El hecho de la desaparición y su visibilidad

Concebida durante la época nacionalista y populista del México postrevolucionario, la Escuela Normal de Ayotzinapa fue creada en 1926 para ofrecer a los hijos de familias campesinas pobres la posibilidad de hacer una carrera como maestro rural. Se trata de una escuela-internado que ofrece gratuitamente a sus estudiantes casa, alimento, además de una formación pedagógica y práctica. No obstante, ahora estamos muy lejos de ese contexto y sus subvenciones se han ido reduciendo progresivamente. Actualmente, pertenecer a la escuela normal rural significa formar parte de un cuerpo de estudiantes que debe organizarse estoicamente para distribuir sus escasos recursos, y participar en actividades militantes que buscan defender la continuidad de este tipo de formación que, en principio, promete a los egresados adquirir un trabajo estable, es decir, una plaza. En este sentido, el funcionamiento de las normales rurales hoy depende, en gran parte, de la manera como su cuerpo de estudiantes y esprit de corps se cohesionan, a través de prácticas concretas de organización y resistencia.²

En el año 2014, la escuela Raúl Isidro Burgos ubicada en Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla, Guerrero, fue designada como la sede desde donde saldrían los contingentes de todas las normales rumbo a la Ciudad de México, para participar en la marcha que conmemora la masacre de Tlatelolco, ocurrida unos días antes de la inauguración de los juegos olímpicos, el 2 de octubre de 1968. Al ser designados anfitriones, los estudiantes de Ayotzinapa buscaron coordinarse, en primer lugar, para reunir los recursos necesarios a fin de alojar a unos quinientos estudiantes (representantes de las otras escuelas normales) en la víspera de su salida hacia la Ciudad de México y, en segundo lugar, para conseguir los autobuses para trasladarse hasta allá, el 2 de octubre. Con tal de asegurar el alimento para sus compañeros huéspedes, los estudiantes de Ayotzinapa acordaron ahorrar una parte de sus víveres, lo que significaba renunciar a su ración de comida durante cuatro días, “se tomó el acuerdo de que se quitara el platillo de comida del viernes, sábado, domingo y lunes”.³ Para conseguir los medios de transporte, una comitiva se trasladó hacia la ciudad de Iguala, la tarde del 26 de septiembre, en busca de algunos autobuses para tomarlos, es decir, para llevarlos consigo y retenerlos en Ayotzinapa.⁴

Fue el día 26 de septiembre, salimos a Iguala como a las seis de la tarde. [...] Entramos a Iguala, junto con los [demás] compañeros. Nosotros fuimos al centro, a la terminal de Iguala, porque aparte de los recursos que íbamos a juntar para nuestros compañeros [de otras normales rurales] que se iban a quedar aquí [en Ayotzinapa], teníamos que traer transporte, dos autobuses, para trasladarnos a la marcha del 2 de octubre para conmemorar la matanza de Tlatelolco. Nosotros tomamos un autobús [en la carretera], pero para no afectar a la ciudadanía se decidió llevar a los pasajeros hasta la terminal [en el centro de Iguala] y ya de ahí regresar con el autobús [a Ayotzinapa]. Esta actividad se hace cada año, no es nada nuevo, y nunca habíamos pasado nada así. Saliendo de la terminal [...] por la calle [ Juan N.] Álvarez, [...] miramos que las patrullas ya nos venían siguiendo, cuando ya nos dirigíamos a la escuela de regreso. Los policías empezaron a perseguirnos y después sin razón alguna (no sabemos el motivo por el cual) ellos empezaron a disparar a los autobuses [...] Las patrullas venían disparando, así nos fueron rafagueando un buen tiempo, el parabrisas y una que otra ventanilla ya iban quebradas, el autobús que resultó más afectado fue el tercer autobús porque lo alcanzaban los policías. A unos diez (o cinco) metros [antes] de salir al periférico norte se atravesó una patrulla ranger por enfrente y ya no dejó salir a los autobuses hacia el periférico. Entonces esa patrulla empezó a disparar. Nos bajamos todos nosotros, los compañeros de atrás también se bajaron, pero a los que no se bajaron luego luego, los agarraron los policías, los empezaron a someter, los golpearon. Nunca pidieron hablar con nosotros. Nosotros estábamos escondidos entre los autobuses. En el fuego cruzado (porque le digo que había policías enfrente y atrás de los autobuses) nada más se veían los balazos que pasaban de atrás hacia delante, las paredes y los metales de las casas sacaban chispa. Fue como una hora más o menos. (Testimonio de uno de los estudiantes sobrevivientes, Alex, 13/10/14).

