INTRODUCCIÓN

Las relaciones establecidas por el agua, así como sus consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales, entre el Estado de México y la Ciudad de México son un tema ampliamente estudiado. Entre ellos, tenemos trabajos que -igual que este- abordan los procesos de transferencia de agua hacia la Ciudad de México, ejemplo de ello es el de la antropóloga ^{Claudia Cirelli (1997)} , quien analizó el caso de San Felipe Santiago ubicado en el Estado de México; en este trabajo la autora realizó un estudio de lo que significaron las dos etapas de transferencia del Sistema Lerma y cómo impactaron en el municipio.

Otras temáticas se han dirigido hacia el manejo del agua durante el proceso de industrialización del Estado de México, como el de ^{Patricia Romero Lankao (1999)} , quien realizó un trabajo sobre las etapas de transferencia de agua del río Lerma hacia la ciudad de México (1942-1973) y la forma en que estas tienen influencia para la instalación del “corredor industrial Lerma-Toluca”, mismo que contribuyó a que la zona se constituyera en un importante centro industrial del Estado de México y de todo el país.

De igual forma, tenemos temas ambientales como el ^{Beatriz Albores (1995)} en el que habla de la forma en que el paisaje lacustre del valle de Toluca se perdió a causa del proceso de industrialización; por tanto, plantea la necesidad de rescatar la vida lacustre que existió antes en la región. Los conflictos referentes a la construcción y transferencia de infraestructura hídrica también se han abordado por estudiosos; entre estos trabajos se encuentra el de ^{Sergio Vargas (2007)} , quien realizó una reconstrucción histórica sobre el origen y desarrollo del distrito de riego Tepetitlán, ubicado en la región noroeste del Estado de México, en él mencionan las restricciones políticas y los momentos tensos y conflictivos que existieron antes de que el distrito fuera transferido a un grupo de ejidatarios.

Estos son apenas unos ejemplos de la abundante literatura que existe sobre estudios sociales del agua en el Estado de México y su histórica relación con la Ciudad de México. No obstante, pocos de ellos los conciben como un estudio regional; por tanto, este artículo ofrece un análisis escalar en el que desde una perspectiva multiniveles se toma como base la escala regional y sus niveles de análisis. Con ello se busca trascender la recurrente confusión entre la escala y el nivel de estudio, así como su uso convencional para la delimitación del lugar de estudio. Asimismo, interesa visualizar a la región como una producción social y no como algo estático, neutro, ahistórico y apolítico.

Los objetivos son examinar, mediante un análisis escalar, el impacto que tuvieron la gestión, el aprovechamiento del agua y la industrialización en el municipio de Jocotitlán, Estado de México, entre 1940-1980. Asimismo, identificar los momentos de tensión y conflicto relacionados con la apropiación del agua que los habitantes del ejido Los Reyes sostuvieron en un primer momento contra la hacienda ganadera Pastejé y, una vez trasformada, con el Complejo Industrial Pastejé y el Departamento del Distrito Federal (en adelante DDF). La recolección de datos fue a través de entrevistas a profundidad y consulta de documentos de archivo.

ANTECEDENTES

La gestión del agua como propiedad originaria del Estado mexicano se basó en una sucesión de leyes que el gobierno diseñó con la finalidad de asumir el control, uso y manejo del líquido. En este sentido, se puede argumentar que el proceso se inició con la primera ley de aguas promulgada en 1888, ya que se formuló con la idea de desplazar de su manejo a las autoridades locales y grupos sociales involucrados en su usufructo. Posteriormente, en 1894, surge una ley cuyo objetivo es tener la facultad de otorgar concesiones a los usuarios, y que así lo autoriza (^{Aboites, 1997}).

En 1910 -todavía durante la etapa de gobierno de Porfirio Díaz-, se realizaron reformas al respecto, como el decreto de que las aguas de jurisdicción federal son de dominio público y de uso común. Asimismo, los particulares tenían la posibilidad de solicitar la restitución de derechos anteriores, pero bajo la modalidad única de concesión. Para poder acceder a dichas concesiones se tenía que cumplir con una gran cantidad de requisitos, entre ellos los proyectos, planos y escrituras, por citar algunos ejemplos. De esta forma, se puede decir que se les abrían las puertas a empresas grandes, pues estas eran las únicas que podían cumplir con los requerimientos señalados, mientras que agricultores de bajos recursos o pueblos quedaban fuera (^{Aboites, 1997}).

Después de la etapa armada de la revolución mexicana, se promulgó la Constitución de 1917, cuyo artículo 27 otorgó derechos a la nación sobre el suelo, el subsuelo y las aguas. No obstante, implantó una diferencia sustancial respecto del enfoque porfirista: la incorporación de pueblos, comunidades y ejidos en la accesión al agua. De este modo, las solicitudes de agua acompañaron a las de la tierra, ya que se podía tener acceso a ella mediante el procedimiento de restitución o de dotación de ejidos y de tierras comunales. No obstante, en la práctica, los tiempos de entrega fueron diferenciados ya que en algunos casos el acceso al agua tardó décadas en proceder.

Para la década de 1940 se implementó el modelo de sustitución de importaciones, por tanto, se reorientó el usufructo del agua hacia el impulso del desarrollo industrial del país, tomando como base las ganancias derivadas de la producción agrícola para invertirlas en dicha iniciativa. En este sentido, el apoyo que recibió la agricultura se basó principalmente en dos estrategias: la construcción de infraestructura hidráulica y la incorporación de nuevas tierras de cultivo.

Gracias al resultado positivo que tuvieron, se creó un clima relativamente favorable para la expansión industrial de algunas regiones del país, entre ellas la región Capital,¹ configurada por la interacción en torno a la gestión y aprovechamiento del agua impulsadas por el gobierno mexicano y la industrialización, entre el entonces Distrito Federal (en adelante DF) y el Estado de México. Las consecuencias de dicha interacción poco a poco fueron impactando en niveles municipales, como en Jocotitlán, donde el ejido Los Reyes y el Complejo Industrial Pastejé protagonizaron disputas originadas por el emplazamiento industrial en una zona predominantemente agrícola, así como por el agua y la tierra.

ESCALA REGIONAL Y NIVELES DE ANÁLISIS

Desde su surgimiento el concepto región ha tenido un proceso de desarrollo y reelaboración tanto al interior de la geografía como de otras disciplinas,² imposibles de tratar aquí por no ser el objetivo de este artículo. Sin embargo, es necesario aclarar que cuando en este trabajo se habla de espacio, región y escala se entiende la diferencia conceptual de cada uno de ellos. A continuación, se mencionará la idea que se tiene de cada uno de ellos y posteriormente se explicará cómo se combinan para dar origen a lo que aquí denominamos Escala regional.

