Introducción

Chiapas se ha caracterizado por una relación de continuidad con algunos procesos económicos, políticos y culturales que han definido la historia de los países centroamericanos. Pero, al mismo tiempo, se distingue por particularidades estructurales que derivan del proceso de formación y transformación del propio Estado mexicano, a lo largo del tiempo. En las regiones de frontera «chiapanecas», dicha condición geopolítica hace que continuidades y distinciones se expresen intensa y contradictoriamente, lo cual incide en el modo excepcional como estas se articulan a dinámicas de gran envergadura observadas en la Centroamérica de ayer y hoy.

Este artículo evidencia tal tendencia, centrando la atención en la región de frontera conocida con el nombre de Marqués de Comillas, ubicada entre los ríos Lacantún y Usumacinta, y delimitada al sur por el Vértice de Santiago, o línea recta que separa, en el sureste, a Chiapas de los departamentos guatemaltecos de El Quiché y Huehuetenango (véase fig. 1). Se trata de una extensión de aproximadamente doscientas mil hectáreas, fuente de disputas internacionales a finales del siglo XIX, con una historia larga de ciclos extractivos¹ hasta el presente, pero también con una particular historia de colonización desde mediados del siglo XX y con una posición estratégica, desde el año de 1978, para el amortiguamiento ecológico de la Reserva de la Biósfera Montes Azules (Rebima).

Mapa elaborado por Ingreet Juliet Cano Castellanos e Israel Hinojosa Baliño

Figura 1 Región Marqués de Comillas. 

En la primera sección, teniendo en cuenta la confluencia y el traslape entre procesos que modelan el carácter fronterizo de este territorio, apelo a la idea de desfase derivada del trabajo de ^{Viqueira (2002)}. El objetivo es poner de relieve los distintos proyectos que diferentes instancias gubernamentales o actores institucionales han desplegado sobre este espacio a lo largo de su historia, así como las contradicciones que se producen cuando tales proyectos entran en contacto con los seres humanos y los entornos biofísicos que allí se encuentran. Este ejercicio responde, por otra parte, al objetivo de abordar los proyectos de apropiación territorial, con una perspectiva analítica que enfatiza el poder no como algo dado, ni únicamente en la relación dominación-resistencia, sino también como fuerza sujeta a contingencias, imprevisibilidades e incertidumbres. Esta concepción del poder, influenciada por los trabajos de ^{Mitchell (1999)}; ²⁰⁰²), permite pensar al Estado y la economía, no como dominios autocontenidos, sino como procesos imbricados, inacabados y contradictorios, pese al efecto estructural que tienden a generar en la vida cotidiana y los espacios vividos. En este sentido, lejos de pensar en los actores estatales o actores económicos como portadores de «intereses ocultos», se trata de evidenciar las imprevisibilidades y los costos derivados de la competencia y búsqueda de rédito de la apropiación de recursos no humanos y humanos. Con esta perspectiva analítica e histórica, se ofrece un panorama relevante para analizar la actual confluencia de acciones de conservación ecológica y de establecimiento de plantaciones de palma de aceite en la región.

La segunda sección se inspira en la reciente tendencia a considerar el «cercamiento de bienes comunes» como uno de los mecanismos a través de los cuales se produce la acumulación por desposesión (^{Harvey 2004}). Ello ha llevado a considerar las áreas naturales protegidas (ANP) como una forma de cercamiento, pero también a enfatizar que su creación responde a intereses económicos capitalistas. De ahí que suela asociarse a las ANP y a las acciones de conservación que se emprenden dentro o cerca de las reservas con actividades extractivas en expansión en los contextos rurales (^{Galicia Luna 2016}). En consecuencia, frecuentemente se interpreta la conservación y el agroextractivismo como parte de un coherente y unificado «programa hegemónico» capitalista. Tomando en cuenta estas apreciaciones, y siguiendo la propuesta de formas de neoliberalización de la naturaleza de ^{Castree (2008)}, aquí se propone entender la conservación ecológica y las plantaciones de palma de aceite como dos expresiones distintas de incorporación de entornos o elementos biofísicos en circuitos de valor de cambio. Ello permite evidenciar cómo en Marqués de Comillas estos proyectos no están automáticamente vinculados y, además, se despliegan en el territorio ignorándose entre sí, por el hecho de articular redes de actores institucionales vinculados diferencialmente con el Estado mexicano y con distintos circuitos de producción de capital. Lo cual tiene efectos particularmente en lo que respecta a la producción espacial que allí tiene lugar.

En la tercera sección, teniendo en cuenta la doble neoliberalización de los entornos biofísicos, se presta atención a la condición marginal que se reproduce. Concretamente porque la región sigue cargando con las consecuencias sociales y ambientales de la superposición desfasada entre distintos proyectos de frontera. Pero, también, porque esta sigue dando espacio a la apropiación o explotación capitalista de recursos, pese a los límites ecológicos que caracterizan el estado actual de los entornos, así como las restricciones económicas de las poblaciones colonizadoras. Para ello, apelo a los planteamientos de la ecología política anglosajona, respecto a la relación entre degradación y marginalización (^{Robbins 2012}; ^{Watts 2013}). Ambos conceptos, entrelazados a través de la crítica materialista de las nociones de margen y adaptación manejadas, respectivamente, en la economía neoclásica y en la ecología humana, buscan realzar el simultáneo y creciente empobrecimiento y degradación de agrupaciones humanas y entornos, bajo determinadas circunstancias de articulación económica capitalista. Sin asumir dicha relación como algo dado en Marqués de Comillas, en la sección se revisa su expresión, particularmente entre poblaciones con una amplia acogida de la palma de aceite y con una puntual relación con los actores ambientales presentes en el territorio. Así, se llama la atención sobre la particularidad de ciertas regiones fronterizas donde la existencia de seres humanos con significativas necesidades de sobrevivencia, dispuestos a incrementar la productividad de entornos degradados, contribuyen al anclaje de sistemas extractivos como la palma de aceite.