Aún siendo una actividad ordinaria, dentro de los repertorios de acción de los movimientos estudiantiles, en esta ocasión la toma de autobuses fue interrumpida con una violencia inusitada y feroz por parte de la policía municipal de Iguala. Cuando los estudiantes intentaron llevarse los autobuses, fueron perseguidos por la policía municipal de Iguala, quienes comenzaron rápidamente a disparar “a los autobuses” y a atacar directamente a los estudiantes. Si bien esta violencia desconcertó a los estudiantes, no impidió que reaccionaran rápido para pedir ayuda. Desde el momento en que la policía comenzó a dispararles, éstos se comunicaron por teléfono con sus demás compañeros que se habían quedado en la escuela, en Ayotzinapa.

El día 26 en la tarde nosotros estábamos en la escuela, ya sabíamos que nuestros compañeros habían salido hacia Iguala a realizar una colecta, y a eso de las siete y media u ocho me llamó un compañero y me dijo “oye nos están balaceando los policías aquí en Iguala”. En cuanto me dijeron eso yo corrí por los compañeros rápido y organizamos la salida hacia allá, en las [camionetas] urban de la escuela. Íbamos demasiado rápido. Entramos a Iguala a donde nos dijeron que estaban ocurriendo los hechos, creímos que al llegar, si eran policías los que estaban disparando, o si estaban [los policías] por un lado y los estudiantes por otro lado, nosotros íbamos a calmar las cosas, a preguntar qué estaba pasando, por qué la agresión, [a decirles:] “tranquilos lo que pasó, ya pasó, ya déjennos que nos llevemos a los compañeros”, a eso íbamos básicamente, y más porque escuchamos que había habido balazos, incluso ya nos habían mencionado que había un compañero herido o muerto. No estaba muerto, es el compañero Aldo Gutiérrez Solana, que todavía sigue en coma y con muerte cerebral, el que recibió el impacto [de bala] en la cabeza. (Testimonio de uno de los estudiantes sobrevivientes, Omar García, 10/10/14).

Los que se quedaron en Ayotzinapa acudieron para auxiliar a sus compañeros, y se trasladaron de inmediato a Iguala con la intención de “calmar las cosas”.También pensaron en la necesidad de denunciar y difundir el ataque cometido para no dejar que esta violencia quedara impune. Convocaron rápidamente a periodistas y profesores de la región para dar una conferencia de prensa. Sin embargo, esto no impidió a sus verdugos continuar:

Empezaron a llegar reporteros, me entrevistaron, después entrevistaron a otro compañero, cuando ya lo habían terminado de entrevistar, fue cuando llegó una camioneta roja, (ram doble cabina) y muchos carros particulares, pero más atrás había patrullas, y fue cuando uno de negro encapuchado se bajó y empezó a disparar primero al aire, después se bajó otro y se hincó, y ese fue el que nos empezó a disparar a todos, de ahí se bajaron todos y nos empezaron a disparar. Todos empezamos a correr, corrimos para abajo, como a dos cuadras de ahí me escondí en un terreno baldío, 5 compañeros de primero se juntaron conmigo y ahí estuvimos alrededor de seis horas escondidos. A las 6 [de la mañana] fuimos a la fiscalía de Iguala, ahí fue donde declaramos y ahí estuvimos esperando respuesta porque nos decían que en la comandancia de los policías municipales decían que ellos nunca habían arrestado a ningún compañero. Se me hizo raro y lo primero que se me vino a la mente fue: “falta que los hayan desaparecido” (Testimonio de uno de los estudiantes sobrevivientes 13/10/14).

Días después de la agresión comenzaron a circular en diferentes medios de comunicación testimonios como estos, que describen y denuncian el tipo de violencia a la que los estudiantes fueron sometidos en, al menos, dos momentos distintos. Primero, cuando tomaron los autobuses y salieron de la terminal, la policía municipal de Iguala los persiguió y disparó, al llegar a la calle Juan N. Álvarez los autobuses fueron interceptados, algunos estudiantes se bajaron tratando de escapar y se encontraron en medio de un fuego cruzado, otros se bajaron por orden de la policía y de inmediato fueron llevados en varias patrullas, estos últimos se encuentran desaparecidos desde entonces. Después, al anochecer, al dar inicio una improvisada conferencia de prensa para dar a conocer la balacera que acababan de sufrir, de unos autos particulares salieron “hombres de negro encapuchados” y tiraron a matar, entonces murieron dos estudiantes, los demás corrieron despavoridos y permanecieron escondidos durante toda esa negra noche.