El espacio es una totalidad social que se produce y reproduce a partir de relaciones sociales (^{Lefebvre, 1974}); entre ellas, las de producción, política, cultural y de poder. Se produce (el espacio) de acuerdo con realidades y particularidades específicas de cada país, pero siempre relacionadas con procesos internacionales, nacionales, regionales, estatales y locales. Por ejemplo, el modelo de sustitución de importaciones, que fue una política de desarrollo industrial y económico, impulsa a nivel mundial la implementación y su impacto al interior de los países y sus respectivas regiones fue en diferentes formas y momentos. Esta política se desarrolló en México entre los años de 1940-1980, aproximadamente.

Por su parte, la región surge de la división del espacio,³ cuya producción social es heterogénea y se manifiesta de diversas formas, lo cual convierte a este fenómeno en un proceso complejo con una gran variedad de escalas, dimensiones y aspectos a reflexionar.

Mientras que la escala es, en su sentido más amplio, “la dimensión espacial, temporal, cuantitativa o analítica utilizada para medir y estudiar cualquier fenómeno, los niveles corresponden a las unidades de análisis localizadas en diferentes posiciones de una escala” (Cash et al., 2006, p. 2, citado en ^{Morales y Jiménez, 2018}).

Derivado de los tres conceptos mencionados la escala regional, se define como:

La escala regional está ligada estrechamente con los ritmos largos de la economía nacional y global, y la identidad regional es construida “desproporcionadamente alrededor de los tipos de trabajo que ahí se desarrollan. La región puede ser concebida como una red concentrada de conexiones económicas entre productores, demandantes, distribuidores y una miríada de actividades subsidiarias, todas localizadas en localidades urbanas o rurales” (^{Smith, 1993, p. 108}).

Por tanto, la escala regional constituye tanto la integración de la dimensión espacial y temporal (escala), como diferentes niveles de análisis⁴ que configuran a la región. Para el caso que presentamos, la escala regional se ubica en el Estado de México durante el periodo de 1940-1980 y se produce socialmente⁵ a partir de niveles de análisis, en este caso el valle de Toluca⁶ en un primer momento (1942-1951), el valle de Ixtlahuaca⁷ en un segundo momento (1968-1973) y el municipio de Jocotitlán, donde se ubican el ejido de Los Reyes y el Complejo Industrial Pastejé, en un tercer momento.

A partir de dichos niveles de análisis se podrá evidenciar que tanto las etapas de transferencia de agua desde los valles de Toluca e Ixtlahuaca hacia el DF, así como el proceso de industrialización del Estado de México, se conjugaron para impactar en la gestión, el aprovechamiento del agua y el proceso de industrialización en el municipio de Jocotitlán, Estado de México, entre 1940-1980.

De igual forma, el análisis multinivel permite entender la variabilidad de relaciones en la escala regional, debido a que se observan diferentes formas de interacción entre los elementos analizados, así como sus cambiantes facetas, es decir, la importancia y actuación de algunos cambia según el nivel, el contexto histórico y arena política desde donde operan (^{Gutiérrez, 2001}).

Con base en lo expuesto, se podrá ver la forma en que el cambio de actividades productivas, a saber, lacustre-agricultura-industria, la migración campo-ciudad, las relaciones cambiantes entre los actores participantes, entre ellos, localidades afectadas, DDF, gobierno del Estado de México y las negociaciones políticas, derivaron en etapas tensas y conflictivas. Asimismo, se evidencia como estos elementos de análisis se fueron renovando y operando según su nivel de actuación y periodo, es decir, decisiones políticas tomadas a nivel federal e implementadas a nivel estatal produjeron socialmente una escala regional en el Estado de México, conformada por diferentes niveles de análisis.

VALLES DE TOLUCA E IXTLAHUACA, TRANSFERENCIAS DE AGUA Y ASENTAMIENTO INDUSTRIAL

La relación establecida entre el DF y el Estado de México entre 1940 y 1980, en torno a los procesos de gestión y aprovechamiento del agua e industrialización impulsados por el gobierno, estuvo influenciada por los cambios experimentados en el país, como consecuencia de las políticas de desarrollo basadas en el modelo de sustitución de importaciones, así como por la reorientación del uso de los recursos hídricos, que fueron dirigidos hacia algunos sectores agrícolas y mayoritariamente al fomento del desarrollo urbano e industrial.

De acuerdo con el estudio de ^{Hernández (1983)}, entre las regiones que mayor despegue industrial alcanzaron, está la que denominó región Capital, integrada por el DF y Estado de México (véase mapa 1).

Fuente: elaboración propia basada en la integración de regiones con desarrollo industrial para el periodo de estudio de ^{Hernández (1983, p. 66)}

Mapa 1 Regiones mexicanas con mayor desarrollo industrial (1940-1980) 

Como se puede apreciar en el mapa, la región Capital fue la que mayor porcentaje de crecimiento industrial presentó. Entre otros factores, el repunte se debe a que fue beneficiada con obras de infraestructura como carreteras y otras vías de comunicación. No obstante, en el DF el abastecimiento de agua ya era un problema, debido a que tanto el suministro del sistema Xochimilco y sus respectivas ampliaciones, así como los pozos del Valle de México ya no se daban abasto para dotar a los habitantes de la capital del país. Por tanto, con el objetivo de incentivar el desarrollo industrial se buscaron fuentes de abasto externas.

El Estado de México -además de experimentar crecimiento industrial y demográfico en los entonces municipios aledaños al DF- fungió como proveedor de agua para la capital del país, prueba de ello son las transferencias de agua realizadas entre 1940-1980. Así, el DF incrementó su abastecimiento hídrico gracias a los recursos de los valles de Toluca e Ixtlahuaca (véase mapa 2).

Fuente: elaboración propia con datos de ^{Cirelli (1997)}

Mapa 2. Valles de Toluca e Ixtlahuaca y las fases de transferencia de agua al DF 

La primera fase de transferencia de agua hacia la capital del país se realizó desde el valle de Toluca, y la fuente trasvasada fueron las lagunas Chignahuapan, Chimaliapan y Cacamilhuacan, que emanan del río Lerma,⁸ lo que afectó a los habitantes que vivían de la pesca y de la caza de patos -que era posible practicar.

Para la implementación de dicho proyecto no se requirieron acuerdos políticos formales, se inició en 1942 y se terminó en 1951 (^{Perló y González, 2005}). Además, significó un cambio en las actividades económicas de los habitantes del valle, es decir, se abandonó la economía lacustre y, en algunos casos, se sustituyó por la agricultura y la industria textil. Asimismo, se incrementaron las migraciones hacia el DF y Toluca en busca de oportunidades laborales en la creciente industria, lo que a su vez produjo cambios sociales.