Este artículo es el resultado de una larga trayectoria de investigación etnográfica en la región, iniciada en el 2009 (^{Cano Castellanos 2014}; ²⁰¹⁸), así como de un trabajo de campo realizado a mediados del 2019 e inicios del 2020 (^{Cano Castellanos 2021}). Durante las últimas estancias, concentradas en el estudio del sistema productivo de la palma de aceite, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a un total de 91 productores, se hicieron recorridos en campo y se revisaron cambios de uso del suelo, a la escala de las parcelas de un total de quince hogares extendidos, así como un total de cuatro entrevistas a profundidad con actores locales. Adicionalmente, se realizaron cuatro entrevistas semiestructuradas con representantes de las empresas procesadoras de aceite presentes en la región y se revisaron archivos oficiales que aportaron datos agrarios y ambientales.

Los desfases en una región fronteriza

Marqués de Comillas es del tipo de regiones producto de un largo devenir histórico. Desde finales del siglo XIX fue considerada espacio de recursos estratégicos y ocupó una posición fronteriza en los procesos de formación-delimitación de los Estados mexicano y guatemalteco (^{De Vos 1988}). Por otra parte, a diferencia de regiones trastocadas con la definición de límites nacionales, Marqués de Comillas ha tendido a orientarse prioritariamente hacia el resto de la Selva Lacandona y hacia las dinámicas de formación del Estado mexicano (^{González Ponciano 1990}). No obstante, ello no quiere decir que su configuración responda a una única y acabada visión de apropiación territorial, como tampoco supone la ausencia total de vínculos transfronterizos a través del tiempo.² Para comprender su historia, aquí se apela a la noción de desfase utilizada por ^{Viqueira (2002)}, quien la plantea como herramienta descriptiva y analítica necesaria en la exploración de los sujetos/objetos de estudio tanto en el tiempo como en el espacio, justamente «con el fin de hacer evidentes la elasticidad de sus fronteras y la heterogeneidad de su composición» (396). En este sentido, su empleo en el artículo busca poner de relieve cómo los distintos propósitos de articulación político-económica proyectados en este territorio se superponen desfasadamente acarreando consecuencias sociales y ambientales diversas.

Con base en esta perspectiva, adicionalmente, se enfatiza que, en los espacios y sociedades de frontera, los desfases entre proyectos territoriales pueden llegar a multiplicarse por la convergencia de poderes de referencia (Estados, mercados), pero también por las disputas entre distintos frentes institucionales formales (empresas, entidades públicas) e informales (delincuencia organizada, clientelas) que intervienen en la modelación, administración o apropiación de entornos y recursos. Todo lo cual adquiere una mayor contradicción por el desfase que siempre se produce entre las representaciones espaciales de actores institucionales y el espacio vivido (^{Lefebvre 1974}), este último resultado de la interacción entre poblaciones y entornos biofísicos. A continuación, se revisan los desfases fronterizos más relevantes en la historia regional para tener más elementos que ayuden a comprender la confluencia de prácticas de conservación y agroextractivismo en el siglo XXI.

De acuerdo con el trabajo de ^{Jan De Vos (1988)}, es posible asociar el periodo de explotación forestal sucedido entre 1880 y 1934 con un primer desfase. Durante estos años, la economía extractiva anclada a lo largo del Lacantún y el Usumacinta interconectó conflictivamente a las compañías madereras tabasqueñas, los gobiernos centrales de México y de Guatemala y aquellos de Chiapas, Tabasco y El Petén. Las compañías competían entre sí por el acaparamiento de espacios y recursos, mientras que las autoridades regionales y centrales de cada país lo hacían por el control y lucro del acceso concesionado a las selvas. En este contexto, el desfase era provocado por las diferentes visiones gubernamentales y privadas acerca de los puntos por donde cruzaba la línea de frontera internacional. Lo cual dejaba en entredicho si las tierras aquí consideradas, pero sobre todo las selvas y los ríos por donde se sacaban las maderas preciosas, pertenecían a México o a Guatemala, pero también si estos formaban parte de Chiapas o de Tabasco.

En 1895, finalmente, el límite internacional es acordado, aunque aún para 1912 el gobierno de Tabasco tiene dificultades en reconocer que esta fracción de la Selva Lacandona corresponde a Chiapas. Pese a ello, las implicaciones de este desfase fronterizo no se extendieron más allá del ocaso del extractivismo maderero, el cual coincide con la Revolución mexicana y la Primera Guerra Mundial. No obstante, debe mencionarse que los recursos estratégicos que quedaron en los intersticios de este periodo extractivo quedaron insertos en una dinámica de acaparamientos privados. De hecho, en 1905 y en 1908, estas tierras pasan a ser parte de dos amplias propiedades privadas: una con 134 414 ha a nombre de Claudio López Bru, portador del título de marqués de Comillas y otra, con 60 460 ha a nombre de otros dos ciudadanos mexicanos. La historia de la extracción de maderas en estas extensas propiedades aún no es clara, sin embargo, se sabe que hacia 1934 fueron confiscadas por el Estado postrevolucionario. Al parecer, desde la expropiación y hasta los años de 1960, lo que pasó a llamarse Marqués de Comillas permaneció al margen de intereses económicos, controversias público-privadas y tensiones fronterizas. De modo que las huellas del extractivismo forestal fueron cubiertas por las selvas regeneradas, aunque su riqueza no volvió a ser la misma.

El segundo desfase fronterizo, clave en la historia regional, tomó cuerpo y amplitud a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, implicando fundamentalmente diferencias entre actores presentes del lado mexicano, entre los que destacan las autoridades agrarias federales, la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), las autoridades federales ambientales, los gobiernos en turno en Chiapas y ambientalistas con presencia regional, nacional e internacional. Puesto que la mayor parte de ellos eran actores estatales, puede decirse que, en este periodo, fue en el sectorizado Estado mexicano donde se dio la mayor competencia por definir y liderar el modo en que Marqués de Comillas debía integrarse al conjunto nacional (^{González Ponciano 1990}). En este sentido, el desfase de este contexto fue producido por la superposición de proyectos gubernamentales cuyas contradicciones no llegaron a entenderse sino hasta cuando varios de sus impactos eran irreversibles. En este contexto, los afectados serían todos aquellos que quedaron en los intersticios de estos proyectos. Es decir, los entornos biofísicos, pero también el petróleo crudo, numerosas agrupaciones sin tierra procedentes de múltiples lugares de México y parte de la población guatemalteca cerca de la frontera.

