Factores desencadenantes de la crisis y escalada represiva

El 18 de abril del 2018, las redes sociales difundieron el rostro ensangrentado de Ana Quirós, una notoria activista feminista de unos 60 años, directora desde la época sandinista de una organización no gubernamental nicaragüense especializada en temas de salud. Ella sufrió el asalto de paramilitares encapuchados y armados de barras de hierro, así como de integrantes de la Juventud Sandinista, fácilmente reconocibles por sus camisetas con la inscripción “Unidos en victoria, Daniel y Rosario”. El saldo fue una herida en la cabeza y la mano derecha fracturada. Las imágenes de la golpiza, de la cual fueron también víctimas periodistas y otros manifestantes contra la reforma de la Seguridad Social, se transmitieron y compartieron miles de veces a través de Facebook y Twitter. La ira que se adueñó de una parte considerable de la población a raíz de la violencia y la aprobación de la reforma se alimentó también de un descontento acumulado poco tiempo antes. Tal es el caso de la falta de reacción de las autoridades ante el implacable incendio de la reserva natural Indio Maíz a partir del 9 de abril. Las sospechas apuntan a una negligencia deliberada con la mirada puesta en la usurpación de tierras. Decenas de personas, la mayoría de ellas muy jóvenes, se movilizaron en las calles de Managua. Además, pocos días antes de estos hechos, la vicepresidenta del país amenazó con controlar las redes sociales, cuyo contenido, en su opinión, era perjudicial para los asuntos políticos de la nación.

La concentración de estos acontecimientos en un período muy corto de tiempo planteó un reto sin precedentes a una presidencia autoproclamada diez años antes “solidaria, cristiana, revolucionaria” y “de reconciliación”.

La juventud de los principales centros urbanos, la cual muchos creían apática y despolitizada, se movilizó masivamente (^{Rocha, 2019}). La reforma de las pensiones fue recibida como una verdadera injusticia tras años de apropiación indebida de fondos públicos de un Instituto de Seguridad Social en quiebra. El saqueo del erario y de recursos naturales fue denunciado y entendido como el resultado de una depredación simbólica y material, a la vez que la prohibición de cualquier espacio de libertad de expresión, en la calle o virtual, pasó a ser un intolerable exceso de control.

El 18 y 19 de abril, grupos de estudiantes bloquearon varias avenidas de la capital y levantaron barricadas. Aquellos provenientes de casas de altos estudios públicas, como la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), ocuparon instalaciones de la Universidad Politécnica, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Agraria. Al mismo tiempo, cientos de jóvenes insurgentes en solidaridad con los estudiantes se refugiaron en la Catedral de Managua para protegerse de las bandas sandinistas armadas, quienes los perseguían en las calles. Las horas y los días que siguieron fueron el escenario de una escalada de violencia sin precedentes por parte del Estado. La policía utilizó munición real contra estudiantes atrincherados en edificios docentes. El periodista Ángel Eduardo Gahona murió asesinado mientras cubría enfrentamientos en vivo en la ciudad de Bluefields. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció docenas de muertos, desaparecidos, heridos y detenciones arbitrarias.

Mientras los disparos tenían como blanco a los estudiantes, la represión visaba entonces dos objetivos: eliminar los controles de carretera y las barricadas levantadas por los insurgentes. También hubo actos puntuales de linchamiento y humillación hacia los sandinistas orteguistas. Varios policías fueron asesinados. El poder continuó utilizando la violencia letal para disuadir a la población de protestar en las calles. La avidez por neutralizar a los levantados se radicalizó aún más y llegó a su clímax el 30 de mayo 2018, cuando al final de una multitudinaria manifestación, conocida como madres de Abril, la policía abrió fuego contra los participantes.