El primer ataque quedó definido claramente como una agresión de la policía municipal de Iguala, acción, evidentemente, ilegal e ilegítima. Los testimonios y videos, filmados por los estudiantes con sus teléfonos celulares, hacen constar la crueldad de estos hechos, además permiten identificar los números de las patrullas que participaron en el ataque y en las que fueron llevados los estudiantes hasta ahora desparecidos. En cambio, el segundo ataque es más difícil de definir y comprender. Se trata de hombres de negro encapuchados, es decir, que portaban un uniforme no oficial, imposible de identificar, pero cuya acción indica que pertenecen a un grupo criminal. El uniforme y la capucha no sólo permiten ocultar su identidad, sino que transmiten un mensaje para aterrorizar a los estudiantes, las personas que acudieron a la conferencia de prensa y la gente del lugar.

La violencia fue in crescendo a lo largo de toda la noche. Además, de los dos diferentes episodios de violencia vividos y evocados por los estudiantes normalistas, a media noche, en la carretera ocurrió otro ataque contra un autobús donde viajaba un equipo de futbol, conformado por adolescentes de la región que habían ido a jugar a Iguala. Ahí murieron el chófer del autobús, uno de los muchachos del equipo de futbol, un transeúnte y otras varias personas resultan heridas. La violencia llegó a su paroxismo con el descubrimiento, al día siguiente, de un cuerpo con el rostro desollado. Horas más tarde, su joven esposa y sus padres llegaron a reconocerlo y desde entonces sabemos que se trata de Julio César Mondragón, estudiante de Ayotzinapa, recientemente inscrito en primer año. Esta imagen, absolutamente perturbadora, reproducida por diferentes medios de comunicación, pone de manifiesto la crueldad y el odio con que los estudiantes fueron atacados y sus cuerpos, ultrajados.

Si en el primer episodio de violencia, cuando los estudiantes son perseguidos por la policía, ambos actores pueden ser plenamente reconocidos; en el segundo episodio, cuando hombres de negro encapuchados disparan, la identidad del grupo agresor se desvanece y con ella su intencionalidad y racionalidad; en el tercer episodio de violencia, donde aparece sin rostro el cuerpo de Julio César Mondragón, no sólo se niega la identidad de su cuerpo -a partir de la cual inscribe su pertenencia en el cuerpo de estudiantes de Ayotzinapa- sino que la ausencia de rostro significa la anulación de su calidad de persona y hace visible la violencia con la cual se busca deshumanizarlo. Con esta última escena, aterradora, el grupo criminal indica su dominio y su mensaje en la marca que deja la violencia infringida al cuerpo. Esta relación de violencia se ejerce no sólo en un cuerpo individual, sino que también afecta el esprit de corps de los estudiantes de Ayotzinapa. Junto con la invisibilización del rostro de Julio César Mondragón se constata también la desaparición de cuarenta y tres estudiantes normalistas.

Reconstruir las circunstancias en que ocurrió la desaparición a través de los relatos ex-post de los estudiantes que se encontraban en el lugar de los hechos, hace inteligible la manera como los hechos son descritos y adquieren visibilidad en el espacio público. Los diferentes actos de enunciación evocados más arriba, vienen a dar forma a un relato coherente de la violencia, en el que se pasa de una forma muy precisa de violencia, determinada por la intervención de la policía, es decir, una forma de represión política que los estudiantes normalistas han conocido en otras ocasiones⁵, a una forma indeterminada que mantiene en la invisibilidad tanto a los agresores como las razones de su inhumanidad. Al pronunciarse en público, el relato de las víctimas busca ser reconocido como legítimo, en la medida en que los testimonios hacen constar la facticidad de las circunstancias de la desaparición.⁶ La desaparición se vuelve entonces objeto de denuncia y rápidamente llega a constituirse en un problema público.⁷

¿Dónde están? Tesis acerca del paradero de los desaparecidos y sus cuerpos

En la pregunta ¿dónde están los cuarenta y tres? subyace la duda acerca de qué fue lo que pasó, es decir, quién se los llevó y por qué. La desaparición como hecho social significa que esta duda puede prolongarse de manera indefinida; presunciones, suposiciones y rumores se suceden sin cesar y sin poder confrontarse con la realidad concreta, hasta que no se encuentre físicamente el cuerpo de las personas desaparecidas. Pero si se observa el hecho social total -como apunta Marcel Mauss- fuerza es de constatar que, lejos de ser un acto aislado, la desaparición forma parte de un contexto más complejo, en el que las autoridades mismas participan, como lo demuestra la propia investigación judicial.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), a principios de octubre, informó que un grupo de narcotraficantes llamado “Guerreros unidos”, con la complicidad del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, secuestró y asesinó a los estudiantes. Según las declaraciones de los narcotraficantes detenidos, diecisiete de los estudiantes fueron enterrados en la localidad de Pueblo Viejo, en las afueras de la ciudad de Iguala. En este lugar, fueron encontradas, en efecto, varias fosas comunes, lo que causó estupor y desazón a los familiares de los desaparecidos y la ciudadanía en general. Los padres de los estudiantes desaparecidos solicitaron la intervención de un observador independiente para atestiguar la fidelidad de las investigaciones sobre estos cadáveres, y para ello convocaron al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF ).⁸ Días más tarde, los peritos dieron a conocer que entre los cuerpos ahí hallados ninguno pertenecía a los normalistas.⁹ De haber encontrado sus cuerpos, éstos podrían haber sido analizados para conocer algunos detalles de las circunstancias en que fueron conducidos y asesinados. Es al menos la manera como otras masacres han podido ser esclarecidas y, posteriormente, juzgadas.¹⁰

