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La guerra fría no fue un fenómeno ajeno en México, al igual que en otras regiones aquí también se configuró la figura de un “enemigo”, bajo la lógica de la seguridad interna impulsada por el gobierno federal, apoyada por la Iglesia católica, los medios de comunicación y múltiples aliados económicos.1
El “enemigo” fue dotado de una potencialidad indefinida, de una fuerza política y social, pero, sobre todo, de una ideología que amenazaba la estabilidad del régimen emanado de la Revolución. Ese “enemigo” estaba contra las libertades, la democracia, el crecimiento económico y la estabilidad de los mexicanos. Ese “enemigo” tenía que ser exterminado.
La respuesta del Estado contra este “enemigo” de la nación fue desproporcionada, sus acciones represivas implementadas para paralizarlo, desarticularlo y exterminarlo se desarrollaron en sitios geográficos determinados. Espacios en los que el Estado mexicano suspendió invariablemente la legalidad bajo un discurso nacionalista, una arenga que terminó por legitimar los delitos de lesa humanidad bajo el argumento de “salvar a la patria”. La respuesta del Estado contra la insurrección fue encuadrada públicamente como un acto legítimo y “apegado” al estado de derecho.
En otras palabras, el papel del Estado durante el exterminio del “enemigo” fue ambiguo, pues, operó ilegalmente, violando los derechos humanos y consumando delitos de lesa humanidad.2 En contraparte, estas acciones, como ya se sostuvo, fueron encubiertas o tergiversadas por la opinión pública, pero, ampliamente justificadas por múltiples sectores como: la Iglesia, cúpulas políticas, fuerzas corporativas y el empresariado. Para estos sectores, la respuesta del Estado fue ejecutada dentro de los márgenes legales. Ello generó una exaltación del uso legítimo de la fuerza del Estado contra la “conjura internacional-comunista” que pretendía enquistarse en el país a través de la subversión armada, primero en espacios rurales y, posteriormente, en espacios urbanos.
Un caso flagrante y paradigmático de las múltiples violaciones a los derechos humanos fue el estado de Guerrero. Este espacio geográfico fungió como un laboratorio represivo,3 una permanente zona de excepción en la que el Gobierno Federal, durante las décadas de los sesenta y setenta, diseñó, puso en práctica y fortaleció estrategias de contrainsurgencia, que fueron, posteriormente, ejecutadas en otras regiones del país -incluyendo las zonas urbanas- donde también emergieron grupos armados.
Guerrero fue una de las entidades del país en donde ciudadanos y múltiples familiares adheridos al Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos4 colocaron el tema de la desaparición de personas en el ámbito público. Dicha organización precisó que había un aproximado de 314 personas desaparecidas o no localizadas. La información fue retomada en la investigación que realizó a finales de los setenta el entonces procurador de la República, Óscar Flores Sánchez.5
Flores Sánchez sentenció, en una conferencia de prensa convocada el 20 de enero de 1979, ante medios nacionales e internacionales, que 154 de las 314 personas habían muerto en enfrentamientos con las fuerzas del orden y que los demás “se encuentran prófugos o murieron sin identificación”.6
Los medios de comunicación revisaron con antelación los informes realizados por Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas sobre México y, a partir de ellos, cuestionaron al procurador Óscar Flores. Éste, ante los cuestionamientos, se limitó a responder, reiteradamente, que en México
no existía la Brigada Blanca, [que] en el Campo Militar Número Uno no hay presos civiles, [que] en México no hay cárceles clandestinas, [que] en el país ya no hay guerrilla [y que] la policía y el ejército no torturaba a nadie [...] [que] ya no hay desaparecidos políticos en México. Sí desconocidos.7
De los 160 desaparecidos que no habían sido identificados en la investigación presidida por Óscar Flores, éste arguyó:
tres personas se encuentran sentenciadas y recluidas en diferentes cárceles del país; 89, aun cuando se sabe su participación en grupos subversivos, en la actualidad se desconoce el lugar donde se ubican, ya que se encuentran prófugas; 18, de acuerdo con declaraciones públicas hechas por miembros de esos grupos, a través de su propaganda, “fueron ajusticiadas por traicionar su movimiento; de 26 no se tienen antecedentes delictivos, ni de su participación en grupos subversivos; otras 20 murieron en riñas entre grupos antagónicos, por diferencias familiares o políticas y en otras ocasiones se comprobó las ligas de algunos de ellos con narcotraficantes y contrabandistas; 2 fallecieron al tratar de escapar de prisión; 1 murió cuando elaboraba una bomba casera y otro más por enfermedad.8
Óscar Flores, a través de estas declaraciones a los medios de comunicación pretendió dejar en claro dónde estaban los presuntos desaparecidos, pero, contrariamente, también sentó el precedente de las estrategias represivas utilizadas por el Estado mexicano para exterminar los núcleos armados socialistas que operaron en el país en los setenta y, paralelamente, colocó el tema de la desaparición forzada de personas en la agenda pública. Aunque, indiscutiblemente, como se leerá más adelante, el objetivo del Informe fue dar una respuesta oficial a las demandas de la ciudadanía, así como de organizaciones sociales a favor de los derechos humanos que se esmeraban por develar la desaparición de personas y que, además, pugnaban por establecer la verdad.
Bordar la verdad histórica
El informe del entonces procurador Flores sentó también un precedente significativo para comenzar a definir algunos de los patrones de la desaparición forzada -por motivos políticos o no- durante los enfrentamientos entre el Estado contra la subversión rural en Guerrero, y aun posteriormente. Dicho Informe permitió conocer también cómo fue el tratamiento que el Estado mexicano realizó -y realizaría en el futuro- para tergiversar e invisibilizar la desaparición de personas.
El Informe de Óscar Flores, presentado en el año de 1979 se convirtió en un referente, en una fuente documental que respaldó las investigaciones encomendadas a la naciente Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El entonces presidente de la república, Carlos Salinas de Gortari lanzó un decreto presidencial en julio de 1990 para que la CNDH investigara las violaciones a los derechos humanos en el pasado.
La Comisión tenía también la consigna de investigar los casos de personas reportadas como desaparecidas, cuyas demandas nuevamente provenían de familiares y víctimas de la desaparición, así como de organizaciones a favor de los derechos humanos, los cuales, desde finales de los setenta
no habían dejado de reclamar a las diversas autoridades la presunta desaparición de ciudadanos, sucedida en las situaciones más disímbolas y por motivos diversos [...] Los denunciantes no se convencieron de los resultados de las investigaciones realizadas por el gobierno [el informe del entonces Procurador Oscar Flores Sánchez] ya que creían que las autoridades no habían desarrollado las investigaciones de los casos como debían y hasta sus últimas consecuencias, por lo que elevaron su reclamo a otras instancias, tanto nacionales como internacionales.9
La investigación sobre las desapariciones, al igual que a finales de los setenta, remitía al estado de Guerrero. El Informe Carpizo también retomó como un antecedente documental el informe presentado por el procurador Óscar Flores Sánchez. A diferencia de éste, el Informe Carpizo sí reconoció formalmente la existencia de posibles personas desaparecidas en la región.
