Los cimientos del problema

Teniendo en cuenta la introducción previa, el objetivo del presente artículo es analizar el interés que suscitó entre los letrados de la época el gobierno de Porfirio Díaz como modelo a seguir para construir la nación colombiana a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Inscrita en este marco, la disquisición girará en torno a la manera en que los connacionales recurrieron al ejemplo mexicano –fuera para avalarlo o criticarlo– con el fin de plantear soluciones a la crisis en la que entonces se encontraba el país.⁷

Otorgarle prioridad a esta cuestión supone centrar la atención en la realidad histórica del periodo, la cual es examinada a través de una exhaustiva recopilación de fuentes primarias.⁸ Metodológicamente, por consiguiente, la argumentación no se sustentará en la bibliografía secundaria que existe en relación con las décadas en estudio, sino que se fundamentará en los libros y los periódicos de esos años, con el propósito de entender, a partir de la voz de los propios actores, lo que ocurrió.⁹

La periodización escogida corresponde a la etapa conocida como la Regeneración, la cual comprende –y este es uno de los postulados cardinales del escrito– los años que van de 1886 a 1910.¹⁰ La premisa que aquí se sostiene es que ambas fechas encarnan tanto el comienzo como el fin de la lógica política que caracterizó a los regeneradores: a saber, aquella basada en un centralismo a ultranza, que en el caso de Rafael Reyes se exacerbó al punto de adquirir la forma de un centralismo dictatorial (^{Suárez Mayorga, 2015, p. 221}).¹¹

La ideología regeneracionista, como se demostró en una pesquisa precedente, se cimentó en el concepto de perfección moral acuñado por Rafael Núñez con miras a legitimar la labor de reconstrucción que, a su juicio, precisaba el país para lograr entrar “con paso seguro en la vía de la verdadera civilización, que era también la del verdadero progreso” (^{Núñez, 1986, p. 53}).¹² La manera de cristalizar esa moralización de los sentimientos que iba a “regenerar o rehabilitar” a la República, consistió en imponer “el principio de la garantía del orden” (moral, político, social) en el territorio nacional, para de este modo desterrar “la anarquía, el crimen, la ruina” y asentar definitivamente la paz en el territorio (^{Núñez, 1945a, p. 327}; ^{Núñez, 1945b, pp. 135-136}).¹³ El proyecto político regenerador, caracterizado por ser centralista, autoritario, segregador, civilizador, “exclusivista, católico”, llevado a su máxima expresión durante la dictadura de Rafael Reyes, tiene su origen en esta conceptualización (^{Gómez Muller, 2011, p. 150}).

El modelo porfirista visto desde los letrados colombianos

Las descripciones llevadas a cabo por los cronistas extranjeros que visitaron el país durante la segunda mitad del siglo XIX concordaban en advertir que la causa principal de que Colombia progresara “lentamente” era el fervor político que caracterizaba a su población. Los asiduos debates que se suscitaban en torno a quién iba a ser el próximo candidato presidencial mantenían “en constante alarma los ánimos”, mostrando con ello que quedaba “todavía un resto de fiereza y de atraso bárbaros” (^{García Mérou, 1989, p. 119}).¹⁴

Tales observaciones, condensadas en lo que se llamó en la década de 1880 “el afán de la política”, encontraron rápidamente eco entre los letrados colombianos de la época (^{García Mérou, 1989, pp. 119-120}). Uno de ellos, el presbítero Federico Cornelio Aguilar, escribió hacia 1884 un libro en donde afirmaba que eran la “holgazanería” y “las continuadas y perpetuas agitaciones políticas” las que mantenían a la sociedad en un desasosiego permanente que “desviaba y pervertía la actividad e inteligencia nacionales”, “malgastándolas en luchas fratricidas y sangrientas” (^{Aguilar, 1884, pp. 5-6, 26 y 217}).

La médula de su razonamiento sugería que la responsabilidad de lo ocurrido era de quienes seguían absorbidos por “teorías” en vez de plasmar en obras concretas la marcha por “el camino del progreso”. Mientras que argentinos, chilenos, paraguayos, costarricenses, guatemaltecos, salvadoreños y mexicanos habían dejado el mundo de las ideas para concentrarse en el de los hechos, los colombianos continuaban sumergidos en la planeación de “revueltas intestinas” que únicamente servían para sumir al país en la “miseria, la ignominia y el descrédito”. El “atraso” de la patria, en consecuencia, se debía a que todavía los connacionales no se percataban de que sin “un comercio activo y cuantioso, un erario bien previsto, muchas leguas de ferrocarriles y fuertes naves de guerra”, era imposible alcanzar la prosperidad que exhibían otras naciones del continente (^{Aguilar, 1884, pp. 191, 194, 258 y 260}). A su modo de ver, prueba fehaciente de esto era México, que:

antes agitado con perennes revoluciones, desgarrado por los odios de partido y desacreditado por el vandolerismo [sic] que se [había desencadenado] en su territorio, [había] emprendido nuevo sendero desde 1877, o más bien, desde 1879, año en el cual [habían terminado] completamente las guerras civiles y la brega y vaivén de la política, bajo el poderoso influjo del General Porfirio Díaz (^{Aguilar, 1884, p. 194}).¹⁵

Interesa recalcar que la referencia al porfiriato efectuada por Federico C. Aguilar no era producto de la casualidad sino que ejemplificaba el régimen que el sacerdote jesuita creía que se debía instaurar en el país. El paralelismo que se podía hacer con los mexicanos por el grado de conflictividad al que habían llegado en el pasado, lo facultaba para proponer un modelo de gobierno que combinaba dos rasgos: a) la firmeza, que era imprescindible para sembrar la paz en la nación; y b) la proscripción de los males de la política, que era condición sine qua non para “aplacar la fiebre revolucionaria” en aras de dar vía libre al desarrollo comercial e industrial (^{Aguilar, 1884, p. 197}).