El primero de estos proyectos consistió en la designación, en 1967, desde la Secretaría de la Reforma Agraria, de la región de Marqués de Comillas como terreno nacional «preferentemente destinada a la satisfacción de necesidades agrarias» (^{Resolución 1967, 15}). El segundo buscó la exploración de recursos petrolíferos por parte de Pemex, a mediados de la década de 1970, ante el hallazgo de estos del otro lado de la frontera. El tercero correspondió al interés de la federación de fortalecer la soberanía nacional ante la agudización de la guerra civil en Guatemala a inicios de la década de 1980. Y el cuarto consistió en concebir a Marqués de Comillas como zona de amortiguamiento de la Rebima, creada en 1978 en el seno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Así entonces, en esta porción del territorio mexicano se superpusieron distintas fronteras: la agraria, como expresión tardía del reparto de tierras posrevolucionario; la extractiva, vinculada a la economía petrolera; la humana, pensada en impedir alguna violación de la soberanía nacional, y la ecológica, orientada a frenar los efectos antrópicos sobre los ecosistemas de selva de Chiapas y el país. Observados en conjunto, estos proyectos contribuyeron a producir el estructural efecto que provoca el Estado (^{Mitchell 1999}), aparentando ser una entidad capaz de ejercer su fuerza hasta el último rincón del territorio nacional. Sin embargo, a medida que se implementaron, quedaron en evidencia los problemas ambientales y sociales ocasionados, así como las inconsistencias del Estado en su propósito de gobernar territorios y poblaciones.

El difícil acceso impuesto por la selva generó costos elevados a la exploración petrolífera, de modo que Pemex taponó los pozos perforados y salió de la región en 1992 (^{Mariaca Méndez 2002}). No obstante, su presencia en el territorio, durante más de diez años, dejó distintos tipos de huellas, empezando con un macizo forestal atravesado por numerosas brechas y terminando con un trazado inconcluso de la carretera que bordea la línea de frontera internacional. Por otra parte, la formación de núcleos agrarios, que se planteó como «dirigida», no se produjo del modo imaginado, puesto que la gran distancia a la región hizo que muchos desistieran de sus demandas agrarias. De modo que la noticia informal de la existencia de terrenos nacionales abiertos a la colonización fue más efectiva e impulsó a muchos otros necesitados a desplazarse a Marqués de Comillas, sin conocer el tipo de entorno al que se dirigían, ni los procedimientos burocráticos que les esperaban para poder acceder a las tierras (^{Cano Castellanos 2018}). Por otra parte, el proyecto de fortalecer la soberanía nacional se tradujo en la formación de una frontera porosa, sujeta a flujos formales e informales de personas y mercancías (^{González Ponciano 1990}). De hecho, desde 1983, el refugio de guatemaltecos que huían de la guerra civil contribuyó a la formación de jerárquicas relaciones de producción entre colonos mexicanos y jornaleros guatemaltecos, a través de las cuales se desmontaron parte de las selvas (^{Cano Castellanos 2018}).

Hasta dicho momento, Montes Azules existía solo en el papel, aunque era usada por ambientalistas para generar controversias acerca de la colonización (^{Wilkerson 1985}). De modo que solo hasta finales de 1980, el sector ambiental del gobierno federal y el gobierno de Chiapas se alinean en un mismo sentido, aunque sin consenso de por medio, pero inverso al de décadas previas. Es decir que, de promover la ampliación de la frontera agrícola en la selva, el Estado pasó a combatir la deforestación, dejando sentir su efecto estructural a través de la completa prohibición de los desmontes y la extracción de maderas en 1989 (^{Villafuerte, García y Meza 1997}). Los colonizadores de Marqués de Comillas resistieron tal disposición mediante la organización política y la confrontación física (^{Cano Castellanos 2018}), apoyando indirecta e implícitamente al levantamiento zapatista de 1994 (^{Harvey 2000}).

Solo en este contexto de extrema conflictividad, el tamaño del desfase entre los proyectos agrario y ecológico puso freno a todos los actores institucionales que confluían en la Selva Lacandona. De modo que los gobiernos estatal y federal no tuvieron más alternativa que suspender la veda forestal. No obstante, estos tampoco pudieron evitar los costos que acarreó el desfase, específicamente en cuanto a la deforestación producida después. De hecho, es entre 1996 y principios de la década de 2000 cuando se da la mayor transformación de los entornos de Marqués de Comillas (^{Meli et al. 2015}), con una marcada expansión de la ganadería bovina y con la reducción de las doscientas mil hectáreas de selvas altas a relictos de cientos de hectáreas dispersas entre los ejidos. De este modo se cerró un siglo de trascendentales desfases, dejando expuestas a las poblaciones y a los entornos transformados a una nueva etapa de proyectos de articulación económica y política, entre los que sobresalen la conservación ecológica y el establecimiento de plantaciones de palma de aceite (Elaeis guineensis).

Doble neoliberalización

De acuerdo con ^{Castree (2008)}, puede decirse que los contemporáneos proyectos desplegados en Marqués de Comillas corresponden a dos expresiones distintas de neoliberalización de la naturaleza. Es decir, a dos formas diferentes a través de las cuales los entornos biofísicos son incorporados a circuitos de valor de cambio y de acumulación de capital, basados en dinámicas de privatización, mercantilización, liberalización, regularización o gestión privada, ciudadana o comunitaria de lo público (^{Castree 2010}). Adicionalmente, ambos corresponden a lo que Castree identifica como «soluciones ambientales» que han emergido como parte del proceso de subsunción formal o real de los entornos (^{Benton 1989}; ^{Smith 1996}), y a través de la cual se ha pretendido superar lo que ^{O’Connor (2001)} llama la segunda contradicción del capital; es decir, su tendencia a minar las condiciones materiales de las que depende su reproducción.