Por su parte, el valle de Ixtlahuaca fue utilizado para la segunda etapa de transferencia de agua al DF (1968-1973);⁹ a diferencia del anterior, este trasvase sí requirió de acuerdos políticos formales entre el DDF, el gobierno del Estado de México, la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH), la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el gobierno federal -quien dio el aval-, para poder llevarse a cabo. Además, el agua transferida fue subterránea, lo cual produjo estragos en la riqueza de los suelos predominantemente agrícolas de la región (^{Cirelli, 1997}).

En cuanto a la actividad económica, el valle de Ixtlahuaca -al contrario del valle de Toluca, en donde se desarrollaba primordialmente la economía lacustre- dependía principalmente de la agricultura. En este caso, debido a la disminución de los mantos freáticos y de los cuerpos superficiales de agua,¹⁰ las tierras perdieron humedad y se redujo la productividad agrícola.

Entre los acuerdos políticos establecidos se contemplaron las indemnizaciones a las localidades afectadas, las cuales correrían por cuenta del DDF, así como todas las obras necesarias para la transferencia del agua. Por su parte, el gobierno del Estado de México se encargaría de conseguir la opinión favorable de los municipios afectados y de la legislatura del estado.¹¹ Sin embargo, como veremos más adelante, algunos de estos acuerdos no se cumplieron en el municipio de Jocotitlán y, en consecuencia, se produjeron disputas por el agua entre los ejidatarios de Los Reyes y el DDF.

Otra diferencia substancial entre las dos etapas de transferencia fue que el agua de la primera se destinó únicamente para el DF, mientras que en el caso de la segunda se compartió entre la capital del país y los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza, ubicados en el Estado de México, así como con los de Toluca y Lerma, los cuales, como señalaremos posteriormente, experimentaron un importante desarrollo industrial.

En cuanto a las políticas de desarrollo industrial iniciadas en el Estado de México bajo el mandato de Isidro Fabela (1942-1945), estas trajeron un enorme crecimiento para diversos municipios de la entidad, mismo que pasó por diferentes etapas. En principio, el 21 de octubre de 1944 entró en vigor la Ley de Protección a la Industria en el Estado Libre y Soberano de México (^{Béjar y Casanova, 1970, p. 167}), la cual estipulaba en la fracción IV de su artículo 1 como zonas en las que se establecerían las industrias:

A excepción de Chalco, Lerma y Toluca, ninguno de estos distritos contaba con la infraestructura y los requisitos necesarios para el establecimiento de la industria; es decir, la idea fue fomentar el desarrollo de esta actividad. Asimismo, la citada ley mencionaba que los municipios aledaños al DF (Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Tultitlán) no estaban contemplados entre aquellos donde se establecerían las industrias, debido al incremento de problemáticas derivadas del desarrollo industrial, entre ellas:

No obstante, dicha iniciativa falló, pues fue en tales municipios donde más empresas se asentaron entre 1940 y 1950.

Se han otorgado en el año que tengo de actuar, 32 nuevas concesiones a diferentes empresas con una inversión en total de $137 545 611.26, siendo la de mayor importancia: “La eléctrica de México”, S. A., con $75 500 000. 00, en el municipio de Tlalnepantla; “Laminadora de Acero”, S. A., con [...] $20 000 000, en el de Tultitlán; “Reynolds Internacional de México”, S. A., (fabricación de lámina y papel de metales no ferrosos), con $7 750 000.00, en el de Tlalnepantla, etc., parte de estas industrias iniciaron sus gestiones para venir al Estado, en los últimos días del gobierno anterior; “Pastipos”, S. A., con $5 000 000.00 en el de Naucalpan y “Cementos Anáhuac”, S. A., con $4 000 000.00 en el de Tlalnepantla.¹²

El motivo de lo anterior es que “los funcionarios de la Asociación de Industriales del Estado de México comentaron que la concentración industrial en tales municipios se debe a que ellos ofrecen todos los servicios públicos adecuados como suministro de agua, drenaje, pavimento, etc.” (^{Béjar y Casanova, 1970, pp. 218-219}). Esto derivó en una saturación industrial en Naucalpan y Tlalnepantla.

Asimismo, el abastecimiento de agua para uso industrial también representó una dificultad para la dispersión industrial en el Estado de México, debido a que antes de la década de los años setenta la SRH declaró en veda el acuífero del Lerma; por tanto, no era posible perforar nuevos pozos y sólo estaban permitidos los pozos destinados para la -antes citada- segunda fase de transferencia de agua al DF, en este sentido, dicho proyecto y otros altercados fueron un marco importante para que ambas entidades negociaran el reparto hídrico y que se levantara la veda, con ello el gobierno mexiquense consiguió el líquido necesario para dar soporte tanto al crecimiento industrial, como al demográfico.¹³

En consecuencia, la Asociación de Industriales del Estado de México y las autoridades estatales decidieron conformar la Comisión Mixta de Estudio para la Localización de Zonas Industriales, la cual operó bajo los siguientes criterios:

1. Las nuevas zonas deberán estar ubicadas en la proximidad del Distrito Federal y en un radio no mayor de 100 kilómetros del mismo.

2. Se dará preferencia a las zonas en que haya disponible mano de obra agrícola desocupada.

3. Las zonas contempladas deberán contar con la posibilidad de ser conectadas con caminos de acceso y ramales ferrocarrileros, a las vías rápidas de comunicación con la ciudad de México, y a las líneas ferroviarias principales que comunican con el resto del país.

4. Deberán contar con agua y energía eléctrica suficiente, o con la posibilidad de que levante la veda para la perforación de pozos para la extracción de agua (^{Béjar y Casanova, 1970, p. 219}).

Después de observar los puntos solicitados, es evidente que todavía se buscaba la proximidad al DF, pero sobre todo tener vías de comunicación suficientes con la capital, así como elementos naturales disponibles para la fabricación de los productos, como es el caso del agua. Dicha situación pone de manifiesto un marcado interés por conservar las ventajas que proporciona la conglomeración industrial.

En conjunto, estos factores influyeron para que se buscaran otros lugares para la expansión y descentralización industrial en el Estado de México. Tal iniciativa trajo como resultado que empresarios dispuestos a invertir se establecieran en municipios sin ninguna tradición industrial (sobre todo agrícolas); además, se les otorgaron facilidades económicas y políticas, así como los insumos necesarios para la manufactura de sus productos, entre ellos el agua.

En este contexto, el valle de Toluca resultó ser el lugar seleccionado para el establecimiento de la industria. A pesar de que esta región tuvo esbozos de industrialización desde la década de 1940, no fue sino hasta la década de 1960 que comenzó a manifestarse y se hizo evidente con la construcción del Corredor Industrial Toluca-Lerma en el tramo de la carretera México-Toluca que va de la ciudad de Lerma a Toluca (véase mapa 3).

