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INTRODUCCIÓN
El Desplazamiento Interno Forzado (DIF) ocasionado por proyectos de desarrollo conduce a la pérdida de bienes materiales y no materiales, tierras de cultivo, áreas comunes (bosques, ríos), sitios de valor cultural y fuentes de empleo (Downing, 2002), provocando mayores índices de marginación, morbilidad, mortalidad, inseguridad alimentaria y fractura social (Cernea, 2000). El DIF por desarrollo generalmente implica la violación de un conjunto de derechos humanos básicos, entre los cuales se encuentran la alimentación, vivienda, salud, agua, educación y trabajo (Betancur y Pérez, 2016).
En México, los casos de DIF por desarrollo más documentados son complejos hidroeléctricos y vialidades (Domínguez, 2019; Domínguez Virgen, 2017; Pérez, Peral y Pérez, 2016; Pérez, Pérez y Peral, 2018; Torrens, 2013). El presente artículo se enfoca en los impactos de género del DIF por minería, un tema poco estudiado por tratarse de obras realizadas en sitios remotos, a cargo de capital privado en lugar de público, y no siempre ostentosas como lo son un conjunto de represas (Mandishekwa y Mutenheri, 2020; Owen y Kemp, 2015; Terminski, 2012).
La investigación fue realizada en Salaverna, Mazapil, Zacatecas, municipio donde Minera Frisco S. A. B. de C. V., propiedad del empresario mexicano Carlos Slim Helú, desplazó a cerca de 90 familias para convertir a la mina Tayahua de subterránea a cielo abierto. El artículo se plantea las siguientes preguntas de investigación: ¿qué significó el DIF para los hombres y las mujeres de Salaverna?, ¿cuál fue el impacto de este en sus vidas?, ¿de qué manera fueron indemnizados(as) por la empresa?, ¿qué problemas se presentan en Nuevo Salaverna, su nuevo lugar de residencia? y ¿qué expectativas tienen de su futuro?
MARCO NORMATIVO DEL DIF A NIVEL INTERNACIONAL Y NACIONAL
Debido a que el DIF provoca crisis humanitarias al interior de los países afectados, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha desarrollado un marco normativo que ayuda a los gobiernos nacionales a garantizar la protección de los derechos de las y los desplazados (ACNUR, 1998). Sus principios rectores son: a) que los proyectos estén autorizados por la ley y el derecho internacional; b) que se realicen únicamente con el fin de promover el bienestar general; c) garantizar la indemnización y rehabilitación de la población, y d) garantizar la consulta previa, libre e informada de pueblos originarios (Betancur y Pérez, 2016; CNDH, 2016). Toda persona desplazada debe ser protegida y asistida humanitariamente. Los gobiernos deben prohibir los desplazamientos arbitrarios, por ejemplo, los provocados por proyectos de gran escala en los que no exista una justificación suficiente como lo sería un interés público ulterior. También deben asegurarse de que se han explorado todas las posibilidades para evitar el desplazamiento y esforzarse para proteger a los grupos más desfavorecidos (campesinos, pastores, indígenas y otras minorías) (ACNUR, 1998).
La ACNUR (1998) considera a las mujeres como un grupo vulnerable por su responsabilidad como dadoras de cuidados a la infancia, personas mayores y con discapacidad. El organismo pone particular atención en las mujeres embarazadas, madres de hijos pequeños y cabezas de familia, indicando que las autoridades deben tener un acercamiento especial hacia ellas cuando se trate de programas de reasentamiento y acceso a la educación de las niñas. Sin duda, es importante tomar en cuenta estos aspectos, pero limitarse a ellos deja fuera a mujeres sin hijos(as) que enfrentan otro tipo de desigualdad, como la pobreza, la falta de acceso a títulos de propiedad, servicios de agua y espacios libres de violencia de género, por mencionar sólo algunos de los más importantes.
Hay que aclarar, además, que los principios rectores de la ACNUR no son vinculantes, es decir, no hay obligatoriedad legal por parte de empresas o gobiernos de ajustarse a ellos. En el contexto mexicano existen muchos vacíos sobre la función y competencia de cada autoridad para atender fenómenos como el DIF, y no hay recursos gubernamentales destinados a ayudar a poblaciones desplazadas. A pesar de que los principios rectores fueron dados a conocer en 1998, los y las legisladores(as) en nuestro país todavía no han elaborado una ley general especializada en DIF. La situación de violencia e inseguridad ocasionada por el crimen organizado a principios del siglo XXI dio origen a la Ley General de Víctimas aprobada en 2020. Sin embargo, esta ha resultado insuficiente al no contar con una definición del desplazamiento (CMDPDH, 2022).
A nivel estatal, sólo cuatro entidades han desarrollado una legislación especializada en el DIF: Chiapas (2012), Guerrero (2014), Sinaloa (2020) y Zacatecas (2022). La ley zacatecana adopta los principios rectores de la ACNUR, al señalar que el DIF debe ser visto como la última alternativa, y que se deben tomar medidas preventivas para evitarlo. También propone la creación de un Fondo Estatal de Contingencia y un Registro de Personas Desplazadas, cuya asignación presupuestal está pendiente (CMDPDH, 2022).