En este sentido, es posible asociar las actuales acciones de conservación ecológica que se despliegan en Marqués de Comillas con la idea global de que la contradicción ecológica puede ser superada al proteger los entornos biofísicos. Paralelamente, también es posible pensar el reciente establecimiento de plantaciones de palma de aceite como parte del propósito contemporáneo de trascender el estado de degradación de los entornos, mediante «mejoras tecnológicas». Y al proceder de esta manera, como lo sugiere ^{Büsher (2013)}, es posible considerar que la «solución ambiental» orientada a la conservación ha ido acompañada de dinámicas de traslado ficticio de los entornos biofísicos a circuitos de acumulación de capital. Pero también es posible plantear que la «solución» orientada a trascender los límites ecológicos de los entornos procura que determinados elementos biofísicos pasen de ser condiciones a ser fuerzas de producción (^{Boyd, Prudham y Schurman 2001}). En este sentido, ambas «soluciones ambientales» contribuyen a sostener e, incluso, ampliar el crecimiento económico capitalista. No obstante, en vez de asumir estas consideraciones como algo dado para el caso de Marqués de Comillas, resulta fundamental explorar el modo particular cómo ambos procesos se han dado allí, como se plantea a continuación.

Tras intentos fallidos de promover el manejo forestal comunitario en la región, y al reconocer la escala de la transformación ambiental, hacia el 2000 se emprenden las primeras pruebas no gubernamentales de articulación de poblaciones humanas y relictos de selva a esquemas internacionales de pagos por captura de carbono (^{Cano Castellanos 2016}). Y hacia el 2005, dos poblaciones ejidales se empiezan a beneficiar del programa Pago por Servicios Ambientales (PSA), financiado por el Banco Mundial y operado desde el sector ambiental federal, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales, nacionales y regionales desde el 2003. Entre el 2008 y el 2019, el número de ejidos beneficiarios de este programa llegó a veinte, catorce de los cuales se encuentran a proximidad de la Rebima, mientras que los seis restantes se ubican a proximidad de la línea de frontera internacional.

El sistema productivo de la palma de aceite se ancla inicialmente en Marqués de Comillas en el 2005 (^{Cano Castellanos 2014}) y, con mayor intensidad, entre el 2009 y el 2013, en el marco de la primera política estatal de biocomustibles (^{Castellanos Navarrete 2018}). Aunque en Chiapas el boom de los biocombustibles se vio limitado por escándalos de corrupción (^{Gaitán Tolosa 2018}), en la región se siguió con la actividad, aspirando a contar con una planta procesadora de propiedad social. En el 2016, a pesar de las expectativas locales, ello redundó en el establecimiento de dos empresas privadas: una de capital jaliciense y otra de capital chipaneco y guatemalteco. Estas acaparan y procesan la materia prima extraída de un total de once mil hectáreas de plantaciones, de las cuales unas ocho mil hectáreas pertenecen a los palmicultores de los ejidos.³ De estos últimos, un aproximado de 215 tiene sus plantaciones en tierras ejidales próximas al río Usumacinta y al vértice de Santiago, mientras que 115 las han establecido en tierras ejidales cerca del río Lacantún.

Es posible analizar la convergencia de ambos procesos en este territorio de frontera, en primer lugar, al describir qué relación social y cuáles argumentos se plantean para proyectarlos como «soluciones ambientales». La relación entre las poblaciones ejidales y las ONG ambientales ha sido trascendental para hacer de la conservación de los relictos de selva de la región un proyecto factible. En este caso, las ONG y el sector ambiental federal han argumentado la importancia de asignar un valor económico a los servicios ambientales de estos ecosistemas, como una forma de generar una «ventaja comparativa» entre la conservación y las actividades agropecuarias de las que viven las poblaciones humanas (^{Carabias, De la Maza y Cadena 2015}). Las poblaciones ejidales beneficiadas con el PSA, por su parte, suelen entender las transferencias de dinero como el medio por el cual aceptan no desmontar sus selvas, mientras que asumen la conservación como una entre varias actividades generadoras de ingresos monetarios (^{Cano Castellanos 2018}). La relación entre líderes regionales, el gobierno del Chiapas y empresarios centroamericanos hizo posible la llegada de la palma a Marqués de Comillas (^{Castellanos y Jansen 2017}). De este periodo data la idea regional de que la palma era «la solución» a la deforestación y al débil desarrollo económico de la población (^{Cano Castellanos 2014}), mientras que el gobierno estatal enfatizó la idea de las energías «limpias» (^{Castellanos Navarrete 2018}). En el contexto más reciente, se resaltan las bondades de la palma frente a la pobreza de los suelos y de la gente de la región; mientras que las empresas se concentran en las ideas de eficiencia y manejo sustentable de la cadena productiva.⁴

De lo anterior resalta el hecho de que, para los actores articulados en ambos procesos, las «soluciones ambientales» elegidas deben ser también «soluciones económicas». En este sentido, la neoliberalización de los entornos biofísicos, en principio, no se valora negativamente y, en cambio, va acompañada de la instalación de algunas dinámicas administrativas y organizativas de los entornos y del trabajo humano que favorecen la acumulación de capital.

Al respecto, es clave precisar que, en Marqués de Comillas, una de las dinámicas más estratégicas que anteceden a la conservación y a las plantaciones de palma de aceite es la certificación de los derechos de propiedad de parcelas ejidales, implementada desde el gobierno federal y llevada a cabo en la región entre 1999 y 2006 (^{Cano Castellanos 2016}). En este periodo y hasta el 2012, 36 de los 40 ejidos que hay en la región entraron en este proceso. En la práctica, ello significó la disolución del régimen colectivo de propiedad de la tierra y un incremento en las transacciones agrarias locales y regionales, pero no la disolución de los órganos colectivos de administración agraria. Por ello, a este nivel, la esperada liberalización de la tierra, tras su regularización, no ha dado paso al generalizado acaparamiento de tierra. No obstante, sí generó ventajas, al permitir identificar formalmente a los dueños, las tierras o las selvas que entran en las relaciones de intercambio, establecidas con los agentes de la conservación o con las empresas procesadoras.

En cuanto a las dinámicas organizativas del trabajo, estos procesos productivos expresan diferencias. La conservación ecológica, por referirse a la biodiversidad como bien público, incorpora predominantemente el trabajo de ONG ambientales y poblaciones ejidales, dejando al sector ambiental federal la administración de los recursos financieros provenientes de la cooperación internacional (^{Cano Castellanos 2016}). El sistema productivo de la palma de aceite, centrado actualmente en el mercado de grasas y aceites, se funda en eslabones de apropiación privada. Las tierras y las plantaciones son apropiadas mayoritariamente por los ejidatarios,⁵ mientras que la materia prima es acaparada en su totalidad por las empresas. La mano de obra, en parte de origen guatemalteco, es apropiada por ambas partes, predominando el trabajo temporal entre los ejidatarios y el permanente entre las empresas.