En caravanas, padres y madres de los desaparecidos, junto con miembros de organizaciones sociales, salieron a buscar a sus hijos en los alrededores de Iguala. Sin llegar a encontrarlos, descubrieron que existen todavía más fosas con decenas de cuerpos abandonados y ajenos a cualquier proceso judicial. La iniciativa de buscar a sus hijos con sus propios medios hace visibles las dimensiones de la desaparición en México. En respuesta, la autoridad judicial llevó a cabo una pesquisa, cuyas tesis pretenden ser validadas a través de su divulgación en los medios.

La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso y comenzó una nueva investigación¹¹ que prometió hacer pública, incluso desde su etapa inicial y primeras hipótesis. El 7 de noviembre, el procurador Jesús Murillo Karam informó en una conferencia de prensa “los avances de la investigación”, aclarando que se trataba de una investigación en curso que aún no llegaba a conclusiones. Apareció acongojado, baja la mirada cada vez que se veía obligado a hacer una pausa en su lectura. A modo de hipótesis, anunció que “todo apunta a un homicidio de un amplio número de personas”. Esta hipótesis se basó en las declaraciones de los detenidos. Por un lado, los policías arrestados confesaron haber secuestrado, trasladado y entregado a los estudiantes al grupo de narcotraficantes Guerreros unidos. Por otro lado, los miembros de este grupo criminal encarcelados confirmaron estas declaraciones, y además confesaron haber “ejecutado” a los estudiantes.

La tesis que el Procurador hizo pública describe y ordena una serie de acciones -declaradas de modo fragmentario por los detenidos- que puede resumirse de la siguiente manera: José Luis Abarca, el alcalde de Iguala, dio orden a la policía municipal de “contener” a los estudiantes que viajaban en cuatro autobuses, la policía los detuvo con violencia y los trasladó a la central policiaca de Iguala, de ahí, con el apoyo de la policía municipal de Cocula llevaron a los estudiantes, en patrullas municipales, hasta el paraje Loma de Coyote (que está entre la ciudad de Iguala y el pueblo de Cocula), donde los estudiantes fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. El líder de este grupo, Sidronio Casarrubias Salgado, dio la orden de asesinarlos después de que su lugarteniente, Gildardo López Astudillo, le envió un mensaje por celular en el que acusó a los normalistas de pertenecer a un grupo enemigo. Los sicarios de Guerreros Unidos se encargaron entonces de llevar en una camioneta a los estudiantes hasta el basurero de Cocula, donde los asesinaron.

La exposición de estos avances de investigación se apoya en la presentación de un video donde se transmiten los momentos en que dos de los detenidos confiesan haber trasladado y asesinado a los estudiantes, lo que relatan con aparente simplicidad. Uno de los detenidos recrea, con gestos y movimientos bruscos, ante la cámara, cómo hizo para bajar a los estudiantes de la camioneta en la que fueron trasladados desde Loma de Coyote hasta al basurero de Cocula. En este video, el detenido aparece de pie, junto a una camioneta modelo pick-up, que lleva en la parte trasera una bolsa de plástico rellena, de tal forma que aparece como un bulto pesado. Al comenzar a explicar que los estudiantes fueron bajados de la camioneta, una de las personas de la PGR que lo acompaña solicita al detenido que use la bolsa “como si fueran cuerpos”, entonces este jala la bolsa dejándola caer al piso, especificando que al llegar al basurero algunos estudiantes ya habían muerto por asfixia y para bajarlos de la camioneta bastó con tirar fuerte; después agrega que a los que estaban vivos les ordenaron bajarse con las manos atrás de la cabeza, hincarse y de inmediato los mataron con un tiro de gracia. Enseguida en el video, el detenido arrastra la bolsa para mostrar cómo fue que llevaron los cuerpos hasta el borde de una cañada, desde donde los balancearon y lanzaron para dejarlos caer;¹² al reunir todos los cuerpos en el fondo de la cañada, los apilaron junto con leña, llantas y piedras, les rociaron gasolina y les prendieron fuego. Una vez quemados, asegura que fracturaron los huesos calcinados y los guardaron en varias bolsas de plástico, las cuales fueron arrojadas al río San Juan.

