Artículos

 

Migraciones laborales, derechos humanos y cooperación internacional: Cortadores de caña centroamericanos en la frontera México-Belice¹

 

Martha García Ortega

 

El Colegio de la Frontera Sur.

 

Fecha de recepción: 20 de febrero de 2013.
Fecha de aceptación: 22 de mayo de 2013.

 

Resumen

Conforme a los instrumentos internacionales firmados por el gobierno mexicano relacionados con los temas migratorios y de derechos humanos, resulta pertinente analizar su traducción en la gestión de la frontera sur –la famosa puerta hacia Centroamérica y el Caribe– desde uno de los puntos menos conocidos y más desatendidos: la frontera México-Belice. En ese tenor se presenta el contexto de la región limítrofe terrestre conocida como Río Hondo, donde, desde hace décadas, miles de migrantes han cruzado de manera clandestina y otros tantos se han asentado, integrándose a la vida familiar y comunitaria de esta amplia zona. Dentro de esas experiencias de movilidad, cobran mayor importancia aquellos añejos procesos caracterizados por las dinámicas transfronterizas. El objetivo de este artículo será analizar las condiciones del trabajo temporal dentro de un mercado dominado por la agroindustria del azúcar, el ingenio de San Rafael de Pucté, ubicado en el sureño estado de Quintana Roo.

Palabras clave: trabajadores internacionales, frontera México-Belice, cortadores de caña, cooperación internacional, ingenios azucareros.

 

Abstract

Under international instruments signed by the Mexican government in relation to the issues of migration and human rights is relevant to analyze its translation in the southern border management, the famous gateway to Central America and the Caribbean, from one of the least known and most neglected: the Mexico-Belize border. In that vein we present the context of the land border region known as Rio Hondo, where for decades thousands of migrants have crossed clandestinely and many others have settled integrating into family and community life in this wide area. Within these mobility experiences become more important those aged processes characterized by cross-border dynamics as it turns out temporary work in the labor market dominated by agribusiness wit Sugar Pucté San Rafael, in the state of Quintana Roo.

Keywords: international workers, Mexico-Belize border, cane cutters, international cooperation, sugar plantations.

 

Résumé

Conformément aux instruments internationaux signés par le gouvernement mexicain et en rapport avec les thèmes migratoires et des droits de l'homme, il en résulte comme pertinent d'analyser la gestion de la frontière sud du Mexique, la fameuse «porte» vers l'Amérique Centrale et les Caraïbes, à travers d'une zone des plus méconnues et des plus négligés: la frontière Mexique-Belize. Dans ce sens, il sera présenté le contexte de la région terrestre limitrophe nommée Río Hondo, par laquelle depuis des décennies, des milliers de migrants ont traversé la frontière clandestinement et parmi lesquelles certaines s'intégrèrent dans la vie familiale et communautaire de cette vaste région. Au sein de ces expériences de mobilité, dont les plus vieux processus sont caractérisés par les dynamiques transfrontalières, le travail saisonnier est le secteur le plus important. L'objectif de cet article est d'analyser les conditionnes du travail dans un marché de l'emploi dominé par l'agro-industrie du sucre, qui est représentée par la raffinerie de San Rafael de Pucté, située dans l'état du Quintana Roo.

Mots clés : travailleurs internationaux, frontière Mexique-Belize, coupeurs de canne á sucre, coopération internationale, plantations de sucre.

 

En la frontera México-Belice existen dos regiones cañeras con sus respectivas empresas azucareras, una de cada lado de la división natural internacional conocida como Río Hondo. En territorio mexicano está el ingenio de San Rafael de Pucté, al sur del estado de Quintana Roo, y en Belice, Sugar Industries, en el distrito de Orange Walk, al norte de ese país. Las historias de cultivo de caña de azúcar en esta vasta región relatan intercambios transfronterizos de mano de obra, tecnologías y conocimientos. Entre las comunidades cañeras beliceñas se habla del "estilo jarocho" ("jarochear" se refiere a una forma de trabajo) en la técnica de cortar y cargar la vara dulce "al hombro" para acomodarla en el camión que llevará la materia prima al batey, práctica aún vigente en algunas partes de Veracruz. Este estilo de trabajo fue transmitido por algunos abuelos cortadores veracruzanos que dejaron huella en esas tierras centroamericanas. Cientos de jornaleros beliceños llegan a la zafra mexicana año tras año, como parte de sus opciones de empleo, pero otros ya están asentados en tierras quintanarroenses.

Esta experiencia laboral internacional que refleja influencias mutuas se presenta entre grupos de trabajadores de diversas procedencias que tienen como punto de coincidencia su inserción en un mercado de trabajo local considerado uno de los más desgastantes y como modelo de explotación extrema. Las condiciones de estos trabajadores nacionales e internacionales que llegan a la región cañera de la frontera sur mexicana fueron documentadas en el proyecto Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios del sur-sureste: Retos para la política pública, del que se presentan los resultados de investigación en esta contribución. La investigación se realizó durante las zafras 2010-2011 y 2011-2012 en las regiones cañeras de los ingenios de La Joya (Campeche), Huixtla (Chiapas), Adolfo López Mateos (Oaxaca), San Rafael Pucté (Quintana Roo), Azsuremex (Tabasco) y La Providencia y Tres Valles (Veracruz) (Mapa 1).²

Además del trabajo de campo en esos dos años, se aplicó una encuesta en la zafra 2011-2012, en la que trabajó un total de 10 mil 8 cortadores, en las siete regiones cañeras entre los meses de noviembre 2011 a junio 2012 (periodo convencional de la zafra a nivel nacional); se encuestó a 5 mil 541 jornaleros (3 mil 458 locales y 2 mil 83 foráneos, migrantes nacionales e internacionales). De esta muestra 37.6% estuvo representada por población extranjera con residencia en otros municipios y estados, fuera de la región cañera o en otro país, entre ellos, los trabajadores beliceños, quienes son objeto de este estudio.

Nuestro interés es obtener una caracterización de esa población jornalera, el cuestionario dio el material necesario para conocer el perfil de esos trabajadores, elementos que fueron nutridos con los registros de campo (convivencia en galeras, campos de trabajo, lugares de origen, incorporación en las cuadrillas y cocineras), entrevistas y registros gráficos. Tras estas precisiones, se aborda la condición de vulnerabilidad de estos jornaleros de la caña desde su situación migratoria, un sector de trabajadores agrícolas apenas conocido dentro de estudios especializados.

El objetivo de esta investigación es contribuir al conocimiento del tema mencionado en el estado de Quintana Roo,³ el único de las cuatro entidades de la frontera sur de México con límites internacionales con el país centroamericano y caribeño de Belice, sobre el cual existen pocos trabajos por escrito. Es importante abonar estudios sobre la situación de los cortadores de caña en el mercado laboral de la agroindustria del azúcar, un tema que no ha sido suficientemente estudiado, no sólo en esta parte, sino en el resto de los ingenios de la frontera sur.

Como se advierte en cualquier revisión sobre las dinámicas transfronterizas y transnacionales en la frontera sur de México, los procesos relacionados con las migraciones en tránsito, de destino o laborales, se inscriben en contextos complejos enmarcados en tendencias históricas. Diversos eventos de carácter internacional han reclamado que estos temas sean incluidos en las agendas políticas internacionales, como es el caso de los derechos humanos y la cooperación regional. Por ello, resulta pertinente abordar la asociación entre migraciones laborales y derechos humanos desde las iniciativas gubernamentales en los grandes foros regionales: Cumbre Tuxtla y el Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad Fronteriza. La pregunta central en esta propuesta se planteó desde la atención regional que reciben los trabajadores fronterizos en mercados laborales considerados como precarios y de explotación extrema.