Según organizaciones de derechos humanos, 15 personas murieron ese día y 199 resultaron heridas en Managua, Masaya y Estelí. El escenario posterior a estos hechos estuvo marcado por un enfrentamiento muy desigual entre los bloqueos de las carreteras y los esbirros de Ortega y Murillo, quienes finalmente derrotaron a los manifestantes poco antes del 19 de julio en Masaya, la primera ciudad que se declaró “territorio libre de la dictadura,” usando las mismas palabras que durante su lucha contra Anastasio Somoza Debayle en 1979. Poco tiempo después, el parlamento aprobó una nueva legislación para tipificar como delito las protestas contra el régimen, y perseguir a los manifestantes por terrorismo. La intensificación de la represión militarizada, los asesinatos selectivos, las detenciones manu militari, el encarcelamiento, la tortura y los procesos judiciales arbitrarios han permitido a la pareja presidencial mantenerse en el poder por la fuerza. Después de la operación limpieza, durante los meses de junio y julio del 2018, que acabó con las barricadas, la pareja presidencial pretendió abrir un período de regreso a la normalidad. Una normalidad caracterizada por el balance de unos 800 presos políticos en las cárceles del país y las expulsiones de una misión de la ONU el primero de septiembre y, el 20 de diciembre, de una delegación de la Comisión de derechos humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyos expertos habían realizado informes sobre las violaciones de los derechos fundamentales durante la crisis.⁶ Cuando estaba por acabarse el año 2018, varios organismos de derechos humanos fueron cerrados por el régimen y vandalizados por sus agentes de represión.⁷ El poder también reprimió los medios más críticos, tales como el diario Confidencial (allanamiento sin orden judicial y confiscación del material de trabajo) y el canal televisivo 100 % Noticias, cerrando sus instalaciones y encarcelando a su director Miguel Mora y a una de sus periodistas, Lucía Pineda Ubau.

Una convergencia de opositores y un infructuoso diálogo nacional

La escalada represiva a lo largo del año 2018 responde sin duda al carácter duradero de la protesta. Una protesta también masiva y diversificada como resultado de la ruptura radical de dos sectores de la sociedad con Ortega: los estudiantes y la Iglesia católica; así como del distanciamiento entre la esfera empresarial y el poder.

En el caso de los primeros, una considerable mayoría se rebeló contra el sindicato sandinista Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses (UNEN). Vista retrospectivamente, la denuncia de los jóvenes de la Coalición Universitaria del 19 de Abril contra la represión reveló que la UNEN había podido incrementar su control sobre las universidades públicas gracias al apoyo y los medios que le había brindado el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FLSN) desde su regreso al gobierno. Todo esto a través de chantajes en la obtención de becas y la exención de cuotas de inscripción a cambio de fidelidad, interferencias en la contratación y el despido de profesores, en el contenido de los cursos, además de elevados salarios para los ejecutivos del sindicato, el único en Nicaragua nacido durante la Revolución sandinista y cuyas reivindicaciones siempre fueron apoyadas por el FLSN.⁸ Finalmente, la UNEN se transformó en el órgano de supervisión del partido dentro de la comunidad universitaria pública. Al salir de su regazo, la figura misma del estudiante rompió con el FLSN tras una asociación intrínseca desde la Revolución.

También jugó un rol la Iglesia católica, institución que contribuyó a la caída del dictador Somoza, enemiga del sandinismo en la década de 1980 y oficialmente opuesta a su resurgimiento en 1996. En los años 2000, se formó una alianza entre Daniel Ortega y el cardenal Obando y Bravo. Este último ofició el matrimonio público de Ortega y Murillo en 2005, lo que significó un acto de reconciliación y bendición política para el comandante revolucionario. A cambio, el cardenal garantizó la protección de quien consideraba como su hijo adoptivo, Roberto Rivas, a la sazón titular del Consejo Supremo Electoral. Este personaje supervisó las elecciones y todas sus irregularidades, y se convirtió luego en uno de los aliados de mayor peso de Ortega y de su proyecto de mantenerse en el poder. La pareja presidencial apoyó la criminalización total del aborto, el principal caballo de batalla legislativo del Vaticano en América Latina después de la Guerra Fría. El FLSN, una organización que alguna vez abogó por “la emancipación de la mujer”, aprobó una de las leyes más restrictivas del mundo sobre la interrupción del embarazo. Obando y Bravo fue nombrado por Ortega presidente de la Comisión de Paz y Reconciliación, un estatus equivalente al de ministro. Tal alianza provocó divisiones en el clero. Por una parte, el cardenal y sus cercanos, por la otra la mayoría de los miembros de la Conferencia Episcopal, cada vez más críticos con el poder.