El reconocimiento de que existen personas desaparecidas fue un paso importante para los demandantes, debido a que en el informe de Flores Sánchez se decretó que no había desaparecidos, que la procuraduría había recibido durante once años información esporádica de múltiples sujetos que había sido ya localizados. Que los desaparecidos fueron encontrados de manera fortuita, que algunos se habían presentado voluntariamente a las autoridades para que no se les siguiera buscando o para evitar represalias, ya que todos pertenecían a organizaciones armadas clandestinas. Aunque nunca en el informe se precisó cuántos fueron estos casos.
El Informe Carpizo es un registro investigativo centrado en el estado de Guerrero, particularmente, en las actividades realizadas por el grupo armado de Lucio Cabañas Barrientos.10 Este informe inició con el secuestro que el grupo de Lucio Cabañas hiciera al entonces gobernador del estado Rubén Figueroa.11 En el informe se describen también múltiples enfrentamientos del grupo armado con fuerzas militares y policiales.
El Informe Carpizo contiene una descripción detallada de los ataques y emboscadas que el grupo armado de Lucio Cabañas realizó contra las fuerzas del orden, principalmente militares.12 Aunque no haya sido su objetivo y prioridad, el Informe Carpizo permite delinear algunos patrones que se volvieron recurrentes en la desaparición de personas en el estado de Guerrero, en un contexto de enfrentamientos civiles contra las fuerzas del estado. Estos patrones hay que establecerlos y posteriormente darles seguimiento.
El Informe Carpizo refutó en diversas ocasiones el informe presentado por Óscar Flores Sánchez, sobre todo, en lo que compete a la desaparición de personas. Es paradigmático el caso de Pablo Santana López (a) “Óscar”.13 En el informe de Flores Sánchez se precisa que “Óscar” murió en combate, durante una emboscada que el grupo de Lucio Cabañas hizo al ejército el día 25 de junio de 1972.
Dicho ataque al ejército se efectuó el 25 de junio de 1972 con un grupo compuesto por diez elementos y encabezados por Lucio Cabañas y “Enrique”, quienes atacaron a una partida militar en un paraje denominado “Arroyo de las Piñas”, en las cercanías de San Andrés, por carretera Atoyac-San Vicente, resultando diez soldados muertos y dos heridos de gravedad [...] En grabaciones de casetes se menciona un resumen de la emboscada: estaban acuartelados los soldados y posteriormente bajaron a Atoyac de Álvarez a la celebración de la fundación de la ciudad, esperándolos un grupo armado durante tres o cuatro días, era un pelotón de 12 soldados que iban en un jeep en el camino de San Andrés de la Cruz, murieron 10 soldados, algunos atacantes fueron heridos.14
Según el mismo informe, existe otra versión de esta emboscada, pero cambia el día 25 de junio por el 24 del mismo mes:
así nos encontró la claridad del día 24 de junio; las horas del nuevo día empezaron a deslizarse sin novedad, hasta que como a las 9:30 de la mañana, escuchamos el ruido del motor de un vehículo, que cambió totalmente el panorama y el destino del mismo. A medida que el vehículo se acercaba más y que el ruido se escuchaba más fuerte, nos convencíamos de que no era un simple camión de pasajeros el que se acercaba, sino muy probablemente los transportes militares que esperábamos: y así nos dimos cabal cuenta cuando un convoy entró al tramo cubierto por la emboscada de la guerrilla. Al instante abrimos fuego con una ráfaga de M-2 a la que siguieron los disparos de diez rifles M-1 y M-2 que sólo cesaron cuando fue indudable el aniquilamiento del convoy con 12 soldados a bordo; fue el chofer quien sufrió los primeros impactos al abrirse fuego, lo que motivó que perdiera el control del vehículo que estuvo por derrumbarse.15
Según el Informe Carpizo, en este ataque fue herido de gravedad “Óscar” y que, desde ese acontecimiento, nadie volvió a saber de él. Más adelante, el mismo informe incorpora el testimonio del informante uno quien desmiente esta afirmación. El informante uno sostuvo que dos personas utilizaban el sobrenombre de “Óscar”, que una de ellas respondía al nombre de Pablo Santana López, mientras que el otro “Óscar” era en realidad Rodolfo Molina. El mismo informante afirmó que Pablo Santana no murió durante ni después de la emboscada, ni en ningún enfrentamiento, ya que fue detenido por elementos de la Policía Judicial del Estado de Guerrero el 25 de junio de 1977 (cinco años después de la emboscada) y que, desde esa fecha, se encuentra desaparecido.
Este informante aseguró también que el otro “Óscar” o Rodolfo Molina fue detenido en un retén en San Vicente de Benítez, Guerrero, a principios de 1974 (dos años después de la emboscada) y, desde entonces, también se encuentra desaparecido.16
Es importante observar cómo ambos informes -Flores Sánchez y Carpizo- pretendieron dejar en claro que los presuntos desaparecidos habían sido heridos o muertos en los enfrentamientos o emboscadas perpetuados contra el ejército, aunque, posteriormente, esas versiones fueran contradichas por algunos informantes. Ésta será una constante en todo el Informe Carpizo que no debe perderse de vista.
Similar fue el debate entre ambos informes ante el caso de Domitilio Barrientos Blanco. En su informe el procurador Óscar Flores precisó que Domitilio Barrientos perdió la vida al participar en el enfrentamiento armado del 2 de agosto de 1972.
Barrientos Blanco Domitilio, miembro del llamado “Partido de los Pobres”, que comanda Lucio Cabañas Barrientos en el Estado de Guerrero, participó junto con otros dos de sus acompañantes en una emboscada a las fuerzas públicas el 23 de agosto de 1972, cerca de Atoyac de Álvarez, con resultado de algunos guerrilleros muertos, entre los que se encontraba el propio Barrientos Blanco, el cual, fue identificado ya que entre sus ropas se localizaron documentos que establecieron sus datos personales.17
En el mismo informe se hace constar que junto con Domitilio Barrientos murieron también Patricio Ocampo Sotero y Javier Ramírez.