Como preámbulo de la temática de los jornaleros beliceños en la zafra mexicana, ubicamos en términos generales, el lugar que ocupan las migraciones laborales en esta parte de la frontera sur de México, conocida ampliamente por su extremo chiapaneco. Del mismo modo, es indispensable hacer un esbozo de ese contexto para justificar el creciente interés de la academia, instituciones gubernamentales y multilaterales, así como de la sociedad civil y medios de comunicación.

 

MIGRACIONES Y TRABAJO EN LA FRONTERA SUR

A nivel mundial, América del Norte representa uno de los mayores retos regionales en materia migratoria, debido a la diversidad de sus procesos y perfiles nacionales, étnicos y de género con experiencias diferentes en cada país que la conforma. Dos de ellos son importantes receptores de millones de migrantes de todo el planeta y México, es uno de los que se constituye como lugar estratégico debido a su triple carácter migratorio al ser origen (por sus nacionales que van a Estados Unidos); tránsito (por las personas de Centro y Sudamérica −y de otros países del resto del mundo− que llegan y parten de aquí para dirigirse al norte); y destino (para inmigrantes provenientes de Estados Unidos, Europa, América Latina y Centroamérica).⁴

El destacado lugar del territorio mexicano en el sistema migratorio de este hemisferio continental está fuertemente determinando por lo que ocurre en su frontera sur y costas caribeñas, por lo que sus tendencias son de alcance global en su caracterización de "tercera frontera".⁵ Por tanto, la puerta de las migraciones centroamericanas en tránsito y destino es la frontera sur, donde las dinámicas migratorias han adquirido especial importancia desde finales del siglo XX, es el "quinto momento" de la evolución de las migraciones centroamericanas entre Guatemala y el estado sureño de Chiapas (Castillo y Toussaint, 2010).

Durante las últimas décadas, diversas coyunturas políticas, sociales, militares, económicas y varios acontecimientos vinculados con la seguridad nacional, violencia, crimen organizado e inseguridad pública, han renovado el interés en esta zona (Hernández y Sandoval, 1989; Bovin, 1997; Villafuerte y Leyva, 2006; Benítez, 2008). Desde entonces, la mirada nacional e internacional, institucional, académica, mediática y social como tendencia escaló rápidamente al cambio de milenio, esto es, cuando México enfrentó el aumento de los flujos en la frontera sur (Conapo, 2004); entre los indicadores destacados se señaló la creciente participación de mujeres en los grupos en tránsito hacia Estados Unidos (Ángeles y Rojas, 2000). A los estudios de estos procesos se suman otros que dan cifras y eventos que delatan la condición de vulnerabilidad de los migrantes como víctimas de abusos, secuestros y muertes (Ruiz, 2005; cndh, 2009 y 2011).

Pero no todo lo que ocurre en la frontera sur mexicana se relaciona con las migraciones en tránsito. Desde el punto de vista histórico, el movimiento de personas en esta dilatada geografía se ha caracterizado por llevar una agitada vida transfronteriza, y se manifiesta en el flujo de visitantes guatemaltecos y beliceños que llegan a determinadas zonas marcadas por las relaciones en todos los órdenes de la vida y organización social, que incluyen distintas prácticas en el ámbito de la ilegalidad. Otros aspectos que involucran procesos poblacionales son las familias mixtas y el asentamiento de los centroamericanos, no sólo guatemaltecos y beliceños, sino también salvadoreños y hondureños, por mencionar algunos de los grupos más visibles en los municipios fronterizos de Chiapas (Rojas y Ángeles, 2011; Fernández, 2012). Dentro de ese marco sociológico, producto de las historias particulares sobre la conformación territorial de esta frontera, se ubican las agroindustrias, con un destacado papel en las economías regionales y las dinámicas económicas con sectores locales, nacionales e internacionales (como la exportación de café o el consumo interno del azúcar).

Entre los elementos clave del desenvolvimiento de este sector está la creación de mercados laborales agrícolas, en donde históricamente se han empleado tanto a trabajadores nacionales como extranjeros. El ejemplo casi emblemático es el de los jornaleros guatemaltecos empleados en el café.⁶ Sin embargo, estos no son los únicos trabajadores que se movilizan hacia los mercados de la frontera. Desde hace por lo menos tres décadas, también otros grupos de centroamericanos y jornaleros nacionales han participado en la agroindustria azucarera como cortadores de caña. Este mercado laboral se estableció a raíz de la promoción gubernamental para extender las zonas de abastecimiento de caña de azúcar, con la creación de esos últimos enclaves nacionales como parte de las iniciativas de poblamiento y desarrollo rural regional en el último tercio del siglo XX.⁷

La frontera cañera de Río Hondo al sur de Quintana Roo, representa un verdadero laboratorio por sus lógicas migratorias que se desarrollan desde mediados del siglo pasado, y con la movilización de familias campesinas del interior de México que poblaron esta parte de la frontera en diferentes periodos, vía reparto agrario y la consecuente colonización dirigida (Fort, 1979). Desde entonces, no ha cesado el arribo de población, si bien al principio venían por tierras ahora también vienen por empleo. Otro nivel corresponde a los procesos transfronterizos asociados con los intercambios de bienes, símbolos y personas, de tal forma que se encuentran individuos y familias de origen beliceño, guatemalteco, hondureño y salvadoreño, viviendo en los ejidos de esta zona, provenientes de escalas familiares previas y extendidas en Belice. Algunos de los grupos de migrantes en tránsito hacia Estados Unidos decidieron interrumpir su viaje para "hacer vida" aquí, aunque de esos grupos están quienes llegaron por las rutas de Chiapas y Tabasco por circunstancias fortuitas: "el destino", dicen ellos.

De igual forma, se han instalado cientos de centroamericanos, hombres y mujeres de forma irregular y son objeto de todo tipo de abusos a pesar de su integración social y económica.⁸ Se trata de personas oriundas de Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice que han permanecido sin documentos a pesar de haberse integrado a la sociedad. Entre esta población se encuentran guatemaltecos que llegaron a este punto mexicano por un proceso de refugio en Belice en los años ochenta y que se desprendieron de la familia nuclear durante los eventos y trámites de la integración. Observamos que algunas personas se han unido con mexicanos y mexicanas y ya mantienen una vida familiar.

Según lo observado y registrado en el estudio, la problemática migratoria alcanza a estos migrantes una vez que quieren acceder a los derechos de trabajo, educación, salud y seguridad social.⁹ En este sentido, el soporte social ha sido la familia extensa, no obstante, algunos extranjeros se encuentran en una franca situación de exclusión social, pudimos documentarlo en el trabajo de campo al convivir con las cuadrillas de trabajadores y en los recorridos pos zafra en las galeras, donde se alojaron definitivamente los jornaleros temporales. Esta realidad demuestra que ha habido un silencioso proceso de asentamiento de extranjeros que se han establecido en esta región, donde sus percepciones monetarias o pagos en especie se consiguen a través de las tareas agrícolas que se demanda en esta zona agroindustrial.