Cuando a finales de abril de 2018 grupos de jóvenes comenzaron a almacenar alimentos para los estudiantes en la Catedral de Managua, el obispo auxiliar de la capital, Silvio Báez, les envió mensajes que marcaron una ruptura radical con la presidencia de la República. “Su causa es justa, la Iglesia les apoya. Ustedes son la reserva moral de este país”, dijo.

Por último, he de subrayar el distanciamiento de los representantes empresariales reunidos en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Durante una década, estos gozaron de un régimen económico preferencial elaborado por el FLSN: fueron múltiples las exenciones tributarias y las condiciones de negociación favorables, siempre y cuando hicieran caso omiso de las prácticas antidemocráticas y de la monopolización de los recursos por parte de la élite del partido reunida en torno a Ortega. Los empresarios participaron en el modelo corporativista de negociaciones a puerta cerrada con los delegados sindicales, la mayoría de perfil sandinista-orteguista, así como con instituciones estatales. Sin embargo, menos de una semana después del levantamiento de las primeras barricadas, el Cosep invitó a los nicaragüenses a manifestarse contra la represión y luego convocó a una huelga general, acercándose de esta manera a los oponentes de larga data, lo cual contribuyó a dar peso político a los insurgentes.

Así, estos tres grandes sectores sociales convergieron y se unieron a otros grupos ciudadanos ya en oposición a Ortega, con reivindicaciones compartidas. Es el caso, por ejemplo, de los campesinos expropiados o en riesgo de ser desposeídos de sus tierras por el proyecto de construcción de un canal interoceánico en territorio nicaragüense y del movimiento ciudadano -heterogéneo- por la restauración de las libertades públicas y las instituciones democráticas; a los cuales se suman los movimientos feministas y ecológicos, particularmente antiminería y grupos ad hoc como #ocupaINSS contra la corrupción dentro del Instituto de Seguridad Social.⁹ En mayo del 2018, la Iglesia católica -mucho más que una variable de ajuste político, una autoridad moral- se propuso como garante de un diálogo nacional para que el país encontrara una salida pacífica a la crisis y llamó a todos los actores a reunirse en torno a la mesa. Los opositores estuvieron representados por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. La nota destacada de estos encuentros la puso un estudiante de periodismo de la Coalición Universitaria, Lesther Alemán, quien, durante la primera reunión, el 16 de mayo, se saltó el protocolo al tomar la palabra antes que el presidente de la República. El joven acusó personal y públicamente a Murillo y Ortega, a quienes advirtió que las pláticas no tenían otro objetivo que el de negociar su partida.

Un acuerdo parecía germinar en torno a varias demandas expresadas por la Alianza Cívica: el cese de la represión, la reorganización de instituciones controladas por parte del FLSN -como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral- y la celebración de elecciones anticipadas en 2019. Sin embargo, las milicias orteguistas no se desarmaron y la violencia del Estado se prolongó a pesar de la presencia en el territorio de varias instituciones internacionales de derechos humanos, por lo que las condiciones para el diálogo nacional dejaron de cumplirse. Fue un fracaso evidente. No obstante, las declaraciones de los representantes de la Alianza Cívica no tenían precedentes, pues hasta ese momento Ortega había evitado entrevistas y debates públicos contradictorios.

Años de maniobras para construir un poder dictatorial

Este bloqueo político y la violencia no dependieron solamente de la crisis, sino también de la construcción progresiva de un estado dictatorial por parte de Daniel Ortega que recuerda, en algunos aspectos, las características del régimen de los Somoza (1936-1979). La comparación abruma y revela. Primero porque Ortega el sandinista contribuyó a expulsar de Nicaragua en 1979 al último tirano de la familia Somoza, Anastasio Somoza Debayle (1967-1979), al unirse al FLSN para dirigir una insurrección armada inspirada en el castrismo. Ortega, a los ojos de muchos opositores, se habría convertido paradójicamente en una copia de su antiguo enemigo. Una vez reelegido en 2006, dieciséis años después del final de la Revolución, lanzó señales de querer ejercer un nuevo control sobre la sociedad nicaragüense, reabriendo a su favor un juego de competidores por el poder del cual los Somoza también se habían servido para establecer su dominación. Iniciada inmediatamente después de la independencia, teorizada y analizada por Charles W. Anderson (^{Anderson, 1962}; ^{Bataillon, 2005}), esta forma de regulación política se interesa menos en eliminar al adversario desde un principio mediante la violencia y se enfoca más en incluirlo en las relaciones de poder para negociar y luego pactar entre las élites políticas y económicas, manteniendo así las relaciones clientelistas. De esta forma, Daniel Ortega, el hombre que aceptó la alternancia democrática en 1990 por la cesión pacífica del poder, contribuyó de manera particular junto con Arnoldo Alemán, presidente entre 1996 y 2001, a que este modo elitista de funcionar volviera a primeros planos.