Ocampo Sotero Patricio, miembro del llamado “Partido de los Pobres”, que comanda Lucio Cabañas Barrientos en el Estado de Guerrero el 23 de agosto junto con otros de sus compañeros, participó en una emboscada a las fuerzas públicas en un lugar cercano a Atoyac de Álvarez, acción en la que Patricio Ocampo Sotero perdió la vida, así como otros de sus acompañantes, cuando las autoridades repelieron la agresión. Ramírez Javier José integrante del llamado “Partido de los Pobres” que comanda Lucio Cabañas Barrientos en el Estado de Guerrero el 23 de agosto de 1972, junto con otros de sus compañeros, participó en una emboscada a las fuerzas públicas en un lugar cercano a Atoyac de Álvarez, a “El Paraíso”, aproximadamente a 1 kilómetro al norte del poblado “Río Santiago” al repeler la agresión, se dio muerte a varios guerrilleros, entre los que se encontraba Javier García Ramírez.18
La investigación realizada por la CNDH desmintió nuevamente la versión de los hechos expuesta en el informe del procurador Óscar Flores. Según el informe Carpizo, los investigadores lograron entrevistar a María Campos Iturio viuda de Onofre con domicilio en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y madre de Juan, Santiago y Abundio Onofre Campos y Ocampo, ya que usaban indistintamente los dos apellidos.
Ella declaró por escrito ante el Agente del Ministerio Público de Atoyac de Álvarez, Gro., y los investigadores de la CNDH, que sus hijos Juan, Santiago y Abundio fueron detenidos por la fuerza pública en su domicilio en 1974 y que estuvieron “desaparecidos” hasta que en 1976, Abundio Onofre Campos y Ocampo, regresó por sus propios medios a su domicilio en Atoyac [...] relatando a su madre que mientras estuvo “desaparecido” recibió un impacto de bala en el rostro, siendo atendido por elementos de la fuerza pública y, que después que sanó de la herida, fue dejado en libertad y pudo regresar a su domicilio [...] Situación parecida le pasó a Santiago Onofre Campos u Ocampo, quien fue detenido por la fuerza pública durante dos años y seis meses, posteriormente fue dejado en libertad en el año de 1977, y pudo regresar a su domicilio en Atoyac de Álvarez [...] Sobre Juan Onofre Campos u Ocampo su madre María Campos Iturio viuda de Onofre señaló que lo volvió a ver tres meses después de su presunta desaparición detenido en una escuela del poblado de “San Juan de las Flores”, del Municipio de Atoyac, y desde esa vez no ha tenido noticias de su paradero. Se asume que Ocampo Sotero Patricio y Javier Ramírez corrieron la misma suerte.19
En el informe de Óscar Flores se presenta otro caso paradigmático, se trata de Pablo Loza Patiño. En dicho Informe se sostiene que Loza Patiño después de haber fungido como Comisariado Municipal de El Porvenir fue detenido y recluido en la cárcel municipal de Acapulco, Guerrero, el día cuatro de septiembre de 1972. La policía detuvo a Loza Patiño por tener en su poder múltiples bombas de fabricación casera.
Loza Patiño durante su declaración asumió pertenecer a la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, declaró que se enroló en sus filas por una invitación familiar. Aceptó haber participado también en diversos actos delictivos (sic) así como en emboscadas que su grupo realizó contra militares, como la perpetrada en un sitio cercano a Atoyac de Álvarez el día 25 de junio de 1972.
En el mismo informe, se sostiene que Loza Patiño había sido puesto a disposición del Juez de Distrito en el Estado, con residencia en Acapulco y, posteriormente, “consignado por los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena intencional, asociación delictuosa y robo”.20 Esta versión fue desmentida por el llamado informante cuatro al ser entrevistado por los investigadores de la CNDH. Él manifestó:
por el mes de agosto de 1974 vinieron los soldados acá al “Porvenir”, y me aprehendieron a mi [...] y nos llevaron al Cuartel de San Vicente en donde estuvimos una noche y un día y, luego de ahí, nos trasladaron al cuartel de Atoyac, en donde estuvimos hasta el mes de septiembre, detenidos, y en ese tiempo que estuvimos ahí detenidos también llegaron detenidos Austreberto García Pintor (a) Miguel, y Pablo Loza Patiño, a quienes tuvieron detenidos con nosotros, permaneciendo aproximadamente medio día, y luego en la noche los sacaron, y luego comentaron los soldados que los sacaron, decían [sic] que se iban a dar con ellos un buen banquete los tiburones, y que se iban a echar un buen baño, y a partir de que los sacaron nunca se ha vuelto a saber de ellos [...] Del testimonio del declarante cuatro, se desprende que vio a Pedro Loza Patiño, y después algunos soldados comentaron, y el declarante No 4, oyó, que García Pintor y Pablo Loza Patiño fueron arrojados al mar.21
Éste es, con seguridad, el primer testimonio que señala cómo el Estado mexicano depuró a sus “enemigos” a través de las fuerzas armadas en el estado de Guerrero, cómo esta corporación actuó al margen de la ley, con plenos poderes, con la aquiescencia del Estado y, por ende, con total impunidad. El testimonio del informante cuatro no fue tomado en cuenta, pues, ¿cómo sería posible que las fuerzas armadas tiraran personas al mar con el objetivo de desaparecerlas? Es, definitivamente, este testimonio, un testimonio de lo imposible, de lo impensable.
A pesar de ello, el testimonio del informante cuatro por ignominioso que parezca, no logró ser refutado por los investigadores de la CNDH, por el contrario, lo fortalecen, genera dudas.
Para comprobar lo anterior, investigadores de la CNDH efectuaron indagatorias en el Estado de Guerrero y en Acapulco, Gro., se entrevistaron con el Director de Centro Regional de Readaptación Social quien emitió una constancia escrita a los investigadores de la CNDH. En esta constancia se señala que en los archivos del Centro sólo se encontró un oficio firmado por el Agente del Ministerio Público Federal (no se menciona su nombre) de fecha cinco de septiembre de 1972, mediante el cual se solicitaba al Director Municipal de Cárceles, anexo dos, que dejara internado en ese Reclusorio a Pablo Loza Patiño, y a disposición de la Representación Social Federal. No se pudo obtener evidencias de cuánto tiempo estuvo detenido Loza Patiño, ni de cuál fue el proceso penal por el que fue acusado, así como tampoco se supo cuándo salió del penal, de haber sido el caso [...] La CNDH también solicitó información al Tribunal de Justicia del Estado de Guerrero, en su respuesta, el presidente de dicha institución refirió que fue informado por parte del Juez Tercero de Primera Instancia del ramo penal, de que dicho servidor del Poder Judicial acudió al Centro de Readaptación Social de Acapulco, y que en ese sitio sólo tienen el antecedente de que en el Ministerio Público Federal (sin señalar si se logró identificar su nombre) instruyó a Loza Patiño a la averiguación previa.22
El Informe Carpizo evidenció que las fuerzas armadas usaban los cuarteles militares como cárceles o centros de interrogación para los civiles detenidos. Esto contradijo las aseveraciones realizadas por el exprocurador Óscar Flores en el año de 1979. Cuando firmemente sentenció ante la prensa nacional e internacional que en México los cuarteles militares no fungían como cárceles para civiles. El caso de Loza Patiño fue una prueba contundente del encarcelamiento de civiles en zonas militares.