 

AGROINDUSTRIA AZUCARERA

La industria azucarera mexicana tiene relevancia a nivel mundial, ya que el país se coloca dentro de los diez primeros productores de azúcar; en el continente americano se ubicó en tercer lugar, después de Brasil y Estados Unidos, con una participación de casi 10 por ciento, siendo México uno de los principales países consumidores. El mexicano tiene en su lista básica alimenticia cinco productos: maíz, frijol, café, trigo y azúcar; el consumo per cápita llegó a casi 24 kilogramos en el 2008, es decir, se produce este básico para el mercado interno.¹⁰ La geografía del azúcar en México se concentra en 15 entidades, y es el estado de Veracruz donde se encuentra poco menos de la mitad de los 57 ingenios activos. Acerca del empleo generado por la zafra, algunas estimaciones sugieren que tan sólo en el corte de caña existen entre 60 mil y 80 mil jornaleros (Colpos, 2003), contingentes que se movilizan en los territorios cañeros del país entre los meses de noviembre y junio, periodo de la cosecha a nivel nacional.

En los estados fronterizos del sur mexicano existen siete ingenios (dos en Chiapas, tres en Tabasco, uno en Campeche y otro en Quintana Roo); los únicos ubicados en la frontera son: Huixtla, Azsuremex-Tenosique y San Rafael de Pucté, fundados a finales de los años setenta. La influencia local de la agroindustria azucarera es muy valiosa, ya que en varios puntos nacionales representan el único motor de las economías regionales y el recurso de familias rurales asalariadas. De acuerdo a estimaciones de empleos generados, este nicho ocupa el 74% de empleo total que genera, siendo 3 millones de personas las que dependen directa e indirectamente (Colpos, 2003). Para la zafra 2011-2012, en los ingenios fronterizos se ocuparon alrededor de 3 mil cortadores de caña: 966 (Huixtla, Chiapas), mil 542 (San Rafael de Pucté, Quintana Roo) y 455 (Azsuremex). Fueron empleados por los productores de estas regiones cañeras y entre los cortadores hay locales (nativos de las regiones cañeras) y foráneos (migrantes provenientes de municipios, estados o países ubicados fuera de la zona productora). En este último caso se encontraron guatemaltecos en Huixtla y beliceños en Quintana Roo, aunque también se reportaron cortadores guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que, si bien son extranjeros, su condición fue de locales debido a que ya vivían asentados en los ejidos del Río Hondo. En el ingenio de Azsuremex-Tenosique se encontró la participación de guatemaltecos, pero no en la zafra reportada para esta investigación.

Para analizar la participación de la mano de obra internacional en este sector, su relación con los derechos humanos y la cooperación internacional, se tomaron en cuenta los resultados de investigación de dicho proyecto en torno al empleo de trabajadores beliceños en las zafras 2010-2011 y 2011-2012 del ingenio de San Rafael de Pucté, localizado al sur de Quintana Roo y perteneciente al Grupo Beta San Miguel.¹¹ A lo largo de cien kilómetros de la frontera con Belice, la división natural conocida como Río Hondo, se encuentran los plantíos de caña en superficies continuas con manchones de bosque tropical conforme se avanza hacia la última localidad fronteriza: La Unión (frontera con Blue Creek). Los terrenos cañeros pertenecen a los ejidos distribuidos a lo largo de este límite internacional (Mapa 2), son parte del paisaje de la carretera en direcciones desde el punto capitalino de Chetumal a la frontera con Belice, Campeche y Cancún. Las instalaciones del ingenio se localizan en el ejido Rojo Gómez, corazón del área azucarera.

En esta amplia región, ciertas dinámicas socioculturales y económicas presentes se relacionan con los procesos impuestos por el nicho agroindustrial azucarero. De hecho, a propósito de impulsar el desarrollo regional, se aplicaron diversos proyectos de cambios de cultivos en la zona, según narran los colonos fundadores y veteranos, hasta que la producción e industrialización de la caña de azúcar se consolidó como el modelo rural imperante hasta constituir el primer sector económico en el sur de Quintana Roo y el segundo a nivel estatal. El cultivo se organiza a través de las filiales productoras pertenecientes a la estructura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en dos grandes organizaciones: Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA) de la Confederación Nacional Campesina (CNC), y la Unión Nacional de Cañeros, A. C., de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR). Según el padrón cañero hay 2 mil 53 productores ejidatarios y particulares.¹² De esta clasificación, los grupos de cosecha o frentes de zafra se organizan por ejidos. Dentro de la estructura organizacional los jornaleros agrícolas están en el último eslabón productivo y carecen de organización gremial.

La producción de azúcar se ha convertido en un proceso laboral ya tradicional que demanda mano de obra tanto local como foránea, lo que configura procesos migratorios en diferentes niveles por su intensidad y temporalidad. Y es en ese entorno que los trabajadores encuentran una opción de empleo en condiciones de explotación y sin protección de ningún tipo debido a su condición migratoria en la mayoría de los casos.

 

VULNERABILIDAD DE TRABAJADORES MIGRANTES

La región de Río Hondo recibe anualmente cientos de trabajadores para la cosecha de la caña de azúcar; en promedio, en las zafras 2010-2011 y 2011-2012, los cortadores locales y migrantes empleados por los productores ascendió a mil 500. La influencia del mercado laboral del azúcar del ingenio de San Rafael de Pucté llega hasta las sierras de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz (la incorporación de indígenas de estas entidades es significativa), además de los jornaleros venidos desde pueblos de los estados aledaños de Tabasco, Campeche y Yucatán, trayendo consigo grupos y familias cada año. Pero este predominio económico se extiende también a las comunidades rurales del norte de Belice, identificado como clave en sus procesos transfronterizos reforzados por las relaciones de paisanaje, parentesco, religiosas y comerciales que atraviesan las redes de contratación jornalera.

Hay que recordar que los grupos laborales se dividen en locales, en su mayoría centroamericanos (originarios o asentados en la región cañera) y los itinerantes o foráneos, estos últimos son trabajadores internacionales beliceños en su mayoría. Los intercambios transfronterizos y la relativa facilidad de cruzar el río¹³ han favorecido mucho el ingreso, casi imperceptible y sigiloso de los jornaleros provenientes del distrito de Orange Walk y Corozal, que utilizan los pasos formales e informales para ingresar a México. En esta parte de la frontera sur se ha ubicado dos sitios oficiales: Subteniente López y La Unión,¹⁴ en realidad, cada "puente" de comunicación entre las comunidades fronterizas es un punto de contacto y tránsito alrededor de los ejidos cañeros. Por esta zona atraviesan los trabajadores de la caña que, a pesar de vivir en la frontera, sus lugares de origen y el horario de la zafra les impide ir y venir a trabajar, por lo que se alojan en las galeras o casas para jornaleros que habilitan los contratistas o cabos.

Si bien desde el origen del ingenio el mercado laboral agroindustrial ha ido en aumento de manera sostenida y ofrece empleo seis meses al año (el periodo puede variar de acuerdo a las condiciones técnicas y negociaciones entre empresa y productores), se carece de un mecanismo de contratación formal de jornaleros nacionales e internacionales. La falta de regulación laboral es patente en distintos sectores agroindustriales a nivel mundial, sobre todo tratándose de trabajadores migrantes en el esquema de trabajadores huéspedes, aunque aplica igualmente al jornalero mexicano¹⁵ como al extranjero. Esta situación constituye el principal elemento de explotación de esta población, cuestión que se recrudece al tratarse de trabajadores foráneos, pues su precaria situación no se asocia a los riesgos en el tránsito como en sus pares que se dirigen a Estados Unidos, sino a la condición laboral y de inserción social.