Fuente: elaboración propia con base en datos de ^{Albores (1995)}

Mapa 3 Corredor Industrial Toluca-Lerma y municipios conurbados al DF 

El corredor Lerma-Toluca ocupó el segundo lugar de la producción estatal en 1965 con el 12% de los establecimientos industriales, el 8% del personal, el 9% del capital invertido y cerca del 8% de la producción total del estado. El corredor está conformado, además de Toluca, por el municipio de Lerma, de San Mateo Atenco, también abarcaba Zinacantepec y Huixquilucan. En relación a lo que respecta a su instalación y despegue industrial, se ha comentado ya que, si bien la instalación se remonta a 1940, no fue sino entre 1960 y 1970 cuando se dio inicio su crecimiento sostenido (^{Albores, 1995, p. 357}).

El fomento industrial en el valle de Toluca también buscó combatir el desempleo de la región por medio de la diversificación de actividades económicas diferentes a la agricultura, como la ganadería, las artesanías y las industrias familiares. El gobierno estatal apoyó: “El establecimiento de nuevas industrias en otra zona que no sea la de Tlalnepantla, tanto para descentralizar y descongestionar esta área, como para abrir nuevas fuentes de empleo en el Valle de Toluca, por ejemplo, o en las regiones del norte y del sur, mediante estímulos económicos y facilidades que alienten el desarrollo industrial y su diversificación hacia nuevas áreas” (^{Siller, 1964, p. 98}).

En suma, se puede decir que el objetivo planteado al instaurar el Corredor Industrial Toluca-Lerma se cumplió, ya que se abrieron fuentes de empleo en el sector industrial, pero al mismo tiempo los habitantes de la región experimentaron un cambio en su vida y en las actividades económicas, y se detonaron la contaminación y la explotación de recursos naturales.

Como manifestación de lo anterior, también se modificó la ocupación territorial, ya que la población se concentró en algunos espacios. Así, la población económicamente activa creció en el sector industrial, así como en el de comercio y servicios, pero disminuyó en el agropecuario. En este sentido puede mencionarse el cambio en la producción de los sectores primario y secundario de los municipios que conforman el corredor industrial (Lerma, Metepec, Tenango del Valle, Toluca y San Mateo Atenco), que entre 1960 y 1980 experimentaron un decrecimiento en el porcentaje de producción del sector primario, pero un aumento en el sector secundario (véase cuadro 1).

Ahora bien, en cuanto al envío de agua al DF, esto originó problemas para el valle de Toluca, como un desecamiento del terreno en general, que a su vez se reflejó en grietas en carreteras, casas y otras obras. Además, un paulatino hundimiento de la ciudad de Toluca y problemas de contaminación asociados a las fábricas del corredor industrial y a las aguas negras de las zonas urbanas, las cuales desembocan en el río Lerma que también funciona como drenaje.

Otro proceso relacionado con la transferencia de agua al DF fue el impacto de dos acontecimientos en la economía de la zona: la captación del agua de los municipios de Almoloya del Río y de Lerma y la creación del Corredor Industrial Toluca-Lerma. El primero se dio a partir de 1950, pues con la consecuente desecación de las lagunas los habitantes ribereños se vieron obligados a abandonar la economía lacustre y a emplearse en las fábricas. El segundo se produjo con la construcción del Corredor Industrial Toluca-Lerma, ya que el trabajo en la industria pasó a ocupar un lugar privilegiado y desplazó las actividades primarias a un estatus inferior (^{Albores, 1995}).

Con base en lo expuesto, es posible señalar que los municipios de Toluca y Lerma tuvieron su despegue industrial a lo largo de la década de 1960, y que esto dio origen a la segunda zona industrial más importante del Estado de México. Despunte que no fue casual, ya que ambos municipios reúnen las mismas características que los ubicados al norte del DF, además -como ya se comentó- ambos fueron beneficiados con agua a partir de la segunda fase de transferencia de agua a la ciudad de México, lo cual significó un poderoso estímulo para el establecimiento de nuevas industrias.

Pero la expansión no se limitó únicamente al valle de Toluca, en la misma década de 1960 la industrialización llegó al valle de Ixtlahuaca con el asentamiento del Complejo Agroindustrial Pastejé en el municipio de Jocotitlán. Dicha empresa llevó desarrollo industrial al municipio y con ello un proceso de transformación, y fue la única en establecerse en la región hasta la década de 1980, cuando se comenzó a industrializar el municipio de Atlacomulco (como se verá más adelante, las razones para dicho emplazamiento fueron más de índole política que por inercia del proceso de industrialización).

JOCOTITLÁN: HACIENDA PASTEJÉ Y LOS REYES, REPARTO DE AGUA, TIERRA Y REESTRUCTURA PRODUCTIVA (1940-1960)

La gestión del agua orientada a favorecer el desarrollo industrial de la región capital no fue la única decisión del gobierno mexicano que encendió las disputas y conflictos por el líquido en Jocotitlán antes de 1940, lo mismo sucedió con el reparto de tierras a los diferentes grupos de campesinos que las solicitaron al amparo del reparto agrario. En el caso de la Hacienda Pastejé, por tener una larga extensión territorial de 3 071 hectáreas “fue fraccionada entre 1924 y 1937 para la dotación de cinco pueblos, San Pedro de los Baños, San Martín Ixtlahuaca, Los Reyes, San Juan y San Agustín y Santo Domingo de Guzmán. Fue afectada con 1893 ha de su extensión territorial, lo que significó que perdiera el 62% de la antigua propiedad” (^{Salinas, 2000, p. 119}). Además, a Los Reyes se le dotó de tierras de otras tres haciendas (véase cuadro 2).

Para la década de 1940, Los Reyes ya estaba constituido como ejido; la agricultura continuó siendo la base económica de los habitantes, una parte de los terrenos cultivables eran de temporal, otra de riego y una más, improductiva por ser pedregosa.¹⁴

Por otra parte, la antes hacienda Pastejé también inició una nueva etapa en el municipio de Jocotitlán al convertirse en unidad ganadera; el dueño de la hacienda -quien en ese momento era Eduardo Iturbide- comenzó su negocio basado en la cría de ganado con “695 cabezas de ganado mayor, de las cuales 513 eran de ganado fino de lidia, 157 cabezas de ganado vacuno y 25 de equino” (^{Salinas, 2000, p. 122}).

Estos cambios en la actividad económica de ambas unidades son una muestra del papel que protagonizaron en el proceso productivo puesto en marcha en México a partir de la década de 1940. Respecto al reparto de agua, este se relacionó con el de la tierra, ya que con la promulgación de la Constitución de 1917 el gobierno mexicano quedó facultado para repartir tierras, aguas y bosques entre las comunidades despojadas, o bien entre grupos que carecieran de ellas.