Otros casos contenidos en el Informe Carpizo fortalecen esta aseveración. Dan cuenta de múltiples civiles que fueron detenidos por las fuerzas del orden y, posteriormente, trasladados a campos militares para ser interrogados. Tal es el caso de Miguel Nájera Nava.
El informante número tres declaró ante los investigadores de la CNDH que, Nájera Nava, fue detenido por elementos del ejército y poco tiempo después algunos familiares y pobladores salieron en su búsqueda, lo encontraron maniatado en una camioneta de redilas. Junto con Nava fueron detenidos también Agustín Flores, Emilio Delgado Jiménez, Marcelino García (a) “Chelote” y Florencio Cabañas Cabrero. Todos estaban también en la camioneta de redilas. Aunque el informante no precisó cómo conoció los detalles, sí señaló a los investigadores que, los detenidos, fueron trasladados al cuartel militar de Atoyac.
El Informe Carpizo se empeñó en minimizar estos testimonios y a poner en duda los listados y registros que los familiares y organizaciones a favor de los derechos humanos elaboraron y presentaron como pruebas de sus demandas. El argumento radicó en que era imposible establecer los nombres reales de los militantes del grupo armado de Lucio Cabañas ya desaparecidos, debido a que éstos operaban con uno o más seudónimos, lo cual hacía imposible rastrear el paradero del “presunto desaparecido”.
Según el declarante dos, “Carlos” respondía a los apellidos Castillo Iturio. Tanto en el presente documento como en los expedientes que quedan en la CNDH, se encuentran reclamadas dos personas apellidadas de esa manera: Margarito Castillo Iturio, que en el presente Informe se presume sea “Martín”; y Juan Carlos Iturio, así señalado en los expedientes de la CNDH, por lo que es posible que el mencionado como “Carlos”, por el declarante dos sea éste último, o que Margarito también haya utilizado el seudónimo de “Carlos”, además del de Martín.23
El Informe Carpizo, además de argumentar que era imposible saber los nombres de los presuntos desaparecidos, sostuvo -al igual que el Informe de Óscar Flores- que muchos de los desaparecidos fueron sepultados por pobladores de las regiones en fosas comunes, o que fueron también levantados por sus compañeros de armas y posteriormente sepultados.
Tales fueron los casos de Ángel Arreola Ortiz, Getulio Rebolledo Ocampo, Marcial Navarrete y Rodolfo Molina. En dicho Informe se subraya que estos sujetos murieron durante los tiroteos al perpetrar una emboscada a las fuerzas del orden.
El 15 de junio de 1974, en la población denominada “El Naranjo”, se tuvo conocimiento de que había un enfrentamiento entre dos grupos antagónicos y desconocidos, por lo que al presentarse la fuerza pública, se pudo percatar que los vecinos del lugar habían dado sepultura a los cadáveres, en un lugar cercano.24
El entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Cuenca Díaz precisó -desde esta misma lógica- cuál fue el destino de los desaparecidos:
El General Cuenca relató ayer cómo fue la emboscada a dos vehículos militares en San Vicente, Gro., dijo que perecieron 6 elementos del ejército y que hubo 14 bajas de los maleantes [sic] [...] de los cuales enterramos a tres, el resto de las víctimas del grupo enemigo se los llevaron ellos mismos.25
Es importante destacar el testimonio del general Cuenca Díaz, particularmente, la evidencia que arroja sobre la participación directa de las fuerzas armadas en el proceso de la desaparición de esas personas. Los militares fueron los encargados de “sepultar” los cuerpos de los miembros del grupo armado, o en su defecto, de celar los cuerpos que fenecieron en combate.
La lógica de la desaparición presentada tanto en el Informe de Óscar Flores como en el Informe Carpizo, aun con sus inconsistencias y contradicciones mutuas devela que la desaparición de personas se debió a conflictos en la zona, a las múltiples emboscadas que el grupo armado perpetraba contra las fuerzas armadas del Estado. La desaparición, desde estos expedientes fue presentada y legitimada como el saldo de un enfrentamiento entre un ejército regular y un grupo armado.
La efervescencia de los enfrentamientos entre ambos grupos fortaleció la legitimidad del discurso oficial ante la desaparición forzada de personas, muestra de ello fue el operativo de rescate de Rubén Figueroa. Cuando las fuerzas públicas liberan al gobernador secuestrado por un comando de Lucio Cabañas, la desaparición cobró otro matiz. Por primera vez el gobierno federal aceptó la existencia de desaparecidos, pero, en este caso, legitimó la desaparición debido a lo riesgoso de la operación de rescate.
Con el motivo del secuestro del Ing. Rubén Figueroa, actual Gobernador del Estado de Guerrero, las fuerzas públicas realizaron una intensa búsqueda, la que concluyó a las 10:30 hrs., del día 8 de septiembre de 1974, con el rescate de dicho funcionario y de sus acompañantes, el Lic. Febronio Díaz Figueroa y Gloria Brito, en un lugar localizado entre las poblaciones de “El refugio” y “El Quemado”, suscitándose un enfrentamiento con el grupo encabezado por Lucio Cabañas Barrientos. Durante esta acción, resultaron varios guerrilleros muertos.26
Si bien el informe Óscar Flores Sánchez identificó 44 miembros del grupo de Lucio Cabañas muertos no precisa cómo fue que se logró la identificación de los cuerpos que yacieron durante el rescate del gobernador Figueroa. Entre este grupo de personas destacan: Fierro Eusebio, Jacob Nájera Hernández, Gabriel Nario López, Pascual Nario López, Aída Ramales Patiño y Bernardo Félix Reyes.