Esta condición estructural forma parte del sistema laboral actual en el que la vulnerabilidad laboral y social se acredita a través de elementos determinantes del trabajo precario, el acceso a derechos y la exclusión social. Este modelo de explotación de mano de obra está arraigado en el campo mexicano y afecta tanto a nacionales como a extranjeros, aspectos como la discriminación étnica, de género y por situación migratoria, agudizan el estado de vulnerabilidad de los trabajadores y sus familias. En el estudio se documentaron ideologías que soportan las prácticas de explotación y segregación, tema abierto en esta investigación sobre el cual sólo se puede apuntar que las expresiones racistas extremas se manifiestan hacia los indígenas nacionales o extranjeros, no así a los beliceños y otros centroamericanos donde las actitudes y prácticas sociales excluyentes tienen como idea o imagen implícita "al ilegal", base de la discriminación que supone una condición migratoria irregular.

Para abordar la precariedad laboral se revisarán las características de la contratación y el salario como pago a destajo, el acceso a derechos, las irregularidades en la afiliación al IMSS y sus consecuencias en la atención médica; y, por último, la exclusión social a través del estado que tienen las instalaciones de alojamiento de los jornaleros: las galeras, donde se hospeda el 80% de trabajadores contratados, y el estatus migratorio por medio del permiso del Instituto Nacional de Migración (INM), conocido como Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo (FMTF), que presuntamente respalda no sólo la estancia documentada sino sus derechos como trabajador.

 

PRECARIEDAD, DERECHOS Y ALOJAMIENTO

Una práctica arraigada en el sector cañero es la "contratación", evento en el que se desarrolla la negociación de las condiciones de enganche, trabajo, traslado al lugar de destino laboral, alojamiento, e incluso el trámite de apoyos gubernamentales como el programa de Movilidad Laboral. Algunos detalles de esos arreglos son pagos por enganche (a veces diferido);¹⁶ tonelada de caña cortada; labores y días extras (según condiciones del cañal, como pueden ser, inundados, de mala calidad, etcétera); alimentos o cocinera; el ofrecimiento de materiales y herramientas de trabajo (machetes y limas) y buenas condiciones de alojamiento (en galeras o casas rentadas). Estos son medios a los que recurre el enganchador para negociar y asegurar el traslado de la mano de obra. Esta figura clásica del campo mexicano la encarnan los representantes de los productores en los frentes de cosecha (cuadrillas de cortadores) organizados a nivel ejidal y por organización; en Quintana Roo se conocen como "comisionados".

Los arreglos de "la contratación" son de palabra; la encuesta arrojó que 67% de los jornaleros foráneos fueron contratados de esta manera, es decir, sus derechos y obligaciones se establecieron de manera oral. A pesar del arreglo mutuo las promesas de la negociación no se cumplen. Esta actitud resulta ser moneda corriente en este medio y repercute en los trabajadores mexicanos y de manera aguda en los jornaleros internacionales. Tales inercias se han viciado a lo largo del tiempo, su carácter es estructural, con consecuencias tanto en contratistas como jornaleros¹⁷ y, sin duda, la posición subordinada de los cortadores los deja en desventaja.

El pago a destajo es el esquema salarial predominante en la agroindustria azucarera, no obstante, a pesar de su larga data, el mecanismo no es conocido cabalmente por los jornaleros (el tema es delicado cuando se trata de cuadrillas de trabajadores que no saben leer ni escribir). Aunque se sabe que es a destajo −por el número de puños cortados en la jornada, esto es, montones de caña acumulados en los surcos, hilos o gavillas− su contabilidad es inexistente, esto es, no llevan puntualmente sus registros de corte¹⁸ (aunque sí es anotado por el tiquero, responsable del reporte de trabajo en puños y toneladas, pero los datos de esa información se registran en ausencia del cortador). En pocas palabras, no hay un formato de contabilidad del trabajo y pagos del cortador, lo que lo hace sujeto de múltiples anomalías en el salario semanal y ahorro al final de la temporada de cosecha. En las zafras consideradas en el estudio, la tonelada se pagó a 34 pesos. Se estima que alguien "sale bien" cuando llega a cobrar 150 pesos por día, lo que se traduce en cinco toneladas de caña cortadas en una jornada de trabajo. Otros pagos extras por cortar cañales fuera de su cuota diaria o por cultivos con "caña mala" o "penca", suelen ser omitidos en sus recibos finales.

Existe una modalidad que es un pago diferido al final de la zafra, para asegurar que los trabajadores agrícolas permanezcan toda la temporada en la cosecha, así, los cortadores acumulan entre la tercera y la cuarta parte de su salario por tonelada. Es decir, se deja un ahorro de seis u ocho pesos por tonelada cortada; de esta manera en una zafra buena, si un cortador promedio llega a acumular de 600 a 800 toneladas en una zafra de seis meses, significa que acumula de 4 800 a 6 400 pesos. Hay trabajadores que no concluyen el periodo completo de zafra y ese dinero queda entre los intermediarios, a veces llegan a negociar su entrega a través de transferencias mediante cabos o compañeros de trabajo con una reducción significativa del total. Es común, que de ese ahorro, sólo reciban la mitad y les prometan un envío de dinero electrónico a sus pueblos de origen, que tal vez no llegue a sus manos.

Los datos de campo nos muestran la precariedad laboral y la inaccesibilidad a los derechos sociales de los trabajadores como son salud, educación y alimentación. Las repercusiones directas de este sistema laboral de los jornaleros migrantes se refleja en el difícil acceso al servicio médico, ya que esta actividad demanda un alto esfuerzo físico y como hemos visto, las condiciones de trabajo son bajo temperaturas extremas (hasta 40 grados), riesgo de accidentes por el uso de machetes o mordeduras de animales.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, 35% de los jornaleros foráneos señaló contar con servicio médico. Sobre este porcentaje se encuentran aquellos casos de subregistro en el IMSS, lo que significa que son dados de alta por cuatro meses y luego se les da de baja dejando correr el periodo de gracia de cerca de dos meses para sacar la zafra. Durante la investigación se llevó a varios trabajadores a la clínica ubicada en el ingenio para atención médica y no fueron atendidos, el pretexto fue que no aparecían en el sistema y los regresaban a arreglar sus papeles con los contratistas a las oficinas de las organizaciones productoras. La excusa para con los beliceños fue su condición de trabajadores extranjeros irregulares. La precariedad del sistema laboral en el corte de caña tiene una fórmula simple: no contar con contratos formales, y a esto se suma la "estancia irregular" como trabajador extranjero.

Dentro de la precariedad y la exclusión social hay otro problema que vulnera la vida laboral de los trabajadores; este es el alojamiento en instalaciones conocidas como galeras (construcciones rústicas con muchos cuartos en el que se hospedan grupos de individuos o familias) ubicadas a las orillas de los pueblos de la carretera del Río Hondo. El proyecto de Jornaleros Agrícolas de México y Centroamérica consideró a las galeras como el blanco de la atención pública, empresarial y social (incluyendo a los trabajadores), dado que es en ese espacio donde se concentran las tensiones, conflictos y problemas de violencia y salud. Se hizo un registro de las galeras en 12 ejidos (únicos con estas instalaciones) y se documentó que las condiciones de los dormitorios, así como las instalaciones de luz y agua son inadecuadas e insuficientes, no hay iluminación natural y ventilación, así como la falta de un análisis ergonómico para hacer funcional la ubicación de lavaderos y cocinas, aumentado los riesgos de enfermedades o alguna sobrecarga eléctrica por el bajo voltaje, por mencionar algunos ejemplos. Estas condiciones obligan a los trabajadores y a sus familias a improvisar su funcionamiento y acondicionar sus viviendas temporales con recursos a la mano. Algunas insuficiencias arquitectónicas se resolvieron con inversiones para reparar los inmuebles por parte de ejidos y organizaciones productoras, por lo general se maquillan antes de la llegada de los cortadores. Resaltemos la importancia de las dobles jornadas de trabajo que un cortador de caña debe realizar: después del corte de caña debe acarrear y cortar leña, traer y llevar agua, y preparar sus alimentos si es que no pagó a una cocinera.