La tipología presentada por el clérigo claramente se afincaba en la esperanza de que surgiera una figura descollante en la arena pública que dirigiera a la patria con autoridad. Fuera el mandatario que fuera, utilizara los medios que utilizara, lo importante era, en síntesis, que acabara con el federalismo reinante con miras a erigir un Estado fuerte, capaz de controlar los clientelismos regionales y sustentado en “tres elementos de regeneración”: “paz, unión y trabajo” (^{Aguilar, 1884, p. 270}).

El Porfiriato en la Regeneración

La aprobación de la Constitución de 1886 atendió, al menos en la letra, tales requisitos: imponiendo de súbito un principio de unidad dentro de un entorno fuertemente disgregado, Colombia se convirtió en una república unitaria constituida alrededor de “la fórmula centralización política y descentralización administrativa”, la cual fue acuñada para dominar políticamente el territorio nacional desde el centro, pero sin quebrantar la legitimidad que otorgaba el respaldo regional.¹⁶

La realidad demuestra, empero, que ni Rafael Núñez, ni Miguel Antonio Caro, líderes indiscutidos del movimiento regenerador, consiguieron dar cabida a la administración en sus respectivos mandatos, acaecer que sumió al país en una inestabilidad política, económica y social de gran magnitud.¹⁷ Las elecciones de 1898 fueron el preámbulo de esta situación: sabiendo que estaba constitucionalmente inhabilitado para continuar en el cargo, el gobernante regente decidió candidatear a dos conservadores “prehistóricos”, como lo eran Manuel Antonio Sanclemente y José Manuel Marroquín, para acallar las especulaciones de quienes creían que iba a implementar en suelo patrio “el sistema adoptado en México del continuismo en el poder”.¹⁸

Los conservadores “oposicionistas” que disentían de las tácticas caristas y los liberales que estaban en abierta pugna con el oficialismo, también postularon sus propios candidatos aferrados a la esperanza de que el general Rafael Reyes o Miguel Samper consiguieran el triunfo para una u otra colectividad.¹⁹ La animosidad reinante en los días previos a los comicios se tradujo en una discusión encarnizada entre los periódicos que apoyaban alguna de las tres candidaturas, siendo el núcleo de la querella la manera en que el régimen había manejado “la cosa pública”, es decir, los diferentes ramos que componían la Administración nacional (^{El Orden (b), 1897, p. 126}).

Inscrito en este marco, el periódico El Orden publicó un artículo titulado “Los gobiernos de círculo” en donde aseguraba que, el gran inconveniente de los regímenes cuyo “personal estaba circunscrito a un corto número de adeptos”, residía en que quienes lastimaban los intereses de los ciudadanos eran los mismos que tenían la autoridad para impartir sentencia frente al agravio, ocasionando de este modo que la imparcialidad –base de toda buena Administración pública– quedara anulada.²⁰

La mención a los irrisorios progresos que el país había hecho en el campo administrativo (que más bien suponían retrocesos) estaba estrechamente ligada a la reprobación que suscitaba la figura del dictador en el medio colombiano: sustentado en que éramos una nación democrática, el diario criticaba con ahínco el accionar de aquellos gobernantes que “perdían de vista que eran mandatarios, es decir, administradores, y llegaban a creer que eran amos” de sus pueblos.²¹

La aserción precedente mostraba otra cara de la propensión que sentían los letrados finiseculares a hacer comparaciones con el modelo mexicano: la idea de un gobierno en el que el mandatario podía ser reelegido indefinidamente con el argumento –como lo afirmaba Francisco Bulnes– de que “el dictador bueno era un animal tan raro, que la nación que poseía uno debía prolongarle no sólo el poder, sino hasta la vida”, representaba para buena parte de la opinión pública nacional una abominación (^{González y González, 2010, p. 17}).

Testimonio de lo anterior fue justamente la postura que adoptó Miguel Antonio Caro quien, consciente de que debía mantener la “pantalla” democrática y estando plenamente convencido de que una vez elegidos sus candidatos podría recuperar el mando, puso al servicio de su causa todo el andamiaje institucional.²² Los resultados de los escrutinios, a pesar de las denuncias elevadas por los liberales a causa del “atropello sistemático a sus derechos políticos”, terminaron confirmando el triunfo nacionalista.²³

La noticia fue recibida por los periódicos afines al régimen como un vaticinio de que se emprendería “una era de calma” tras “la prolongada lucha que tantos males había ocasionado a la Patria”.²⁴ La validación de que el país se hallaba finalmente en el camino correcto provino de México, accionar que resulta lógico a la luz de la correlación que de antaño se había perfilado. El trisemanario Bogotá publicó un artículo escrito por Victoriano Agüeros, director del periódico católico El Tiempo, en el que, a la par que exaltaba los valores democráticos del régimen carista, criticaba las prácticas antidemocráticas porfiristas:

Ha terminado, al fin, el debate electoral en Colombia, que por varios meses conmovió hondamente á aquella República […]. El triunfo de la dupla Sanclemente-Marroquín significa el de la obra regeneradora y cristiana de D. Rafael Núñez […]. Por la atención continuada que venimos prestando de tiempo atrás á aquellos sucesos y la lectura perseverante de varios órganos de la prensa colombiana que recibimos, creemos haber estado en condiciones para formarnos […] una idea bastante justa de la [administración de Colombia]. En nuestro concepto, el gobierno del señor Caro, actual Presidente de dicha República […] ha sido un gobierno ilustrado, observante fiel de las leyes y prácticas democráticas que estas prescribían, discreto y prudente; pero á la vez enérgico cuando las circunstancias así lo han requerido. […].

Los periódicos adversarios de la administración Caro […] quéjanse de fraudes y de escamoteos de votos; mas sobre ser tales quejas de rigor en todas las oposiciones, sabido es que las impurezas son vicio inherente del sufragio público, de que ni los Estados Unidos se ven exentos. Lo importante es que haya sufragio efectivo, que sus vicios se podrán ir corrigiendo á medida que se practique. De bonísima gana quisiéramos que en México pudieran lanzarse análogas acusaciones al gobierno, puesto que ello sería señal cierta de que el voto público tenía existencia, siendo así que el sufragio entre nosotros, por desgracia, es práctica que está muerta, bien muerta […], no conociéndose hoy por hoy más elector en esta República que el supremo Magistrado de ella. […] Por indudables que sean las dotes de gobernante del General Díaz, que nosotros siempre le hemos reconocido, su continuada permanencia en el poder, de una parte, y de otra, la no intervención de los ciudadanos en el nombramiento de los funcionarios que deben ser elegidos popularmente, le quitan a nuestro gobierno todos los caracteres de republicano, siendo en realidad de verdad, una manifiesta dictadura.²⁵

La comparación realizada por este autor giraba alrededor de un eje medular; a saber, la existencia en el territorio patrio de un gobierno conservador ultra católico que contrastaba con el gobierno liberal de Porfirio Díaz, quien, sin ser anticatólico, le había otorgado gran preeminencia a “la religión de la ciencia” (^{González y González, 2010, p. 55}).²⁶ Los reproches proferidos contra el porfiriato partían de la convicción de que mientras hubiera comicios en los que participaran distintos candidatos que se disputaran la contienda electoral, se podría hablar de democracia efectiva; sin embargo, lo que Victoriano Agüeros no vislumbraba era que para los letrados colombianos este concepto significaba que no había traba alguna para sufragar: la pureza del sufragio era la libertad del ciudadano.

Los fraudes perpetrados por el carismo fueron, en consecuencia, interpretados por la oposición como la prueba fehaciente de que el único modo de recuperar la institucionalidad, de recobrar los derechos consignados en la carta magna, de volver a ser un país republicano, era a través de la guerra. La radicalización del descontento en el territorio patrio, sumada a la continuación de la crisis económica que experimentaba la nación, propició que el poder central expidiera a mediados de 1899 un decreto en el que se declaraba perturbado “el orden público en Cundinamarca, Boyacá y Santander”, instrucción que de inmediato legitimó “las persecuciones y detenciones de individuos desafectos” al oficialismo (^{Martínez Carreño, 1999, p. 31}). La represión a la que fue sometido el liberalismo en virtud de esta norma suscitó que en octubre de dicho año el partido declarara el comienzo de la guerra de los Mil Días.²⁷

La intensidad de la confrontación acabó dibujando un escenario completamente diferente al que inicialmente se había pensado; aunque en un primer momento la lucha se libró de “manera convencional”, lo cierto es que a raíz de la derrota de la oposición en la cruenta batalla de Palonegro (Santander), acaecida en mayo de 1900, “la tónica de la guerra cambió” (^{Bergquist, 2001, pp. 387-388}).²⁸ La incapacidad de Manuel Antonio Sanclemente para solucionar los problemas que acosaban a la patria fue aprovechada por los conservadores históricos para forjar una alianza con algunos liberales y organizar un “movimiento” que tenía como objetivo “la reconstrucción del orden constitucional desquiciado y del orden moral subvertido”, mediante la destitución del presidente y la instauración en este cargo del vicepresidente, José Manuel Marroquín.²⁹

El corolario de ello fue el golpe de Estado efectuado el 31 de julio de 1900, el cual fue recibido por la opinión pública nacional como un augurio de que la paz “vendría muy pronto con el cambio efectuado”. Tal certeza estaba afincada en la idea de que si se hubieran manejado con rectitud “escrupulosa los caudales públicos”, si se hubiera seguido una directriz “de respeto a todos los derechos políticos de los ciudadanos”, o si se hubieran escuchado oportunamente “las quejas de las poblaciones explotadas”, la revolución no habría encontrado “el estímulo” adecuado para fructificar. ³⁰