Los sucesivos pactos que ambos, por aquel entonces diputado y jefe de Estado, hicieron juntos en 1999, se centraron en temas económicos, institucionales y jurídicos, a partir de los cuales se pretendía establecer la hegemonía de dos partidos opositores, cada uno de los cuales reinaría de manera suprema: el Partido Liberal Constitucional (PLC), liderado por Alemán, y el FLSN, encabezado por Ortega. El pacto, impulsado como protección para asegurar la impunidad mutua cuando el primero fue acusado de corrupción y el segundo de violar a su hija adoptiva, impuso un FLSN/PLC bipartidista en 2000 en las principales instituciones del país. Las sucesivas reformas electorales y constitucionales permitieron imponer este sistema al parlamento, así como también al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Supremo Electoral (^{Equipo Nitlapán-Envío, 2003}). Paradójicamente, la posición de retador de Ortega frente al PLC lo ubicó en un mejor contexto para dividir a sus rivales, y emerger como ganador en el equilibrio de poder que él mismo había ayudado a construir. Así, cuando Alemán fue liberado de la acusación de desvío de fondos públicos por miembros del PLC, Ortega y el FLSN, a pesar de ser una minoría en el escenario político, se encontraron en una situación de mayoría relativa en la que podían controlar cualquier negociación. Uno de los acuerdos clave entre los rivales fue modificar nuevamente la ley electoral. Los cambios permitirían una victoria en la primera vuelta de las presidenciales mediante la reducción del umbral de votos emitidos, lo que implicaría que el candidato a la cabeza ganaría sin una mayoría absoluta.¹⁰ Esto propició que Ortega se enfrentara a una derecha dividida en 2006 y se coronara vencedor en la primera vuelta con el 38 % de los votos. Una vez presidente, utilizó la Corte Suprema para ser candidato legal para su propia sucesión en 2011, continuismo que estaba prohibido hasta entonces. En 2008, el Consejo Supremo Electoral impidió la participación del Movimiento de Renovación Sandinista¹¹ en las elecciones municipales, las cuales resultaron en un fraude masivo. Tres años después, el FLSN ganó las legislativas luego de la preparación opaca y clientelista de un escrutinio lleno de irregularidades. El partido obtuvo dos tercios de los escaños de la Asamblea, una mayoría absoluta para votar a favor de una reforma constitucional que permitiría la reelección presidencial indefinida.

El último acto de control institucional se produjo en vísperas de las elecciones parlamentarias de 2016. El Tribunal Supremo, con mayoría de jueces sandinistas, prohibió que una coalición de opositores estuviera representada por un partido, el Liberal Independiente, posible contrincante en futuras elecciones. Los diputados de esta organización y otros aliados que no admitieron la imposición de un nuevo líder de grupo (en conjunto con el FLSN) en el parlamento fueron simple y llanamente despedidos de su mandato. Esta maniobra socavó el pluralismo y cedió todo el poder al sandinismo, cuyo jefe puso en práctica un autoritarismo dinástico que terminó de revelarse en 2016 con la nominación de su esposa Rosario Murillo como candidata a la vicepresidencia.