Las personas que desaparecieron durante el rescate de Rubén Figueroa fueron desmentidas por múltiples informantes que ante la CNDH sostuvieron que su desaparición tuvo lugar en otro sitio y fueron otros los móviles de la desaparición de las personas anteriormente señaladas. Por ejemplo: el informante uno “señaló que Aida Ramales Patiño (a) “Nidia”, fue detenida en compañía de Pablo Santana (a) “Oscar, por un grupo de la Policía Judicial de Acapulco, Guerrero, el 25 de junio de 1977”,27 es decir, tres años después del rescate del gobernador Rubén Figueroa.
Por su parte, el informante 12 también otorgó una versión diferente de los hechos a la que fue relatada en el informe de Óscar Flores. Este informante sostuvo que Pascual y Gabriel Nieto López salieron de su domicilio en compañía de Mauro Fierro y Florentino Benítez Sánchez el 11 de agosto de 1974 con rumbo a su trabajo, cuatro días después, Mauro Fierro y Florentino Benítez fueron liberados. Éstos comentaron que elementos del ejército mexicano los habían detenido y que sólo a ellos dos los dejaron en libertad, desconociendo el paradero de sus otros dos compañeros.28
Sobre Bernardo Reyes Félix, el informante seis sostuvo que éste no murió en el enfrentamiento sostenido entre la gente de Lucio Cabañas y el ejército durante la liberación de Rubén Figueroa, pues, fue detenido en Acapulco, Guerrero, por agentes de la Policía Judicial del Estado dos años antes de dicho suceso y, que, desde entonces, nadie ha tenido noticias de él.29
Una mención especial merece el caso de la desaparición de Jacob Nájera Hernández. En el informe de Óscar Flores Nájera aparece como uno de los miembros del grupo de Lucio Cabañas abatido durante el rescate del gobernador Figueroa, sin embargo, la investigación realizada para el Informe Carpizo, Nájera Hernández fue desaparecido por otros motivos y bajo otras circunstancias.
Los investigadores de la CNDH encontraron en el libro de Gobierno de la Agencia del Ministerio Público de Tecpan de Galeana, Guerrero, el registro de una denuncia de hecho que motivó la Averiguación Previa 192/973 fechada el día 08 de septiembre de 1973. En esta Averiguación Previa aparece Jacob Nájera y otras personas más como agraviados, acusando a Isidro Galeana Abarca por allanamiento de morada y abuso de autoridad, así como a Nahúm González Hernández por los delitos de los que resultara ser responsable. Estos hechos fueron registrados en San Gerónimo de Juárez, Guerrero, 15 meses después se presentó una denuncia que dio inicio a la averiguación previa 230/974, el 12 de diciembre de 1974. En dicha investigación se denunciaba la privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro. Dos años después, 1976, se abrió nuevamente una Averiguación Previa en el Ministerio Público con número 162/76 en la que se ratificaba la demanda de desaparición de Jacob Nájera Hernández.
Como puede observarse, la desaparición de Jacob Nájera fue ajena a la operación de rescate del entonces gobernador Figueroa, debido a que un año antes de estos sucesos fue levantada una demanda por su desaparición en la Agencia del Ministerio Público. En el mismo expediente se estipula que Nájera tenía problemas con autoridades locales por los abusos de autoridad contra su persona y el ilegal allanamiento que ejercieron dichas autoridades a su propiedad. Dos años después de su liberación, la demanda de búsqueda fue refrendada por alguno de sus familiares. Indiscutiblemente, Jacob Nájera no fue ultimado ni desaparecido en el operativo de liberación del gobernador Figueroa, sino un año antes de dicho suceso. Sin embargo, fue agregado a la lista de los 44 desaparecidos.
Esta serie de “anomalías” no son yerros en los registros, no son dificultades técnicas para develar el verdadero nombre de los desaparecidos, no son alteraciones no intencionales o fallas de los trabajadores de las instituciones del Estado, es la construcción deliberada de una ingeniería de borradura; legitimar la desaparición a través la tergiversación, la variación de identidades, la alteración de escenarios, de realidades y momentos. Bajo esta lógica, todos los desaparecidos -hasta entonces- habían sido parte o mantenían vínculos con el grupo armado de Lucio Cabañas. Eran sujetos “disidentes”, “peligrosos” para la estabilidad del sistema político, eran “enemigos” del Estado mexicano, “enemigos” de la libertad y las garantías constitucionales, eran sujetos que merecían ser castigados por transgredir, amenazar y disentir, por tanto, eran sujetos sin derechos, eran sujetos susceptibles a ser exterminados, asesinados o desaparecidos.
En esa categoría entró también la población civil, como fue el caso de Jacob Nájera, la ciudadanía fue susceptible a ser también desaparecida bajo el argumento estatal de que eran guerrilleros, simpatizantes o servían de apoyo a la guerrilla. Éste fue otro de los motivos por los cuales fueron también incluidos en la lista de los subversivos muertos y desaparecidos tanto en emboscadas como en enfrentamientos contra las fuerzas del orden.
La misma operación de tergiversación y borradura fue registrada ante la muerte de Lucio Cabañas, en ambos Informes quedaron registrados, aunque de manera contradictoria, dichos sucesos.
En la mañana del 29 de noviembre nos encontramos cerca de un pueblo llamado “Pitales” [...] encontramos un arroyo y se nos dio permiso para bañarnos. Ya casi todos nos habíamos bañado, sólo faltaban “Franti”, “Chelo” y “Ricardo” cuando empezaron los disparos de distintas partes. Los “guachos” [soldados] del lado de abajo, al no ver mucha resistencia por ese lado, avanzaron más pronto, alcancé a ver a los compañeros que, desnudos corrían hacía sus rifles, pero uno a uno fueron cayendo, los tres fueron balaceados [...] “Arturo” saltó de una trinchera disparando ráfagas aniquilando a dos “guachos” que huían despavoridos por el monte [...] Seguíamos siendo otra vez ocho compañeros. Caminamos parte de la tarde y toda la noche y amaneciendo estábamos cerca del “Otatal” [...] El informe del General de Brigada adherido al 27 Zona Militar con sede en Acapulco, Gro., sostuvo que días después de este enfrentamiento, el 02 de diciembre de 1974 a las 9:00 hrs., había dado muerte a Lucio Cabañas Barrientos en el “Otatal”, Municipio de Tecpan de Galeana, Gro [...] Dijo que en el enfrentamiento resultaron muertos dos soldados y cinco más habías resultado heridos. Que de la parte contraria habían muerto 17 seguidores de Cabañas, a los cuales se les había recogido armas y municiones [...] y que a los seguidores de Cabañas, las fuerzas armadas los había sepultado en fosas comunes en el mismo lugar de los hechos.30
Ante este mismo suceso, en el Informe Carpizo puede comprobarse que algunos de los nombres que componen la lista de los desaparecidos, o sepultados en las fosas cavadas en el lugar del enfrentamiento,31 no estaban presentes en el lugar de los hechos, fueron detenidos por fuerzas policiales o militares en otros sitios y por otras circunstancias. Tal fue el caso de Esteban Nava Hipólito, quien según testimonios del declarante cuatro fue detenido en compañía de su hermano Leobardo en un retén militar de Iguala, Guerrero, en noviembre de 1974 y, desde entonces, Esteban Nava se encontraba desaparecido.32 La misma suerte tuvo Macario Nava Hipólito. El Informe Carpizo sostiene que Nava fue secuestrado por un grupo de desconocidos el día 13 de septiembre de 1974.33
A pesar de los testimonios que desmienten el Informe del procurador Óscar Flores sobre la desaparición de personas en emboscadas y enfrentamientos entre el grupo de Lucio Cabañas y las fuerzas del orden, el Informe Carpizo al final tiende a matizar y a poner de nueva cuenta en duda las desapariciones que fueron investigadas por el grupo de investigación de la CNDH.