Fue mediante este procedimiento que tanto el ejido Los Reyes como la hacienda Pastejé realizaron gestiones ante la entonces Secretaría de Agricultura y Fomento (SAyF) para poder hacer uso del agua. Así a Los Reyes se le otorgaron de manera simultánea a la tierra 304 hectáreas de la hacienda Pastejé; 205 constituyeron terrenos de riego que se regaban con aguas del manantial “Agua Zarca” hasta completar un volumen anual de 869 200 m³ de las mismas tomas y canales de la hacienda Pastejé.¹⁵

De igual forma, solicitaron al procurador de aguas de la SAyF¹⁶ que se les asignará agua del manantial “La Toma” para regar tierras que les cedieron de la hacienda Cañicúa; esta solicitud fue concedida. El agua era transportada a través del canal Cañicúa hasta completar 586 000 m³.¹⁷

En el mismo sentido, en 1954 la SRH otorgó la cantidad de 534 953 m³ de agua, los cuales se tomaron también del manantial “La Toma” y del río Sila, ambos de propiedad federal. El agua se distribuía de la siguiente forma: para riego de parcelas, del manantial “La Toma” se asignaron 268 953 m³ para regar 70 hectáreas, mientras que para el riego de 76 hectáreas se estipuló un volumen anual de 266 000 m³ del río Sila.¹⁸

En cuanto a la hacienda Pastejé, por decreto presidencial en 1944, se le dotó de 31.2 litros sobre segundo¹⁹ de agua, la cual también se tomaba del manantial “Agua Zarca”. Respecto a su utilización, su dueño el señor Eduardo Iturbide manifestó: “esas aguas trato de aprovecharlas para el fomento de la misma ganadería, así como el cultivo forrajes que es indispensable para la alimentación del ganado”.²⁰

A principios de la década de 1940, las autoridades locales tenían poca o nula injerencia en la administración del agua, la responsabilidad recaía en la SAyF, ante esta situación los propietarios de tierras denominadas de pequeña propiedad vieron la oportunidad de llevar a cabo nuevas negociaciones con esta dependencia. Ejemplo de ello fue el señor Iturbide, quien supo adaptarse a las nuevas reglas políticas del gobierno mexicano. Así, en 1941, Iturbide consiguió el otorgamiento de inafectabilidad por 25 años para su propiedad por dedicarse a la ganadería, con lo que evitó que se le fraccionaran más tierras para dotar a los ejidos.

Una vez conseguido este objetivo, en 1944 Iturbide comenzó gestiones para recuperar el agua y con esa finalidad envió una solicitud a la SAyF, en la cual pedía se le otorgara concesión de derechos para la utilización de las denominadas aguas broncas de los manantiales “Las Fuentes de Jocotitlán” (el cual había perdido ante el Ayuntamiento de Jocotitlán a principios de siglo).

En su petición, Iturbide argumentó que dichas aguas no eran aprovechadas por los ejidatarios vecinos por falta de infraestructura, pero que él sí podría hacerlo y almacenarlas en la presa San Antonio, ubicada dentro de su propiedad; mencionó también que el uso de esta agua sería exclusivamente para cultivar forraje, necesario para alimentar a su ganado. Subrayó que dicho procedimiento no afectaba a ejido, persona o negociación alguna.²¹

Iturbide no tuvo ningún problema con su solicitud, la cual le fue respondida ese mismo año de manera positiva por el subsecretario de la SAyF, Heriberto Allera. Únicamente se le hizo la recomendación de no perjudicar a los ejidos ni disminuir los afluentes que llenaban las presas que abastecían y regaban los terrenos de San Juan y San Agustín, Santa María Endaré y la Concepción Atotonilco.

De lo comentado se desprende que la dotación de agua también se encontraba en un proceso de reestructuración. Por lo que al inicio de la década de 1940 la SAyF tuvo que fungir como árbitro en las peticiones de dotación, las cuales no se respondían de manera inmediata, ya que se tenía que realizar un procedimiento largo y tardado. Entre más se alargaban las solicitudes, menos posibilidades tenían los comuneros y ejidatarios de ser beneficiados, y muchas resultaban a favor de los pequeños propietarios (debido a los favoritismos institucionales, su capacidad económica para solventar juicios y hasta por desistimiento de sus opositores).²²

Una prueba más de dicha preferencia fueron las modificaciones hechas al artículo 27 constitucional²³ en 1945, que básicamente se orientaron a otorgar a los predios la propiedad de las aguas que corrieran o se depositaran dentro de ellos. Otra prueba todavía más contundente se puede ver en la reforma a la fracción XV del mismo artículo en 1946. Con dicha modificación se estableció que cuando se tratara de obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad a la que se le hubiera expedido certificado de inafectabilidad, o se hubiera mejorado la calidad de sus tierras para la explotación agrícola o ganadera, tal propiedad no podría ser objeto de afectaciones agrarias aun cuando en virtud de la mejoría obtenida se rebasaran los máximos señalados por la misma fracción, siempre que se reunieran los requisitos fijados por la ley.²⁴

De este modo se evidencia que el periodo 1940-1960 marcó una etapa de reestructura, tanto para el ejido los Reyes como para la antes Hacienda Pastejé, que terminó transformada en la Unidad Ganadera Pastejé, con lo que se adaptó a las nuevas exigencias del momento económico nacional y, además, aprovechó las ventajas reglamentarias y jurídicas para cambiar de la actividad productiva agrícola a la ganadera. De su parte, el naciente ejido advirtió cómo dichos cambios operaron en su perjuicio, sobre todo en lo referente al acceso al agua. Dichas diferencias se agudizaron paulatinamente, veamos cómo sucedió.

EL TORERO, EL EMPRESARIO Y LOS POLÍTICOS (1960-1980)

En la década de 1960, el ingeniero Alejo Peralta estaba en la búsqueda de un lugar para establecer su fábrica Industrias Unidas, S. A. (en adelante IUSA). Dentro de sus planes, Peralta consideraba poder encontrar un lugar que no estuviera dentro del entonces DF ni en su área metropolitana o en el recién creado Corredor Industrial Toluca-Lerma, ya que buscaba huir de la saturación industrial, urbana y poblacional de estas zonas. Así pues, lo que requería era un lugar cercano al DF y cuyos habitantes no tuvieran tradición obrera ni sindical para evitar problemas como huelgas.²⁵

Su arribo a Jocotitlán se dio gracias a la relación de amistad que tuvo con David Romero Castañeda, originario del Estado de México.

