Estado del arte

Para la mayoría de los intelectuales y políticos que han analizado su trayectoria, la UIA se comportó de forma contraria a lo que requeriría el desarrollo económico nacional. En los trabajos más influyentes se proyecta la imagen de una corporación representante de las franjas mono u oligopólicas y transnacionalizadas del capital, que tiende a “acomodarse” en cada ciclo económico persiguiendo sus intereses de corto plazo (^{O’Donnell, 1982}). Su programa económico estaría signado por ideas liberales, entre las cuales se destacan la necesidad de la retracción del Estado de las esferas económica y social, la libre asignación de recursos a través del mercado y el otorgamiento de un papel relevante al capital multinacional (^{Cúneo, 1967}; ^{Freels, 1970}; ^{Ímaz, 1965}), en clara oposición a la alianza encabezada por la Confederación General Económica (CGE) (^{Acuña, 1996}; ^{Brennan y Rougier, 2013}; ^{Niosi, 1974}). Se enfatiza que la UIA, a diferencia de la CGE, es una entidad que hace escaso hincapié en políticas proindustriales (^{Schvarzer, 1991}). Estudios más recientes han observado tendencias internas, heterogeneidad en su composición social y cambios en sus discursos y propuestas políticas (^{Beltrán, 2006}; ^{Coviello, 2014}; ^{Dossi, 2009}; ^{Gaggero y Wainer, 2009}).

Los capitalistas integrantes de la UIA habrían constituido la alianza que pugnó por una “revancha oligárquica” mediante el establecimiento de la última dictadura militar. A juicio de quienes sostienen una mirada de la historia económica argentina centrada en la acción política, el régimen de facto habría instaurado -por medio de la intervención en la política estatal- un modelo de acumulación asentado en la valorización financiera (^{Azpiazu y Schorr, 2010}; ^{Basualdo, 2006}). Esta novedosa forma de acumulación, hegemonizada por capitales concentrados nacionales y extranjeros, implicaba la supremacía de la valorización del capital en la esfera financiera en detrimento de la productiva. La burguesía nacional y sus “aliados”, la clase obrera, serían los perdedores indiscutidos del proceso.²

El periodo kirchnerista ha sido objeto de discusiones en cuanto a si expresó o no la continuidad del modelo dominante desde 1976. ¿Cambió la base de acumulación vigente en Argentina?, ¿incentivó la primacía de la burguesía nacional, revirtiendo la de la oligarquía diversificada?

Existe cierto acuerdo -incluso entre quienes, en principio, resaltaron las diferencias- en que prevalecieron las continuidades sobre las rupturas. Aunque se parte de la idea de un Estado más autónomo respecto de los intereses inmediatos de los diferentes sectores capitalistas (^{Thwaites Rey, 2010}), la transnacionalización de la economía y la hegemonía de los grandes capitales darían cuenta de un modelo que no pudo recrear una burguesía nacional capaz de desarrollar un proyecto de país diferente (^{Gaggero, Schorr y Wainer, 2014}). Según señalan ^{Castellani y Gaggero (2018)} , “Este rasgo estructural más cortoplacista y de reticencia inversora que caracteriza a la élite económica argentina no se alteró de modo sustantivo con el giro de modelo macroeconómico y constituye uno de los límites claros a las estrategias de desarrollo de los gobiernos progresistas” (pp. 206-207).

Un punto de vista alternativo ofrece ^{Cantamutto (2017)} : entiende que el kirchnerismo implicó un nuevo orden político hegemónico desde una ruptura populista que advino luego de la crisis del neoliberalismo. Este nuevo orden se habría erigido en torno a la articulación hegemónica de un sector del bloque de poder, del cual la UIA fue integrante esencial.

Nuestro interés es aportar al conocimiento de las determinaciones económicas de la acción de los sujetos representados por la UIA en tanto es un aspecto menos explorado de la relación de los capitalistas con el kirchnerismo. Para ello consideramos necesario partir de las particularidades de la acumulación de capital en Argentina.