En el informe se presentan algunos casos de presuntos desaparecidos que tiempo después de la muerte de Lucio Cabañas aparecieron y regresaron a sus hogares. Se nombran los casos de Abundio y Santiago Onofre Campos. Según investigadores de la CNDH lograron entrevistar a María Campos viuda de Onofre, quien les declaró que si bien sus hijos habían desaparecido en 1974, regresaron a su domicilio, uno en 1976, y el otro en 1977, y que “actualmente se encuentran sanos y salvos y viviendo en el domicilio materno en Atoyac de Álvarez, Guerrero”.34 En la misma lógica, el Informe Carpizo sostuvo que algunos de los desaparecidos fueron ultimados por el grupo armado de Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres.
En las investigaciones realizadas por la CNDH se dieron a conocer varias versiones diferentes sobre que el Partido de los Pobres mató a varias personas. El Comandante Eleazar Campos Gámez señaló que fueron “ajusticiados” cuando menos dos personas. Un “desplegado” atribuido al Partido de los Pobres, del 27 de noviembre de 1974, expresó que fueron muertos por dicho grupo nueve personas; y en los casetes grabados entregados por Luis Suárez Sánchez de la CNDH, se menciona a dos personas como “ajusticiadas”. El Licenciado Oscar Flores Sánchez señaló a 10 personas como “ajusticiadas” por el Partido de los Pobres. Destacando que en dos de ellos existe una versión sobre su destino. En ningún caso se señaló el destino de los cadáveres.35
El informe Carpizo al final presenta una serie de justificaciones sobre los límites de la investigación realizada por la CNDH, así como una serie de mensajes morales, éticos y políticos que la sociedad mexicana debe considerar al reflexionar sobre las “supuestas desapariciones de personas” en el estado de Guerrero durante el periodo de enfrentamientos entre los grupos de Lucio Cabañas adheridos al Partido de los Pobres contra las fuerzas del orden.
Dificultades esgrimidas
Algunas de las dificultades que tuvo el Informe Carpizo para esclarecer los hechos, establecer y comprobar la desaparición de personas fue que éstas utilizaron sobrenombres, “el grupo de Lucio Cabañas estaba conformado por 84 elementos, todos hasta donde se conoce usaban sobrenombres”.36
El hecho que los miembros del grupo armado de Lucio Cabañas usasen sobrenombres impidió que los investigadores de la CNDH establecieran una verdad o una certeza jurídica sobre el paradero de los desaparecidos en los enfrentamientos, emboscadas y en las acciones de las fuerzas del Estado para liberar al gobernador Figueroa. Sucesos en los cuales el grupo de investigadores se centró para reconstruir las violaciones a los derechos humanos en las diversas entidades del estado de Guerrero.
Otra de las dificultades referidas por el grupo de investigadores fue el testimonio, un elemento fundamental que contrastó la verdad-evidencia construida en el Informe del procurador Óscar Flores y en el Informe Carpizo en torno a las desapariciones, los testimonios contradijeron el móvil, el lugar y los actores que estuvieron a cargo de la desaparición, pusieron nombres e identidad a los desaparecidos e indirectamente responsabilizaron a las instituciones que estuvieron detrás de la desaparición de algunas personas. Los testimonios son un indicador que no se potencializó en el proceso de investigación, fue un dato marginal en cada uno de estos informes. El argumento central del grupo investigador es que no pudieron mostrar la evidencia de los testimonios, por tanto, al no existir evidencias, éste pasa a ocupar un lugar marginal, complementario, anecdótico. En ambos Informes, el testimonio fue utilizado para exponer cómo la ciudadanía y los afectados entendían, asimilaban y significaban la desaparición de personas, a veces, estos testimonios fueron presentados como un relato fuera de la realidad.
Presentar así el testimonio otorga legitimidad, credibilidad y validez a la investigación de la CNDH, la coloca en términos formales como una versión apegada a los hechos y en cierta medida comprobable. Los testimonios no se pueden cotejar con documentos, son inexistentes. Los testimonios en términos formales no son hechos, son relatos mediados que anhelan convertirse en sucesos, pero no pueden ser comprobados jurídicamente. Así lo manifiesta el informe en una de sus hipótesis sobre la desaparición forzada, revela el lugar que ocupa el testimonio en el relato del Informe:
en varios casos, las denuncias señalaron a personas que fueron “detenidas-desaparecidas” en lugares como “retenes” en carreteras, en sus hogares de trabajo y domicilios, y no en acciones armadas. En algunos casos, continuaron señalando las denuncias, que los presuntos desaparecidos fueron conducidos a instalaciones militares o policiacas, incluso fuera del Estado de Guerrero, y de dichos lugares los detenidos-desaparecidos lograron enviar alguna nota escrita o fueron vistos por otros sobrevivientes quienes avisaron a sus familiares.37
Ello fue literalmente confirmado por el grupo investigador de la CNDH:
una situación en la que la Comisión Nacional no se puede pronunciar por falta de evidencias es la que se refiere a presuntos desaparecidos que señalaron testigos que fueron detenidos por la fuerza pública en sus domicilios o en lugares públicos, y que por lo tanto, salvo testimonios de personas que se obtuvieron de los propios familiares, pero que investigadores de la CNDH no pudieron localizar a los declarantes, o que en otros casos se trata de testimonios indirectos, es decir no de hechos propios, se desconoce su paradero a partir del momento en que fueron presuntamente detenidos, por lo que resulta imposible señalar el paradero actual de tales personas reclamadas como presuntas desaparecidas.38
Este argumento delineó el perfil político del Informe y, por ende, la ruta conclusiva.