La falta de normatividad y vigilancia en las galeras desemboca en desgaste y destrucción de inmuebles, amontonamiento de basura, inundaciones, defecación al aire libre, desagüe de aguas sucias en terreno abierto, etc. Otros problemas de las galeras son los hurtos que hay en los cuartos de descanso, (incluso de inmobiliario), adicciones, alcoholismo, violencia familiar, prostitución, discriminación étnica o social y acoso (especialmente a mujeres, niños y niñas que se quedan con su familia o a trabajar en la galera). Lo anterior detona problemas de salud y seguridad pública. Otro tipo de tensión social se manifiesta por la discriminación entre grupos y familias de trabajadores, pues la mezcla de orígenes, idiomas y etnias regionales e internacionales agrega un nivel de conflicto.

Entre los lugareños se ha creado un imaginario sobre el cortador migrante: se le denomina como "macheteros", y sobre él recaen los valores negativos que señala la sociedad. En los preparativos para la zafra se comenta que cuando lleguen "hay que cerrar las puertas de la casa", "cuidar a la muchachas porque se las llevan o acosan", en los bailes del pueblo es muy claro cómo las jóvenes suelen evitar relacionarse con los migrantes, los pretendientes hacen advertencias a los fuereños y se prohíbe a los niños y niñas acercarse a las galeras.¹⁹ Estas frases explican la ideología de esa otredad, pero la realidad es ambivalente, ya que son los cortadores de caña el eslabón más importante en la economía del azúcar: "sin ellos no habría caña", "son los que realizan el trabajo más duro", "los que menos ganan y dejan su sudor en los cañales", y "soportan muchas carencias al estar ahí".

A estos elementos que conforman las relaciones laborales y condiciones de vida enmarcadas en ideologías polarizadas, se agregan otros derivados de la condición migratoria irregular, creando otra base ideológica que lleva al extremo las condiciones de explotación y vulnerabilidad de los trabajadores. Hasta aquí se puede hacer uso de las matemáticas: 67% es contratado de palabra, 80% alojado en galeras, 65% sin servicio médico y el 100% no tiene permiso migratorio para trabajar.

 

LA FMTF²⁰

La Política Migratoria Integral en la Frontera Sur de México²¹ se estableció en el periodo gubernamental 2006-2012, contempló cuatro líneas estratégicas para una mejor gestión en esta parte del país: a) facilitar la documentación para los flujos migratorios, b) proteger los derechos de los migrantes, c) seguridad fronteriza y d) una gestión migratoria y actualización de leyes. Tales objetivos tienen como fin lograr que esta franja se convirtiera en una zona digna, ordenada, segura, moderna, y sobre todo, facilitar la vida transfronteriza y la gestión de flujos migratorios (INM, 2005).

Dentro de esa política se creó la Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo (FMTF), dirigida a los extranjeros de Belice y Guatemala que ya tenían empleo o para trabajar en alguno de los estados fronterizos. El programa inició en 2008, con una duración de cuatro años; se diseñó con el fin de agilizar la entrada de guatemaltecos y beliceños para trabajar como fronterizos temporales en cualquier sector productivo de los estados de Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Chiapas.²²

El desempeño de ese programa con los permisos laborales se puede evaluar en función de lo que ocurre en los estados de Campeche, Tabasco y, sobre todo, Quintana Roo, donde la demanda laboral es constante y los registros de las entradas formales para emplear extranjeros es casi nula o inexistente, lo mismo ocurre en la frontera México-Belice. En consultas con el INM se constató que no se tramitaron permisos de trabajo para la zafra –desde la vigencia del programa FMTF–, lo cual se corrobora en los registros oficiales disponibles en el portal electrónico donde aparece sólo un permiso otorgado para laborar en Cancún en 2011.

Los resultados de la investigación destacan que el total de trabajadores beliceños desconoce la FMTF que se tramita de manera gratuita si el trabajador percibiera el salario mínimo o menos de 149 pesos al día, y el pago de los cortadores es menor. La vulnerabilidad es exponencial gracias a la ausencia de documentos migratorios que cancela el acceso a los derechos de salud,²³ y se desconoce su calidad de trabajador, anulada, de facto, al no haber contrato formal.²⁴ En diversos estudios se ha documentado la asociación entre vulnerabilidad y la falta de documentación migratoria como fuente de múltiples abusos (CNDH, 2011; Casillas, 2011; Cortez, Cáceres y Venegas, 2005).

Entre la población extranjera de la zona cañera se registró una lista de experiencias de prácticas institucionales, laborales y sociales que afectan la poca estabilidad de los centroamericanos irregulares ya asentados (locales) y de los trabajadores internacionales (foráneos). Un factor determinante es la falta de conocimiento de los programas vigentes relacionados con los trámites migratorios (regularización y permisos de trabajo).²⁵ Como parte de la estrategia de trabajo, se acompañó a los migrantes centroamericanos asentados a gestionar dichos trámites a las ventanillas del INM, donde padecieron maltrato e información poco clara del proceso de trámites que se deben realizar (se ordenó al migrante a consultar en internet los requisitos).²⁶ Este punto se debe destacar, ya que el trámite sólo se realiza en línea, de acuerdo a la disposición oficial.²⁷ La dificultad del trámite permite que enganchadores y productores que contratan a los trabajadores los manipulen con premisas falsas; diciéndoles "que el trámite en migración cuesta mucho y es engorroso". Por último, si no se hacen los trámites necesarios es por la desinformación y los motivos personales de los extranjeros, como son el temor a ser deportados y detenidos por "migración" o ser extorsionados por las fuerzas de seguridad locales al trasladarse a realizarlos a Chetumal –donde está la oficina del INM–, y hay que recorrer más de 50 kilómetros, ruta con puestos de control (retenes) y operativos militares y policiacos.

Tanto los trabajadores temporales como los extranjeros asentados y en tránsito, padecen la falta de información sobre sus derechos y obligaciones para tener opciones de regularizar su situación. El riesgo de padecer abusos es mayor, ya que las autoridades locales ignoran sus competencias y atribuciones frente a esta población.²⁸ Por ello, la situación específica de los centroamericanos empleados en la zafra y los ya asentados se encuentran en una condición de riesgo por el carácter clandestino de su estancia, sin importar que ya exista una integración familiar, laboral y comunitaria.

Tras la revisión del programa que promueve la FMTF,²⁹ se observó que en ningún apartado se exige al contratista cumplir con las condiciones mínimas de inserción laboral. Es de llamar la atención, porque el ingenio de Quintana Roo es un centro de trabajo temporal bien identificado por cientos de migrantes nacionales y extranjeros desde hace más de 30 años. En este contexto, a las circunstancias que imponen la clandestinidad para algunos trabajadores internacionales se suman las pésimas condiciones de su inserción laboral y estancia como trabajadores huéspedes. Además del abandono institucional y social, la indiferencia es general y patente, desde los empresarios hasta las organizaciones de productores encargados de la zafra.³⁰ Del mismo modo, la situación que padecen los trabajadores tanto nacionales como extranjeros no es de importancia para el gobierno estatal.