En cuanto a la producción espacial, cada proceso deja ver un aspecto distinto que allí tiene lugar. El PSA y la prestación de servicios ambientales hace que las poblaciones con relictos de selva en sus territorios y la región, en tanto que frontera ecológica, estrechen la relación con el resto de México, consolidando la conservación ecológica como política de Estado. El anclaje de la palma de aceite hace que los productores de los ejidos y la región, en tanto frontera extractiva, estrechen la relación con otras zonas palmicultoras de Chiapas y Centroamérica, vinculándose con las históricas economías de plantación que las caracterizan.

Estas tendencias resultan claras, sobre todo, teniendo en cuenta la dirección en la que circulan los mayores flujos de capital y las locaciones de los agentes intermediarios. En el caso de la conservación, desde la esfera trasnacional, concentrándose luego en el sector ambiental federal, para posteriormente ser transferidos a las poblaciones ejidales, con la intermediación de ONG y pequeños brokers asentados en la Ciudad de México (CDMX), Tuxtla y San Cristóbal de las Casas. En el caso de la palma, a través de circuitos mexicanos, chiapanecos y centroamericanos a los que se conectan las empresas, con oficinas en ciudades como Guadalajara, Palenque, Mapastepec o Ciudad de Guatemala y, con procesadoras ubicadas en la región, hacia el lado norte de la frontera internacional con Guatemala, a las que se articulan los productores ejidales.

No obstante, si se tienen en cuenta otros aspectos, es posible captar otras particularidades de la contemporánea articulación político-económica de Marqués de Comillas. En el ámbito de la conservación ecológica, destaca el llamado Corredor Biológico Mesoamericano. Aunque este proyecto transfronterizo no llegó a conectar la gestión ambiental mexicana y centroamericana, desde el 2009 y hasta el 2018, en México el Corredor gestionó y operó recursos públicos que se invirtieron en un porcentaje significativo en Marqués de Comillas (^{Ramírez y Obregón 2016}). Por otra parte, la instalación de las procesadoras en la región se ha hecho teniendo en cuenta que corporativos como Cargill y Nestlé, con filiales en México, importan el 80 % de grasas y aceites vegetales, y a que a los socios chiapanecos y guatemaltecos les interesa expandir los niveles de procesamiento de aceite de palma alcanzados en Guatemala.⁶

Todo lo anterior deja claro que en la región la neoliberalización de los entornos biofísicos avanza de manera sostenida, ya sea a través de la economía de la conservación o mediante el sistema productivo de la palma de aceite. Pero también sugiere que ambos procesos no compiten por el control de los entornos, ni las poblaciones humanas, como tampoco generan conflictos entre las dos redes de actores que cada uno articula. En suma, pareciera como si entre la frontera ecológica y la frontera extractiva de este periodo histórico no hubiera un desfase y, como si ambos proyectos, en efecto, hicieran parte de un mismo «programa hegemónico» capitalista. No obstante, al profundizar la mirada es posible entender que ambos procesos se han desplegado ignorándose mutuamente. El Marqués de Comillas proyectado en los espacios institucionales asociados a la conservación (^{Carabias, De la Maza y Cadena 2015}) no coincide con aquel que se proyecta en los ámbitos del gremio palmicultor (^{Oleopalma 2017}). Entre otras cosas, porque el primero se ha concentrado territorialmente del lado de la Rebima, mientras que el segundo lo hace del lado de la línea fronteriza. Por otro lado, es claro que, entre las poblaciones ejidales de la región, no se ha generado un conflicto económico-ambiental, de modo que es posible observar plantaciones de palma de aceite hasta en la ribera del Lacantún y relictos de selva en los ejidos cercanos al vértice de Santiago (veáse fig. 2). Sin embargo, en el marco de esta compleja configuración territorial, aquello que salta a la vista al adentrarse en los espacios vividos de las poblaciones ejidales es la condición marginal que se reproduce. Algo que exploraré a continuación, a través de una de las subregiones de este territorio.

Mapa elaborado por Edith Mondragón V.

Figura 2 División ejidal, relictos de selva y plantaciones extractivas⁷ en Marqués de Comillas.⁸  

Marginalización en la «fronteriza sur»

Durante la colonización, la apropiación del macizo forestal se produjo casi a la par de las solicitudes y entregas de dotaciones ejidales (^{Cano Castellanos 2018}). Y en este proceso tomaron cuerpo distintas subregiones. La llamada «ribereña» reunía los ejidos ubicados sobre o cerca al río Lacantún, la «fronteriza» a aquellos ubicados sobre el Usumacinta y el vértice de Santiago, y en el macizo forestal se distinguieron las zonas «centro» y «centro-oriente». Esta distribución revela el acceso desigual a las tierras con mayor productividad y a los ríos de mayor caudal, pero también la reproducción de la histórica lógica cultural a través de la cual se han distinguido «mestizos» y «gente indígena». Lo anterior, en la medida de que la mayoría de los colonos procedentes de otros estados del país se asentaron en la «ribereña» y parte de norte de la «fronteriza», mientras que la mayoría de agrupaciones tseltales, tsotsiles, ch’oles y zoques lo hicieron en la zona «centro» y en la parte sur de la «fronteriza». Esta diferenciación espacial y cultural persiste, incluso tras la división de la región en dos municipios en 1999. De hecho, el límite entre ambos refleja claramente la separación de los ejidos de acuerdo con su cercanía al Lacantún o a la frontera internacional, pero también en función de la mayor articulación político-económica y de comunicación terrestre con los poblados que hoy fungen como cabeceras municipales: Zamora Pico de Oro y Benemérito de las Américas (véase fig. 3).

Mapa elaborado por Ingreet Juliet Cano Castellanos e Israel Hinojosa Baliño.

Figura 3 Subregiones en Marqués de Comillas. 