Negocios, clientelismos y violencia

El nombramiento de Murillo es solo una extensión del nepotismo económico que comenzó años antes, cemento del enriquecimiento de la familia Ortega y de su sostén en el poder, posible además gracias a las disposiciones constitucionales antes descritas. Los hijos de la pareja dirigen empresas -incluidos medios de comunicación- adquiridas con el desvío de una parte de los petrodólares fruto de la cooperación con la Venezuela bolivariana desde 2007¹² (^{Enríquez, 2015}). La otra parte se invirtió en diversos tipos de programas sociales, no exentos de características clientelares, como el apoyo a la autosuficiencia agrícola familiar, la distribución de techos de zinc, programas de crédito, la facilitación del acceso a la salud para los más pobres, la gratuidad total de las escuelas públicas, entre otros. Aunque estos programas contribuyeron a reducir la pobreza, Nicaragua se mantiene en el último lugar de la clasificación de su índice de desarrollo humano: 124/189 (^{PNUD, 2018}). De igual forma, dichas iniciativas permitieron a la presidencia consolidar, aumentar e incluso estructurar sus bases políticas, ya que la organización a nivel local de los programas pasa por los “consejos de poder ciudadano”, instancias comunitarias modeladas a la imagen del modelo bolivariano y coordinados en última instancia por Murillo (^{Grupo Venancia, 2015}).

Los negocios, el clientelismo y el crecimiento económico en el marco del modelo corporativista pactado con los empresarios han avanzado de la mano. El Estado ha mantenido incluso buenas relaciones con el Fondo Monetario Internacional, respetando los términos del Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA). Esta relativa buena vecindad durante los períodos 2007-2011 y 2012-2016 se hizo eco de la que se mantuvo con otros promotores del imperialismo, en este caso con un empresario chino de telecomunicaciones, Wang Jing, jefe del Grupo de Desarrollo del Canal de Hong Kong (HKND). En 2013, el magnate obtuvo, gracias a una ley promovida por Daniel Ortega, los derechos por un período de 100 años para la construcción de un canal interoceánico en el país. Sin duda esta decisión ayudó a unir a todo un grupo de opositores, para los cuales esta pérdida de soberanía marcaba una ruptura clara con los ideales sandinistas. Augusto César Sandino, figura inspiradora de la Revolución, había rechazado un siglo antes un tratado similar entre Estados Unidos y Nicaragua.¹³ La lucha contra la construcción del canal puso en primer plano a un sector campesino expropiado, o bajo la amenaza de serlo, ante esta hipotética construcción.

Una de sus líderes, Francisca Ramírez, una figura mediática que combina la resistencia ecológica y antiimperialista, catalizó la protesta política.

Otras víctimas de la depredación de la tierra y los recursos cercanos a este combate han tenido más dificultades para alzar su voz debido a la violencia que ha acompañado a estos fenómenos. Los planes para otorgar concesiones a las empresas mineras confirman la inclusión del FLSN en la estrategia económica extractivista de la mayoría de los partidos de izquierda que han estado últimamente en el poder en América Latina. Además, la usurpación de tierras agrícolas y minas de oro artesanales por colonos mestizos en las regiones central y atlántica del país estimuló el activismo de las comunidades indígenas y no indígenas, hasta el punto de provocar luchas de poder mediante el uso de armas y el desplazamiento de varios miles de personas. Los muertos se cuentan hoy por decenas, en su mayoría indígenas asesinados por los colonos. Lo que emerge tras la constatación de estos fenómenos vinculados a la corrupción generalizada es una ceguera voluntaria por parte de la administración central, la cual ha sabido sacar el máximo beneficio de la expoliación y el tráfico de terrenos (^{Bataillon, 2016}).

El conjunto de actores que desde finales de abril 2018 unieron sus fuerzas son de alguna manera el resultado de todos estos saqueos institucionales, sociales y territoriales-ambientales, en un contexto en el cual comenzaba a tambalearse la estabilidad económica de esta progresiva construcción dictatorial. La crisis en Venezuela redujo considerablemente los recursos de la cooperación bolivariana, incluso años antes de las sanciones estadounidenses adoptadas en enero 2019 contra el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) y contra la empresa petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA). Además, el proyecto de construcción del canal no se concretó, ya que el empresario de HKND perdió gran parte de su capital como resultado de una crisis bursátil.