En ese río, el Procurador dice haber encontrado una bolsa con cenizas y pedazos muy pequeños de hueso. Sin embargo, los forenses argentinos (EAAF) han puesto en duda la veracidad de este hallazgo, ya que los únicos que estuvieron presentes al momento de encontrar la bolsa en el río son los propios peritos de la PGR. En estas circunstancias, los peritos argentinos seleccionaron 17 piezas de entre los restos para ser analizadas en un laboratorio en Innsbruck, Austria. Meses más tarde, del total de muestras enviadas, sólo en una fue posible conocer el ADN, lo que permitió identificar con certeza que un pedazo de hueso pertenece a Alexander Mora Vicencio, uno de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos.

El 27 de enero de 2015, el Procurador expuso en una conferencia de prensa este resultado, más una serie de reportes periciales en los que se apoya para confirmar su hipótesis inicial. Asegura, enfáticamente, que la noche del 26 de septiembre, en el basurero de Cocula, ardió un “fuego intenso y de larga duración”, donde los cuarenta y tres estudiantes fueron calcinados junto con todas sus pertenencias.

El grupo de restos óseos del que se seleccionaron las 17 muestras enviadas a Austria, lo constituyen más de 60,000 fragmentos de restos óseos, con exposición térmica a fuego directo, y que fueron recolectados tanto en el basurero como en el Río San Juan. El hallazgo de este alto número de fragmentos de restos óseos con exposición térmica a fuego directo, comprueba científicamente la versión declarada por los detenidos, de que una vez que se extinguió el fuego, los restos humanos fueron triturados para su fácil desaparición y difícil identificación. El conjunto de indicios, declaraciones, evidencias y pruebas científicas, son consistentes entre sí. De manera contundente, ha quedado acreditado que los restos de materia encontrados en las bolsas del Río San Juan, como lo es la tierra, residuos neumáticos y otros elementos sólidos que fueron analizados, son correspondientes químicamente con los que encontramos en el basurero. Es decir, se comprueba a plenitud que del basurero fueron llevados en bolsas y tirados en el río. Treinta y nueve confesiones, desde los policías, hasta los que actuaron materialmente; 487 peritales; 386 declaraciones; 153 inspecciones ministeriales, todas, vinculadas y consistentes para ratificar los hechos aquí señalados. Éstos y muchos otros elementos aportados durante la investigación, permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, en ese orden. Ésta, es la verdad histórica. (Discurso del Procurador 27/01/15).¹³

La tesis de la PGR opera un desplazamiento cuando dice que en Loma Coyote las víctimas pasaron de manos de la policía a un grupo de narcos. Si bien los relatos expost de los estudiantes hacen constar que la violencia de los policías uniformados es secundada por “hombres de negro”, la opacidad de la violencia que estos últimos ejercen, no llega a esclarecerse del todo con la investigación judicial, pues la atribución de la violencia a un grupo de narcos no termina de explicar las razones por las que éstos pudieron confundir y atacar repentinamente a los estudiantes durante una actividad militante, ni por qué lo habrían hecho con tanto odio y crueldad.

El procurador, Jesús Murillo Karam, argumenta de acuerdo con una retórica del enemigo interior -en este caso el narco- que la violencia iniciada por la policía es secundada por el grupo criminal Guerreros Unidos. Esto, en términos jurídicos y políticos, significa que la categorización de “desaparición forzada” -que la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas refiere como la privación de la libertad llevada a cabo por elementos del Estado- corre el riesgo de ser desplazada por un término más difuso como es “la violencia del narco”.