Fundamentos teóricos y perspectivas metodológicas

Partimos de la consideración de que la acumulación de capital constituye una unidad mundial fragmentada en espacios nacionales. Estos fragmentos, representados por los Estados nacionales como expresiones del capital social, son la forma que toma el proceso mundial de acumulación de capital (^{Altvater, 1976}; ^{Iñigo Carrera, 2003}). En la división internacional del trabajo, Argentina ocupa el lugar de proveedora de materias primas. Dado que la productividad del trabajo de sus tierras es superior a la de los países usualmente denominados “centrales”, el consumo de sus mercancías les permite a estos incrementar la plusvalía relativa que se apropian. Dichos países han propiciado el desarrollo de las relaciones capitalistas de otros como Argentina, y los límites inherentes a su conformación como proveedor de materias primas a escala internacional. Así, a fin de proveerse de mercancías producidas en condiciones que no pueden reproducir mediante el trabajo humano, el capital extranjero facilita créditos, la aplicación de tecnología y el mejoramiento de los sistemas de transporte, sin que ello redunde en el bienestar general de la población, como la historia nos ha demostrado.

Aun habiendo atravesado procesos de reconfiguración de la división internacional del trabajo y el resurgimiento de ciertos sectores industriales durante la postconvertibilidad, Argentina continúa siendo una economía nacional cuya particularidad es la producción de mercancías primarias con destino al mercado mundial. Debido a que las materias primas son mercancías no reproducibles por el trabajo humano, el precio de mercado se fija en el nivel de la tierra donde la productividad del trabajo es más baja. Ese pago por encima de lo “normal” constituye la renta diferencial, disputable entre capitalistas y dueños de la tierra porque no afecta la reproducción del capital agrario. En Argentina, la renta de la tierra es apropiada por sujetos distintos al terrateniente -por ejemplo, capitalistas industriales- que a través de varios mecanismos (subsidios, tipo de cambio, tasas de interés negativas) articulados mediante la acción del Estado habilitan el sostenimiento de una industria de baja productividad (^{Kornblihtt, Seiffer y Mussi, 2016}). Dada la debilidad de sus capitales, esos capitalistas industriales, nacionales y extranjeros, requieren de la apropiación de renta de la tierra para alcanzar la tasa de ganancia media necesaria para continuar reproduciéndose (^{Iñigo Carrera, 2007}).

Dicha determinación general de la acumulación de capital como unidad mundial, fragmentada en espacios nacionales representados por sus respectivos Estados, tiene su expresión concreta en la acción política de los sujetos. Ellos expresan en su comportamiento político el movimiento del capital. El capital es entendido aquí como la relación social que reproduce la vida en la sociedad moderna; una relación que tiene dos polos: capitalistas y obreros (^{Marx, 2004}).

En este trabajo nos ocuparemos de un segmento de los capitalistas, aquellos nucleados en la UIA. Nos preguntamos qué es lo que la UIA expresó particularmente durante los gobiernos kirchneristas, cuál fue su posición frente a los trabajadores y qué acciones llevó adelante frente al Estado, representante del capital social, articulador de los diversos mecanismos de distribución de la renta de la tierra.

Las preguntas formuladas implican como metodología el análisis de información acerca de la UIA. Trabajamos especialmente con declaraciones públicas de los representantes de la entidad, expresiones vertidas en el ámbito interno-institucional, información publicada en periódicos y en revistas especializadas en economía y política de la época. Asimismo, recabamos detalles de las políticas económicas implementadas, dado que nuestro interés es reconstruir qué opiniones han despertado entre los capitalistas industriales. Nos inclinamos por la reconstrucción de una de las formas posibles de acción empresarial: aquella mediada por la corporación (^{Acuña, 1995}). En este recorte, dejamos entonces en suspenso el lobby ejercido individualmente, así como otras formas cuyas marcas en las fuentes accesibles son casi nulas. Asimismo, intentamos dar cuenta tanto de las acciones dirigidas directamente al poder estatal cuya finalidad haya sido la implementación de políticas afines como de aquellas orientadas a generar consenso público respecto de determinada cuestión, mediante ejercicios de retórica (^{Wyczykier y Anigstein, 2014}; ^{Dossi, 2009}).