Resistencia, sanciones y aislamiento del régimen

Desde la crisis y la represión, varias encuestas de opinión han demostrado hasta qué punto la pareja Ortega-Murillo, que sigue utilizando la vieja retórica del “golpe de Estado” perpetrado contra ellos por “grupos insignificantes”, “perros rabiosos”, “financiados por el Imperio (Estados Unidos)”, ha caído en la impopularidad. Según una encuesta de CID-Gallup de mayo de 2018, cerca del 70 % de las personas encuestadas deseaba la partida de la pareja Ortega-Murillo (^{Equipo Envío, 2018b}). Esta tendencia a considerar ilegítimo el régimen consiste por ejemplo en expresar la necesidad de elecciones anticipadas. Esto se ha confirmado hasta ahora en la opinión (^{Equipo Envío 2018c}). El apoyo del cual podía gozar el régimen en las bases del FLSN se ha debilitado considerablemente. También se muestra mucho más frágil entre las élites del partido. El 5 de junio 2018, Humberto Ortega, exministro del ejército y hermano de Daniel Ortega, sugirió al presidente renunciar a su cargo. El 8 de enero 2019, Rafael Solís, quien como miembro de la Corte Suprema de Justicia había dado argumentos legales para el continuismo presidencial, renunció a su cargo de magistrado. Solís afirmó entonces en una carta pública que no quería participar de “la instalación y la consolidación de una dictadura”, la cual había hecho un “uso irracional de la fuerza”. Víctor Urcuyo, superintendente de bancos de Nicaragua, también renunció a su cargo. Pocos meses antes, el 17 de septiembre 2018, Ligia Gómez, exfuncionaria del Banco Central de Nicaragua y exsecretaria política del FLSN, había presentado su testimonio ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de los Estados Unidos. En esta audiencia había revelado de qué forma el secretario político de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno, había llamado en nombre de la presidencia, a “defender la revolución” bajo cualquier método (“vamos con todo”), avalando la represión física.¹⁴

En el año 2019, las sanciones internacionales, en particular las de los Estados Unidos, contra funcionarios del Estado-partido y miembros de la familia gobernante,¹⁵ a la par del mantenimiento de una oposición política muy heterogénea reunida bajo la bandera de la “Unión Nacional Azul y Blanco” (UNAB),¹⁶ han contribuido a aislar al régimen dictatorial. Este sigue prohibiendo las manifestaciones y continúa utilizando la represión contra blancos específicos (asesinatos selectivos, humillaciones públicas, tortura, encarcelamientos arbitrarios); pero, si bien Daniel Ortega declaró en junio 2018 que no adelantaría las elecciones,¹⁷ las movilizaciones dentro y fuera del país y el lanzamiento de la aplicación de la carta democrática por los miembros de la OEA obligaron al gobierno a volver a la mesa de negociaciones en febrero 2019, esta vez bajo la responsabilidad de la OEA. El poder terminó excarcelando a unos cien presos políticos en mayo y aprobó una ley de amnistía el 8 de junio 2019, que permitió liberar a los casi ochocientos presos políticos, una ley cuyos principios fueron rechazados por la oposición. En efecto, esta incluía a todos los protagonistas de “los acontecimientos ocurridos desde el 18 de abril 2018”, sin distinción entre las personas directamente reprimidas por el régimen y los agentes de la represión. Implicaba también el impedimento de investigaciones sobre los hechos ocurridos y la responsabilidad de sus autores. A finales del año 2019, la oposición, al igual que el año anterior, pedía “una navidad sin presos políticos”. Eran 565 en diciembre 2018. En diciembre de 2019, se elevaba la cifra a 160.¹⁸

Con excepción de Cuba, Venezuela, Rusia y China, el régimen de Ortega está hoy día aislado internacionalmente. Las negociaciones están estancadas, el deterioro económico es cada vez mayor. Se estima además que al menos 60 000 nicaragüenses han salido a Costa Rica, el país vecino.

La situación actual de Nicaragua es tan preocupante como a largo plazo. Tras la inevitable salida de Ortega y Murillo del poder, habrá que enfocarse en imaginar una nueva pacificación del país a través del desarme de los escuadrones y delincuentes legitimados por el gobierno y una revisión del sistema policial y judicial. Esta anticipación, que apela a una justicia transicional, es todavía prematura, ya que la situación está, por el momento, bloqueada y enfocada a las condiciones de realización de nuevas elecciones generales en 2021.¹⁹