A mediados de la década del 2000, en los ejidos de la «fronteriza», hoy municipio de Benemérito de las Américas, se da una numerosa acogida de la palma de aceite (^{Castellanos Navarrete 2018}; ^{Cano Castellanos 2014}). Particularmente, en lo que localmente llaman «fronteriza sur», donde resaltan los ejidos Loma Linda, Nuevo Orizaba, Nuevo Veracruz y Grajales (véase tabla 1), por contar con el mayor número de productores de palma, la confluencia de micro, pequeños y medianos productores, por la presencia de plantaciones de hule (Hevea brasiliensis) y porque algunos se han beneficiado del programa PSA.

El establecimiento de plantaciones de hule también está relacionado con la promoción gubernamental que se dio en distintos momentos. La primera fue desplegada desde el Fideicomiso para la Investigación, Cultivo y Comercialización del Hule Natural (FIDEHULE) en 1990; la segunda desde la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en el 2008. El cambio de actores gubernamentales promotores del hule se explica por el traslado de las acciones forestales federales, desde el sector productivo al sector ambiental, el cual experimentó una ampliación institucional y financiera, entre los años 2000 y 2012 (^{Cano Castellanos 2016}). Ahora bien, gracias al trabajo de prestadores de servicios que intermedian la relación entre las poblaciones ejidales y el sector ambiental federal, particularmente Nuevo Orizaba y Nuevo Veracruz, además de contar con financiamientos para el manejo de sus plantaciones de hule, también se han beneficiado de apoyos federales para la conservación ecológica. Esto a pesar de que los relictos de selva que aún conservan son muy pequeños¹⁰ si se comparan con ejidos vecinos y con algunos cercanos a la Rebima (véase fig. 2).

Respecto a la palma, además debe mencionarse que la instalación de un vivero en el ejido Nuevo Orizaba y el acceso a las plantas de palma, a ningún costo o a uno muy bajo, permitió que ejidatarios con distintas posibilidades económicas establecieran las primeras plantaciones entre el 2009 y el 2013. De acuerdo con los 91 entrevistados, se sabe que la mayoría de las plantaciones datan de este tiempo y que los segmentos más numerosos son los que reúnen a productores con diez a veinte hectáreas (37) y a productores con cinco a nueve hectáreas (36). La mayoría de las plantaciones que tienen entre treinta y cincuenta hectáreas y entre una y cuatro hectáreas datan de fechas más recientes, empezando por aquellas establecidas en el 2014 y el 2016, seguidas de las establecidas entre el 2017 y el 2018 (véase tabla 2). Esto se produjo como parte de la segunda etapa de expansión del sistema productivo, donde las empresas privadas juegan un papel dominante. Algunas plantaciones jóvenes provienen de viveros instalados por líderes locales con recursos públicos y otras, de los viveros de las empresas. Estas últimas corresponden a ejidatarios con capacidad de endeudamiento, quienes adquieren créditos con financieras rurales y acuerdos de exclusividad con las empresas.

En este paisaje subregional, el hule, la palma, el reducido tamaño de los relictos de selva y la heterogeneidad socioeconómica de los productores apuntan a la relación entre degradación y marginalización. Característica de muchos contextos de expansión capitalista, dicha relación se manifiesta intensamente en territorios de frontera como el aquí abordado. En ella, la degradación hace referencia al deterioro de los entornos biofísicos, y la marginalización alude al límite ecológico y económico en el que toman cuerpo formas capitalistas de apropiación y explotación de recursos (humanos y no humanos); pero, sobre todo, al proceso en el cual una mayor demanda económico-ecológica redunda en un mayor deterioro de los medios de vida y un mayor empobrecimiento de poblaciones marginadas (^{Robbins 2012}; ^{Watts 2013}). Al traer al análisis esta relación, no se pretende asumirla como un hecho, sino emplearla como un punto de partida para comprender el o los sentidos en los que ambos aspectos se vinculan en parte de la «fronteriza sur». El siguiente es un ejercicio sucinto de este propósito.

Entre 1986 y 1988, años de la formación de los ejidos aquí considerados, los colonos fundadores sabían que tomaban posesión de las tierras más marginales de toda la región, al ser las más alejadas y al no poder acceder a los suelos productivos de «vega de río». En este sentido, la lejanía se consideró el principal problema para estas personas, en cambio, las limitaciones ecológicas de los entornos fueron identificadas a medida que antropizaban los paisajes. Primero, a través de los desmontes y la agricultura, posteriormente, con el establecimiento de pastizales para la ganadería extensiva. Antes de su llegada, los colonos ya estaban marcadamente orientados hacia la agricultura comercial y dependían fuertemente de los ingresos monetarios, de modo que al establecerse en la «fronteriza sur» trabajaron cultivos comerciales de chile y arroz, así como procuraron liquidez monetaria mediante la migración laboral hacia el norte de México y a los Estados Unidos de América. En este contexto, la pobreza de los suelos fue reconocida por la demanda de fertilizantes químicos, incluso para el maíz y el frijol, pero también por la desnutrición y enfermedades del ganado. Pese a ello, en gran medida trabajaron la ganadería, en algunos casos complementándola con el hule, cuya venta inició hacia 1998.

La adopción del hule no solo se explica por la necesidad de ingresos monetarios, sino también como vía para mediar con la pobreza de los suelos. En principio, pareció una actividad arriesgada, debido a los siete años de espera antes de poder extraer el látex. Sin embargo, su amplia adopción entre los ejidatarios de Grajales contribuyó a su expansión en los ejidos Nuevo Veracruz y Nuevo Orizaba; sobre todo cuando, hacia 1999, el kilo de hule superó los dos pesos. Desde entonces, se hizo común complementar hule y ganado. En varios casos, las plantaciones del hule se hicieron con recursos propios, pero cuando se supo de los apoyos de la CONAFOR, la incursión en el hule se generalizó entre productores con diferentes posiciones económicas. No obstante, cabe precisar que después del 2010 los precios del látex han tendido a la baja y que varias plantaciones no se han desarrollado, ni manejado adecuadamente, debido a la utilización de plantas silvestres menos productivas y a la temprana e inexperta extracción del látex. En este sentido, la acogida del hule no se ha traducido en estabilidad económica para la mayoría de los hogares que se dedican a ella. La relación entre las plantaciones de hule y el nivel de la degradación de los entornos es difícil de precisar a falta de investigaciones especializadas; sin embargo, sí posible afirmar que su establecimiento permanente impide la regeneración natural de los ecosistemas de selva.