Las principales fuentes consultadas son hemerográficas (periódicos de circulación masiva, Clarín, La Nación, Cronista Comercial), en tanto es el lugar privilegiado donde hallar información no disponible en las fuentes institucionales. No obstante, estas, en caso de estar disponibles, son ineludibles. Por tal razón, por otro lado, relevamos las Memorias y Balances. También se utilizó bibliografía especializada (^{Basualdo, 2006}; ^{Iñigo Carrera, 2007}) y publicaciones oficiales-estatales (boletines oficiales).

Las fuentes han sido relevadas y la información útil para nuestra investigación clasificada según los temas de interés más recurrentes (tipo de cambio, salarios, subsidios, relaciones con otras corporaciones y sectores sociales) y ordenada cronológicamente. Se pusieron en juego, en primer lugar, el “análisis documental” a la hora de seleccionar el corpus de fuentes disponibles adecuadas para los propósitos de la investigación y el posterior “análisis de contenido” de las mismas (^{Fernández, 2002}; ^{Peña Vera y Pirela Morillo, 2007}). Se analizaron los principales enunciados del discurso empresarial y se los cotejó con otras fuentes disponibles a fin de asegurar su fiabilidad.

Nuestra estrategia de análisis parte de pensar el discurso político como acción y como expresión de relaciones sociales (^{Marx, 2004}). Consideramos que la acción particular de los sujetos como agentes voluntarios se encuentra definida por su ser social, por ser vendedores o compradores de fuerza de trabajo. La acción política de la UIA y las cámaras industriales está determinada en este sentido por garantizar la reproducción inmediata de sus capitales socios. Para tal fin, dirigen sus demandas al Estado nacional, representante del capital social³ en tanto fragmento del capital mundial. Dicho Estado nacional expresa en Argentina la especificidad de la acumulación de capital en este espacio particular.

En el presente trabajo hemos distinguido las demandas más relevantes y constantes de los capitalistas para el Estado, e intentado explicar a qué ideas/necesidades más generales de la acumulación de capital respondieron. Es decir, cruzamos las demandas enunciadas con las particularidades de los capitales estudiados y exploramos qué necesidad de la acumulación del capital de los capitales individuales se expresó en su discurso.

De cal y de arena

El mandato de Néstor Kirchner se inició en 2003 coincidente con el aumento de los precios de las mercancías agropecuarias y, por lo tanto, de la renta diferencial, que inauguró un nuevo ciclo expansivo del capital en Argentina. Mediante la implementación de las retenciones a las exportaciones, se dio curso al crecimiento de las transferencias de riqueza desde los sectores terratenientes a capitalistas y obreros. A diferencia de los gobiernos neoliberales, la gestión kirchnerista puso en marcha un sustancial incremento del gasto público destinado tanto a gasto social como a infraestructura, tarifas de servicios subvencionadas, créditos a tasas inferiores a las de la inflación, entre otros (^{Porta, Santarcágelo y Schteingart, 2018}). Sumado a la previa devaluación del peso, luego de años de vigencia de la ley de convertibilidad, el Estado y su régimen ahora populista⁵ ponía en juego mecanismos que posibilitaban la expansión de la economía -es decir, de los capitales que operaban en Argentina- incorporando además demandas de los grupos sociales que constituyeron la avanzada contra la convertibilidad (^{Piva, 2019}).