El licenciado Romero Castañeda era uno de los amigos personales del presidente Miguel Alemán [...] Romero Castañeda fue diputado por el Estado de México y formó parte, con Juan Manuel Elizondo, regiomontano y amigo también de Alemán, de un trío que ejerció el control político de la Cámara de Diputados; además sustituyó al licenciado Luis Echeverría en la oficialía mayor de la Secretaría de Educación Pública (^{Suárez, 1992, pp. 163-164}).

Romero Castañeda poseía un rancho llamado Santa Elena en la región del valle de Ixtlahuaca, por lo que conocía bien la zona y al enterarse de la inquietud de Peralta lo invitó a dar un recorrido. La región atrajo al dueño de IUSA, pues vio en ella la posibilidad de ejecutar su proyecto tal y como lo tenía contemplado. A saber, un lugar donde los habitantes no tuvieran tradición obrera, lo que le permitiría inculcarles la cultura laboral que él creyera conveniente.

Para entonces, la Unidad Ganadera Pastejé ya pertenecía al torero Carlos Arruza, quien adquirió la finca para dedicarse al negocio de la ganadería: “el célebre torero había adquirido la exhacienda para la cría de reses bravas. Sin embargo, no le fue muy bien al diestro en la plaza con el negocio de la crianza de toros. Ante la amenaza del reparto agrario, la finca le quemaba las manos” (^{Suárez, 1992, p. 167}).

Por tanto, las condiciones para proponer la compra estaban dadas. De esta forma, Peralta aprovechó la invitación que le hizo Arruza a una comida que ofreció en su casa para iniciar los trámites para la compra de la Unidad Ganadera Pastejé.²⁶

Entre los problemas legales que tenía la Unidad Ganadera Pastejé antes de ser vendida estaban los ocasionados por el uso del agua -como se vio en el apartado anterior- y por las solicitudes de ampliación de ejidos que hacían los habitantes de los pueblos vecinos. En este sentido hubo un fraccionamiento para beneficiar a los habitantes de Los Reyes cuando Carlos Arruza todavía era el propietario: “6 de abril de 1960. Se publica en el Diario Oficial del Estado de México la ampliación de ejido al pueblo de Los Reyes, con tierras de la finca Pastejé propiedad de Carlos Arruza.”²⁷

En cuanto Peralta adquirió los terrenos de lo que fue la hacienda Pastejé, se terminaron los problemas por la lucha de la tierra que prevalecían en la región, ya que este tenía relación con funcionarios públicos de aquel gobierno, entre ellos “el diputado Leopoldo Velasco quien entre los propósitos de la reforma agraria promovía el reparto de la tierra de esa región y al adquirirla el nuevo propietario declinó de ese propósito” (^{Suárez, 1992, p. 170}).

Una vez adquirida la finca (aproximadamente en 1961) y sobre la base de lo que fue la antigua ganadería con cerca de 1 000 ha a salvo de inundaciones y atravesada por la carretera Panamericana, comenzó la construcción estratégica de lo que a la postre sería el Complejo Industrial Pastejé. Peralta buscó deshacerse de los toros de lidia debido a que no le interesaba continuar con la ganadería y le vendió todo el ganado a Carlos Madrazo -importante político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI)- para dejar libre el terreno y poder iniciar la construcción.

Respecto al agua, contaba con dos pequeñas lagunas y suficientes acuíferos en el subsuelo. Mientras que, para evitar el reclamo de tierras para ampliar los ejidos circundantes, ordenó que la construcción abarcara todos los espacios posibles y que no quedara una sola hectárea libre.

para impedir posibles invasiones, Peralta distribuyó las naves industriales en las esquinas de los límites de la propiedad, a fin de que nada quedara vacío, todo el terreno como adherido a una construcción. Para ello, mandó abrir pozos, tender una línea eléctrica, hacer caminos, limpiar veredas para bicicletas y construir una pista de aterrizaje para movilizarse él mismo por aire, pues ya tenía avión, aunque luego usaría más los helicópteros. Todo con sus propios recursos, sin ayuda de la Federación ni del Estado (ni se las pidió). En 10 o 15 minutos se trasladaba desde la ciudad de México a Pastejé. Todo en aquellos febriles días de la construcción, Peralta visitaba Pastejé, que ya no era una finca ex ganadera de reses bravas, sino la Unidad Industrial Pastejé (^{Suárez, 1992, p. 172}).

Lo descrito refleja el poder económico y político del empresario, mismo que utilizó para abrir pozos y aprovechar los acuíferos subterráneos, que en aquella época podían explotar los dueños de los predios. Dicho poder también lo usó para conservar la posesión de la tierra, tanto con la construcción estratégica de las naves industriales como con la intervención de funcionarios públicos de algunas instituciones.²⁸

Asimismo, Peralta contó con infraestructura de energía y comunicaciones, como una línea de energía eléctrica y una ubicación a pocos kilómetros de la vía del ferrocarril México-Acámbaro. Así pues, poseía las condiciones mínimas, sin las cuales hubiera sido imposible pensar en un enclave industrial de tal magnitud (^{Mora y González, 1966}). En suma, tuvo la capacidad económica y las relaciones políticas suficientes para establecer acuerdos informales que facilitaran el asentamiento de su empresa en Jocotitlán; es decir, ejerció el poder por medio de negociaciones y decisiones avaladas por instituciones pertenecientes a los gobiernos federal, estatal y municipal. De esta forma, para el año de 1964 quedó terminado el Complejo Industrial Pastejé.

En torno a la apropiación del agua, cabe preguntarse: ¿la construcción de infraestructura realizada por IUSA afectó de alguna forma el abastecimiento de agua de la comunidad de Los Reyes? Y, de ser así, ¿de qué manera actuaron los campesinos de este poblado?

En principio -como se vio en líneas anteriores-, la construcción de las naves industriales se hizo sobre los terrenos de la antigua hacienda Pastejé, pero no fue así por completo; Peralta también necesitó tierras que tuvieran agua dentro de su jurisdicción, pues al parecer no le era suficiente la que tenía dentro de su predio. Con este objetivo, entre finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, Peralta negoció la permuta de hectáreas de tierra que contenían una presa por hectáreas de tierra sin agua con los miembros del comisariado ejidal de Los Reyes. El resto de los representados evidentemente no estuvo de acuerdo.

le voy a decir lo de Pastejé, nosotros teníamos en la parte de acá, la presa era de nosotros, eran trescientas noventa y tres hectáreas cincuenta áreas, y luego los Comisariados de esa época hicieron una permuta, y se vendieron, nos regresan trescientas tres hectáreas cincuenta áreas. Y les dieron dinero, les dieron caballos, maíz cacahuazintle, a cambió de esas tierras, bueno fue una cosa.²⁹