Por su fecha de aprobación (junio de 2022), la ley zacatecana no aplica al caso de Salaverna, dado que Minera Frisco comenzó a promover la necesidad del DIF en 1998 y fue ejecutándola poco a poco entre 2010 y 2016. Además, la ley da prioridad a municipios azotados por el crimen organizado (Valparaíso, Monte Escobedo, Jerez, Tepetongo y Fresnillo), ignorando el impacto de la minería en otras partes del estado. Por ejemplo, algunas familias de Aránzazu El Cobre, municipio de Concepción del Oro, han sido triplemente desplazadas (de Aránzazu a Salaverna y luego a Nuevo Salaverna). En el municipio de Mazapil, los poblados de Cerro Gordo, Los Charcos, Las Mesas y Las Palmas están en una situación similar debido a la expansión de la mina Peñasquito. El primero prácticamente ha desaparecido, mientras que los otros tres son permanentemente acosados por la empresa.
CAUSAS Y RESPUESTAS INSTITUCIONALES ANTE EL DIF
El fenómeno del DIF ha sido clasificado según las causas que lo originan: conflicto armado, persecución étnica o religiosa, proyectos de desarrollo y desastres socioambientales. A su vez, los proyectos de desarrollo pueden ser de muy diversos tipos, destacando las presas y embalses hidroeléctricos, los aeropuertos, la infraestructura vial y turística, las plantaciones agrícolas y las minas (Tejada, 2010). Terminski (2012) estima que, cada año, cerca de 15 000 000 de personas son desplazadas por desarrollo en el mundo. Al analizar obra por obra, se calcula que cada represa construida en África e India ha desplazado a entre 21 000 y 86 000 personas, respectivamente (Mandishekwa y Mutenheri, 2020). En muchos países del Sur global, el DIF por desarrollo se ejecuta con violencia, de manera que es muy difícil distinguirlo del DIF por conflicto armado (Sarmiento, 2015).
Algunos autores (por ejemplo los organismos internacionales) sugieren que el DIF es un inevitable resultado del desarrollo, por lo que debe hacerse todo lo posible por mitigar sus impactos. Los que se alejan de esta postura argumentan que el DIF es concomitante a la expansión del capital que se justifica con narrativas de “interés público” y “bienestar general” para ingresar al territorio y controlar a sus habitantes (Domínguez Virgen, 2017; Hernández, 2018). El presente artículo se ubica en esta segunda postura. El DIF por desarrollo es la expresión más evidente del monopolio de la violencia en manos del Estado y de la falta de poder de las personas ante el asedio del capital (Muggah, 2003).
DIF POR MINERÍA: ALGUNAS PRECISIONES
Las cifras sobre DIF por minería son poco concluyentes. A nivel mundial, al menos 5% del DIF por desarrollo es causado por la minería, a lo que hay que añadir otro 10.3% por proyectos hidroeléctricos asociados con ella. Además de que el DIF por minería lleva presentándose durante al menos un siglo. Tan sólo en la India, a lo largo de 50 años, entre 1.5 y 2.5 millones de personas han sido desplazadas por actividad minera. En Alemania, la minería de lignito ha desplazado a unas 100 000 personas en un periodo de tiempo similar. Países como Indonesia, Sudáfrica y Gana reportan entre 15 000 y 37 000 desplazados en cada proyecto, mientras que China, Polonia, Mali, Zimbabwe, Papua New Guinea, Colombia, Perú, Chile, Argentina, presentan casos de DIF por la extracción de oro, cobre, lignito y diamantes a cielo abierto, sin dimensionar sus alcances (Terminski, 2012). La expansión de la minería a cielo abierto y la internacionalización del capital han ocasionado que el problema del DIF se incremente (Downing, 2002).
El DIF por minería presenta algunas particularidades. La primera es que puede presentarse en distintas etapas del proyecto: exploración, desarrollo o cierre. Segundo, el DIF por minería puede afectar a familias mineras que llevan décadas trabajando para la misma empresa cuando esta cambia de dueño o la operación extractiva crece. La población suele cohabitar con las empresas, incluso ser sus trabajadores(as), y padecer problemas de salud asociados con la extracción de mineral. Tercero, el desplazamiento no necesariamente implica un cambio de lugar, sino simplemente la pérdida de acceso a los recursos naturales y la imposibilidad de sembrar alimentos. La gente debe adaptarse a la escasez y contaminación del agua, decrecimiento poblacional, daños en la salud, debilitamiento del tejido social, incremento en la desigualdad económica y frustración social (Mourya y Chakraborty, 2012; Terminski, 2012). Cuando sí existe desplazamiento físico, la población afectada rara vez se ve involucrada en los planes de reubicación (Madebwe, Madebwe y Mavusa, 2011; Mandishekwa y Mutenheri, 2020; Tejada, 2010). La indemnización suele limitarse a un pago único en efectivo y a la entrega de viviendas que generalmente son más pequeñas y tienen un diseño distinto al original; por ejemplo urbano en lugar de rural (Owen y Kemp, 2015). La población afectada suele experimentar depresión, ansiedad, pérdida de control y del sentido de la vida debido al desempleo y la falta de recursos para el sustento (Terminski, 2012).
El caso de Salaverna ha sido estudiado desde la perspectiva del despojo de tierra y agua, enfatizando las relaciones de desigualdad entre las comunidades y la empresa y las omisiones del Estado en el proceso (Rodríguez, 2021; Uribe, 2017; Uribe, Gómez y Tetreault, 2020; Uribe y Rodríguez, 2019). El presente artículo adopta el enfoque del DIF con perspectiva de género, con la finalidad de penetrar al interior de las comunidades para visibilizar, no sólo las diferencias de poder entre las comunidades y la empresa, sino también al interior de las primeras en lo que se refiere al acceso de las mujeres a las mesas de negociación, los planes de indemnización y los servicios de salud, educación y agua en su nuevo lugar de residencia. Para lograr esta mirada fue necesario desarrollar la propuesta conceptual que se presenta a continuación.