Finalmente, poco se puede agregar sobre otro programa vigente relacionado con la frontera sur para la atención de las migraciones irregulares: un ejemplo son los Grupos Betas, cuya presencia en Quintana Roo, estaba contemplada en el plan de ordenamiento de la frontera sur, pero a finales del 2012, esta meta seguía pendiente.

 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

A pesar de la impronta centroamericana en los mercados laborales de la frontera sur, estas migraciones han recibido escasa atención de la intervención pública, aun cuando han existido mecanismos para los guatemaltecos en Chiapas (Nájera, 2011). Ante esta situación se presen­ta una paradoja, la misma que acusa México para sus connacionales en Estados Unidos debido a la posición omisa del gobierno mexicano y que se hace extensiva a los gobiernos involucrados de Centroamérica. En efecto, la analogía de la "política de la no política"³¹ en materia migratoria, que algunos autores atribuyen al papel de México frente a las migraciones al norte, se hace patente en la frontera sur y se puede extender a los países vecinos.

Mientras las dinámicas fronterizas siguen su orden cotidiano, influidas por las fuerzas laborales en la agenda internacional, se han retomado diversas iniciativas para garantizar los derechos humanos de los migrantes en particular, y también de la gestión de fronteras en general, en la región Caribe-Centroamérica-México. Son dos los foros regionales más destacados: la Cumbre Tuxtla (multilateral) y el Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza (GANSEF, binacional), los que abordan los temas de empleo, migración y derechos humanos, pero padecen de sesgos y limitaciones para integrar a la agenda el caso específico de la movilidad y derechos de los trabajadores internacionales. La articulación de una política expresa, en este sentido, es inexistente a pesar del trasfondo político e ideológico sobre integración, seguridad y desarrollo regional.

Están las premisas básicas de la cooperación internacional, en las que se conjugan esfuerzos entre diversos sujetos de la sociedad internacional con mira a satisfacer intereses, necesidades y objetivos mutuos por la vía de la negociación mediante una serie de acuerdos escritos o implícitos en los que se establecen derechos y obligaciones (Benítez, 2010:7), se puede corroborar que desde la experiencia mexicana hay tres referentes internacionales obligados: a través de su participación como miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en específico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En efecto, México respondió a sus compromisos internacionales en el tema de derechos humanos y migraciones una década después de 1989 con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con el establecimiento en la Quinta Visitaduría General Especial del Programa de Atención a Migrantes y con ello diez oficinas foráneas en Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nogales, Sonora; Reynosa, Tamaulipas; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Coatzacoalcos, Veracruz; Villahermosa, Tabasco; Ixtepec, Oaxaca; San Cristóbal de las Casas y Tapachula, Chiapas. Ciudades ubicadas como focos rojos y puntos de tránsito de migrantes que, para ese momento, ya estaban en la mira de los derechos humanos a nivel internacional.

El Programa de Atención a Migrantes está orientado a defender y difundir los derechos humanos de los migrantes. Aunque en el fondo de la acción institucional subyace la característica de México como país de origen, tránsito y destino; en los componentes programáticos se enfoca en los migrantes en tránsito, olvidando a los trabajadores que se establecen laboralmente. En esa misma línea, en el contexto regional de Quintana Roo la comisión correspondiente (creada en 1993) carece en su estructura de un área y programa para migrantes. Es de llamar la atención, ya que se trata de una entidad fronteriza. De tres visitadurías en 2012, ninguna tuvo un carácter especial de atención a migrantes. De manera personal se hicieron diversas consultas a servidores y funcionarios públicos de esta institución³² y no tuvieron conocimiento alguno sobre un programa relacionado a los migrantes nacionales e internacionales en la entidad. En cambio, se tuvo acceso a dos informes sobre las condiciones de las galeras de los trabajadores migrantes en la región azucarera, aunque no hubo acción alguna en términos de mejorar las condiciones de esas instalaciones.

Desde que México es miembro activo en la OIM (2002), se planteó un programa de trabajo que después derivó en el diseño de cuatro proyectos en México, en ninguno de los anteriores se abordó el tema laboral en la frontera sur a pesar de su vinculación con la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW por sus siglas en inglés) impulsada por la OIT y vigente desde el 2004. Según Calleros, este instrumento es el primero en codificar los derechos de los migrantes "sean documentados o no" (2009: 56). En este ámbito, los compromisos de México a través de la OIT se concretan a través de una delegación permanente que atiende lo pactado en los documentos originales y convenios. Dichos principios fueron la fuente de la citada CMW con el objetivo de proteger los derechos humanos de los trabajadores migrantes. A efectos de seguimiento, los estados miembros tienen la obligación de presentar periódicamente informes sobre la manera en que se ejercitan los derechos en esta materia. En el caso de los trabajadores internacionales no existe, es decir, el gobierno mexicano no inspecciona las condiciones de los trabajadores. En síntesis, los estados miembros de la OIT deben velar en sus territorios los derechos de los trabajadores internacionales, no sólo protección física sino también laboral.³³

La trayectoria de la presencia internacional de México a favor de los derechos humanos, migraciones y derechos laborales se extiende a los marcos de negociación regional con los foros de la "Cumbre Tuxtla",³⁴ que nace en el contexto de pacificación de Centroamérica y tiene como telón de fondo el discurso de la integración regional (en perspectiva Plan Puebla Panamá, ahora Proyecto Mesoamérica). En 20 años esta cumbre lleva 13 reuniones cuyas declaraciones representan la única fuente para dar seguimiento a la agenda.

Las Cumbres estuvieron orientadas a atender ciertos fenómenos persistentes: la violencia para solucionar conflictos, pobreza extrema, endeudamiento externo, obstáculos al comercio, migraciones masivas, contaminación ambiental y narcotráfico, entre otros. Fue hasta la cuarta Cumbre (2000) que se destacó la importancia de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM)³⁵ como mecanismo de diálogo e intercambio de experiencias en torno al fenómeno de las migraciones, y enfocada en incorporar el tema del respeto y goce de los derechos humanos de los migrantes y sus familiares sin importar su origen de procedencia, y la promoción del cumplimiento de acuerdos y normas internacionales relevantes en la materia. En resumen, la Cumbre Tuxtla, a pesar de ser un foro regional importante, ha hecho caso omiso al tema de las migraciones laborales, aun cuando en el horizonte político se coloca en la reflexión las crisis económicas, las migraciones irregulares y el desarrollo.³⁶

El Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza (GANSEF) creado en el 2002 con el acuerdo sobre fronteras inteligentes entre México, Guatemala y Belice surge como un mecanismo de respuesta a la tensión regional derivada de los problemas relacionados con la seguridad fronteriza, alude la relación entre migraciones y derechos humanos, no obstante, tener entre los propósitos de sus acciones coordinadas combatir la problemática común en torno a la migración, terrorismo, seguridad pública, aduanas, narcotráfico y delincuencia organizada. En los compromisos y acciones de esa plataforma de seguridad, México se compromete a permanecer en un estado de alerta constante en asuntos relativos al flujo de personas y de bienes (Tirado, 2005). De nueva cuenta, el tema de la gestión de las migraciones laborales está ausente.