La bonanza del hule se reflejó en algunas viviendas y bienes «modernos», no obstante, los gastos en la ganadería y el precio bajo del hule sumieron a la mayoría de los hogares en la sobrevivencia, hasta que llegó la palma de aceite. En principio hubo dudas acerca de su rentabilidad con respecto al hule, aunque resultaba atractiva la espera de solo tres años para el inicio de la producción. Adicionalmente, había un extendido convencimiento de que no valía la pena seguir con la ganadería. De modo que la mayoría sacrificó los pastizales para establecer plantaciones de palma de aceite, cuyo tamaño varía en función del tamaño del ejido, la talla de las parcelas ejidales, las trayectorias económicas de los hogares y la etapa en la que se encuentra el ciclo de vida familiar.

En los ejidos aquí considerados, se identifican al menos tres variantes de economías domésticas. De un lado, aunque limitados en número, se observan hogares especializados que dedican gran parte de sus tierras al establecimiento de plantaciones de palma de aceite, abarcando desde diez hasta cincuenta hectáreas. De otro lado, con un número mayor de casos, se encuentran los hogares precariamente pluriactivos, que utilizan menos de cinco hectáreas para la palma y venden su mano de obra o prestan servicios de albañilería, mecánica o montería en la región. En medio de estas dos variantes y con el mayor número de casos, cuyas tierras van desde las cinco hasta las treinta hectáreas, están los hogares que han optado por complementar el hule y de palma. Y aquí resaltan, al menos tres modalidades de trabajo: la complementación de mediana escala, con plantaciones de hule y palma de cuarenta o menos hectáreas; la escalonada, que implica el trabajo por etapas y turnos, procurando acomodarse a la edad a la que se hacen productivas las plantaciones, y la intergeneracional, donde en un mismo hogar la palma se suma al hule, con el objetivo de soportar los gastos de la formación de nuevos núcleos familiares entre la generación de los hijos. Si bien en todos los hogares la mano de obra familiar es fundamental, también lo son los trabajadores externos, en muchos casos provenientes de Guatemala.¹¹ Estos se articulan permanentemente en los hogares especializados y en aquellos que complementan hule y palma a mediana escala, y solo de manera temporal, en el resto de los hogares.

La incursión campesina de Marqués de Comillas en la palma de aceite se ha analizado enfatizando las relaciones políticas de consentimiento, justo en el contexto de promoción de los biocombustibles como parte de la política rural del gobierno de Chiapas (^{Castellanos Navarrete y Jansen 2017}). Sin embargo, la extendida acogida de la palma de aceite en la «fronteriza sur» -no solo en este contexto, sino en el subsecuente periodo, marcado por una mayor intervención del capital privado- alude a un proceso en el que es posible explorar la incidencia de este sistema productivo en la relación entre degradación y marginalización.

Para este efecto, no debe perderse de vista que la decisión de dejar la ganadería se da y se generaliza con la expectativa de que la palma pudiera enfrentar la pobreza de los suelos. Dicha expectativa, adicionalmente fue alimentada con la idea de que la palma permitiría la obtención de ingresos monetarios en menos tiempo que el hule. Ambos aspectos resaltan claramente la condición marginal que determina la vida de estas poblaciones tanto a nivel ambiental, como económico, pero a su vez, su manera de enfrentarla. Es decir que, al reconocer la imposibilidad o dificultad de acceder a mejores tierras en otro lugar, al experimentar la dificultad de trabajar sus tierras, incluso para fines de subsistencia, y al tratar de ser mínima, mediana o altamente consecuentes con el grado de monetización de sus economías domésticas, gran parte de los hogares de la «fronteriza sur» estuvieron dispuestos a poner a prueba a la palma. Y, en efecto, durante el primer periodo de cosecha, aproximadamente entre los años 2011 y 2014, la mayoría comprobó que esta respondía. Adicionalmente, percibían la liquidez monetaria que alcanzaban, pese a las dificultades para vender las cosechas, por el hecho de tener que trasladarlas al norte de Chiapas o Guatemala, y a pesar de que debían cubrir el costo de ello. Bajo este contexto, se comprende mejor la articulación de los hogares precariamente pluriactivos, pero también la de los hogares con los medios para ampliarse y especializarse.

No obstante, a medida que las plantaciones fueron madurando, pero sobre todo después de la instalación de las empresas procesadoras, la condición marginal del espacio vivido ha vuelto a experimentarse. De nuevo, la pobreza de los suelos se percibe en el estancamiento de la productividad de las plantaciones adultas, cuyos racimos de fruta no alcanzan el tonelaje obtenido cuando estas eran jóvenes, haciendo necesaria la fertilización. Si bien los hogares están altamente familiarizados con el uso de insumos químicos y se manifiestan dispuestos a utilizarlos en la palma, la baja fertilización señalada por las procesadoras está en relación directa con el tamaño de las necesidades de subsistencia y con la dependencia a ingresos monetarios para resolverlas. Por otra parte, la relación con las procesadoras reproduce la marginalización, básicamente al resaltar la posición subordinada que todos los productores ocupan en el sistema productivo. Esta constatación fue alcanzada a través del tiempo.

Inicialmente, la llegada de las empresas generó sentimientos encontrados porque la mayoría tuvo la expectativa de contar con una procesadora de propiedad social, aunque al final muchos prefirieron la presencia de las empresas privadas, a seguir costeando el traslado de las cosechas fuera de la región. Esta contradicción fue paliada por la bonanza del precio de la fruta, superando por varios meses los dos mil doscientos pesos la tonelada, cuando las empresas entraron a competir por el acaparamiento de la producción en los ejidos. Sin embargo, tras el acuerdo de las empresas de repartirse a los productores en partes iguales, la relación fue claramente más jerarquizada, con precios más bajos y dependientes del precio internacional del aceite, además de mayores exigencias en el manejo técnico de las plantaciones, la extracción de la fruta y los costos del traslado desde los ejidos hasta las procesadoras. Indudablemente, el momento actual es de un mayor anclaje del sistema productivo en los límites ecológicos y económicos de entornos y poblaciones humanas. Sin embargo, es preciso revisar qué pasa entonces en la relación entre degradación y marginalización.