DIF CON ENFOQUE DE GÉNERO: ABORDAJE CONCEPTUAL
Según Federici (2013) , el trabajo doméstico que realizan las mujeres es tan importante como poco valorado por la sociedad. Históricamente, los hombres han sido considerados proveedores económicos y jefes de familia, mientras que las mujeres se han dedicado a labores de cuidado no pagadas. Esto es particularmente cierto para el sector minero, el cual se distingue por la rígida división sexual del trabajo, que asigna a los hombres el trabajo en la mina y a las mujeres el de su acompañante en labores de crianza y, ocasionalmente, en la lucha sindical (Lahiri-Dutt, 2015). La concentración de los ingresos en manos masculinas fortalece la autoridad de los hombres al interior de las familias, haciendo a las mujeres más vulnerables ante el desplazamiento forzado (Amirthalingam y Lakshman, 2012).
La literatura especializada sugiere trabajar en tres ámbitos, los cuales constituyen el eje conceptual y analítico del presente artículo: 1) las experiencias de violencia y pérdida de las mujeres durante el DIF; 2) los impactos socioeconómicos y la desigualdad de género en procesos de indemnización, y 3) las experiencias de hombres y mujeres en el nuevo lugar de residencia, así como sus expectativas a futuro.
Experiencias de violencia y pérdida durante el DIF
Las mujeres suelen ser excluidas de acuerdos y procesos de negociación, situación que contribuye a incrementar su vulnerabilidad ante la violencia (ACNUR, 2014; Benjamin y Fancy, 1998; Ramírez y Chávez, 2017). Es importante identificar las experiencias de violencia de género en todas las fases del desplazamiento (antes, durante y después), la cual puede ser ejercida tanto por las parejas como por agentes gubernamentales y de las empresas (Hovil, 2012).
El enfoque de género destaca la importancia de analizar las características de la vivienda, principal sitio de trabajo de las mujeres. Las deficiencias en infraestructura y servicios (por ejemplo agua potable) les afecta directamente a ellas. También señala que los planes de reubicación deben incluir bienes domésticos (utensilios de cocina, muebles, objetos de decoración, recuerdos familiares) y tierras de labranza. Las joyas suelen ser utilizadas para enfrentar problemas económicos en proporciones mucho más altas por las mujeres en comparación con los hombres (Amirthalingam y Lakshman, 2012). Otros elementos de relevancia para el análisis de género son los pozos domésticos, huertos y árboles que facilitan las labores de cuidado y que rara vez son reemplazados (Aboagye, 2014).
Impactos socioeconómicos del DIF y desigualdad de género en procesos de indemnización
Cuando los hay, los componentes más comunes en paquetes de indemnización son las ofertas de empleo, la entrega de viviendas/terrenos de labranza y el pago de dinero en efectivo. Las oportunidades laborales suelen concentrarse en el sector masculino, joven, y preferentemente especializado (Hill y Newell, 2009; Lahiri-Dutt, 2015). Un estudio sobre DIF, realizado en República Dominicana, encontró que en 70% de las familias desplazadas las mujeres buscaron formas de generar sus propios ingresos, pero su bajo nivel educativo hizo difícil su inserción en el mercado laboral (Tejada, 2010). En la India, el incremento en la tasa de desempleo femenina subió de 56% antes del DIF a 84% después de este, al tiempo que su participación en el sector primario de la economía cayó de 37 a 12% (Downing, 2002). Si llegan a ser contratadas por alguna empresa, las mujeres generalmente son relegadas a actividades en los exteriores de la mina (acarreo, oficina, limpieza y alimentación), predominando la segregación laboral donde los empleos femeninos son vistos como “complementarios” a los del principal proveedor (Amirthalingam y Lakshman, 2012).
La entrega de viviendas como medida de indemnización es mucho más común que la de terrenos de labranza, aunque en ambos casos se presenta la discriminación de género. Las mujeres generalmente viven en propiedades que pertenecen a alguien más; por ejemplo su padre, esposo o hijo, por lo que al ser reubicadas carecen de poder de negociación para recibir propiedades por derecho propio y adaptarlas a sus necesidades (Benjamin y Fancy, 1998). Cuando se trata de pagos en efectivo, las instancias a cargo del proceso asumen que los varones son los jefes de familia, y el dinero es entregado a ellos (Hill y Newell, 2009; Lahiri-Dutt, 2015).
Experiencias en el nuevo lugar de residencia y expectativas a futuro
Los estudios coinciden en que las experiencias de las mujeres en el reasentamiento son negativas. Las principales afectaciones son la falta de acceso a servicios sanitarios, educativos, de salud y religiosos; el aumento en su carga de trabajo debido al deterioro en la salud familiar; el desempleo, la incertidumbre, la reducción del círculo social y el incremento de la violencia de género (Ahmad y Lahiri-Dutt, 2006; Amirthalingam y Lakshman, 2012; Benjamin y Fancy, 1998). Entre las expresiones más importantes del impacto emocional por el desplazamiento están el miedo, la desorientación y la desconfianza hacia el nuevo entorno (Terminski, 2012; Torrens, 2013). El DIF relega a las mujeres al espacio privado y las convierte en amas de casa con insuficiente y cada vez más difícil acceso a fuentes de agua, sitios de siembra, pastoreo y recolección (Ahmad y Lahiri-Dutt, 2006).