La promesa del recién investido dignatario de “propender por el restablecimiento de un Gobierno justiciero, probo y enérgico para el bien” común, se erigió en el escenario perfecto para que los letrados de la época retomaran el debate sobre el tipo de régimen que debíamos implementar, en aras de erigirnos en una nación que mostrara el progreso propio de la “civilización moderna”.³¹La Opinión apeló a los planteamientos realizados años atrás por Federico C. Aguilar para afirmar que la causa de los males del país residía en que, a diferencia de otras repúblicas hispanoamericanas como Argentina, México y Perú, en Colombia se seguía fundamentando el adelanto nacional en el imperio de las ideas (sustrato del cual brotaba la política) pero no en el de los hechos, correspondiente al campo administrativo.³²

La “administración”, por consiguiente, “no había entrado para nada, o había entrado muy poco en los consejos del Gobierno y lo que debía ser objeto de ella, encaminado a un interés general, se había puesto al servicio de la política, convirtiendo a la primera en medio y a la segunda en fin exclusivo”.³³ La gravedad de la situación era tal, que a juicio de Antonio José Uribe la única salida posible para cambiar el rumbo “era hacer el deslinde” entre una y otra, separación que implicaba “dedicar las fuerzas de la nación al desarrollo material, a la creación de la riqueza y al bienestar social”.³⁴

La fórmula ya no se limitaba entonces a mantener un gobierno firme y centralizado, sino que paralelamente requería que la consecución de la prosperidad económica se erigiera en una prioridad. La manera de lograrlo residía en el reconocimiento de que el modelo porfiriano no sólo había sido exitoso por el robustecimiento de la autoridad, sino especialmente, por el énfasis que se le había dado a la administración. En los términos del jurista antioqueño:

A fin de demostrar hasta donde prevalece entre nosotros la tendencia á convertir todos los asuntos de Gobierno en cuestiones de política, bastará un solo hecho. Varias veces, seducidos por el extraordinario adelanto á que, en poco años, ha llegado México, se nos ha propuesto como modelo digno de imitarse el Gobierno del Sr. General Díaz, en cuanto á la firmeza con la que ha sabido robustecer la autoridad, creyendo que esto sólo, como al conjuro de magos, bastaría para ponernos al igual de aquel país. Lo cierto es que mientras México, dirigido por su hábil mandatario, sigue en continua obra de progreso, nuestros ferrocarriles están como tocados de parálisis; el papel-moneda se aumenta más y más, casi como único recurso fiscal; [y] las guerras civiles nos arruinan y desprestigian […]. Y todo ello á pesar de que tenemos muchas riquezas naturales, una juventud enérgica é inteligente, una numerosa clase social de gran cultura, un Ejército disciplinado, de valor incomparable, y una masa popular sufrida, en su mayor parte laboriosa, elementos todos que dirigidos con acierto, podrían llevar á este país á un grado de progreso en el cual nada tendría que envidiar á sus hermanos de la América española.

El error ha consistido en confiarlo todo á la estructura constitucional […] [dedicándose] a los juegos de la política, con descuido de la administración. En México se ha conservado el orden y al mismo tiempo se ha dado grande impulso al desarrollo material del país […]. Así se explica que los partidos de oposición que, como el que defiende el ilustre redactor de El Tiempo, tienen cánones fundamentales de disidencia política con el Gobierno, juzguen, en lo general, provechosa y hasta necesaria, la administración del Sr. General Díaz.

Nadie duda que, especialmente en las Repúblicas de Hispanoamérica, son necesarios Gobiernos fuertes que puedan mantener la paz é ir educando a los pueblos para la vida civil; pero es preciso no olvidar tampoco que los gobiernos vigorosos, investidos casi de una autoridad sin contrapeso, deben, más que otro alguno, dar en compensación ejemplos de moralidad y dejar en pos de ellos un grande adelanto para los países que gobiernan.³⁵

Tales apreciaciones marcaban un punto de inflexión frente a las reflexiones que durante décadas habían llevado a cabo los letrados colombianos en torno a cómo construir la nación: en vista de que el desencadenamiento de la guerra había puesto en evidencia que ese Estado unitario, firme, centralizado, había sido incapaz de sembrar la paz en el territorio patrio, era preciso encontrar un elemento al cual aferrarse para creer que era posible salir del atraso. La postura que Antonio José Uribe defendía, dentro de este contexto, abogaba por que el gobernante fuera un hombre moralmente ejemplar que, en vez de consumirse en “recriminaciones de partido”, “disertaciones políticas” o “discusiones de tesis filosóficas”, se preocupara por sostener el orden (principio fundamental de la Regeneración) y por “administrar bien, prácticamente, los intereses que le estaban confiados”.³⁶

El lema orden y progreso característico del porfiriato fue, en suma, traducido al ámbito colombiano con la máxima orden y moralidad, noción esta última que significaba abolir la política de círculo y los clientelismos que impedían a los connacionales concentrarse en las cuestiones francamente relevantes para el desarrollo del país. La tarea de quien resultara elegido como presidente en las próximas elecciones era palmaria.