 

CONCLUSIÓN

A pesar de la importancia y el conocimiento que se tiene sobre los mercados laborales en la frontera sur, se ignora la problemática de los trabajadores internacionales empleados en la agroindustria del azúcar, condición que contribuye a la vulnerabilidad de estos jornaleros que reclaman la atención académica, social, empresarial e institucional, tanto a nivel nacional como internacional. Al analizar los programas vigentes en materia de migraciones y derechos humanos en la frontera sur, se confirma la falta de atención y aplicación de los programas institucionales que redunda en graves violaciones de los derechos humanos y laborales, como es el caso del desconocimiento de la FMTF.

En esta investigación se documentó que la desinformación y desinterés, así como la nula o escasa difusión de los programas del INM, dan como resultado que los beliceños, guatemaltecos y otros centroamericanos que trabajan en el corte de caña, se vean imposibilitados a tener garantías laborales, el pretexto, su "ilegalidad", mientras otros programas orientados a la población jornalera a nivel nacional, como el de atención a los jornaleros agrícolas a cargo de Sedesol, se aplica de manera marginal desde hace dos años.³⁷

Una de las causas es que la región del Río Hondo ha sido históricamente poco atendida en su problemática social a lo largo de los diferentes gobiernos, son localidades que están en la categoría de alta marginación, no obstante, cuenta con una fuerte presencia empresarial y política representada por la figura del enclave agroindustrial, cuyo consorcio se ubica en un lugar destacado en el sector azucarero nacional y en las organizaciones de productores cañeros del PRI.

Las medidas adoptadas por el gobierno mexicano en las últimas dos décadas muestra un desarrollo paulatino de la inserción del tema migratorio con el de los derechos humanos a nivel de la cooperación internacional. Sin embargo, el tema de los trabajadores internacionales no se aborda cabalmente desde los instrumentos regionales vigentes. Esto deja ver la inconsistencia de las pretendidas intervenciones "integrales" para la frontera sur de México en torno a las migraciones, los derechos humanos y el desarrollo. Un hecho constata esta afirmación: la disociación entre gestión migratoria y políticas laborales acordes con las necesidades históricas de ciertos sectores económicos en los estados fronterizos. El énfasis puesto en las migraciones de tránsito en los diversos programas de atención que vinculan a los derechos humanos ha quedado ajeno y ha excluido a los trabajadores internacionales que necesita México en la frontera sur. El "eslabón perdido" que refiere Ghosh (2008) al abordar la dificultad del nexo entre migraciones y derechos humanos se hace extensivo al campo laboral. Los derechos de los trabajadores internacionales siguen pendientes.

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NOTAS

¹ Se agradece la colaboración de Esther Castillo Ávila, tesista de la Universidad de Quintana Roo y becaria del proyecto.

² El análisis fue orientado por un indicador de vulnerabilidad laboral y social que incorporó las dimensiones de precariedad, acceso a derechos y segregación de espacio. La integración de estas variables respondió a la información recabada anteriormente en campo y probada en una encuesta piloto (zafra 2010-2011) en el ingenio de San Rafael de Pucté, que dio pie a la encuesta del siguiente periodo de cosecha 2011-2012. Los resultados se sostienen en la sistematización y el análisis de los datos recogidos en recorridos y estancias en galeras, hogares, campos y comunidades cañeras, además de la consulta a servidores públicos, agentes empresariales, productores y líderes cañeros.

³ La última entidad federativa en crearse en la República Mexicana fue Quintana Roo en 1974. Los estudios de los años ochenta reportaban que esta región estaba poco poblada debido a su aislamiento, entonces se hablaba de una geografía de difícil control y de una gran riqueza natural (CIQROO, 1993: 18). En la actualidad, esta entidad se encuentra en el radar del turismo mundial a lo largo de sus costas y registra un crecimiento demográfico en las últimas dos décadas. En tanto que Belice dejó su condición colonial, como Honduras Británica, al obtener su independencia de Reino Unido en 1981.

⁴ Comparado con los socios comerciales en América del Norte, la inmigración en México "ha sido un fenómeno de poca cuantía": según datos censales, a inicios del siglo XIX residían en el país cerca de 100 mil extranjeros, y a principios del año 2000 la cifra ascendía a menos de medio millón de personas (Conapo, 2004: 94). Por otra parte, debido a la situación que enfrentan miles de mexicanos repatriados que han retornado a México, se ha considerado hablar de México como país de retorno.

⁵ Esta figura alude al involucramiento de un tercer país a partir de la seguridad de un primero, en este caso Estados Unidos.

⁶ En la literatura especializada sobresale el caso de los jornaleros y familias agrícolas guatemaltecas, empleados en el café en la influyente zona del Soconusco. Estos grupos, que cruzan la línea internacional para laborar en el estado de Chiapas, han marcado por mucho tiempo la imagen de las migraciones laborales. De hecho, existe una caracterización particular de lo que ocurre en Chiapas, convirtiendo a esta entidad en el panóptico sureño fronterizo, creando así una especie de "chiapanización" de la frontera sur y concentrando todo el interés institucional, académico y político. Se ha aludido, sin razón, el bajo perfil estadístico de lo que ocurre en los límites centroamericanos con Tabasco, Campeche y Quintana Roo, como la mejor excusa de la omisión institucional, no obstante, que se registran intensos flujos de hondureños en Tenosique cuya presencia en la Casa del Migrante, La 72, es desbordante; y el registro de redes de trata y tráfico de personas (en este caso no sólo de migraciones centroamericanas, sino caribeñas y europeas) en Quintana Roo (Le Goff y Weiss, 2011).

⁷ En Quintana Roo el establecimiento de la región cañera estuvo antecedido por un proyecto de colonización y reparto agrario (Fort, 1979; Maier, 1998).

⁸ En una localidad se reportó un incidente que pudo terminar en linchamiento; un pleito entre jóvenes locales y beliceños acabó con la muerte de un local. De inmediato, los involucrados fueron perseguidos sin éxito. Dio como conclusión que en la arenga pueblerina se gritara "hay que correr a todos los centroamericanos".

⁹ Ecosur desarrolló un proyecto de vinculación para apoyar a extranjeros cuando estaba vigente el Programa de Regularización en el INM. Una de las principales razones por la que querían conseguir papeles era porque sus hijos habían alcanzado la edad escolar y no estaban registrados, a pesar de que algún familiar era de nacionalidad mexicana. Otro caso extremo son los ancianos centroamericanos que sólo "querían morir como mexicanos", además de obtener documentos para acceder a los programas de desarrollo social como Adultos mayores, Seguro popular o 70 y Más.

¹⁰ El dato corresponde a los Censos económicos de la industria azucarera 2008 (INEGI, 2009).

¹¹ El grupo cuenta con otros cinco ingenios en Colima, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz; ocupa el segundo lugar a nivel nacional como productor de azúcar y entre sus consumidores están las empresas Coca Cola, Coronado, Lara, Comercial Mexicana, WalMart, Bimbo y Kellog's, entre otros.

¹² La planeación de la producción de la caña de azúcar está determinada por las necesidades técnicas del ingenio que puede moler 10 mil toneladas de caña diarias. Durante la zafra, en esta región, se trabaja las 24 horas del día, tanto en campo como en fábrica. Aunque los cortadores laboran de día, hay otros agentes que están ocupados en distintos horarios nocturnos, operadores, maquinistas, tiqueros (contabilizan la caña cortada), estaqueros (acomodan la caña en los camiones que van al batey) y personal en el ingenio.

¹³ El río Hondo no es profundo ni ancho. Se cruza entre cinco y diez minutos en lancha en su punto más largo entre las localidades de Santa Cruz (Belice) y Botes (México).