La UIA apoyó la candidatura de Néstor Kirchner sosteniendo, en la voz de su dirigente Héctor Massuh, que “existen coincidencias entre los lineamientos económicos de Kirchner para el caso de llegar a la presidencia y las pretensiones de este sector empresario”.⁶ Dichas coincidencias se mantuvieron, en lo esencial, a lo largo de la gestión del matrimonio Kirchner (Néstor Kirchner [2003-2007] y Cristina Fernández de Kirchner [2008-2015]). Expresaron en un primer momento su adhesión a la política de Roberto Lavagna al frente del Ministerio de Economía por “ordenar la economía luego de más de cuatro años de depresión económica y de la fuga de capitales y depósitos sin antecedentes en la historia económica argentina”, y, a su vez, por el valor del dólar: “es el principal incentivo para la reactivación y suple otros incentivos para la demanda. Es la mejor forma de apuntalar el nivel de actividad”.⁷ De hecho, la UIA insistió durante toda esta primera etapa en la necesidad de mantener un dólar alto. Asumía que el tipo de cambio bajo “sería peligroso”, ya que pondría en riesgo la competitividad de la industria, dado que “no sólo nos resultará imposible exportar sino que además recibiremos más importaciones”.⁸ La centralidad del tipo de cambio para los capitalistas radicaba en que la devaluación del peso implicó la baja de los costos salariales y la protección del mercado interno, necesarias para la supervivencia de capitales con una productividad muy inferior a la media mundial, y que además, no tienen a disposición una fuerza de trabajo lo suficientemente barata para compensar esta debilidad (^{Iñigo Carrera, 2007}).

La cancelación anticipada de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, anunciada en diciembre de 2005 por el gobierno, dio de que hablar en el concierto de empresarios en general y en la UIA en particular. El monto a saldar era de 9 500 millones de dólares a pagar con reservas del Banco Central. La entidad manifestó su acuerdo con la iniciativa y la fundamentó con varios argumentos. Sus dirigentes resaltaron la “independencia y madurez” y el fortalecimiento de la economía gracias a que los ahorros futuros podrían destinarse a otorgar créditos al sistema productivo. Asimismo, negaron que pudiera afectar la solidez fiscal y apostaron a que la medida repercutiera en una baja de costos del financiamiento externo (^{Constant, 2015}).

Otra cuestión que apareció (y permanecerá) durante el periodo observado fue la salarial. La tónica de la UIA era pactar aumentos salariales, en negociación con la Confederación General del Trabajo (CGT), que significaran cierta recuperación de los sueldos corroídos por la inflación y la devaluación; pero, a la vez, fijar topes para que no se “desbordaran” los reclamos futuros y para intentar atar los aumentos a la productividad de cada sector. Desde mediados de la década de 1970, la baja salarial constituyó una nueva fuente de compensación de los capitales de baja productividad radicados en Argentina. La acción política de la UIA se encaminaba a impulsar políticas que sostengan dicha forma de compensación.⁹

Vinculado al costo de la fuerza de trabajo, la UIA elaboró en 2006 un proyecto de modificación de la ley de riesgo de trabajo. Esta tenía como ejes anular la doble indemnización, sancionar un tope indemnizatorio para aquellos accidentes producidos en los viajes de ida o vuelta al lugar de trabajo, con el argumento de que constituían un sobrecosto e inhibían la contratación de empleados.¹⁰ Asimismo instaba a que los comités integrados por dirigentes gremiales y ejecutivos no tuvieran facultades de decisión sobre las empresas. La ley fue sancionada finalmente en 2012, con la incorporación de muchas de las propuestas de los capitalistas.

La solicitud de créditos, inversión en infraestructura y programas a favor de las PYMES también constituyeron reclamos constantes de la entidad para reducir los costos de producción y así mejorar la competitividad. La “necesidad” de recrear un empresariado nacional con perspectiva de inserción internacional fue una de las razones esgrimidas por Pagani (dueño de Arcor) en calidad de vocero de la corporación, para justificar la intervención estatal mediante las medidas mencionadas. La supuesta mentalidad liberal de los grandes capitales, muy difundida en la producción científica y política, choca contra las necesidades de reproducción de un capitalismo débil que se articula en torno a las transferencias que realiza el Estado en cuanto capital social, a los capitales individuales.

Aliados frente a “el campo”

El llamado “conflicto del campo” marcó una ruptura de un sector de los capitalistas con el gobierno nacional, así como reforzó los vínculos con otros, especialmente con la UIA y la CGE.¹¹

La disputa comenzó en marzo de 2008, a pocos meses de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, con el anuncio de la implementación de la Resolución 125 por parte del ministro de Economía Martín Lousteau. Con el argumento del control de la inflación y la sojización, ante el alza de los precios de la soja, se elevarían las retenciones; estas ascenderían a 41% para la soja y se establecería un sistema prefijado de retenciones móviles, que subirían o bajarían las alícuotas según evolucionaran los precios. Al pasar los 610 dólares, las retenciones serían de 95% sobre la parte que excediera a ese precio.