Como se puede apreciar, a los poseedores originales les devolvieron 90 hectáreas menos de las que habían dado. Para el año de 1976, los miembros del comisariado ejidal vigente quisieron regularizar dicha situación, pero la única alternativa que tenían era interponer un juicio en contra del propietario del Complejo Industrial, y terminaron por descartar esa vía por verse en franca desventaja respecto a su adversario. Claramente, el poder económico y las relaciones políticas que tenía Peralta lo hacían un contrincante muy fuerte; así, cuando a los ejidatarios se les preguntó quién lo apoyó, dijeron: “gente de muy arriba siempre compraba a la comunidad y quien los apoyaba era el Gobierno Estatal y Federal”.³⁰

Otra situación que los hizo desistir sobre la demanda al dueño de IUSA, fue el temor a que algunas personas del pueblo de Los Reyes que laboraban en la fábrica perdieran su empleo:

luego estaban trabajando, unas mil personas de Los Reyes, entonces estas personas nos las van sacar para Los Reyes eliminarlo, porque son explotadores, aunque sí han ayudado a la economía, pero, usted cree que un sueldo de cuarenta y dos, es el salario de aquí [...] Entonces ya nos pusimos a pensar bueno, son noventa hectáreas que nos faltan ahí y, si nos sacan a mil personas no les va alcanzar ni para hacer su casa, con lo que nos den y nos van a echar la gente ahí, de Los Reyes. Entonces ya para ese tiempo también se murió don Ernesto (1983) y ya no hicimos nada […].³¹

Asimismo, comentaron que antes de iniciar el juicio la Secretaría de la Reforma Agraria les recomendó lo siguiente: “Y sí nos dijo en ese tiempo la Secretaría de la Reforma Agraria, pues (lo que) tienen (que) hacer, principalmente ampararse, (pero) de todos modos se los van a quemar”.³²

Finalmente, los ejidatarios tampoco tuvieron la opción de solicitar que se actuara en contra del Complejo Industrial por medio del reparto agrario, ya que la empresa introdujo nuevamente el ganado para conseguir inafectabilidad:

lo que pasa como es hacienda de ganado bravo, está amparada con el ganado bravo, entonces no se le puede hacer nada. Últimamente se metieron los del INEGI y entonces tuvieron que meter otra vez a el ganado para protegerse. Pero ya definitivamente ya se dividieron, bueno fraccionaron todo, ya no se les puede hacer nada y luego por el poder definitivamente, porque nosotros también tendremos poder, pero hasta ese grado, no, salimos sobrando.³³

Es evidente entonces que la irrupción de IUSA Pastejé y de su infraestructura sí afectó a los ejidatarios de la comunidad de Los Reyes en relación con el usufructo del agua. Sin embargo, por considerarse en desventaja frente al empresario coludido con el gobierno federal, los ejidatarios no protagonizaron acciones de protesta de mayor magnitud, caso contrario a lo que se verá a continuación.

SEGUNDA ETAPA DE TRANSFERENCIA DE AGUA AL DF: ENFRENTAMIENTO Y NEGOCIACIÓN CON EL DDF

A la par de la irrupción del Complejo Industrial Pastejé al municipio de Jocotitlán, los habitantes del ejido Los Reyes vivieron otro acontecimiento relacionado con el usufructo del agua que también afectó sus actividades agrícolas. En este caso sí se vivieron momentos de tensión y conflicto en la comunidad.

Llegamos así a la segunda etapa de transferencia de agua hacia el DF mediante el trasvase desde el valle de Ixtlahuaca,³⁴ y cuyas obras se iniciaron en 1968 y culminaron en 1973. A diferencia del anterior, este proyecto tuvo como requisito acuerdos formales entre los diferentes niveles de gobierno, es decir, el federal, el estatal, los municipales (del valle de Ixtlahuaca), la SRH y la SAG; esto muestra su importancia. Ahora bien, la problemática se suscitó debido a que el agua transferida fue subterránea, lo cual provocó estragos en la riqueza de los suelos predominantemente agrícolas. A su vez, esto ocasionó movimientos de resistencia por parte de los habitantes. Veamos cómo se vivieron estos acontecimientos en la comunidad de Los Reyes.

El entonces DDF inició la perforación de pozos en la región alrededor de 1966; sin previo aviso y sin negociación, los trabajadores llegaron y comenzaron a excavar los pozos: “nomás entraron así sin tomar en cuenta a nadie. No hubo ningún acuerdo, no más se metieron así sin darnos a saber nada [...].”³⁵Al enterarse de la situación, los representantes del comisariado ejidal del pueblo de Los Reyes acudieron a averiguar de qué se trataba y el porqué de las excavaciones. De esta forma se entrevistaron con los ingenieros en el paraje llamado “Tenería”.

Mira, nosotros fuimos, yo, Aureliano, Genaro con el Comisariado ejidal [...] [inaudible] ya estaban montadas las máquinas en Tenería habían hecho tres pozos, se abrió un pozo en Maboro todavía, pero ese fue para riego. No pero aquí los pozos que iban hacer [...] El acueducto iba a subir hasta (inaudible), pero los atajamos y ya no los dejamos, ahí cuando atajamos en Tenería, iba con Genaro que era nuestro Comisariado y Juventino Cruz era Comisariado de Jocotitlan y él iba con nosotros. Ya no los dejamos, ni un pozo más [...].³⁶

A pesar del bloqueo realizado por los ejidatarios de Los Reyes, el proyecto continuó hasta culminarse y en total se construyeron 550 pozos desde Almoloya del Río hasta Los Reyes, en Jocotitlán. Para finales de la década de 1960 y a manera de indemnización, a la comunidad se le otorgaron algunos beneficios:

nos dieron el jardín de niños, nos dieron el plafón del salón, la puerta y todo el piso de la escuela primaria, la barda de allá fuera y trescientas sesenta de tomas de agua potable, con toma domiciliaria sin ningún costo para los ciudadanos, eso fue al principio en el sesenta y siete y el sesenta y nueve. El agua potable nos la dieron de este pozo, ya no me acuerdo qué número tiene [...] Todavía el agua potable la estábamos agarrando de un manantial, entonces ese pozo lo pedimos para riego y ya [...].³⁷

En un principio, los ejidatarios de Los Reyes quedaron satisfechos con la indemnización del DDF a cambio de la excavación de los pozos. Sin embargo, la situación se tornó tensa para 1973, cuando los ejidatarios solicitaron que se les proporcionara más agua de los pozos para poder regar sus parcelas. La petición fue negada, por lo que procedieron a abrir los pozos y a tomar el agua que necesitaban, acción que trajo consecuencias: “estábamos abriendo de ahí [inaudible] que se nombra. Entonces abrimos en la mañana y como a las dos de la tarde llegó la policía del estado y estaban subiendo a gente que estaba regando. Subieron a cinco personas, entonces alguien se dio cuenta y tocamos las campanas y nos juntamos y ya no los dejamos que se los llevaran”.³⁸