A partir del año 2006 en México se instauró una situación excepcional cuando el presidente Felipe Calderón emitió una declaración de guerra al narcotráfico. Stricto sensu, no es más que una declaración de Estado que no llega a traducirse jurídicamente en una reforma u otra institución legal que haga modificar las facultades del Estado y las Fuerzas armadas respecto a las garantías individuales. Decimos una “situación excepcional”, porque se presenta como una medida circunstancial, evitando así inscribirse y reformar el cuerpo legal; contrariamente al Estado de excepción que es la justificación jurídica de una dictadura o un régimen totalitario según la teoría acuñada por Carl Schmitt.¹⁴ En el caso mexicano, aunque no se trata de un cambio de régimen, este acontecimiento inaugura una nueva etapa política, cuyas consecuencias han sido la multiplicación de enfrentamientos armados en medio y en contra de la población civil, más de cien mil muertos¹⁵ y más de veinte mil desaparecidos.¹⁶

Esta definición de la situación, como “guerra contra el narco”, supone una separación entre política y violencia, que atribuye la política al ámbito de lo visible y la violencia a lo invisible. La retórica del enemigo interior presume que la lógica de la violencia amenaza con remplazar la lógica política, pero en realidad ambas actúan conjuntamente en un “espacio ambiguo” (^{Hermant, 1994}). Es decir, que la acción de grupos criminales no es independiente de la acción (o inacción) de las autoridades reconocidas en un Estado de derecho.

En este contexto, la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa adquiere una relevancia inusitada porque deja ver la ambigüedad que existe entre dos lógicas, una que atribuye el hecho de la desaparición a una estrategia derivada de un programa de represión política, y otra que subordina la desaparición a una consecuencia más de “la violencia del narco” cuya racionalidad es, la mayoría de las veces, invisible y, en todo caso, carece de inteligibilidad política.

Esta ambigüedad está presente en la distancia manifiesta entre los testimonios de los estudiantes normalistas y la tesis de la PGR. Los hechos que las víctimas enuncian como pruebas de facticidad hacen visible la agresión, primero, de parte de la policía y, luego, de un grupo criminal no identificado. Estos hechos han sido acreditados incluso por las autoridades, quienes aseguran que el alcalde de Iguala participaba en el narcotráfico. No cabe duda, por lo tanto, que la policía municipal de Iguala se llevó a los cuarenta y tres estudiantes ahora desaparecidos. Sobre lo que sucedió después, la PGR ha formulado una tesis, la cual hace de dominio público el proceso mediante el cual los estudiantes, una vez en manos del narco, fueron asesinados, sus cuerpos quemados y convertidos en ceniza.

El argumento de la autoridad judicial se sostiene en el video que exhibe durante la conferencia de prensa. En este, las declaraciones de los detenidos tratan de justificar la ausencia de los cuarenta y tres estudiantes con la puesta en escena de un procedimiento salvaje para desaparecer sus cuerpos. Los cuerpos de los estudiantes son asimilados a un bulto -representado con una bolsa de plástico rellena- para ilustrar los gestos técnicos a través de los cuales fueron descendidos, matados, arrastrados, lanzados y quemados. La descripción y escenificación de los detenidos supone que durante el traslado y hasta su muerte los estudiantes no opusieron resistencia y simplemente fueron manipulados. Si nos atenemos a las secuencias de este video y la tesis de la PGR, la violencia ejercida por el narco actuó para reducir el cuerpo de estudiantes -cohesionado y estoicamente organizado- a una serie de cuerpos individuales fáciles de someter. Es decir, se deja en la invisibilidad la dimensión política que ha sido una característica fundamental de los estudiantes normalistas. El Informe Ayotzinapa, pronuncia una objeción en este mismo sentido, ¿cómo teniendo los cuarenta y tres estudiantes una práctica de organización y resistencia pudieron ser sometidos y trasladados por unos cuantos sicarios?

De la verdad histórica a la mentira histórica: el informe del GIEI

El “espacio ambiguo” en el que la desaparición opera (^{Hermant, 1994}) significa que el poder tiene la capacidad de maniobrar “entre lo visible y lo invisible, entre los discursos y el silencio” (^{Didier, 1994}), para afectar las relaciones sociales, ya sea en el ámbito de los familiares de los desaparecidos, las organizaciones que se solidarizan con esta causa y la ciudadanía en general. Los discursos y pronunciamientos de las autoridades sólo reiteran las declaraciones de los detenidos, pero no dicen nada acerca de otro tipo de pruebas o testimonios que podrían ayudar a esclarecer qué fue lo que pasó. Para tratar de reducir la incertidumbre y las sospechas que esta acción del poder suscita, los padres de los desaparecidos solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la intervención de un tercero, un observador exterior que pueda hacer constar de la veracidad con que se llevó a cabo la investigación judicial y la búsqueda de sus hijos.

En este contexto, fue creado, hacia finales de 2014, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para realizar (durante seis meses) una investigación de los hechos, así como de la manera como la PGJE y la PGR procedieron en sus indagaciones. El Informe Ayotzinapa es el resultado de este esfuerzo, cuyos hallazgos principales fueron resumidos y divulgados en una conferencia de prensa, a principios del mes de septiembre de 2015. En ese momento el GIEI hizo constar la carencia de pruebas científicas para afirmar que, en el basurero de Cocula, ardió un fuego de la magnitud suficiente para quemar cuarenta y tres cuerpos y reducirlos a cenizas. Esto refuta la “verdad histórica” que proclama la PGR, y marca una nueva etapa en la historia del caso Ayotzinapa, que de inmediato se formuló en las redes sociales a través del hashtag #FueMentiraHistorica, el cual formula en modo inverso la tesis de la Procuraduría.