El “Porfirio” colombiano: Rafael Reyes

Rafael Reyes nació en 1849 en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, en un hogar cuya educación se distinguió por ser estricta, profundamente católica y afincada en la idea de que el trabajo era el único medio de ocupar una posición económica favorable. Igual que sucedió con Porfirio Díaz, su padre murió siendo pequeño, por lo que fue su madre, Antonia Prieto y Solano, la que se quedó a cargo de los cuatro hijos. La disciplina que les inculcó marcó la vida del futuro mandatario: desde pequeño se acostumbró a trabajar tanto para ayudar al sostenimiento de su casa, como para poder pagar la mensualidad del colegio en el que estudiaba (^{Lemaître, 1981, pp. 53-60}; ^{Reyes Nieto, 1986, pp. 19-25}).

Historiográficamente se afirma que la etapa correspondiente a su infancia y a su juventud selló su carácter: hizo de él un hombre orgulloso, ambicioso, laborioso, educado para ser independiente económicamente, pero fiel a los principios de la caridad cristiana.³⁷ A los 17 años decidió trasladarse a Popayán, ciudad en donde su medio hermano Elías tenía una firma comercial. Al comienzo fungió como dependiente del almacén pero luego, gracias a sus ahorros, se hizo socio industrial. Hacia 1869 decidió recorrer las montañas del sur occidente colombiano para obtener quina; tras establecer un negocio próspero, le propuso a su familia que empezaran la explotación de las selvas meridionales que bordeaban el Amazonas con el propósito de extraer las riquezas vegetales o minerales de la zona y exportarlas por el puerto del Pará (^{Lemaître, 1981, pp. 61-68}; ^{Reyes Nieto, 1986, pp. 72-97, 142-143}).³⁸

Los años transcurridos entre 1875 y 1884 significaron tanto la consolidación como la quiebra de la fortuna amasada por la casa Elías Reyes & Hermanos; cuando bajó el precio de la corteza, al punto de que las ganancias recaudadas ni siquiera cubrían los costos de transporte, la compañía debió abandonar las existencias de quina que tenía en la selva, quedando con un pasivo que Rafael Reyes canceló con el paso del tiempo (^{Reyes Nieto, 1986, pp. 239-240}).³⁹ La victoria de los liberales radicales en la guerra civil de 1876, acaecida durante esos años, lo afectó notoriamente porque causó la ruina de Popayán, urbe que no sólo lo había acogido en su seno, sino que además fue la que a posteriori le dio el respaldo para ser designado representante por el estado soberano del Cauca al Consejo Nacional de Delegatarios que elaboró la Constitución de 1886.

La preeminencia que el general rápidamente alcanzó en la política nacional tras este hecho, sumada al prestigio que adquirió como militar, fue precisamente la que ocasionó que José Manuel Marroquín lo nombrara como delegado para participar por el país en la Segunda Conferencia Internacional Americana que se realizó en suelo mexicano a fines de 1901 e inicios de 1902.⁴⁰ Luego de tomar parte en dicho evento, Rafael Reyes resolvió radicarse definitivamente en México para estudiar con detalle el modelo implementado por Porfirio Díaz, sistema que él mismo definió como una administración fundamentada en un “industrialismo en grande escala” que, compaginado con la represión del bandolerismo, la reorganización de la Hacienda y la conformación de una extensa red ferroviaria, había logrado la pacificación del país (^{Lemaître, 1981, p. 269}; ^{Reyes, 1979, pp. 37}).

El porfirismo reyista

Mientras esto acontecía en tierras aztecas, la guerra de los Mil Días continuó en el territorio nacional. José Manuel Marroquín, honrando el compromiso que había hecho al subir al poder de que “respetaría y haría respetar los derechos políticos y civiles de todos” los colombianos, expidió el Decreto 29 de 19 de agosto de 1900 sobre orden público, en donde le ofrecía un “salvoconducto a las fuerzas o partidas revolucionarias” que entregaran sus armas dentro de los quince días siguientes a la publicación de la norma.⁴¹ “Las buenas intenciones” del dignatario, sin embargo, no duraron mucho; a los diez días suscribió otro documento en donde explicaba que había tomado la decisión de arremeter contra “los amigos de la revolución” apenas terminara el plazo señalado.⁴²

La ola de violencia que se produjo a raíz de este anuncio propició un renacimiento de la ofensiva liberal que fue decisivo para que, después de firmado el Tratado del Wisconsin de 21 de noviembre 1902 que terminó la confrontación, se diera el levantamiento que culminó al año siguiente con “la exitosa separación de Panamá” (^{Bushnell, 1996, p. 220}).⁴³ La indignación suscitada entre los colombianos por la pérdida del istmo progresivamente fue transformándose en una desconfianza profunda frente el régimen, circunstancia que suscitó, ante la cercanía de los próximos comicios, que la prensa bogotana de la época comenzara a secundar la candidatura de Rafael Reyes a la presidencia.⁴⁴

Tras conocerse los resultados de la jornada electoral llevada a cabo el 2 de febrero de 1904 que le dieron la victoria –por un escaso margen de doce votos– al general, empezó a circular la noticia de que el triunfo había sido obtenido gracias al fraude perpetrado con los registros de la provincia de Padilla en el departamento del Magdalena, acusación que obligó a que fuera el Gran Consejo Electoral el que pronunciara el veredicto final. La sentencia dictada el 4 de julio de 1904 por este organismo determinó que “no estaba legalmente probado que la Asamblea electoral de esa demarcación no se hubiera reunido en la ciudad” de Riohacha en la fecha citada y que, por consiguiente, desde este “punto de vista” los sufragios emitidos no se podían anular (^{Pantoja, Coral, Goyes, et al., 1986, p. 163}).⁴⁵