ZONA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA
Zacatecas tiene una larga tradición minera. La extracción de plata y oro constituyó el eje articulador de Nueva España con la metrópoli española desde los inicios de la colonización; tres regiones del centro-norte del país (Guanajuato, Zacatecas y Real de Catorce) produjeron más de la mitad de la plata exportada a Europa y Asia durante todo el periodo colonial (Burnes, 2008). La tradición ha continuado hasta la fecha; actualmente 31.64% del territorio zacatecano está concesionado para exploración o explotación minera (1 103 y 1 261 títulos, respectivamente) (Rodríguez, 2021), lo que convierte a Zacatecas en “una zona café” para el estudio del DIF por minería (Owen y Kemp, 2015). Según estos autores, un territorio nuevo para la extracción minera es “verde”, mientras que el café refiere a terrenos que ya han sido explorados y convertidos en zonas mineras. La distinción es importante porque para las empresas resulta más fácil despojar a poblaciones con antecedentes de desplazamiento.
Mazapil se ubica en el noroeste del estado y abarca cerca de un tercio de su superficie. Tiene una población de 17 774 personas distribuidas en 169 localidades (INEGI, 2020). Los primeros registros de extracción datan de 1593, siendo la mina de Veta Negra “el ejemplo de mayor riqueza que jamás se ha visto en ambos hemisferios” (Humboldt citado en Burnes, 2008, p. 73). El municipio actualmente ocupa el primer lugar en extracción de oro, cobre, zinc y plomo de todo el estado, con 59% de su territorio concesionado a la actividad minera (Rodríguez, 2021).
Para la obtención de información se utilizaron métodos cualitativos y cuantitativos. En septiembre y octubre de 2019 se hizo un recorrido exploratorio para obtener información y elaborar un cuestionario, el cual fue aplicado en junio y julio de 2020 a 49 de las 55 mujeres que ocupan una de las 99 viviendas que existen en Nuevo Salaverna. También se hizo un taller con ellas para tratar específicamente el tema del agua a partir de la metodología propuesta por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho del Agua (COMDA, 2017). Justo un año después, en julio de 2021, se hizo otro taller de devolución de resultados. En cada estancia en campo se hicieron en total 53 entrevistas (28 mujeres y 25 hombres) con autoridades municipales, activistas y habitantes del municipio.
Los datos cuantitativos fueron trabajados en Excel®, mientras que los cualitativos se codificaron con ayuda del programa Atlas Ti®. Parte de los datos cuantitativos fueron presentados en la tesis de Morales (2021), en cuya dirección y ejecución participaron dos de las tres autoras del presente artículo. Todos los nombres son ficticios, con la idea de salvaguardar la identidad de las personas, salvo una de ellas, que nos autorizó a dar su nombre real en el presente artículo.
DE SALAVERNA A NUEVO SALAVERNA: CRÓNICA DE UN DESPLAZAMIENTO FORZADO
El poblado de Salaverna nació junto con la mina Tayahua a finales del siglo XIX. Las 90 familias que ahí vivían (cerca de 300 personas) trabajaban para la mina. Por muchos años existió entre la población y la empresa un fuerte vínculo laboral y una vigorosa vida sindical, como consta en el siguiente testimonio:
hubo mucha vida sindical… en cada contratación se obtenían nuevos beneficios… Estamos hablando ya de la última del 80, todavía nos beneficiamos todos los habitantes. Pero ya entró Frisco en el 2000… Vino muy, muy rígida en todo, ya no había seguro social, ni atención humanitaria, ya no arreglaba los sanitarios, los baños, ya no les dio ayuda a las escuelas, ya no le dio atención a la tubería.1
En efecto, con la compra de la mina por parte de Minera Frisco desapareció el sindicato que defendía el contrato colectivo, se redujo la planta laboral, se promovió el trabajo a destajo y se despojó del territorio a la población (Rodríguez, 2021; Uribe, 2017; Uribe, Gómez y Tetreault, 2020; Uribe y Rodríguez, 2019). Desde 1998 empezaron a llegar grupos de ingenieros a hacer trabajos de introspección sobre el potencial productivo de la mina bajo la modalidad de cielo abierto y empezó a circular el rumor de que el cambio de uso de suelo era inminente.
