercados para obtener materias primas y, por otro, limitaría a unas cuantas empresas la posibilidad de transformar sus medicamentos psicotrópicos y de reexportarlos al mercado global (^{Reiss, 2014, pp. 15-32}). Estas ventajas económicas se extenderían a las farmacéuticas de los ocho países manufactureros de medicamentos y, asimismo, se plasmarían en el sistema regulatorio de las drogas que se consolidó con la Convención de Estupefacientes de 1961.

CONCLUSIONES

Estados Unidos logró establecer un sistema regulatorio internacional de las drogas, con el propósito de controlar y dirigir el comercio de psicotrópicos, protegiendo a sus farmacéuticas y sus intereses económicos y políticos. Las empresas estadunidenses vislumbraron acertadamente las ventajas que implicaba el sistema prohibicionista, que dejaba en sus manos la compra de materias primas con psicotrópicos, su transformación en medicamentos legales y su venta al resto del mundo. Como señala Susanna ^{Reiss (2014)} , “la regulación de las drogas y su control se convirtió en una poderosa arma para avanzar los intereses imperialistas de Estados Unidos” (p. 16).

El Norte global logró proteger el acceso de sus farmacéuticas a los mercados de materias primas del Sur, limitando el negocio legal a unos cuantos países y empresas, mediante licencias, patentes, impuestos y un sistema punitivo; ello con el fin de transformar posteriormente los psicotrópicos en medicamentos lícitos y exportarlos por medio de canales protegidos por el sistema regulatorio internacional que se consolidaría después de la segunda guerra mundial. De tal manera que la alianza de intereses de los reformadores protestantes y de los empresarios estadunidenses demuestra que el expansionismo moral de Estados Unidos se dio de la mano de su expansionismo económico (^{Tyrrell, 2010, pp. 1-10}). Y en el caso de las drogas este proceso se logró por la construcción de una semántica y una cultura basadas en valores morales protestantes.

El balance de la campaña de los reformadores estadunidenses contra las drogas es el de un fracaso, ya que no se han eliminado las drogas del mundo, como plantearon los reformadores, y el aumento de su consumo persiste a escala mundial, al tiempo que en un alto grado continúa predominando la desinformación a la que sin duda contribuyeron los activistas. El desarrollo de su idea del consumo de drogas como un mal social relacionado con el crimen y su visión punitiva con enfoque en ciertos grupos minoritarios -que no ofrecen cabida para el consumo tradicional o recreacional al ser considerado este como ilegítimo y peligroso-, ciertamente no situó en el centro de su concepción la salud pública o el bienestar del consumidor. Por el contrario. En tal sentido, uno de los conspicuos herederos de la visión de Hobson en Estados Unidos fue Harry Anslinger, el poderoso Comisionado del FBN que, junto con otros actores e instituciones, contribuyó al arraigo de la concepción analizada.⁴⁸

La política prohibicionista y la guerra contra las drogas que prevalecen al día de hoy han generado consecuencias sin duda negativas, que profundizan la desigualdad en las comunidades menos privilegiadas y en los países del Sur global. Sustentados en las convenciones de la ONU, dicha política y los respectivos sistemas legales, así como la violencia que generan, han alterado profundamente la relación de muchas comunidades con la medicina tradicional y plantas como la marihuana, el opio y las hojas de coca, al mismo tiempo que se violenta el derecho de los países a ejercer el control sobre sus recursos naturales.

En consecuencia, la división del mercado de las drogas en legales e ilegales ha obligado a estos países a depender de medicamentos de laboratorios que, por sus altos precios y su control, en los hechos son inaccesibles a la mayoría de la población mundial (^{Herzberg, 2020}).⁴⁹ Ello se suma al sistema punitivo enfocado en ciertos grupos y minorías étnicas, basado en preceptos morales, que a su vez ha incrementado los mercados ilegales y la violencia asociada a ellos, así como el incumplimiento sistemático del respeto a los derechos humanos, limitando el derecho a la salud y contribuyendo al incremento de la desigualdad en el mundo (^{Charles, 2010}).

Así, pues, el sistema prohibicionista global de las drogas ha favorecido al sector de la industria farmacéutica de los países que conforman el Norte global, en perjuicio de países y comunidades del Sur. Tal situación apela a la imperiosa necesidad de concebir, diseñar y aplicar políticas públicas más inclusivas y más justas, que mejoren la calidad de vida del conjunto de la humanidad.