Lo que se confirma al leer este informe es que se dieron enfrentamientos armados, en los que hubo bajas en ambos lados, y ello nos debe llevar a una conclusión muy objetiva, que debería ser aceptada por la sociedad en general y por todos los actores de esos sucesos, consiste en reconocer que nuestro país vivió en los años referidos un lamentable episodio armado, como ya se dijo, entre dos grupos de mexicanos: las fuerzas públicas y el Partido de los Pobres, este último sustentó su estrategia político-ideológica basada en las armas, con el fin de cambiar, según ellos, las condiciones políticas, económicas y sociales del país, por medio de la cual pensaban reivindicaría a las clases más desprotegidas. Sería saludable que las familias de los presuntos desaparecidos pudieran reflexionar que éstos participaron en ese movimiento guerrillero, y que, desde luego, pudieron ocurrir algunas hipótesis señaladas en el presente informe.
El reconocimiento de la existencia de la guerrilla en México es importante para entender el contexto en el que sucedieron los hechos mismos que no fueron privativos de una región del país, sino de varias, e incluso se desarrollaron en otras naciones, como sucedió en varios países de América Latina, África, Asia, e incluso de Europa misma.
Así mismo, como se desprende del informe, nadie puede tener una verdad absoluta sobre estos sucesos, ya que, quien lea bien este Informe, observará que cada una de las fuentes tiene sus propias imprevisiones y contradicciones aunque, como ya se dijo, haya también coincidencias.39
Una verdad histórica
En relación con los desaparecidos -como anteriormente se aludió- el Informe Carpizo presentó cinco hipótesis en relación con su desaparición.
Pudo ser que muchos de ellos [los desaparecidos] hayan perecido durante las acciones armadas y, al no poder ser identificados por dificultad de los seudónimos, no se levantaron actas respectivas, desconociéndose el lugar del entierro.
Pudo ser, también, que algunos hubieran perecido por acciones de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, por haberlos identificado ésta como “traidores” (la propia Brigada reconoció algunos ajusticiamientos) desconociéndose también el lugar donde se enterraron.
Cabe la posibilidad de que algunos presuntos desaparecidos estén vivos y que, o desertaron de la organización antes de los sucesos, o sobrevivieron a ellos y decidieron cambiar de residencia, identidad, o seguir en la clandestinidad.
También se dieron dentro de ese clima de combate a la guerrilla detenciones y ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública. En varios casos, las denuncias señalan personas que fueron “detenidas-desaparecidas”, en lugares como “retenes” en carreteras, en sus hogares de trabajo y domicilios, y no en acciones armadas. En algunos casos, continuarán señalando las denuncias, los presuntos desaparecidos fueron conducidos a instalaciones militares o policiacas, incluso fuera del estado de Guerrero, y en dichos lugares lograran enviar alguna nota escrita o fueron vistos por otros sobrevivientes quienes avisaron a sus familiares.
En el caso de las muertes, puede haber muchas posibilidades de que los restos fueran enterrado en la propia sierra, ya sea en el lugar de los enfrentamientos o en lugares cercanos a ellos, o no identificados, sin que se puedan tener evidencias concretas de ello.
Consideraciones finales
Como el lector pudo apreciar durante la guerrilla rural los agentes encargados de la desaparición forzada de personas fueron directamente las fuerzas armadas, este cuerpo de seguridad era el que comúnmente llevaba a cabo la detención, tanto en retenes, calles, el hogar del detenido o su lugar de trabajo. Las fuerzas armadas fueron las encargadas de la “interrogación”, utilizando, en la mayoría de los casos, bases militares.
Posteriormente se develó que las fuerzas armadas orquestaron acciones de “contrainsurgencia” en múltiples zonas de Guerrero. Durante estas operaciones se hizo evidente que los militares cumplieron extralegalmente funciones policiales, persiguiendo, deteniendo e interrogando. Obviamente, decidieron el destino de los detenidos. De esta forma, la desaparición forzada de personas se convirtió en una política de Estado.
La detención y el registro de ésta -previo a la desaparición- se vuelven una técnica administrada por todas las instituciones implicadas en el caso. La burocratización y administración de la desaparición permitió que existiera un mayor registro de los desaparecidos: los interrogatorios, los nombres, las firmas, huellas, fotografías. Pero esto aparejó la tergiversación técnica-administrativa de la desaparición.
Se crearon historias paralelas en torno a la desaparición: se cambiaron los nombres, lugares, días y horas. El supuesto desaparecido no era él, se trata de otra persona que también desapareció el mismo día, a la misma hora, pero en otro lugar. La identidad del desaparecido que quedó registrada en el expediente policial, del ministerio o de la comisaria, el cual en la realidad no corresponde con el sujeto buscado. Después de la desaparición física se construyó paralelamente la desaparición legal-burocrática.
Ello favoreció para que la desaparición forzada de personas a través de los informes revisados quedara como un fenómeno descargado de todo contenido político, social, jurídico y fuera entendida como un castigo. Por ello, el Informe Carpizo es ambiguo, si bien abre la posibilidad de tener un acercamiento con la desaparición forzada de personas durante la década de los setenta en Guerrero, paralelamente, nos aleja, cierra la posibilidad de la certeza, del esclarecimiento, de la responsabilidad, de los móviles, los medios y los actores encargados de la desaparición, pueden ser todos y ninguno al mismo tiempo.
Como el lector pudo observar, las fuentes sobre la desaparición forzada existen, sólo que se han analizado aisladamente, el reto está en leerlas, analizarlas e interpretarlas de manera conjunta, atemporalmente, de manera sincrónica. La desaparición no ha logrado su objetivo “la borradura total”.
Los expedientes sobre la desaparición, cual sea su contexto han dejado huellas, vestigios, indicios, cenizas de las cuales hay que hacer arqueología, etnografía e historiar para descubrir la lógica, la arquitectura, la ingeniería, la parte científica y política de la desaparición forzada de personas.