El intento de incrementar las retenciones buscaba aumentar los ingresos estatales, necesarios para sostener el entramado de transferencias directas e indirectas al capital. Los gastos estatales tienen por fin garantizar la acumulación de capital y, en lo posible, la legitimación del sistema (^{O’Connor, 1981}). Los gastos que apuntan a una acumulación privada rentable pueden destinarse a inversión social (proyectos que aumentan los beneficios del capital individual) o a consumo social (proyectos que disminuyen el costo de reproducción de la fuerza de trabajo). En este sentido, las diferentes formas de asistencia social y las tarifas de servicios subsidiadas, a la vez que permitían un mejoramiento relativo de las condiciones de vida, tenían como objetivo principal sostener una parte de la reproducción de la fuerza de trabajo en términos materiales y subjetivos, propiciando cierta armonía social.

Inmediatamente, las principales corporaciones de capitalistas y terratenientes agropecuarios (Confederaciones Rurales Argentinas; Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Sociedad Rural Argentina y Federación Agraria Argentina) reaccionaron decretando un plan de lucha que incluía el cese de la comercialización, asambleas y marchas de protesta por 24 horas (^{Trento, 2017}).

Varios sectores económicos que verían menguados sus ingresos respondieron de forma positiva a la convocatoria sobre el paro general.¹² Esta medida de fuerza produjo nuevos alineamientos, particularmente en las grandes cámaras empresarias: mientras en el coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) se defendían las retenciones, la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), integrante de la UIA, formulaba, aunque de manera tardía, sus reparos sobre la Resolución 125 y se pronunciaba en disidencia respecto de la posición oficial de la UIA.¹³

La dirigencia de la Unión Industrial Argentina se reunió con Cristina Fernández de Kirchner el mismo día del anuncio de las medidas, en señal de apoyo. La entidad presentó su “Propuesta integradora para un proyecto de desarrollo”, que recogía las conclusiones de las últimas dos conferencias industriales. El trabajo operaba como una intervención política general y de formación de sentido ante otros sujetos sociales, antes que como una acción con propósitos inmediatos. Planteaba el objetivo de transformar el “crecimiento” argentino de los últimos cinco años en “desarrollo”, e identificaba metas cuantitativas para el año 2016 y un conjunto de condiciones para lograrlas (inversión, financiamiento, marco macroeconómico, infraestructura, reformas educativas, condiciones de empleo y relaciones laborales).

El kirchnerismo, en sintonía con los capitalistas industriales, convirtió en ley la iniciativa que otorgaba descuentos impositivos a las inversiones en actividades industriales y en obras de infraestructura y anunció que estaba dando los últimos retoques a un paquete de medidas con el que buscaría apuntalar avarios sectores productivos. Los beneficiados serían los autopartistas, los criaderos de pollos, los textiles y la exportación de servicios. Las políticas incluían promoción fiscal, protección ante el avance de las importaciones y acceso al financiamiento.

La UIA adoptó una posición cada vez más “militante”. De hecho, Lascurain pidió que el campo levantara las medidas. El día 2 de abril, la presidenta dio un fuerte discurso, aplaudida por el presidente de la UIA, Lascurain, el de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Jorge Brito del Banco Macro, y el de FIAT (Cristiano Rattazzi) situados en primera fila, escena que se reiteró en cada convocatoria del gobierno para mostrar su fuerza frente a la alianza articulada en torno a las corporaciones agropecuarias. El acuerdo con el gobierno se mantuvo inamovible, aunque la entidad se negó a firmar el Pacto del Bicentenario, un pacto social en respaldo al modelo que el gobierno promovía con gran ímpetu, por la falta de resolución del conflicto con el campo y, en consecuencia, la ausencia de un actor central de la economía argentina (^{Wyczykier, 2015}). Quizás fue la tensión entre el actuar de una política de clase, que suponía cerrar filas con los empresarios agropecuarios, y una política sectorial, que suponía apoyar al gobierno que los favoreció con su fomento a la industria, lo que anuló la firma del Pacto.