Desaprobaciones internacionales tardías

A nivel internacional, cada vez más personas que se reivindican como parte de movimientos progresistas se unen a la oposición cívica contra Ortega. Salvo contadas excepciones, muchos de los que pudieron complacerse, con o sin entusiasmo, con el regreso al poder del FLSN en 2006, terminaron denunciando la dictadura y la represión. Si bien todavía hay personas en este mismo movimiento que defienden el modelo bolivariano o que prefieren abstenerse de comentar sus actuales rasgos tiránicos,²⁰ estas posiciones son cada vez más difíciles de mantener, dado que el presidente Nicolás Maduro hace gala del apoyo a su contraparte nicaragüense. Además, las declaraciones finales del Foro de São Paulo, organizado el 17 de julio de 2018, y las reacciones a las mismas en América Latina trazan una línea divisoria aún más clara entre las expresiones partidistas de solidaridad con la violencia estatal en Nicaragua, supuestamente defensiva frente al “golpe fomentado por Estados Unidos”,²¹ y las voces que condenan claramente la represión ordenada por Ortega afirmando que un jefe de Gobierno debe saber abandonar el poder.²²

Pueden analizarse dos dimensiones de estos últimos eventos. La primera se refiere a la debilidad de la respuesta internacional ante las denuncias que documentan violaciones de la libertad de expresión, manifestación y asociación en Nicaragua ya en 2008, cuando el FLSN organizó el fraude electoral en los sufragios municipales. De hecho, hubo muy poca indignación cuando se apartó al Movimiento Renovador Sandinista de la competencia electoral, o cuando fueron arbitrariamente allanadas las instalaciones del Movimiento Autónomo de Mujeres y del Centro de Investigación de la Comunicación, organización feminista y medio independiente derivado de la disidencia sandinista, respectivamente, acompañados en ambos casos de amenazas y llamados al linchamiento de sus líderes en declaraciones de la Presidencia.

El uso de turbas poco después de estos eventos tampoco provocó un aumento de la desaprobación. A los ojos de muchos, los programas sociales lanzados por el gobierno eran más importantes que estos hechos secundarios. Con el inicio del nuevo mandato del FLSN y las maniobras antidemocráticas de su líder -tal y como demostramos anteriormente- se hizo evidente que desde el ejercicio del poder se buscaba socavar las bases constitucionales forjadas en 1995 a raíz de los conflictos armados centroamericanos, constituciones sobre las cuales se había intentado estructurar las condiciones para el cumplimiento de la separación de poderes, la división social y el pluralismo.

La segunda dimensión corresponde a los discursos explicativos de la transformación del FLSN en una organización que hace uso de la violencia represiva. Esta mutación habría supuestamente distorsionado los principios y la utopía liberadora de la Revolución y tergiversado los ideales de antaño, construyendo un régimen similar al de Somoza (^{Martí i Puig, 2019}). Es cierto que muchos de los que querían reformar el FLSN y convertirlo en un proyecto político más democrático abandonaron gradualmente sus filas, forzados a ceder ante una élite estructurada en torno al líder.

Sin embargo, la interpretación de que Ortega ha tomado la forma del enemigo Somoza requiere tiempo para la reflexión. Evidentemente, la voluntad por mantener el poder a cualquier precio transformó al comandante en dictador. La práctica de la corrupción entre rivales, el control de los tres poderes, la cleptocracia dinástica y ahora la represión y el sadismo caracterizan tanto a la autocracia somocista como al gobierno vigente. La cuestión reside en entender cómo el jefe de Estado actual ejerció estas prácticas políticas tras un largo historial como revolucionario.

Esto implica que los años ochenta también deben releerse con el prisma de una continuidad bélica en la historia política del país y no ceder a la mitología del sandinismo de Estado. Este régimen con rasgos totalitarios estaba estructurado en torno al FLSN, un partido-estado y un espacio de confusión de los poderes. Al proclamarse a sí mismo como la encarnación de todo el pueblo, ejerció la represión estatal contra aquellos que afirmaban estar en su contra (^{Christian, 1983}; ^{Bataillon, 1983}; ^{Van Eeuwen, 1982}). Tampoco dejó nunca de proteger a su jefe, denunciado por su hija adoptiva Zoilamérica Narváez Ortega por violaciones sexuales en su contra (^{Lacombe, 2010}). Ciertamente, las características y los agentes de la violencia de hoy son nuevos, sin embargo, es en una lectura de la continuidad cronológica de su uso, a lo largo de la historia política nicaragüense, donde se comprenderá con mayor fineza la manera con la cual Daniel Ortega la utilizó a lo largo de su carrera política.