La resistencia ante el DIF tuvo sus primeras expresiones en 2005, año en el que Roberto de la Rosa Dávila solicitó formalmente el reconocimiento de propiedad de 3 184 hectáreas que la empresa daba como propias. La gestión no prosperó y, en 2008, se hizo oficial el interés de Minera Frisco de hacer el cambio de uso del suelo. La empresa compró un terreno cerca de la cabecera del municipio de Mazapil para construir casas “de interés social” e “invitar” a la gente a mudarse, con el argumento de que el lugar donde habían vivido por 100 años “no era terreno para zona habitacional”.2
Las familias de Salaverna dejaron la localidad en tres momentos distintos. El primer grupo (cerca de la mitad) se fue a raíz de una explosión ocurrida el 4 de diciembre de 2010 que provocó el hundimiento de una parte de la comunidad y un accidente en las instalaciones de la mina. Dos años antes, Minera Frisco había instalado catorce pozos Robin que incrementaron el uso de explosivos y provocaron dicho hundimiento: “ya no sabías el suelo que estás pisando… porque abajo hay túneles, hay vacíos que ya están huecos, y no sabes en qué momento vas a llegar a un túnel y te vas a hundir”.3 Las familias que dejaron Salaverna en ese momento recibieron una indemnización única de 15 000.00 pesos y una casa de Nuevo Salaverna entregada en comodato.4
Dos años después llegó el segundo grupo de familias, igualmente movilizado por el miedo. A mediados de 2012 la empresa comenzó a advertir que se usaría la fuerza pública para desalojar: “van a venir los de la fuerza pública, hasta los del ejército. Si [no se van] por las buenas, se los van a llevar”. El 6 de diciembre se presentó otra detonación que provocó hundimientos, el colapso del suelo, un cráter cerca de cuatro casas y daños estructurales en las viviendas, como puertas que “ya no se cerraban, ya no servían bien”. La gente todavía no salía del susto cuando personal de la empresa ya estaba ofreciendo facilidades de traslado: “andaba aquí mudanzas y gente de la empresa diciéndoles que quien se quiera ir, ya están sus casitas”.5
Para 2016 sólo quedaban cinco o seis familias en Salaverna. El poblado estaba conformado por un conjunto de casas vacías, en pleno deterioro, la mayoría inhabitables, pero todavía en pie. El 23 de diciembre del mismo año, el gobierno estatal dio “la orden de acabar con todas las casas que había… con dos buldóceres, más de 120 efectivos ministeriales estatales y la policía municipal de Concha [del Oro]… Sacaron a la gente a rastras... para tumbar su casa.”6 Destaca el testimonio de Esther Maldonado, que tuvo el valor de plantarse ante un buldócer para impedir que tiraran la casa de su papá: “yo me paré enfrente de la máquina… agarré una piedra y se la aventé al chofer… [quien] me dijo, es que tenemos la orden [de terminar] antes de medio día”. Tanto Maldonado como el conductor se retiraron después de forcejear, y la casa quedó a medio demoler. Cuando le preguntamos a Maldonado qué fue lo que la impulsó a arriesgar la vida de esa manera, ella nos contestó: “yo vi la maquinaria arriba de la casa y dije, esto es mucho, es como una burla”.7
En 2021, la Comisión Federal de Electricidad colocó una malla alrededor de Salaverna y clausuró la carretera que unía a Mazapil con Concepción del Oro, así como los caminos vecinales y las servidumbres de paso. En 2022, la empresa cerró tratos pendientes de indemnización con las pocas familias que todavía tenían propiedades en Salaverna, con la excepción de Roberto de la Rosa Dávila, quien sigue en pie de lucha, por lo que la mina no puede empezar a funcionar a cielo abierto. Muchas de las familias que se trasladaron a Nuevo Salaverna ya no viven ahí, y el poblado, en lugar de crecer, se hace más y más pequeño: “en la reubicación mucha gente… prefirió vender su casa... o sea, sí disminuyó mucha gente en la comunidad”.8 Esta situación ha tenido un impacto negativo en la población escolar: “la escuela [primaria] tiene nueve niños… el kínder tiene seis niños, la telesecundaria tiene 12… da tristeza”.9 Los y las jóvenes que crecieron en Nuevo Salaverna prefirieron vivir en otra parte: “no crece la población… los hijos… se están yendo para otro lado, en edad de casarse”.10
Los datos del INEGI (2020) confirman esta percepción. De las 99 viviendas que conforman Nuevo Salaverna, solo 44 están habitadas. Dado que el terreno es propiedad de la empresa, se cuenta con servicio privado de vigilancia las 24 horas del día, pero no para salvaguardar la seguridad de los habitantes, sino, más bien, para proteger los bienes que Minera Frisco continuamente deja en las viviendas deshabitadas. Al aplicar el cuestionario pudimos constatar que cerca de diez casas se ocupan como oficinas o dormitorios de contratistas. En pocas palabras, a casi diez años de que la mayoría de las familias dejaron Salaverna, la localidad es más una bodega que un poblado.
“ÉRAMOS UNAS HORMIGUITAS CONTRA UN GIGANTE”: LOS DOCE PUNTOS DEL PLIEGO PETITORIO
Hasta aquí es genuino preguntarse, ¿por qué la gente aceptó tan fácilmente dejar el pueblo donde sus familias habían vivido por varias generaciones? Evidentemente, las diferencias de poder entre ellos y la empresa siempre estuvieron claras, como se indica en el título de esta sección, tomado de uno de los relatos rescatados en Nuevo Salaverna. Pero lo cierto es que la gente no se fue tan fácilmente. Ante lo inminente del DIF (no olvidemos que Minera Frisco pertenece a Carlos Slim, uno de los hombres más ricos de México) y sobre todo por el miedo a morir a causa de las detonaciones, en 2012 algunas familias decidieron presentar un pliego petitorio compuesto de doce puntos que condicionaron su traslado (véase cuadro 1). En su diseño, las mujeres desempeñaron un papel fundamental, dado que ellas siempre se mostraron preocupadas por garantizar, en la medida de lo posible, la habitabilidad de Nuevo Salaverna.