La determinación económica del apoyo de la agrupación fue necesario para que se incrementara la fuente de riquezas (renta de la tierra) que el Estado capturaba en un momento de alza de precios agropecuarios y que así existieran mayores recursos para transferir a los sectores no agrícolas. Atravesados por tensiones internas y con el gobierno, reflejadas en las oscilaciones en sus posiciones, los capitalistas individuales nucleados en la entidad necesitaban dichas transferencias para poder reproducirse, y esa forma de compensación de su falta de competitividad explica la recuperación de este sector durante el periodo analizado.¹⁴

El quiebre interno

Las divergencias entre las distintas fracciones de la burguesía que se manifestaron durante el conflicto del campo se profundizaron -aunque no inmediatamente- y comenzaron a coagular en núcleos de acción más o menos estables. Mientras tanto, la UIA planteaba sus propuestas para capear la crisis y criticaba ciertas medidas, pero sin separarse del gobierno.

La crisis que se inició en 2008 sin duda catalizó los reclamos de los empresarios. No obstante, las posiciones, no fueron lineales, sino que oscilaron conforme al desarrollo de la crisis internacional. En un primer momento, la UIA pidió prudencia por el aumento del dólar, argumentando que podría generar una escalada inflacionaria. Ante la devaluación del real en Brasil y de la moneda chilena, Lascurain (presidente de la UIA) sostuvo en un principio que “no podemos seguir la devaluación abrupta de Brasil, ni la de Chile. Tenemos realidades distintas”.¹⁵ El problema era que la devaluación de Brasil, principal socio comercial de Argentina, podía generar una invasión de productos de ese origen y la consecuente quiebra de empresas nacionales, incapaces de competir con las del país vecino. Por este motivo, las posiciones de la UIA fueron virando, hasta recalar en un pedido de devaluación brusca del peso, a pesar de los efectos inflacionarios que esta conllevara.

La respuesta de la presidenta a los reclamos de la entidad empresarial provocó encontronazos. Por un lado, Cristina Fernández sostuvo ante la UIA la incompatibilidad de la devaluación con la inflación. Esa declaración abrió las discusiones acerca de la forma en que se debía efectuar la devaluación del peso: de forma gradual, opinaba el gobierno; brusca, sostenía la UIA. No parecen haber existido debates de fondo acerca de la necesidad de devaluar, pero una devaluación brusca implicaba un estallido inflacionario, muy inconveniente en plena campaña electoral. Por su parte, para la corporación empresarial primaba la urgencia de la situación económica de sus socios por sobre los posibles coletazos políticos de la devaluación. La prioridad era frenar la oleada de importaciones de mercancías, que no tenía cabida en un mercado en recesión.¹⁶

De Mendiguren se mostró más sereno, lo que encuentra explicación en que gozó de políticas hechas a la medida de la industria en la que acumulaba. Se sancionaron impuestos a bienes textiles, juguetes, etc., que funcionaban como barrera de contención a las importaciones (^{Murua y Mussi, 2008}).

El artículo 34 del presupuesto 2009 disparó las críticas de la UIA. Dicho artículo disponía eximir del pago del derecho de importación a las mercaderías, nuevas o usadas, destinadas a obras de infraestructura energética. El beneficio contemplaba a aquellas obras referidas a la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica; la prospección, exploración, producción y explotación de gas y petróleo; la constitución de nuevas refinerías de petróleo y la ampliación de las existentes; y el transporte, el almacenaje y la distribución de hidrocarburos. La oposición de Lascurain no se hizo esperar; sostuvo que: “el proyecto de artículo que nos ocupa ha generado gran preocupación en varios sectores industriales representados en nuestra entidad, ya que verán directamente afectada su competitividad frente a proveedores extranjeros, tanto por la exención del arancel externo como por la competencia de productos usados.¹⁷

Esta medida, perjudicial para los pequeños y medianos empresarios productores de insumos destinados al sector, favoreció a otra fracción de la burguesía no representada por la UIA: las compañías petroleras YPF y PanAmerican Energy, y los empresarios de este rubro (José Luis Manzano, Cristóbal López y Lázaro Báez). También se verían beneficiados con la compra de insumos a bajo precio los capitales dedicados a la generación y transporte eléctrico, como Pampa Holding y Electroingeniería S. A., además de las empresas Edenor y Edesur.