Los informes sobre la desaparición podrían ser cándidos, pues, fueron elaborados ahistóricamente, son producto de su tiempo, pero, contradictoriamente, resultaron ser informes con eficiencia “ética”, “moral” y “políticamente correctos”. Así lo constatan las últimas líneas del Informe Carpizo:
La CNDH, dentro del difícil contexto de la situación en que sucedieron los hechos de la guerrilla en el Estado de Guerrero, trata de informar y mostrar a la opinión pública y, específicamente, a los familiares de los actores de este episodio, lo logrado en esta investigación como un intento serio de conocer la verdad, para que sea la sociedad la que se forme su propia opinión. La Comisión Nacional siempre ha hecho públicos sus hallazgos y, en esta ocasión, no quiso que fuera la excepción. Siempre ha pugnado porque la sociedad esté informada de sus trabajos y sus resultados. Es deber de la Comisión Nacional no ofrecer a los quejosos algo que no puede cumplir, como sería el prometer que entregaría a los reclamados como presuntos desaparecidos vivos o muertos, o que conocería el destino sin tener evidencias. Esto no hubiera sido serio de parte de esta institución, ya que una de sus principales características ha sido la de actuar con honestidad, y por eso es que siempre se dirigirá a la sociedad con la verdad que, como ya se dijo, es la del expediente, derivada de sus evidencias. Debe tomarse en cuenta que nunca antes se ha tenido noticia de que se hubiera realizado una investigación con esta profundidad.
Es muy probable que ya no sea posible conocer más datos sobre casos relacionados con los enfrentamientos acontecidos en el Estado de Guerrero durante el periodo de 1971-1974, debido a los muchos años trascurridos, y a que existen versiones contradictorias incluso dentro de un mismo sector participante en los hechos. Ahora bien, esta dolorosa experiencia deberá ser asimilada para evitar que en el país se repitan los acontecimientos descritos. Si una lección dejó la guerrilla es que esa vía no es el camino, sino la del derecho, ya que cuando se optó por aquella nadie ganó [...] es convicción de esta Comisión Nacional, el que no con actos fuera de la ley, sino con la ley como herramienta, es como se fomenta una convivencia y, por tanto, la realidad de una nación verdadera.40
El informe del entonces procurador Óscar Flores y el Informe Carpizo presentaron la desaparición forzada en México, la caracterizaron o tipificaron en un contexto de conflicto armado, una guerra sostenida contra un “enemigo” interno, el cual era susceptible a desaparecer. De manera indirecta estos informes develan, muestran el rostro de los actores que llevaron a cabo la tarea de desaparecer, de borrar la identidad jurídica y ocultar el cuerpo del desaparecido.
En el siguiente cuadro el lector observará una caracterización o tipificación realizada en ambos Informes, así como las omisiones, por contradictorias que pudieran parecer es importante darles seguimiento temporal; observarlos de manera sincrónica para establecer algunas rupturas y continuidades en los patrones de la desaparición forzada de personas en México.
| Informe Óscar Flores González (1979) | Informe Carpizo (1990) | Omisiones |
| No hay desaparecidos, sí desconocidos y algunos han sido localizados. | Reconoce este Informe la existencia de presuntos desaparecidos. | Las versiones orales en ambos Informes sostienen que los desaparecidos fueron antes detenidos en retenes militares o sacados de sus hogares por fuerzas castrenses. |
| Algunos desaparecidos murieron en enfrentamientos. | Este informe se centra en enfrentamientos y emboscadas del grupo armado a las fuerzas del Estado, así como en la acción de rescate del gobernador Rubén Figueroa. | En ambos Informes se acepta y al mismo tiempo se niega la utilización de bases militares como cárceles para civiles. |
| Algunos desaparecidos están prófugos. | Algunos desaparecidos cayeron en enfrentamientos y emboscadas. | Por primera vez un declarante señala haber escuchado que algunos detenidos fueron arrojados al mar. |
| Algunos desaparecidos murieron sin ser identificados. | Algunos desaparecidos no tienen registro de detención en Ministerios Públicos, fueron detenidos en cuarteles militares y cárceles clandestinas, pero posteriormente fueron puestos en libertad. | Los testimonios no fueron tomados como fuentes, se presentaron como elucubraciones. |
| Algunos desaparecidos fueron ajusticiados por sus compañeros al traicionar el movimiento armado. | Es difícil precisar el carácter de desaparecidos, debido a que los militantes del movimiento armado cambiaban sus nombres, los seudónimos imposibilitan establecer su identidad jurídica. Por tanto, no se puede rastrear al “desaparecido”, no se puede buscar a alguien que no se conoce. | Los presos en cárceles, reclusorios eran puestos a disposición de las fuerzas armadas, podían éstos solicitar su entrega. |
| Algunos desaparecidos murieron en riñas con grupos antagónicos, por diferencias familiares o políticas. | Los muertos en embocadas y enfrentamientos fueron sepultados por pobladores en fosas comunes o levantados por sus compañeros de armas y sepultados por el grupo armado. | Los testimonios sostienen que la Policía Federal llevó a cabo múltiples detenciones de personas que no fueron posteriormente encontradas. |
| Algunos desaparecidos murieron por enfrentarse contra narcotraficantes y contrabandistas. | Algunos militantes abatidos fueron también sepultados por el ejército en el lugar de combate. | Los testimonios subrayan que previo a la desaparición de una persona estaba su detención ilegal en retenes carreteros, en la calle, su hogar y lugares de trabajo. |
| Algunos desaparecidos murieron al tratar de escapar de prisión. | Se incorporaron a las listas de desaparecidos en el enfrentamiento de liberación de Figueroa a personas que habían sido detenidas años antes o después del suceso y sus familias las habían ya reportado como desaparecidas. | |
| En este Informe la desaparición se pone en duda, puesto que precisa que muchos desaparecidos estaban prófugos y que otros habían regresado a sus hogares. |
Fuente: Elaboración propia.
Ambos informes están plagados de ambigüedades, pues, no se acepta la desaparición, hay negación, pero después sí se acepta, pero a medias. El eufemismo de desaparecido es recubierto con otros eufemismos: muertos en anonimato, prófugos, ajusticiados por enfrentarse contra el “narcotráfico” y a los “contrabandistas” de la zona.
Posteriormente sí se habla de desaparecidos, pero son presuntos, no se confirma su desaparición, porque quizá murieron en emboscadas y enfrentamientos y sus compañeros de armas o los militares dieron sepultura en el lugar del enfrentamiento. No existe un registro ministerial, aunque los testimonios sostengan que los retuvieron en cárceles clandestinas, no se comprueba, no se confirma. Además, no se puede sostener su identidad jurídica, pues los militantes armados usaban seudónimos, por tanto, no se puede buscar a un desaparecido si no se conoce.
Definitivamente, el análisis de ambos informes resulta ser sugerente para observar desde una perspectiva histórica de larga duración las rupturas y las continuidades tanto en los patrones de la desaparición forzada, pero, especialmente, en las salidas institucionales, políticas y jurídicas que el Estado mexicano ha dado a este fenómeno permanente. Estrategias que el Estado puso a prueba durante la elaboración de su “Verdad Histórica” en torno a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa.