¹⁴ En la frontera sur terrestre se identifican diez puestos fronterizos formales: siete en Chiapas, uno en Tabasco y dos en Quintana Roo. Según estudios sobre el tránsito irregular, existen cuatro direcciones por las cuales cruzan los centroamericanos, siendo la entrada a México por Belice a través de Río Hondo; la cuarta ruta menos utilizada y la menos vigilada. Se considera una ruta peligrosa porque durante mucho tiempo fue identificada como de tráfico de armas y drogas (Cortez, Cáceres y Venegas, 2005).

¹⁵ Las evaluaciones de la Secretaría de Desarrollo Social sobre esta población son claros en este sentido. Al respecto se pueden consultar varias evaluaciones disponibles en línea.

¹⁶ Cabe precisar que dentro de las clasificaciones laborales, además de los "locales" y "foráneos" que son categorías locales y programáticas del ingenio, hay cortadores "libres" y "contratados", los primeros no reciben enganche y por lo tanto no están comprometidos a cumplir con el periodo de cosecha.

¹⁷ El tema es complejo en virtud que el enganche se ha utilizado como una especie de deuda en estas relaciones laborales. El mecanismo de la deuda constituye una parte del sistema de explotación como se documentó en el campo mexicano de finales del siglo XIX (Washbrook, 2006). Las relaciones están muy erosionadas porque ambas partes salen perjudicadas, las prácticas más comunes son: cobrar enganche, pero los trabajadores no llegan al lugar de destino laboral, abandonan el trabajo porque el enganchador incumple con los términos de la negociación (no se da la "comida libre", no se paga lo acordado, no hay corte diario, las galeras están en malas condiciones, etcétera).

¹⁸ Los cortadores avanzan cortando caña en los surcos. Cuando el camión que la lleva al batey llega y carga, los cortadores están en otro lugar. La misma lógica de trabajo impide que supervisen su cuota.

¹⁹ Los estudiantes colaboradores del proyecto de Jornaleros originarios de la región cañera, los hijos e hijas de productores nunca habían pisado una galera hasta la realización de su tesis dentro de esta investigación.

²⁰ Cabe precisar que el estudio se realizó antes de la publicación del Reglamento de la Ley de Migración el 9 de noviembre del 2013 en el Diario Oficial de la Federación.

²¹ El programa contó con trece disposiciones: cinco en torno a la gestión y administración fronteriza, cuatro de carácter laboral, dos en torno a la vulnerabilidad, una sobre derechos humanos y otra sobre legislación.

²² Los requisitos, así como derechos y obligaciones adquiridas pueden consultarse en el portal del INM: www.inm.gob.mx

²³ Existe una simulación administrativa en cuanto a la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), institución encargada de atender a los trabajadores del sector. En reiteradas ocasiones los jornaleros enfermos recurren a consulta enfrentándose a las irregularidades de su "contratación", pues se les dice que están dados de alta, pero cuando recurren a este servicio no son atendidos porque o no están registrados o se les dio de baja a los tres meses de haber ingresado a trabajar. Por otra parte, en los centros de salud hay abiertas exclusiones antiinmigrantes, pues se les niega la atención.

²⁴ Tras la revisión del programa que promueve la FMTF, se observó que en ningún apartado se le exige al contratista cumplir con las obligaciones en materia de trabajo en la relación laboral.

²⁵ Si bien el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas no especifica en la cobertura a la población extranjera, en sus requisitos, sí considera a los "documentos migratorios", según las Reglas de Operación, 2013.

²⁶ Dentro de una encuesta piloto en la región de Río Hondo zafra 2010-2011, con el fin de conocer el nivel de alfabetismo se preguntó: ¿Sabe usted leer y escribir un recado?: las tres cuartas partes de los trabajadores contestó afirmativamente; mientras que 22.7% respondió negativamente, dato que constituye un alto porcentaje.

²⁷ El primer paso es darse de alta en el portal del INM, imprimir y llevar el formato cubierto en su totalidad y firmado con anexos de los requisitos.

²⁸ Durante los Talleres sobre los derechos de los migrantes organizados por la CNDH y Ecosur (2012 y 2013), realizados en los ejidos de Río Hondo (casas ejidales y galeras); delegados ejidales sugirieron que se atendiera la situación de "los indocumentados". En general, desconocen sus atribuciones como servidores públicos y han recurrido a prácticas que violan los derechos de los extranjeros.

²⁹ Aunque ya se explicó que este permiso es desconocido por los empleadores y trabajadores extranjeros que llegan a la zafra, cabe destacar que entre las obligaciones detalladas para el empleador se enfatiza que en ningún caso podrá detener la FMTF del extranjero; deberá pagar por trabajo y desempeño, lo mismo al extranjero que al mexicano; las personas físicas o morales que tengan bajo su responsabilidad o contraten personal extranjero, deberán acudir a las oficinas del INM para integrar su expediente básico, mismo que deberán mantener actualizado en www.inm.gob.mx

³⁰ Los mismos trabajadores y empleadores han creado mecanismos que impiden el abuso de estos migrantes internacionales que llegan a la zafra, como expedir una carta firmada por alguna autoridad ejidal que le sirva como "papel oficial" para justificar su condición laboral. Don Julio, un cortador beliceño fue detenido y llevado a las oficinas de Migración en Chetumal porque "ese papel no sirve".

³¹ La "política de la no política" del Estado mexicano se refiere a la omisión del fenómeno migratorio; y en segundo lugar, a la "política de simulación" de Estados Unidos, ya reconocidas en la bibliografía sobre migraciones (García, 2008).

³² En las consultas realizadas durante el último año del gobierno de Félix González Canto y el primero de Roberto Borge, los encargados afirmaron que no existía registro alguno de denuncias de migrantes internacionales y de los jornaleros migrantes.

³³ Como se sabe, en México hay distintos flujos migratorios abiertamente relacionados al mercado laboral en Estados Unidos y Canadá a través de esquemas que garantizan las migraciones documentadas con permisos de trabajo. En relación con los grupos de trabajadores internacionales vinculados con el sector agrícola, se pueden mencionar las Visas H2A y el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, respectivamente, este último es el único supervisado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Investigaciones sobre el funcionamiento de estos modelos de empleo han sido críticas acerca de las condiciones en que se insertan las trabajadoras y trabajadores mexicanos. Véase Durand (2007), Trigueros (2008) y Vanegas (2000).

³⁴ Los países integrantes de la Cumbre son México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Belice (único país anglófono).

³⁵ La Conferencia Regional sobre Migración es un foro regional multilateral, se le otorgó especial significación a las migraciones en el marco del desarrollo económico y social de la región. En la actualidad, los países miembros son: Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Véase http://www.crmsv.org/Descripcion.htm

³⁶ En Centroamérica los acuerdos de cooperación que se enfocan a los campos económico y social son: Comité de Acción para el Desarrollo Económico y Social de Centroamérica (CADESCA), Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, Alianza para el Desarrollo Sostenido (Alides) y Proyecto Mesoamérica.

³⁷ Este programa sí opera en las regiones cafetaleras del Soconusco con presencia de trabajadores guatemaltecos.

 

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORA

Martha García es investigadora de El Colegio de la Frontera Sur, unidad Chetumal, Quintana Roo. Es responsable técnica del proyecto de Fondos Sectoriales Sedesol-Conacyt, Jornaleros Agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios del sur-sureste: Retos para la política pública.