Por una parte, es llamativo ver cómo las empresas, reconociendo la palma como un cultivo rústico por su capacidad de progresar en suelos pobres, buscan maximizar los niveles de productividad, al mismo tiempo que difunden prácticas de conservación de suelos. Esto evidencia la contradicción ecológica (^{O’Connor 2001}) que siguen arrastrando, al procurar subsumir los entornos biofísicos mediante mejoras tecnológicas (fertilizantes, plantas mejoradas, drenajes) que buscan habilitar productivamente este territorio de frontera, mientras que implementan prácticas (cobertura y enriquecimiento de suelos con leguminosas) cuya sustentabilidad busca la preservación del sistema productivo, pero no precisamente la recuperación de los ecosistemas de selva.

Por otra parte, es impactante observar la contradicción en la que se halla el diferenciado campesinado de la «fronteriza sur» al confrontarse con el doble reto de atender las exigencias de productividad y sustentabilidad que pretenden implantar las empresas, en vías de conseguir la certificación internacional de la Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Es cierto que convertirse en palmicultores con altos rendimientos y amigables con el ambiente es una idea atractiva a lo largo de los segmentos socioeconómicos. Pero también es innegable la existencia del sentimiento de desengaño colectivo al saberse condicionados económicamente, con pocas o nulas posibilidades de adoptar innovaciones tecnológicas y castigados por los precios otorgados a su trabajo y a los frutos que este da.

Avezados conocedores de la supervivencia en los márgenes, los diferentes productores de esta subregión, por lo tanto, emprenden con coraje sus propias estrategias. Adaptándose lo mejor posible en la relación con las empresas, replegándose parcial o totalmente hacia el hule, pero también, en algunos casos, sumándose a la actual postura federal, que en el marco del programa Sembrando Vida le da la espalda a la producción de palma de aceite (^{Tribuna 2020}) para promover la agroforestería comunitaria y la autosubistencia. Todo ello, en un contexto de franca ausencia de cualquier diálogo con las instituciones federales del sector ambiental y con las ONG que han hecho presencia en la región, estas últimas actualmente confrontadas por posturas políticas que, desde el nuevo gobierno federal, intentan exponer y cuestionar la neoliberalización de los entornos biofísicos de la región, la Lacandona y el país (^{Toledo 2020}).

Conclusiones

Marqués de Comillas, como región fronteriza de Chiapas, hoy más que nunca evidencia, con mucha particularidad, las continuidades y las diferencias que se observan entre Centroamérica y el sureste mexicano. Actualmente esta tiende a integrarse a las persistentemente regeneradas economías agroindustriales en los países centroamericanos, lo cual sucede por primera vez en su larga historia de configuración territorial. Pero al mismo tiempo, se vincula fuertemente al resto de México a través de las políticas de conservación ecológica desplegadas desde el centro del país. En este sentido, en la expansión de la palma de aceite se evidencian los poderes económicos de las élites chiapanecas y centroamericanas, mientras que en aquella de la conservación es el efecto estructural del Estado el que se deja sentir con fuerza, a través de actores estatales y no gubernamentales con importantes capacidades de intervención territorial.

Ahora bien, su confluencia en la región no es precisamente semejante a la observada una vez que se cruza la frontera internacional, puesto que hasta allí alcanzó a extenderse uno de los pilares del Estado postrevolucionario. Es decir, un régimen de propiedad social de la tierra que difiere de la marcada desigualdad agraria que caracteriza a varios países en Centroamérica, pero que también difiere de los procesos de contrarreforma experimentados en los países que allí se encuentran (^{Edelman y León 2013}). Si bien las modificaciones de 1992 a la figura ejidal mexicana son significativas, aun así, la cultura de Estado (^{Nuijten 2003}) en la que emergieron los ejidatarios de Marqués de Comillas impide que el sistema productivo de la palma se ancle de la misma manera que en Centroamérica. Por otra parte, la relación en la que están el régimen ejidal y la política de conservación separan claramente a México de Centroamérica, puesto que esta última no se ha desplegado mediante la expropiación,¹² obligando a integrar a las poblaciones ejidales en la gestión de la biodiversidad. Es en este contexto que, en Marqués de Comillas, en tanto que zona de amortiguación, algunos han ampliado sus márgenes de maniobra frente al sector ambiental federal (^{Cano Castellanos 2018}).

Desde otra perspectiva, la confluencia de la palma y las acciones de conservación en esta región de frontera no indica la puesta en marcha de un programa hegemónico capitalista. Lo que se observa es que ambos procesos se despliegan en la región sin que los impactos sociales y ambientales derivados del desfase entre los proyectos de ampliación de la frontera agrícola y la frontera ecológica se hayan detenido. Por el contrario, la marginalización y la degradación de poblaciones y entornos se reproducen sin que la red de actores institucionales vinculados con el proyecto de conservación interactúe con aquella que articula al sistema productivo de la palma de aceite, ni se observen esfuerzos para ver y proyectar a Marqués de Comillas con todas sus contradicciones y complejidades. En este sentido, la neoliberalización de los entornos biofísicos, ya sea a través de la economía de la conservación o del sistema productivo de la palma de aceite, se produce con la inercia de agendas institucionales que se ignoran entre sí.

Bajo este contexto, resulta comprensible por qué las poblaciones ejidales, lidiando con las condiciones económicas y ecológicas que les restringen, acceden a ser compensados monetariamente por lo que queda de selvas en sus territorios o llevan más lejos las posibilidades biofísicas de sus entornos. En este proceso, reconocen la posición subordinada que están orillados a ocupar en las formas de articulación económico-política de la región, aunque sin perder de vista la posibilidad de ganar algún margen de maniobra en las relaciones que sostienen tanto en sus cotidianeidades como con los actores estatales o económicos que hacen presencia en la región. De este modo, dinamizan la diferenciación económica y cultural favorable a la reproducción de capital, al mismo tiempo que actualizan, a su modo, la experiencia de vivir en frontera.