La confirmación del escrutinio reavivó las comparaciones con el porfiriato: días después del anuncio, El Nuevo Tiempo publicó un artículo en el que, contradiciendo la tónica predominante a fines del siglo XIX, se cuestionaba la validez que tenía ese modelo en el contexto colombiano. Insistiendo en que era “bien singular que en vísperas de inaugurarse una nueva administración se hablara tanto del gobierno de Porfirio Díaz en México”, el diario se preguntaba si era esa “la aspiración de alguno de los partidos políticos”, o si en cambio constituía “el programa de algún candidato”.⁴⁶

La argumentación proporcionada por el periódico rechazaba la crítica que cuatro años atrás había realizado Antonio José Uribe en La Opinión en lo concerniente a centrar todo en la estructura constitucional. La pretensión del escrito era, en concreto, reivindicar la necesidad de construir instituciones que aseguraran, en el largo plazo, la prosperidad nacional:

Porfirio Díaz ha manejado las arcas nacionales con diamantina integridad; ha impulsado vigorosamente la administración pública; su reputación no se ha teñido con sombra de sospecha. Pero todo esto que abona y califica al mandatario, no comprueba, á nuestro juicio, la virtud de un mecanismo de Gobierno. El ideal de un tirano honrado y progresista […] carece de significación ante la política experimental. Lo que esté fundado en la vida de un hombre, en sus especialísimas condiciones personales, ¿podrá erigirse en sistema? Sobre lo perecedero y caduco, ¿podrá levantarse lo permanente y durable? […]. [Sólo] sobrevive el bien donde ha logrado traducirse en instituciones permanentes y arraigado en la conciencia nacional. […] El partido o nación que espera que su prosperidad o engrandecimiento le vengan de las capacidades de un hombre, por grandes que ellas sean, es como el jornalero que abandona el surco y en espera de un golpe de fortuna, compra un billete de lotería. El bienestar de un pueblo, como la dicha individual, es el precio del esfuerzo de todos, nunca interrumpido, diario, incesante. Debemos confiar en los gérmenes de vida que todo pueblo lleva en sí mismo. Fundada la paz, irrevocablemente ahí irá surgiendo la organización política que sintetice nuestras necesidades y que se halle más en armonía con nuestra manera de ser propia y castiza.⁴⁷

El editorialista recurría a la preocupación que había entre los mexicanos por el futuro que le esperaba al país luego de la salida de Porfirio Díaz del mando, para argüir que Colombia necesitaba como nación un modelo propio que sintetizara sus necesidades, pero que a la par fuera afín a la manera de ser de su población. Las apreciaciones precedentes fueron respaldadas pocos días después por Miguel Antonio Caro, quien el 16 de junio de 1904 publicó en el diario El Eco Nacional un artículo titulado “El Porfirismo”, en donde criticaba vehementemente a Rafael Reyes por querer “transformarse en otro hombre” –fenómeno que para el filólogo bogotano era un imposible “en el orden natural, moral y preternatural”– o, en su defecto, por querer imitar lo que ese hombre (Porfirio Díaz) había hecho en “una tierra” que no se condecía en nada con el territorio nacional (^{Valderrama, 1993, pp. 271 y 277}).⁴⁸

Interesa destacar ambos textos porque, al poner en entredicho la capacidad del general para conducir la República en función de un paradigma foráneo que no era acorde a la idiosincrasia colombiana, finiquitaban el debate que por dos décadas se había establecido en torno al tema: México había logrado el progreso que ostentaba por lo que era como pueblo, no por lo que un individuo había hecho de él. La patria, por ende, debía convertirse en lo que de antaño anhelaba a partir de su propio decurso, de los gérmenes de vida que llevaba en sus entrañas, y no de lo que podía observar, aprender, aplicar, imitar, de otras experiencias.⁴⁹

LA REALIDAD DEL QUINQUENIO

Incentivado por quienes clamaban por la “reconstrucción nacional”, Rafael Reyes puso en marcha un programa de gobierno que, aunque en la letra aseguraba distinguirse por “el estricto acatamiento a la voluntad” del pueblo, “consignada en sus instituciones y leyes”, en la práctica obró en sentido contrario.⁵⁰ La legitimación inicial del régimen fue consecuente con las expectativas de la población: argumentando que “mucha administración y poca política” era el derrotero que Colombia “reclamaba de sus dignatarios”, el general dio cabida a los liberales en el gabinete como prueba de que, en vez de beneficiar a determinado círculo, se enfocaría en lograr “la prosperidad y el engrandecimiento” de todos los colombianos. ⁵¹

Otra estrategia que el boyacense empleó para ganarse la confianza de sus compatriotas fue asegurar que su única intención era ser simplemente “el Jefe de la Administración”, lo cual implicaba que “los asuntos públicos no podían ser objeto de combinaciones políticas”.⁵² La alusión a este tópico lo que en el fondo buscaba era asegurar la obediencia del poder legislativo; por ello, aparte de recordarle a los legisladores el compromiso que habían contraído con el pueblo colombiano, por ser los responsables de dictar las leyes que le permitirían al país situarse a la altura de las repúblicas hermanas, también los instó –con la excusa de que no debían mediar en un gobierno meramente administrativo las directrices de partido– a que lo secundaran en los proyectos que pensaba acometer.