Cuadro 1 Cumplimiento de los acuerdos por parte de Minera Frisco
| Condiciones para mudarse a Nuevo Salaverna | Evaluación | |||
| Equipo 1 | Equipo 2 | |||
| Nuevo Salaverna debía tener la misma extensión que Salaverna (40 ha) | 😔 | 😔 | ||
| Cada familia debía recibir una indemnización económica | 😔 | 😔 | ||
| Nuevo Salaverna debía tener su propio abasto de agua además de: | 😐 | 😐 | ||
| Servicio de luz | 😀 | 😐 | ||
| Escuelas | 😀 | 😐 | ||
| Plaza del pueblo | 😔 | 😔 | ||
| Áreas verdes | 😔 | 😔 | ||
| Casa del Peregrino | 😔 | 😔 | ||
| Canchas deportivas | 😔 | 😔 | ||
| Clínica | 😀 | 😐 | ||
| Independencia administrativa de Minera Frisco | 😐 | 😀 | ||
| Entrega de escrituras de la vivienda a las familias | 😀 | 😀 | ||
😀Cumplido; 😔Incumplido; 😐Cumplido parcialmente.
Fuente: elaboración propia.
Al segundo taller que realizamos en Nuevo Salaverna invitamos a los y las asistentes a evaluar el cumplimiento de los doce puntos. Se trabajó en dos equipos compuestos por cerca de diez personas de ambos sexos cada uno. El cuadro 1 muestra que sólo la entrega de las escrituras fue evaluada de manera favorable por ambos equipos. Los puntos de controversia fueron: servicio de luz, escuelas, clínica, agua potable e independencia administrativa. Los peor evaluados fueron: tamaño de la localidad, plaza del pueblo, áreas verdes, casa del peregrino, canchas deportivas e indemnización económica.
Puntos evaluados de manera favorable
La entrega de las escrituras fue evaluada de manera favorable por ambos equipos, pero hubo controversia al respecto. Los papeles que otorgó la empresa señalan que los jefes de familia son dueños de la casa, pero no de los terrenos donde esta se encuentra: “yo vi en escrituras de la casa que vendió Tacho, yo las vi. Ahí decía, eres dueño del inmueble, más no del terreno”.11 El modelo de tenencia fue el mismo que ya existía en Salaverna, situación que quizás explique la evaluación favorable que este punto recibió entre los y las participantes: “[en Salaverna] supuestamente éramos propietarios ante la ley, no sé si son de tres a cinco metros, nada más de lo que era la pura casa, y aquí también”.12 La tenencia incompleta de los terrenos muestra la vulnerabilidad de la población ante este y otros futuros desplazamientos (Heller, 2020; Owen y Kemp, 2015).
El tipo de construcción y el estado actual de las casas recibieron bastantes cuestionamientos. “Cuando llueve se filtra el agua… ya no está pegando el hielo seco que le pusieron para que no se goteara… varias personas se quejan aquí de lo mismo”. “Habemos a lo mejor algunas personas que nos quedamos callados, no gritamos, porque sí están muy mal hechas las casas”.13 Además, el tamaño de la vivienda y la distribución de los espacios en su interior afecta el desempeño de las labores de las mujeres, mostrando así uno de los impactos de género más importantes del DIF (Ahmad y Lahiri-Dutt, 2006): “nos dijeron que nos iban a dar una casa con recámaras, baño y todo… pero nunca nos dijeron que iba a estar el pedacito de aquí a aquí… Mi casa [en Salaverna]... estaba grande… aquí no, aquí pongo tres tendederos así chiquitos.”14
Puntos de controversia
Los puntos de controversia fueron los referentes a los siguientes servicios: electricidad, educación, salud, agua, e independencia administrativa. El servicio de luz tiene cortes frecuentes que la gente atribuye a la dudosa calidad de las instalaciones eléctricas. Las escuelas tienen pocos estudiantes por falta de personal docente. La clínica tampoco tiene personal de planta: “está la clínica, pero es como si quisieras un pedazo de carne y no tuvieras dientes, ¿pues cómo la vas a morder?”15 El abastecimiento de agua potable depende de la cabecera municipal que todos los días manda pipas para extraer agua del tanque de almacenamiento de Nuevo Salaverna y trasladarla a otras comunidades, dejando a las mujeres con un problema de escasez que se expresa en el hecho de que sólo la mitad (51%) recibe agua diariamente (Vázquez, Morales, Sosa y Valtierra, 2022).
Sobre la independencia administrativa, la controversia respondió a la falta de claridad sobre quién debe responder por los problemas existentes en la localidad. A diez años de su creación, el municipio de Mazapil sigue sin tener registro de Nuevo Salaverna, afectando los derechos políticos de sus habitantes: “no hay registro de este pueblo… te mandan a votar a Santa Olaya o te mandan a votar a Mazapil”.16 El limbo administrativo contribuye a la falta de mantenimiento de Nuevo Salaverna, situación que se refleja en la falta de calidad de los servicios que, como en otros casos, afecta directamente a las mujeres (Amirthalingam y Lakshman, 2012).