Solucionar los problemas energéticos arrastrados desde tiempo atrás requería, por un lado, medidas que permitieran que el sector importara tecnología adecuada a bajo costo en medio de una devaluación y, como contrapartida, conllevaba el perjuicio para muchos industriales nacionales de la rama: dado su retraso tecnológico, estos no podrían competir con los bienes importados. En este sentido, la UIA encuadró su reclamo en una violación del acuerdo conocido como “Compre nacional”, pactado con la presidenta para favorecer la demanda de bienes nacionales. Según un comunicado de la organización, el artículo 24 abría la importación a un universo muy vasto e impredecible de productos que afectarían a los proveedores de insumos, cuyo único mercado eran las obras de infraestructura pública y privada.¹⁸ “El Gobierno Nacional, en el proyecto de Ley de Presupuesto del año 2009 presentada al Congreso, incluyó en su artículo 34, una cláusula por la cual se exime del pago del derecho de importación a las mercaderías, nuevas o usadas, destinadas a obras de infraestructura” en el sector energético. Dichas obras deberán ser declaradas “como Proyecto Crítico por la SECRETARIA DE ENERGIA DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS”. Lo arriba trascrito genera gran preocupación al conjunto de la industria nacional, por cuanto se están creando condiciones desfavorables para la competitividad de nuestra producción a través de la creación de mecanismos de excepcionalidad, afectando muy seriamente la producción local.¹⁹

La respuesta de la UIA ante medidas que desfavorecían a la mayoría de las empresas que representaba fue dejar sin efecto el tan mentado “Pacto social”, un acuerdo entre corporaciones de capitalistas y sindicatos obreros en el que se comprometerían, por un lado, a evitar despidos y suspensiones y, por el otro, a moderar los reclamos salariales. Comenzaron los capitales de la industria automotriz y autopartista, y luego fueron cada vez más los que recurrieron a despidos y suspensiones de turnos.

Otro hito del periodo fue la estatización de YPF. Aunque el discurso de nacionalización de un capital privado pueda suponer que los capitalistas individuales den señales de alerta, no fue lo que ocurrió.²⁰ Más allá del pedido de “prudencia jurídica”, la entidad destacó que la estatización de la empresa petrolera permitiría “reducir la dependencia de hidrocarburos importados”, con el fin de lograr la “sustentabilidad del crecimiento económico durante décadas”.²¹ Lo que en realidad estaba en juego -y beneficiaba a los capitalistas- era la transferencia de riqueza por los precios preferenciales de los combustibles, que redundaban en menores costos de producción (^{Ruiz y Bil, 2012}).

El establecimiento del cepo al dólar en 2012 significó un nuevo desacuerdo de la UIA con el gobierno.²² El titular de la corporación, Ignacio de Mendiguren, declaró que “los controles sobre la compra de dólares son exagerados” y generan un clima de crisis que no se corresponde con la realidad. El informe de la UIA también reconoce que las restricciones a las compras externas, en forma contradictoria, no generaron un proceso de sustitución de importaciones.²³

La continuidad de las condiciones económicas recesivas culminó con la oficialización de un núcleo de oposición dentro del empresariado: el Foro de Convergencia. Se trató de un agrupamiento que vio la luz durante el verano de 2014, impulsado por la Comisión de Enlace conformada durante el conflicto del campo (integrada por la Sociedad Rural Argentina; la Federación Agraria Argentina; Confederaciones Rurales Argentinas, y Coninagro), del que también participaron los grupos de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), American Chamber of Commerce; Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA); la Fundación Mediterránea, la Confederación de Empresarios del Transporte. y la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA). Asistieron también dirigentes de la UIA, como Cristiano Ratazzi y Luis Betnaza,²⁴ pero lo hicieron a título personal.