La concordia con la cual emprendió su mandato, empero, fue sólo momentánea: tan pronto comenzaron las deliberaciones de los congresistas, Rafael Reyes empezó a solicitar que le concedieran “autorizaciones especiales” para expedir, a través de disposiciones presidenciales, providencias de carácter económico tales como la imposición de nuevos gravámenes, el aumento de las tarifas aduaneras o la emisión de 100 000 000 de pesos en calidad de préstamo (^{Bushnell, 1996, p. 218}). La actitud al principio adoptada por los parlamentarios fue aceptar colaborar con el dignatario, pero a medida que fueron aumentando las prerrogativas, decidieron negarlas. La situación alcanzó niveles tan graves que en la prensa bogotana comenzó a discutirse si existía o no una dictadura, escenario que se constituyó en un indicio fehaciente de la polarización que estaba surgiendo alrededor de la figura del general.⁵³

La acentuación de los problemas entre las dos instancias terminó originando el cierre del Congreso, así como la expedición del Decreto Legislativo 29 de 1 de febrero de 1905 por medio del cual se convocó a una Asamblea Nacional que, acreditada como Cuerpo Constituyente, quedó con la responsabilidad de efectuar las reformas que demandaba la patria. Tal prescripción estuvo acompañada, semanas más tarde, de la promulgación del Acto Legislativo 5 de 30 de marzo del corriente en donde se eliminaba la vicepresidencia, la designatura nacional (ambos cargos destinados a reemplazar al dignatario cuando fuera preciso), y se ampliaba el periodo presidencial a diez años, contados desde el 1 de enero de 1905 hasta el 31 de diciembre de 1914.⁵⁴

El accionar del mandatario se volvió a partir de entonces completamente dictatorial: sustentado en la Ley de Alta Policía Nacional que le permitía al gobierno confinar a prisión a todo individuo que con sus escritos o sus exhortaciones pusiera en riesgo la reorganización del país, le impuso una dura censura a la prensa.⁵⁵ Igualmente, en aras de quebrantar los lazos políticos que se mantenían a nivel regional, alteró la división territorial vigente conformando nuevas secciones (posición que se contradecía con la defensa que, como delegatario al Consejo Nacional Constituyente había hecho sobre la materia) e intervino en la conformación que en adelante tendrían los consejos municipales. Las consecuencias de este hecho no son irrisorias, pues cabe recordar que para entonces las municipalidades constituían la voz del pueblo: cada vez que el gobierno solicitaba la opinión de los colombianos, los cabildantes eran los responsables de expresar el sentir de su localidad.⁵⁶

La acentuación del inconformismo que empezó a sentirse en el territorio patrio a partir del primer año del régimen reyista alcanzó su punto de quiebre luego del atentado perpetrado en contra del general el 10 de febrero de 1906 en Bogotá (^{Lemaître, 1981, pp. 325-326}). La represión ejercida por las autoridades estatales a raíz de este acaecimiento (arrestos arbitrarios, destierros, ejecuciones, etc.), marcó el comienzo de la caída del Quinquenio.⁵⁷ La opinión pública que inicialmente había respaldado a Rafael Reyes acabó convirtiéndose en una de las principales detractoras de su gestión, situación que propició que para principios de 1909 en los diarios de la época se le calificara abiertamente de dictador. El talante autoritario del dignatario, claramente exteriorizado en su necesidad de controlar desde la presidencia todo lo que sucedía en el país, generó que aquellos connacionales que habían depositado sus esperanzas en él para conseguir la descentralización administrativa prometida en la carta magna, eventualmente optaran por alinearse en la oposición.

Las voces que comenzaron a pedir insistentemente que se llamara a comicios parlamentarios para instaurar un Congreso de carácter popular, aunadas con las críticas que se hacían frente a los tratados que Colombia estaba considerando realizar con Estados Unidos y Panamá, tuvieron como corolario la organización de las manifestaciones de 13 de marzo de 1909 que, meses después, ocasionaron la salida al exilio del mandatario (^{Pantoja, et al., 1986, pp. 341-344}). La abrupta salida del boyacense del poder hizo tangible, en suma, su incapacidad para entender que las instituciones establecidas en la Constitución de 1886 debían respetarse, e incluso, que si era preciso reformarlas, debía hacerse con estricta observancia de la norma. La figura del dictador, como algunos editorialistas de la época lo habían remarcado, no tenía asidero para perpetuarse en el contexto colombiano.⁵⁸

El planteamiento final

La postura apologética con la que frecuentemente se ha interpretado el Quinquenio, particularmente encarnada en la obra de Eduardo ^{Lemaître (1981)}, ha impedido analizar en su justa dimensión el régimen reyista: la “dictadura moderada” de la cual habla David ^{Bushnell (1996, p. 219)} o la explicación dada por el cartagenero para justificar que el general hubiera tenido que optar por la dictadura, son pruebas irrefutables de la lectura tendenciosa con la que se han reconstruido algunos periodos de la historia colombiana.⁵⁹

La tendencia predominante en el ámbito académico nacional ha sido reproducir la idea de que el gobierno reyista promovió “la modernización tanto económica como tecnológica del territorio patrio”, dando así origen a “los comienzos del Estado moderno” (^{Bushnell, 1996, p. 219}; ^{Mesa, 1980, p. 96}).⁶⁰ Quienes secundan este planteo incluso aseveran que el general rompió con la tradición política de la Regeneración al adoptar una posición pluralista (e incluso, suprapartidista) que proscribió “el control exclusivo sobre todas las manifestaciones de la vida social” que hasta entonces había tenido el partido nacional (^{Vélez, 1989, p. 190}).