Puntos evaluados de manera desfavorable
Entre los puntos mal evaluados están el tamaño de la localidad, que se reduce a ocho o nueve hectáreas, a diferencia de las 40 que tenía Salaverna. También está el diseño del poblado, más urbano que rural, con casas alineadas una tras otra a lo largo de cinco o seis calles cuadriculadas que lucen muy parecidas entre sí, situación muy común en los esquemas de reubicación, que reflejan el interés de las empresas por salir del paso al menor costo y tiempo posible (Downing, 2002). La Casa del Peregrino de Nuevo Salaverna no tiene párroco residente; las canchas deportivas fueron construidas al interior de las escuelas, son muy pequeñas y, si acaso, logran convocar a la pequeña población escolar bajo la supervisión de personal educativo. La plaza del pueblo fue sustituida por un área techada que nadie utiliza. Estos problemas son comunes en otros contextos y tienen que ver con la falta de participación de la población afectada en el diseño de la nueva localidad (Tejada, 2010; Madebwe, Madebwe y Mavusa, 2011; Mandishekwa y Mutenheri, 2020).
En relación con la indemnización pactada, esta se entregó al primer grupo de familias que se trasladó, mientras que el segundo, que fue el que formuló el pliego petitorio, tuvo que movilizarse para recibirla: “vamos a hacer un retén en la carretera para que la empresa también nos dé los quince mil pesos. Pues lo hicieron, y andaba la empresa casa por casa dándoles.”17 Algunas familias sólo recibieron la mitad, “y eso que tenían a la licenciada”.18 Estas diferencias ocasionaron divisiones al interior de la comunidad, algo que también ha sido documentado en otros contextos (Madebwe, Madebwe y Mavusa, 2011).
“ESTO ES MUCHO, ES COMO UNA BURLA”: SIGNIFICADOS DEL DIF DIFERENCIADOS POR GÉNERO
Dada la rígida división sexual del trabajo que existe en la economía minera, donde los hombres son los principales proveedores económicos y las mujeres se dedican a labores de cuidado no pagadas, no es difícil suponer que su experiencia con el desplazamiento también fue diferente. Los hombres fueron los primeros en enterarse de la posibilidad del desalojo debido a la llegada de cuadrillas de ingenieros que desde 1998 evaluaron el potencial productivo de la mina. En 2002 “nos liquidaron a todos” y “recontrataron otra vez, pero ya bajo otro sindicato minero”.19 Algunos se opusieron al nuevo contrato y siguieron luchando por sus derechos, cerrando de manera definitiva su posibilidad de volver a trabajar para la empresa.
Las mujeres, por su parte, se centraron en el valor sentimental del lugar donde se formó su familia: “metí las manos al fuego por amor a mi comunidad, porque de verdad la amábamos, ahí vienen nuestros orígenes, los recuerdos, ahí me casé y todo”. Cuando les pareció inevitable el traslado, trataron de asegurarse de que Nuevo Salaverna tuviera todos los servicios: “¿cómo nos vamos a ir? Si no hay seguro, no hay escuelas, no hay iglesias, no hay ni un salón ni nada”.20 También pusieron particular énfasis en la continuidad de la educación de sus hijos e hijas: “está mi mamá allá abajo [en Mazapil], pues ya se quedan en Mazapil toda la semana”.21
Para la mayoría de las mujeres reubicadas en Nuevo Salaverna, el DIF implicó violencia y pérdida. El 79% reportó violencia física (empujones, golpes, maltrato); por ejemplo que te saquen “a rastras de tu casa”.22 La violencia psicológica (amenazas e intimidaciones) fue padecida por 45% de ellas: “todos andábamos con miedo… [con] la cara blanca [mi hija me dijo], mamá, el hundimiento está cerca de la casa de mis suegros, las puertas ya no cierran, todos los cuartos se agrietaron”.23 Asimismo, la mitad (48%) declaró haber perdido no sólo viviendas, sino también tierras de cultivo, muebles y pertenencias personales (Morales, 2021).
PRESENTE Y FUTURO DE NUEVO SALAVERNA PARA HOMBRES Y MUJERES
La ruptura del vínculo laboral todavía es vivida como un trauma por los hombres, debido a las muchas generaciones que trabajaron para la mina: “imagínate… desde mis abuelitos trabajaron en la mina”.24 Los mineros renuentes a dejar Salaverna fueron despedidos para acelerar el proceso de DIF y así quebrar el arraigo que existía en ellos por el eslabón más fuerte: “o te vas, o te quito el trabajo”.25 Los que todavía se encuentran desempleados resaltan su pasado minero y su imposibilidad de emplearse: “soy operador de maquinaria, pero ya tiene mucho que voy y pido trabajo, y no hay trabajo para esto”.26
Por otro lado, la mayor preocupación entre las mujeres es quedarse solas: “mi miedo… [es] que me quede sola. Tengo mis hijos, pero ya todos tienen su vida hecha, tengo a mis nietos ahorita, pero de hecho se me va a ir uno ya a la prepa fuera de aquí.”27 Los espacios comunitarios que antes tenían para convivir son inexistentes: “mucha gente se distanció. He visto que nos invitan a varios convivios… y no vamos como antes. O si vamos… siempre [es] en grupitos. Y antes no, antes nos juntábamos en el atrio de la iglesia.”28 Esto tiene como consecuencia la pérdida de la identidad colectiva que generalmente es recreada por las mujeres, y un menor estatus al interior de sus familias y comunidades (Lahiri-Dutt, 2015; Mourya y Chakraborty, 2012).
Además, tanto hombres como mujeres lamentan la falta de terrenos agrícolas y espacios para criar animales, tema muy frecuente en otros contextos del DIF (Downing, 2002; Madebwe, Madebwe y Mavusa, 2011). Así lo comentaron en el taller:
Voz masculina: Sembrábamos calabacitas y todo.