Los sucesos que en un principio fueron descritos de modo fragmentario por los estudiantes sobrevivientes, adquieren otro sentido a partir del Informe Ayotzinapa, el cual restituye diferentes acciones y hechos ocurridos en la noche del 26 de septiembre en Iguala, indicando su sucesión en el tiempo e incluso su simultaneidad. La escena de la balacera que despliega la policía municipal de Iguala y que ha sido insistentemente evocada por los estudiantes (como en los relatos ex-post citados al inicio de este texto) corresponde sólo a uno de los escenarios de la agresión, el cual tuvo lugar en la calle Juan N. Álvarez, donde fueron interceptados tres autobuses; cuando en realidad hubo dos escenarios y dos autobuses más en los que otros estudiantes fueron atacados y desparecidos. Frente al Palacio de Justicia fue detenido un cuarto autobús, del que todos los estudiantes a bordo fueron llevados por la policía y ahora están desaparecidos (no existe más testigo de esto que el conductor del autobús quien fue localizado y entrevistado por el GIEI). En la salida a la carretera, la policía detuvo un quinto autobús, del que se bajaron los estudiantes para correr a esconderse en el cerro, donde permanecieron durante toda la noche. Se descubre así que ese día los estudiantes tomaron cinco y no cuatro autobuses, como sostiene la PGR. El quinto autobús representa un hallazgo fundamental y lleva al GIEI a postular la hipótesis según la cual, la razón de la persecución y agresión fueron los autobuses, el objetivo fue impedir que estos vehículos salieran de Iguala, probablemente el quinto autobús podría representar un interés singular, como el de ser utilizado para transportar droga hasta Estados Unidos.

Esta investigación presenta una importancia mayor si tenemos en cuenta que logra articular varias dudas y críticas que habían sido formuladas, de manera mucho menos sistemática, por distintos sectores de la sociedad mexicana.¹⁷ Los padres y madres de los desaparecidos han insistido, desde un principio, en las debilidades de la investigación que realiza la PGR, así como en la falta de pruebas contundentes que vayan más allá de las confesiones de los detenidos y la puesta en escena de la destrucción de los cuerpos. El informe del GIEI también recoge estas críticas y algunas de las evaluaciones que los padres formulan acerca de la “verdad histórica”.

Cuando se nos dijo que se iba a cerrar el caso, vimos que realmente lo que [las autoridades] contaron que sucedió no era posible porque realmente ese día estuvo lloviendo. Y nosotros sabemos que para quemar 43 se necesita mucha leña, mucho combustible y realmente ahí no había nada que [demostrara que eso] hubiera pasado. Y cuando se quema a un ser humano o a un animal pues la grasa se extiende y se huele feo. Y ahí donde supuestamente los quemaron hay unas piedras y nosotros como campesinos sabemos que si le metes fuego a una piedra la piedra revienta, y las piedras ahí están. Y por eso nosotros vimos que nos han estado engañando. Y así como fueron en las primeras cosas [fosas] que nos dijeron que nuestros hijos ahí estaban y no es cierto (^{GIEI, Informe Ayotzinapa: 295}).

La lluvia que cayó aquella noche es un primer elemento que impide a los padres aceptar que pudo arder un fuego intenso en Cocula. Además, el lugar no deja percibir los rastros de una hoguera humana, como es el olor a muerte que deja el cuerpo de un humano o de un animal después de ser quemado. A la tesis del fuego intenso y la reducción de los cuerpos a cenizas, los padres oponen argumentos que son producto de su propia experiencia, razones prácticas que los llevan a desconfiar, pues el fuego no puede ser tan poderoso frente al agua de la lluvia, ni frente al agua y la grasa del cuerpo humano o animal.

El basurero de Cocula no es cierto, porque ¿Cómo tú crees que vas a quemar en un pedacito...? Porque yo he sido campesino tumbamos monte, los palos verdes nunca se queman. Y nosotros tenemos mucha agua, por ejemplo mata un perro, quémalo, ¡No se quema! Nomás se chamuscan los animales, nunca se queman... porque yo los he quemado. He hecho el intento, apestan mucho y llega uno a echarle lumbre y nunca. Arde un ratito, no más lo quema encima, y para quemar una persona necesita muchísima leña, llanta... (^{GIEI, Informe Ayotzinapa: 283}).