La entidad mantuvo una relación distante con el Foro, apareciendo como firmante y luego alejándose. Muchos de sus socios habrían constreñido a la dirección a retirar a la UIA del flamante grupo.²⁵

El Foro proponía un plan económico consistente en bajar la inflación sin controles de precios; la instauración de regulaciones jurídicas que habilitaran el aliento de las inversiones de infraestructura en energía, transporte y comunicaciones (mediante la liberalización de las tarifas); reducir los impuestos sobre las empresas; eliminar los “tipos de cambio diferenciales” y las retenciones, lo que implicaba, como consecuencia, bajar los gastos estatales.²⁶

La dirigencia de la UIA se concentró en darle impulso al G-6, un agrupamiento integrado por la ADEBA, la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural Argentina (que aparece en ambos núcleos) y la Cámara Argentina de Comercio. El objetivo era diferenciarse de la propuesta “ajustadora” y decididamente antikirchnerista del Foro, aunque las últimas intervenciones de sus miembros dan cuenta de más similitudes que diferencias en sus demandas. Desde la devaluación de inicios del año 2014, la UIA ha mostrado gran preocupación por las paritarias, y demandado que se contengan los pedidos de los sindicatos. Su argumento es el de siempre: moderar los reclamos salariales como una forma de defender el empleo. Sin embargo, sus dirigentes se opusieron a los intentos de frenar despidos, así como al restablecimiento del régimen de doble indemnización.

Héctor Méndez, presidente de la entidad, sostuvo inclusive la necesidad de recortar los subsidios y achicar los gastos del Estado.²⁷ En el mismo sentido se expresó la ADEBA, que apoyó el aumento de tarifas de gas y agua impulsada por el gobierno, y exigió que alcanzara también a la electricidad y al transporte.

Una de las últimas desavenencias del gobierno con la UIA, que quedó solo en un acalorado debate, se produjo a propósito de la ley de abastecimiento, en septiembre de 2014. El alto nivel de inflación que corroía los salarios era atribuido por el gobierno nacional a los empresarios especulativos que fijaban los precios de los bienes de consumo en busca de ganancias extraordinarias. Para combatirla, además del programa Precios cuidados, promovió la sanción de dicha norma. “Este paquete de leyes es para dotar al Estado de instrumentos para defender a los consumidores. Defender a los más débiles de los incumplimientos”.²⁸ La mayoría de las corporaciones de capitalistas se opusieron a la ley; el ángulo privilegiado fue defenderse contra el intervencionismo del gobierno. La UIA manifestó, a través de un comunicado, que la norma “potencia la intervención discrecional del Estado en la economía y en las empresas, confiando márgenes de utilidad, niveles de stock, precios, volúmenes de producción y canales de distribución, entre otros mecanismos de intervención”.²⁹

Mientras la entidad, pese a su tono cada vez más intransigente, no se alejaba del gobierno, algunos de sus socios se pasaron a sectores opositores. Las elecciones presidenciales de 2015 profundizaron las divergencias internas. Los tres candidatos más convocantes -Mauricio Macri (opositor, liberal), Daniel Scioli (oficialista) y Sergio Massa (opositor, centroderecha)- hallaron apoyos entre los miembros de la corporación. Los que se apartaron del gobierno y se ubicaron junto a Macri fueron los integrantes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), grandes capitales nacionales que tienen más margen de acción frente al Estado; además de exdirigentes como De Mendiguren, que se inclinaron por la lista encabezada por Sergio Massa. Quienes respaldaron públicamente al candidato oficialista fueron Osvaldo Rial (Hermetal) y Guillermo Moretti (Federación de Industriales de Santa Fe). La entidad como tal no se pronunció abiertamente contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, aunque el resultado de las últimas elecciones internas demostró un cierto alejamiento. Tal como lo estipula el pacto de alternancia entre listas, asumió la presidencia Adrián Kaufmann Brea (Arcor). Las reservas de algunos miembros no pudieron revocar el ascenso de los dirigentes que expresaban, en el interior de la corporación, los intereses de los capitales más concentrados alineados con Macri. No obstante, la incertidumbre ante el resultado de las elecciones presidenciales parece haber obligado a la UIA a actuar con cautela.