Voz femenina: ¿Y ahora qué tenemos? ¡Nada!
Facilitador: Ahora las señoras ya no pueden sembrar, ¿verdad?
Voz masculina: ¡Nada! (ríen y hablan otras personas).
Voz femenina: Quien quiera animales, es animales o uno. Me salgo yo para que se queden los animales.
Facilitador: ¿Y ustedes señoras tenían animalitos allá?
Voz femenina: Sí, teníamos animales.
Voz masculina: Porque allá tenían un terrenito y espacio para tener animalitos o cualquier cosa, y aquí no.
Voz masculina: Lo que pasa es que, pues, lamentablemente somos de rancho, y todos estamos acostumbrados a tener un poquito de animales, gallinas, marranos, chivas.29
CONCLUSIONES
Este trabajo se propuso analizar el DIF por minería con enfoque de género en Salaverna, Zacatecas. Las conclusiones de lo aquí expuesto se pueden resumir en cinco puntos. Primero, el desplazamiento fue efectivamente forzado porque ni los hombres ni las mujeres se plantearon dejar Salaverna, y si lo hicieron, fue por miedo a perder la vida ante las detonaciones que destruyeron parte de la comunidad. Los hombres fueron los primeros en experimentar el DIF que para ellos significó perder el empleo, sus derechos laborales, y el fuerte vínculo que, como trabajadores, habían construido con la empresa a través de varias generaciones. Las mujeres lo experimentaron poco después, y ante la inminencia del desalojo, ellas se concentraron en armar un pliego petitorio que garantizara no sólo una nueva casa, sino una unidad habitacional más completa, con servicios que pudieran facilitar el desempeño de sus labores y conservar la vida comunitaria. Las mujeres destacaron el valor sentimental del lugar donde criaron a sus familias e hicieron todo lo posible por asegurar la continuidad de la educación de sus hijos e hijas. A pesar de ello, la mayoría recuerda el DIF como una experiencia de violencia y pérdida.
Segundo, el análisis de los doce puntos del pliego petitorio indica que ni los hombres ni las mujeres están satisfechos(as) con la forma en que fueron indemnizados. Los hombres destacan la falta de calidad de las casas, a lo que las mujeres añaden el problema del tamaño y distribución de los espacios en su interior. Tanto ellos como ellas consideran que los servicios de Nuevo Salaverna son deficientes. La localidad se encuentra en un limbo administrativo que contribuye a complicar la problemática detectada, afectando principalmente a las mujeres, quienes padecen frecuentes cortes de agua, luz, escuelas vacías y áreas insuficientes de esparcimiento.
Tercero, el futuro de Nuevo Salaverna es incierto debido al decrecimiento poblacional que se presentó desde los inicios del DIF, la falta de empleo, la migración de jóvenes y la pérdida de espacios para sembrar, cuidar animales y convivir en colectivo. La fractura social marca a la población del ahora llamado Nuevo Salaverna de formas quizá irremediables. Los hombres sufren sobre todo el desempleo, mientras que las mujeres, que rara vez han tenido oportunidades de trabajar en el sector minero, ven reducirse el número de niños y niñas en las escuelas y enfrentan desasosiego por la partida de sus hijos e hijas. La vida en Nuevo Salaverna está severamente afectada por la división comunitaria y las distintas experiencias con la indemnización, situación que conduce a una gradual pérdida de identidad colectiva y a la disminución del estatus de las mujeres al interior de la comunidad.
Cuarto, queda la duda de qué habría pasado si en 2010 ya hubiera habido un marco normativo como el que ahora existe en materia de DIF, incluso considerando que este fue diseñado para atender los problemas generados por el crimen organizado y no por la violencia, algunos dirían que equivalente, que a lo largo de los siglos han impuesto los proyectos mineros en Zacatecas. Quizás si el gobierno del estado hubiera estado mejor facultado para acompañar el proceso de negociación y garantizar los derechos de las personas y, en su caso, obligar a la empresa a cumplir con los doce puntos del pliego petitorio; es imposible saberlo. Lo que sí se puede afirmar, sin temor a equivocarse, es que no contar con alguna legislación o política pública que regulara el proceso contribuyó a la indefensión de la población frente a la minera, frente a los fallidos procesos de indemnización y frente a los problemas que todavía persisten en Nuevo Salaverna.
Al recuperar la experiencia de hombres y mujeres con el DIF por minería, este trabajo contribuye al análisis de este fenómeno en cualquiera de sus otras dimensiones (conflicto armado, persecución étnica o religiosa, proyectos de desarrollo y desastres socioambientales), destacando los puntos en común que tiene Nuevo Salaverna con otros casos de desplazamiento analizados a partir de fuentes secundarias. Tanto hombres como mujeres tienen claro que la división comunitaria empezó con las estrategias que implementó la empresa y que, cuando esta finalmente cumplió con su cometido, reubicando a prácticamente todas las familias, la fractura persistió en la nueva localidad. La nostalgia por Salaverna es igualmente compartida y se hace más fuerte entre quienes tuvieron que dejar ahí buena parte de su historia familiar. A pesar de estos puntos en común, las mujeres vivieron el DIF de manera distinta. Sus roles de cuidado las convirtió en actrices clave para lograr mejores servicios, los cuales no consiguieron. La violencia experimentada durante el DIF, la pérdida de bienes personales y espacios comunes, como la casa del peregrino, tuvo un impacto negativo en su estatus al interior de la nueva localidad.