La combustión del cuerpo humano es comparada, por otro de los padres de los desaparecidos, con la combustión de un palo verde y el cuerpo de los perros. De nuevo, el agua que contiene el cuerpo (o un palo verde) es un elemento que impide al fuego acabar con la materia. De nuevo se establece una semejanza entre el cuerpo humano y el cuerpo animal. La experiencia de haber quemado animales, como un perro, le permite conocer la acción que ejerce el fuego en la carne y así saber que “sólo se chamusca”. Entre chamuscar y quemar la diferencia es sustancial, chamuscar es una acción superficial que significa quemar por el exterior, mientras que quemar supone la destrucción total.

Los juicios expresados por dos de los padres de los desaparecidos para evaluar la validez de la “verdad histórica” están directamente conectados con su experiencia de vida como campesinos, a partir de la relación -estrecha y en ocasiones violenta- que establecen con los animales, el fuego, el agua, la leña, las piedras. Esta evaluación les permite cuestionar la verosimilitud del relato que la PGR les presentó e hizo visible ante el público, según el cual, el cuerpo humano puede ser asimilado a un bulto, reducido a cenizas en una hoguera y diluido en el río.

Aun cuando muchos de los padres de los desaparecidos no acreditaron la tesis de la PGR, sí fueron irremediablemente afectados por ella. Al ser enunciada en un acto público, a través de un video presentado en una conferencia de prensa, se ponen en circulación una serie de imágenes -descritas con señas y gestos a través de las confesiones de los detenidos- acerca de la manera como se produjo el sufrimiento en los estudiantes, y como sus cuerpos fueron brutalmente destruidos. Estas imágenes evocan una violencia directa, cruda, visceral. Uno de los padres de los desaparecidos dijo, en una reunión pública que, al conocer la tesis de la PGR, llegó a imaginarse que a su hijo “lo mataron de un tiro, quemaron su cuerpo y tiraron sus restos a la basura, entonces al pensar en eso me volvía loco y me arrastraba del dolor”¹⁸.

Estas imágenes también evocan otras prácticas de terror cuyo objetivo final ha consistido en convertir los cuerpos humanos en desperdicio. Muchas de las masacres en Colombia durante La Violencia (1950-1960) terminaron por echar el cuerpo de las víctimas al río, con la intención de desaparecer el rastro de las personas y del crimen (^{Uribe, 2004 p. 91}). La Operación Cóndor en Sudamérica fue mucho más sofisticada para trasladar en avión a los detenidos y desaparecerlos en el mar. Más recientemente, en Bosnia-Herzegovina, durante el genocidio, los puentes de los ríos fueron utilizados como paredón (^{Claverie, 2011}). En todos estos casos, tirar al agua equivale a deshacerse de los cuerpos, dejándolos abandonados a la merced del caudal. No obstante, el procedimiento que la PGR asegura se llevó a cabo para asesinar y desaparecer a los estudiantes de Ayotzinapa revela una complejidad mayor, pues consiste en dos acciones sucesivas y aparentemente contrapuestas, primero, usar el fuego para incinerar los cuerpos; segundo, desechar en el agua, ya no los cuerpos sino sus cenizas y fragmentos de huesos. Lo que significa destruir el cuerpo humano en su totalidad hasta hacer desaparecer el más mínimo rastro de su existencia.

La tesis de la PGR, el discurso del Procurador y el video que presenta en conferencia de prensa constituyen los elementos de un dispositivo del poder que, al revelar la violencia infringida a los estudiantes en sus cuerpos, opera para transmitir este sufrimiento a sus familiares y a muchas personas más que se reconocen afectadas e interpeladas por este acto de inhumanidad. Este dispositivo contrasta con la política de invisibilidad que en el pasado ha prevalecido en México. Tanto durante la guerra sucia en los años de 1970 (^{Radilla Martínez y Rangel Lozano, 2012}) como en la “guerra contra el narco” de hoy, el poder se ha empeñado en ignorar la existencia de casos de desaparición.¹⁹

A partir de la emergencia del caso Ayotzinapa, cuando la desaparición adquiere una visibilidad inusitada en el espacio público, la política del gobierno no consiste tanto en negar los hechos en su totalidad, sino que, por el contrario, abre una investigación de la que promete hacer visibles sus hipótesis y resultados. Sin embargo, al confrontarse la “verdad histórica” con la indagatoria de los expertos internacionales, el juicio de familiares de los desaparecidos y el escrutinio público, la veracidad que la autoridad judicial prometía con su investigación queda puesta en entredicho y no revela sino una voluntad de ocultamiento persistente.