Lo expresado por el ejidatario sugiere que el altercado se pudo detener de manera momentánea, pero la necesidad de agua no cesó y los ejidatarios se movilizaron para buscar una solución definitiva, por lo que se dirigieron a hablar directamente con Carlos Hank González, gobernador del estado.

queríamos una entrevista con el gobernador. Al otro día fue cuando nos citaron en el Palacio de Gobierno y salía el secretario de Gobierno que era Pichardo Pagaza, no le decimos, nosotros queremos ver al gobernador, porque unos lo conocemos y otros no. Entonces en ese tiempo sacamos un retrato de Emiliano Zapata de la escuela y nos fuimos, armamos alboroto, porque [...], y no nada más nosotros, vimos a Santa María, San Francisco Chejé, San Juan San Agustín, Ixtlahuaca, todos los afectados, y ya nos unimos y sí salió recibirnos Carlos Hank, le decimos nosotros estamos viendo que pasa un río, ahí en nuestro ejido, y ustedes se están llevando una cantidad enorme de agua y nosotros qué.³⁹

La protesta se generalizó entre varios núcleos agrarios del valle de Ixtlahuaca y se agudizó a causa de una fuerte sequía que azotó al Estado de México durante la década de 1970. El gobernador de la entidad ofreció una salida política al asunto y acordó la entrega de cierta cantidad de maíz con los ejidatarios afectados: “se autorizó el pago de tres toneladas por hectárea y se les hizo fácil al gobierno también pagar eso, porque fue desde aquí, hasta Almoloya del Río en el sistema Alto Lerma”.⁴⁰

Cabe mencionar que no todas las salidas que buscaron el gobierno estatal, la SRH y el DDF para solucionar la falta de abastecimiento de agua a los ejidatarios del valle de Ixtlahuaca se basaron en pequeñas indemnizaciones. También se intentó construir otro tipo de infraestructura hídrica: “la Presa la Venta era para sustituir todo el sistema de Jiquipilco, Ixtlahuaca, San Francisco Chejé y Jocotitlán, en un sistema de riego”.⁴¹ La opción parecía viable, pues se trataba de construir una presa y la infraestructura necesaria para que fungiera como sistema de riego para abastecer a los núcleos agrarios colindantes (entre ellos los Reyes), pero los habitantes del ejido de Yeché reclamaron los terrenos donde se llevaría a cabo el proyecto y éste ya no se ejecutó.

Finalmente, los ejidatarios entrevistados comentaron que de haberse invertido bien la indemnización que el DDF y la SRH pagaron al gobierno del Estado de México por la transferencia de agua, ellos podrían haber vivido en mejores condiciones, pero que de aquella indemnización no obtuvieron ningún beneficio.

no más que en ese tiempo no me acuerdo si estaba de gobernador Juan Fernández Albarrán, en ese tiempo era él. En ese tiempo le dieron al gobierno del estado 84 millones, como anticipo nada más. Entonces Juan Fernández Albarrán hizo el palacio nuevo, porque teníamos el palacio de a un lado y con ese dinero hicieron el palacio nuevo. Otra, también la Secretaría de Recursos Hidráulicos también le dieron la misma cantidad y Rubén García Beruna, todavía me acuerdo de todos esos señores, se peló con la lana lo agarraron en Monterrey y todavía así debíamos diez mil pesos del tejado del salón, porque ese costó 56 mil pesos, ese tejado, y se pagaron con bailes que hacíamos el 6 de enero que es la fiesta aquí [...].⁴²

A partir de lo expuesto es posible sostener que el ejido Los Reyes vio disminuidos su acceso al agua y su actividad agrícola durante este periodo. Por un lado, esto se evidencia si se toma en cuenta que, por medio de estrategias jurídicas y políticas, Peralta y su poderosa industria les quitaron la presa que tenían dentro de su jurisdicción. Por otro lado, con la construcción de pozos subterráneos, el DDF provocó que disminuyera la cantidad de agua de la que disponían para el riego de sus parcelas.

En cuanto a las estrategias utilizadas en ambas situaciones, es claro que en el caso de Peralta se vivió una total imposición, mientras que el DDF brindó indemnizaciones que sirvieron para la convivencia social, pero que fueron de poca utilidad para la actividad productiva. En el caso de la entrega de maíz que realizó el gobierno del Estado de México, esta se efectuó una sola vez. Finalmente, respecto al sistema de riego, aunque no se tienen evidencias suficientes, es posible argumentar que la falta de organización entre los diferentes núcleos agrarios provocó que no obtuvieran el beneficio que representaba dicha construcción.

CONCLUSIONES

El análisis escalar permitió examinar desde una perspectiva multiniveles, que articula la orientación de la política industrial y de gestión del agua, el impacto que tuvieron estas dos políticas implementadas a nivel nacional, en el municipio de Jocotitlán entre 1940-1980. El principal nivel de análisis fue regional e involucró a los valles de Toluca e Ixtlahuaca, que debido a su riqueza hídrica fueron utilizados consecutivamente para transferir agua al DF entre 1940 y 1968, periodo durante el cual el valle de Toluca sirvió para el emplazamiento industrial.

La región como nivel de análisis permitió identificar algunas jerarquías inclusivas, es decir, la lógica que la relación entre la gestión federal del agua y la industrialización siguió desde el nivel regional hasta implementarse a nivel municipal. Esto originó procesos emergentes como el cambio de uso de suelo de los terrenos agrícolas para posibilitar los emplazamientos industriales y, desde luego, modificaciones en el usufructo del agua.

Dicho proceso fue observado con mayor detalle en esta investigación al realizar el análisis a extensión municipal, ya que fue posible examinar la interacción y las disputas entre los ejidatarios de Los Reyes y los dueños de la hacienda y la Unidad Ganadera Pastejé hasta convertirse en el Complejo Industrial Pastejé entre 1940 y 1980. Asimismo, se revisaron las disputas por el agua contra el entonces DDF, el cual fue apoyado por el gobierno del Estado de México y la SRH; sin embargo, los ejidatarios sólo identifican como su principal oponente a dicha institución.

Entre otros aspectos, este estudio regional permitió identificar la posición de los ejidatarios de Los Reyes, es decir, su adhesión a un sistema de normas comunes que obedecen al poder de ciertos grupos que vienen a imponer sus valores y sus reglas sobre la mayoría. Desde esta perspectiva se puede sostener que la diferenciación regional se debe -entre otras cosas- a la división territorial del trabajo y a procesos de acumulación capitalista, entre cuyas consecuencias encontramos a su vez la configuración y distinción entre poseedores y despojados.