Tal como lo demuestran las fuentes, esta aserción no se corresponde con la realidad de la época: un análisis riguroso hace evidente que el boyacense sí buscó convertirse en el jefe único del conservatismo al pretender ser el candidato, tanto de los nacionalistas como de los históricos, en las elecciones de 1898; de hecho, la humillación política que sufrió por parte de ambos bandos al descubrirse su proceder, fue la que originó que en su discurso de posesión declarara que él “no sería ni había aspirado nunca á ser jefe de partido sino Jefe de la Administración”, aserción que anunciaba su intención de convertirse en jefe único de la nación, allende si tenía el apoyo o no de los partidos (^{Pedraza, 1909, p. 61}).⁶¹ Las palabras de Carlos E. ^{Restrepo (1930)} son ilustrativas en este sentido:

Lo primero que hizo Reyes fue acabar con los partidos y con las fracciones de los partidos. […] Ha tenido éste […] la habilidad suficiente para establecer un perfecto equilibrio entre liberales y conservadores, y hoy sostienen los conservadores al Presidente porque temen perder el poder, y lo sostienen los liberales porque esperan conseguirlo por conducto del mismo Mandatario. De este modo, amenazados unos y esperanzados los otros, Reyes hace que los partidos se vigilen y se teman, que no se unan y que no se organicen (pp. 231-232).⁶²

Historiográficamente persiste el debate acerca de si Porfirio Díaz fue o no un dictador; aunque los historiadores mexicanos tienen desacuerdos al respecto, en lo que sí hay un cierto consenso es que el porfiriato fue una dictadura.⁶³ La historiografía surgida en la esfera colombiana en torno a la figura de Rafael Reyes se caracteriza, en contrapartida, por minimizar el carácter dictatorial del gobierno reyista, acaecer que pone de manifiesto la urgencia de empezar a problematizar la historia colombiana cambiando la escala de análisis.⁶⁴ La realidad del proceso histórico experimentado por el país durante estas décadas resulta, en efecto, totalmente distinta cuando se mira el problema priorizando el nivel de lo micro: si se examinan cuidadosamente los documentos del periodo en estudio no sólo es factible afirmar que Rafael Reyes no fue un modernizador, sino que además sus actuaciones fueron las de un dictador.⁶⁵

Las disposiciones que adoptó en materia territorial, fiscal, pero especialmente, con respecto a la esfera municipal, así lo confirman. Tras cinco años de ocurrida la pérdida de Panamá, las denuncias de la opinión pública (corrupción, clientelismo, atraso, penurias económicas, etc.), eran las mismas que en el pasado: la nación colombiana, a diferencia de lo que había sucedido en México, no mostraba signos contundentes de recuperación.⁶⁶ La carestía de los alimentos básicos, la postración de la industria, las quiebras de los bancos, la falta de crédito, las continuas denuncias sobre favoritismos, contratos leoninos y corrupción en las oficinas públicas eran, por consiguiente, síntomas palpables de que la política había primado frente a la administración.

Importa subrayar, dentro de este marco, que la historiografía nacional, en vez de profundizar en las fuentes primarias, ha dado por sentado que la admiración que el general sentía por el mandatario mexicano se tradujo en un plan programático análogo, materializado durante el Quinquenio. Lo cierto es, empero, que el quid de la cuestión no radicó en la valía innegable que adquirió el porfiriato a finales del siglo XIX y principios del XX como modelo de gobierno, sino en el hecho de que las transformaciones a largo plazo no eran producto de un hombre sino de una sociedad.

Mucha administración y poca política fue un lema que no se aplicó a cabalidad durante el reyismo porque el dignatario creyó que ser el gobernante firme que era Porfirio Díaz significaba ser el jefe absoluto, único, de ambas esferas: administrativamente, su equivocación consistió en no permitirle a las regiones adquirir la autonomía que anhelaban; políticamente, su error de cálculo estuvo en pensar que podía gobernar sin darle participación a la elite nacional que en buena medida estaba afincada en la capital.⁶⁷

Finalmente, la partida de ambos mandatarios al exilio se explica en función de un mismo problema: la institucionalidad. Algunos historiadores sostienen que lo que incentivó la rebelión en México fue que Porfirio Díaz no vio instituciones a futuro; el miedo de ciertos mexicanos por lo que iba a pasar después del porfiriato no era, por lo tanto, injustificado.⁶⁸ Lo acontecido en Colombia fue algo diametralmente opuesto: en el país el respeto a las instituciones estaba tan arraigado (pese a que en la práctica continuamente se pusieran en entredicho) que anularlas suponía quebrantar los tres principios de la nación que los letrados de la época consideraban inquebrantables: republicanismo, democracia e institucionalidad.